Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 10 de Mayo de 2012

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por TRADICION DE INMUEBLE e INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES, interpuesta por el ciudadano A.M., …titular de la cédula de identidad Nº 3.902.040, en contra de los ciudadanos E.J.G.C. y H.E.C.,…titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.332. y 4.798.485.

En consecuencia se ordena a los demandados E.J.G.C. y H.E.C., a lo siguiente: 1. – A entregarle al ciudadano A.M., el inmueble ubicado en el Bloque Nº 05, apartamento Nº 00-06, planta baja, Urbanización Doña Barbara, jurisdicción del Distrito Municipal Caroní del Estado Bolívar. El apartamento tiene un área aproximada de setenta y seis metros cuadrados con siete decímetros cuadrados (76,07 Mtrs2), y esta comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con fachada norte del edificio; SUR: Con la fachada sur del edificio; ESTE: Con pared que da a la escalera de circulación, y OESTE: Con pared del apartamento del nivel respectivo, que adquirió mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de San Félix, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, en fecha 26 de febrero de 2004, inserto bajo el Nº 53, Tomo 18; 2.- A realizar el otorgamiento del instrumento de propiedad conforme al artículo 1388 del Código Civil, y en caso de no cumplir servirá la presente sentencia como documento de propiedad. 3.- A cancelar la totalidad del préstamo con hipoteca especial y de primer grado que posee el mencionado inmueble con DEL SUR ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO, C.A.

SIN LUGAR LA INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES.

Se condena a los demandados al pago de costos y costas (honorarios profesionales), (…).

SIN LUGAR la demanda por RECONVENCION interpuesta por los ciudadanos E.J.G.C. y H.E.C., …, en contra del ciudadano A.M., …

(….).

(Expediente Nº 11-3858 – Nomenclatura del Tribunal Superior- Folio 263 y 264.).

En informes presentados en esta Alzada, a los folios 287 y 288 de este expediente, el abogado G.C., apoderado judicial de la parte demandada, en primer lugar solicitó que la sentencia objeto de esta apelación, sea revocada y declarada sin lugar. Indicó que la aludida sentencia es totalmente nula, toda vez, que la jueza A-quo, que dictó la sentencia, (Sic…) “se encontraba” incursa en la causal de incompetencia subjetiva establecida en el Ord. 14 del Art. 82 del C.P.C. Aduce que la abogada ZURIMA F.D., juez a cargo del tribunal en ese entonces, fue Notario Público de la Notaría Tercera de San Félix, Estado Bolívar, lugar donde, a su decir, se otorgó el documento que sirve de fundamento a la demanda de autos, autenticado en dicha Notaría en fecha 26/02/04, bajo el Nº 53, Tomo 18. Asimismo manifiesta la parte demandada, que en fecha 01/02/11, se solicitó la mencionada funcionaria, quien al pronunciar su sentencia se refiere en ningún momento a la aludida causal, por lo cual considera se quebranta el Ord. 5to del art. 243 del C.P.C., prosigue su denuncia y aduce, que en fecha 02/10/09, se solicitó levantar inspección judicial sobre las cuentas bancarias del demandante A.M., al folio 57, y no fue ordenada su práctica, como tampoco hubo pronunciamiento al respecto, por cuyo motivo considera que la causa amerita una reposición hasta el estado de que se levante lates inspecciones, por cuanto el actor alegaba que su condición económica era precaria y la inversión era para obtener una vivienda para su grupo familiar. Así las cosas, alega la prenombra representación judicial, que la juez en comento, al dictar la sentencia impugnada, contraria lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, por cuanto le confiere pleno valor probatorio al documento supra identificado, en base al Art. 1.357 eiusdem, cuando solo posee 946 artículos, lo cual dice se evidencia al folio 256. Alega, que la juzgadora, en ningún momento se refiere a lo alegado por la parte demandada. Concluye, manifestando la parte demandada, que el juez de la recurrida, pretende otorgarle a un documento autenticado plena prueba para demostrar la propiedad de in inmueble contrariando el Art. 1.924 del Código Civil, que solamente le otorga valor probatorio al documento registrado y no al autenticado, que a su decir, es el documento presentado por el actor como fundamento de su demanda; así también señala, que la juzgadora A-quo, no analiza los argumentos de la parte contraria, y ello, a su modo de ver, hace nula la sentencia por ser contraria a lo previsto en el Art. 243 del C.P.C.

Planteada como ha quedado la controversia, este Tribunal para decidir sobre el fondo del asunto controvertido y la reconvención propuesta, observa:

2.1.- De la reconvención

El autor Ricardo Henríquez La Roche, (1.996), en su obra ‘Código de Procedimiento Civil. Tomo III, pág. 151’, sobre la figura de la reconvención, apunta que “…si la mutua petición no introduce hechos nuevos, concernientes por ej. a la causa de pedir o a la cualidad u otras condiciones del objeto, la reconvención sería inoperante y por ende inadmisible, toda vez que ella equivaldría a un rechazo puro simple”. Así en el caso de que frente a una demanda de reivindicación, el demandado reconvenga por la declaración negativa de mera certeza contra el actor, pidiendo al Juez que declare –con certeza oficial- que el bien es suyo y no del actor, el proceso de la reconvención sería inoficiosa, pues ésta consiste no más que a una defensa negativa, que coincide en sus efectos - frente al reivindicante - con el fallo absolutorio que podría dictar el Juez. Asimismo alude a la doctrina del Alto Tribunal que señala que, “La reconvención, independientemente de la defensa o reforzándola por medio de un ataque que sirva para hacerla más eficaz, es una demanda nueva el ejercicio de una nueva acción y constituye una segunda causa, que aunque deducida en el mismo juicio que la primera, tiene vida y autonomía propia, y pudo haber sido intentada en juicio separado”. En este sentido sostiene el nombrado autor que, “la reconvención, antes que un medio de defensa, es una contraofensiva explicita del demandado”; es decir, la reconvención viene a ser una nueva demanda interpuesta, en el curso de un juicio por el demandado contra el demandante, con el objeto de obtener el reconocimiento de un derecho – o el resarcimiento de unos daños o perjuicios deducidos, que atenuará o excluirá la acción principal…”

De acuerdo a ello, y subsumido al asunto que nos ocupa, en primer lugar sobre el alegato argüido por la representación judicial de la parte demandada, el abogado G.C.G., en su reconvención específicamente al vuelto del folio 110 y al folio 111, vuelto del folio 122 y folio 123 de este expediente, relativo a que insta a la parte actora a convenir, en que no adquirió de sus representados – H.E.C.M. y E.J.G.D.C., el apartamento ubicado en el bloque Nº 05, Apartamento Nº 00-06, Planta Baja, Urbanización Doña Barbara, San Félix, Estado Bolívar, por pertenecer a su representado según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Caroní el 24/11/1.998, bajo el Nº 02, Tomo 19, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año 1.998; a reconocer que el apartamento que adquirió no es el apartamento ubicado en el bloque Nº 05, Apartamento Nº 00-06, Planta baja, Urbanización Doña Barbara, San Félix, Estado Bolívar, sino un apartamento destinado a vivienda distinguido con el Nº 05 de la Urbanización Doña Barbara en Jurisdicción del Distrito Municipal Caroní del Estado Bolívar, tal como establece el documento fundamento de la demanda, anotado bajo el Nº 53, del tomo 18 llevado por la Notaría Pública Tercera de San F.d.G., el 26/02/04. Que es (Sic…) “incierto” que sus representados le hayan causado daños y perjuicios calculados en la suma de Bs.160.000.00, por cuanto no se han especificado ni se han establecido las causas; y a convenir, que el documento donde fundamenta su demanda, trata de un documento notariado y autenticado por ante la Notaría Tercera de San F.d.G., anotado bajo el Nº 53, Tomo 18, el 26/02/04.

