Decisión nº 03-11 de Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sede Maracaibo. de Zulia, de 13 de Enero de 2011

DECISION

Por los fundamentes expuestos (…), Declara:

UNICO: APROBADO Y HOMOLOGADO, lo establecido en relación a la Obligación de Manutención por el abogado en ejercicio E.J.U.S., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 60.653, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano N.M.E.C.F., titular de la cédula de identidad Nro. V.-11.609.450 y, la ciudadana I.U.F., titular de la cédula de identidad Nro. V.-10.919.215, mediante escritos de fechas dieciséis (16) de Julio y veintiuno (21) de septiembre de dos mil diez (2010).

Al respecto, alegó la recurrente que en la recurrida no se hace mención del destino de las cantidades de dinero depositadas, lo que quebranta el derecho de los niños beneficiarios de la pensión.

En efecto, se aprecia que tal dispositivo no contiene la mención de la forma y oportunidad de pago de la obligación de manutención, ni lo concerniente al incremento automático del monto fijado, ni el destino del dinero ofrecido por manutención, resultando del contenido del fallo recurrido, indeterminación de la cosa u objeto sobre la que recae la decisión y la determinación de la cosa juzgada. En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo Justicia, mediante decisión proferida en fecha 25 de febrero de 2004, señaló que ha sido pacífica y constante la jurisprudencia del Alto Tribunal, respecto a que: “toda sentencia debe contener la determinación de la cosa u objeto sobre la que recae la decisión, pues ello permite la ejecución del fallo y la determinación del alcance de la cosa juzgada, requisito que en virtud del principio de unidad del fallo, puede haberse cumplido en cualquier parte de la sentencia”.

Asimismo, de acuerdo con la doctrina patria:

La sentencia, conforme al ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, debe determinar la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión. El criterio general que se sigue al respecto, “es que la determinación aparezca directamente del fallo y no por referencia a otro documento o recaudo fuera del mismo, porque la sentencia debe bastarse a sí misma, y contener en sí todos los requisitos, menciones y circunstancias que la ley exige, sin que sea necesario acudir a otros elementos extraños para completarla o hacerla inteligible. (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. A. Rengel Romberg. Tomo II. Pág. 277).

Así las cosas, al observar este Tribunal Superior que la recurrida no se basta a sí misma, al no existir en ninguna parte de la sentencia los señalamientos previstos en el citado artículo 375 de la Ley especial; son circunstancias que hace inejecutable el fallo, y que configura la infracción del ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo cual vicia de nulidad la sentencia recurrida, de conformidad con el artículo 244 eiusdem.

En tal sentido a la luz de los criterios jurisprudenciales antes citados, estamos en presencia de una decisión que carece del requisito de determinación objetiva, a que se contrae el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento, lo que hace que la misma resulte inejecutable, toda vez que el Juez a quien corresponda la ejecución, no podrá acudir al libelo de demanda o a cualquier otra acta del expediente para proceder a su ejecución.

En el presente caso, este Tribunal Superior advierte que la sentencia recurrida no se basta a sí misma, pues para poder ejecutar su dispositivo, se requiere el auxilio de otros documentos tales como las actuaciones contenidas en el escrito que dio origen a este procedimiento y el escrito mediante el cual la progenitora de los niños acepta la cantidad ofrecida condicionada al deposito de su cuenta bancaria personal, hecho éste que en la recurrida no existe pronunciamiento alguno al respecto, lo cual trae como consecuencia que dicha decisión se haga inejecutable, por consiguiente, el fallo carece de la debida determinación objetiva, por lo que resulta anulable, por estas razones, la denuncia debe declararse con lugar, correspondiendo a este Tribunal Superior decidir de modo final, conforme a lo alegado y evidenciado en autos. Así se decide.

IV

DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN LA SUSTANCIACION

De la revisión de las actas que conforman el expediente, consta que ante el órgano jurisdiccional el ciudadano N.M.E.C.F., presentó escrito mediante el cual señala que contrajo matrimonio con la ciudadana I.C.U.F., unión de la que procrearon dos hijos, que son venezolanos y tienen 7 y 3 años de edad; que por problemas de pareja se ha separado de hecho de su cónyuge, que han interrumpido indefinidamente su vida en común, que a pesar de ello, su pretensión es no desatender a sus obligaciones de padre, que siempre ha estado pendiente de sus hijos cubriéndoles desde su nacimiento, las necesidades morales, económicas y afectivas, cumpliendo con la pensión alimentaria, relacionando detalladamente, los montos y conceptos para los cuales realiza pagos relacionados con los niños NOMBRES OMITIDOS.

