Decisión nº N°286-09 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 14 de Agosto de 2009

Fecha de Resolución14 de Agosto de 2009
EmisorCorte de Apelaciones Sala 3
PonenteArelis Avila de Vielma
ProcedimientoSin Lugar Recurso De Apelación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Sala 3

Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia

Maracaibo, 14 de Agosto de 2009

199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-P-2009-010647

ASUNTO : VP02-R-2009-000748

DECISION N° 286-09

PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL: A.A.D.V..

Han subido las presentes actuaciones procesales a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en virtud de la competencia funcional, relacionado con el recurso de apelación interpuesto por el Abogado R.R., inscrito en el IPSA bajo el Nº 53.558, actuando con el carácter de Defensor del imputado M.C.B.A., en contra de la Decisión Nº 1937-09, de fecha 14-07-09, dictada por el Juzgado Segundo de Primera instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al mencionado ciudadano, de conformidad con el contenido de los Artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 409 y 218 respectivamente, del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JONWIN R.N.R. (occiso) y el ESTADO VENEZOLANO.

Recibida la causa, se le dio entrada y se designó como ponente a la Jueza Profesional quien con tal carácter suscribe la presente decisión. Asimismo, por auto de fecha 06 de Agosto de 2009, se admitió de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal; llegada la oportunidad para decidir, este Tribunal Colegiado lo hace con base en los fundamentos que a continuación se exponen:

  1. DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO:

    El Abogado R.R., actuando con el carácter de Defensor del imputado M.C.B.A., interpone su recurso de apelación en los siguientes términos:

    La defensa considera que el a quo incurrió en el vicio de inmotivación, por cuanto la decisión recurrida no señala que hechos considera acreditados en la causa, en contravención del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, y en tal sentido, invoca el contenido de las jurisprudencias emanadas de la Sala de Casación Penal de nuestro M.T., en Sentencias Nº 166, Expediente Nº C07-0536 de fecha 01-04-08 y Nº 571, Expediente C06-0060 de fecha 18-12-06.

    Sobre la base de las consideraciones anteriores, el recurrente arguye que, la Jueza de Instancia violó el contenido normativo del artículo 173 de la ley adjetiva penal, por cuanto en su decisión, se limita a señalar que se encuentra acreditado la comisión de un hecho punible, sin indicar por ninguna parte cuales son los hechos que están efectivamente acreditados; se limita a señalar la existencia de un acta policial que toma como único elemento de convicción y que; según la recurrida, demuestra la comisión de tal delito; no motiva ni fundamenta porque en el caso de autos, la privación preventiva de libertad no puede ser satisfecha con una medida cautelar menos gravosa, y no señala si los extremos de ley establecidos en el contenido normativo del artículo 250 de la Ley Adjetiva Penal, se encuentran cubiertos.

    Igualmente, el accionante luego de citar doctrina sobre la calificación del delito de Homicidio Culposo, imputado en el presente proceso penal, y como resultado de su análisis del contenido del acta policial, concluye a su juicio que:

    a) El transeúnte no fue testigo presencial del hecho punible y al no serlo, no puede señalar al imputado como autor material del mismo.

    b) Los efectivos de la Guardia Nacional no dejaron constancia (en actas) en cuanto a la ubicación específica del occiso, ya que ésta podría dar indicios si fue el imputado quien arroyo al occiso, por cuanto mal podría una persona arroyar a otra cuando el arroyado se encuentra a diez metros de distancia de la parte delantera del vehículo.

    c) No se encuentra acreditado en autos la experticia de alcoholemia, que permita corroborar lo afirmado por los funcionarios de la Guardia Nacional, en cuanto al estado de ebriedad de mi defendido.

    En razón a lo anteriormente expuesto, la defensa considera que en autos no se encuentra acreditado ninguno de los elementos, condiciones o requisitos propios del delito de Homicidio Culposo imputado a su defendido, y que no se reúnen los extremos de ley establecidos en el artículo 409 deI Código Penal, para poder señalar a su patrocinado como autor material del hecho punible.

