Decisión nº 712-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Mayo de 2014

Se declara LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA de conformidad con lo previsto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, estando así dentro de uno de los supuestos establecidos en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra de los ciudadanos “1) A.A.C.F., Venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 21.361.158, nacido en fecha 31-10-1990, estado civil soltero, Profesión u oficio chofer, hijo de L.F. y L.C., Residenciado en: Urbanización la polar, calle 207, Barrio 17 de diciembre, casa N° 48R-154, Maracaibo, Estado Zulia, teléfono 0261-5249651, “2)J.M.L.V., Venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 21.688.152, nacido en fecha 28-02-1981, estado civil Soltero, Profesión u oficio Chofer, hijo de C.V. y L.L., Residenciado en: Ciudad lozada, manzana 6, casa N° 125, Maracaibo, Estado Zulia, teléfono 0424-6600932, “3) M.A.O.C., Venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 17.412.070, nacido en fecha 22-02-1985, estado civil Soltero, Profesión u oficio Chofer, hijo de D.C. y R.O., Residenciado en: Barrio los ríos, sector la rinconada, avenida 1E, Casa N° 3-194, Maracaibo, Estado Zulia, teléfono 0261-7175725, “4)C.L.P.P., Venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 25.803.635, nacido en fecha 14-10-1990, estado civil Soltero, Profesión u oficio Chofer, hijo de E.P. y N.P., Residenciado en: Barrio Balmiro León, Calle 34, Casa N| 92-54, Maracaibo, Estado Zulia, teléfono 0426-8621321, “5) D.A.R.F., Venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 14.737.777, nacido en fecha 30-04-1979, estado civil Soltero, Profesión u oficio Chofer, hijo de L.F. y W.R., Residenciado en: Barrio ayacucho, casa N° 69-35, frente al conjunto residencial sindirela, Maracaibo, Estado Zulia, teléfono 0426-7399117, “6) W.B.M.G., Venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 14.427.408, nacido en fecha 15-05-1978, estado civil Soltero, Profesión u oficio Obrero, hijo de R.G. y B.M., Residenciado en: el Valle, sector san andres, casa N° 2, Maracaibo, Estado Zulia, teléfono 0212-6151020, 7) MAIRELYS DEL C.B.B., titular de la cédula de identidad V-17.916.402, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, de fecha de nacimiento 19-08-1986, estado civil concubina, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de M.B. y N.B., residenciada en el Barrio Miraflores, av 108, N° 79C-204, del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0416-8104856.” 8) ISLEYDA DEL C.B.B., titular de la cédula de identidad V-14.369.293, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, de fecha de nacimiento 24-02-1976, estado civil soltera, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de M.B. y N.B., residenciada en el Barrio Miraflores, av 108, N° 79C-204, del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0414-6075213. 9)A.M.S.M., titular de la cédula de identidad V-15.021.590, de nacionalidad venezolana, de fecha de nacimiento 02-11-1974, estado civil soltera, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de A.L.M. y S.S., residenciada en el Barrio Hato Escondido, av 109, calle principal S/N de casa rancho de lata, a tres cuadras del colegio J.F.R., del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0416-0140808. 10) YUSBELY P.G.S., titular de la cédula de identidad V- 19.292.455, de nacionalidad venezolana, de fecha de nacimiento 11-10-1984, estado civil soltera, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de M.B. y N.B., residenciada en el Barrio Miraflores, av 108, N° 79C-204, del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0414-6075213. 11) “LISSETTE DEL C.V.D.M., titular de la cédula de identidad V- 11.280.568, de nacionalidad venezolana, de fecha de nacimiento 02-08-1971, estado civil soltera, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de M.B. y N.B., residenciada en el Barrio Miraflores, av 108, N° 79C-204, del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0414-6075213. “12) M.D.V.M.L., titular de la cédula de identidad V-16.727.443, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, de fecha de nacimiento 28-10-1981, estado civil soltera, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de C.M.L. y T.M., residenciada en el Barrio Indio Mara, calle 30, casa 31-36, del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0416-5699083. “13) M.R.M., titular de la cédula de identidad V-14.006.658, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, de fecha de nacimiento 18-07-1977, estado civil soltera, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de E.M. y L.A.R., residenciada en el Barrio E.Z., Parroquia I.V., calle 32, N° 22ª-147, del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0426-1140406. “14) M.E., titular de la cédula de identidad V-22.165.296, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, de fecha de nacimiento 10-07-1976, estado civil soltera, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de B.E. y SEGUNDO VENIEL, residenciada en el Barrio Ajonjolí, Invasión Condorito, parcela 9, del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0416-9087036. “15) L.M.M., titular de la cédula de identidad V-17.086.461, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, de fecha de nacimiento 18-10-1979, estado civil soltera, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de R.M. y R.T., residenciada en el Barrio Brisas del Norte, av 21F, casa 18-81, del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0261-7185971. “16) MAYDELIS G.M., titular de la cédula de identidad V-25.241.959, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, de fecha de nacimiento 10-08-1984, estado civil concubina, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de R.M. y A.G., residenciada en el Barrio Ajonjolí, primera calle, casa S/N°, a tres cuadras del deposito Ajonjolí, del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: NO POSEE. “17) R.M., titular de la cédula de identidad V-7.696.550, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, de fecha de nacimiento 04-08-1955, estado civil soltera, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de D.M. y SEGUNDO BARROS, residenciada en el Barrio San Bernando, detrás del CDI I.V., del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: NO POSEE. “18) Y.E., titular de la cédula de identidad V-18.741.835, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, de fecha de nacimiento 22-12-1986, estado civil soltera, de sexo femenino, de profesión u oficio ama de casa, hija de B.E. y PADRE DESCONOCIDO, residenciada en el Barrio Palo Negro, segunda etapa, avenida principal, casa 36ª-16, del municipio Maracaibo del estado Zulia, teléfono: 0416-4995875. “ 19) R.E.M.I., Venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 7.826.978, nacido en fecha 23-12-1959, estado civil Casado, Profesión u oficio Albañil, hijo de C.I. y J.M., Residenciado en: Barrio 1ero de marzo, calle 207, casa N° 48J-77, Maracaibo, Estado Zulia, teléfono 0416-0174588, 20) EURITH J.A.R., Venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 24.957.363, nacido en fecha 13-01-1996, estado civil Soltero, Profesión u oficio Estudiante, hijo de Eiribeth Romero y Eudo Andrade, Residenciado en: Barrio Hato escondido, calle 60, avenida 108f, casa N° 59-52, Maracaibo, Estado Zulia, teléfono 0414-6401391, por considerar a los mismos como presuntos autores o participes en la comisión del delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el articulo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en Gaceta Oficial No. 40340 de fecha 23 de enero de 2014 en concordancia con el articulo 56 de la referida ley, delito cometido en perjuicio de la COLECTIVIDAD Y DEL ESTADO VENEZOLANO, de conformidad con el articulo 242 ordinales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 1.- Presentaciones por ante este Tribunal, a través del Sistema Automatizado de Presentaciones una vez treinta (30) días, incluyendo las veces que sea convocado y 2.- Prohibición de salida del país, sin autorización expresa del Tribunal. Desestimándose de esta manera el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR. Razón por la cual se declara parcialmente con lugar lo solicitado por el Ministerio Público y por las defensas técnicas.

Se acuerda con lugar la solicitud del Ministerio Público, y en consecuencia decreta MEDIDAS PRECAUTELATIVAS DE ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN AL VEHICULO: 1.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: MALIBU; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: AUC-104; SERIAL DE CARROCERIA: 013VWG597441; COLOR: AZUL; AÑO: 1984; TIPO: SEDAN; 2.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: CAPRICE; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: AB594YK; SERIAL DE CARROCERIA: 1N094BV10386; COLOR: MARRON; AÑO: 1981; TIPO: SEDAN; 3.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: MALIBU; USO: TRANSPORTE PUBLICO; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: 444A9DV; SERIAL DE CARROCERIA:1C29LGV103464; COLOR: AZUL; AÑO: 1977; TIPO: SEDAN; 4.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: MALIBU; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: TAB007; SERIAL DE CARROCERIA: 1W69ACV318713; COLOR: COBRE; AÑO: 1982; TIPO: SEDAN Y 5.- MARCA: FORD; MODELO: FAIRLANE; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: ACM03Y;SERIAL DE CARROCERIA:AJ27TB41465; COLOR: BLANCO; AÑO: 1977; TIPO: SEDAN, quedando incautados dichos bienes de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos, debiendo ser llevado por el órgano policial actuante de manera inmediata al Estacionamiento Judicial más cercado al lugar de la aprehensión donde permanecerá a la orden de este tribunal. Asimismo, se acuerda colocar la mercancía perecedera incautada a la orden de los mercados Populares MECZUL, los cuales una vez practicada la experticia procederán a la venta a precios regulados de dicha mercancía, debiendo realizar un apartado producto de dicha venta a la orden de este tribunal, a objeto de garantizar su devolución en caso de no quedar demostrada la responsabilidad penal de los imputados. ASÍ SE DECIDE.

A los fines de que el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, continúe con la investigación de los hechos que dieron origen de la presente causa se acuerda la tramitación del asunto por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con los artículos 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena oficiar al Comandante de la Guardia Bolivariana de Venezuela a los fines de notificarle lo aquí acordado.

DE LA APELACIÓN DE AUTOS INCOADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO:

En este mismo acto, conforme al artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, se le concede el derecho de palabra a las Fiscales del Ministerio Público quienes en este mismo acto interponen el recurso de Apelación en Efecto Suspensivo:

En este acto mismo acto, ciudadano Juez, con el debido respeto, vista la decisión emitida ocurrimos y exponemos según lo establecido en los artículos 111 numeral 14 y 374 del Código Orgánico Procesal Penal y 285 ordinal 3 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y en el siguiente criterio jurisprudencial:…se trata de una medida de naturaleza instrumental y provisional, cuya eficacia está limitada en el tiempo, por cuanto la suspensión se extingue al dictarse la decisión de alzada, sea que confirme o que revoque la providencia apelada. De esta forma, y sin que ello contraríe el carácter garantista de los derechos del imputado y del acusado que caracteriza al Código Orgánico Procesal Penal, éste prevé expresamente el efecto suspensivo en referencia, a fin de asegurar la posibilidad de aplicar, posteriormente, la sanción privativa de libertad, en caso de que se revoque la decisión impugnada; ello, a objeto de garantizar la aplicación de la Ley penal y, por tanto, tutelar los bienes jurídicos que a través de ella se protegen. “(Sentencia 25 de marzo de 2003 dictada en el expediente Nº 02-1746), así como por las sentencias que a continuación se mencionan para mayor ilustración del juzgado de control a su buen cargo: Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1082, de fecha 01-06-07, con ponencia del Magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO, en base a los distintos pronunciamientos de la aplicación del efecto suspensivo, estableció lo siguiente:.... Cuando el Juzgador acuerde la liberación del Imputado y el Ministerio Publico ejerza el Recurso de Apelación, la misma se suspenderá provisionalmente, y la suspensión se extingue al dictarse la decisión de alzada....” De igual manera, la Sala de Casación Penal de nuestro máximo tribunal de Justicia, reitera la decisión esgrimida por la sala constitucional y mencionada con anterioridad, y por ello en fecha 11-08-08, bajo la decisión Nº 447, con ponencia de la Magistrada MIRIAM MORANDY MIJARES, se estableció lo siguiente:....“Cuando el Juzgador acuerde la liberación del Imputado y el Ministerio Publico ejerza el Recurso de Apelación contra tal decisión, la misma se suspenderá provisionalmente, mientras se tramita el conocimiento del caso en alzada...”

Por lo que en este sentido, vista la decisión que se toma para acordar la libertad inmediata de los Imputados de autos, en este acto procedemos a interponer y formalizar LA APELACION EN EFECTO SUSPENSIVO, que contrae el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual establece que: “La decisión que acuerde la libertad del imputado, es de ejecución inmediata, excepto cuando se tratare de delitos de homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, delitos de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública, tráfico de droga de mayor cuantía, legitimación de capitales contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia Organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra o cuando el delito merezca pena privativa de libertad que exceda de 12 años en su límite máximo y el Ministerio Público ejerciere el recurso de apelación oralmente en la audiencia, en cuyo caso se oirá la defensa, …”

