Notas sobre el uso del poder de legislar por decreto por parte del Presidente venezolano
| Autor | Aurilivi Linares Martínez |
| Páginas | 79-91 |
Sección II: El abuso de la delegación legislativa
Notas sobre el uso del poder de legislar por decreto
por parte del Presidente venezolano
Aurilivi Linares Martínez
Profesora de Derecho Administrativo (2001-2004),
Universidad Central de Venezuela
I. PLANTEAMIENTO
La medición de los poderes presidenciales ha tenido un desarrollo importante desde el
análisis tanto de los poderes constitucionales (legislativos y no legislativos) como de los
partidistas, a consecuencia de la heterogeneidad al interior de los presidencialismos en Amé-
rica Latina. Así se viene señalando en diversas investigaciones empíricas en las que, una vez
superado el clásico debate entre presidencialismo y parlamentarismo (Linz, 1994), se intenta
reorientar la discusión sobre el sistema político en la región hacia la articulación de indicado-
res que permitan cuantificar y comparar la influencia del Presidente para llevar adelante su
programa de gobierno. Sin embargo, aún existen contradicciones y variaciones en la clasifi-
cación de los poderes presidenciales que recogen las diferentes Constituciones, que son pro-
ducto de criterios de interpretación divergentes. De manera que, las atribuciones que una
Constitución otorga al Presidente o las que derivan del partido pueden ser todavía insuficien-
tes para comprender la verdadera naturaleza de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo, pues en la realidad las normas constitucionales podrían no respetarse (además de
que en muchos casos pueden ser ambiguas), y las prácticas culturales e informales también
ejercen influencia considerable (Payne et. al., 2006: 96; Achard y González, 2004: 290-98).
Parece que en el caso de la atribución constitucional de iniciar políticas legislativas me-
diante el uso de decretos (pero también respecto de otros poderes del Presidente) no es posi-
ble limitarse solamente a su diseño formal en los textos constitucionales, sin tener en cuenta
el desempeño real. En caso contrario, existiría el riesgo de una interpretación errónea de la
realidad política en algunos presidencialismos latinoamericanos1, incluyendo el venezolano
(Nolte, 2003: 48). Por ello, entre los distintos poderes presidenciales, la capacidad para emitir
decretos es probablemente una de las cuestiones más estudiadas y analizadas en América
Latina. La atracción que genera entre los investigadores quizá se deba a que constituye la
forma más clara por intermedio de la cual el poder Ejecutivo interviene como actor proactivo
de forma unilateral en una región en la que, históricamente, ha habido gobiernos que han
1 Un buen ejemplo es la clasificación de Shugar y Carey (1992: 155), en la que el Presidente argen-
tino tiene pocos poderes legislativos, sin duda una apreciación que nada tiene que ver con la reali-
dad. Si bien la legislación por decreto y el veto parcial no estaban incluidas como poderes presi-
denciales en la Constitución de 1853, ello no impidió que fuesen ejercidas de hecho por algunos
Presidentes en Argentina, tal como quedó demostrado en los trabajos de Ferreira Rubio (1998) y
Mustapic (2002). No fue sino hasta la reforma constitucional de 1994 que se constitucionalizó el
uso de estas facultades presidenciales, aunque particularmente el poder de decreto ya había recibi-
do respaldo jurídico, en diciembre de 1990, por medio de una decisión de la Corte Suprema de
Justicia claramente ventajosa para el Presidente argentino en ejercicio, Carlos Menem.
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