No hay sustento legal para acusar a diputados y ONG de traición a la patria

Utilizar el cliché de traidor a la patria por invocar un mecanismo colectivo de defensa a la democracia, como la Carta Democrática Interamericana, es artificioso y antidemocrático, es la viva expresión de la utilización del derecho penal del enemigo, aseguró Jesús Ollarves, abogado especialista en derechos humanos, para quien no se puede satanizar el reclamo de un orden social orientado a la justicia, que garantice a la gente común el acceso a los derechos fundamentales.De esta forma responde a las acciones del chavismo, que radicalizó su retórica luego de la presentación del informe de Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el que señala que en Venezuela se rompió el orden constitucional. En la última semana fueron acusados de traición a la patria diputados y miembros de ONG de derechos humanos: unos, por aprobar en la Asamblea Nacional la aplicación de la Carta Democrática; otros, por acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciar las violaciones del gobierno. Incluso solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia que anule la sesión del Parlamento en la que se tomó la resolución.Ninguno de los supuestos previstos en el Código Penal establece el hecho de que un diputado, un ciudadano o un defensor de derechos humanos sea acusado de traición a la patria por solicitar la invocación de la Carta Democrática, recordó Ollarves.Añadió que la acusación está definida en los artículos 128, 129, 132, 133 y 144 del Código Penal vigente y es aplicable a la persona o grupo que atente contra la independencia de la República o confabule para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación mediante la solicitud expresa de la intervención de algún país extranjero en los asuntos de la política interior de Venezuela; la revelación de los secretos políticos o milita res concernientes a la seguridad de Venezuela, y la entrega de recursos a un país extranjero para que sean empleados en perjuicio de Venezuela, de sus instituciones republicanas, de sus ciudadanos o sirvan para desestabilizar el orden social.Quien sea acusado de trai ción a la patria enfrenta penas de cárcel entre 15 y 25 años.Basamento legal. Es un señalamiento que no se sustenta en ningún basamento legal ni constitucional. No hay comprobación de ninguno de los elementos que establece el Código Penal para configurar el delito de traición a la patria, explicó Williams Dávila, uno de los tres parlamentarios a los que el gobierno les anuló el pasaporte sin...

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