Recurso que se interpone en contra de la Decisión Interlocutoria que otorga la libertad inmediata de los Imputados 1.-A.A.C.F.; 2.-J.M.L.V.; 3.-M.A. OLAVE CUELLO; 4.-C.L.P.P.; 5.-D.A.R.F.; 6.-W.B.M.G.; 7.-MAYRELIS DEL C.B.B.; 8.-ISLEIDA DEL C.B.B.; 9.-A.M.S.M.; 10.-YUSBELY P.G.S.; 11.-L.D.C.V.D.M.; 12.-M.D.V.M.L.; 13.-M.R.M.; 14.-EPIEYU MAGALIS; 15.-L.M.M.; 16.-MAYDELIS G.M.; 17.-R.E.M.I.; 18.- EURITH J.A.R.; 19.-R.M. Y 20.-Y.E., quienes fueron aprehendidos por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en Nueva Lucha, en fecha 21 de Mayo de 2014, siendo aproximadamente las 10:30 de la mañana, se estableció comisión integrada por Tres (03) Efectivos de Tropa Profesional adscritos al Cuarto Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nro. 31 del Comando Regional Nro.3 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el Sector Nueva Lucha de la Parroquia Ricaurte, Municipio M.d.E.Z., al Mando del SM/1RA. ROBERTIS G.C., en vehículo militar marca Toyota, tipo chasis corto, modelo Lands Cruiser, placas GN-1525, con destino a la jurisdicción de esta Unidad Militar, instalando un punto de control móvil a la altura del sector Mata Palo, Carretera Via la playa, Municipio M.d.E.Z., donde se pudo visualizar una serie de cinco (05) vehículos aproximadamente los cuales se desplazaban a alta velocidad por lo cual se activó plan de defensa por parte de la comisión militar, efectuándoles las señales para que se detuviesen a lado derecho de la carretera, lo cual hicieron de manera conforme, procediendo a identificar los vehículos y sus ocupantes como queda descrito: UN (01) VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO FAIRLANE 500, COLOR BLANCO, PLACAS ACMD3Y, TIPO SEDAN, SERIAL DE CARROCERÍA AJ27TB41465, AÑO 1997, conducido por el ciudadano, CHACIN F.A.A., titular de la cedula de identidad nro. V-21.361.158, en el cual transportaba a la ciudadana VALBUENA DE M.L.D.C., Titular de la Cedula de Identidad V-11.280.568, fecha de nacimiento 02/08/1971 de 42 años edad y el ciudadano MEJIAS IGUARAN R.E., Titular de la Cedula de Identidad nro. V-7.826.978, Fecha de Nacimiento 23/12/59, de 54 años de edad, en cuyo Vehículo se detectó la cantidad de Veinte y tres (23) unidades de Atún enlatado, marca margarita, con un peso de 354 Gramos, un valor Setenta (70,00) Bolívares aproximadamente y un valor total de mil setecientos treinta (1.730,00) Bolívares, Cuarenta (40) Unidades de Jabón en Pasta, Marca Las Llaves, con un peso de 250 gramos, con un valor de diez (10,00) Bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos (400) bolívares aproximadamente, Cinco (05) unidades de enjuague Bucal Marca Colgate, de 500 ml, con un valor de cincuenta y cuatro (54,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos setenta (270) bolívares, Nueve (09) Unidades de ambientador marca glade, de trescientos sesenta centímetros cúbicos, con un valor de cuarenta (40,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trescientos sesenta (360) bolívares, Dos (02) unidades de Desinfectante marca Mistolin de 828 ml, con un valor de quince (15) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de treinta (30,00) bolívares, Dos (02) unidades de desinfectante marca pinolin de 1L, con un valor de 15 bolívares cada una aproximadamente y un valor total de treinta (30,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de Salsa Rosada Marca Albeca, de 1kg, con un valor de treinta y cinco (35) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento Cuarenta (140,00) bolívares, Tres (03) Unidades de Mayonesa marca mavesa, de 910 gramos, con un valor de cuarenta y siete (47) bolívares y un valor total de ciento cuarenta y un (141,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de Queso Fundido Cheez Whiz, Marca Kraft, de 300 gramos cuarenta y cinco (45,00) Bolívares cada uno aproximadamente y un valor de ciento Ochenta (80,00) bolívares, Dos (02) Unidades de Bebidas achocolatada, Marca Todyy, (pote), de 400 gramos con un valor de cincuenta y ocho (58,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento dieciséis (116,00) bolívares, Dos (02) Unidades de Bebidas achocolatada, Marca Todyy, (sobre), de 400 gramos con un valor de cincuenta y cuatro (54,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento ocho (108,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de avena en hojuelas, (sobre), marca Quaker, de 800 gramos con un valor de veinte y siete (27,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento ocho (108,00) bolívares, Doce (12) Unidades de cereal en hojuelas (caja) marca Kellogs, de 510 gramos con un valor de sesenta y cinco (65,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setecientos ochenta (780,00) bolívares, Dos (02) Unidades de suavizante líquido, marca suavitel, de 5000 cm3, con un valor de ciento treinta (130,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos sesenta (260,00) bolívares, Dos (02) Unidades de suavizante liquido marca suavitel, de 1000 cm3 con un valor de veinte y siete (27,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cincuenta y cuatro (54,00) bolívares, Tres (03) Unidades de suavizante liquido marca mimosin, de 1 litro con un valor de veinte y siete (27,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ochenta y uno (81,00) bolívares, Dos (02) Unidades de detergente en polvo marca ariel, de 2.7 kilogramos con un valor de cincuenta y seis (56,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento doce (112,00) bolívares, Tres (03) Unidades de detergente en polvo marca ace, de 2.7 kilogramos con un valor de cincuenta y seis (56,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento sesenta y ocho (168,00) bolívares, Dos (02) Unidades de detergente en polvo marca las llaves, de 1 kilogramo con un valor de veinte un (21,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuarenta y dos (42,00) bolívares, Dos (02) Unidades de detergente en polvo marca ariel, de 900 gramos con un valor de veinte y un (21,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuarenta y dos (42,00) bolívares, cuatro (04) Unidades de desinfectante en liquido marca solfresh, de 2 litros con un valor de veinte y tres (23,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de noventa y dos (92,00) bolívares, Tres (03) Unidades de cloro marca nevex, de 1 litro con un valor de diecisiete (17,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cincuenta y uno (51,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de cloro marca nevex, de 3.785 litros con un valor de cincuenta y cuatro (54,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos setenta (270,00) bolívares, Tres (03) Unidades de lavaplatos líquido, marca las llaves de 500 cm3, con un valor de dieciocho (18,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cincuenta y cuatro (54,00) bolívares, Cuatro (03) Unidades de jabón líquido marca protex, de 221 ml, con un valor de veinte y cinco (25,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setenta y cinco (75,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de jabón de tocador, marca Palmolive, de tripax, 110 gramos con un valor de veinte y un (21,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento cinco (105,00) bolívares, quince (15) Unidades de yogurt en líquido, marca mi gurt, de 750 gramos, con un valor de cuarenta y dos (42,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de seiscientos treinta (630,00) bolívares, Tres (03) Unidades de cereal infantil en polvo en papeleta, marca nestun, de 500 gramos, con un valor de ciento diez (110,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trescientos treinta (330,00) bolívares, Dos (02) Unidades de avena en hojuelas en papeleta, marca vizcaya, de 800 gramos, con un valor de treinta y ocho (38,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setenta y seis (76,00) bolívares, Ocho (08) Unidades de salsa de tomate marca Heinz, de 1000 gramos, con un valor de cuarenta y ocho (48,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trecientos ochenta y cuatro (384,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de vinagre, marca heinz, de 1 litro, con un valor de veinte y cinco (25,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento veinte y cinco (125,00) bolívares, Once (11) Unidades de bebida en polvo, marca cerelac de nestle (papeleta) , de 900 gramos, con un valor de ciento veinte (120,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de mil trecientos veinte (1.320,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de cereal infantil en polvo, marca nestun (papeleta), de 500 gramos, con un valor de ciento veinte (120,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos ochenta (480,00) bolívares, Tres (03) Unidades de cereal infantil marca nestun (papeleta), de 730 gramos, con un valor de ciento ochenta (180,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de quinientos cuarenta (540,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de leche marca camprolac previo 1, de 900 gramos, con un valor de ciento veinte (120,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos ochenta (480,00) bolívares, UN (01) VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO MALIBU, COLOR AZUL, PLACAS 444A9DV, TIPO SEDÁN, SERIAL DE CARROCERÍA 1C29LGV103464, AÑO 1977, conducido por el ciudadano, RIVERO F.D.A., Titular de la Cedula de Identidad nro. V-14.737.777, en el cual transportaba a las ciudadanas SIJUANA M.A.M., titular de la cedula de identidad nro. V-15.021.590, fecha de nacimiento 01/11/1974, edad 36 años de edad, G.S.Y.P., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-19.292.455, Fecha de Nacimiento 11/10/1984, de 28 años de edad, A.R.E.J., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-24.957.363, fecha de Nacimiento 13/01/1996, de 18 de edad, y MUJICA G.W.B., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-14.427.408, fecha de nacimiento 15/05/1978 de 36 años de edad en este vehículo antes nombrado se pudo detectar la cantidad de Seiscientas Setenta y Dos (672) Unidades de Crema Dental, marca Colgate, de 195 gramos, con un valor de veinte y un (21,00) bolívares cada una aproximadamente y un total de Catorce mil ciento doce (14.112,00) Bolívares y Ciento Dieciocho (118) paquetes de tres unidades cada uno para un total de trescientos cincuenta y cuatro (354) unidades de jabón anti- bacterial, marca protex de 190 gramos con un valor de veinte y dos (22,00) bolívares, dos mil quinientos noventa y seis (2.596,00) bolívares, UN (01) VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO MALIBU, COLOR AZUL, PLACAS AUC104, TIPO SEDÁN, SERIAL DE CARROCERÍA 1W69AEV308769, AÑO 1984, conducido por el ciudadano, OLABE CUELLO M.A., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-17.412.070, en el cual transportaba a las ciudadanas: ISLEIDA DEL C.B.B., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-14.369.293, fecha de Nacimiento 24/02/1976, de 36 años de edad y B.B.M.D.C., Titular de la Cedula de Identidad nro. V-17.916.402, Fecha de Nacimiento 19/08/1986, de 27 años de edad, mencionado vehículo en que se desplazaban se logró detectar lo siguiente: Veinte y cinco (25) Unidades de bebida nutricional en polvo, marca ensure (pote), de 400 gramos, con un valor de trescientos ochenta (380,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de nueve mil quinientos (9500,00) bolívares, Treinta (30) Unidades de alimento lácteo infantil, marca enfamil (pote), de 400 gramos, con un valor de noventa (90,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de dos mil setecientos (2.700,00) bolívares, Treinta y tres (33) Unidades de alimento lácteo infantil, marca similac (pote), de 375 gramos, con un valor de ciento treinta (130,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatro mil doscientos noventa (4.290,00) bolívares, nueve (09) Unidades de sparay para cabello marca Johnso`n baby de 200 ml, con un valor de treinta y dos (32,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos ochenta y ocho (288,00) bolívares, Siete (07) Unidades de Jabón íntimo, marca farmatodo, de 250 ml, con un valor de treinta (30,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos diez (210,00) bolívares, Veinte y seis (26) Unidades de cajas de hispo, marca johnso`n, de 100 unidades, con un valor de veinte y siete (27,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setecientos dos (702,00) bolívares, cuatro (04) Unidades de enjuague bucal marca listerine, de 500 ml, con un valor de setenta (70,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos ochenta (280,00) bolívares, seis (06) Unidades de crema para peinar marca pantene, de 200 ml, con un valor de sesenta (60,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trescientos sesenta (1.080,00) bolívares, Once (11) Unidades de crema para peinar marca pantene, de 300 ml, con un valor de setenta y cinco (75,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ochocientos veinte y cinco (825,00) bolívares, seis (06) Unidades de crema para peinar marca Elvive, de 300 ml, con un valor de setenta (70,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos veinte (420,00) bolívares, Doce (12) Unidades de crema para peinar marca sedal, de 300 ml, con un valor de setenta y cinco (75,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de novecientos (900,00) bolívares, Seis (06) Unidades de acondicionador marca Dove, de 400 ml, con un valor de treinta y siete (37,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos veinte y dos (900,00) bolívares, Doce (12) Unidades de crema liquida marca jonhso`n, de 200 ml, con un valor de cuarenta y cinco (45,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de quinientos cuarenta (540,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de shampoo marca johnso`n baby, de 200 ml, con un valor de cincuenta y cinco (55,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos setenta y cinco (275,00) bolívares, nueve (09) Unidades de bebida nutricional pediasure, de 900 gramos, con un valor de quinientos quince (515,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatro mil seiscientos treinta y cinco (4.635,00) bolívares, treinta y seis (36) Unidades de suero electrolítico marca Pedialyte, de 500 ml, con un valor de veintinueve (29,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de mil cuarenta y cuatro (1.044,00) bolívares, UN (01) VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO CAPRICE, COLOR MARRÓN, PLACAS AB594YK, TIPO SEDÁN, SERIAL DE CARROCERÍA 1N894BV103386, AÑO 1981, conducido por el ciudadano, POLANCO POLANCO C.L., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-25.803.635, en el cual se desplazaban las siguientes ciudadanas: M.D.V.M.L., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-16.727.443, Fecha de Nacimiento 28/10/1981, de 31 años de edad, M.E., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-22.165.296, Fecha de Nacimiento 10/07/1976, de 36 años de edad y Y.E., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-18.741.835, fecha de Nacimiento 12/12/1986, de 27 años de edad, en cuyo interior del vehículo descrito se logró la localización de la siguiente mercancía Cincuenta y cinco (55) Unidades de alimento lacteo infantil marca enfagrow, de 1.2 kilogramos, con un valor de doscientos treinta (230,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doce mil seiscientos cincuenta (12.650,00) bolívares, Diez (10) Unidades de shampoo, marca pantene, de 400 ml, con un valor de treinta (30,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trescientos (300,00) bolívares, ocho (08) Unidades de acondicionador marca Pantene, de 400 ml, con un valor de veinte y cinco (25,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos (200,00) bolívares, Doce (12) Unidades de crema liquida marca johnso´n baby, de 200 ml, con un valor de treinta y cinco (35,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos veinte (420,00) bolívares, treinta y tres (33) Unidades de crema dental marca colgate, de 195 gramos, con un valor de veintiun (21,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de seiscientos noventa y tres (693,00) bolívares, Cuarenta (40) Unidades de crema dental marca colgate, de 103 gramos, con un valor de veintiocho (28,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ochocientos cuarenta (840,00) bolívares, Doce (12) Unidades de jabon nutri milk marca palmolive, de 130 gramos, con un valor de treinta (30,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trescientos sesenta (360,00) bolívares, Siete (07) Unidades de leche previo 1, marca camprolac, de 900 gramos, con un valor de ciento diez (110,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setecientos setenta (770,00) bolívares, Tres (03) Unidades de alimento lácteo infantil, marca enfagrow (pote), de 900 gramos, con un valor de Doscientos treinta y ocho (238,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setecientos catorce (714,00) bolívares, Tres (03) Unidades de cereal infantil marca nestun, de 500 gramos, con un valor de ochenta y nueve (89,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos sesenta y siete (267,00) bolívares, Tres (03) Unidades de leche infantil marca Nan, de 400 gramos, con un valor de ochenta y cinco (85,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos cincuenta y cinco (255,00) bolívares, UN (01) VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO MALIBU, COLOR COBRE, PLACAS TAB007, TIPO SEDÁN, SERIAL DE CARROCERÍA 1W69ACV318713, AÑO 1982, conducido por el ciudadano, L.V.J.M., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-21.688.152, en el cual se desplazaban las siguientes ciudadanas: M.R.M., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-14.006.658, Fecha de Nacimiento 18/07/1977 de 35 años de edad, L.M.M., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-17.086.461, Fecha de Nacimiento 18/10/1979, de 34 años de edad, MAYDELIS G.M., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-25.241.959, fecha de Nacimiento 10/08/1984, de 29 años de edad y R.M., Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-7.696.550. fecha de nacimiento 12/10/1955 de 57 años de edad, en donde se logró detectar la siguiente mercancía: Siete (07) Unidades de cereal en hojuelas (caja) marca Kellogs, de 510 gramos con un valor de sesenta y cinco (65,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos cincuenta y cinco (455,00) bolívares, Dos (02) Unidades de cereal en hojuelas (caja) marca Kellogs, de 230 gramos con un valor de cincuenta y seis (56,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento doce (112,00) bolívares, Diez (10) Unidades de detergente en polvo marca ariel, de 2.7 kgs. con un valor de cincuenta y siete (57,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de quinientos setenta (570,00) bolívares, Un (01) Unidades de detergente en polvo marca las llaves, de 2.7 kgs con un valor de cincuenta y siete (57,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cincuenta y siete (57,00) bolívares, Dos (02) Unidades de detergente en polvo marca rindex, de 1 kgs. con un valor de cuarenta (40,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ochenta (80,00) bolívares, Un (01) Unidades de detergente en polvo marca abc, de 1 kgs con un valor de cuarenta (40,00) bolívares, para un total de cuarenta bolivares, Un (01) Unidades de detergente en polvo marca ace, de 900 grs con un valor de cincuenta y siete (57,00) bolívares, y un total de cincuenta y siete bolivares, Diecisiete (17) Unidades de tinte para cabello marca Igora, con un valor de ciento treinta (130,00) bolívares, Catorce (14) Unidades de mayonesa marca kraft, de 445 grs con un valor de setenta (70,00) bolívares y un total de novecientos ochenta, siete (07) Unidades de mayonesa marca Mavesa, de 445 grs con un valor de setenta (70,00) bolívares y un total de cuatrocientos noventa (490) bolivares, Ocho (08) Unidades de compotas marca Heinz, de 113 grs con un valor de treinta (30,00) bolívares y un total de doscientos cuarenta (240,00) bolivares, Ocho (08) Unidades de emulsión Scott, de 400ml con un valor de ochenta y siete (87,00) bolívares y un total de seiscientos noventa, y seis (696) bolivares, Cuatro (04) Unidades de Jabon liquido marca Protex de 220 ml con un valor de noventa (90,00) bolívares y un total de trescientos sesenta (360,00) bolivares, Seis (06) Unidades de crema para peinar marca Pantene, de 300 ml con un valor de sesenta y seis (66,00) bolívares y un total de trescientos noventa y seis, Cinco (05) Unidades de shampoo marca Johnso`n, de 200 ml con un valor de sesenta (60,00) bolívares y un total de trescientos (300,00) bolívares, veinte cuatro (24) Unidades de crema dental marca Colgate, de 130 grs con un valor de veinte (20,00) bolívares y un total de cuatrocientos ochenta, (480) bolívares, trece (13) Unidades de suero marca Pedialyte, de 500 ml con un valor de ochenta (80,00) bolívares y un total de mil cuarenta, (1040,00) Bolívares, Dos (02) Unidades de lavaplatos marca Axion, de 11 cm3 con un valor de quince (15,00) bolívares y un total de treinta, (30) bolívares, diez (10) Unidades de jabon antibacterial marca Palmolive tripax 3x1, de 110 grs con un valor de veintiuno (21,00) bolívares y un total de doscientos diez, (210) bolívares, cinco (05) Unidades de jabon antibacterial marca protex 3x1, de 190 grs con un valor de veintiuno (21,00) bolívares y un total de ciento diez, (110) bolívares, Dos (02) Unidades de shampoo, 2 en 1 marca head and shoulders, de 500 ml con un valor de setenta (70,00) bolívares y un total de ciento cuarenta, (140,00) bolívares, Tres (03) Unidades de shampoo, 2 en 1 marca Pantene, de 400 ml con un valor de cuarenta y dos (42,00) bolívares y un total de ciento veintiséis, (126,00) bolívares, Dos (02) Unidades de shampoo, 2 en 1 marca Drene, de 350 ml con un valor de cuarenta y dos (42,00) bolívares y un total de ochenta y cuatro, (84,00) bolívares, Tres (03) Unidades de suavizante marca suavitel, de 1000 cm3 con un valor de cuarenta (40,00) bolívares y un total de ciento veinte, (120,00) bolívares, Un (01) Unidad de suavizante marca mimosin, de 1000 cm3 con un valor de cuarenta (40,00) bolívares y un total de cuarenta, (40,00) bolívares, Un (01) Unidad de suavizante marca suavitel, de 5000 cm3 con un valor de ciento treinta (130,00) bolívares y un total de ciento treinta, (130,00) bolívares, Tres (03) Unidades de cereal marca cerelac de 900 grs con un valor de cincuenta y seis (56,00) bolívares y un total de ciento sesenta y ocho, (120,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de cereales marca nestum de 500 grs, con un valor de noventa y siete (97,00) bolívares y un total de cuatrocientos ochenta y cinco, (485,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de bebida pediasure de 400 grs, con un valor de trescientos ochenta (380,00) bolívares y un total de mil quinientos veinte, (1.520,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de bebida enfagrow de 900 grs, con un valor de doscientos cincuenta (250,00) bolívares y un total de mil (1.000,00) bolívares, Ocho (08) Unidades de crema de arroz marca polly de 450 grs, con un valor de veinticinco (25,00) bolívares y un total de doscientos (200,00) bolívares, cinco (05) Unidades de crema de arroz marca polly de 900 grs, con un valor de cuarenta y cinco (45,00) bolívares y un total de doscientos veinticinco (225,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de bebida Ensure de 400 grs, con un valor de trescientos ochenta (380,00) bolívares y un total de mil quinientos veinte, (1.520,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de azúcar marca Konefit de 1k, con un valor de siete (07,00) bolívares y un total de treinta y cinco (35,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de crema infantil marca Nestum, de 500 grs, con un valor de noventa y siete (97,00) bolívares y un total de trescientos ochenta y ocho, (380,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de avena en hojuela marca Quaker, de 800 grs, con un valor de veinte (20,00) bolívares y un total de ochenta, (80,00) bolívares, diecinueve (19) Unidades de mantequilla marca Mavesa de 500 grs, con un valor de veinticinco (25,00) bolívares y un total de cuatrocientos setenta y cinco, (475,00) bolívares, Un (01) Unidades de cloro marca Solfresh, de 1lts, con un valor de quince (15,00) bolívares y un total de quince, (15,00) bolívares, Un (01) Unidades de destapa cañería marca MAS, de 1lts, con un valor de quince (15,00) bolívares y un total de quince, (15,00) bolívares, Un (01) Unidades de desinfectante marca Solfresh, de 1lts, con un valor de quince (15,00) bolívares y un total de quince, (15,00) bolívares, dos (02) combos de tres cada uno de salsa de ajo, soya e inglesa, con un valor de quince (15,00) bolívares y un total de quince, (15,00) bolívares, todos estos productos pertenecientes a la cesta básica y de primera necesidad eran transportados de manera ilegal sin ningún tipo de documentación, y por una vía alterna con sentido Maracaibo - Colombia, así como también la presunta evasión del punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en Nueva lucha, municipio M.d.E.Z., por lo que se presume del delito de contrabando tipificado en la Ley Orgánica de Precios Justos, interrogando a los imputados sobre el dueño de esta mercancía, no obteniendo respuesta alguna, de igual manera no poseer la documentación legal de la misma, procedieron de manera inmediata a trasladar el procedimiento junto a los imputados y la mercancía incautada hasta la sede del Comando, por lo que en virtud de que los referidos ciudadanos se encontraban presuntamente incurso en uno de los delitos tipificado en la Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo, procediendo a la detención preventiva de los mismos, basados en el Código Orgánico Procesal Penal, leyéndole los derechos que los asisten como imputados, según lo estipulado en el artículo 49 la Constitución de la Republica Bolivariana y el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, notificando de lo realizado al Ministerio Publico; razón por la cual estas representantes fiscales les imputaron los delitos de CONTRABANDO DE EXTRACCION previsto y sancionado en el articulo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo ello en concordancia con el articulo 4 ejusdem, y así mismo, solicitaron decretaran en su contra MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 236, 237 y 238 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, y la imposición de MEDIDAS PRECAUTELATIVAS DE ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN AL VEHICULO: 1.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: MALIBU; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: AUC-104; SERIAL DE CARROCERIA: 013VWG597441; COLOR: AZUL; AÑO: 1984; TIPO: SEDAN; 2.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: CAPRICE; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: AB594YK; SERIAL DE CARROCERIA: 1N094BV10386; COLOR: MARRON; AÑO: 1981; TIPO: SEDAN; 3.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: MALIBU; USO: TRANSPORTE PUBLICO; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: 444A9DV; SERIAL DE CARROCERIA:1C29LGV103464; COLOR: AZUL; AÑO: 1977; TIPO: SEDAN; 4.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: MALIBU; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: TAB007; SERIAL DE CARROCERIA: 1W69ACV318713; COLOR: COBRE; AÑO: 1982; TIPO: SEDAN Y 5.- MARCA: FORD; MODELO: FAIRLANE; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: ACM03Y;SERIAL DE CARROCERIA: AJ27TB41465; COLOR: BLANCO; AÑO: 1977; TIPO: SEDAN;