Refiere el mencionado ciudadano que en atención a la obligación que impone la Ley, ha sido imposible concretar con la madre de sus hijos, el monto de la pensión alimentaria que cubra las necesidades de los niños, por lo que solicita al Tribunal la fijación de la obligación de manutención a favor de sus hijos, en tal sentido ofrece la cantidad de Bs. 15.000,oo mensuales para satisfacer las necesidades económicas de los niños NOMBRES OMITIDOS. Indica el lugar donde se habrá de practicar la citación de la ciudadana I.U.F., así como la notificación del Fiscal del Ministerio Público con competencia en la materia, finalmente establece domicilio procesal y pide sea declarada con lugar la demanda incoada.

Mediante auto de fecha 9 de marzo de 2010 el a quo admitió el asunto como solicitud de fijación de obligación de manutención y de conformidad con lo previsto en el artículo 514 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ordenó la comparecencia de la ciudadana I.U.F., para el tercer día después de constar en autos su citación, con el objeto de celebrar una conciliación entre los intervinientes, advirtiéndole que en caso de no llegar a un arreglo, la demandada procedería en ese mismo día a dar contestación a la solicitud, proponiendo todas las defensas y excepciones a que hubiera lugar; igualmente ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público y constancia de las documentales acompañadas.

Al respecto, se aprecia que el a quo sustanció el ofrecimiento de cantidad dineraria por concepto de obligación de manutención, de acuerdo a lo establecido para el procedimiento especial establecido para alimentos y guarda previsto en el Capítulo VI, Título IV de las Instituciones familiares, consagrado en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, asunto que no encuentra objeción alguna ni conlleva a la reposición de la causa, para ser sustanciada por un procedimiento diferente, en razón de que tal ofrecimiento está vinculado a la obligación de manutención, lo que aplica al procedimiento diseñado para tales fines, por tanto, la interpretación del a quo no resulta errónea al fijar el procedimiento empleado de acuerdo con las normas sustantivas relativas al caso.

En efecto, con respecto al trámite que debe dársele a la demanda o solicitud para dar cumplimiento a la obligación de manutención y la revisión de la pensión fijada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 15 de mayo de 2002, fallo en el que se alude a la incorrecta tramitación de demanda por incumplimiento de obligación alimentaria, declaró lo siguiente:

La Sala observa que el artículo 384 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente expresamente dispone que:

Con excepción de la conciliación, todo lo relativo a la obligación alimentaria debe ser decidido por vía judicial, siguiéndose para ello el procedimiento previsto en el Capítulo VI de este Título [Procedimiento Especial de Alimentos y de Guarda]

(Destacado de la Sala).

Dicha disposición expresamente ordena la tramitación de los juicios de un único procedimiento. Por tanto, la calificación que el juez dio a la demanda en el auto de admisión (de fijación de pensión) no violó el debido proceso, pues, tanto la fijación como el cumplimiento, se tramitan de igual manera y, en ambos, el juez debe instar a la conciliación sobre los aspectos disponibles de la pretensión.

De esta forma, este Tribunal Superior, ratifica las actuaciones practicadas por el a quo, mediante el trámite aplicado para el procedimiento de alimentos y guarda, en solicitud de ofrecimiento de obligación de manutención incoado por el progenitor de los niños de autos, en consecuencia, no existe causa de nulidad ni causa que implique el quebrantamiento del debido proceso ni el derecho a la defensa; quedando así desvirtuados loa alegatos sobre este particular, formulados por la recurrente. Asimismo, resulta el a quo competente para conocer por vía principal y ser falso el argumento del recurrente en cuanto a que, el Tribunal actuando fuera de su competencia, no aplicó la norma que dispone que el juez competente para conocer en manutención es el que conoce del juicio de divorcio, pues la previsión contenida en el artículo 360 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, solo aplica en los casos en que no se encuentre establecida la previsión por obligación de manutención o no exista un procedimiento que se esté llevando por vía autónoma al respecto, por lo que se desecha la defensa alegada. Así se decide.

