Decisión de Tribunal Primero de Juicio del Trabajo Nuevo Regimen y Transitorio de Monagas, de 13 de Marzo de 2007

Fecha de Resolución13 de Marzo de 2007
EmisorTribunal Primero de Juicio del Trabajo Nuevo Regimen y Transitorio
PonenteCarmen Luisa Gonzalez
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN

PROCESAL Y TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS

No. Expediente NP11-L-2006-000825.-

Parte Demandante ORLISAY P.O., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 13.544.867 y de éste domicilio.

Apoderados Judiciales R.O.P.G. y E.C.B., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 6151 y 7345, respectivamente.

Parte Demandada TRANSPORTE ADRIATICA, C.A.

Apoderados Judiciales R.A.H.G., L.J.B.S., J.C.P., E.C.M. y MILANYELA H.G., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 36742, 11163, 58755, 64141 y 75816, respectivamente.

Motivo COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

La presente causa se inicia en fecha 04 de julio de 2006, con la interposición de una demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES intentara la ciudadana ORLISAY PINO, asistida por el abogado en ejercicio R.O.P., en contra de la empresa TRANSPORTE ADRIATICA, C.A. Luego de recibida la demanda por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, por auto de fecha 07 de julio del mismo año fue aplicado despacho saneador ordenándose a la actora a corregir el libelo de demanda. Mediante escrito consignado el 03 de agosto de 2006, la accionante consigna escrito de reforma, alegando lo siguiente:

Que en fecha 27 de junio de 2005, comenzó a prestar servicios para la demandada que es subcontratista de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A.; que se desempeñaba en el cargo de Supervisora SHA en las actividades petroleras de la empresa; que devengaba un salario básico mensual de novecientos mil bolívares (Bs. 900.000,00); que en fecha 02 de marzo de 2006, renunció a su puesto de trabajo; que al momento de solicitar el pago de sus prestaciones la empresa le presentó una liquidación que no fue aceptada, por la cantidad de dos millones ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y siete bolívares con noventa y dos céntimos (Bs. 2.089.347,92); que en la referida liquidación no fueron incluidos los beneficios contemplados en la Convención Colectiva Petrolera; que los montos y conceptos adeudados son lo siguientes:

Diferencia salarial: 245 días x Bs. 1.960,00 = Bs. 480.200,00. Preaviso: 15 días x Bs. 31.960,00 = Bs. 479.400,00. Antigüedad legal y contractual: 60 días x Bs. 37.091,96 = Bs. 2.225.517,60. Vacaciones fraccionadas: 22.64 días x Bs. 31.960,00 = Bs. 723.574,60. Bono vacacional: 33.46 días x Bs. 31.960,00 = Bs. 1.066.185,60. Ayuda de ciudad: 245 días x Bs. 4.000,00 = Bs. 980.000,00. Utilidades: Bs. 2.486.439,66. Tarjeta de comisariato: 8 meses x Bs. 500.000,00 = Bs. 4.000.000,00. Incidencia de utilidades sobre antigüedad: Bs. 719.128,20. Total reclamado: Bs. 11.610.445,66. Adicionalmente solicita el pago de los intereses de las prestaciones generadas hasta el pago definitivo.

Por auto de fecha 04 de agosto de 2006, el Tribunal de la causa admitida la corrección presentada y ordena el emplazamiento de la parte demandada para la prosecución del juicio. Agotados los trámites de notificación correspondientes, mediante Audiencia Preliminar celebrada el día 28 de septiembre del mismo año, se dio inicio a la fase de mediación, dejándose constancia mediante acta que las partes consignaron sus respectivos escritos probatorios; sin embargo, por cuanto no hubo conciliación entre las partes, mediante acta de audiencia realizada el 06 de diciembre de 2006, se dio por concluida la audiencia, incorporándose al expediente las pruebas aportadas. En la oportunidad procesal correspondiente la abogada en ejercicio MILANGELA HERNANDEZ, actuando como apoderada judicial de la demandada consigna escrito de contestación de la demanda, ordenándose entonces la remisión del expediente al Tribunal de Juicio correspondiente.

Luego de recibo el expediente, por auto de fecha 20 de diciembre de 2006, éste Juzgado se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas, ordenándose lo conducente para su evacuación; se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio, y; fue fijada la oportunidad para la realización de un acto conciliatorio en la Sala de Despacho de éste Tribunal.