Ahora bien, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, fundamenta la decisión recurrida en base a los siguientes argumentos:

Escuchadas como han sido todas y cada una de las intervenciones de las partes y luego de haber analizado minuciosamente todas y cada una de las actuaciones insertas a la presente investigación, se observa que la detención de los imputados ut supra indicados, se produjo bajo una presunción objetiva motivada sobre la base de que los mismos se encontraban a los efectos de la flagrancia prevista real prevista en el artículo 234 del Código Orgánico procesal Penal, por encontrarse ante la presencia de evidencias de interés criminalístico, por lo que han sido presentados dentro de las 48 horas establecidas en el artículo 44.1 de La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela y bajo una de las excepciones establecidas en dicha norma constitucional. Y ASÍ SE DECIDE.

Ahora bien a objeto de colmar los requisitos de procedibilidad del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y más específicamente del fomus delictis, o lo que es lo mismo la presunción objetiva fundada el elementos de convicción de que los imputados han actuado bajo cualesquiera de las fórmulas de participación delictual en el hecho que se les atribuye, así como la existencia misma del delito, el Ministerio Público as introducido los siguientes elementos:

9) ACTA POLICIAL, de fecha 21-05-2014, suscrita por funcionarios adscritos a La Guardia Bolivariana de Venezuela, en la cual deja constancia el modo, tiempo y lugar el cual ocurrieron los hechos que motivaron la aprehensión de los hoy imputados.

10) ACTAS DE NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE LOS 20 IMPUTADOS, suscritas por funcionarios actuantes, debidamente firmada por los ciudadanos imputados, insertas desde el folio (7) al folio (26).

11) ACTA DE INSPECCION TÉCNICA DEL SITIO, a través de la cual se deja constancia de las características del lugar donde se llevo a efectos la aprehensión;

12) RESEÑAS FOTOGRAFICAS.

13) ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS, insertas desde el folio (31) al folio (50).

14) C.D.R.D.L.V., de fecha 21-05-2014.

15) REGISTROS DE CADENA DE C.D.E.F., a través de la cual se deja constancia de las evidencias de incautadas en el presente procedimiento, insertas desde el (56) al folio (62).

16) COPIAS DE LAS CÉDULAS DE IDENTIDAD DE LOS IMPUTADOS, OFICIOS NROS 24-F18-3539-14, 24-F18-3537-14 Y 24-F18-3538-14.

Ahora bien, en relación al delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos, establece:

Contrabando de extracción. Incurre en delito de contrabando de extracción, y será castigado con pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años, quien mediante actos u omisiones, desvíe los bienes declarados de primera necesidad del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como quien intente extraer del territorio nacional dichos bienes regulados por la SUNDDE, cuando su comercialización se haya circunscrito al territorio nacional.

El delito de contrabando de extracción se comprueba, cuando el poseedor de los bienes señalados en este artículo no pueda presentar, a la autoridad competente, la documentación comprobatoria del cumplimiento de todas las disposiciones legales referidas a la movilización y control de dichos bienes.

En todo caso una vez comprobado el delito se procederá al comisó del medio de transporte utilizado así como de la mercancía o productos correspondientes

.

