Decisión nº 2429 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de Cojedes, de 14 de Diciembre de 2011
| Fecha de Resolución | 14 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario |
| Ponente | Alfonso Elias Caraballo |
| Procedimiento | Divorcio 185-A |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.
Años: 201° y 152°.-
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Identificación de las partes y la controversia.-
Solicitantes: O.J.H. y C.M.C. venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números V- 12.367.520 y V- 11.964.761 respectivamente, ambos de éste domicilio.
Abogado asistente: C.G.S.S., abogado en ejercicio, titular de la Cédula de Identidad número V- 12.346.158, inscrito en Inpreabogado bajo el número103.952 y de éste domicilio.
Motivo: Divorcio 185-A.-
Sentencia: Interlocutoria (Ejecución de Sentencia).-
Expediente Nº 5288.-
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Recorrido procesal de la solicitud.-
Se inició la presente solicitud, mediante escrito de fecha trece (13) de febrero del año 2009, suscrito por los ciudadanos O.J.H. y C.M.C., asistidos por el abogado C.G.S.S., todos plenamente identificado en actas, por DIVORCIO (185-A). Acompañaron los recaudos respectivos, dándosele entrada por auto de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil nueve (2009) y admitiéndose mediante auto de veinte (20) de febrero del año dos mil nueve (2009).-
Tramitada la solicitud y el procedimiento de Ley correspondiente, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil nueve (2009), el Tribunal mediante sentencia definitiva declaró CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO 185-A formulada por los ciudadanos O.J.H. y C.M.C..-
En fecha dos (2) de noviembre del año dos mil diez (2010), se acordó oficiar a la Dirección del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), a fin de que remitieran el último domicilio de los solicitantes, a los efectos de notificarlos si mantenían interés en la ejecución de la precitada sentencia. Se libro oficio Nº 05-343-410.-
En fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil once (2011), se recibió oficio Nº RIIE-1-0501-1578, de fecha cinco (5) de enero del año dos mil diez (2010)-sic-, emanado de la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrita al ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), en esa misma fecha se ordenó agregarlo a los autos.
En fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil once (2011), se ordenó la notificación de los ciudadanos O.J.H. y C.M.C., todo de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil.-
En fecha diecisiete (17) de febrero del presente año, el Alguacil de éste Juzgado mediante diligencia, dejó constancia que la boleta librada al ciudadano O.J.H., fue enviada el día 17/02/2011 por el INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA (IPOSTEL).-
En fecha tres (3) de marzo del presente del año dos mil once (2011) el Alguacil de éste Juzgado mediante diligencia, consignó acuse de recibo del INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA (IPOSTEL), haciendo constar que la boleta de notificación librada al ciudadano O.J.H., fue entregada en donde es su domicilio y recibida por la ciudadana C.H..-
En fecha nueve (09) de junio del presente del año dos mil once (2011) el Alguacil de éste Juzgado mediante diligencia, dejó constancia que la boleta librada a la ciudadana C.M.C., fue enviada por el INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA (IPOSTEL) a la dirección correspondiente.-
En fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil once (2011) el Alguacil de éste Juzgado mediante diligencia, consignó acuse de recibo del INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA (IPOSTEL), junto a sobre cerrado, en virtud a que según consta en el acuse de recibo hubo cambio de dirección, por lo cual le fue imposible realizar la notificación de la ciudadana C.M.C..-
En fecha treinta (30) de junio del presente año, el Tribunal acordó oficiar a la Oficina del C.N.E. (CNE)-Región Cojedes, a los efectos que remitieran información acerca del último domicilio de la ciudadana C.M.C.. Se libró oficio Nº 05-343-349.-
En fecha veinte (20) de julio del del año dos mil once (2011), se recibió oficio con las siglas y los números ORE-COJEDES/O/Nº 0530/2011, de fecha diecinueve (19) de julio de 2011 del Poder Electoral (CNE), donde remiten la dirección exacta de la ciudadana C.M.C., la cual se agregó en la misma fecha.-
En fecha veintisiete (26) de julio del año dos mil once (2011), el Tribunal ordenó nuevamente la notificación de la ciudadana C.M.C., en la dirección señalada en el oficio signado Nº ORE-COJEDES/O/Nº 0530/2011 de fecha 19 de julio de 2011, la cual fue enviado en la dirección indicada por correo con acuse de recibo, a través del INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENESUELA (IPOSTEL). Se libró boleta de notificación.-
En fecha tres (3) de noviembre del año dos mil once (2011), el Alguacil de éste Juzgado, consignó el acuse de recibo del INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA (IPOSTEL)junto a sobre cerrado, en virtud a que según consta en el acuse de recibo, el destinatario es desconocido, por lo cual fue imposible la notificación de la precitada ciudadana.-
Por auto de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil once (2011), el Tribunal ordenó la notificación de la ciudadana C.M.C., mediante boleta publicada en la cartelera del Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil y con el criterio Jurisprudencial reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1168 de fecha doce (12) de junio del año dos mil seis (2006). Se libró boleta de notificación.-