Este Juzgador arguye que la invocación de tal fundamento no puede ser considerado como un motivo que sustente la reconvención, toda vez que en cuenta de los elementos que definen a la misma, el pedimento – para que convenga - así formulado por la demandada es inoficiosa, por cuanto involucra una defensa negativa a los efectos de que el Tribunal emita un pronunciamiento de una declaración negativa de mera certeza contra el actor, en donde se declare con certeza oficial que el bien inmueble cuestionado en esta causa, no fue adquirido de sus representados; así como la declaratoria de la falsedad de los daños y perjuicios estimados en dinero, que alega le fueron causados por la actora; siendo el caso que el pedimento así formulado en este juicio es contrario a derecho e inadmisible, ello en atención a las previsiones del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia a lo estipulado en el artículo 341 eiusdem, además que tal propuesta constituye prácticamente lo que configura el thema decidemdum planteado en la controversia, como excepción y defensa opuesta por la accionada ante los alegatos del demandante y no como argumento de una reconvención, es decir, lo que plantea la representación judicial de la parte accionada equivale es, a una defensa y no a una contra pretensión, bajo la perspectiva de un hecho nuevo traído a juicio y en este caso referido a la (sic…) Tradición de Inmueble de autos, por lo que es obvio que el proceso de la reconvención en estos términos es evidentemente inadmisible y hasta inoficiosa, pues tal argumento consiste como ya se expresó en una petición de convenir en la demanda incoada en contra de sus representados, que coincide sus efectos frente al demandante con el eventual fallo absolutorio que podría dictar el Juez, es decir, comprende parte del asunto a dirimir en juicio, los efectos de tal razonamiento por supuesto arropa la estimación de la reconvención, pues la circunstancia de ser desestimada la reconvención propuesta por la demandada, mal podría considerarse su estimación, pues su análisis y el pronunciamiento que ha de recaer sobre ese particular corre la suerte de haberse admitido o no la tanta veces mencionada reconvención, por lo que en consecuencia de los razonamientos jurídicos antes esbozados es inadmisible la reconvención y la estimación de la misma aquí incoada por la accionada de autos por ser contrario al espíritu y propósito de los artículos 16 y 340 del citado texto legal, y así se establece.

2.2.- De la pretensión.

A continuación se procede a emitirse el respectivo pronunciamiento sobre el fondo de la demanda, y de acuerdo a lo manifestado por el actor, su pedimento se centra en el reclamo del cumplimiento por parte de los vendedores E.J.G.D.C. y H.E.C., supra identificados, de la Tradición del Inmueble situado en el Bloque Nº 05, Apartamento Nº 00-06, planta baja de la Urbanización Doña Barbara, de San Félix, Estado Bolívar, poniendo la cosa vendida en posesión del comprador y el otorgamiento del documento de propiedad del aludido apartamento que a su decir, le fuera vendido en fecha 26 de febrero de 2004, por los prenombrados ciudadanos, en la cantidad de QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.15.000,00); cuyo documento de venta se encuentra autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de San Félix, Municipio Caroní del Estado Bolívar, bajo el Nº 53, Tomo 18 de fecha 26 de febrero de 2004; así como lo denunciado también en su demanda, cuando revela sobre la imposibilidad que ha tenido para protocolizar el referido documento de compra venta en la Oficina de Registro Público del Municipio Caroní, toda vez, que los datos de registro y protocolos de propiedad del identificado bien, no se corresponden con los datos de su registro original, y por cuanto sobre el mencionado inmueble pesan dos hipotecas, convencional de primer grado a favor de Del Sur Entidad de Ahorro y Préstamo C.A., y Convencional de Segundo Grado a favor de la Fundación N.D. DAO del Banco del Caribe; todo lo cual es fundamentado en el hecho que, los ciudadanos E.J.G.D.C. y H.E.C., supra identificados, se niegan a entregarle el inmueble y otorgarle un nuevo documento de propiedad, así como también en gestionar el documento de liberación de Hipoteca en Del Sur Entidad de Ahorro y Préstamo C.A., y registrar la liberación de la Hipoteca Convencional de Segundo Grado ut supra; aunado, a que los vendedores recibieron el precio de la venta del identificado inmueble en efectivo el día del otorgamiento del documento de venta en la Notaría Pública Tercera de San Félix, la cantidad de QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.15.000,00), tal como describe la copia certificada, que dice acompañar a su libelo y; además por haberse obligado a transferir la propiedad y posesión del aludido inmueble libre de gravamen. Así como también, en que los vendedores no le informaron de los riesgos de la compra venta, ya que le entregaron el documento de liberación del Banco del Caribe, para que a su costo lo registrase; hecho, que a su decir, no le resuelve sus derechos, por cuanto el documento mediante el cual compró, posee los datos de registro equivocados, y los vendedores se niegan a firmarle un nuevo documento, así como realizar las gestiones para obtener la liberación de la hipoteca de primer grado a favor de Del Sur Entidad de Ahorro y Préstamo C.A., considerando que tal conducta de los mencionados vendedores se conjuga en la intención de causarle daño, al excederse en los límites fijados de su buena fe, y por ende debe repararlo.

Ante tal pretensión la parte demandada a través de su representación judicial, arguye entre otras cosas a los folios 121 al 123, inclusive, que no es cierto que sus representados hayan vendido al actor, un apartamento distinguido con el Nº 00-06, situado en la planta baja del bloque 05 de la Urbanización Doña Barbara en San Félix, Municipio caroní del Estado Bolívar, por cuanto el mismo le pertenece a sus mandantes, según consta de documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Caroní, registrado el 24/11/1.998, bajo el Nº 2, Protocolo Primero, Tomo 19, Cuarto Trimestre de 1.998. Aduce la accionada, que la parte actora reconoce que sus representados son dueños del referido apartamento, mediante el documento antes descrito. Asimismo se excepciona el apoderado judicial de la parte demandada, diciendo que en el caso de autos, se trata de violentar la disposición contenida en el Art. 1.924 eiusdem, tratándose de demostrar contrariar con un documento autenticado, que sus representados hayan vendido un apartamento a través de tal documento, que a su decir es incierto, toda vez, que el apartamento le pertenece a sus representados por un documento registrado bajo el Nº 2, Tomo 19, Cuarto Trimestre de 1.998. Asimismo menciona la parte demandada, que lo afirmado por la demandante no coincide con la propiedad que tienen sus representados sobre el apartamento situado en el bloque Nº 05, Apartamento Nº 00-06, Planta Baja, Urbanización Doña Barbara, San Félix, Estado Bolívar, quienes compraron el mencionado apartamento por documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Caroní, el 24/11/1.998, bajo el Nº 2, Tomo 19, Cuarto Trimestre de 1.998. De otro lado señala la accionada, que respecto a la estimación de los daños y perjuicios calculados en la suma de Bs.F.160.000.00, lo rechaza en todo y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho, por cuanto no especificaron en que consistieron los gastos.