En tal sentido, la norma en referencia exige como requisitos tanto objetivos como subjetivos, para que se configure este delito:

1. - Que el o los sujetos activos del delito, mediante actos u omisiones, tengan como finalidad desviar bienes de primera necesidad del destino establecido por el órgano competente; en relación a este primer supuesto, debemos entender en consecuencia, que se trata de aquellos bienes de consumo humano, o de consumo animal con destino final a consumo humano, que se rijan por las directrices que al efecto establezca la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, y que además se encuentren regulados por la SUNDDE; siendo que además al respecto, en el caso de la superintendencia de Silos, a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, y mediante Gaceta Oficial No. 39.683, de fecha 27-05-2011, dictó la “RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS QUE RIGEN LA EMISIÓN DE LA GUÍA ÚNICA DE MOVILIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS ACONDICIONADAS y DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ACONDICIONADOS, TRANSFORMADOS O TERMINADOS, DESTINADOS A LA COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO HUMANO Y CONSUMO ANIMAL CON INCIDENCIA DIRECTA EN EL CONSUMIO HUMANO, EN EL TERRITORIO NACIONAL”, resolución que entre otras cosas determina el requerimiento de la Guía Única de Movilización, Seguimiento y Control de Alimentos, que constituyan:

1. materia prima acondicionada: siendo definida la misma por el artículo 3.1 de dicha resolución como: “conjunto de productos agrícolas de origen animal y vegetal obtenidos en la primera fase del proceso de producción, a los cuales se les han conferido las características que permitan su máximo aprovechamiento en los procesos productivos de una planta procesadora de alimentos”.

2. Productos alimenticios acondicionados, transformados o terminados, constituyendo estos productos, aquellos alimentos de origen agrícola o vegetal que previo proceso biológico, físico o químico, bien artesanal o industrialmente, han sido alterados, mejorados, saneados, modificados en su estructura, o utilizados como parte para ser transformado en un nuevo bien de consumo humano y;

3. alimentos de consumo animal, con incidencia directa en el consumo humano: siendo estos todos aquellos alimentos utilizados en el proceso de mantenimiento y engorde de animales destinados al consumo humano.

   Es necesario igualmente dentro de este particular destacar, que para la movilización de los alimentos y productos de primera necesidad el reglamento es cuestión, establece en su artículo 9 lo siguiente:

   La guía única de Movilización, Seguimiento y Control no es exigible cuando se trate de movilización de varios rubros alimenticios acondicionados, transformados o terminados aptos para el consumo humano, o consumo animal con incidencia en el consumo humano en cantidades variadas hasta un mil (1.000) kilogramos en el territorio nacional, y hasta cien (100) kilogramos en los estados Apure, Táchira y Zulia.

   En todo caso, quienes movilicen productos mediante esta modalidad deben soportar su legítima tenencia mediante la facturación emitida por el proveedor, y este último está obligado a registrar en el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), los despachos realizados a los fines de mantener coherencia entre sus inventarios físicos y las cantidades de productos recepcionados

   .

   2) Determina igualmente el delito de contrabando de extracción como segundo presupuesto de comisión delictual, el acto mediante el cual se intente extraer del territorio nacional los bienes regulados, cuando su comercialización se haya circunscrito al territorio nacional, lo cual requiere claramente, que dicho órgano administrativo previamente declare la regulación comercial de dicho alimento, acto que necesariamente debe ser público para poder ser del conocimiento general.

   En el caso de marras se observa que los veinte ciudadanos detenidos se trasladaban en seis vehículos los cuales al ser vistos de forma individual, tenían diversos rubros regulados que en la mayoría de los casos excedía de cien kilogramos a excepción del contenido del vehículo placas 444ª9DV. Marca Chevrolet, modelo Malibú, el cual sin embargo llevaba cantidades de crema dental y jabón que exceden el detal, por lo que al tratarse de alimentos y bienes regulados que estaban sujetos a la guía SADA antes descrita y aún no estándolo los tripulantes de los distintos vehículos jamás demostraron la procedencia de los bienes.

   Dicho lo anterior, el traslado de este tipo de alimentos, cuyo precio estaba y sigue regulado, requería de la guía de movilización o en su defecto las debidas facturas, por lo cual considera este juzgador que se configura el delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, ya estudiado.

   No obstante, es oportuno para este Juzgador señalar además, que de los eventos extraídos de las distintas actas de investigación, se desprende que estos se subsumen indefectiblemente en los tipos penales imputado por la vindicta pública, evidenciándose así la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos utilizados como precalificación delictiva por el Ministerio Público, circunstancia a la que atiende este Tribunal única y exclusivamente para determinar el cumplimiento del principio de legalidad material previsto en el artículo 49.6 de la Carta Magna, lo cual así se verifica, con fines de establecer lo acertado o no de la medida requerida por la representante fiscal, estableciéndose así que el presente proceso, se encuentra apegado a derecho, no evidenciándose la existencia de violación a norma constitucional alguna, toda vez que el procedimiento está perfectamente justificado en la existencia de precedentes criminales que necesariamente deben ser investigados a fondo a objeto de sufragar la correcta investigación que debe llevarse al observar la existencia de presunciones delictuales objetivas.

   Bajo tales presupuestos, luego de que de las actas de investigación fluyen suficientes elementos que demuestran la preexistencia de un hecho delictivo de naturaleza penal ordinaria; así como plurales y fundados elementos de convicción para estimar la participación del imputado en el hecho que se le atribuye, siendo que tales elementos además, generan una situación de peligro con respecto a la obligación que tiene el Estado, de investigar todo hecho delictivo y de castigar, a aquellos cuya responsabilidad penal se encuentre demostrada, previo procedimiento legal, que aporte todas y cada una de las garantías procesales constitucionales del debido proceso, y que además sea amparado por el derecho a ser presumido inocente, hasta la existencia de una sentencia condenatoria que desvirtúe dicha presunción, lo cual indudablemente, generaría impunidad de no procederse oportunamente.

   Es oportuno indicar, a objeto de determinar la procedencia o no de medidas de coerción personal intraprocesales requeridas en contra del ciudadano imputado ut supra, el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, establece taxativamente (lo que quiere decir que se trata de normas rígidas que no admiten interpretación in extenso y cuya aplicación es de carácter restringido tal y como lo establece el artículo 233 del texto adjetivo penal) lo siguiente:

   Artículo 236. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

   1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

   2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

   3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

   Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez de control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida.

   En cuanto al primer particular, resulta ser la primera exigencia del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, que se cumpla de forma estricta con el principio de legalidad material contenido en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: (…) 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes…”.

   De tal forma que, respecto a esta garantía constitucional es oportuno señalar que: Según SOSA CHACIN (2000: 119), este principio, fundamental para el Derecho Penal, ha sido enunciado en latín con el apotegma acuñado por el penalista alemán A.V.F., Nullum crimen, nulla poena, sine lege, el mismo exige que:

   1) Sólo la ley jurídica puede crear delitos y penas. Así dicho, el mismo se constituye como principio de la legalidad propiamente dicho o principio de la reserva legal.

   2) Las penas deben estar taxativamente señaladas tanto en su cualidad como en su calidad para cada delito en particular y los elementos del hecho punible deben estar expresamente especificados por la ley en cada tipo particular de delito. En esta forma el principio de legalidad se enuncia como principio de tipicidad.

   3) Los delitos y las penas deben estar establecidos por la ley previa a la realización del hecho para que el mismo pueda ser penado. Así se enuncia como principio de la irretroactividad de la ley penal, que deriva de la forma básica primera

   .

   Señala además este autor, respecto a su significación histórico política, que el principio, se constituye teóricamente como una garantía fundamental para el ciudadano contra los abusos del príncipe (en la actualidad del Estado) y de los jueces, y prácticamente significa, determina y facilita la función del juez penal.

   El principio es un apotegma propio del Derecho Penal Liberal, no aceptado por los regímenes absolutistas anteriores a la Revolución, donde privaba el arbitrio del príncipe y de los jueces, estando el reo por la buena de Dios, librado al mejor o peor sentido moral y a la mayor o menor honestidad del sujeto que le juzgaba.

   Esto se comprende en un régimen absolutista que le da más importancia a los criterios del Jefe del Estado y dentro de una concepción totalitarista que le concede preeminencia al Estado sobre el individuo, al cual poco se le garantiza en un proceso penal, por lo general sumario e inquisitivo. De igual forma MIR PUIG (2002: 111, 112), señala que en su sentido actual, el principio de legalidad se derivó en un principio de la teoría ilustrada del contrato social y presuponía una organización política basada en la división de poderes, en la que la ley fuese competencia exclusiva de los representantes del pueblo. El ciudadano sólo admite el paso del estado de naturaleza al estado civil en virtud de un pacto —contrato social— en el que asegura su participación y control de la vida política de la comunidad. Tal participación tiene lugar por medio del Poder Legislativo, que representa al pueblo. Sólo de él puede emanar la ley, que constituye, pues, la expresión de la voluntad popular.

   Beccaria, que trasladó más que nadie el espíritu de la ilustración al Derecho penal, escribía: «sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir en el legislador, que representa toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado (que es parte de ella) puede con justicia decretar a su voluntad penas contra otro individuo de la misma sociedad». Los jueces no pueden, consiguientemente, «aumentar la pena establecida» por las leyes, ni siquiera «bajo pretexto de celo o de bien público».

   El principio de legalidad no es sólo, entonces, una exigencia de seguridad jurídica, que requiera sólo la posibilidad de conocimiento previo de los delitos y las penas, sino además la garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los jueces a penas que no admita el pueblo.

   Dicho lo anterior, se distinguen los siguientes aspectos del principio de legalidad: una garantía criminal, una garantía penal, una garantía jurisdiccional o judicial, y una garantía de ejecución. La garantía criminal exige que el delito (=crimen) se halle determinado por la ley (nullum crimen sine lege). La garantía penal requiere que la ley señale la pena que corresponda al hecho (nulla poena sine lege). La garantía jurisdiccional exige que la existencia del delito y la imposición de la pena se determinen por medio de una sentencia judicial y según un procedimiento legalmente establecido. La garantía de ejecución requiere que también la ejecución de la pena se sujete a una ley que la regule. Estas distintas garantías también deben exigirse respecto a las medidas de seguridad y sus presupuestos.

   Tomando en cuenta lo antes dicho, previo adentrarnos más en el análisis del principio de legalidad desde la c.d.C.O.P.P.V., es menester para este juzgador, explicar que el Juez de Control en la fase preparatoria o de investigación, tiene como funciones fundamentales, determinar la procedencia o no de las medidas de coerción personal y cautelares que sean aplicables, a objeto de garantizar las resultas definitivas de los diversos procesos penales que ante si sean tramitados; otorgar el auxilio judicial en aquellos casos donde sea procedente y previo requerimiento de la parte interesada; conocer de la acción de amparo sobre la violación a la garantía de libertad personal e individual (habeas corpus) y resolver las excepciones que en esta fase sean planteables a objeto de velar por la integridad del proceso de investigación, siendo que además, en la labor de la determinación de la procedencia o no de las medidas cautelares inherentes a la protección de bienes o a la aplicación de medidas de coerción personal, el juez debe velar en primer lugar por el cumplimiento de los requisitos de procedencia material y procesal contenidos en los artículos 236 del Código Orgánico Procesal Penal y 585 del Código de Procedimiento Civil, relativos a las exigencias del fumus delictis o fumus bonis iuris según sea el caso y el periculum in mora, requisitos que en definitiva al estar colmados hacen ineludible la aplicación por parte del juez de control de las medidas a que haya lugar, asimismo, al velar por el requisito de legalidad material, se cumple con uno de los presupuestos establecidos en el artículo 49.6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al artículo 236, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la necesidad de existencia para procesamiento penal de un sujeto, de un hecho catalogado como delito, cuya acción penal esté vigente y cuya promulgación además sea previa a la existencia misma del hecho.

   Sin embargo, en el análisis que conlleva en definitiva al juez de control a establecer la viabilidad o no de la procedencia de las medidas de coerción personal, este necesariamente a objeto de determinar el primero de los requisitos (legalidad material), debe observar o identificar: a) que los hechos que se reputan delictuales puedan ser efectivamente subsumidos en el tipo penal atribuido, situación que logra a través del material probatorio que se le presenta (elementos de convicción) y por intermedio de la disgregación del tipo penal, procedimiento por intermedio del cual se establece la perfecta concatenación de los elementos objetivos del tipo penal, (intención dirigida a consumar el delito, la efectiva afectación de los derechos protegidos, y el logro o no de la meta propuesta por el sujeto activo del delito); así como de los elementos subjetivos, que determinan el dolo (conocimiento por parte de los imputados que su acción es delictual y el ánimo de ejecutarlo); b) asimismo, el juez en su función controladora, a objeto de verificar este requisito, debe necesariamente determinar, que no exista ningún obstáculo que impida la persecución penal, lo cual se logra sólo si la acción penal se encuentra vigente o no existe ninguna causal de exención o inimputabilidad que así lo impida.

3. Seguidamente y, en relación al segundo de los requisitos de procedibilidad de las medidas de coerción personal, o como se conoce el fumus delictis, o lo que es lo mismo “la existencia de un compendio de elementos que objetivamente arrojan una probabilidad de que la persona imputada, sea responsable del delito que se les atribuye”. (Alberto Arteaga. La Privación de Libertad en el P.P.V.) exigido en el artículo 236, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, es oportuno señalar que al ser dichos elementos presuntivos de comisión delictual, los mismos bajo ningún concepto trastocan el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano, por lo que el juez de control en su función garantista y celadora de la incolumidad de la Carta Magna, al ser un juez de garantías más no de mérito, se encuentra imposibilitado de hacer análisis de fondo de aquellos elementos que le son presentados, menos aún, análisis comparativos entre esos elementos, debiendo darle eso si, el valor de elemento presuntivo de convicción si así lo tienen, de forma individual, ya que lo contrario involucraría una clara intervención de la competencia funcional del juez de juicio y por ende, una violación a ese principio de presunción de inocencia, más aún cuando nos encontramos, como en el presente caso, en una fase insipiente de investigación que apenas se inicia y la cual tiene por objeto y alcance, conforme a lo previsto en los artículos 262 y 263 del texto adjetivo penal, la práctica de las diligencias dirigidas a determinar si existen o no razones suficientes para proceder a interponer contra un sujeto activo de un delito, por lo que el que la defensa o cualquiera de las partes planteen circunstancias que no se encuentran determinadas en actas y que resultan hechos o circunstancias a demostrar en la fase de investigación, limita al juez a dar una respuesta sobre esos hechos cuando no existen elementos que así lo comprueben o determinen y que además que hayan sido sometidos a su consideración.

