Decisión nº 29 de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de Zulia, de 20 de Febrero de 2013
| Fecha de Resolución | 20 de Febrero de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Cuarto del Trabajo |
| Ponente | Mónica Parra de Soto |
| Procedimiento | Cobro De Prestaciones Sociales |
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SUPERIOR CUARTO DEL TRABAJO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, Miércoles veinte (20) de Febrero de 2013
202º y 153º
ASUNTO: VP01-R-2012-000771
PARTE DEMANDANTE: E.H.M.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-13.549.054, domiciliado en el Municipio Maracaibo, Estado Zulia.
APODERADOS JUDICIALES
DE LA PARTE DEMANDANTE: LEOVANYS FRAGOZO INFANTE y S.O.B., abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 129.067 y 141.686, respectivamente, de este domicilio.
PARTE CODEMANDADA
PRINCIPAL: PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, COMPAÑÍA ANÓNIMA, (PROSINCA), inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha veinte (20) de agosto de 2008, bajo el Nº 48, Tomo 57-A.
APODERADOS JUDICIALES DE
LA PARTE CODEMANDADA
PRINCIPAL: YERLYN BARRIOS PAZ y O.B.A., abogados en ejercicio inscritos en el Inpreabogado bajo los Números: 129.605 y 133.003, respectivamente.
PARTE CODEMANDADA
SOLIDARIA: CONSORCIO PRECOWAYSS, integrado por la empresa PRECOMPRIMIDO C.A., compañía mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en fecha 12 de marzo de 1951, por ante el Registro Mercantil llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, hoy denominado Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el No. 235, Tomo 1-D, modificado en fecha 20 de enero de 2005, bajo el N° 56, Tomo 5-A-PRO y WAYSS & FREYTAG INGENIEURBAU, A.G. ( S.A.), esta última como sucesora por contrato de división y absorción, del ramo de Ingeniería Civil de WAYSS y FREYTAG AKTIENGESELLSCHAFT, A.G. (S.A.), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy en día Distrito Capital) y Estado Miranda el día 20 de julio de 2001, bajo el No. 72 tomo 141-A-SDO; consorcio constituido originalmente por ante la Notaria Pública Séptima del Municipio Sucre del Estado Miranda en fecha 09 de noviembre de 1993, bajo el No. 28, Tomo 205 de los libros de autenticaciones.
APODERADOS JUDICIALES: E.M.M. y D.P., abogadas en ejercicio inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 108.534 y 124.147, respectivamente, de este domicilio.
PARTE RECURRENTE EN
APELACIÓN: PARTE DEMANDADA.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES (HOMOLOGACION DE TRANSACCION LABORAL CELEBRADA ENTRE LAS PARTES).
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA:
Conoce de los autos este Juzgado Superior, en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada en el presente procedimiento, en contra de la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2012, dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio Para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el juicio que sigue el ciudadano E.H.M.R., en contra de las sociedades mercantiles CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES C.A., (PROSINCA) y CONSORCIO PRECOWAYSS; Juzgado que mediante sentencia definitiva declaró: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA.
Una vez sustanciado el expediente ante esta instancia superior, fue recibido en fecha 14 de febrero de 2013 escrito contentivo de TRANSACCIÓN como medio de autocomposición procesal, celebrada por las partes involucradas en el presente procedimiento. En esta Transacción se realizará pago por la suma de Bs. 15.000,00, que será pagado en forma fraccionada, es decir, en dos partes, la primera de ellas por Bs. 10.000,00, el día 28 de febrero de 2013 y la cantidad de Bs. 5.000,00, el día 15 de marzo de 2013, como se demuestra en el folio (274) del expediente. En tal sentido, se pasa a establecer las siguientes consideraciones:
EL TRIBUNAL PARA RESOLVER OBSERVA:
Uno de los principios con mayor trascendencia en materia laboral, es el de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, consagrado en la Constitución Nacional (artículo 89, ordinal 2º) y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en el sentido que son irrenunciables las disposiciones que la Ley establezca para favorecer y proteger al trabajador. Este principio, no obstante su presentación y concepción rigurosa y extrema, admite, en determinadas circunstancias de tiempo, lugar y modo, y cumplidos como lo hayan sido ciertos requisitos, la posibilidad de que los trabajadores puedan disponer de sus derechos a través de fórmulas de autocomposición procesal. La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido el criterio conforme la cual, una vez que ha concluido la relación de trabajo, puede el trabajador entrar a disponer el monto de los derechos que se han consolidado a su favor, pues la prohibición es de hacerlo durante el curso de la relación, o bien antes del inicio de la misma, y como condición para que se celebre, como sería por ejemplo, renunciar al pago de vacaciones o de utilidades, o al derecho a percibir aumentos salariales, etc. En este orden de ideas, la doctrina laboral, ha sostenido, que el origen de la disposición contenida en el artículo 3 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, ahora artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, explica el principio de irrenunciabilidad de vigencia absoluta durante la vida de la relación de trabajo, que sin embargo, una vez concluida la relación laboral, existe la posibilidad de transar o convenir respecto a los derechos y deberes que la terminación del contrato engendra o hace exigibles, porque si bien subsiste la finalidad protectora, ésta queda limitada a esos derechos y deberes. En ese momento, ya no existe el peligro de que se modifiquen las condiciones mínimas de trabajo establecidas por el legislador, además porque es precisamente el trabajador como parte económicamente débil el más interesado en poner término o en precaver un proceso judicial que puede resultar largo y costoso y también se evita que por esa vía el patrono se sustraiga al cumplimiento de alguna de sus obligaciones.