    Por último, alega quien apela que, en la presente causa el supuesto de hecho previsto en el ordinal 2° del artículo 250 de la Ley Adjetiva Penal no se encuentra cubierto, por cuanto no hay ningún elemento de interés criminalísto que comprometa la responsabilidad penal de su defendido, no se acreditan los fundados elementos de convicción que sirvan como base al a quo, para estimar que el imputado es el autor del delito, y de ahí que la sola Acta Policial presentada por el Ministerio Público, no puede ser considerada como único elemento de convicción, por cuanto es menester que se acrediten dos o más elementos de convicción y no uno, como lo hizo la representación fiscal.

    Como corolario de los fundamentos esgrimidos por el recurrente, el mismo considera que, no existen elementos de interés criminalístico que comprometan la responsabilidad penal de su defendido, no existen testigos presenciales del hecho punible que puedan señalar a su patrocinado como autor material del mismo, que la acción de su patrocinado no se enmarca en ningún tipo penal y como consecuencia no es ni típica ni antijurídica; que el imputado tiene dos niños pequeños que ameritan del trabajo de su padre para poder sustentarse, en el caso de autos no concurren los extremos de ley previstos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para privar de la libertad al imputado, la libertad es la regla y la privación la excepción en todo proceso penal tal y como lo señala el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, y en atención a ello, es que solicita que se declare con lugar su apelación y se dicte una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 de la Ley Adjetiva Penal.

    Para finalizar, la defensa promueve como pruebas de lo expuesto, las actas de nacimiento de las niñas A.N.B.R. y A.C.B.R., con la finalidad de acreditar el nexo consanguíneo que existe entre el imputado de la causa M.C.B.A. y las prenombradas menores, y constancia de residencia del imputado de autos, a los fines de acreditar su arraigo en el país.

  2. DE LA DECISION RECURRIDA:

    La decisión recurrida corresponde a la distinguida con el Nº 1937-09, de fecha 14-07-09, dictada por el Juzgado Segundo de Primera instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano M.C.B.A., de conformidad con el contenido de los Artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 409 y 18 respectivamente, del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JONWIN R.N.R. (occiso) y el ESTADO VENEZOLANO.

  3. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA DECIDIR:

    Este Tribunal de Alzada, una vez analizados como han sido los fundamentos de derecho explanados por el recurrente en su escrito de apelación, pasa a resolver sobre el fondo de sus pretensiones de la siguiente forma:

    Quienes aquí deciden consideran preciso recordar que es criterio reiterado para esta Sala, señalar que el proceso objeto de la presente causa se encuentra en la fase preparatoria, que es investigativa siendo la Vindicta Pública quien dirige la misma, con el fin de lograr la verdad de los hechos que se atribuyen a determinada persona, recabando todos los elementos tanto de convicción como los exculpatorios para proponer el respectivo acto conclusivo, es así como en el texto adjetivo penal aparecen establecidos el objeto y alcance de esta fase en los artículos 280 y 281, respectivamente.

    Siguiendo en este orden de ideas, tenemos que esta fase tiene como objeto la preparación del juicio oral; razón por la cual, su labor fundamental será la búsqueda de la verdad, siempre en armonía con lo preceptuado en el artículo 13 del Código Penal Adjetivo, así como la acumulación de todos los elementos de convicción, por lo que su alcance no persigue comprometer la responsabilidad penal del imputado a ultranza, sino que va más allá de la recolección de los datos, hechos y circunstancias que lo comprometan penalmente. En consecuencia, el representante fiscal a cargo de esta fase debe proporcionarle al imputado todos aquellos elementos exculpatorios que lo favorezcan, es decir, de no existir razones para proponer la acusación en contra de una persona y solicitar consecuencialmente su enjuiciamiento debe dictar otro acto conclusivo, tales como, el archivo fiscal o el sobreseimiento de la causa.

