NACIONES UNIDAS: DERECHOS HUMANOS Y POBREZA.

AutorMegías Quirós, José Justo

UNITED NATIONS: HUMAN RIGHTS AND POVERTY

La Agenda 2030 estableció en 2015 como primer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) "Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo". Naciones Unidas (NU) ha calificado reiteradamente como escándalo moral el que más de mil millones de personas vivan en extrema pobreza en toda la geografía mundial, siendo aún mayor la cifra de quienes viven en una pobreza relativa (1) que impide llevar no ya una vida plena, sino una vida simplemente digna, con estrecheces, pero digna (2). En los últimos años ha cambiado el enfoque de la pobreza en el sistema de NU y, sobre todo, el modelo para medirla de un modo más acorde a la realidad, tomando en consideración dimensiones antes ignoradas que no se pueden reducir al plano puramente económico, y que han dado lugar a la llamada pobreza multidimensional.

La Declaración La pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobada en 2001 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (3), introdujo esta nueva nomenclatura y propuso afrontar la pobreza desde la perspectiva de los derechos humanos, advirtiendo que toda política debía estar enfocada a proteger y hacer efectivos, al menos, los derechos humanos directamente relacionados con la pobreza, concretados en los derechos "a trabajar, al nivel de vida adecuado, la vivienda, la alimentación, la salud y la educación" (4). Para el Comité no era realista medir la pobreza con el único dato de los ingresos económicos, porque la pobreza no es sólo estar por debajo de un umbral monetario, sino que implica "una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales" (5).

El siguiente paso relevante lo dio el Consejo de Derechos humanos (CDH) con la aprobación en 2012 de los Principios Rectores de la Pobreza, ratificados ese mismo año por la Asamblea General (AG), órgano que con sus resoluciones ha marcado las pautas generales para todo el sistema de UN con las resoluciones aprobadas en el marco del Segundo Decenio (2008-2017) (6) y Tercer Decenio (2018-2027) (7) de NU para la Erradicación de la Pobreza, así como las aprobadas sobre los derechos humanos y la extrema pobreza, la promoción del turismo sostenible para la erradicación de la pobreza y la erradicación de la pobreza rural. También es preciso hacer mención de la actividad del Consejo Económico y Social (ECOSOC), no sólo por su función esencial en relación a la pobreza, sino también por su labor de coordinación de las Comisiones regionales, organismos y programas de NU (8), cuya ayuda técnica a los Estados en la medición de la pobreza ha sido en ocasiones muy relevante.

  1. La pobreza en el Consejo de Derechos Humanos

    Al CDH, órgano creado en 2005 y subsidiario de la AG, le corresponden los cometidos de la extinta Comisión de Derechos Humanos, es decir, además de la coordinación del Examen Periódico Universal (EPU) al que se someten todos los Estados cada cuatro años, le corresponde el control y promoción de todos los derechos humanos, muchos de los cuales están directamente relacionados con la pobreza.

    2.1. Resoluciones del CDH sobre la pobreza

    La Resolución 2006/9 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (9) inició el debate del Proyecto de Principios Rectores con el título "Extrema pobreza y derechos humanos: los derechos de los pobres". Presentaba la pobreza como una vulneración de la dignidad que exigía la adopción de medidas para incrementar los ingresos monetarios y hacer frente al "cúmulo de carencias que afectan permanentemente a diversas facetas de la existencia, merman las posibilidades de las personas que viven en esa situación para volver a asumir sus responsabilidades y reconquistar sus derechos". La finalidad de los Principios sería hacer posible "el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos por todos los seres humanos, incluso los más pobres y los más excluidos" (10).

    Tras años de trabajo, el CDH aprobó en 2009 una breve resolución (11) en la que animaba a la presentación del texto definitivo a la Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza, que hizo público en 2010 un Informe con los principales retos, definiciones conceptuales básicas y mejoras razonadas del Proyecto (12). Ese mismo año aprobó el CDH otra escueta resolución (13) en la que, además de reiterar el compromiso adquirido en la Declaración del Milenio (14) por todos los Estados de reducir la pobreza mundial a la mitad, les instaba a colaborar con la Experta en la elaboración del Proyecto de Principios Rectores.