En atención a los hechos controvertidos, este Juzgador destaca que el eje de la causa se centra, es en establecer si ciertamente en fecha 26 de febrero de 2004, el ciudadano A.C.M., adquirió por venta que le hicieran los ciudadanos E.J.G.D.C. y H.E.C., ampliamente identificados ut supra, el apartamento Nº 00-06, ubicado en la planta baja del Bloque Nº 05, ubicado en la Urbanización Doña Barbara, de San Félix, Municipio Caroní del Estado Bolívar, cuya venta ha sido autenticada en la Notaría Pública Tercera de San Félix, Municipio Caroní del Estado Bolívar, bajo el Nº 53, Tomo 18, de fecha 26 de Febrero de 2.004; y que efectivamente los datos de registro protocolar de propiedad del referido inmueble, no son los que aparecen mencionados en el documento otorgado por los mencionados vendedores.

Es así que a los efectos de determinar lo anterior con las connotaciones ya expresadas, pasa este Juzgador a examinar las pruebas aportadas al proceso y al respecto observa:

2.3.1.- Pruebas de la parte actora

El ciudadano A.M., asistido por la abogada M.T.M., supra identificados, trajo con su libelo de demanda e inserto a los folios 1 al 5, inclusive, las siguientes documentales:

• Copia certificada de documento de venta de inmueble, autenticado por ante la Notaría Tercera de San Félix, Estado Bolívar, anotado bajo el Nº 53, Tomo 18 de los Libros de Autenticaciones, de fecha 26/02/04; a los folios 6 al 8, inclusive.

La señalada prueba por cuanto no fue impugnada en juicio, se aprecia y valora como documento privado, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil, en concordancia con el Art. 429 del Código de Procedimiento Civil; la misma se constituye en prueba a este sentenciador de la venta efectuada por los ciudadanos E.J.G.D.C. y H.E.C., titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 5.332.293 y 4.798.485, al ciudadano A.M., titular de la Cédula de Identidad Nro. 3.902.040, del inmueble identificado como un apartamento distinguido con el Nro. 05, ubicado en la Urb. Doña Barbara, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, con un área aproximada de setenta y seis metros cuadrados con siete decímetros (76,07 mts2) y, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Con Fachada Norte del Edificio; SUR: Con fachada Sur del Edificio; ESTE: Con pared que da a la escalera de circulación; y OESTE: Con pared del apartamento del nivel respectivo; con las siguientes dependencias (Sic…) “SALA-COMEDOR, TRES (3) DORMITORIOS, COCINA, LAVADERO Y UN (01) BAÑO; y que dicha venta se llevo a cabo en fecha en fecha 26 de febrero de 2004, quedando autenticada bajo el Nº 53, Tomo 18 de los Libros de Autenticaciones llevado por la Notaría Tercera de San Félix, Estado Bolívar.

• Copia certificada de documento de venta y (Sic…) “de crédito”, protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Caroní del Estado Bolívar, inserto bajo el Nº 2, Protocolo Primero, Tomo 19, Cuarto Trimestre de año 1.998; inserto a los folios 9 al 17, inclusive.

Al respecto, este juzgador aprecia que en razón de que dicha documental no fue impugnada por el adversario, le otorga valor probatorio de acuerdo a lo previsto en el Art. 1.357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; por ser la misma demostrativa que los demandados de autos, ciudadanos E.J.G.D.C. y H.E.C., supra identificados, adquirieron en el año 1.998, un inmueble conformado por un (sic…) apartamento distinguido con el Nº 00-06, situado en la planta baja del Bloque 05 de la Urbanización “Doña Barbara”, en San Félix, Municipio Caroní del Estado Bolívar; que el mismo posee una superficie aproximada de SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SIETE DECIMETROS CUADRADOS (76,07 Mts2) y consta de las siguientes dependencias: tres (3) dormitorios, sala-comedor, cocina, lavadero, baño y sus linderos son: NORTE: con fachada norte del edificio; SUR: con fachada sur del edificio; ESTE: con pared que da a la escalera de circulación y; OESTE: con pared que da con la pared del apartamento del nivel respectivo; y TECHO: piso del apartamento del nivel superior; así como también demostrativa a esta instancia superior; que en la aludida venta del bien antes descrito, realizada a los mencionados demandados, mediante el documento aquí a.s.c.a. favor de DEL SUR, ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C.A., Hipoteca Especial y de Primer Grado, sobre el inmueble en referencia; cuyo documento se encuentra protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, bajo el Nº 2, Protocolo Primero, Tomo 19, Cuarto (4to) Trimestre del año 1.998; y de tales actuaciones igualmente se desprende al vuelto del folio 14, una nota con copia del sello húmedo de la Oficina de Registro Subalterno del Municipio Caroní, que hace saber, que los mencionados demandados constituyeron hipoteca de segundo grado sobre el inmueble ut supra, a favor del Banco Caribe, por documento 47, Tomo 13, Segundo Trimestre de 1.999; cuya nota data de fecha 05 de mayo de 1.999; y así se establece.

• Documento de (Sic…) “un préstamo a interés por la cantidad de CUATRO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.4.000.000, oo),…para la adquisición de su vivienda. (…), e hipoteca convencional de segundo grado a favor de la FUNDACION…”, suscrito entre la FUNDACION N.D. DAO y la ciudadana E.J.G.D.C.; protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, bajo el Nº 47, Protocolo Primero, Tomo 13, Segundo Trimestre del año 1.999; el cual riela a los folios 18 al 22, inclusive.

• Documento contentivo de liberación de (Sic…) “hipoteca convencional y de segundo grado” a favor de la (Sic…) “FUNDACION N.D. DAO”, autenticada por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador, bajo el Nº 4, Tomo 91, de fecha 05/08/03; inserto a los folios 23 y 34.

Las anteriores documentales, insertas a los folios 18 al 34, inclusive, supra identificadas, las cuales guardan relación entre si, se aprecian y valoran, como documentos públicos de conformidad con el artículo 1.357 del Código Civil n concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y son demostrativas, sobre las afirmaciones suministradas por el accionante, que sobre el identificado inmueble, se constituyó a favor de FUNDACION N.D. DAO, hipoteca convencional y de segundo grado, con ocasión de la deuda contraída por la co-demandada E.J.G.D.C., y que la misma fue protocolizada por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Caroní, en fecha 05/05/1.999, bajo el Nº 47, Tomo 13, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1.999, como ya se dijo ut supra; comprobándose asimismo, tal como consta a los folios 23 al 24, inclusive del mencionado documento, que la deuda contraída por la co-demandada de autos, quedó saldada por ésta, como así se desprende al vuelto del folio 23, del documento en comento, autenticado por ante la (sic…) Oficina Notarial Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, de fecha 05 de Agosto 2003, inserto bajo el Nº 4, Tomo 91 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; y así se decide.

De las pruebas promovidas por la prenombrada representación judicial de la parte actora, mediante escrito inserto a los folios 150 al 152, inclusive:

• En cuanto a la promoción del mérito favorable de autos, promovida al folio 150, por la parte accionante en el Capitulo I, de la siguiente manera:

(Sic…) “Reproduzco, el mérito favorable de autos en beneficio de mi conferente Ciudadano A.M., cuyo mérito es el siguiente:

1. ) El hecho de comprar un inmueble, y para su precio en Urbanización Doña B.B. 5, Nº 0006 San F.E.B., sin tener la posesión pacífica y su tradición, dicha compra-venta consta en el documento autenticado en la Notaría Pública Tercera de San Félix según asiento Nº 53 tomo 18 año 2.004, que cursa en el folio 7 y 8.