   En tal sentido, las defensas de autos solicitan a este Jurisdicente se aparte de la calificación jurídica en el delito de “Asociación para Delinquir” aportada por el representante fiscal, toda vez que a criterio de esa representación de la defensa no existen fundados elementos de convicción que comprometan la responsabilidad de su defendido, no teniendo responsabilidad alguna en los hechos imputados. Dentro de esta perspectiva, este juzgado antes de entrar decidir sobre el pronunciamiento del punto esgrimido por la defensa, hace suyo lo indicado en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), en relación a la definición de la palabra Asociación, siendo esta: “Conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su caso, persona jurídica por ellos formada” y DELINQUIR: “Cometer delito”.

   Por su parte el Diccionario Jurídico de Derecho Usual Cabanellas, lo define como: “acción y efecto de aunar actividades o esfuerzos de colaboración. Unión, juntas, reunión, compañía, sociedad, relación que une a los hombres en grupos y entidades organizadas donde el simple contacto conocimiento o coincidencia se agrega a un propósito más o menos duradero de proceder unidos para uno o más objeto. Y “Asociación Criminal”: pareja, cuadrilla, grupo u organización que concibe, prepara, ejecuta o ampara hechos. En este caso, este despacho de control considera que en cuanto a este punto esgrimido y en base a lo establecido en el articulo 37 de la Ley Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo, que rige la materia establece: “Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años” y en su artículo 4, define Delincuencia Organizada como: “La acción u omisión de tres o mas personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa ó indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros…”.

   En base a lo anteriormente indicado, este Jurisdicente observa que en la presente causa no son individualizadas otras personas, distintas al ciudadano imputado identificado, con el objeto de alcanzar el mínimo de tres o más personas para considerar la conformación de una previa asociación delictiva organizada, tal como así lo prevé el articulo que rigen en la norma, no se establece el lapso o el “cierto tiempo” de conformación o que tiene operando la supuesta organización delictiva y mucho menos la vindicta pública hace constar algún indicio que halla constituido una asociación de hechos, con la intención de cometer delito alguno, razón por la cual considera este Jurisdicente que en caso de marras, no se ha cumplido con los requisitos de procedibilidad establecidos por el Legislador Venezolano, no sufragando tampoco los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, en virtud de haber quedado claro la no existencia de consenso previo del ciudadano con otros individuos para el cometimiento de un hecho delictivo, siendo que los mismo han manifestado encontrarse dentro de sus labores de trabajo normales, apartándose de la calificación jurídica imputada por el representante fiscal y declarando con lugar lo solicitado por la defensa de marras en cuanto a este particular.

   Ahora bien, las defensas de marras, solicitan algunas la libertad plena de sus representados y la nulidad de las actuaciones, mientras otras solicitan la libertad de sus representados, toda vez que a criterio de las mismas no existen fundados elementos de convicción que comprometan la responsabilidad de sus defendidos, no teniendo responsabilidad alguna en los hechos imputados, requiriendo asimismo, la nulidad absoluta del acto de aprehensión, refiriendo, que el acta policial levantada por los funcionarios actuantes no cumplen con los requisitos de ley, tales argumentos en virtud de las razones previamente expuestas quedan desvirtuadas por l que debe declararse sin lugar la libertad plena sin restricciones y la nulidad requerida.

   Ahora bien, en este estado este Juzgado de control tomando en consideración los PRINCIPIOS DE ESTADO DE LIBERTAD y de PROPORCIONALIDAD, establecidos en los artículos 229 y 230 del Código Orgánico Procesal Penal, considerando quien aquí decide, que nos encontramos en presencia del delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el articulo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en Gaceta Oficial No. 40340 de fecha 23 de enero de 2014 en concordancia con el articulo 56 de la referida ley que establece la figura de Desestabilización de la Economía, el cual si bien contiene una pena que supera los diez años, no es menos cierto que los imputados de actas han suministrado a este tribunal sus datos filiatorios, dirección de domicilio procesal, lo que determina su arraigo, siendo igualmente que el delito es cometido en contra de la colectividad y el Estado Venezolano, sujetos cuyas prerrogativas exceden cualquier capacidad física o económica de los imputados visto desde su perspectiva individual; sujetos, a quienes además le es afectada su capacidad económica a proceder este juzgador a incautarles los vehículos en esta misma fecha y la mercancía retenida por lo que no se evidencia peligro de fuga ya que además, siendo que la cantidad de bienes incautados en relación a la medida requerida resultaria excesiva debiendo ser este juzgador equilibrado u proporcional al daño presuntamente causado, razón por la cual a criterio de este juzgador considera que es procedente en cuanto a derecho apartarse de la imputación realizada por la representante de la Fiscalia del Ministerio Público y en consecuencia decretar MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 242 ordinales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, a favor de los ciudadanos: 1) A.A.C.F., 2) J.M.L.V., 3) M.A.O.C., 4) C.L.P.P., 5) D.A.R.F., 6) W.B.M.G., 7) MAYRELIS DEL C.B.B., 8) ISLEIDA DEL C.B.B., 9) A.M.S.M., 10) YUSBELY P.G.S., 11) L.D.C.V.D.M., 12) M.D.V.M.L., 13) M.R.M., 14) M.E., 15) L.M.M., 16) MAYDELIS G.M., 17) R.E.M.I., 18) EURITH J.A.R., 19) R.M., 20) Y.E.. En este orden de ideas, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público, y lo solicitado por las defensas técnicas. Se ordena proveer las copias solicitadas.

   Igualmente es procedente en el presente caso la orientación de la investigación por el procedimiento ordinario establecido en el libro segundo, del procedimiento ordinario, título I, fase preparatoria, Capítulo I, Normas Generales del texto adjetivo penal. Decretando de igual forma este Tribunal LA FLAGRANCIA, respecto al imputado de actas, conforme lo establece el artículo 44.1° de La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

   Cabe destacar que en relación a la solicitud de imposición de MEDIDAS PRECAUTELATIVAS DE ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN AL VEHICULO: 1.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: MALIBU; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: AUC-104; SERIAL DE CARROCERIA: 013VWG597441; COLOR: AZUL; AÑO: 1984; TIPO: SEDAN; 2.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: CAPRICE; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: AB594YK; SERIAL DE CARROCERIA: 1N094BV10386; COLOR: MARRON; AÑO: 1981; TIPO: SEDAN; 3.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: MALIBU; USO: TRANSPORTE PUBLICO; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: 444A9DV; SERIAL DE CARROCERIA:1C29LGV103464; COLOR: AZUL; AÑO: 1977; TIPO: SEDAN; 4.-MARCA: CHEVROLET; MODELO: MALIBU; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: TAB007; SERIAL DE CARROCERIA: 1W69ACV318713; COLOR: COBRE; AÑO: 1982; TIPO: SEDAN Y 5.- MARCA: FORD; MODELO: FAIRLANE; USO: PARTICULAR; CLASE: AUTOMOVIL; PLACAS: ACM03Y;SERIAL DE CARROCERIA:AJ27TB41465; COLOR: BLANCO; AÑO: 1977; TIPO: SEDAN, por la Ley de Delincuencia Organizada, este tribunal la declara improcedente al haber desestimado el delito de Asociación Para Delinquir, quedando incautados dichos bienes de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos, debiendo ser llevado por el órgano policial actuante de manera inmediata al Estacionamiento Judicial más cercado al lugar de la aprehensión donde permanecerá a la orden de este tribunal. ASÍ SE DECIDE.

   Por lo que estas Representantes de la Vindicta Publica tomando en consideración todos y cada uno de los elementos que conforman la presenta causa, los cuales comprometen la responsabilidad penal de los ciudadanos 1.-A.A.C.F.; 2.-J.M.L.V.; 3.-M.A. OLAVE CUELLO; 4.-C.L.P.P.; 5.-D.A.R.F.; 6.-W.B.M.G.; 7.-MAYRELIS DEL C.B.B.; 8.-ISLEIDA DEL C.B.B.; 9.-A.M.S.M.; 10.-YUSBELY P.G.S.; 11.-L.D.C.V.D.M.; 12.-M.D.V.M.L.; 13.-M.R.M.; 14.-EPIEYU MAGALIS; 15.-L.M.M.; 16.-MAYDELIS G.M.; 17.-R.E.M.I.; 18.- EURITH J.A.R.; 19.-R.M. Y 20.-Y.E., en la comisión de los delitos imputados formalmente en este acto, lo mismo no fue tomado en consideración por el Juez Séptimo de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Zulia, elementos probatorios ofrecidos por estas representantes fiscales del Ministerio Público a los fines de fundamentar el fallo, todo lo cual ocasiona que los imputados de autos se sustraigan al proceso, ya que el juzgador, impuso MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD DE LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 242, ORDINALES 3° Y 4° DEL CODIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, colocando en riesgo la consecución de los f.d.p.; ello evidenciado por estas representantes fiscales, ya que la juez se apartó de lo solicitado por la vindicta publica al momento de la celebración de audiencia de presentación de imputados, generando todo ello la obstaculización en la búsqueda de la verdad, respecto de algún acto concreto de la investigación, de parte del imputado, asumiendo el Juez de Control, una conducta obstruccionista, que pudiera colocar en peligro el proceso, el esclarecimiento de los hechos y la obtención de la justicia, que es el fin ultimo del proceso penal, del cual, el Ministerio Público son los directores y encargados de hacer cumplir, en base al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

   Consideramos en este acto que si bien es cierto, la restricción de la libertad personal de cualquier individuo constituye una excepción en el p.p.v., el Juez debió tomar en cuenta el planteamiento esgrimido por el Ministerio Público, del cual devino la petición requerida del decreto de privación judicial preventiva de libertad contra de los ciudadanos 1.-A.A.C.F.; 2.-J.M.L.V.; 3.-M.A. OLAVE CUELLO; 4.-C.L.P.P.; 5.-D.A.R.F.; 6.-W.B.M.G.; 7.-MAYRELIS DEL C.B.B.; 8.-ISLEIDA DEL C.B.B.; 9.-A.M.S.M.; 10.-YUSBELY P.G.S.; 11.-L.D.C.V.D.M.; 12.-M.D.V.M.L.; 13.-M.R.M.; 14.-EPIEYU MAGALIS; 15.-L.M.M.; 16.-MAYDELIS G.M.; 17.-R.E.M.I.; 18.- EURITH J.A.R.; 19.-R.M. Y 20.-Y.E., Asimismo, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Control en su decisión no solo decreto Medidas Cautelares Sustitutivas, sino que además desestima el delito de Asociación precalificado por el Ministerio Público, sin tomar en consideración que es éste el titular de la acción penal como lo consagra el articulo 11 del Código Orgánico Procesal Penal para realizar esta imputación tal como lo refiere el ordinal 8 del articulo 111 del referido texto legal; en la etapa procesal incipiente se da una precalificación a los hechos, la cual se realiza de manera ajustada.

   Ahora bien, ciudadano juez al realizar un análisis del tipo penal, el cual fue adecuado a los hechos que nos ocupan, se evidencia claramente que los mismos encuadran, toda vez que al observar la conducta desplegada por los ciudadanos imputados, se evidencia claramente que las mismas llevan a cabo actos en compañía de otras personas que tienen como finalidad perjudicar, intimidar, desestabilizar la estructura económica y social de la población y el país siendo la fase de investigación la que determinara la identificación de los mismos y su responsabilidad penal en los hechos antes mencionados; presumiendo que los mismos se encuentran asociados con otras personas en conjunto ya que necesariamente la acción desplegada requiere de la participación de otras personas para cometer el delito antes mencionado, si se evidencia que concientemente obvian la prohibición expresa del estado, con la finalidad de comercializar de manera ilícita para así obtener un beneficio económico muy alto; además de suponerse que los delitos imputados, requieren de la participación de varios sujetos que hayan acordado entre sí disponerse a violentar las normas jurídicas; toda vez que se necesita el consentimiento por parte del sujeto que suministra el producto, así la persona que transporte el mismo, hasta el comprador de éste. Aunado a ello no podemos interpretar que el delito de Asociación Para delinquir se refiere a un grupo de personas constituidas de forma legal con nombre de empresa o persona Jurídica, por cuanto lo que se requiere es observar que se trata de la reunión de personas que hayan concertado para cometer el hecho punible, correspondiéndole al Ministerio Publico como titular de la acción penal determinar en la investigación la responsabilidad penal de los sujetos en el hecho delictivo

   Toda decisión emanada de un juzgado de control debe estar debidamente motivada, tomando en consideración el cúmulo probatoria presentado por los representantes de la vindicta publica, tal como lo establece el contenido de los artículos 157 y 232 del Código Adjetivo Penal, referidos a la clasificación de las decisiones judiciales y la motivación que ésta requiere, respectivamente, indicando que “…cualquier decisión relacionada con la aplicación de una medida cautelar, cualquiera sea su naturaleza, debe ser emitida de forma motivada, fundada y razonada, con la finalidad de llenar los extremos exigidos por la ley, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho a recurrir de dichas decisiones…”; considerando de ese modo, que la juzgadora de instancia no estableció suficientemente las razones de hecho y de derecho por las cuales consideró que la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad podía ser razonablemente satisfecha por una medida menos gravosa a la solicitada por el Ministerio Público a las imputadas de marras.

   Si bien es cierto, el principio de presunción de inocencia, el principio de afirmación de libertad y de Proporcionalidad, establecidos en los artículos 229 y 230 del Código Orgánico Procesal Penal, concatenado con el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, constituyen principios rectores del actual sistema de juzgamiento penal; no obstante, los mismos no deben entenderse como un mecanismo de impunidad frente a los distintos flagelos que azotan nuestra sociedad, pues, para ello y con el objeto de asegurar las resultas del proceso y la finalidad del mismo existe en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el instituto de las medidas de coerción personal, las cuales se implementan a los fines de garantizar las resultas del proceso. Las medidas cautelares impuestas cualquiera sea su naturaleza, debe obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados por los distintos jueces penales, todo lo cual exige tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad, como al derecho de asegurar los intereses sociales en la medida en que se garantizan las futuras y eventuales resultas de los juicios.

