Decisión de Juzgado Superios Cuarto Civil, Mercantil, Transito, Trabajo, de Protección del Niño y el Adolescente, Agrario y Bancario de Tachira, de 27 de Junio de 2011

Fecha de Resolución27 de Junio de 2011
EmisorJuzgado Superios Cuarto Civil, Mercantil, Transito, Trabajo, de Protección del Niño y el Adolescente, Agrario y Bancario
PonenteJeanne Lisbeth Fernández
ProcedimientoConflicto De Competencia

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

EXPEDIENTE N° 2.512

Trata el presente asunto del RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTO PRIVADO que incoara el ciudadano C.Z., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.657.693, soltero, y domiciliado en El Oro Parroquia Constitución Municipio Lobatera del estado Táchira.

Conoce este Tribunal Superior de las presentes actuaciones con motivo del CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA suscitado en razón de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, el cual a su vez se declaró incompetente en fecha 23 de mayo de 2.011, luego de haber recibido el expediente por declinatoria del Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.

I

ANTECEDENTES

Consta del legajo de copias fotostáticas certificadas remitidas por el a quo que:

.- El 4 de agosto de 2.010 fue presentada por el ciudadano C.Z., asistido de abogado, solicitud de RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO contra los HEREDEROS DESCONOCIDOS DE LA CIUDADANA T.D.J.Z.V. (folios 2 y 3). A los folios 4 al 12 corren insertos los recaudos anexos. Por auto de fecha 9 de agosto de 2.010 el Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción Judicial del estado Táchira admitió la demanda y ordenó emplazar por edicto a los herederos desconocidos de la ciudadana T.D.J.Z.V. (folio 13).

.- Por auto de fecha 21 de enero de 2011 el tribunal de la causa designó a la abogada L.M.R.Z. como Defensora Ad Litem de los herederos desconocidos de la ciudadana T.D.J.Z.V. (folio 16), quien fue juramentada el 3 de febrero de 2011 (folio 18).

.- El Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción Judicial del estado Táchira el 21 de febrero de 2.011 se declaró incompetente por la materia para seguir conociendo, declinando la competencia al Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de esta Circunscripción Judicial (folios 21 y 22).

.- En fecha 7 de abril de 2.011 el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de esta Circunscripción Judicial recibió el expediente por declinatoria de competencia (folio 25).

.- Mediante diligencia de fecha 17 de mayo de 2011 el ciudadano C.Z. asistido de abogado informó al tribunal que el terreno objeto de la presente solicitud no tiene actividad agrícola (folio 30).

.- En fecha 23 de mayo de 2.011 el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de esta Circunscripción Judicial profirió decisión declarando su incompetencia por la materia (folios 31al 35).

.- Remitido el presente legajo de copias fotostáticas certificadas, el 31 de mayo de 2.011 se le dio entrada y se formó expediente en este Tribunal Superior y, de conformidad a lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil se fijó el procedimiento a seguir (folios 37 y 38).

II

MOTIVOS PARA DECIDIR

Como fue relacionado ab initio, el caso sub iudice versa sobre el RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO que incoara el ciudadano C.Z., y que habiendo sido recibida por el Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción Judicial del estado Táchira en fecha 9 de agosto de 2010, se declaró incompetente por la materia en fecha 21 de febrero de 2011 argumentando lo siguiente:

… Ahora bien, la competencia por la materia se determina con atención a la naturaleza de la relación jurídica objeto del litigio. El artículo 28 del Código de Procedimiento Civil dispone:…

En relación a lo expuesto para que pueda atribuírsele competencia a los Juzgados Agrarios, es menester que se cumplan de manera concurrente dos requisitos, a saber: A) Que se trate de un inmueble (predio rústico o rural) susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite sea con ocasión de esta actividad y B) Que ese inmueble no haya sido calificado como urbano, o de uso urbano, por lo tanto ambos requisitos legales deben cumplirse en forma concomitante para que proceda la competencia del Tribunal Agrario.