2. ) El hecho que el inmueble vendido tiene dos hipotecas, una de primer grado, a favor de DEL SUR ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO, y otra de segundo grado a favor de N.D. DAO Banco del Caribe, que los vendedores se niegan a realizar las gestiones para liberarlas;…

3. ) El hecho que A.M., fue de buena fe, los vendedores no le notificaron que el inmueble tenia dos hipotecas.

4. ) El hecho que el documento de compra-venta autenticado en la Notaría Pública Tercera de San Félix, asentado bajo el Nº 53, Tomo 18 de fecha 26-2-2.004 no puede dársele publicidad de Registrar porque tiene los datos de asientos de Registro equivocados, y los vendedores se negaron en firmar un nuevo documento.

5. ) El hecho que los vendedores demandados, no tacharon, no impugnaron, no desconocieron el documento de venta que en copia certificada cursa en los folios 7 al 8 por efectos del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil …quedó debidamente reconocido.

6. ) El hecho que los demandados no contestaron la demanda, sino que directamente Reconvinieron.

7. ) El hecho que la Reconvención no reúne los requisitos del artículo 340 del C.P.C.”

En sintonía con lo antes transcrito, con respecto a esta forma de promoción de pruebas por parte del accionante de autos, este Tribunal Superior, extrae que el promovente limita su material probatorio a los dichos asentados en el libelo de la demanda, cuando ya el M.T. de la República por sentencia de la Sala de Casación Civil, en sentencia Nro. 00476, de fecha 20/07/05, recaída en el Exp. Nº AA20-C-2003-001009, claramente indica que los escritos de demanda y contestación, así como los hechos negativos, el juez no puede abstraer su decisión sobre las decisiones en la forma planteada, pues para ello, el Art. 12 del Código de Procedimiento Civil, prevé palmariamente que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos; que los tales dichos o manifestaciones, constituyen en todo caso los hechos que deben ser probados en autos, y respecto a las omisiones, impugnaciones, entre otros, las partes no pueden suplir la labor cognoscitiva del juez sobre la calificación que finalmente le merezca la actividad procesal desplegada por las partes; por lo que, siendo ello así, tal elemento traído a la causa, no puede constituir prueba por si mismo, toda vez, que desde el punto de vista procesal, demarcar el thema decidendum, lo cual abarca lo alegado y que el juez debe examinar, con análisis a las pruebas que aporten las partes en el proceso, para dar así cumplimiento al principio de exhaustividad del fallo, en consecuencia, se debe desestimar tal medio probatorio promovido por la parte accionante y, así se decide.

• Respecto a las pruebas promovidas por el actor en el Capitulo II, referidas a 1) Documento autenticado en la Notaría Pública Tercera de San Félix, en fecha 25/02/2.004, anotado bajo el Nº53, Tomo 18, inserto a los folios 7 y 8. Ello para probar la existencia del contrato de compra-venta, y 2) Copia certificada de: documento protocolizado en la Oficina de Registro Público del Municipio Caroní, bajo el Nº 2, Tomo 19, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año 1.998, inserto a los folios 9 al 17, inclusive, y documento original de préstamo de la Fundación N.D. DAO BANCO DEL CARIBE, protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro, bajo el Nº 47, Protocolo Primero, Tomo 13, Segundo trimestre del año 1.999; este último a fin de demostrar que el inmueble vendido se encuentra gravado con dos hipotecas.

Quien aquí juzga, advierte que tales medios probatorios, insertos a los folios 7 al 17, inclusive de autos, ya fueron analizados ut supra, y en tal sentido se reproducen los mismos argumentos esbozados precedentemente para evitar tediosas repeticiones inútiles y el desgaste de la función jurisdiccional, y así se establece.

• En cuanto a la prueba de testigos promovida por la actora en el Capitulo IV, al folio 151, con el objeto de probar los hechos (Sic…) narrados en el capitulo II y los daños y perjuicios formulados en el capitulo III del libelo de la demanda, promovió las testimoniales de los ciudadanos: R.A.I.R., R.L.B.V., Y.M. y J.A.L., y al efecto esta Alzada observa a los folios 220 al 224, inclusive, que solo rindieron declaración los siguientes testigos:

- R.A.I.R., de su declaración inserta a los folios 220 y 221, contestó que conoce a las partes involucradas en esta causa; que sabe y le consta que los ciudadanos H.C. y E.D.C., le vendieron al ciudadano A.M., un inmueble en la Urb. Doña Barbara, Bloque 5, Nº 0006. Asimismo respondió al interrogatorio, que sabe y le consta que las mencionadas personas se negaron a entregarle al ciudadano A.M., el inmueble para ocuparlo, y que éste último no habita el apartamento. Además sabe y le consta, que el ciudadano A.M., pagó la suma de QUINCE MIL (Bs.F. 15.000,00) como el precio pactado de la venta, que ello le consta por ser cierto y testigo del hecho. Seguidamente a las repreguntas que le fueran formuladas por la parte demandada, al folio 221, respondió: Que se encontraba presente en la Notaría el día que hicieron la compra el señor A.M., que le hizo referencia que estaba comprando un apartamento (Sic…) porque Quince Mil (Bs.15.000,oo) en Doña Barbara. De igual manera contestó, que la fecha en la cual se realizó la venta referida por el actor, no la recuerda exactamente, ni el día ni el mes, que solo recuerda que fue en el dos mil cuatro, y le consta que por la cantidad de QUINCE MILLONES, que son Quince Mil Bolívares fuertes hoy; y que le consta que fue por esa cantidad, por cuanto el señor Armando, le hizo referencia que estaba comprando un apartamento por quince mil bolívares en Doña Barbara. Y en la última repregunta, la número cinco, al repreguntársele ¿Señale el testigo, el nombre de la Notaría según usted se realizó esa negociación? Respondió que no sabe si es primera, segunda, que sabe que fue en la Notaría de San Félix.

- Y.M.M., de su declaración inserta al folio 223, se extrae que declaró que conoce al ciudadano A.M., y a los ciudadanos H.C. y E.D.C., y que es cierto que éstos últimos le vendieron un apartamento al ciudadano A.M., un inmueble en la Urb. Doña Barbara, Bloque 5, Nº 0006. También declaró que los ciudadanos H.C. y E.D.C., no le han entregado al ciudadano A.M., el inmueble, que ello le consta por ser cierto. A las repreguntas que le formulara a esta testigo, la parte demandada, al folio 224, explicó: Que le consta que el señor A.M., le compró a los ciudadanos H.C. y E.D.C., el inmueble por él referido, por cuanto se encontraba en la Notaría, y que la fecha cuando se realizó dicha negociación fue en el Dos Mil Cuatro. Además manifestó, a la TERCERA REPREGUNTA: ¿Diga la testigo, donde conoció a los señores H.C. y E.D.C.? Que su trabajo es social y conoce mucha gente en San Félix. Y Concluyó respondiendo a la última repregunta, que le consta que los ciudadanos H.C. y E.D.C., se han negado a entregarle el apartamento al que hace referencia, porque no lo tiene, y no estuviera allí.