   Es importante destacar igualmente que la imposición de una medida de privación judicial preventiva de libertad, no transgrede el derecho a la presunción de inocencia, siendo su naturaleza, garantizar las resultas del proceso, no comportando pronunciamiento respecto de la responsabilidad penal del procesado, por lo que tampoco violenta el principio de afirmación de libertad. En relación, a este punto, es necesario destacar que el Ministerio Publico, al momento de recibir las actuaciones emanadas del organismo actuante, realiza un análisis serio y exhaustivo de las actuaciones, por lo que consideramos que en la presente investigación, existen indicios suficientes, medios probatorios para aportar la calificación jurídica realizada, la cual consiste en un delito grave, cuya pena a imponer es alta.

   Ahora bien con ocasión a los imputados formalmente en este acto, el Contrabando de Extracción se encuentra consagrado en el articulo 59 de la Ley Orgánica Sobre Precios Justos el cual establece “Incurre en delito de contrabando de extracción, y será castigado con pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años, quien mediante actos u omisiones, desvíe los bienes declarados de primera necesidad del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como quien intente extraer del territorio nacional los bienes regulados por la SUNDDE, cuando su comercialización se haya circunscrito al territorio nacional.”

   delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR establece la Ley Orgánica de delincuencia Organizada, Artículo 37: Se consideran delitos de delincuencia organizada, a demás de los tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos por un grupo de personas organizados en los términos señalados en esta Ley. También serán sancionados los delitos previstos en esta ley, aún cuando hayan sido cometidos por una sola persona. Artículo 37. Quien forme parte de un grupo de de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos graves, será castigado por el solo hecho de la asociación con pena de seis a diez años de prisión”

   Modalidad agravada de los delitos de acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura o cartelización, que contiene un elemento subjetivo del tipo: la ejecución del tipo debe dirigirse a desestabilizar la economía, alterar la paz o la seguridad de la nación. En estos casos, la aplicación de la pena del delito que corresponda se aplicará en su límite máximo.

   De lo cual se desprende que el legislador castiga severamente a toda persona que se beneficie de los recursos generados por el Estado, por cuanto dicho delito atenta contra la vida económica y social del país lo que redunda en la población, la cual debido a esta actividad ilícita se ha visto afectada desde todo punto de vista, entonces como no considerar que la actuación desplegada por las hoy imputadas no encuadra dentro de éste tipo penal, el cual ha sido debidamente analizado por las representantes fiscales.

   En este orden de ideas, respecto al delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR establece la Ley Orgánica de delincuencia Organizada, Artículo 37: Se consideran delitos de delincuencia organizada, a demás de los tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos por un grupo de personas organizados en los términos señalados en esta Ley. También serán sancionados los delitos previstos en esta ley, aún cuando hayan sido cometidos por una sola persona. Artículo 37. Quien forme parte de un grupo de de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos graves, será castigado por el solo hecho de la asociación con pena de seis a diez años de prisión”

   Igualmente consagra esta ley en su articulo Artículo 29 como circunstancias agravantes: Se consideran circunstancias agravantes de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, cuando estos hayan sido cometidos: Ord. 12: En las zonas de seguridad fronterizas……..

   Ahora bien, ciudadanos jueces al realizar un análisis del tipo penal, el cual fue adecuado a los hechos que nos ocupan, se evidencia que claramente dichos hechos se encuentran encuadrados en el referido tipo penal, ya que, al observar la conducta desplegadas por los ciudadanos imputados, se evidencia de actas que la mismas se encontraba circulando por una zona de seguridad fronteriza con destino a la Ciudad de Colombia, transportando la cantidad de Veinte y tres (23) unidades de Atún enlatado, marca margarita, con un peso de 354 Gramos, un valor Setenta (70,00) Bolívares aproximadamente y un valor total de mil setecientos treinta (1.730,00) Bolívares, Cuarenta (40) Unidades de Jabón en Pasta, Marca Las Llaves, con un peso de 250 gramos, con un valor de diez (10,00) Bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos (400) bolívares aproximadamente, Cinco (05) unidades de enjuague Bucal Marca Colgate, de 500 ml, con un valor de cincuenta y cuatro (54,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos setenta (270) bolívares, Nueve (09) Unidades de ambientador marca glade, de trescientos sesenta centímetros cúbicos, con un valor de cuarenta (40,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trescientos sesenta (360) bolívares, Dos (02) unidades de Desinfectante marca Mistolin de 828 ml, con un valor de quince (15) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de treinta (30,00) bolívares, Dos (02) unidades de desinfectante marca pinolin de 1L, con un valor de 15 bolívares cada una aproximadamente y un valor total de treinta (30,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de Salsa Rosada Marca Albeca, de 1kg, con un valor de treinta y cinco (35) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento Cuarenta (140,00) bolívares, Tres (03) Unidades de Mayonesa marca mavesa, de 910 gramos, con un valor de cuarenta y siete (47) bolívares y un valor total de ciento cuarenta y un (141,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de Queso Fundido Cheez Whiz, Marca Kraft, de 300 gramos cuarenta y cinco (45,00) Bolívares cada uno aproximadamente y un valor de ciento Ochenta (80,00) bolívares, Dos (02) Unidades de Bebidas achocolatada, Marca Todyy, (pote), de 400 gramos con un valor de cincuenta y ocho (58,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento dieciséis (116,00) bolívares, Dos (02) Unidades de Bebidas achocolatada, Marca Todyy, (sobre), de 400 gramos con un valor de cincuenta y cuatro (54,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento ocho (108,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de avena en hojuelas, (sobre), marca Quaker, de 800 gramos con un valor de veinte y siete (27,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento ocho (108,00) bolívares, Doce (12) Unidades de cereal en hojuelas (caja) marca Kellogs, de 510 gramos con un valor de sesenta y cinco (65,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setecientos ochenta (780,00) bolívares, Dos (02) Unidades de suavizante líquido, marca suavitel, de 5000 cm3, con un valor de ciento treinta (130,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos sesenta (260,00) bolívares, Dos (02) Unidades de suavizante liquido marca suavitel, de 1000 cm3 con un valor de veinte y siete (27,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cincuenta y cuatro (54,00) bolívares, Tres (03) Unidades de suavizante liquido marca mimosin, de 1 litro con un valor de veinte y siete (27,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ochenta y uno (81,00) bolívares, Dos (02) Unidades de detergente en polvo marca ariel, de 2.7 kilogramos con un valor de cincuenta y seis (56,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento doce (112,00) bolívares, Tres (03) Unidades de detergente en polvo marca ace, de 2.7 kilogramos con un valor de cincuenta y seis (56,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento sesenta y ocho (168,00) bolívares, Dos (02) Unidades de detergente en polvo marca las llaves, de 1 kilogramo con un valor de veinte un (21,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuarenta y dos (42,00) bolívares, Dos (02) Unidades de detergente en polvo marca ariel, de 900 gramos con un valor de veinte y un (21,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuarenta y dos (42,00) bolívares, cuatro (04) Unidades de desinfectante en liquido marca solfresh, de 2 litros con un valor de veinte y tres (23,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de noventa y dos (92,00) bolívares, Tres (03) Unidades de cloro marca nevex, de 1 litro con un valor de diecisiete (17,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cincuenta y uno (51,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de cloro marca nevex, de 3.785 litros con un valor de cincuenta y cuatro (54,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos setenta (270,00) bolívares, Tres (03) Unidades de lavaplatos líquido, marca las llaves de 500 cm3, con un valor de dieciocho (18,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cincuenta y cuatro (54,00) bolívares, Cuatro (03) Unidades de jabón líquido marca protex, de 221 ml, con un valor de veinte y cinco (25,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setenta y cinco (75,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de jabón de tocador, marca Palmolive, de tripax, 110 gramos con un valor de veinte y un (21,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento cinco (105,00) bolívares, quince (15) Unidades de yogurt en líquido, marca mi gurt, de 750 gramos, con un valor de cuarenta y dos (42,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de seiscientos treinta (630,00) bolívares, Tres (03) Unidades de cereal infantil en polvo en papeleta, marca nestun, de 500 gramos, con un valor de ciento diez (110,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trescientos treinta (330,00) bolívares, Dos (02) Unidades de avena en hojuelas en papeleta, marca vizcaya, de 800 gramos, con un valor de treinta y ocho (38,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setenta y seis (76,00) bolívares, Ocho (08) Unidades de salsa de tomate marca Heinz, de 1000 gramos, con un valor de cuarenta y ocho (48,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trecientos ochenta y cuatro (384,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de vinagre, marca heinz, de 1 litro, con un valor de veinte y cinco (25,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento veinte y cinco (125,00) bolívares, Once (11) Unidades de bebida en polvo, marca cerelac de nestle (papeleta) , de 900 gramos, con un valor de ciento veinte (120,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de mil trecientos veinte (1.320,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de cereal infantil en polvo, marca nestun (papeleta), de 500 gramos, con un valor de ciento veinte (120,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos ochenta (480,00) bolívares, Tres (03) Unidades de cereal infantil marca nestun (papeleta), de 730 gramos, con un valor de ciento ochenta (180,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de quinientos cuarenta (540,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de leche marca camprolac previo 1, de 900 gramos, con un valor de ciento veinte (120,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos ochenta (480,00) bolívares, Seiscientas Setenta y Dos (672) Unidades de Crema Dental, marca Colgate, de 195 gramos, con un valor de veinte y un (21,00) bolívares cada una aproximadamente y un total de Catorce mil ciento doce (14.112,00) Bolívares y Ciento Dieciocho (118) paquetes de tres unidades cada uno para un total de trescientos cincuenta y cuatro (354) unidades de jabón anti- bacterial, marca protex de 190 gramos con un valor de veinte y dos (22,00) bolívares, dos mil quinientos noventa y seis (2.596,00) bolívares, Veinte y cinco (25) Unidades de bebida nutricional en polvo, marca ensure (pote), de 400 gramos, con un valor de trescientos ochenta (380,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de nueve mil quinientos (9500,00) bolívares, Treinta (30) Unidades de alimento lácteo infantil, marca enfamil (pote), de 400 gramos, con un valor de noventa (90,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de dos mil setecientos (2.700,00) bolívares, Treinta y tres (33) Unidades de alimento lácteo infantil, marca similac (pote), de 375 gramos, con un valor de ciento treinta (130,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatro mil doscientos noventa (4.290,00) bolívares, nueve (09) Unidades de sparay para cabello marca Johnso`n baby de 200 ml, con un valor de treinta y dos (32,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos ochenta y ocho (288,00) bolívares, Siete (07) Unidades de Jabón íntimo, marca farmatodo, de 250 ml, con un valor de treinta (30,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos diez (210,00) bolívares, Veinte y seis (26) Unidades de cajas de hispo, marca johnso`n, de 100 unidades, con un valor de veinte y siete (27,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setecientos dos (702,00) bolívares, cuatro (04) Unidades de enjuague bucal marca listerine, de 500 ml, con un valor de setenta (70,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos ochenta (280,00) bolívares, seis (06) Unidades de crema para peinar marca pantene, de 200 ml, con un valor de sesenta (60,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trescientos sesenta (1.080,00) bolívares, Once (11) Unidades de crema para peinar marca pantene, de 300 ml, con un valor de setenta y cinco (75,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ochocientos veinte y cinco (825,00) bolívares, seis (06) Unidades de crema para peinar marca Elvive, de 300 ml, con un valor de setenta (70,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos veinte (420,00) bolívares, Doce (12) Unidades de crema para peinar marca sedal, de 300 ml, con un valor de setenta y cinco (75,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de novecientos (900,00) bolívares, Seis (06) Unidades de acondicionador marca Dove, de 400 ml, con un valor de treinta y siete (37,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos veinte y dos (900,00) bolívares, Doce (12) Unidades de crema liquida marca jonhso`n, de 200 ml, con un valor de cuarenta y cinco (45,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de quinientos cuarenta (540,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de shampoo marca johnso`n baby, de 200 ml, con un valor de cincuenta y cinco (55,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos setenta y cinco (275,00) bolívares, nueve (09) Unidades de bebida nutricional pediasure, de 900 gramos, con un valor de quinientos quince (515,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatro mil seiscientos treinta y cinco (4.635,00) bolívares, treinta y seis (36) Unidades de suero electrolítico marca Pedialyte, de 500 ml, con un valor de veintinueve (29,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de mil cuarenta y cuatro (1.044,00) bolívares, Cincuenta y cinco (55) Unidades de alimento lacteo infantil marca enfagrow, de 1.2 kilogramos, con un valor de doscientos treinta (230,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doce mil seiscientos cincuenta (12.650,00) bolívares, Diez (10) Unidades de shampoo, marca pantene, de 400 ml, con un valor de treinta (30,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trescientos (300,00) bolívares, ocho (08) Unidades de acondicionador marca Pantene, de 400 ml, con un valor de veinte y cinco (25,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos (200,00) bolívares, Doce (12) Unidades de crema liquida marca johnso´n baby, de 200 ml, con un valor de treinta y cinco (35,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos veinte (420,00) bolívares, treinta y tres (33) Unidades de crema dental marca colgate, de 195 gramos, con un valor de veintiun (21,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de seiscientos noventa y tres (693,00) bolívares, Cuarenta (40) Unidades de crema dental marca colgate, de 103 gramos, con un valor de veintiocho (28,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ochocientos cuarenta (840,00) bolívares, Doce (12) Unidades de jabon nutri milk marca palmolive, de 130 gramos, con un valor de treinta (30,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de trescientos sesenta (360,00) bolívares, Siete (07) Unidades de leche previo 1, marca camprolac, de 900 gramos, con un valor de ciento diez (110,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setecientos setenta (770,00) bolívares, Tres (03) Unidades de alimento lácteo infantil, marca enfagrow (pote), de 900 gramos, con un valor de Doscientos treinta y ocho (238,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de setecientos catorce (714,00) bolívares, Tres (03) Unidades de cereal infantil marca nestun, de 500 gramos, con un valor de ochenta y nueve (89,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos sesenta y siete (267,00) bolívares, Tres (03) Unidades de leche infantil marca Nan, de 400 gramos, con un valor de ochenta y cinco (85,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de doscientos cincuenta y cinco (255,00) bolívares, Siete (07) Unidades de cereal en hojuelas (caja) marca Kellogs, de 510 gramos con un valor de sesenta y cinco (65,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cuatrocientos cincuenta y cinco (455,00) bolívares, Dos (02) Unidades de cereal en hojuelas (caja) marca Kellogs, de 230 gramos con un valor de cincuenta y seis (56,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ciento doce (112,00) bolívares, Diez (10) Unidades de detergente en polvo marca ariel, de 2.7 kgs. con un valor de cincuenta y siete (57,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de quinientos setenta (570,00) bolívares, Un (01) Unidades de detergente en polvo marca las llaves, de 2.7 kgs con un valor de cincuenta y siete (57,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de cincuenta y siete (57,00) bolívares, Dos (02) Unidades de detergente en polvo marca rindex, de 1 kgs. con un valor de cuarenta (40,00) bolívares cada uno aproximadamente y un valor total de ochenta (80,00) bolívares, Un (01) Unidades de detergente en polvo marca abc, de 1 kgs con un valor de cuarenta (40,00) bolívares, para un total de cuarenta bolivares, Un (01) Unidades de detergente en polvo marca ace, de 900 grs con un valor de cincuenta y siete (57,00) bolívares, y un total de cincuenta y siete bolivares, Diecisiete (17) Unidades de tinte para cabello marca Igora, con un valor de ciento treinta (130,00) bolívares, Catorce (14) Unidades de mayonesa marca kraft, de 445 grs con un valor de setenta (70,00) bolívares y un total de novecientos ochenta, siete (07) Unidades de mayonesa marca Mavesa, de 445 grs con un valor de setenta (70,00) bolívares y un total de cuatrocientos noventa (490) bolivares, Ocho (08) Unidades de compotas marca Heinz, de 113 grs con un valor de treinta (30,00) bolívares y un total de doscientos cuarenta (240,00) bolivares, Ocho (08) Unidades de emulsión Scott, de 400ml con un valor de ochenta y siete (87,00) bolívares y un total de seiscientos noventa, y seis (696) bolivares, Cuatro (04) Unidades de Jabon liquido marca Protex de 220 ml con un valor de noventa (90,00) bolívares y un total de trescientos sesenta (360,00) bolivares, Seis (06) Unidades de crema para peinar marca Pantene, de 300 ml con un valor de sesenta y seis (66,00) bolívares y un total de trescientos noventa y seis, Cinco (05) Unidades de shampoo marca Johnso`n, de 200 ml con un valor de sesenta (60,00) bolívares y un total de trescientos (300,00) bolívares, veinte cuatro (24) Unidades de crema dental marca Colgate, de 130 grs con un valor de veinte (20,00) bolívares y un total de cuatrocientos ochenta, (480) bolívares, trece (13) Unidades de suero marca Pedialyte, de 500 ml con un valor de ochenta (80,00) bolívares y un total de mil cuarenta, (1040,00) Bolívares, Dos (02) Unidades de lavaplatos marca Axion, de 11 cm3 con un valor de quince (15,00) bolívares y un total de treinta, (30) bolívares, diez (10) Unidades de jabon antibacterial marca Palmolive tripax 3x1, de 110 grs con un valor de veintiuno (21,00) bolívares y un total de doscientos diez, (210) bolívares, cinco (05) Unidades de jabon antibacterial marca protex 3x1, de 190 grs con un valor de veintiuno (21,00) bolívares y un total de ciento diez, (110) bolívares, Dos (02) Unidades de shampoo, 2 en 1 marca head and shoulders, de 500 ml con un valor de setenta (70,00) bolívares y un total de ciento cuarenta, (140,00) bolívares, Tres (03) Unidades de shampoo, 2 en 1 marca Pantene, de 400 ml con un valor de cuarenta y dos (42,00) bolívares y un total de ciento veintiséis, (126,00) bolívares, Dos (02) Unidades de shampoo, 2 en 1 marca Drene, de 350 ml con un valor de cuarenta y dos (42,00) bolívares y un total de ochenta y cuatro, (84,00) bolívares, Tres (03) Unidades de suavizante marca suavitel, de 1000 cm3 con un valor de cuarenta (40,00) bolívares y un total de ciento veinte, (120,00) bolívares, Un (01) Unidad de suavizante marca mimosin, de 1000 cm3 con un valor de cuarenta (40,00) bolívares y un total de cuarenta, (40,00) bolívares, Un (01) Unidad de suavizante marca suavitel, de 5000 cm3 con un valor de ciento treinta (130,00) bolívares y un total de ciento treinta, (130,00) bolívares, Tres (03) Unidades de cereal marca cerelac de 900 grs con un valor de cincuenta y seis (56,00) bolívares y un total de ciento sesenta y ocho, (120,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de cereales marca nestum de 500 grs, con un valor de noventa y siete (97,00) bolívares y un total de cuatrocientos ochenta y cinco, (485,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de bebida pediasure de 400 grs, con un valor de trescientos ochenta (380,00) bolívares y un total de mil quinientos veinte, (1.520,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de bebida enfagrow de 900 grs, con un valor de doscientos cincuenta (250,00) bolívares y un total de mil (1.000,00) bolívares, Ocho (08) Unidades de crema de arroz marca polly de 450 grs, con un valor de veinticinco (25,00) bolívares y un total de doscientos (200,00) bolívares, cinco (05) Unidades de crema de arroz marca polly de 900 grs, con un valor de cuarenta y cinco (45,00) bolívares y un total de doscientos veinticinco (225,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de bebida Ensure de 400 grs, con un valor de trescientos ochenta (380,00) bolívares y un total de mil quinientos veinte, (1.520,00) bolívares, Cinco (05) Unidades de azúcar marca Konefit de 1k, con un valor de siete (07,00) bolívares y un total de treinta y cinco (35,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de crema infantil marca Nestum, de 500 grs, con un valor de noventa y siete (97,00) bolívares y un total de trescientos ochenta y ocho, (380,00) bolívares, Cuatro (04) Unidades de avena en hojuela marca Quaker, de 800 grs, con un valor de veinte (20,00) bolívares y un total de ochenta, (80,00) bolívares, diecinueve (19) Unidades de mantequilla marca Mavesa de 500 grs, con un valor de veinticinco (25,00) bolívares y un total de cuatrocientos setenta y cinco, (475,00) bolívares, Un (01) Unidades de cloro marca Solfresh, de 1lts, con un valor de quince (15,00) bolívares y un total de quince, (15,00) bolívares, Un (01) Unidades de destapa cañería marca MAS, de 1lts, con un valor de quince (15,00) bolívares y un total de quince, (15,00) bolívares, Un (01) Unidades de desinfectante marca Solfresh, de 1lts, con un valor de quince (15,00) bolívares y un total de quince, (15,00) bolívares, dos (02) combos de tres cada uno de salsa de ajo, soya e inglesa, con un valor de quince (15,00) bolívares y un total de quince, (15,00) bolívares, todos estos productos pertenecientes a la cesta básica y de primera necesidad eran transportados de manera ilegal sin ningún tipo de documentación, y por una vía alterna con sentido Maracaibo - Colombia, así como también la presunta evasión del punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en Nueva lucha, municipio M.d.E.Z., incurriendo de esta manera en el delito de de contrabando, que esta afectando gravemente la economía del país; con la finalidad de comercializar con estos productos de primera necesidad en la República de Colombia para así obtener un beneficio económico muy alto; además de suponerse que el delito de Contrabando requiere de la participación de varios sujetos que hayan acordado entre sí disponerse a violentar las normas jurídicas.