    En una nueva resolución de 2011, el CDH insistía en que "la existencia de la pobreza extrema generalizada inhibe el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos y su mitigación inmediata y su eliminación en última instancia deben seguir revistiendo un alto grado de prioridad para la comunidad internacional" (15). Pedía al Alto Comisionado de las NU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a todos los organismos, fondos y programas de NU otorgar la máxima prioridad a la lucha contra la pobreza y colaborar con la Relatora en la consecución de este objetivo (16). La Relatora presentó en 2012 el Proyecto final de los Principios Rectores sobre la extrema pobreza (17), aprobados por el CDH ese mismo año en una resolución en la pedía al ACNUDH su divulgación y alentaba a gobiernos, a todo el sistema de NU, organizaciones intergubernamentales e instituciones nacionales de derechos humanos, ONGs y agentes no estatales, incluido el sector privado a tenerlos en cuenta "en la formulación y aplicación de sus políticas y medidas relacionadas con las personas afectadas por la extrema pobreza" (18). Tres meses más tarde fueron reconocidos por la AG con un lacónico "toma nota con aprecio de los principios rectores" (19). La labor del CDH en años posteriores se ha reducido prácticamente a la aprobación de tres nuevas resoluciones sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (20), con escasas aportaciones, salvo la insistencia en recordar (2017) los compromisos adquiridos en este campo desde la aprobación de la Agenda 2030.

    2.2. Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza

    Los Principios Rectores sobre la Pobreza ha resultado ser el documento de NU más completo y ambicioso sobre la erradicación de pobreza, en el que, además de los principios generales que deberían regir toda política relacionada con la pobreza, detalla los derechos humanos que mayor riesgo corren en una situación de pobreza, concretando "parte de las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional" (21).

    El documento comienza con una afirmación rotunda: "es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. (...) Erradicar la extrema pobreza es no solo un deber moral, sino también una obligación jurídica en el marco de la normativa internacional de derechos humanos vigente" (22), porque se trata de "una situación creada, propiciada y perpetuada por acciones y omisiones de los Estados y otros agentes económicos" (23), que puede y debe ser evitada con políticas sociales con un enfoque de derechos humanos, cuyo ejercicio efectivo corresponde asegurar a cada Estado en su territorio (24). La pobreza monetaria pasaba a un plano secundario para situar en el centro del problema la pobreza multidimensional, "que comprende la falta tanto de ingresos como de las capacidades básicas para vivir con dignidad" (25).

    Esto explica que el primer principio rector se formulara como "Dignidad, universalidad, indivisibilidad, relación mutua e interdependencia de todos los derechos" (26), que presenta la dignidad como fundamento de todos los derechos humanos sin excepción, de modo que, cuando se desprotege cualquiera de ellos, el efecto sobre las personas es devastador. Desde esta premisa, el segundo principio fue formulado como "Disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por las personas que viven en la extrema pobreza" (27), que concreta en la obligación de los Estados de asegurar la igualdad de los pobres ante la ley y en el disfrute de todos los derechos, comenzando por la identificación de los grupos vulnerables y desfavorecidos para enfocar las políticas a la protección de sus derechos en condiciones de igualdad (28).

    El tercer principio es el de "Igualdad entre hombres y mujeres" (29). No se trata de una aspiración, sino de la obligación, con todas sus consecuencias, de eliminar las prácticas culturales y tradicionales que obstaculicen la igualdad e impliquen tolerancia de la violencia contra la mujer, así como la obligación de asegurar su autonomía económica, la participación política, el acceso a los servicios públicos (salud, educación y protección social) y la igualdad en el mercado laboral. En línea similar, el cuarto está formulado como "Derechos del niño" (30), del que deriva la obligación de los Estados de garantizar "una atención de salud de alta calidad, una alimentación adecuada, una vivienda, agua potable y saneamiento, y educación primaria" (31).

    El quinto y sexto principios, complementarios entre sí, están referidos a la "Capacidad de actuación y autonomía de las personas que viven en la extrema pobreza" y a la "Participación y empoderamiento" (32). El primero persigue que el fin de toda política contra la pobreza sea empoderar a las personas que la sufren para tomar sus propias decisiones y sean conscientes de su dignidad y sus derechos, mientras que el segundo exige a los Estados "garantizar la participación activa, libre, informada y provechosa de las personas que viven en la pobreza en todas las fases del diseño, la aplicación, la vigilancia y la evaluación de las decisiones y políticas que las afectan" (33), así como asegurar su representación para que se oiga su voz en la adopción de decisiones.

    Los dos...

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