Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 12 de Enero de 2015

SIN LUGAR LA DEMANDA, incoada por el ciudadano M.P. contra la entidad de trabajo CENTRO GRAFICO 2004 C.A., por diferencias de prestaciones sociales. SEGUNDO: Se exonera de costas a la parte actora conforme lo dispuesto en el art. 64 LOPTRA...”.

En la audiencia oral celebrada ante esta Alzada, la representación judicial de la parte actora como punto previo indicó que, antes que se iniciara la audiencia oral de juicio insistieron en la evacuación de la prueba de informes solicitada a la Inspectoría del Trabajo y que guarda relación con la extensión o no de la Convención Colectiva de Trabajo por Rama de Actividad (de la industria Grafica), todo ello por considerarla necesaria para la resolución del presente juicio; manifestó que una vez publicada la decisión por el a quo dichas resultas llegaron, siendo que de la misma se evidencia que efectivamente si existe la extensión obligatoria para todas las empresas del sector grafico, y que la empresa hoy demandada no fue convocada a la discusión del proyecto colectivo del trabajo efectuada en la reunión normativa laboral de este sector. Por otra parte indicó, en líneas generales que, existe vicio de incongruencia negativa en la decisión recurrida, toda vez que se indicó en la demanda de forma clara que su representado no recibió otro monto distinto a Bs. 30.000, 00, que fueron especificados en el escrito libelar y que ello se puede evidenciar igualmente en las pruebas que aportaron ambas partes mediante recibo de pago, siendo que en su decir yerra el a quo por cuanto consideró que este monto lo había percibido el actor por concepto de bonificación sin que se pueda evidenciar esto en los medios probatorios, señalando que en todo caso lo que se buscaba era probar que al trabajador no se le habia cancelado de manera efectiva la liquidación correspondiente y no el monto aducido por la representación judicial de la parte la parte demandada; como segundo punto, indicó la falta aplicación del articulo 89 de la Constitución, concatenado con los artículos 21 y 22 de la LOTTT, relacionado con el principio de favor del trabajador, así mismo indicó violación del debido proceso y derecho a la defensa, toda vez que no se esperaron las resultas de la prueba de informes antes comentada, a pesar de haberle solicitado el diferimiento a la recurrida; por todo lo anterior solicita sea declarada con lugar su apelación.

Por su parte la representación judicial de la parte demandada no apelante, en líneas generales, indicó que constan a los autos las resultas de la prueba de informes solicitada a la Inspectoría del trabajo y que estas resultas fueron debidamente evacuadas en el desarrollo de la audiencia oral de juicio celebrada ante el a quo, señalando que de las mismas se constata que la convención colectiva de trabajo de este sector no fue extendida a su representada y que tampoco era obligatoria, asimismo, indica respecto a las resultas que llegaron con posterioridad a la decisión hoy apelada, que las mismas carecen de todo tipo de valor y deben ser desechadas por no haberse evacuadas en el juicio. Alega que de las pruebas promovidas por las partes, le fue solicitada por una parte a la Inspectoría del Trabajo a los fines que informara si le era extensible de manera obligatoria la convención colectiva de trabajo a su representada, siendo que se evidencia de sus resultas que “no ha sido extendida de manera obligatoria”, y la otra prueba dirigida a la Dirección General de la Inspectoría del Trabajo relacionada con una inspección que se hizo en la sede de la empresa por parte de un funcionario, señala que esta última resulta no llegó, no obstante, indica que sus consecuencias resultaban indiferentes; indica que la precitada circunstancia produjo a su vez la solicitud del diferimiento por parte del abogado del trabajador, señalando que luego, visto la aceptación de otra prueba por parte de la representación de la demandada, el a quo no consideró diferir la audiencia; indica que su representada nunca fue convocada para la reunión de la normativa laboral de la industria grafica así como que tampoco nunca se adhirió y menos fue extendida de manera obligatoria a su representada alegando en este sentido la no aplicación al actor de la convención colectiva de trabajo del sector grafico; señala que en relación a la incongruencia negativa, la misma no es determinante, por cuanto ello es indiferente toda vez que todos los conceptos demandados radican de la aplicación o no de la convención colectiva de trabajo; por todo lo anterior solicita sea declarado sin lugar el recurso de apelación y se confirme la decisión recurrida.