Corre agregada al folio 26 copia certificada de boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público, practicada en fecha 14 de mayo de 2010 y entregada a la secretaria en fecha 17 de mayo del mismo año, lo cual se corrobora con la nota de asiento diario Nº 74 de la misma fecha, estampada al pie de la identificada boleta, por lo cual falsea la verdad el recurrente al expresar en su formalización que tal notificación no fue practicada, aspecto por el que solicita la reposición de la causa, lo cual se desestima.

A mayor abundamiento, debe precisar esta alzada que aún cuando no se hubiere practicado la notificación del Fiscal del Ministerio Público, la reposición resulta improcedente, ya que en este sentido se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 15 de Mayo de 2002, y dejó sentado que:

1. No es necesaria la notificación del Ministerio Público en todos los procedimientos de menores.

   (…). Para la decisión del punto controvertido, la Sala debe referirse al artículo 170, letra C, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en adelante LOPNA:

   (Omissis).

2. Defender el interés del niño y del adolescente en Procedimientos Judiciales o Administrativos.

   También es necesario citar el artículo 172 ejusdem que sanciona “La falta de intervención del Ministerio Público en los juicios que la requieran implican la nulidad de actos”.

   La demandante, al parecer, ha interpretado de los artículos que fueron transcritos, que es necesaria la notificación del Ministerio Público en todos los procedimientos de menores, so pena de nulidad. Sin embargo la Sala deciente de esa interpretación y considera que la LOPNA solo preceptúa la nulidad de aquellos procedimientos donde la ley ordene la participación o citación del Ministerio Público, cuando ello no se verifique, tal sería el caso por ejemplo del Procedimiento Contencioso en Asuntos Familiares y Patrimoniales (articulo 497); de la acción de Protección (artículo 278, letra A), todos ellos regulados por la LOPNA. Observa la Sala que ese caso no es el caso del Procedimiento Especial de Alimentos y de Guarda, donde la Ley no ordena la participación o citación del Ministerio Público.

   En tal sentido, y atendiendo al llamado establecido en el artículo 321 del Código de procedimiento Civil que establece que los Jueces de instancias procuraran acoger la doctrina de casación, establecidas en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la Jurisprudencia y, con mayor fundamentación lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala que las interpretaciones que establezcan la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República; este Tribunal Superior desestima el pedimento de la parte recurrente referente a la reposición de la causa, al estar suficientemente razonada ha sido la negativa de este Tribunal a tal pedimento y, se intima a la recurrente y sus apoderados judiciales para que en el futuro actúen en los procesos con lealtad y probidad, exponiendo los hechos de acuerdo a la verdad, no interponer pretensiones ni alegar defensas, cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos, ni realizar actos inútiles a la defensa del derecho que sostengan; por lo que se les intima a que se abstengan de hacer uso abusivo de fundamentos no acordes con la realidad de los hechos tal como ocurre en el caso de marras, que si bien tal notificación no resulta ser necesaria en el caso de autos, la misma se practicó como ha quedado demostrado. Así se decide.

   Mediante diligencia de fecha 21 de mayo de 2010, la representación judicial del ciudadano N.M.E.C.F., manifiesta que consignó cheques ante el a quo, a favor de sus hijos a los fines de que sea abierta una cuenta de ahorros en el Banco Bicentenario de esta ciudad y a nombre de la Sala de Juicio, a objeto de que sea autorizada la progenitora de los niños, para cubrir todos los conceptos necesarios y requeridos por los niños. Tal pedimento, según se aprecia, fue acordado por el a quo mediante auto de fecha 25 de mayo del mismo año, haciendo la participación correspondiente a la institución bancaria y remitiendo los cheques consignados.

   Consta de autos que la citación personal de la progenitora de los niños se efectuó en fecha primero de julio de 2010; en fecha 8 de julio de 2010, la ciudadana I.U.F., con asistencia de abogado presentó escrito mediante el cual solicitó la perención de la instancia; al acto conciliatorio solo se presentó el accionante, en la siguiente oportunidad su apoderado judicial promovió pruebas y, en fecha 21 de julio del mismo año, el a quo negó la perención de la instancia solicitada. Al respecto, observa esta alzada que de acuerdo a los autos, tal decisión resultó acertada, pues no se evidencia ninguna circunstancia que haga posible la perención de la instancia, por tanto, al ser la perención una institución de orden público, resultó acertada en derecho la decisión dictada. Así se decide.

