Sentencia nº 149 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 20 de Noviembre de 2008

Fecha de Resolución:20 de Noviembre de 2008
Emisor:Sala Plena
Número de Expediente:2007-00200
Ponente:Miriam del Valle Morandy Mijares
Procedimiento:Conflicto de Competencia
 
CONTENIDO

MAGISTRADA PONENTE: MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES. Expediente Nº AA10-L-2007-000200

Mediante oficio N° 1597-2007 del 13 de julio de 2007, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia remitió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el expediente N° 45.210, de la nomenclatura de dicho órgano jurisdiccional, contentivo del juicio que por obligación alimentaria (hoy obligación de manutención) intentó la ciudadana N.J.R.L., venezolana, mayor de edad e identificada con la cédula de identidad N° 4.750.780, asistida por la abogada R.A.C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el N° 27.367, en representación de su adolescente hijo GARI DILLVER M.R., contra el ciudadano E.A.M.B., venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad N° 3.926.349. Tal remisión se efectuó en virtud de la decisión dictada por el Juzgado remitente, en la cual rechazó la declinatoria de competencia realizada por la Sala de Juicio N° 1 del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 16 de septiembre de 2006.

El 14 de noviembre de 2007, se recibió el expediente y, en esa misma fecha, se dio cuenta en la Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Efectuado el estudio pormenorizado del caso, esta Sala pasa a dictar sentencia conforme a las consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DEL CASO

1.- El 23 de abril de 2003, previa distribución, la Sala de Juicio N° 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cargo del juez HÉCTOR PEÑARANDA QUINTERO recibió la demanda por obligación alimentaria (hoy denominada obligación de manutención según el artículo 384 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) incoada por la ciudadana N.J.R.L., en representación de su adolescente hijo GARI DILLVER M.R., contra el ciudadano É.A.M.B..

Según el texto de la demanda, los hechos que dieron origen a la misma son los siguientes:

…El 17 de abril de 1991, contraje Matrimonio Civil, ante la Parroquia Bolívar de este Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, con el ciudadano E.A.M.B. (…) de dicha relación matrimonial, nació un adolescente (…) de 15 años de edad, y está bajo mi guarda.

Ahora bien, Ciudadano Juez, el progenitor de mi nombrado hijo, ha permanecido durante mas de once años con una actitud negativa y manifiesta de no proporcionarle el dinero necesario a fin de que se puedan cubrir los gastos de alimentación, vestido, educación, servicios médicos y todo lo relacionado para la manutención del mismo, así como otros gastos que el adolescente requiera, como los ocasionados en época decembrina, negándose rotundamente el mismo, a cumplir con la obligación que le impone la Ley. Informo a este Tribunal, que el ciudadano E.A.M., suficientemente identificado, presta sus servicios como Policía Regional en proceso de jubilación a la orden del Procurador General del Estado Zulia…

. (Folio 1 y vto., primera pieza).

En la misma fecha, el citado Juzgado admitió la demanda y citó al demandado para la audiencia de conciliación prevista en los artículos 514 y 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (hoy artículo 512 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

2.- El 29 de septiembre de 2003, el ciudadano É.A.M.B., asistido por el ciudadano R.O., abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el N° 49.980, mediante diligencia ante la Sala de Juicio N° 1, se dio por notificado de la demanda intentada en su contra.

3.- El 5 de diciembre de 2003, la Sala de Juicio N° 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia dictó los pronunciamientos siguientes:

… a) CON LUGAR la demanda de Reclamación Alimentaria, intentada por la ciudadana N.J.R.L., en contra del ciudadano E.A.M.B., a favor del adolescente (…). Ahora bien para establecer el monto de la pensión alimentaria este Juez Unipersonal N°1, atendiendo a las necesidades del adolescente de autos y la capacidad económica del demandado, fija como pensión alimentaria mensual la cantidad de DOS TERCIOS (2/3) del salario mínimo, en base a la fijación que del mismo haga el Gobierno Nacional y que actualmente asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO BOLÍVARES (Bs. 247.104,00) de la pensión por jubilación percibida mensualmente, lo que significa que la cantidad obligada a cancelar por el ciudadano E.M. es de ciento sesenta y cuatro mil setecientos treinta y seis bolívares (Bs. 164.736,00) mensuales. Para el momento en que se incremente el salario mínimo para los trabajadores del país, en esa misma proporción será aumentada automáticamente la pensión alimentaria. En el mes de septiembre para los gastos de útiles escolares y aquellos propios del inicio del año escolar se fija la cantidad adicional equivalente a DOS TERCIOS (2/3) del salario mínimo, lo que significa que la cantidad obligada a cancelar por el referido ciudadano es de ciento sesenta y cuatro mil setecientos treinta y seis bolívares (Bs. 164.736,00). Asimismo, a fin de cubrir los gastos de navidad y fin de año se fija la cantidad adicional equivalente a UNO Y MEDIO (1 1/2) salario mínimos, el cual asciende a la cantidad de trescientos setenta mil seiscientos cincuenta y seis bolívares (Bs. 370.656,00). Dichas cantidades deberán ser retenidas en su oportunidad del sueldo, bono vacacional y aguinaldos que le puedan corresponder al demandado de autos como jubilado de la Gobernación del Estado Zulia, y remitirla al Tribunal en cheque de gerencia (…). Asimismo, en lo referente a las pensiones futuras del adolescente de autos, este sentenciador no se pronunciará toda vez que las mismas se encuentran garantizadas por la pensión de jubilación del ciudadano E.M..

b) MODIFICADA la medida de embargo decretada por este Tribunal en fecha 24 de abril de 2003, y ejecutada por el Juzgado Segundo Especial (Ejecutor de Medidas) de los Municipios Maracaibo, J.E.L., San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla del Estado Zulia en fecha 9 de mayo de 2003.

c) SUSPENDIDA la medida de embargo decretada en fecha 24-04-2003 sobre las prestaciones sociales del ciudadano E.M..

d) LA ENTREGA al ciudadano E.M. de las cantidades de dinero que se encuentran depositadas en la Cuenta de Ahorros N° 0003-0050-10-0101140924 del Banco Industrial de Venezuela, por concepto de prestaciones sociales, en virtud de que el mismo se encuentra jubilado de la Gobernación del Estado Zulia.

e) OFICIAR al Procurador General del Estado Zulia, a los fines de informarle acerca de las medidas de embargo que han sido modificadas por medio de la presente sentencia y decretadas sobre la pensión de jubilación del ciudadano E.M..

No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza del proceso…

. (Folios 53 al 59, primera pieza).

4.- El 15 de enero de 2004, la Sala de Juicio N° 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declaró en estado de ejecución la sentencia dictada, según el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil.

5.- El 16 de septiembre de 2006, el mencionado Tribunal decidió declarar extinguido el régimen de minoridad del ciudadano GARI DILLVER M.R.; declinó la competencia a un Juzgado Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, respecto del Juicio de Reclamación Alimentaria incoado por la ciudadana N.J.R.L., en contra del ciudadano É.A.M.B., a favor del ahora mayor de edad GARI DILLVER M.R. y ordenó remitir el expediente a la Oficina Distribuidora.

6.- El 30 de marzo de 2007, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cargo de la jueza DILCIA MOLERO REVEROL, dio entrada al expediente y revisadas las actuaciones, con fundamento en la jurisprudencia venezolana, se declaró incompetente para conocer de la causa y planteó conflicto ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que ordenó la remisión del expediente a la misma.

DEL CONFLICTO

La Sala de Juicio N° 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cargo del juez HÉCTOR PEÑARANDA QUINTERO, el 16 de septiembre de 2006, declinó el conocimiento de la causa en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción, basándose en lo siguiente:

…Observa el Tribunal que en el caso sub-iudice (sic) la persona de GARI DILLVER M.R., tomando como prueba la copia certificada del acta de nacimiento N° 1424, de la cual se constata que el ciudadano antes nombrado tiene dieciocho (18) años de edad, y por lo tanto es mayor de edad. En este orden de ideas, según lo dispuesto en los artículos 2 y 177 parágrafo cuarto literal (f) de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (…) artículo 18 del Código Civil (…) artículo 3 del Código de Procedimiento Civil (…). Sin embargo, en el caso de autos ha cambiado la situación de Derecho, porque se ha extinguido el régimen de minoridad del ciudadano GARI DILLVER M.R., y por lo tanto, ha cambiado ya no una situación de hecho sino de derecho, ya que el mencionado ciudadano es mayor de edad, encontrándose el mismo dentro del régimen de mayoridad, con ahora una situación de derecho distinta, con sus consecuencias jurídicas…

(Resaltado de la Sala, folios 8 y 9, primera pieza).

Por su parte, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cargo de la jueza DILCIA MOLERO REVEROL, el 30 de marzo de 2007 rechazó la declinatoria de competencia que le hiciera la Sala de Juicio N° 1 del citado Tribunal de Protección, por estimarse igualmente incompetente y ordenó remitir el expediente a la Sala Plena de este M.T.. La referida decisión se basó en las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que atribuyen la competencia a los Tribunales de Protección para el conocimiento y trámite de los juicios intentados por obligación alimentaria de un mayor de edad menor de veinticinco (25) años, según el parágrafo primero, letra d) del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, aplicable ratione temporis.

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Como punto previo, pasa esta Sala Plena a dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocer el referido conflicto de competencia y, a tal efecto, observa:

El numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

(…omissis…)

51. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido

.

Ahora bien, a los fines de determinar a cuál de las Salas de este Supremo Tribunal corresponde dirimir los conflictos de competencia suscitados entre tribunales que no tengan un tribunal superior común a ellos, esta Sala Plena ha señalado que debe atenderse al criterio de afinidad entre la materia debatida y las competencias de cada Sala, a menos que los tribunales en conflicto pertenezcan a distintas jurisdicciones, en cuyo caso la competencia corresponderá a esta Sala Plena. Así se estableció en la sentencia N° 24 del 26 de octubre de 2004 (caso D.M.), en la cual dejó sentado lo siguiente:

Como puede observarse, en la norma transcrita todas las Salas de este máximo tribunal tienen atribuida competencia para decidir los conflictos de competencia de los tribunales, en el caso de que no exista otro tribunal superior y común a ellos. En este sentido, resulta competente esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la presente causa, toda vez que justamente el conflicto planteado versa en torno a cuál es la materia objeto del proceso, ya que se presenta un conflicto negativo de competencia, en este caso entre tribunales con competencia agraria y tribunales con competencia civil, que no han asumido el conocimiento de la presente causa en tanto que ambos se consideran incompetentes para decidirlo. Consecuencia de lo anterior, es que establecer cuál es la Sala afín con la materia significaría determinar el fondo del asunto debatido en esta instancia, que no es otro que determinar la competencia según la materia para conocer del presente caso.

Así las cosas, debe esta Sala asumir la competencia a fin de establecer cuál es el tribunal competente para conocer de la demanda, especialmente porque es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la más apropiada para resolver los conflictos de competencia entre tribunales de distintas ‘jurisdicciones’ sin un superior común, no sólo por tener atribuida esta Sala la competencia, ya que todas las Salas la tienen, sino especialmente en razón de su composición, ya que reúne a los magistrados de todos los ámbitos competenciales, lo que permite en esta instancia analizar de mejor manera y desde todos los puntos de vista, a qué tribunal debe corresponder conocer de una causa en la que haya duda sobre cuál juzgado deba conocerla en cuanto a la competencia por la materia. Así se declara

.

El anterior criterio fue ratificado por esta Sala Plena, en la sentencia N° 1 del 17 de enero de 2006 (caso J.M.Z.), en el cual se expuso que:

…puede surgir sí una problemática para los supuestos en que los tribunales en conflicto pertenezcan a distintas jurisdicciones, y donde, prima facie no resulta posible determinar cuál es la naturaleza o carácter del asunto debatido.