Vista la forma como fue circunscrita la apelación (ver sentencia Nº 204 de fecha 26/02/2008, proferida por la Sala de Casación Social), corresponde a esta Alzada determinar si el a-quo actuó o no ajustado a derecho al declarar sin lugar la demanda. Así se establece.

En razón de lo anterior, este Juzgador considera que antes de entrar a a.t.l.p. aportadas por las partes, previamente es menester proceder a verificar si en el presente asunto existe o no algún vicio de orden publico, debiendo señalarse primeramente, las siguientes normativas jurídicas previstas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela:

Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia (…), idónea, (…), responsable, (…) y expedita…”.

Artículo 49: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas…”.

Artículo 257:”El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia....”.

Así mismo, pertinente es traer a colación las normas adjetivas contenidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en sus artículos 5 y 11 y en el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 12 y 15, respectivamente:

Artículo 5. “…Los jueces, en el desempeño de sus funciones, tendrán por norte de sus actos la verdad, están obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas; y por tal causa, tienen que intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuados, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos.

(…)

Artículo 11: “Los actos procesales se realizarán en las forma prevista en esta ley…”.

Artículo 12: “Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad....”.

Artículo 15: “Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que pueda permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.”.

Por su parte la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, en sus artículos 18, 19, 20 y 22, establece:

….Artículo 18. (…)

La interpretación y aplicación de esta Ley estará orientada por los siguientes principios:

1. La justicia social y la solidaridad,

2. La intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales por lo que no sufrirán desmejoras y tenderán a su progresivo desarrollo.

3. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.

4. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia o menoscabo de estos derechos.

5. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.

(…)

Artículo 19. En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras.

(..)

Artículo 22. En las relaciones de trabajo prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, así como en la interpretación y aplicación de la materia del trabajo y la seguridad social.

(…)

Artículo 23. La legislación procesal, la organización de los tribunales y la administración del trabajo, se orientarán con el propósito de ofrecer a los trabajadores y a las trabajadoras, patronos y patronas, la solución de los conflictos sobre derechos individuales o colectivos que surjan entre ellos, mediante una administración de justicia orientada por los principios de uniformidad, brevedad, gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad, rectoría del juez en el proceso, sencillez, eficacia, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, atendiendo el debido proceso, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles…

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Ahora bien, observa esta Alzada de la actas procesales, que: A. La representación judicial de la parte la parte actora mediante escrito de promoción de pruebas, promovió entre otras pruebas, en su capitulo II, “…Prueba de Informes

De conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (…)

1. Ordene a la Dirección General de Relaciones Laborales, Dirección de Inspección y Condiciones de Trabajo, de la Inspectoría del Trabajo, Unidad Supervisión zona Este; de manera que este certifique la fidelidad del Acta de Visita, marcada “B”, realizada por el funcionario F.R., titular de la cédula de identidad número V-5.121.374, con Orden de Servicio Nro. 1658-12, realizada en fecha 06 de diciembre de 2012, a las 4:05 post meridiem, en las instalaciones de la empresa demandada.

2. - Se oficie a la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo Sector Privado, Adscrito al Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social para que: Indique si fue declarada o no la Extensión Obligatoria de la Convención Colectiva del Trabajo por Rama de la Industria Gráfica, del período 2011 — 2013, acordada en reunión normativa laboral y el expediente donde consta. La cual deviene por decreto en Gaceta Oficial Nro. 39.801, de fecha 16 de noviembre de 2011…”, (Ver folio 42 de la pieza 1).

   Y, B. La representación judicial de la parte la parte demandada promovió entre otras, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la prueba de informes, solicitando a la “…INSPECTORÍA NACIONAL Y OTROS ASUNTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO ubicada en el Centro S.B., Edificio Norte, Piso 2, El Silencio, Caracas., fines que informen según los documentos, libros, archivos físicos o electrónicos, u otros papeles que se hallen en el Instituto, sobre los siguientes particulares:

1. Informe si la Convención Colectiva de la Industria Gráfica 2011-2013 fue extendida de manera obligatoria a todas las empresas del sector gráfico,

2. Verifique si la sociedad mercantil CENTRO GRÁFICO 2004, C.A. fue convocada a la discusión del Proyecto Colectivo del Trabajo discutido en el marco de la Reunión Normativa Laboral de la Industria Gráfica,

3. Verifique si la sociedad mercantil CENTRO GRÁFICO 2004, C.A. se adhirió de manera voluntaria a la Convención Colectiva de la Industria Gráfica 2011-2013, y

4. Entre copias que sustenten la información solicitada…”, (Ver folio 46 y su vuelto de la pieza 1).

   En este estado se observa, que en fecha 22/07/2014, dichas pruebas fueron debidamente admitidas por la recurrida (ver folios 146 al 149).