En fecha diez (10) de noviembre del año dos mil once (2011), la Secretaria Titular de éste Juzgado dejó constancia que fijó en la cartelera de éste Tribunal la boleta de notificación librada a la ciudadana C.M.C., dando así cumplimiento a lo ordenado en el auto dictado en fecha ocho (08) de noviembre de 2011.-
Por auto de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil once (2011), se dejó constancia que el Tribunal dejó cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 233 y 174 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el criterio Jurisprudencial reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1168 de fecha doce (12) de junio del año dos mil seis (2006), con ponencia de la Magistrada Dra. C.d.M. en el expediente Nº 02-1797 (caso: El Milenium, C.A.) acordando reanudar la causa al estado en que se encontraba.-
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Consideraciones para decidir: Acerca de la ejecución de la sentencia de Divorcio.-
Cumplidas las formalidades inherentes a la notificación de las partes y encontrándose la solicitud pendiente de ejecución por falta de interés, pasa de seguidas este Órgano Subjetivo Institucional Pro Tempore Ex Necesse (Por el tiempo que sea necesario) a emitir un pronunciamiento, en los siguientes términos:
Las normas contenidas en el Capítulo XII del Título IV del Libro Primero del Código Civil, señaladas como causales de Divorcio, deben ser consideradas como normas cuyo contenido es de eminente orden público, no pudiendo ser relajadas de ninguna forma por las partes involucradas, en el marco de una interpretación literal de la norma, al a.e.s.d.l. palabras en su conjunto y tomando en consideración la influencia social que dicha institución tiene en el orden civil y ciudadano, como lo contempló el legislador, acorde a la interpretación de la naturaleza decisiva de tal decisión en el estado civil de las personas, conforme al artículo 4 eiusdem. Así se determina.-
Ahora bien, en el presente caso se observa que en fecha en fecha trece (13) de mayo del año dos mil nueve (2009), éste Tribunal dictó sentencia definitiva, declarando CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO (185-A), formulada por los ciudadanos O.J.H. y C.M.C., antes identificados; y en consecuencia, declaró DISUELTO el vínculo matrimonial que unía a los preidentificados ciudadanos, desde el veintidós (22) de mayo del año 2009, evidenciándose de actas, que desde la fecha en que fue dictada la decisión hasta el día de hoy, pese de haber agotado el Tribunal, la notificación de los solicitantes, ninguno de ellos ha comparecido por ante éste Órgano Jurisdiccional a solicitar la ejecución de la sentencia dictada, encontrándose la misma, en fase de ejecución, desde la fecha ut supra señalada. Así se analiza.-
Precisado lo anterior, es necesario señalar que, el hecho de dar eficacia a una sentencia, consiste siempre y en todo caso, en hacer valer o cumplir, lo que ella estableció, siempre con el debido acatamiento al orden público que, se reitera, contienen las normas de Derecho Común (Código Civil), relativas al Divorcio y la Separación de Cuerpos; e igualmente, la necesidad, de que estas cumplan su fin último, el cual, de no poder lograrse, evidentemente pudiera significar una trasgresión del marco normativo, el cual no puede ser inobservado por la sola inactividad de las partes, una vez que ha sido activado el Órgano Jurisdiccional por los justiciables, siendo que el divorcio, efectivamente, era en el presente caso, una solución al conflicto conyugal planteado entre las partes. Así se establece.-
En ese orden de ideas, el autor patrio V.L.G.C., en su obra Tratado Elemental de Derecho Civil (T. I, pp.312-313; 1981), respecto a la ejecución del Divorcio, al comentar lo referente a la Reconciliación establecida en el artículo 194 de ese texto sustantivo civil, que:
“Omissis… Últimamente el artículo 194 asienta: “La reconciliación quita el derecho de solicitar el divorcio o la separación de cuerpos por toda causa anterior a ella. Si ocurriere en cualquier estado del juicio, pondrá término a éste; si ocurriere después de la sentencia dictada en la separación de cuerpos, dejará sin efectos la ejecutoria; pero en uno y otro caso, los cónyuges deberán ponerla en conocimiento del Tribunal que conozca o haya conocido de la causa, para los efectos legales”. La disposición esta basada o inspirada en favorecer la vuelta del vínculo a la normalidad, y tanto es así, que cuando se trata de separación de cuerpos y decretada por el Tribunal y ejecutoriada, la reconciliación borra la disposición de la justicia. Pero cunado se trata de divorcio, la ley trae una doble diferenciación: si ocurriere en cualquier estado del juicio, bien sea después de la sentencia de Primera Instancia, bien cuando está en la Corte Superior y, en fin, en todo caso en que no esté definitivamente firme, la reconciliación pondrá término a ésta, quedando el vinculo completamente firme; si la conciliación acontece después de terminada la causa, quedará valido el divorcio, viviendo los antiguos desposados ahora en concubinato. Como requisito de forma la ley exige que la reconciliación llegue a oídos del juez que actúa o actúo, bien en forma de escrito o diligenciando en el expediente, sin lo cual jurídicamente no se debe considerar que la hubo” (Negrillas y subrayado de esta instancia).