En estos últimos casos, se sostenía que la competencia le correspondía a la Sala de Casación Civil, fundamentándose tal criterio en que la actuación de esa Sala se rige eminentemente por las normas del derecho procesal civil y la regulación de competencia es una institución propia de este derecho (vid. sentencia de la Sala Plena de este M.T. dictada en el Exp. 535 de fecha 7 de marzo de 2001).

No obstante lo anteriormente expuesto, posteriormente mediante sentencia N° 24 dictada por esta Sala Plena en fecha 22 de septiembre de 2004, publicada el 26 de octubre del mismo año, se abandonó tal criterio, al considerarse que era la propia Sala Plena de este M.T. la competente para dirimir el conflicto de competencia planteado entre tribunales con distintas jurisdicciones…

.

En atención a los criterios jurisprudenciales expuestos y, por tratarse el presente caso, de un conflicto negativo de competencia por la materia entre tribunales que pertenecen a distintas jurisdicciones (por una parte, un Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente y por la otra, uno Civil), esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se declara competente para conocer y decidir el conflicto de competencia suscitado, y así se decide.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Una vez determinada la competencia para conocer el presente conflicto, se pasa a resolver cuál es el órgano competente para conocer y decidir la demanda que cursa en autos y, al efecto, observa:

En el caso bajo análisis, la ciudadana N.J.R.L., asistida por la abogada R.A.C., en representación de su adolescente hijo, intentó una solicitud de fijación de obligación alimentaria contra el ciudadano É.A.M.B., según lo previsto en el artículo 376 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (hoy obligación de manutención), que legitima a la madre o al padre para ejercer en representación de sus hijos, dicha solicitud.

El primer aparte del artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

...El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquellos o aquellas no puedan hacerlo por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria

.

Por su parte, el artículo 78 Constitucional dispone:

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá las políticas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes

.

Ahora bien, en la aplicación e interpretación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (hoy Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) el interés superior del niño es de obligatorio cumplimiento. En efecto, este principio rector se encuentra reconocido en el artículo 8 de la citada Ley Especial, en los términos siguientes:

El Interés Superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías

.

Al respecto y sobre la competencia por la materia y por el territorio, los artículos 177 y 453 de la referida Ley Especial, aplicables ratione temporis, disponen:

Artículo 177. El juez designado por el presidente de la Sala de Juicio, según su organización interna, conocerá en primer grado de las siguientes materias:

(…Omisiss…)

d. Obligación alimentaria…

.

Artículo 453. El juez competente para los casos previstos en el artículo 177 de esta Ley será el de la residencia del niño o adolescente, excepto en los juicios de divorcio o de nulidad del matrimonio, en los cuales el juez competente será el del domicilio conyugal”.

De las citadas disposiciones se interpreta que el conocimiento de las demandas por obligación alimentaria se atribuye al Tribunal de Protección competente en el lugar de residencia del niño o adolescente, a fin de garantizar el interés superior del niño o adolescente desarrollado en el artículo 8 de la referida Ley Especial.

Ahora bien, en el caso “sub júdice”, el Tribunal de Protección planteó que el adolescente cumplió la mayoridad, lo cual motivó a dicho Tribunal a declinar el conocimiento de la causa en un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil. Sobre este punto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fijó criterio en la sentencia N° 1756 del 23 de agosto de 2004:

Este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional tiene la obligación de garantizar la protección del ejercicio y goce de los derechos a todas las personas y, en todo caso, debe restablecer el orden público constitucional cuando determine que se ha quebrantado.

Esta Sala Constitucional, a pesar de que se desestimó la demanda de amparo, pasa al pronunciamiento sobre el asunto que fue planteado, ya que involucra el tema de la competencia por la materia, la cual es de orden público, y que, necesariamente, abraza un derecho y una garantía constitucional como es la del Juez Natural.

…omissis..

La competencia tiene como característica fundamental que es de orden público, razón por la cual es inderogable, indelegable y es un presupuesto de mérito para la sentencia, es decir que la competencia, en el ordenamiento procesal vigente, es un requisito sine qua non para la eficacia del pronunciamiento de una decisión válida; por ello, la sentencia que dicte un juez incompetente resulta nula. Esta Sala, en varias oportunidades, ha señalado la competencia como un requisito de validez para el pronunciamiento de una sentencia válida.