   Ahora bien, en fecha 17/09/2014, se recibió proveniente de la Dirección de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado, resulta, suscrita por la abogada P.Y.Z., de la cual se evidencia lo siguiente: “…Revisado como ha sido el archivo de esta Inspectoría Nacional del Sector Privado, pudo constatar que reposa expediente N°. 082-2009-04-00030, contentivo de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita bajo el marco de una Reunión Normativa Laboral para la rama de actividad del Sector de Artes Gráficas con ámbito de validez Regional para el Distrito Capital y Estado Miranda, debidamente homologada el 15 de abril de 2011, bajo el número de Auto 2011-0257, significándole que no existe Extensión Obligatoria debidamente publicada.

   2- Revisado los documentos que rielan al expediente in comento, este Despacho le informa que la entidad de Trabajo CENTRO GRAFICO 2004, CA., no fue convocada a la discusión del Proyecto Colectivo del Trabajo en el marco de la Reunión Normativa Laboral ce la Industria Gráfica.

3. En cuanto a este numeral esta Inspectoría del Sector Privado hace de su conocimiento que la sociedad mercantil CENTRO GRAFICO 2004, CA., no se adhirió a la convención colectiva de trabajo antes mencionada...”, ver folios 190 al 192. (Subrayado con negrillas del Tribunal).

   Asimismo, consta a los autos, resultas de fecha 21/10/2014, proveniente de la Dirección de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado, suscrita por la abogada P.Y.Z., en la cual hace constar que “…Sl EXISTE Extensión Obligatoria para todas las Empresas del Sector Grafico, según consta en el expediente caratulado con el número 082-2009-04-00030, pieza N° 12, folio N°2.677 de fecha 15 de Noviembre de 2011, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.801 de fecha 16 de Noviembre de 2011…”.

   Es decir, por una parte la precitada dirección señaló el día 12/08/2014, que “…no existe Extensión Obligatoria debidamente publicada…”, y por la otra, en fecha 20/10/2014, la misma dirección, con la misma funcionaria firmante, y para el mismo periodo (2011) indica que “…Sl EXISTE Extensión Obligatoria para todas las Empresas del Sector Grafico….”. (Subrayado y negrillas del Tribunal).

   Ahora bien, al observarse la reproducción audiovisual de la audiencia celebrada ante la recurrida en fecha 07/10/2014, se constata que la representación judicial de la parte la parte actora solicito la suspensión de la causa por cuanto no constaban en autos las resultas de las prueba de informes solicitada a la Inspectoría del Trabajo, insistiendo en las mismas, arguyendo que eras vitales para la resolución de la presente causa, siendo que dicha solicitud no fue considerada por la recurrida, lo cual en principio pareciera que hubiere sido innecesario, sin embargo, con base en la sana critica y dado el carácter social que reviste la Justicia Laboral Bolivariana, amen del carácter irrenunciable de los derechos laborales, entiende esta alzada que al ser ambigua la respuesta emitida el día 12/08/2014, por parte del precitado ente administrativo, debió el a quo con base en la facultad prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ser mas riguroso en el análisis a la prueba de informes in comento, toda vez que en dicha respuesta se deja entrever que la extensión obligatoria de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria Grafica, pudiera tener validez, empero, no era así, ya que la misma no estaba publicada “debidamente”, lo cual se constata cuando luego expresa en fecha 20/10/2014, que si existe extensión obligatoria para todas las empresas del sector grafico, siendo que al ser este el único punto esencial a resolver en el presente asunto; por cuanto la demandada, de forma subsidiaria en su contestación a la demanda señaló que en todo caso el cargo del trabajadora era de empleado y no de obrero, sin embargo, no señaló de forma expresa en que consistían sus actividades, ni trajo las autos prueba que las demostrara, lo que hacía y hace que el punto controvertido radique en sí al accionante le es aplicable o no la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria Gráfica, implicando ello que en garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, se deba reponer la causa a los fines que las partes ejerzan el contradictorio sobre las pruebas cursantes a los autos, especialmente las resultas de las pruebas de informes in comento, en la cual de ser el caso, el a quo solicitara a la Dirección de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado, que exprese cual de los dos informes es el valedero, y con base a ello, deberá dictarse una nueva sentencia donde se preserve el principio de la realidad sobre las formas o apariencias, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, sin sacrificar la justicia material por formalidades que devengan en no esencial, y en cuido del mandato constitucional de poner en marcha un sistema de JUSTICIA SOCIAL BOLIVARIANA, donde prevalezca el interés social por encima del interés particular. Así se establece.-