    Ahora bien, el recurrente alega que, la decisión apelada carece de la debida fundamentación legal incurriendo así en falta de motivación, toda vez que la jueza a quo, inobserva la exigencia que le impone el encabezamiento del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 246 ejusdem.

    En tal sentido, respecto a la falta de motivación de la decisión alegada por la recurrente, estima igualmente esta Sala de Alzada dejar por sentado, que si bien es cierto, que por mandato expreso de nuestro legislador, específicamente el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, las decisiones mediante las cuales se decreten medidas de coerción personal requieren estar fundadas a los efectos de brindar seguridad jurídica a las partes intervinientes, expresando cuales fueron los elementos que llevaron al juzgador a decretar la medida impuesta, resulta no menos cierto que a las decisiones que surgen de una Audiencia de Presentación, tal como ocurrió en el presente caso, no se les puede exigir, por lo inicial del proceso, las mismas condiciones de exhaustividad que se puede y debe esperar de una decisión llevada a cabo en un estado procesal posterior, como lo sería la Audiencia Preliminar, las tomadas en la fase de Juicio o en Ejecución, pues los elementos con los que cuenta el juzgador en estos últimos casos, no son iguales ni en su cantidad ni en su comprensión, a los que posee un juez en el acto de presentación, ya que en aquéllos existe una investigación culminada. En tal sentido, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia 2799 de fecha 14 de noviembre de 2002, con ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz, señaló con ocasión a la motivación, que deben dar los jueces al término de las audiencias de presentación lo siguiente:

    Si bien es cierto que el referido pronunciamiento judicial debía ser motivado y que tales motivaciones no están expresadas en el objetado auto que dictó el Juez de Control, como culminación de la antedicha audiencia, no lo es menos que tal fundamentación se encuentra suficientemente desarrollada en el auto de imposición de medida de coerción personal que, el 16 de abril de 2002, produjo el legitimado pasivo, conforme lo exigía el último párrafo del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, el Juez de Control sí expresó una motivación, la cual esta Sala estima suficiente, por cuanto, si se toma en cuenta el estado inicial del proceso penal, a la misma no pueden serle exigidas las mismas condiciones o características de exhaustividad que corresponden a otros pronunciamientos, como los que derivan de la Audiencia Preliminar o el Juicio Oral

    . (Negrillas de esta Alzada).

    No obstante, lo transcrito ut supra, esta Sala constata en el texto la recurrida, que la misma establece lo siguiente:

    Oídas como han sido las exposiciones de las partes, observa este Juzgador de las actuaciones que conforman la presente causa, que del acta policial de fecha Ahora bien, con fundamento en las actas que acompañan la investigación fiscal, considera éste Juzgador, que en actas se encuentra plenamente acreditada la comisión de un hecho punible de acción pública, sin que se encuentre evidentemente prescrita la acción penal para perseguirlo, como lo es el delito HOMICIDIO CULPOSO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el artículos 409 y 218 ambos del código Penal Vigente cometido en perjuicio del (sic) JONWIN R.N.R. convicción esta que surge del ACTA POLICIAL de fecha 13-07-09, suscrita por funcionarios del 31, del Comando Regional, quienes manifiestan, que siendo aproximadamente las 21:45 de la noche, encontrándose de servicio en el punto de control móvil planetario vía el mojan, fueron informados por un ciudadano que a escasos metros de la alcabala se encontraba un vehículo estacionado y una persona presuntamente arrollada procediendo los efectivos trasladarse hasta el lugar donde lograron verificar que efectivamente se encontraba un vehículo estacionado a orillas de la vía y a diez metros aproximado de (sic) hallaba una persona boca arriba sin signos vitales así mismo había un ciudadano que se encontraba en estado de ebriedad procediendo los funcionarios a realizar una inspección corporal, no hallando ningún objeto de interés Criminalístico, al verificar la documentación del vehículo el ciudadano aprovechó la ocasión para darse a la fuga en su vehículo, procediendo de inmediato la comisión a darle persecución dando la voz del alto en varias oportunidades y este hizo caso omiso a la misma por lo que le realizaron unos disparos a los neumáticos en marcha. Siendo impactados en la parte del lado derecho y perdiendo el vehículo el capot y el parachoques, no deteniendo en ningún momento la marcha, ya en entrándose en la entrada de la tubería del comando regional, se le explotaron los neumáticos de la parte trasera y dio un giro continuando con la marcha, hasta que al llegar el primer reductor de velocidad se apago el vehículo, siendo en este momento que proceden los funcionarios a realizar la aprehensión del ciudadano y la retención del vehículo