En atención a las testimoniales rendida por los ciudadanos R.A.I.R. y Y.M.M., este Juzgador a fin de a.l.d.d.l. deponentes, observa que, los mismos declararon que conocen tanto a la parte actora y partes demandadas de esta causa; que los demandados dieron en venta a la parte actora, un inmueble en la Urb. Doña Barbara, Bloque 5, Nº 0006; que los accionados en esta causa, ciudadanos H.C. y E.D.C., aún no han entregado el mencionado bien, al ciudadano A.M., quien lo obtuvo por un costo de QUINCE MIL (Bs.15.000,oo); que recuerdan que la negociación se realizó en la Notaria en el año 2004, declarando el testigo R.A.I. RONDON, que la venta fue realizada en la Notaria de San Félix. Destacando además este sentenciador, que los anteriores testigos, declaran que lo dicho les consta, el primero de ellos, al manifestar que se encontraba en la Notaria el día de la negociación, y de lo cual le hizo referencia el ciudadano A.M.; y el segundo de ellos, al deponer, que ello le consta por el conocimiento que tiene de mucha gente en San Félix, debido al trabajo que realiza, aunando a que también se encontraba en la Notaria el día que se efectuó la negociación.

Así las cosas tenemos que los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil establecen, lo siguiente:

...Artículo 507: A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica.

Artículo 508: “Para la apreciación de la prueba de testigos, el juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación...”.

De acuerdo con la primera norma, el sentenciador está obligado a aplicar la regla de la sana crítica o libre apreciación razonada a cualquier prueba en el proceso, cuando no “exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba”.

La doctrina patria ha establecido que a través de la sana crítica el sentenciador tiene libertad de apreciar las pruebas aportadas al juicio de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia que, según su criterio personal, son aplicables en la valoración de determinada prueba. (Henríquez La Roche, Ricardo: Código de Procedimiento Civil. Tomo III. Ediciones Liber, Caracas 2004, p. 594 y ss.).

La disposición jurídica citada en segundo lugar, establece que para la apreciación de los testigos el sentenciador debe examinar la concurrencia de las deposiciones entre éstos y con las otras pruebas, estimar los motivos de su declaración, así como la confianza que le merece el testigo tomando en cuenta su edad, vida, costumbres, profesión y demás circunstancias, desechando al inhábil y aquél que no pareciera decir la verdad; por tanto, la referida disposición faculta ampliamente a los jueces para la apreciación de la prueba de testigos.

La estimación de la referida prueba implica para el sentenciador un juicio de valor intelectivo y volitivo a la vez, pues opera en él un acto de voluntad por el cual acoge o rechaza la deposición del testigo, sustentado en que le merece confianza en razón de su edad, vida, costumbres, profesión y demás circunstancias o si es hábil para declarar sobre lo que conoce; de manera que en este contexto el juez es soberano y libre en su apreciación. (Ob cit. p. 600 y ss.).

Ha sido criterio reiterado de nuestro m.T.d.J., que el juez está obligado a dar las razones para desechar la declaración del testigo, lo cual puede ocurrir: 1) Cuando se trate de un testigo inhábil; y, 2) Cuando el testigo pareciera no haber dicho la verdad, por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo aunque no hubiere sido tachado en el juicio.

Ahora bien, en el caso de marras observa este jurisdicente que de las testimoniales rendidas por los ciudadanos R.A.I.R. y Y.M.M., se evidencia claramente que como se señaló anteriormente conocen a las partes involucradas en esta causa, son además personas hábiles, verosímiles; encontrando además, que sus dichos no son contradictorios entre si, y concuerdan con las demás pruebas; más aún, cuando de las declaraciones se desprenden, que los deponentes dicen conocer tanto a la parte accionante como a la parte demandada; motivo que a su análisis conduce a juzgador, a considerar aceptables todas sus declaraciones, pues en todo caso, de juzgar la parte no promovente, en este caso, la parte accionada – presente en la declaración de lo testigos - que lo declarado por los indicados testigos, quienes en sus declaraciones dicen conocer a los demandados H.C. y E.D.C., suficientemente identificados en autos; les resulta contraria y desfavorable, habría optado por desvirtuar lo manifestado por los deponentes antes mencionados al momento de ejercer su derecho a repreguntas, y no lo hozo; por lo que, siendo ello así este tribunal le concede valor probatorio a lo declarado por los ciudadanos R.A.I.R. y Y.M.M., en las actas insertas a los folios 220 al 225, inclusive, de conformidad con lo establecido en los Arts. 508 y 510 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

• En cuanto a la promoción de pruebas, que hace la actora en el capitulo V, al vuelto del folio 151, al promover el silencio de la parte demandada en su contestación a la demanda, por no impugnar, desconocer o tachar los documentos que se acompañaron al libelo de la demanda; y promover en el Capitulo VI, (Sic…) “…LA DEFENSA DE INADMISIBILIDAD DE LA RECONVENCION.”, alegando que la reconvención propuesta no reúne los requisitos del Art. 340 del C.P.C., que los demandados no promovieron una reconvención, sino una demanda por daños morales y patrimoniales, sin especificar ni explicar cuáles son esos daños, así como también que los demandados alegan hechos que no constan en el libelo, cuya competencia no es compatible, según el promovente, con el Juez de la causa, que se trata de una afirmación incierta donde narran (Sic…) “…y se ha expuesto a mis representados al escarnio público ya que se les ha tratado como delincuentes…”; dice la promovente, que de ser cierto debieron ventilarlo en un tribunal penal.

Observa este Juzgador, en cuanto a esta manera de promoción de pruebas por parte de la accionante de autos al vuelto del folio 151, que ha sido reiterado en forma concreta por este Tribunal, que valorar como prueba tales medios probatorios, como los aquí planteados por la actora y promovente, atenta contra los principios que rigen la prueba, pues es claro, que lo no argüido, así como los alegatos de la parte demandada en este juicio, componen en todo caso, el objeto que ha de ser debatido y probado según sea el caso, en cuanto a los puntos que son controvertidos, por lo que siendo ello así, tal elemento traído a la causa, no puede constituir prueba por si misma, pues desde el punto de vista procesal, demarca el thema decidendum, lo cual abarca lo alegado y que el juez debe examinar con análisis a las pruebas que aporten las parte en el proceso, para dar así cumplimiento al principio de exhaustividad del fallo; por lo que siendo ello así, se desestiman tales medios probatorios así promovidos por la parte actora y, así se decide.

• En cuanto a la prueba de informes promovida por la actora en el Capitulo VII, al folio 152, para demostrar que los demandados vendieron el inmueble a su representado, y que fue un error de la Notaría Pública Tercera de San Félix, al expedir la copia certificada, en no copiar el número del apartamento, que en el documento de venta asentado en dicha Notaría si consta; y además probar que los datos de Registro que se encuentran en el documento de compra venta autenticado a los folios 7 y 8, son los del documento original de adquisición del inmueble; constan en autos las siguientes resultas de los Oficios Nros. 10-341 y 10-340, librados al efecto:

- De la información suministrada en acuse de recibo del Oficio Nº 10-340, ut supra, proveniente de la Registradora Público Inmobiliario del Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, de fecha 01/06/10, recibido por el A-quo, en fecha 11/06/10; el cual consta al folio 176; constata y ratifica a esta Alzada, que en el documento autenticado por ante la Notaria Pública Tercera de Puerto Ordaz, bajo el Nº 53, tomo 18, del año 2004, que cursa a los folios 6 al 8, inclusive, precedentemente analizado; efectivamente aparecen como vendedores los demandados de autos, ciudadanos E.J.G.D.C. y H.E.C., titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 5.332.293 y 4.798.485 respectivamente; que la dirección del inmueble vendido en relación al caso de autos, es asentada en el mencionado documento como: Urb. Doña Barbara, Municipio Autónomo Caroní del Edo. Bolívar, Apto. Nº 0006, Planta Baja, (sic…) Edificio denominado Bloque Nº 05, siendo sus linderos: NORTE: Con fachada Norte del Edificio; SUR: Con fachada Sur del edificio; ESTE: Con pared que da a la escalera de circulación y; OESTE: Con apartamento del nivel respectivo; constatándose además, respecto a la información requerida en el Capitulo VII, Literal A, particular 4, al vuelto del folio 152, del escrito de pruebas de la actora; que los datos de registro y protocolo mencionados en el aludido documento ut supra, es: Registrado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Caroní, Ciudad Guayana del Estado Bolívar, en fecha 05 de mayo de 1999, bajo el Nº 47, Tomo 13, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1999; todo lo cual se aprecia y valora de conformidad con lo dispuesto en el Art. 433 Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 507 eiusdem, y así se establece.

