Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 1 de Abril de 2013
| Fecha de Resolución | 1 de Abril de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Gary Coa León |
| Procedimiento | Demanda |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En Su Nombre
JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
En fecha 11 de julio de 2012, se dio por recibido en este Juzgado Superior, previa distribución, la demanda de ejecución de fianza de fiel cumplimiento con medida cautelar de embargo, interpuesta por el abogado L.M.M.R., I.N.. 140.289, actuando como apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA (INAVI), contra la Sociedad Mercantil UNIVERSAL DE SEGUROS, C.A.
En fecha 17 de julio de 2012, este Juzgado admitió la demanda y ordenó notificar a la Procuradora General de la República y al Superintendente de la Actividad Aseguradora para que tuvieran conocimiento del asunto, igualmente se ordenó citar a la parte demandada para que compareciera por ante este Juzgado a los fines de la celebración de la audiencia preliminar, la cual tendría lugar al décimo (10º) día de despacho siguiente a las nueve y treinta de la mañana (09:30 a. m.), contados a partir de que constara en autos la última de las notificaciones ordenadas, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Igualmente se advirtió a la parte demandada que celebrada la audiencia preliminar, se abriría el lapso de contestación a la demanda, de conformidad con el artículo 61 ejusdem. Asimismo se ordenó abrir cuaderno separado a los fines de decidir la medida preventiva solicitada.
En fecha 31 de julio de 2012, se dejó constancia que la parte demandante no había consignado las copias que habían de anexarse a la compulsa y a la apertura del cuaderno separado, ordenadas en el auto de fecha 17 de julio de 2012.
En fecha 17 de enero de 2013, la parte accionante consignó las copias requeridas para las compulsas y para la apertura del cuaderno separado.
En fecha 23 de enero de 2013, se abrió el cuaderno separado a los fines de decidir la medida preventiva solicitada.
En fecha 30 de enero de 2013, se publicó decisión interlocutoria, mediante la cual se declaró procedente la solicitud de embargo preventivo. Dicha decisión fue ratificada en fecha 28 de febrero de 2013.
En fecha 13 de marzo de 2013, se celebró la audiencia preliminar en la presente demanda, en consecuencia se dejó constancia de la incomparecencia de las partes.
I
MOTIVACIÓN
Ahora bien, revisadas como se encuentran las actas procesales que conforman el presente expediente judicial, estima necesario este Órgano Jurisdiccional traer a colación el contenido del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 60. Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar, se declarará desistido el procedimiento.
El desistimiento del procedimiento sólo extingue la instancia y el demandante podrá volver a proponer nueva demanda inmediatamente.
Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, la causa seguirá su curso.
En ese orden de ideas, visto el contenido del artículo anteriormente trascrito concatenado con lo asentado en el acta de fecha 13 de marzo de 2013, la cual riela al folio 123 de la pieza principal del expediente judicial, en la que se dejó expresa constancia que la parte demandante no asistió a la celebración de la audiencia preliminar, debe forzosamente este Órgano Jurisdiccional declarar DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO en la presente demanda, y así se decide.
Ahora bien, observa este Tribunal que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no prevé norma alguna en la que establezca la obligación a los órganos jurisdiccionales de enviar en consulta obligatoria la presente decisión, por el hecho de que los representantes legales de Ente demandante dieran lugar a la declaratoria de DESISTIMIENTO del presente procedimiento por no haber actuado diligentemente en la defensa de los derechos del accionante al no acudir al acto de la celebración de la audiencia preliminar. En ese sentido el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que de toda sentencia definitiva contraria a la pretensión o defensa de la República, debe ser consultada al tribunal Superior competente.
En el presente caso, si bien es cierto que quien demanda en forma directa no es la República Bolivariana de Venezuela, ya que el demandante es un Ente que tiene atribuida personalidad jurídica propia y posee un patrimonio propio distinto a la República, no menos cierto es, que cualquier decisión contrario a su pretensión incide de forma indirecta contra la República, puesto que dicho Ente forma parte de la Administración Pública Nacional. Por consiguiente no tratándose de una sentencia definitiva que resuelve el fondo del asunto, mas si de una interlocutoria con fuerza definitiva ya que pone fin al presente proceso jurisdiccional y la misma es contraria a la pretensión del Ente Público Demandante, considera este Tribunal que ha de enviarse en consulta obligatoria al Tribunal superior competente, y así se decide.
En ese mismo orden de ideas, visto que este Tribunal Superior se vio en la obligación de declarar la consecuencia jurídica establecida en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como lo es el Desistimiento del Procedimiento, y aunque el Ente público demandante puede interponer nuevamente la acción judicial inmediatamente tal como de forma expresa lo prescribe dicha norma, a tenor de lo previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación tanto de dicha Procuraduría como al Ente demandante a fin de que si lo consideran procedente ejercer las acciones administrativas disciplinarias en contra de los funcionarios encargados del presente proceso judicial.
Declarado como ha sido el desistimiento del procedimiento en el presente proceso, se revoca la medida de embargo preventivo acordada por este Tribunal en fecha 30 de enero de 2013.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO en la demanda de ejecución de fianza de fiel cumplimiento con medida cautelar de embargo, interpuesta por el abogado L.M.M.R., actuando como apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA (INAVI), contra la Sociedad Mercantil UNIVERSAL DE SEGUROS, C.A.
Se REVOCA la medida de embargo preventivo acordada por este Tribunal en fecha 30 de enero de 2013.
Se ORDENA la notificación de la Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), a fin de que si lo consideran procedente ejerzan las acciones administrativas disciplinarias en contra de los funcionarios encargados del presente proceso judicial.
P., regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región capital, en Caracas al primer (01) día del mes de abril del año dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación.
EL JUEZ,
ABG. G.J.C. LEÓN
LA SECRETARIA
ABG. D.M.
En esta misma fecha 01 de abril de 2013, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), se publico y registro la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
ABG. DESSIREÉ MERCHÁN
Exp: 12-3216/Msi.