    Ahora bien, en relación al tercer requisito exigido por el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal referido al peligro de fuga o de obstaculización que viene dado la posibilidad cierta de salir del país y así someterse o no al proceso así como a la pena que pueda imponérsele puede constatarse que el delito presuntamente cometido posee penalidad igual a 10 años en su limite máximo, lo cual hacen surgir la presunción de Peligro de Fuga establecida en el articulo 251 del Código Orgánico Procesal Penal; existiendo además en actas, una presunción razonable de peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad, al considerar que los imputados (sic) podrían influir en los testigos para que informen falsamente poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia, todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido el Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores y demás participes y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados en la perpetración, de conformidad con el articulo 283 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia de lo antes expuesto, se DECLARA SIN LUGAR la solicitud de la Defensa de imponer a su defendido, una de las medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad establecidas en el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, teniendo en cuenta evidenóii6s de esta manera la responsabilidad del imputado en el accidente de tránsito, por cuanto se presume, salvo prueba en contrario, que el conductor es responsable de un accidente de tránsito cuando, al ocurrir este, el conductor se encuentra bajo bebidas alcohólicas y/o conduzcan a exceso de velocidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento de a Ley de Tránsito Terrestre…

    . (Folios 19-21). (Subrayado propio).

    En base a las consideraciones anteriores, en el caso de marras la Jueza a quo, plasmó de manera suficiente para la etapa procesal en que se encuentra el presente proceso penal, en el acta de presentación de imputados, los motivos para acordar la privación de libertad al imputado de actas, observando que conforme al primer presupuesto del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, dejó constancia en acta de: “se encuentra plenamente acreditada la comisión de un hecho punible de acción pública, sin que se encuentre evidentemente prescrita la acción penal para perseguirlo, como lo es el delito HOMICIDIO CULPOSO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el artículos 409 y 218 ambos del código Penal Vigente”, siendo el caso que en las primeras actuaciones realizadas por la Fiscalía del Ministerio Público, quedó establecido la existencia del hecho delictivo, cuya tipificación constituye una precalificación, que puede modificarse a lo largo del proceso, puesto que no tiene un carácter definitivo, donde el Ministerio Público dirige la investigación en virtud de haberse decretado el procedimiento ordinario.

    En tal sentido se requiere, que existan tanto elementos que establezcan la perpetración de un ilícito penal, así como que éstos arrojen que la acción u omisión que produjera el resultado antijurídico, pudo ser cometida por aquellos sujetos a los cuales se le pretenden atribuir, bien sea en calidad de autores o partícipes. Con respecto a este particular, la Sala evidencia que el Tribunal de la recurrida, en la decisión apelada por la defensa indicó que de las actas que acompañó la Vindicta Pública a la solicitud de medida privativa de libertad, pudo evidenciar que constaban en dichas actas, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar que el referido ciudadano ha sido partícipe en el hecho que se le imputa.

    De tales elementos surgió la convicción en la Jueza a quo, en cuanto a la circunstancia de que la responsabilidad penal del imputado M.C.B.A., se encontraba comprometida, elementos éstos que pudo evidenciar el Juez de la recurrida del Acta Policial de fecha 13-07-09 suscrita por funcionarios adscritos al Destacamento de Frontera 31 del Comando Regional; constatándose de esta manera el cumplimiento del segundo requisito exigido en el artículo 250 del texto adjetivo penal.