En este sentido, considera esta Juzgadora que se han verificado la existencia de los dos requisitos preseñalados, para el establecimiento de la competencia agraria, observando que, se trata de un inmueble (predio rústico) susceptible de explotación agrícola donde se realiza actividad de esta naturaleza, encontrándose lleno el primer requisito. En cuanto al segundo, que es concurrente; observa este Tribunal que de la solicitud y sus anexos, no se evidencia que el inmueble haya sido calificado como urbano o de uso urbano, al contrario en la misma solicitud se señala que se trata de un terreno agrícola.

… En consecuencia, encontrándose cumplidos los requisitos para calificar la pretensión como de naturaleza agraria, por cuanto la misma es una acción de reconocimiento de contenido y firma de documento privado de fecha 28 de febrero de 1961, que versa sobre un terreno ubicado en la Aldea El Oro Jurisdicción del antes Municipio Constitución hoy Parroquia Constitución del Municipio Lobatera de conformidad con el artículo 208 (sic) de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, este juzgado se declara incompetente por la materia para conocer la presente causa.

En merito de las anteriores consideraciones este Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, considera procedente en este caso declararse incompetente en RAZON DE LA MATERIA, para conocer de la presente acción por reconocimiento de contenido y firma de documento privado presentada por el ciudadano C.Z., asistido del abogado L.A.P.M., declinando la COMPETENCIA al Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los fines de su distribución.

.

Previa su distribución, el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, recibió el expediente el 7 de abril de 2.011 y en fecha 23 de mayo de 2.011 planteó el Conflicto Negativo de Competencia por la materia, en los siguientes términos:

… Ahora bien, observa esta juzgadora, que el procedimiento que aquí se discute, no se corresponde con materia Agraria, toda vez que de los documentos consignados en el expediente, se puede evidenciar que no hay actividad agrícola planteada, tal y como lo expone la parte actora en diligencia de fecha 17 de mayo de 2011; es decir, este no está siendo utilizado y/o explotado para la producción Agrícola, pecuaria, y no existiendo dicha actividad, no se ajusta con la competencia por la materia para conocer o decidir la presente causa, razón por la cual la misma no puede ser considerada como tal. Y así se establece…

… En consecuencia, tal como ha quedado evidenciado de autos, que el objeto de la pretensión no tiene vocación agrícola, ni ha sido declarado como agrario, por el contrario, este Juzgado llega a la conclusión de que no es de su competencia por la materia conocer y decidir la presente causa y considera que el competente es el Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de esta Circunscripción Judicial. Y así se decide.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria d la Circunscripción Judicial del estado Táchira en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:

PRIMERO: Se declara INCOMPENTENTE por la materia para conocer y decidir la presente causa.

SEGUNDO: Plantea conflicto negativo de competencia ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Agrario, Bancario y de Protección del Niño, Niña y Adolescente de esta Circunscripción.

TERCERO: La presente decisión no suspende el curso del proceso, pero este Tribunal se abstendrá de decidir el fondo de la causa, mientras no se dicte la sentencia que regule la competencia…

.

Por cuanto este Juzgado Superior resulta competente para resolver el conflicto negativo de competencia suscitado a tenor de lo previsto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, en razón de conocer de las materias civil y agraria, en atención a preservar la tutela judicial efectiva y el debido proceso, procede de seguidas a resolver lo conducente.

El artículo 186 de la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece textualmente:

Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales

. (Negrillas y subrayado de quien sentencia)

Y el artículo 197 ejusdem en su encabezado dispone:

Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:…

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Por su parte la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 200 de fecha 14 de agosto de 2007 dictada en el expediente N° AA10-L-2006-000041, con ponencia del Magistrado Rafael Arístides Rengifo Camacaro, resolvió:

En el caso de autos, se ha planteado un conflicto negativo de competencia por la materia entre tribunales que pertenecen a distintas jurisdicciones (por una parte, civil y mercantil y, por la otra, agraria), por lo cual, de conformidad con el criterio antes expuesto, esta Sala Plena se declara competente para conocer y decidir el conflicto negativo de competencia planteado. Así se decide.

Una vez asumida la competencia, esta Sala pasa a resolver el conflicto de competencia planteado, para lo cual realiza las consideraciones siguientes:

Dispone el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:

Artículo 197. Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales.