   En escrito presentado en fecha 22 de julio de 2010 por el apoderado judicial del actor, solicitó la remisión del expediente a la Sala de Juicio a cargo del Juez Unipersonal Nº 3 por encontrarse conociendo de juicio de divorcio, previó que oficiara a la misma, a los fines de que certificara la existencia de la referida causa, distinguida con el Nº 16.401. Tal aspecto no aparece resuelto por el a quo, de modo que ante el alegato del recurrente de que tal omisión se circunscribe en que las actuaciones realizadas por el sustanciador pudieran resultar anulables por haber actuado fuera de su competencia, es un punto que no resulta admisible por cuanto, todo lo relacionado con la obligación de manutención incoado por vía autónoma debe ser resuelto por el procedimiento especial establecido para alimentos y guarda previsto en el Capítulo VI, Título IV de las Instituciones familiares, consagrado en los artículos 511 y siguientes de la ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por lo que se desecha el planteamiento que arguye la recurrente, relacionado con la incompetencia de la Juez que sustanció este procedimiento. Así se decide.

   En fecha 23 de julio de 2010, compareció ante el a quo la ciudadana I.U.F., y asistida de la abogada Aurymary Salas, ejerció recurso de apelación del cual posteriormente desistió en fecha 21 de septiembre del mismo año. En ésta misma fecha, produce en autos escrito mediante el cual expone que, vista la solicitud de fijación de obligación de manutención realizada por su cónyuge, en beneficio de sus hijos, tomando en consideración lo contemplado en el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual según refiere, le resulta claro que la responsabilidad de la obligación es de ambos, es la razón por la cual a los fines de garantizarles el interés superior a los hijos comunes, señala que conforme al artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, en ese acto conviene en aceptar la cantidad de Bs. 15.000,oo, ofrecida por su cónyuge, en beneficio de sus hijos, por concepto de obligación de manutención y, solicita al Tribunal de por consumado el acto y proceda como en sentencia basada en autoridad de cosa juzgada; pide que las cantidades de dinero sean depositadas en la cuenta corriente que a su nombre tiene en el Banco Occidental de Descuento, la cual identifica con su número.

   Del estudio y análisis exhaustivo de las actuaciones contenidas en el expediente, no aprecia este Tribunal Superior, la existencia de alguna circunstancia que implique el quebrantamiento de normas de orden público, pues se actuó mediante el procedimiento previsto en la Ley para el caso de autos, se evidencia que la recurrente fue debidamente citada, que tuvo la oportunidad de defenderse y presentar pruebas y no lo hizo; pues al interrogatorio formulado por este tribunal en el acto de formalización del presente recurso, la ciudadana I.C.U.F., respondió, que si compareció ante la Sala de Juicio acompañada de abogado, que fue informada por su abogada que tenía que aceptar la propuesta por no haber estado presente en el acto fijado por el tribunal y eso se podía revisar; que aceptó porque según lo que le informó su abogada estaba contra la espada y la pared; al preguntarle quien aquí juzga, sobre si aceptó voluntariamente ese convenimiento, respondió: “Sentí que no tenía otra salida”; si fue obligada por la Juez Unipersonal N° 2 a aceptar el convenimiento, respondió: “Por la Juez directamente no, tuve un inconveniente con un alguacil porque me llevaba un procedimiento detectivesco”, refiere que al ser citada el alguacil tenía una foto de ella y de sus hijos que le había entregado el abogado de su cónyuge; asimismo, respondió al interrogatorio realizado, que si está consciente que la justicia es gratuita y libre de dádivas.