   En abono a lo anterior, vale señalar que al analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar acontecidas durante la tramitación del presente asunto, se observa que el a quo no le garantizó a la parte actora un verdadero derecho a la defensa, vulnerándose la tutela judicial efectiva, toda vez que al mismo le asistía el derecho, en cuanto a que se evacuaran todas y absolutamente todas la probanzas (admitidas) que a bien hubiere promovido, así como, con base en lo establecido en los artículos 5, 9, 10 y 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debía y no lo hizo, inquirir la verdad por todos los medios a su alcance en procura de dictar una decisión consona con los principios de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias e indubio pro operario, adminiculado con el principio del irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en nuestra Constitución, siendo que en el caso que nos ocupa, el resultado de la prueba de informes tiene incidencia directa en la resolución de la presente causa, lo cual al existe la incongruencia in comento, conlleva a que en garantía del control y contradicción de las pruebas y el principio de la doble instancia, se requiera que un nuevo Juez de Juicio, de ser el caso oficie al mencionado ente para que este aclare si le es aplicable o no la Convención Colectiva de la Industria Grafica al accionante, todo ello en resguardo del orden público laboral y procesal, por lo que, se repone la presente causa al estado que un Tribunal de Juicio, realice una nueva audiencia de juicio con las garantías debidas, para garantizar el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, y posteriormente, dicte pronunciamiento de mérito ajustado a derecho, tomando en cuenta todas las pruebas que hayan sido admitidas y lo señalado supra por esta alzada. Así se establece.-

   En tal sentido, por razones de orden público procesal y laboral, vinculadas con el debido proceso, el derecho a la defensa y la utilidad del proceso (artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), se declara, tal como se hará en la parte dispositiva del presente fallo, con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte la parte actora, contra la sentencia de fecha 15/10/2014, dictada por el Juzgado Cuarto (4°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenándose la reposición de la causa al estado en que se realice nuevamente, previo sorteo y excluyendo al Juzgado in comento, la audiencia de juicio a que se contrae el articulo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando entendido que al recibir el expediente el Tribunal de Juicio a quien corresponda conocer, fijara dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, la oportunidad en que se llevara a cabo la audiencia de juicio, la cual en todo caso no podrá exceder de un plazo “…no mayor a treinta (30) días de hábiles…”, todo ello con base a los fundamentos expuestos en la parte motiva del fallo, anulándose la decisión recurrida, así como aquellas actuaciones que guarden relación con la misma, señaladose por ultimo que no es necesario entrar a valorar las restantes probanzas, dado lo resuelto supra. Así se establece.-

   Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte actora contra la decisión de fecha 15 de octubre de 2014, dictada por el Juzgado Cuarto (4°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, todo con motivo del juicio incoado por el ciudadano M.E.P.V. contra la Sociedad Mercantil Centro Gráfico 2004. SEGUNDO: SE ORDENA la reposición de la causa al estado en que se realice nuevamente, previo sorteo y excluyendo al Juzgado in comento, la audiencia de juicio a que se contrae el articulo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando entendido que al recibir el expediente el Tribunal de Juicio a quien corresponda conocer, fijara dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, la oportunidad en que se llevara a cabo la audiencia de juicio, la cual en todo caso no podrá exceder de un plazo “…no mayor a treinta (30) días de hábiles…”, todo ello con base a los fundamentos expuestos en la parte motiva del fallo. TERCERO: SE ANULA la decisión recurrida, así como aquellas actuaciones que guarden relación con la misma.

   No hay especial condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo.

   PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil quince (2015). Años: 204º y 155º, de la Independencia y de la Federación, respectivamente.

   EL JUEZ

   WILLIAM GIMÉNEZ

   EL SECRETARIO;

   HECTOR RODRIGUEZ

   NOTA: En esta misma fecha, previa las formalidades de ley, se dictó y publicó la anterior decisión.-

   EL SECRETARIO;

   WG/HR/rg

   Exp. Nº AP21-R-2014-001702.