    Igualmente, en relación al tercer presupuesto contenido en el artículo 250 de la ley adjetiva penal, este Tribunal Colegiado considera pertinente establecer que para desvirtuar tales presupuestos, deben ser tomados en cuenta por el Juez las circunstancias establecidas en los artículos 251 y 252 del mismo cuerpo legislativo; aunado al hecho que en el caso en concreto se verificó en actas el primer y segundo presupuesto establecido en la norma adjetiva penal en su artículo 250; así mismo, en virtud del tipo penal atribuido por la Vindicta Pública al imputado de autos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 253 de la ley adjetiva penal, no es obligatorio decretar únicamente medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, sino que el Juez puede razonablemente decretar alguna de ellas, que a su juicio asegure las resultas del proceso, lo cual en el caso de marras resulta improcedente en razón de los delitos imputados como lo son HOMICIDIO CULPOSO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 409 y 218 respectivamente, del Código Penal, todo lo cual se ajusta al parágrafo Primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal.

    Por lo que estima esta Sala, que con las acreditaciones señaladas anteriormente, la Jueza de Instancia determinó que se encuentran llenos los extremos exigidos por el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, con suficiente motivación, así que, de tal forma tenemos que en el caso sub examine, se evidencia que la Jueza que emitió la decisión recurrida, al dictar el dispositivo legal, se pronunció con respecto a las actas producidas por la Vindicta Pública, plasmando de manera razonada tales elementos.

    Asimismo, debe igualmente señalarse que resulta un desacierto la estimación de la recurrente referida a que como sólo se contaba con el acta policial suscrita por los funcionarios actuantes, lo cual era insuficiente para inculpar a su representado del delito imputado; ya que se trata de elementos y no de medios de prueba, concepto éste que la Dra. M.T.S.d.V., desarrolló en su artículo titulado “Debido Proceso y Medidas de Coerción Personal”, publicado en las Décima Jornadas de Derecho Procesal Penal, al expresar:

    “… Lo requerido son elementos de convicción y no pruebas. Respecto a estos requisitos, es menester hacer unas precisiones. La primera, es lo que exige el legislador para dictar una medida privativa de libertad o cautelar sustitutiva durante el proceso, son elementos de convicción acerca de la comisión de un delito y la participación del imputado en ese hecho punible, en ningún caso se trata de pruebas concluyentes, ello en razón de que en el proceso no existen pruebas hasta que se producen en el debate durante la etapa de juicio, en forma oral, pública y controladas por las partes. En las etapas investigativa e intermedia del proceso, solo estamos en presencia de elementos de convicción extraídos de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público, que si bien no tienen el valor para fundamentar una sentencia, sin embargo tienen la suficiente fuerza para apoyar los actos conclusivos de la etapa investigativa o preliminar del proceso y para fundar cualquier otra decisión de las que legalmente pueden dictarse antes de establecer el fallo definitivo… De forma que, no es necesaria la prueba de estás circunstancias ello es improcedente porque en esta etapa no hay pruebas, exigirlas es un contrasentido y admitirlas es atentar contra dos principios que rigen el proceso penal venezolano, básicamente porque los elementos obtenidos durante la investigación no han sido sometidos al debido control de las partes en el proceso y si bien estas aspiran a convertirlos en pruebas durante el debate en la fase de juicio, aún no han adquirido ese carácter. “Se trata pues, indefinitiva de actos que introducen los hechos en el proceso y contribuyen a formar en el juez el juicio de probabilidad.”…” (Año 2007, Pág. (s) 204 y 205) (Negritas y cursivas de la Sala).

    Por lo que al refutar el recurrente, los elementos de convicción aportados por la representación Fiscal, tales alegatos son referidos a una fase posterior del proceso como lo es la fase de juicio; el mismo resulta inaplicable en el presente caso, donde el proceso se encuentra en su fase inicial, y que como ya antes se anotó, corresponde emerger en todo caso de la investigación que se realice y de la conclusión a la que arribe el Fiscal.