- El contenido del acuse de recibo del Oficio Nº 10-341, ut supra, proveniente de la Notaría Pública Tercera de San Félix, del Municipio Autónomo Caroní, de fecha 01/06/10, recibido por el A-quo, en fecha 11/06/10; que consta a los folios 177 y 178; es demostrativa a este Tribunal que el documento de compra venta protocolizado bajo el Nº 2, Protocolo Primero, Tomo 19, Cuarto Trimestre del año 1.998, inserto a los folios 9 al 17, inclusive; fue protocolizado en fecha 24 de noviembre de 1998, por ante la Oficina Inmobiliaria de Registro Público, Municipio Caroní del Estado Bolívar; cuyo objeto de la venta es el bien inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nº 00-06, ubicado en la planta baja del Bloque 5 de la Urb. Doña Barbara, de Puerto Ordaz, Estado Bolívar; donde las partes intervinientes, son J.R.M.A., R.E.P.D.M., en su condición de vendedores, y E.J.G.D.C. y H.E.C.M., éstos últimos en su condición de compradores del identificado inmueble; titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 8.521.507, 10.932.140, 5.332.293 y 4.798.485 respectivamente; que dicho inmueble posee una medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el Tribunal A-quo, con motivo del presente juicio; que respecto a la información requerida por el a-quo, sobre los datos de protocolo mencionados o asentados en el aludido documento como anotado bajo el Nº 47, Protocolo Primero, Tomo 13, Segundo Trimestre del año 1.999, se constata que tales datos, se corresponden con la hipoteca segundo grado que a favor del Banco Del Caribe, constituyeron los compradores ut supra; y respecto al particular cuarto, se extrae que para la fecha del referido acuse de recibo – 01 de junio de 2010 – no existe nota marginal de cancelación de la mencionada hipoteca; por lo que, este Tribunal aprecia y valora de conformidad con lo dispuesto en el Art. 433 del Código de Procedimiento Civil, la información suministrada mediante el señalado acuse de recibo Nº 297-2010-169, inserto al folio 177; así se decide.

2.3.2.- Pruebas de la parte demandada

• Respecto a la promoción de pruebas de la parte demandada, realizada por su apoderado judicial, abogado G.C.G., supra identificado, tal como consta a los folios 153 al 155, inclusive, en un solo Capitulo, en el cual reproduce en beneficio de sus representados el mérito favorable de los autos, con fundamento en los siguientes señalamientos:

1. El beneficio que les otorga el documento registrado bajo el Nº 2, Protocolo Primero, Tomo 19, Cuarto Trimestre de 1.998, (Sic…) “y donde consta que sus representados le compraron a los ciudadanos J.R.M.A. y R.E.P.D.M., un apartamento distinguido con el Nº 00-06, situando en la planta baja del bloque 05 de la Urbanización Doña Barbara en San Félix, Municipio Caroní del Estado Bolívar,….

2. El aporte que les otorga el documento autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de San Félix, Estado Bolívar, en fecha 26/02/04, asentado bajo el Nº 53, Tomo 18, de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, presentado por la parte actora como fundamento de la demanda….

3. La disposición contenida en el Ord. 1º del Art. 1920 y el Art. 1.924 del C.C.

4. Las disposiciones contenidas en los Arts. 77 de la Ley de Registro Público del 30/06/1.940, mantenida en el Art. 89 de la Ley de Registro Público de fecha 06/01/1.976, reproducida en el Art. 77 de la Ley de Registro Público del 31/10/1.977, reproducida por la Ley de Registro Público y Notaria de fecha 27/11/01.

5. La disposición contenida en el Art. 1.359 del Código Civil, que a decir del promovente, le otorga a sus representados, todo el derecho de propiedad sobre el identificado apartamento Nº 00-06, adquirido por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Caroní el 24/11/1.998, bajo el Nº 02, Tomo 19, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año 1.998.

6. Promueve el promovente-demandado, la confesión de parte del demandante en su libelo de demanda, (Sic…) “…quien acepta que mis representados adquirieron el apartamento por documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Caroní del Estado Bolívar, …”

7. Promueve del mismo modo, el promovente-demandado, la confesión por parte del demandante, (Sic…) “…quien acepta que el documento autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de San Félix, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, el 26 de febrero del año 2004, inserto bajo el número 53, del tomo 18 de los Libros de Autenticaciones de esa Notaría…”

8. Promueve lo establecido en la reconvención propuesta en contra del demandante, (Sic…) “quien al dar contestación …confiesa que adquirió un bien por ante la Notaría Pública Tercera de San Félix, Estado Bolívar, por documento autenticado y que dicho documento tiene los siguientes datos de tradición…Nº47, protocolo primero, tomo 13, segundo trimestre del año 1999 y documento por los cuales mis representados adquirieron el apartamento con el número 00-06 son los siguientes: Oficina Subalterna del registro del Municipio Caroní el 24 de noviembre del año 1998, anotado bajo el número 2, tomo 19, protocolo primero, cuarto trimestre del año 1998.”.

9. Promueve lo referente en la reconvención para que el demandante conviniera que es totalmente incierto que hayan causado daños y perjuicios calculados en la suma de CIENTO SESENTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F.160.000.00); por cuanto a su decir, tal afirmación no fue rechazada ni contestada por el demandante, al no alegar en que consistían los daños, ni los estimó.

