Decisión nº I-2016-149 de Tribunal Superior Primero en lo Contencioso Administrativo de Zulia, de 7 de Octubre de 2016
| Fecha de Resolución | 7 de Octubre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Superior Primero en lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Gloria Urdaneta |
| Procedimiento | Demanda Contra Entes Públicos |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, siete (07) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
206º y 157º
ASUNTO : VE31-N-2008-000028
En fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil ocho (2008) se recibió la presente Demanda de Ejecución de Fianza de Anticipo y de Fiel Cumplimento, incoada por los ciudadanos A.O. y Á.P., venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicios de este domicilio identificados con las cédulas de identidad N°. 7.965.183, 3.264.522 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los N°. 83.409 y 52.095 procediendo en representación del MUNICIPIO M.D.E.Z., carácter que consta de Documento Poder conferido por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Mara e Insular Padilla del Estado Zulia, en fecha 31 de Enero de 2006, anotado bajo el N°. 04Protocolo 3° y Resolución de nombramiento de Sindico Procurador N° RRHH-505 de fecha 09 de septiembre de 2005 en contra del ciudadano DANILO VARGAs y a la COOPERATIVA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL R.S
En fecha veinte (20) de agosto de dos mil ocho (2008), le dio entrada y admisión a la demanda el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia cuanto ha lugar en derecho, fórmese expediente y numérese, ordenando la citación del ciudadano D.d.J.V.P. y a la Cooperativa Nacional de Protección y Economía Social R.S (CONAPRES) y en su carácter de Fiadora en la persona de la ciudadana MIGDALIS PEREIRA.
En fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil ocho (2008), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declaró: Incompetencia y remitió al Juzgado Superior en lo Contenciosos Administrativo de la Región Occidental.
En fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil ocho (2008), fue entregado el expediente al Juzgado Superior en lo Contenciosos Administrativo de la Región Occidental.
En fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil ocho (2008), se le dio entrada a la causa y se ordenó formar expediente para resolver por separado sobre lo admisibilidad.
En fecha quince (15) de abril de dos mil nueve (2009), el abogado A.O. representante de la Alcaldía del Municipio Mara consignó el instrumento poder que acredita su representación y solicitó dar impulso a la citación de la parte demandada.
En fecha veintidós (22) de marzo de dos mil nueve (2009), este Tribunal decidió: 1) Se declara competente para conocer de la demanda; 2) Se admite la demanda ordenando emplazar al ciudadano D.V.P. y la Cooperativa Nacional de Protección y Economía Social R.S.
En fecha veintidós (22) de mayo de dos mil nueve (2009), el abogado Á.P. representante de la Alcaldía del Municipio Mara solicito librar los recaudos de citación de la parte demandada.
En fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil nueve (2009), el abogado Á.P. representante de la Alcaldía del Municipio Mara solicito notificar a la parte demandada y consignó copa simple del libelo para ser certificada.
En fecha nueve (09) de junio de dos mil nueve (2009), se libraron Boletas de notificación conjuntamente con sus copias certificadas dirigidas al ciudadano D.V.P. y la ciudadana Migdalis Pereira en su condición de Presidenta de la empresa Cooperativa Nacional de Protección y Economía Social R.S.
En fecha veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010), el alguacil expuso: que resultó infructuosa la citación, motivo por el cual consigno la boleta de sin su respectivo acuse de recibo y se le dio entrada agregándose al expediente.
En fecha veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), la abogada Judila Palmar representante de la Alcaldía del Municipio Mara consignó el instrumento poder que acredita su representación y solicitó expedir los correspondientes carteles de citación.
En fecha nueve (09) de julio de dos mil (2012), el abogado A.O. representante de la Alcaldía del Municipio solicitó carteles de notificación por el agotamiento de la citación personal, quedado paralizado desde el nueve (09) de julio de dos mil (2012).
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Con estos antecedentes este Superior Órgano pasa a decidir bajo las siguientes consideraciones:
Observa este Tribunal que el proceso estuvo paralizado desde el día nueve (09) de julio de dos mil doce (2012) hasta la presente fecha, sin que la parte recurrente haya efectuado ningún acto de procedimiento que impulsara la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
Al efecto, es preciso señalar que la perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, inmediatamente después de su declaratoria.
Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.
La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447, de fecha 16 de junio de 2010), establece la figura de la perención en su artículo 41, a saber:
Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria
.
Asimismo el acápite del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
De las normas citadas se desprende que la perención de la instancia opera cuando la causa ha permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho lapso a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el tribunal podrá, sin más trámites, declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte (Ver sentencia Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 00853 del 22 de septiembre de 2010, caso: NUTRIARAGUA 2000, C.A.).
Cabe destacar, la importancia que ha establecido y reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la institución de la perención en el sentido de que no todo acto de procedimiento impide la consumación de la perención, ya que sólo puede considerarse como acto interruptivo válido y eficaz a tales efectos, el que suponga – sin lugar a dudas – la intención de la parte en impulsar el proceso. Esto ha quedado de manifiesto al determinar que actuaciones de mero trámite como las solicitudes de copias simples o certificadas, cómputos de lapsos, la consignación de escritos que no expresen con claridad una petición que inste al órgano jurisdiccional a la continuación del proceso, en modo alguno constituyen manifestaciones capaces de interrumpir la perención.
Así mismo, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en decisión No. 853 del 5 de mayo de 2006, estableció lo siguiente:
“…aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta fase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.
Es necesario destacar, que mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al de mérito.
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras la partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al Juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en “etapa de sentencia”.
Conforme a las normas y jurisprudencia citados, el presente proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia, lo que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la Tutela Judicial efectiva, habida cuenta que la parte recurrente abandonó la actividad procesal y con ello hizo cesar el conflicto de intereses. En consecuencia, al producirse el abandono de la instancia por la parte actora, en virtud de haber transcurrido el lapso previsto en el indicado artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, debe forzosamente este Órgano Jurisdicente declarar la Perención de la Instancia. ASÍ SE DECLARA.
DECISIÒN:
Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y en consecuencia, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en la presente causa.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y ARCHÍVESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR PRIMERO ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA; en Maracaibo, a los siete (07) días del mes Octubre de dos mil dieciséis (2.016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
LA JUEZA,
DRA. G.U.D.M..
LA SECRETARIA,
ABG. MARIELIS ESCANDELA.
En la misma fecha y siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.) se publicó el anterior fallo y se registro bajo el Nº I-2016-149 en el Libro de Sentencias Interlocutorias llevados por este Juzgado.
LA SECRETARIA,
ABG. MARIELIS ESCANDELA.
GUDM/ME/mb.