DE LA AUDIENCIA DE JUICIO.-

En fecha 12 de febrero de 2007, día y hora fijados para la realización de la audiencia de juicio; luego de verificada la comparecencia de las partes, se constituye el Tribunal y se da inicio a la audiencia; se otorgó a las partes la oportunidad de exponer oralmente sus alegatos y defensas, procediendo el Tribunal a señalar lo controvertido del juicio; se deja constancia de las pruebas promovidas por las partes, dando inicio a la evacuación de las mismas y concediéndose a los intervinientes la oportunidad de efectuar las observaciones correspondientes a cada una de ellas; por su parte el apoderado judicial de la empresa demandada procede a impugnar y desconocer algunas de las documentales consignadas por la actora; se realizó el llamado de los testigos promovidos por la demandada, los cuales comparecieron a rendir sus declaraciones; seguidamente se acuerda fijar oportunidad para continuar la audiencia y efectuar la declaración de parte.

El 06 de marzo de 2007, luego de constituido el Tribunal a fin de continuar la audiencia de juicio; la jueza a cargo se pronuncia sobre las pruebas consignadas por el apoderado judicial de la demandante de autos; se procede con el llamado de las partes quienes realizaron sus declaraciones correspondientes; se concede a los apoderados judiciales la oportunidad de efectuar las observaciones y conclusiones pertinentes. Finalmente la Jueza se retira de la sala a fin de emitir el pronunciamiento oral del fallo y a su regreso, luego de exponer una síntesis de los motivos de su decisión declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada. El Tribunal se reserva lapso para la publicación del fallo y, a continuación pasa a señalar los motivos de hecho y de derecho de su decisión.

DE LOS LÍMITES DE LA CONTROVERSIA.-

Ahora bien, contestes con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria en materia laboral, se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionado de contestación a la demanda. En tal sentido, se ratifica una vez más el criterio asentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de marzo de 2000. Visto que fue admitida la relación laboral, el cargo desempeñado, el salario devengado, queda como punto controvertido la normativa jurídica aplicar. Tomando en consideración lo antes expuesto corresponde a la parte accionada desvirtuar que a la actora le sea aplicable los beneficios establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo Petrolera.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE.-

Aduce el mérito favorable de toda la documentación acompañada con el libelo de demanda, dentro de las cuales se encuentran:

C.d.T.

Liquidación y Pago de Prestaciones Sociales

Calculo de Prestaciones Sociales Acumuladas e intereses al 02-03-06

Este Tribunal le otorga pleno valor probatorio a las mismas, por cuanto si bien es cierto el apoderado judicial al momento de realizar las observaciones pertinentes, señalo que a dichas documentales no se le debe valor probatorio alguno por cuanto no fueron promovidas en su oportunidad, no es menos cierto que del texto del escrito de prueba de la accionante se evidencia la intención por parte de la misma de ratificar su promoción, por lo que este tribunal pasa a valorar en tal sentido debe señalar que se les otorga pleno valor probatorio, por cuanto la primera de ella no fue desconocida o impugnada, aunado al hecho de que fue admitida la relación de trabajo, el cargo, el salario y el tiempo de servicio, los cuales aparecen reflejados en la misma. En cuanto a las otras dos, se encuentran suscrita por la accionada aunado ha haber sido admitido por ambas partes ofrecimiento de pago que hiciere la empresa demandada a la accionante. Por tales motivos se le otorga pleno valor probatorio. Así se declara.

En cuanto a la copia de la liquidación y pago de beneficios, expedida por la empresa TRANSPORTE ADRIATICA, C.A., por la cantidad de cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta bolívares (Bs. 447.750,00), por concepto de utilidades correspondientes al período 27/06/2005 al 31/12/2005, este juzgado no le otorga valor probatorio alguno, por cuanto la misma fue impugnada por la accionada por ser copia simple la cual no se encuentra suscrita por representante alguno de la empresa. Y así se declara.

Fue promovido marcado “B”, movimiento de la cuenta de ahorros No. 20-001-014237-0 del Banco Mi Casa E.A.P., en la cual la empresa demandada consignaba los pagos de salarios, este tribunal no le otorga valor probatorio por cuanto la misma emana de un tercero, por lo que se requiere su ratificación en la audiencia de juicio. Así se establece.

Por último promueve marcado “C”, cálculo de liquidación de prestaciones sociales emitido por la Sala de Consultas, Reclamos y Conciliaciones de la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, al respecto debe señalar quien decide, que dicha documental no tiene valor alguno por cuanto la misma es a titulo informativo, visto que fue elaborada con la información suministrada por el trabajador, tal como expresamente se señala en la nota que se encuentra al pie de página de dicho documento. Y así se resuelve.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA.-

Fueron promovidas las siguientes testimoniales:

En cuanto a la testimonial rendida por el ciudadano C.L.V. fue conteste en conocer a la actora por relación laboral que unió a las partes. El Tribunal, aplicando el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, considera que el testigo es hábil y no incurren en contradicciones y su deposición concuerda entre sí, razón por la cual se aprecian en todo su valor probatorio y queda demostrado que la actora ejercía el cargo de Supervisora SHA, cumpliendo su jornada de trabajo en el centro de acopio de la empresa, y que en algunas oportunidades debía trasladarse dentro de su horario de trabajo a los taladros a fin de dar la charla de seguridad y verificar que los trabajadores cumplan con las normativas exigidas relativas a la seguridad en el trabajo, al momento de la limpieza de los tanques y traslado de material al centro de acopio. Así se declara.