10. Asimismo, reproduce en beneficio de sus representados, los daños, que a su decir, fueron ocasionados a sus representados por parte del demandante (Sic…) “quien en el curso del proceso a afirmado que mis representados lo engañaron y lo estafaron cuando mis representados en ningún momento lo han hecho, como así lo afirma la Notaría Pública Tercera Suplente de San Félix, Estado Bolívar, en el documento de fecha 26 de febrero del año 2004 anotado bajo el número 53, tomo 18, del libro de autenticaciones de esa Notaría, quien expresa textualmente lo siguiente: “El Notario Público tuvo a la vista documento debidamente protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Caroní, Edo. Bolívar, bajo el número 47, protocolo 1ero., tomo 13, 2do. Trimestre del año 99. El Notario Público, firma ilegible, los otorgantes, firma ilegible, los testigos, firmas ilegibles”. (…)

Quien aquí juzga, respecto al anterior abanico de pruebas utilizado por la prenombrada representación judicial de la parte demandada como medio de pruebas a favor de sus representados, a los folios 153 y 154, debe resaltar que tal promoción de pruebas atenta contra los medios de pruebas permitidos por el Legislador, pues no se puede pasar por alto la utilización desviada de lo que comprende el lapso probatorio cuya etapa procesal de acuerdo a la Ley, está destinada a que las partes en igualdad de condiciones se defiendan de los alegatos de la contraparte con la comprobación de sus argumentos y excepciones a través de los medios de pruebas permitidos por el legislador, y de esta manera “demostrar los hechos controvertidos afirmados o negados que le favorecen y que se subsumirán en las normas jurídicas contentivas de las consecuencias jurídicas solicitadas o pedidas por éstas”, ello por cuanto el apoderado judicial de la parte demandada esboza esta serie de argumentos que en nada corresponde a la etapa de prueba, en todo caso debió esgrimirlo en el acto de la contestación de la demanda y traer si lo considerase conveniente las pruebas que evidenciaran la ocurrencia de tales hechos en la oportunidad legal correspondiente el cual es, el lapso probatorio; y así lo ha expresado el Alto Tribunal de la República; ello por cuanto la prenombrada representación judicial de la parte accionada esboza una serie de argumentos que en nada se corresponden a elementos de prueba, sino que están referidos a situaciones de hecho que son los que pueden ser objeto de prueba; advirtiendo al mismo tiempo este juzgador, que en cuanto a los señalamientos que hace el promovente de esta prueba en los literales A y B, ut supra, respecto a los documentos allí mencionados, los mismos han sido a.p.; por lo que, en análisis de lo antes dicho, no puede ser valorada por este sentenciador, tal modo promoción de pruebas efectuado por la parte demandada ut supra y, así se decide.

Concluido por este sentenciador la revisión y análisis de las actas procesales y las probanzas en ellas contenidas, ante los hechos aquí ventilados, se obtiene que ha quedado demostrado, tal como lo denunció y logró demostrar el actor A.C.M., que efectivamente los demandados de autos, ciudadanos E.J.G.D.C. y H.E.C., suficientemente identificados ut supra, le dieron en venta en fecha 26 de febrero de 2004, el bien inmueble constituido por un apartamento situado en el (sic…) bloque Nº 5, distinguido con el Nro. 00-06, ubicado en la Urbanización Doña Barbara, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, con un área aproximada de SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (76,07 MTRS.2), comprendido dentro de los siguientes linderos, Norte: Con Fachada Norte del Edificio; SUR: Con fachada Sur del Edificio; ESTE: Con pared que da a la escalera de circulación; y OESTE: Con pared del apartamento del nivel respectivo; con las siguientes dependencias (Sic…) “SALA-COMEDOR, TRES (3) DORMITORIOS, COCINA, LAVADERO Y UN (01) BAÑO; cuyo documento de venta aparece autenticado por ante la Notaria Pública Tercera de San Félix, Estado Bolívar, bajo el Nº 53, Tomo 18, de los Libros de Autenticaciones de esa Notaria; que además de ello, se ha podido comprobar, que las características del identificado inmueble, exactamente, tanto la ubicación del inmueble en comento, la extensión y sus linderos, coinciden con los datos especificados en el documento inserto a los folios 9 al 17, inclusive de este expediente, el cual aparece registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, bajo el Nº 2, Protocolo Primero, Tomo 19, Cuarto Trimestre del año 1.998; datos que al mismo tiempo fueron corroborados a través de la prueba de informes, cuyas resultas constan al folio 176. Pudiendo asimismo verificar esta instancia superior, de los mencionados documentos, que en ellos, no coinciden los datos referente a la numeración del apartamento y la edificación donde se encuentra ubicado el bien en comento, no obstante, se colige, que la concurrencia de la extensión del área que posee el bien y sus linderos en los aludidos documentos insertos a los folios 7 al 17, inclusive, además de la información suministrada al folio 176, que se trata del bien inmueble identificado por la parte actora en su líbelo de demanda que encabeza estas actuaciones, cuando denuncia que la venta que le fue realizada fue del apartamento situado (sic…) en el Bloque Nro.05, apartamento Nº 00-06, planta baja de la Urbanización Doña Barbara, San Fèlix, Estado Bolívar, coincidiendo con los mismos datos asentados en el documento inserto a los folios 9 al 17, inclusive, mediante el cual, se evidencia que los demandados de autos, adquirieron el identificado bien, y así se establece.

Recapitulando, sobre el análisis de lo antes esbozado, se evidencia entonces, como ya se dijo ut supra, que los demandados de autos, ciertamente en fecha 26 de febrero de 2004, dieron en venta al demandante de autos, precedentemente identificados, un bien inmueble constituido por (sic…) un apartamento distinguido con el Nº 00-06, situado en la planta baja del Bloque 05 de la Urbanización “Doña Barbara”, en San Félix, Municipio Caroní del Estado Bolívar; que el mismo posee una superficie aproximada de SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SIETE DECIMETROS CUADRADOS (76,07 Mts2) y consta de las siguientes dependencias: tres (3) dormitorios, sala-comedor, cocina, lavadero, baño y sus linderos son: NORTE: con fachada norte del edificio; SUR: con fachada sur del edificio; ESTE: con pared que da a la escalera de circulación y; OESTE: con pared que da con la pared del apartamento del nivel respectivo; que respecto a la incongruencia con los datos de numeración y extensión del apartamento, se deduce en virtud de lo antes analizado, que existió en la redacción del documento inserto a los folios 6 al 8, inclusive, supra analizado, error al señalarlos y por ello tal redacción, como también se comprobó, que hubo error al asentar en el referido documento, los datos de registro y protocolo del documento que verdaderamente acredita la propiedad a los vendedores y demandados de autos del inmueble en comento, hecho que se comprueba con la información suministrada a los folios 177 y 178, cuando el Registrador Público Inmobiliario del Municipio Autónomo Caroní, comunica que los datos del protocolo mencionados en el documento autenticado insertos a los folios 7 y 8, se corresponden con la hipoteca de segundo grado constituida a favor del Banco Del Caribe, por los ciudadanos E.D.C. y H.C., estos datos son: documento protocolizado en la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Caroní, bajo el Nº 47, Protocolo Primero, Tomo 13, Segundo Trimestre del año 1.999, y ello se comprueba además de la nota estampada al vuelto del folio 14, en el documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, bajo el Nº 2, Protocolo Primero, Tomo 19, Cuarto Trimestre del año 1.998; por lo que se concluye, que son éstos últimos datos de asiento registral, los que deben asentarse en el documento de venta inserto a los folios 6 al 8, inclusive, y que acredita a los vendedores, y demandados de autos, la propiedad del inmueble tantas veces identificado, y no los datos de la hipoteca que constituyeran los demandados a favor del Banco Del Caribe; hipoteca que tal como quedó demostrado con la documental inserta a los folios 18 al 24, se declaró extinguida con motivo del pago realizado por la co-demandada E.G.D.C., que tal como consta al folio 24, solo ha sido autenticada por ante (Sic…) la Oficina Notarial Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas, en fecha 05 de agosto de 2003, bajo el Nº 4, Tomo 91 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría. Del mismo modo, se debe dejar esclarecido que mediante el controvertido documento inserto a los folios 9 al 17, inclusive, protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, bajo el Nº 2, Protocolo Primero, Tomo 19, Cuarto Trimestre del año 1.998, los demandados de autos, constituyeron además y a favor de DEL SUR, ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO, C.A., Hipoteca Especial y de Primer Grado sobre el inmueble supra identificado, adquiridos por el actor de autos; no pudiéndose constatar de las actas procesales de autos, si tal obligación ha sido saldada; por lo que en consecuencia de lo anterior la parte demandada deberá cumplir con su obligación de hacer la tradición legal del inmueble vendido, otorgando a la parte actora ciudadano A.M., en su condición de comprador, libre de gravamen e hipoteca, el documento definitivo de la venta celebrada por las partes supra identificadas en fecha 26 de Febrero de 2004, según el contenido del documento privado que se anexó al libelo de la demanda a los folios 7 y 8, sobre el inmueble constituido por un (sic…) apartamento distinguido con el Nº 00-06, situado en la planta baja del Bloque 05 de la Urbanización “Doña Barbara”, en San Félix, Municipio Caroní del Estado Bolívar, con una superficie aproximada de SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SIETE DECIMETROS CUADRADOS (76,07 Mts2) conformado por tres (3) dormitorios, sala-comedor, cocina, lavadero, baño, siendo sus linderos son: NORTE: con fachada norte del edificio; SUR: con fachada sur del edificio; ESTE: con pared que da a la escalera de circulación y; OESTE: con pared que da con la pared del apartamento del nivel respectivo. Que perteneció a los demandados de autos, mediante documento debidamente protocolizado bajo el Nº 2, Protocolo Primero, Tomo 19, Cuarto Trimestre de 1.998. DEJANDOSE ESTABLECIDO QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR LA PARTE DEMANDADA DEL OTORGAMIENTO DEL CITADO DOCUMENTO DE VENTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 531 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LA PRESENTE SENTENCIA PRODUCIRÁ LOS EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD, A FAVOR DEL ACTOR DE AUTOS, por cuanto ha cumplido su prestación, y ello no fue controvertido, por lo que se tendrá como título de propiedad a favor del ciudadano A.C.M., titular de la Cédula de Identidad Nro. 3.902.040, y así se establecerá en la dispositiva de este fallo.