En sentido similar, el encabezamiento del artículo 208 de la citada Ley señala lo siguiente:

Artículo 208. Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria…

.

En sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, número 442 del 11 de julio de 2002, se establecieron los requisitos necesarios para determinar la naturaleza agraria de las causas que debían ser conocidas por dicha jurisdicción, indicando:

…para resolver el presente conflicto de competencia sustancial, se tendrá como norte la naturaleza del mismo, en función de la actividad agraria realizada, de manera que debe cumplirse con dos requisitos que determinan la competencia genérica de los Juzgados Agrarios, que son: A) Que se trate de un inmueble (predio rústico o rural) susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite sea con ocasión de esta actividad y B) Que ese inmueble no haya sido calificado como urbano, o de uso urbano, por lo tanto ambos requisitos legales deben cumplirse en forma concomitante para que proceda la competencia del Tribunal Agrario

.

Posteriormente, este criterio atributivo de competencia de los tribunales agrarios fue extendido a aquellos casos en los cuales exista un inmueble susceptible de actividad agropecuaria en predios urbanos. En este sentido, la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, precisó lo siguiente:

Actualmente, esta Sala Especial Agraria luego de realizar un estudio profundo a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aunado al avance de la jurisprudencia de este Alto Tribunal, estableció que para que sea determinada la competencia genérica de los Juzgados Agrarios se tendrá como norte la naturaleza del conflicto en función de la actividad agraria realizada, debiendo cumplir el mismo con los siguientes requisitos: A) Que se trate de un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite sea con ocasión de esta actividad y B) que dicho inmueble esté ubicado en el medio urbano o en el medio rural, indistintamente.

Este cambio de criterio, esta sustentado en los artículos siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario:

‘Artículo 21. Para la determinación de las tierras afectadas al uso agrario, el Ejecutivo Nacional, mediante decretos sucesivos, establecerá las poligonales rurales regionales, las cuales se enlazarán para constituir la poligonal rural nacional.

Artículo 23. La actividad productiva agraria que se efectúe fuera de la poligonal rural gozará de la protección y trato preferencial establecido en el presente Decreto Ley, quedando sometida a la jurisdicción especial agraria.

Artículo 213: Se consideran predios rústicos o rurales, para los efectos de este Decreto Ley, todas las tierras ubicadas dentro de las poligonales rurales fijadas por el Ejecutivo Nacional’.

De los preceptos normativos anteriormente transcritos, se desprende que actualmente no es necesario que el predio sea rústico o rural exclusivamente, para que sea considerado la materia como agraria, simplemente, ahora, puede ser también un inmueble considerado urbano, gozando el mismo de la protección y trato preferencial desprendido de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para este tipo de inmuebles que se encuentran fuera de las poligonales rurales como lo establece el artículo 23 de la misma Ley; sólo basta que en dicho inmueble (urbano) se lleve a cabo algún tipo de actividad agraria para que quede sometido a la jurisdicción especial agraria cualquier acción entre particulares, y los Tribunales Superiores Agrarios sólo conocen de las demandas contra entes agrarios con ocasión a dicha actividad

. (Sentencia número 523 de fecha 4 de junio de 2004, caso J.R.P.O.).

Conforme a lo antes expuesto, todos los inmuebles susceptibles de explotación agropecuaria gozan de la protección especial que consagra la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, independientemente de que los mismos estén ubicados en poligonales urbanas o rurales.

Por otro lado, ha señalado la Sala Constitucional que del análisis de los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, antes citados, se desprende que el legislador ha establecido “en primer lugar un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria (artículo 197 eiusdem) para ventilar conflictos que se produzcan entre particulares con motivo de dicha actividad; y en segundo lugar, atribuyen competencia para conocer y decidir de determinadas acciones (como las del caso de marras, esto es, acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria) a los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dejando en su último ordinal una cláusula abierta para que estos Juzgados conozcan de ‘(…) todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’ (artículo 208 eiusdem)” (subrayado añadido) (sentencia número 5047 del 15 de diciembre de 2005, caso H.L.C.).