   En consecuencia, evidenciado y admitido ante esta alzada por la ciudadana I.C.U.F., que en forma voluntaria, libre de apremio y coerción y asistida de su abogada, compareció al Tribunal y convino en aceptar la cantidad de Bs. 15.000,oo mensuales, conforme al ofrecimiento realizado por su cónyuge para cumplir con la obligación de manutención para sus dos hijos, que no se evidencia de autos que el Tribunal actuante en la Primera Instancia, la haya conminado a aceptar el ofrecimiento realizado en beneficio de sus hijos, resultando falso lo alegado por su apoderado judicial en el acto de formalización del presente recurso y se concluye que no existe en autos razón o motivos para declarar la nulidad de las actuaciones realizadas en este procedimiento. Así se decide.

   Es menester ratificar la competencia de la Juez Unipersonal N° 2 actuante, desestimando todos y cada uno de los argumentos realizados, incluyendo la violencia, error o dolo en lo convenido y el supuesto fraude procesal alegado Así se declara.

   V

   DE LA HOMOLOGACION DEL MONTO OFRECIDO Y ACEPTADO

   Con vista a lo resuelto con anterioridad, pasa este Tribunal Superior a resolver si procede la homologación del ofrecimiento de pensión de manutención efectuada por el progenitor y la aceptación realizada por parte de la madre de los niños e hijos comunes de la pareja de autos.

   Al respecto, se observa que, en el sub iudice el progenitor oferente refiere haber tenido problemas de pareja con su cónyuge y en atención a la obligación que le impone la Ley, no le ha sido posible concretar con la madre de sus hijos, el monto de la pensión por obligación de manutención para cubrir las necesidades de los niños, por lo que solicita al Tribunal la fijación de la obligación de manutención a favor de sus hijos y al efecto, ofrece la cantidad de Bs. 15.000,oo mensuales para satisfacer las necesidades económicas de los niños NOMBRES OMITIDOS

   En la audiencia oral de formalización del presente recurso, al se interrogado por la suscrita Juez, respondió mantener el monto de la cantidad ofrecida por obligación de manutención para sus hijos, en base a los costos que él conoce y ser una carga que siempre ha tenido con sus hijos; con respecto al requerimiento del porcentaje que propondría para aumentar la pensión ofrecida en forma proporcional, señaló que sería la que fije el Banco Central de Venezuela.

   Ahora bien, dispone la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en el artículo 375, lo siguiente:

   El monto a pagar por concepto de obligación alimentaria, así como la forma y oportunidad de pago pueden ser convenidos entre el obligado y el solicitante. En estos convenios debe preverse lo concerniente al incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a la homologación del juez, quien cuidará siempre que los términos convenidos no sean contrarios a los intereses del niño o del adolescente. El convenimiento homologado por el juez tiene fuerza ejecutiva.

   Del artículo antes transcrito se desprende que el monto por obligación de manutención, puede ser convenido entre ambos progenitores y si el mismo no es contrario al interés superior del niño, niña o adolescente debe ser homologado por el Juez de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que resulte competente por el domicilio del o los hijos beneficiarios.

   En el presente caso la madre de los niños no dio contestación oportuna a la solicitud de ofrecimiento de cantidad por pensión de manutención, ni durante el lapso probatorio produjo prueba alguna que les favoreciere, sin embargo, con posterioridad y antes de la sentencia de primera instancia, se presentó asistida de abogada e introdujo escrito mediante el cual expone que, vista la solicitud de fijación de obligación de manutención realizada por su cónyuge, en beneficio de sus hijos, tomando en consideración lo contemplado en el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual según refiere, le resulta claro que la responsabilidad de la obligación es de ambos, es la razón por la cual a los fines de garantizarles el interés superior a los hijos comunes, señala que conforme al artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, en ese acto conviene en aceptar la cantidad de Bs. 15.000,oo, mensuales ofrecida por su cónyuge, en beneficio de sus hijos, por concepto de obligación de manutención, finalmente, solicita al Tribunal de por consumado el acto y proceda como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; pide que las cantidades de dinero sean depositadas en la cuenta corriente que a su nombre tiene en el Banco Occidental de Descuento, la cual identifica con su número bancario.

   Ahora bien, de acuerdo con la doctrina, el convenimiento es la renuncia que hace el demandado a las excepciones y defensas que ha opuesto, y acepta todo lo que pide la parte actora; es así como, de conformidad con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, el acto por el cual las partes realizan un convenimiento judicial es irrevocable, aún antes de la homologación del Tribunal, tal cual está previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.