…omissis…

El artículo 28 del Código de Procedimiento Civil dispone la regla general para la atribución de competencia por la materia en los siguientes términos:

‘Artículo 28. La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan.’

La competencia ratione materiae está estrechamente vinculada con el derecho y la garantía constitucional al juez natural, puesto que depende de la naturaleza de la situación jurídica que se discute, para que la competencia se le asigne a un determinado juez ordinario o especial, en el entendido de que los jueces ordinarios son aquellos a quienes se le asigna competencia generalmente civil (común), y los jueces especiales atienden asuntos que derivan de situaciones jurídicas especiales y que requieren una regulación distinta, por lo concreto de la situación (tránsito, trabajo, agrario, protección del niño y del adolescente, etc.).

La jurisdicción especial de Protección del Niño y del Adolescente tiene su fundamento constitucional en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 173 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Dicha jurisdicción especial, como su nombre lo indica, protege y resguarda a los niños y adolescentes en el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, al reconocerles todos los derechos inherentes a la persona humana, pero al mismo tiempo considerándolos como sujetos en desarrollo.

A los Tribunales especializados se les atribuyó su competencia a través de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su artículo 177, el cual establece un catálogo de supuestos o situaciones jurídicas que son de su exclusiva competencia. El artículo en referencia dispone, entre una de las competencias que atribuye a las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, la siguiente: ‘El juez designado por el presidente de la Sala de Juicio, según su organización interna, conocerá en primer grado de las siguientes materias: Parágrafo Primero: Asuntos de familia: (...) d) obligación alimentaria;’ (subrayado y resaltado de este fallo).

Esta atribución de competencia se refuerza en el artículo 384 eiusdem, que dispone de manera indubitable que: ‘Todo lo relativo a la obligación alimentaria debe ser decidido por vía judicial, siguiéndose para ello el procedimiento previsto en el Capítulo VI de este Título’. (Subrayado añadido)

Ahora bien, las consideraciones anteriores la Sala las formula por cuanto observó que las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente y las C.S. interpretan de manera indistinta la competencia para el conocimiento de la extensión de la obligación alimentaria una vez que se cumple la mayoría de edad. Así, los tribunales de instancia señalan que los adolescentes que cumplan la mayoría de edad y no soliciten la autorización para la extensión de la pensión de alimentos el día antes de que cumpla los dieciocho años de edad, esta obligación se extingue, por cuanto se trata de un lapso preclusivo, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 383 de la Ley.

Dispone el artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente lo siguiente:

‘Extinción. La obligación alimentaría se extingue:

(...)

b) por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario de la misma, excepto que padezca deficiencias físicas o mentales que lo incapaciten para proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa aprobación judicial’.

Ahora bien, es evidente para esta Sala Constitucional que la materia de obligación alimentaria está sujeta al tribunal especializado y al procedimiento especial que señala expresamente la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en los artículos que se transcribieron, por ello, mal puede señalarse que las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente pierden la competencia si no se realiza la solicitud de extensión de la obligación antes de que el adolescente cumpla los dieciocho (18) años de edad, pues dicha norma no señala tal lapso preclusivo para la solicitud de la extensión, simplemente establece que los jóvenes que cumplan la mayoría de edad pueden seguir beneficiándose de la pensión de alimento que le deben su padres, en el caso de que cursen estudios que, por su naturaleza, le impidan el ejercicio de un trabajo remunerado, pero deben pedir una aprobación judicial.

La interpretación del artículo 386, letra b), de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente no puede entenderse sobre la base de que la competencia corresponde a lo (sic) Tribunales de (sic) Civiles ordinarios, si no se solicita la extensión de la pensión de alimentos antes de que el beneficiario cumpla la mayoría de edad, porque esto causaría una gran incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que los que soliciten la autorización judicial cuando son adolescentes permanecen en la jurisdicción especial y aquellos que no pidan dicha autorización, antes de la mayoría de edad, deberán demandar ante la jurisdicción civil ordinaria, lo cual ocasionaría que la competencia para el conocimiento del asunto en cuestión dependiera del pedimento o no de la autorización…

. (Resaltado de la Sala).