El artículo 19 ejusdem, incorporó definitivamente a su contenido normativo la solución, admitiendo la posibilidad de transacción, sujeta a determinadas solemnidades y requisitos adicionales, como lo son la forma escrita y exigiendo además como requisito que en el escrito se dé relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. Esto no ofrece mayores problemas cuando la negociación tiene por objeto poner término a un litigio pendiente, por cuanto en ese caso no hay duda alguna acerca del conocimiento que la trabajadora tiene del monto y extensión de sus derechos que ya ha explanado en el libelo de la demanda, oportunidad preclusiva para alegarlos y de la finalidad que lo induce a contratar, puesto que la autocomposición procesal se justifica a sí misma.
La razón de la norma protectora se hace manifiesta cuando se trata de precaver un litigio eventual, donde es requisito esencial para la validez de la transacción que en el texto del documento que la contiene se expresen los derechos que corresponden al trabajador para que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produce y estimar si los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de alguna de las prestaciones previstas en la legislación, resultando de ese modo evidente la intención del legislador en tal sentido.
Siendo entonces que la Transacción se basa en recíprocas concesiones, no basta expresar de modo genérico, “que se satisface en forma definitiva cualquier obligación que pudiere existir pendiente entre las partes con motivo de la relación laboral que les uniera”, sino que es necesario, como ha indicado la doctrina y jurisprudencia, que la transacción sea circunstanciada, es decir, que especifique de manera inequívoca los derechos, prestaciones e indemnizaciones sobre los cuales recae, para que el trabajador pueda apreciar las ventajas y desventajas que ésta le produce y estimar si los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de alguna de las prestaciones previstas en la legislación.
En sintonía con lo anteriormente expuesto, revisada como ha sido en forma circunstanciada y minuciosa la Transacción celebrada por las partes, encuentra esta J., que la misma cumple a cabalidad con los postulados consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y vista la manifestación de voluntad del trabajador de dar por terminada la presente causa, razón por la que en el dispositivo del presente fallo, da por Terminado el presente Procedimiento y Homologa el acuerdo aquí celebrado, pasándolo en autoridad de cosa juzgada. Del mismo modo, se señala que se abstendrá de remitir el expediente al Tribunal correspondiente para su archivo definitivo, hasta tanto conste en actas el cumplimiento total de la obligación aquí contraída. QUE QUEDE ASI ENTENDIDO.
DISPOSITIVO:
Por las consideraciones antes expuestas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el ejercicio de sus facultades legales, Administrando Justicia y por Autoridad de la Ley, declara:
1º) VISTA LA MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE LAS PARTES SE HOMOLOGA LA TRANSACCION CELEBRADA ENTRE EL CIUDADANO E.H.M.R., y las sociedades mercantiles CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES C.A., (PROSINCA) y CONSORCIO PRECOWAYSS , PASANDOLO EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA.
2º) SE DECLARA TERMINADO EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE PRESTACIONES SOCIALES QUE INTENTÓ EL E.H.M.R., en contra de las sociedades mercantiles CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES C.A., (PROSINCA) y CONSORCIO PRECOWAYSS. (PLENAMENTE IDENTIFICADAS LAS PARTES).
3) SE ORDENA LA REMISIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, EN VIRTUD DEL ACUERDO AQUÍ CELEBRADO.
4) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS PROCESALES dada la naturaleza del fallo aquí dictado.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. DÉJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARÍA DEL PRESENTE FALLO POR SECRETARIA.
Dada, firmada y sellada en la sala de AUDIENCIAS del JUZGADO SUPERIOR CUARTO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil trece (2013). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZ,
M.P.D.S..
EL SECRETARIO,
M.N.G..
En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las once y diez minutos de la mañana (11:10 a.m.).
EL SECRETARIO
M.N.G..