Así las cosas, del análisis doctrinario de la indicada norma sustantiva civil venezolana vigente se concluye, que al haber sido notificados los solicitantes para que manifestaran su interés en la ejecución de la sentencia, sin que ninguno de ellos de forma expresa hubiese manifestado y demostrado la existencia de una Reconciliación, antes que el Tribunal declarara firme su Divorcio, por lo que, corresponde forzosamente a este sentenciador cumplir con el trámite de notificación de la oficina publica de Registro Civil correspondiente, para que asiente la correspondiente nota marginal acerca de la disolución de dicho Matrimonio, ello en virtud de la naturaleza de orden público que reviste a la institución del Divorcio y para seguridad jurídica de los ciudadanos respecto a su estado Civil. De igual manera, la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, implica el derecho a que las decisiones judiciales alcancen la eficacia otorgada por el ordenamiento jurídico, lo que significa que las decisiones se ejecuten en sus propios términos, el respeto a su firmeza y a la certeza de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, pues de permitirse que el fallo se incumpla, las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan, se convertiría en meras declaraciones de intenciones. Así se determina.-
Siendo ello así, queda claro que, a través de la ejecución de la sentencia se satisfacen los derechos subjetivos que se han reconocido a través del fallo y se imponen en el cumplimiento efectivo del deber jurídico que correlativamente emerge de la declaratoria de la decisión dictada, por lo que, habiendo cumplido el Divorcio su función resolutiva a través de la declaración de la disolución del vínculo conyugal, no queda más que ordenar al registro respectivo en el cual quedó asentada el acta de matrimonio de los cónyuges, estampar la correspondiente nota marginal al pie del acta, lo cual sin duda, forma parte del derecho a la ejecución de la decisión judicial, pues con tal nota, la sentencia que declaró la disolución del vínculo conyugal de los solicitantes, en el caso de autos, ciudadanos O.J.H. y C.M.C., antes identificados, surte sus plenos efectos jurídicos. Así precisa.-
En consecuencia, resulta forzoso para éste juzgador, en base a los razonamientos anteriormente expuestos y en virtud de la naturaleza y eminente orden público de las normas de Derecho Común contenidas en nuestro Código Civil, relativas al Divorcio y a la Separación de Cuerpos, ordenar Ex Officio (De oficio), la ejecución de la sentencia recaída en el presente juicio, para darle continuidad a la presente causa, vista la inactividad de las partes intervinientes y la falta de interés en la ejecución de la sentencia recaída en la presente solicitud, en obsequio al orden público contenido en el principio de seguridad jurídica que reviste todas las instituciones de índole ciudadano (Estado Civil). Así se decide.-
IV-. DECISIÓN.-
Por las razones expuestas, éste Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confiere la Ley y conforme a derecho Ordena Ex Officio (De oficio) la EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA dictada por éste Tribunal en fecha trece (13) de mayo del año dos mil nueve (2009), a cuyo efecto, se acuerda oficiar lo conducente al Coordinador del Registro Civil del municipio Falcón del estado Cojedes y al Registrador Principal del estado Cojedes, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 475 y 507 del Código Civil, remitiéndole copia certificada de la referida sentencia, la cual declaró CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO (185-A), formulada por los ciudadanos O.J.H. y C.M.C., plenamente identificados en autos y del presente fallo, para que estampen la correspondiente nota marginal en los libros respectivos. Así se decide.-
Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en San C.d.A., a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil once (2011). Años: 201º de la Declaración de Independencia y 152º de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. A.E.C.C.. La Secretaria Temporal,
Abg. Nuris Aurora Loza.L..-
En esta misma fecha, se publicó y registro la anterior decisión, siendo las tres y diez minutos de la tarde (03:10 p.m.).-
La Secretaria Temporal,
Abg. Nuris Aurora Loza.L..-
Expediente Nº 5288.-
AECC/nall/zuly herrera.-.