Recientemente, la Sala Constitucional ratificó el criterio antes transcrito en la sentencia N° 20 del 20 de enero de 2006, en los términos siguientes:

…puede esta Sala reiterar que la competencia en materia de obligaciones alimentarias corresponde a la jurisdicción especial de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente y no a la jurisdicción civil, aún en los casos en los cuales la parte reclamante de tal obligación haya alcanzado la mayoría de edad y sea menor de veinticinco (25) años, como es el caso de autos, en el cual, alega el apoderado actor, que uno de los menores al finalizar el juicio por revisión de pensión de alimentos había alcanzado la edad de diecinueve (19) años, seis (6) meses y seis (6) días…

. (Resaltado de la Sala).

Cabe citar, la sentencia N° 2 del 15 de enero de 2008 dictada por esta Sala Plena en la que se ratificó el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional expuesto, en los términos siguientes:

… observa esta Sala Plena que en el caso de autos, aparecen reproducidos los elementos fácticos o presupuestos de hecho que motivaron la decisión en referencia, vale decir, un conflicto de competencia que surge con motivo de una demanda por obligación alimentaria, cuando quien viene siendo beneficiario de la misma cumple dieciocho (18) años de edad, pero puede ser extendida en atención a lo establecido en el literal b) del artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, razón por la cual y atendiendo al carácter vinculante que reviste la misma, se acoge al criterio expresado y, en tal sentido establece, que la competencia para conocer las acciones derivadas de la demanda por obligación alimentaria, ejercida por la ciudadana N.T.C. de LÓPEZ, corresponde a la jurisdicción especial de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente. Así se decide…

.

El citado criterio jurisprudencial es ratificado por esta Sala Plena, en el caso bajo análisis, en virtud del cual se deja sentado que en materia de obligación alimentaria (hoy obligación de manutención) existe una norma especial y de aplicación preferente como lo es el artículo 177 parágrafo primero, letra d) de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, aplicable ratione temporis, en el sentido de que consagra un fuero especial respecto al Tribunal de Protección para conocer las demandas ejercidas por este concepto, no obstante, que su beneficiario hubiera alcanzado la mayoridad y sea menor de veinticinco (25) años, como en el presente caso.

Sentado lo anterior, la Sala observa que el beneficiario de la obligación alimentaria reside con su Madre, la ciudadana N.J.R.L., en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos 177 parágrafo primero, letra d) y, 453 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, aplicable ratione temporis, la competencia para continuar con el conocimiento de la presente demanda corresponde a la Sala de Juicio N° 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Así se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

1) Se declara COMPETENTE para conocer del conflicto negativo de competencia suscitado entre la Sala de Juicio N° 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial.

2) Declara que el TRIBUNAL COMPETENTE para continuar el conocimiento de la causa seguida por obligación alimentaria (hoy obligación de manutención) es la Sala de Juicio N° 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En consecuencia, se ordena la remisión del expediente al referido Juzgado.

Publíquese y regístrese. Notifíquese de la presente decisión, mediante oficio, al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Remítase.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, en Caracas, a los 25 días del mes de septiembre de dos mil ocho (2008). Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta,

L.E.M. LAMUÑO

La Primera Vicepresidenta, El Segundo Vicepresidente,

D.N. BASTIDAS L.A. SUCRE CUBA

Los Directores,

EVELYN MARRERO ORTIZ YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

O.A. MORA DÍAZ

Los Magistrados,

J.E. CABRERA ROMERO YOLANDA J.G.

L.M. HERNÁNDEZ ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

E.R. APONTE APONTE JUAN RAFAEL PERDOMO

P.R. RONDÓN HAAZ LEVIS IGNACIO ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI ANTONIO R.J.

C.A.O. VÉLEZ BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

ALFONSO VALBUENA CORDERO FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ

E.G. ROSAS RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO

F.R. VEGAS TORREALBA J.J. NÚÑEZ CALDERÓN

L.A.O. HERNÁNDEZ HÉCTOR C.F.