Por tal razón, considera esta Sala Plena que cuando el artículo 208, numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario atribuye competencia a los juzgados de primera instancia agraria para conocer de “todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria”, debe entenderse como una cláusula abierta que comprende cualquier controversia en la que pueda verse afectada la producción agroalimentaria. Ello en virtud de que el juez agrario “debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental” (artículo 207 eiusdem).

Examinadas las actas que conforman el expediente, se observa que en el presente caso se pretende la ejecución de una hipoteca sobre un inmueble constituido por una finca denominada “La Gloria de La Rinconada”, conformada por tres porciones de tierras, de ciento once (111), cincuenta y siete (57) y doscientas dieciocho (218) hectáreas, respectivamente, ubicadas en el Municipio Montes del Estado Sucre, finca que es propiedad de la empresa Agropecuaria La Gloria, C.A. Por lo cual, tratándose de la ejecución de hipoteca sobre un bien inmueble susceptible de explotación agropecuaria, que además es propiedad de una empresa que se dedica a esta actividad, indudablemente que cualquier decisión en este caso -tanto cautelar como definitiva- puede incidir sobre la continuidad o interrupción de la actividad agropecuaria que pueda realizarse en dicho predio; por lo que, a juicio de esta Sala, el caso bajo examen se enmarca dentro de las competencias atribuidas a los Tribunales agrarios.

Por lo tanto, el tribunal competente por la materia, de conformidad con el artículo 208, numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, son los Juzgados de primera instancia agraria. Así se decide…”. (Subrayado y negritas de quien sentencia).

Ahora bien, en el caso sub examine se pretende el reconocimiento de contenido y firma de un documento privado de fecha 28 de febrero de 1961 en que se menciona: Un terreno ubicado en El Oro, Jurisdicción del antes Municipio Constitución, hoy Parroquia Constitución del hoy Municipio Lobatera del estado Táchira.

En la diligencia de fecha 17 de mayo de 2011 el ciudadano C.Z., asistido de abogado, expuso:

… Es el caso ciudadano Juez, y con el fin de hacer de su conocimiento que el inmueble ubicado en El Oro, Parroquia Constitución, Municipio Lobatera, Estado Táchira, descrito con sus linderos y medidas en el libelo de la demanda que los mismos tienen una extensión aproximada de media hectárea, no existiendo actividad agrícola alguna en dicho terreno, por tal motivo considero que no tiene vocación agrícola alguna dicho terreno…

(subrayado y negritas de quien sentencia).

En tal sentido, no existe en autos prueba alguna de que efectivamente actualmente se esté desarrollando alguna actividad de naturaleza agraria en el inmueble indicado, lo que significa que no puede verse afectada la seguridad agroalimentaria, quedando así fuera de la especial competencia agraria.

En razón de las anteriores consideraciones, concluye sin velo de dudas esta operadora de justicia, que el presente caso debe seguir siendo conocido por el Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, Y ASI SE RESUELVE.

III

DISPOSITIVO

Este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, actuando en orden a REGULAR LA COMPETENCIA en v.d.C.N.D.C. entre el Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera y el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria, ambos de esta Circunscripción Judicial, y con fundamento en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, DECIDE:

ÚNICO: Se DECLARA COMPETENTE para seguir conociendo de la presente causa al Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.

De conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, remítase en su oportunidad el presente expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los fines de que se agregue como cuaderno separado al expediente N° 8864 de dicho Despacho y se envíe oportunamente al Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.

Publíquese esta sentencia en el expediente Nº 2.512 y regístrese conforme a los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil once. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Jueza Titular,

J.L.F.D.A.

Refrendado por:

La Secretaria Temporal,

Ysley Y.G.P.

En la misma fecha 27 de junio de 2011 se dictó, publicó y agregó la presente decisión al expediente Nº 2.512, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m), dejándose copia certificada para el archivo del Tribunal.

La Secretaria Temporal,

Ysley Y.G.P.

JLFdeA/YYGP/yelibeth.-

Exp: 2.512.-