2.3.3. En relación a los pedimentos de la parte actora relativos a los daños y perjuicios demandados en la presente causa, y sus alegatos sobre la necesidad de reparar el daño causado para restituirle la situación lesionada mediante una compensación pecuniaria, por cuanto estima se le ha causado un daño sobre su patrimonio en forma directa. Además de sostener que todos sus ahorros obtenidos por su trabajo de comerciante, para obtener una vivienda, se los entregó como precio de venta a los ciudadanos E.J.G.D.C. y H.E.C., de buena fe y sin tener conocimiento de la imposibilidad de no tener posesión pacífica del apartamento que le fue vendido; este Tribunal Superior se abstiene de emitir pronunciamiento alguno, toda vez, que la parte demandante se conformó con la decisión dictada en fecha 04 de febrero de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y T.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, (folios 240 al 263, inclusive de este expediente) al no haber ejercido el recurso correspondiente en contra de referido fallo, y así se establece.

Como corolario de lo anterior, este Juzgador concluye que se debe declarar sin lugar la apelación interpuesta por el abogado G.C.G., a los folios 266 y 271 de este expediente, en representación de la parte demandada, ciudadanos E.J.G.D.C. y H.E.C., y en consecuencia queda modificado el fallo de fecha 04 de febrero de 2011, emanado del tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y T.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, respecto a que se debe declarar inadmisible la reconvención interpuesta por la parte demandada, supra identificada, en contra del ciudadano A.M., ambas partes suficientemente identificados ut supra y, así se establecerá en la dispositiva de este fallo.

En cuanto al resto material probatorio y las diferentes pretensiones que en escrito cursan a los autos, considera quien suscribe este fallo, que su análisis se hace inoficioso en vista de la decisión aquí pronunciada, y así se decide.

CAPITULO TERCERO

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos anteriores, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Protección de Niños, NIÑAS y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de TRADICION DE INMUEBLE incoada por el ciudadano A.C. en contra de los ciudadanos E.J.G.D.C. y H.E.C., suficientemente identificados ut supra; y en consecuencia la parte demandada queda condenada a:

A cumplir con su obligación de hacer la tradición legal del inmueble vendido, otorgando a la parte actora ciudadano A.M., en su condición de comprador, libre de gravamen e hipoteca, el documento definitivo de la venta celebrada por las partes supra identificadas en fecha 26 de Febrero de 2004, según el contenido del documento privado que se anexó al libelo de la demanda a los folios 7 y 8, sobre el inmueble constituido por un (sic…) apartamento distinguido con el Nº 00-06, situado en la planta baja del Bloque 05 de la Urbanización “Doña Barbara”, en San Félix, Municipio Caroní del Estado Bolívar, con una superficie aproximada de SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SIETE DECIMETROS CUADRADOS (76,07 Mts2) conformado por tres (3) dormitorios, sala-comedor, cocina, lavadero, baño, siendo sus linderos son: NORTE: con fachada norte del edificio; SUR: con fachada sur del edificio; ESTE: con pared que da a la escalera de circulación y; OESTE: con pared que da con la pared del apartamento del nivel respectivo. Que perteneció a los demandados de autos, mediante documento debidamente protocolizado bajo el Nº 2, Protocolo Primero, Tomo 19, Cuarto Trimestre de 1.998. DEJÁNDOSE ESTABLECIDO QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR LA PARTE DEMANDADA DEL OTORGAMIENTO DEL CITADO DOCUMENTO DE VENTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 531 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LA PRESENTE SENTENCIA PRODUCIRÁ LOS EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD, A FAVOR DEL ACTOR DE AUTOS, por cuanto ha cumplido su prestación, y ello no fue controvertido, por lo que se tendrá como título de propiedad a favor del ciudadano A.C.M., titular de la Cédula de Identidad Nro. 3.902.040,

Se declara INADMISIBLE la RECONVENCION incoada por los ciudadanos E.J.G.D.C. y H.E.C. en contra del ciudadano A.M.; quedando así modificado el referido el fallo apelado, dictado por el mencionado Tribunal de la causa.

Se declara sin lugar la apelación intentada por el abogado G.C.G., apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la sentencia de fecha 04 de Febrero de 2011, inserta a los folios 241 al 263, inclusive de este expediente; dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de fecha 04 de Febrero de 2011, en la presente causa.

Se condena a la parte demandada de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

- Todo ello de conformidad con las disposiciones jurisprudenciales, legales citadas y los artículos 12, 242, 243, 244 y 531 del Código de Procedimiento Civil.

- De conformidad con lo establecido en el Art. 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes, por cuanto la presente decisión fue publicada fuera del lapso legal correspondiente, por encontrarse este Tribunal en la publicación de las sentencias en los Expedientes Nros. 11-4174, 11-4020, 10-3707, 12-4160, 11-4029, 12-4153, 12-4166, 12-4162, 11-3935, 11-4058, 12-4181, 11-4070, 12-4180, 12-4156, 12-4124,11-3944, 11-4089, todas anteriores a la presente causa. Líbrese boletas.-

- Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de esta decisión y en su oportunidad legal devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los diez (10) días del mes de Mayo de dos mil doce (2012). Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación.

El Juez,

Abog. J.F.H.O.

La Secretaria,

Abg. Lulya Abreu López.

En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), previo anuncio de Ley. Se dejó copia de esta decisión, y se libró las boletas ordenadas ut supra. Conste.

La Secretaria,

Abg. Lulya Abreu López.

JFHO/la/ym

Exp. N° 11-3858.