   En este sentido, ciudadanos Jueces, se hace necesario destacar que en los actuales momentos el estado venezolano ha creado distintos planes para atacar de manera firme el delito de contrabando de extracción, por cuanto afecta los intereses tanto de la soberanía nacional como los interés públicos y privados de la colectividad, que ha venido padeciendo por las restricciones que se han impuesto en este sentido con ocasión a la actividad inescrupulosa y desestabilizadora de un grupo de personas que solo buscan el provecho propio, convirtiéndose en una acción que ataca la actividad económica y social del país, siendo estos actos desestabilizadores, actos terroristas, actos intencionados, que por su naturaleza y contexto pueden perjudicar gravemente a la sociedad venezolana.

   En atención a lo antes expuesto ciudadanos jueces de la corte de Apelaciones , que le corresponda conocer del presente Recurso de Apelación en Efecto Suspensivo, revoquen la decisión N° 7C-712-14, emanada del JUZGADO SEPTIMO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, por no ser procedente en derecho, ya que a tenor de estas Representaciones Fiscales, consideramos que en el caso de marras, se encuentran llenos los supuestos exigidos en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal; esto es, un hecho que merece pena privativa de libertad, asimismo, que existen fundados elementos de convicción para estimar que los imputados son autores o participes, en la comisión del hecho punible que se les atribuye, una apreciación razonable por las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga, o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, respecto de un acto concreto de investigación y que se trata de delitos que atentan contra la seguridad económica y la colectividad venezolana, donde se evidencia que existe multiplicidad de víctimas, siendo el delito de contrabando propio de delincuencia organizada, por los razonamientos antes explanados.

   DE LA CONTESTACIÓN DE LAS DEFENSAS A LA APELACIÓN DE AUTOS INCOADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO

   CIUDADANOS

   PRESIDENTES Y DEMAS MIEMBROS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

   SU DESPACHO.-

   Quienes suscriben, EUDOMAR J.Y., D.C., E.B., E.A., L.A.R., B.P., A.P., SORBELLA CARRASQUERO, LEXIBETT YEDRA, N.P., N.M., J.R., YOHON CARDOZO, P.S., D.O., venezolanos, mayores de edad, Abogados en ejercicio e inscritos en el INPREABOGADO respectivamente, con Domicilio Procesal ubicado en Villa Eclipse, calle 97 A con calle 3, casa Nº 17, en jurisdicción de la Parroquia F.E.B.d.M.M.d.E.Z., actuando con el carácter de DEFENSORES PRIVADOS de los ciudadanos, 1. A.A.C.F.. J.M.L.V.. 3. M.A. OLAVE CUELLO,4. C.L.P.P., 5. D.A.R.F.. 6. W.B.M.G.. 7. MAYRELIS DEL C.B.B.. 8. ISLEIDA DEL C.B.B.. 9. A.M.S.M.. 10. YUSBELY P.G.S.. 11 L.D.C.V.D.M.. 12. M.D.V.M.L.. 13. M.R.M.. 14. EPIAYU MAGALIS. 15. L.M. MOLEROS. 16. MAYDELIS GARCIAS MOLERO. 17. R.E.M.I.. 18. EURITH J.A.R.. 19. R.M. Y 20. Y.E., plenamente identificados en autos y actas procesales con el debido acatamientorespetuosamente ocurrimos para exponer:

   CAPITILO I

   DE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE FUNDAMENTACION DE ALEGATOS.

   De la mera exegesis racional del artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal (2012), se desprende con mediana claridad, que interpuesto el recurso de apelación con efecto suspensivo por parte del Ministerio Publico Fiscalía de Flagrancia, el JuezSéptimode Control que conoce de la incidencia, remitirá las actuaciones a la Corte de Apelaciones respectiva para su resolución (creemos que en este caso, el tribunal de control, sin más trámite debe remitir tales actuaciones a la corte de apelaciones dentro del plazo de vencimiento 24 horas para que esta decida). En este supuesto, la Corte de Apelaciones considera los alegatos de la defensa si esta lo expusiere y resolverá dentro de la 48 horas siguientes, contadas a partir del recibió de las actuaciones.

   Siendo ello así,y por cuanto que el caso de especie, esta Alza.C. puede evidenciar que los alegatos que aquí se exponen, han sido formuladostempestivamente, esta defensa técnica privada muy respetuosamente solicita se declare la ADMISIBILIDAD de dichos alegatos.

   CAPITULO II

   ANTENCEDENTES DEL CASO

   Suben las presentes actuaciones a esta Ilustre Corte de Apelaciones, en virtud del RECURSO DE APELACION CON EFECTO SUPENSIVO interpuesto por el Fiscal de Flagrancia auxiliar del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, Abg. N.M.R., y Abg. Mariony MartínezÁvila, el día 26-05-2014, a las 04:00 horas de la tarde, por ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Zulia, en contra de la decisión dictada en fecha 26-05-2014, por el referido órgano Jurisdiccional, mediante la cual se impuso a nuestros defendidos de marras, 1. A.A.C.F.. J.M.L.V.. 3. M.A. OLAVE CUELLO,4. C.L.P.P., 5. D.A.R.F.. 6. W.B.M.G.. 7. MAYRELIS DEL C.B.B.. 8. ISLEIDA DEL C.B.B.. 9. A.M.S.M.. 10. YUSBELY P.G.S.. 11 L.D.C.V.D.M.. 12. M.D.V.M.L.. 13. M.R.M.. 14. EPIAYU MAGALIS. 15. L.M. MOLEROS. 16. MAYDELIS GARCIAS MOLERO. 17. R.E.M.I.. 18. EURITH J.A.R.. 19. R.M. Y 20. Y.E., el Juzgador impuso MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD DE LASESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 242, ORDINALES 3 Y 4 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL.