   En consecuencia, visto el ofrecimiento de la cantidad de bs. 15.000,oo mensuales por obligación de manutención formulado por el progenitor de los niños NOMBRES OMITIDOS, la aceptación voluntaria realizada por la progenitora de los niños, así como la aclaratoria realizada por las partes, verificado por este Tribunal Superior que el asunto no versa sobre aspectos en los cuales estén prohibidas las transacciones ni este referida a derechos indisponibles, considerando que tal cantidad resulta razonable para los dos hermanos hijos comunes de la pareja de progenitores, que lo convenido es un medio de autocomposición procesal permitido por el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que cumple con los requisitos de procedibilidad, se establece que su cumplimiento debe realizarse por adelantado dentro de los primeros cinco días de cada mes, que el atraso injustificado acarrea intereses calculados a la rata del 12% anual, que la referida cantidad de dinero debe ser depositada en la cuenta bancaria que existe a la orden del Tribunal de la causa, para ser entregados a la progenitora de los niños al momento que lo requiera. Asimismo, se establece la previsión que la cantidad acordada por los progenitores como obligación de manutención para sus hijos conlleva el incremento automático y proporcional, sobre la base de los elementos que comprendan la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela; en estos términos se concluye que el ofrecimiento y aceptación debe ser aprobado y homologado con judicial decreto como se hará en la dispositiva del presente fallo, Así se declara.

   VI

   DECISION

   Por los fundamentos expuestos, este TRIBUNAL SUPERIOR DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, SEDE MARACAIBO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación formulado por la ciudadana I.C.U.F.. 2) SIN LUGAR la reposición de la causa solicitada por la recurrente como punto previo. 3) NULA la sentencia de fecha 5 de octubre de 2010, dictada por la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cargo de la Juez Unipersonal Nº 2 con sede en Maracaibo. 4) HOMOLOGA la aceptación por parte de la ciudadana I.C.U.F., actuando en representación de sus hijos, de la cantidad ofrecida en la demanda de fijación de obligación de manutención, propuesta para sus hijos, por el ciudadano N.M.E.C.F.. 5) SE ESTABLECE de acuerdo con lo convenido, que la cantidad por concepto de obligación de manutención, es la cantidad de QUINCE MIL BOLIVARES (Bs. 15.000,oo) mensuales, para los niños NOMBRES OMITIDOS, la cual debe realizarse por adelantado ya que el atraso injustificado acarrea intereses calculados a la rata del 12% anual, tal suma de dinero es pagadera los primeros cinco días de cada mes, depositados en la cuenta bancaria que existe a la orden del Tribunal de la causa, para ser entregados a la progenitora de los niños al momento que lo requiera. Asimismo, se establece la previsión que la cantidad acordada por los progenitores como obligación de manutención para sus hijos conlleva el incremento automático y proporcional, sobre la base de los elementos que comprendan la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela. 6) SE IMPARTE la aprobación y judicial decreto al acuerdo sobre la cantidad ofrecida por concepto de obligación de manutención para los hermanos NOMBRES OMITIDOS y, se homologa con carácter de cosa juzgada formal. 7) SE EMPLAZA a la Juez Unipersonal Nº 2 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, a ser más cuidadosa en sus fallos y producir sentencias conforme lo alegado y probado en autos, evitando dictar sentencias que atenten contra disposiciones legales, la seguridad jurídica y principios como el de economía procesal. 8) ADVIERTE a los progenitores que cuando se modifiquen los supuestos conforme a los cuales se dicta la presente decisión, el Juez de la Sala de Juicio, podrá revisarla a instancia de parte, siguiendo para ello el procedimiento contenido en la Ley especial que rige esta materia. 9) NO HAY CONDENA EN COSTAS por ser un recurso que ha prosperado parcialmente.

   PUBLIQUESE Y REGISTRESE.

   Déjese copia certificada del presente fallo para el archivo de este Tribunal.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo, a los trece (13) días del mes de enero de 2011. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

   La Juez Superior,

   O.M.R.A.

   La Secretaria,

   M.V.L.H.

   En la misma fecha, se publicó el anterior fallo quedando registrado bajo el No. 03 en el libro de sentencias interlocutorias llevado por este Tribunal en el presente año 2010. La Secretaria,