L.E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

M.T. DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES ARCADIO DELGADO ROSALES

Ponente

La Secretaria,

O.M. DOS S.P.

Exp. N° AA10-L-2007- 000200

MMM.

El Magistrado P.R. Rondón Haaz manifiesta su voto concurrente en relación con el veredicto que antecede por las siguientes razones:

El Tribunal en Pleno resolvió el conflicto de competencia de autos en decisión que se comparte.

Sin embargo, se discrepa de la consideración mayoritaria según la cual la Sala Plena sería competente para la resolución del conflicto por cuanto la composición de ésta la hace la más idónea, ya que agrupa a todos los magistrados de las Salas de este M.T. deJ.. De esta forma, esta Sala Plena analizaría de mejor manera el conflicto de competencia que corresponda, ya que éste se abordaría desde todos los puntos de vista.

En este sentido, debe precisarse que la razón por la cual la Sala Plena es competente para la resolución de conflictos de competencia entre tribunales de distintos ámbitos de competencia material es la inexistencia de un tribunal superior común a los tribunales en conflicto, lo que determina que el asunto no pueda ser atribuido a ninguna otra Sala de este M.T. deJ. en aplicación de las normas que, al efecto, establece su Ley especial.

En cambio, si el fundamento de tal competencia fuese el que se declaró; por una parte, la Sala Plena podría atribuirse, también, una vez desconocidos los límites constitucionales y legales de su propia competencia, el conocimiento de cualquiera de los muy distintos tipos de asuntos y procesos que conocen todas las otras Salas, desde recursos de casación hasta la revisión constitucional y, por la otra, y por vía de consecuencia, la existencia misma de otras Salas en el Tribunal Supremo de Justicia sería prescindible –en contra de las disposiciones constitucionales y legales aplicables en vigor-.

Resulta relevante, en este sentido, que en el marco de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia la Sala Plena ni siquiera podría ejercer la potestad de avocamiento, ya que siempre habrá una Sala con un ámbito de competencia material específico que satisfaga mejor la regla distributiva a que se contrae el cardinal 48 del artículo 5 de dicha ley, en concordancia con el primer parágrafo del mismo artículo.

Sin embargo, el criterio del que se aparta el magistrado que rinde este voto haría innecesario el otorgamiento expreso de dicha facultad extraordinaria –tan extraordinaria que está en desuso en Derecho Comparado- por parte del legislador, ya que la Sala Plena podría decidir tomar para sí cualquier causa con la excusa de que está conformada por los magistrados de todas las salas que integran este Tribunal Supremo de Justicia, entre las cuales es distribuida la función jurisdiccional, para conocer, a nivel nacional de las diversas materias reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual, por supuesto, sería inaceptable en nuestro sistema de derecho.

Queda así expuesto el criterio concurrente.

Fecha ut retro.

La Presidenta,

L.E.M. LAMUÑO

La Primera Vicepresidenta, El Segundo Vicepresidente,

D.N. BASTIDAS L.A. SUCRE CUBA

Los Directores,

EVELYN MARRERO ORTIZ YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

O.A. MORA DÍAZ

Los Magistrados,

J.E. CABRERA ROMERO YOLANDA J.G.

L.M. HERNÁNDEZ ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

E.R. APONTE APONTE JUAN RAFAEL PERDOMO

P.R. RONDÓN HAAZ LEVIS IGNACIO ZERPA

Concurrente

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI ANTONIO R.J.

C.A.O. VÉLEZ BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

ALFONSO VALBUENA CORDERO FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ

E.G. ROSAS RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO

F.R. VEGAS TORREALBA J.J. NÚÑEZ CALDERÓN

L.A.O. HERNÁNDEZ HÉCTOR C.F.

L.E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ C.E. PORRAS DE ROA

M.T. DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES ARCADIO DELGADO ROSALES

La Secretaria,

O.M. DOS S.P.

PRRH.sn.ar.

Exp. AA10-L-2007-000200

En veinte (20) de noviembre de dos mil ocho (2008), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), fue publicada la decisión que antecede.