   Ahora bien, observamos que en el caso sometido a revisión, de esta Honorable Superioridad, la decisión dictada por el a quo no se encuentra totalmente ajustad a derecho, habida consideración de las razones siguientes: 1. Contemplado en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal (2012), solo procede excepcionalmente en los delitos allí enunciados (homicidio intencional, violación, delito que atenten contra la integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, secuestro, delito de corrupción, delito que cause grave daño al patrimonio público y a la administración pública, tráfico de droga de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizadas, violaciones graves de los derechos humanos, de esa humanidad y delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crimines de guerra).2.En el caso, en examen esta defensa técnica se CONSIDERA LA MEDIDA IMPUESTA POR EL JUZGADOR ajustada a derechopor las razones que dejamos a continuación a valoración de esta Honorable Alzada 1- El Ministerio Publico representado en este acto por la Fiscalía de Flagrancia pretende desconocer la función contralora del Juzgador. 2- La Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de la Libertadno limita, en ninguna forma procesal al Ministerio Público ejercer la acción penal que el Estado le atribuye al designarle la titularidad de la acción penal. 3- Toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal. Las disposiciones del texto adjetivo penal autorizan preventivamente la privación o la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o imputada, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, de lo que se desprende ciudadanos Magistrados que la norma es la libertad y la restricción de esta ultima la excepción. 4- La medida impuesta por el Juez a quo, no coloca riesgos alguno la consecución de los f.d.p., por otra parte es importante resaltar el hecho cierto que pareciera que la Vindicta Publica de manera involuntaria hubiese olvidado que las medidas cautelares establecidas en el artículo 242 del COPP, comportan restricción de la libertad del imputado, a todo evento no obstruye el Juez Séptimo de Control en forma alguna el proceso, el esclarecimiento de los hechos y la obtención de la Justicia, fin último del proceso penal. 5- Están cubiertos todos los requerimientos de ley que demuestran el arraigo de los hoy imputados en la zona, lo que garantiza el fin del proceso penal, pues a consideración del Juez de la causa no existe peligro que los ciudadanos puedan sustraerse del ejercicio de la acción penal así mismo es oportuno señalar que los elementos presuntivos de comisión delictual, los mismos bajo ningún concepto trastocan el principio de presunción de inocencia que aparan a todo ciudadano, por lo que el Juez de Control en su función garantista y celadora de la incolumidad de la Carta Magna, al ser el Juez de garantía mas no de meritos, se encuentra imposibilitado de hacer análisis de fondos de aquellos elementos que le son presentados, menos aun, análisis comparativos entre esos elementos. 6- La Vindicta Pública pareciera querer indicar al Juez de esta causa como debe actuar y lo más grave aun pretende que todas sus peticiones sean acatadas de manera sumisa por el Juez y la defensa técnica en desmedro de los principios y garantías procesales establecidos en el ordenamiento jurídico Venezolano, que ora de forma precisa del procedimiento, garantías, derechos , entre otros que definen el respeto a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia como regla del tratamiento del imputado, la afirmación a la liberad, el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica son inviolables en todo Estado y grado de la investigación y del proceso. 7- Esta defensa técnica se suma de una forma indefectible a todo lo expresado por el Juzgador al desestimar la presunta y negada comisión del delito de asociación para delinquir previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dado que la conducta desplegada por los ciudadanos hoy imputados no se encuadra al tipo penal imputado, esta decisión no está orientada a la impunidad, si no a la adecuada aplicación de la norma respetando y resguardando los intereses del ciudadano común y es importante resaltar que la Ley la hace el hombre para que la cumpla el hombre y la imponga el hombre es decir prevalece el sentido humanista permanentemente. 8- La Fiscalía de Flagrancia hace una imputación fundamentada en la presunción“iuris tantum” tal como lo establece literalmente su escrito de efectos suspensivos recurso de apelación interpuesto contra a el auto que acuerda La medida cautelar sustitutiva a la privación Judicial preventiva de la libertad de las establecidas en el articulo 242 ordinales 3 y 4 del COPP. 9- La imputación hecha por la bendita pública no se realizo de manera ajustada dado a que sustenta o fundamenta en suposiciones o presunciones sin aportar elementos de convicción que demuestren el nexo causal existente entre los ciudadanos hoy detenidos y el hecho que se les imputa. 10- La decisión emanada del Juzgado Séptimo de Control se encuentra debidamente motivada y fundamentada tanto en los hechos como en el derecho y comporta de manera indefectible los extremos exigidos por la Ley a los fines de garantizar la búsqueda de la verdad, el normal desarrollo de la investigación fiscal, el esclarecimientos de los hechos y la obtención de la justicia que es el fin ultima del proceso penal. 11- La ponderación, razonamiento y máximas de experiencias adoptadas por el Juzgador todo lo cual exige respeto al derecho de los procesados penalmente hacer juzgados en libertad, como al derecho de asegurar los intereses sociales en la medida en que se garantiza las futuras eventuales de los juicios se encuentran asegurados con la decisión que impuso el Juez a quo. 12. Dado las características del hecho el efecto suspensivo invocado por la Vindicta Publica no tiene fundamento jurídico alguno primero: Porque no se ha dado inicio formalmente a la investigación que debe hacer el Ministerio Publico, segundo: Porque las actas procesales en esta etapa de PRESENTACION DE IMPUTADOS, solo tiene presunciones o meros indicios de culpabilidad y según el principio de que las actas policiales en ninguna etapa del proceso constituyen pruebas concluyentes, y en esta etapa de presentación las actas procesales solo son elementos referenciales para iniciar una investigación, tercero: En virtud de la “DESESTIMACION” por el ciudadano Juez Séptimo de Control en uso de sus atribuciones que le otorga el Sistema Constitucional Penal del delito de Asociación para Delinquir, tal cual lo ha venido manifestando la Honorable y Colegiada Corte de Apelaciones Sala Nº 3 de este Circuito Judicial a manera de ilustrar ciudadanos Jueces, hago mención a una doctrina de H.B. sobre el efecto suspensivo: el cual expresa referencia al articulo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, viene convirtiéndose en la praxis judicial, en una pervertida practica > por parte de algunos Fiscales del Ministerio Publico, para enervar o hacer nugatoria inclusive, la medida de libertad o restricciones del imputado, a la cual se refiere el artículo 242 ejusdem, frente a este atropello por parte de la Representación Fiscal, ha venido sosteniendo la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal hasta su jubilación oficiosa que el efecto suspensivo solo procede en la siguientes circunstancia: cuando luego de decretarse la aprehensión flagrante del imputado y ordenada la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, el Tribunal de Control resuelva otorgar la libertad plena del imputado.

   De no encontrarse presente tales circunstancia, el recurso de apelación con efecto suspensivo, que interponga el Ministerio Publico, dada su manifiesta improcedencia, debe ser declarada SIN LUGAR.

   En el mismo orden de ideas, invocamos la decisión Nº 082-14, ASUNTO: VP02-R-2014-000161, de fecha 02 de Abril de 2014, con Ponencia del Juez Profesional Dr. R.Q.V., y valorado como ha sido el parágrafo único del artículo 430 del COPP, en el cual no está incluido el delito por el cual la ciudadana Fiscales de Flagrancia del Ministerio Publico, ha solicitado el efecto suspensivo en la presente causa, es por lo cual excluido como esta dicho delito lo que hace procedente el otorgamiento de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de la Libertad decretada por este Juzgado de la causa en el interés de la Justicia.

   Ahora bien ciudadanos Magistrados en todo lo explanado en el recurso de apelación interpuesto contra el auto que acuerda medida cautelar sustitutiva por efecto suspensivo, por la Vindicta Publica, no aprecia esta Defensa Técnica el uso de BUENA FE que debe caracterizar las acciones emprendidas por el Ministerio Publico. El fin del proceso es la obtención de la justicia y a criterio de esta defensa técnica es justa, bien ponderada, razonada y fundamentada a decisión del Juez, por todo lo anterior escrito esta defensa técnica se adhiere de manera total a la decisión adoptada por el juzgador.

   LEGISLACION APLICABLE

   Articulo 23 y 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   Artículo 23 los tratados, pactos y convecciones relativas a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía Constitucional y prevalece en orden interno, en la medida en la que contenga normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecida por esta Constitución y en las Leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público.

   Articulo 25 todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menos cabe los derecho garantizados por esta constitución y la Ley es nulo, y os funcionarios y funcionarias publicas que la ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los caso, sin que le excusas órdenes superiores.

   JURISPRUDENCIA:

   SALA CONSTITUCIONAL EXP N° 05-2389 de fecha 24-02-2006

   SALA CONSTITUCIONA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EXP. 11-1130. Sentencia N°1309-2001

   Hasta aquí,honorables Magistrados, la verdad material y procesal que dio lugar a esta defensa los alegatos en contra del recuso con Efecto Suspensivo, interpuesto por el Ministerio Publico en acto de audiencia del día 30-04-2014.

   CAPITULO III

   DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO CON EFECTO SUSPENCIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO

   El recurso de Apelación con Efecto Suspensivo que examina esta Alzada, deviene en IMPROCEDENTE, y por consiguiente debe ser declarado sin lugar, en virtud de las razones mencionadas up supra,En fecha 26 de mayo del 2014, siendo las 04.00 horas de la tarde, se procedió la celebración del acto de presentación de imputados, acto en el cual el Tribunal Séptimo de Control admitió la imputación del delito de CONTRABANDO DE EXTRACION, previsto y sancionado en el artículo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Precios Justos, por considerar motivadamente que la conducta desplegada por mis defendidos se encuadra de manera indefectible, siendo igualmente que el delito es cometido en contra de la colectividad y el Estado Venezolano, sujetos cuyas prerrogativas exceden, cualquier capacidad física o económica de los imputados visto desde su perspectiva individual, sujetos, a quien además le es afectada su capacidad económica a proceder del Juzgador incautarle los vehículos en esta misma fecha y la mercancía retenida por lo que no evidencia peligro de fuga. En cuanto a la DESESTIMACION del delito de asociación para delinquir previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, esta defensa técnica se adhiere total y definitivamente a lo expresado por la Juez Séptimo de Control Dr. R.G., en la resolución de N° 7C-714-14,de fecha 26 de mayo de 2014, por considerarla ajustada a derecho, dentro de sus facultades, la decisión indubio pro reo, por ser garante del Control Judicial y de la Constitucionalidad del Proceso.

   CAPITULO V

   PETITORIO FINAL

   En merito de la razones precedentemente expuesta, dada la manifiesta improcedencia del Recurso con Efecto Suspensivo interpuesto por fiscal del Ministerio Publico de Flagrancia de la circunscripción judicial del Estado Zulia, rogamos a esta ilustre Corte de Apelaciones, que dentro del plazo legal establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez considerados los alegatos formulados por estas defensas técnicas, declare SIN LUGAR el recurso interpuesto por la Representación Fiscal y en consecuencia confirmen en todas y en cada una de sus parte, la decisión recurrida por encontrase la misma en todo a derecho y a justicia, a si lo solicitamosexpresamente.

   Pedimos se desestime el efecto suspensivo alegado en la presente, en virtud de las razones siguientes: I. Nos encontramos frente a un proceso en el cualse acogió su tramitación por la vía del procedimiento ordinario, II. El efecto suspensivo por el articulo 374 del Código Orgánico De Procedimiento Penal, solo procede contra la decisión que “Acuerde la Libertad” sin restricciones del imputado, y no cuando se impone una Medica Cautelar Sustitutiva de las estatuidas en el artículo 242 ejusdem, ya que los imputados de autos se encuentran bajo el poder coercitivo del Estado como se advierte en el caso de marras, manteniendo alos imputados en una l.C. o SUB JUDICE, dado que tal medida evidentemente comporta restricciones o limitaciones alos ciudadanos al cual le han sido impuesta y a todo evento se evidencie el principio de Juzgamiento en Libertad de nuestros defendidos de marras, porque para nadie es un secreto que una Medida Sustitutiva a la Privación de Libertad,limita y condiciona la libertad del imputado.

   Visto el recurso de apelación en efecto suspensivo, interpuesto por las representantes del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, y de seguidas la contestación al mismo de las defensas de autos, se acuerda la remisión de la presente causa, a la Corte de Apelación de este Circuito Judicial Penal, que por distribución le corresponda conocer, es todo. Quedan las partes notificadas de lo aquí acordado. Culmino el presente acto en fecha 26 de Mayo de 2014, siendo las Cinco (05:00 pm) horas de la tarde. Es todo, termino, se leyó y conformes firman.

   EL JUEZ SEPTIMO DE CONTROL

   ABG. R.J.G.R.

   FISCALES DE LA SALA DE FLAGRANCIA

   ABOG. N.M.R.

   ABOG. MARIONY DEL VALLE MARTINEZ

   LOS ABOGADOS

   D.C.

   E.B.

   EUDOMAR YANEZ

   E.A.

   L.A.R.

   B.P.

   A.P.

   SORBELLA CARRASQUERO

   LEXIBETT YEDRA

   N.P.

   N.M.

   J.R.

   YOHON CARDOZO

   P.S.

   D.O.

   LOS IMPUTADOS

   A.A.C.F.

   J.M.L.V.

   M.A.O.C.

   C.L.P.P.

   D.A.R.F.

   W.B.M.G.

   MAYRELIS DEL C.B.B.

   ISLEIDA DEL C.B.B.

   A.M.S.M.

   YUSBELY P.G.S.

   L.D.C.V.D.M.

   M.D.V.M.L.

   M.R.M.

   M.E.

   L.M.M.

   MAYDELIS G.M.

   R.E.M.I.

   EURITH J.A.R.

   R.M., Y.E.

   LA SECRETARIA,

   ABOG. L.N.R.

   RJGR/yb*

   Causa No. 7C-30247-14