Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Portuguesa (Extensión Guanare), de 8 de Junio de 2012
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2012 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación |
| Ponente | Francileny Alexandra Blanco Barrios |
| Procedimiento | Acción Merodeclarativa De Concubinato |
PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa
Guanare, 8 de junio de 2012
202º y 153º
ASUNTO N° PP01-V-2012-000144
Vistas las medidas cautelares solicitadas por la ciudadana Y.M.R.S., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.237.356 en el escrito libelar de oposición a la presente demanda con motivo de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO incoada por la demandante de autos, ciudadana: N.Z.A.M., relativas a la prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble señalado en el libelo de demanda que dio inicio al procedimiento; prohibición de vender, gravar traspasar o alquilar partes y piezas de cualquier vehículo perteneciente a la comunidad concubinaria; oficiar al Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT) a los fines de que a los referidos vehículos se les prohiba circular en el Territorio Nacional, hasta tanto haya sentencia definitiva y Oficiarle a las entidades Bancarias Bicentenario y Banco Occidental de Descuento (B.O.D.) a objeto de paralizar las cuentas pertenecientes al de cujus WOLFANG BRICEÑO PERDOMO, hasta tanto haya sentencia definitiva en el presente juicio, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, se pronuncia con respecto a la referida solicitud previas las consideraciones siguientes:
El contenido del artículo 466 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece lo siguiente:
Art. 466: Las medidas preventivas pueden decretarse a solicitud de parte o de oficio, en cualquier estado y grado del proceso. En los procesos referidos a Instituciones Familiares o los asuntos contenidos en el Título III de esta Ley, es suficiente para decretar la medida preventiva, con que la parte que la solicite, señale el derecho reclamado y la legitimación que tiene para solicitarla. En los demás casos, solo procederán cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama… (Fin de la cita. Resaltado del Tribunal).
De la disposición normativa antes transcrita se colige que cuando se trate de juicios relativos a instituciones familiares, vale decir, patria potestad, responsabilidad de crianza, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar o procesos concernientes a medidas de protección, infracciones a la protección debida, acción de protección o cualquier otro asunto de los estatuidos en el Título III de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los requisitos para que el Juez decrete la medida preventiva solicitada, se minimizan, bastando solo con que el peticionante señale el derecho reclamado y la legitimación que posee para solicitarla. No obstante, la Ley es clara al señalar que en los demás casos las medidas cautelares requeridas solo procederán cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que promueva un medio de prueba que establezca presunción grave del referido riesgo (perículum in mora) y del derecho reclamado (fumus bonis iuris).
En sintonía con lo expresado, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil estatuye lo que de seguidas se cita:
Art. 585: Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. (Fin de la cita. Resaltado del Tribunal)
Se observa pues, como ambas normativas procedimentales, tanto la pautada en la LOPNNA como la del CPC, establecen de forma concurrente como requisitos de procedencia para decretar medidas preventivas, el perículum in mora y el fumus bonis iuris y en ambos casos prueba que constituya presunción grave de estos.
Ahora bien, en el caso sub iudice, se observa que el objeto de la demanda versa sobre Acción Mero Declarativa de Concubinato, lo cual significa que no se trata de un asunto relativo específicamente a instituciones familiares, así como tampoco de los contenidos en el Título Tercero de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo tanto a tenor de lo dispuesto en el citado artículo 466 ejusdem es imprescindible para decretar la procedencia de las referidas medidas el cumplimiento y concurrencia de los requisitos señalados con anterioridad, los cuales son, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (perículum in mora) y prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama (fumus bonis iuris) o presunción de buen derecho.
En tal sentido es de advertir, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en forma reiterada ha señalado que el recurrente al fundamentar su solicitud de medida cautelar, no puede limitarse a exponer simples alegatos genéricos, sino que es necesario una argumentación fáctico-jurídica sólida. En el caso que nos ocupa, esta juzgadora observa que la parte solicitante de las medidas circunscribe su solicitud a exponer (sic):
En consecuencia solicito al Tribunal muy respetuosamente la PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR conforme a lo establecido en el artículo 585, 588, del Código de Procedimiento Civil, sobre el inmueble el cual habita la demandante y que esta debidamente señalado en el libelo de demanda presentado por la demandante, a objeto de evitar cualquiera venta fraudulenta que la demandante quisiera realizar, en momentos de este litigio, evitando de esta manera que mis menores hijos habidos dentro de esa relación concubinaria queden desprotegidos, desamparados y desasistidos legalmente. Asimismo (…) se adquirieron unos vehículos los cuales se encuentran en poder de la demandante, razón por la cual ruego decrete medidas necesarias para que la demandante se abstenga de vender, gravar, traspasar y alquilar o vender partes y piezas de cualquier vehículo ya que pertenecen a la comunidad concubinaria tanto de mi persona como de mis hijos menores (…)Ruego y solicito que el Tribunal oficie al INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTT), a los fines de que los vehículos nombrados se les prohiba circular en el Territorio Nacional, hasta tanto haya sentencia definitiva (…) De igual manera ruego y solicito al Tribunal se sirva oficiarle a las entidades Bancarias Bicentenario (…) y Banco Occidental de Descuento (B.O.D.)(…) a objeto de paralizar las cuentas perteneciente al fallecido WOLFANG BRICEÑO PERDOMO, para que no sea movilizada por la demandante,hasta tanto haya sentencia definitiva y firme en el presente caso
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De lo antes referido, queda claro que la solicitante solo se limitó a emitir pronunciamientos y afirmaciones sobre supuestos acerca de la existencia del riesgo de un supuesto de negocio jurídico para hacer fraude, sin promover prueba alguna tendente a demostrar los hechos alegados, lo cual no comprueba la existencia del fumus bonis iuris, y menos del perículum in mora, lo cual significa que no cumplió con la carga de demostrar los requisitos de procedencia para el decreto efectivo de las medidas solicitadas, aunado a ello y de conformidad con la tesis jurisprudencial antes expuesta, la solicitante no cumplió con la carga de esgrimir una argumentación fáctico-jurídica sólida o consistente, desde el punto de vista lógico. En consecuencia, de conformidad con los razonamientos antes expuestos, este Juzgado estima que en el presente caso la solicitantes de las medidas cautelares no trajo a los autos elementos probatorios que constituyeran presunción grave que permitieran determinar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, por lo que resulta forzoso declarar IMPROCEDENTES las medidas cautelares solicitadas de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble el cual habita la demandante y que esta debidamente señalado en el libelo de demanda presentado por la demandante de autos, gravar traspasar o alquilar partes y piezas de cualquier vehículo perteneciente a la comunidad concubinaria; oficiar al Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT) a los fines de que a los referidos vehículos se les prohiba circular en el Territorio Nacional, hasta tanto haya sentencia definitiva y oficiarle a las entidades Bancarias Bicentenario y Banco Occidental de Descuento (B.O.D.) a objeto de paralizar las cuentas pertenecientes al de cujus WOLFANG BRICEÑO PERDOMO, hasta tanto haya sentencia definitiva en el presente caso; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 466 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el 585 del Código de Procedimiento Civil Venezolano. Así se decide.
La Jueza,
Abg. Francileny A.B.B.
El Secretario,
Abg. A.J.O.S..
FABB/ajos/juleidith.-