    De otra parte, en lo que respecta al punto de impugnación apelado donde se señala que en la recurrida se incurrió en una errónea aplicación del delito imputado por el Ministerio Público, en referencia al Homicidio Culposo; estima esta Alzada, que tal argumento debe igualmente ser desestimado, la cual fue criterio acogido por la Jueza a quo, en los mismos términos, por cuanto del desarrollo de la recurrida se establece claramente que los hechos punibles analizados por la Jueza a quo, son los precalificados por el Fiscal, la que constituyen en todo caso, una calificación jurídica provisoria, que como tal tienen una naturaleza ciertamente eventual, que se ajusta únicamente a darle en términos provisionales, forma típica a la conducta humana desarrollada por los imputados, dado lo inicial e incipiente en que se encuentra el proceso penal al momento de llevarse a cabo la audiencia de presentación.

    De manera tal, que la misma, puede perfectamente ser modificada por el ente acusador, al momento de ponerle fin a la fase de investigación, adecuando la conducta desarrollada por el imputado, en el tipo penal previamente calificado o en otro u otros previstos en nuestra ley penal sustantiva, en caso de un acto conclusivo de imputación, pues sólo la investigación culminada podrá arrojar mayor claridad en relación a la subsunción de la conducta en el tipo penal específico previsto en la ley sustantiva penal.

    Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Decisión Nro. 052 de fecha 22 de Febrero de 2005, en relación a este punto señalo lo siguiente:

    …Asimismo, respecto del alegato de que los cargos por los cuales se llevó a los quejosos a la audiencia de presentación diferían de los de la acusación, observa esta Sala que tanto la calificación del Ministerio Público como la que da el Jueza de la causa, en la oportunidad de la celebración de la audiencia de presentación de imputados, es una calificación provisional que luego, mediante la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público y su admisión posterior por parte del Jueza durante la celebración de la audiencia preliminar, adquirirá carácter definitivo…

    .

    En consecuencia, y conforme al criterio ut supra señalado, tal situación planteada por la defensa, no constituye una lesión capaz de dejar en estado de indefensión al representado de quien recurre.

    En torno a lo anterior, esta Sala considera que lo procedente en este caso específico es declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado R.R., actuando con el carácter de Defensor del imputado M.C.B.A., en contra de la Decisión Nº 1937-09, de fecha 14-07-09, dictada por el Juzgado Segundo de Primera instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al mencionado ciudadano, de conformidad con el contenido de los Artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 409 y 218 respectivamente, del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JONWIN R.N.R. (occiso) y el ESTADO VENEZOLANO. Y ASÍ SE DECIDE.

    DECISIÓN

    Por los fundamentos expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado R.R., actuando con el carácter de Defensor del imputado M.C.B.A.. SEGUNDO: CONFIRMA la Decisión Nº 1937-09, de fecha 14-07-09, dictada por el Juzgado Segundo de Primera instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

    QUEDA ASÍ DECLARADO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN Y CONFIRMADA LA DECISIÓN APELADA.

    Publíquese y Regístrese.

    LA JUEZA PRESIDENTA (E),

    A.A.D.V.

    Ponente

    LAS JUEZAS PROFESIONALES,

    DORIS FERMIN RAMIREZ MATILDE FRANCO URDANETA

    LA SECRETARIA,

    MELIXI ALEMAN NAVA

    En la misma fecha se registró la presente decisión bajo el N° 286-09 en el libro de decisiones correspondientes.

    LA SECRETARIA,

    MELIXI ALEMAN NAVA

    ASUNTO Nº VP02-R-2009-000748

    AAV/ernesto.-

    La Suscrita Secretaria de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Abg. MELIXI ALEMAN NAVA, HACE CONSTAR, que las anteriores copias son traslado fieles y exactas de su original, causa N° VP02-R-2009-00748. ASI LO CERTIFICO, de conformidad a lo establecido en los artículos 111 y 112 ambos del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo a los (14) días del mes de Agosto de dos mil nueve (2009).

    LA SECRETARIA,

    MELIXI ALEMAN NAVA

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