En lo que concierne al testigo C.S. este juzgado no le otorga valor probatorio alguno, por ser dicho ciudadano un representante del patrono, por lo que tiene interés en las resultas de la presente causa. Así se dispone.

Promueve originales y copias de la carta de renuncia de la accionante al cargo que desempeñaba como Supervisora de Seguridad, Higiene y Ambiente y planilla de reporte de empleo de fecha 01/08/2005, donde se evidencia el grado de instrucción de la accionante, este juzgado le otorga pleno valor probatorio visto que las mismas no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal por la parte accionante. Y así se decreta.

En lo que respecta a la copia del registro de comercio o estatutos sociales de la empresa TRANSPORTE ADRIATICA, C.A., el cual riela a partir del folio 50 este juzgado le otorga pleno valor probatorio, visto que el mismo no fue impugnado en su oportunidad legal. Así se establece.

DE LAS PRUEBAS SOBREVENIDAS DE LA DEMANDANTE.-

Mediante escrito consignado el 26 de febrero de 2007, el apoderado judicial de la accionante promueve como pruebas sobrevenidas las siguientes:

• Consigna constante de cuatro (4) folios útiles marcados “A”, copia certificada expedida en fecha 16 de febrero de 2007 por el Registrador Mercantil del Estado Monagas, correspondiente a la asamblea de accionistas de la empresa TRANSPORTE ADRIATICA, C.A.

• Consigna constante de un (1) folio útil marcada “B”, solicitud de mantenimiento de un vehículo dirigida al ciudadano C.S. y emitida por el Departamento S.H.A.

• Consigna constante de tres (3) folios útiles marcado “C”, informe presentado por las Ingenieros Marielsy Villanueva y Orlisay Pino, sobre actividades realizadas entre el 01 y el 05 de noviembre de 2005.

• Consigna constante de seis (6) folios útiles, informe elaborado por la ciudadana Orlisay Pino, sobre sus actividades realizadas en los taladros a cargo de la empresa.

• Consigna constante de diez (10) folios útiles, informe elaborado por la ciudadana Orlisay Pino, sobre sus actividades realizadas en los taladros a cargo de la empresa.

• Consigna constante de cuatro (4) folios útiles, informes de limpieza de tanques presentados a la empresa por la ciudadana Orlisay Pino.

• Consigna constante de dos (2) folios útiles, copia de comunicación emanada de la empresa TRANSPORTE ADRIATICA, C.A.

• Consigna constante de un (1) folio útil, informe elaborado por la ciudadana Orlisay Pino, sobre los consolidados generados por la empresa PDVSA en el pozo TAC 4X, SBC 136, Amarilis 6X, tratados por la empresa TRANSPORTE ADRIATICA.

• Promueve la prueba de informes a fin de que el Tribunal oficie a la empresa PDVSA PETROLEO, S.A.

El tribunal no admitió dichas pruebas ello en virtud que dichas pruebas no pueden considerarse como pruebas sobrevenidas, ya que las mismas datan de fechas anteriores a la fecha de culminación de la relación laboral, por consiguiente la parte pudo a ver promovido en su oportunidad legal cualquier otra prueba tendente a traer al proceso dichas documentales, como lo es la prueba de informe, inspección etc., por lo que al admitirla este juzgado estaría asumiendo la carga probatoria de una de las partes, tal como lo ha venido señalando nuestra Sala de Casación Social al referirse a las facultades y limites que tiene el juez de juicio en relación a la admisión de pruebas de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se decide.

DE LOS MOTIVOS DE LA DECISIÓN.-

Ahora bien, del examen en conjunto de todo el material probatorio antes apreciado, y en aplicación del principio de unidad de la prueba, visto que fue admitida la relación de trabajo, el cargo desempeñado, el salario devengado por la accionante y la forma de culminación de la relación laboral, corresponde a esta juzgadora determinar la normativa jurídica a aplicar al cálculos de las prestaciones sociales y revisar la procedencia en derecho de los conceptos reclamados, lo cual pasa a realizar en los siguientes términos:

DE LA NO APLICACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO PETROLERO

A los fines de determinar la aplicación o no del contrato colectivo de la industria petrolero es necesario precisar varios puntos dentro de los cuales se encuentran lo relativo a la inherencia o conexidad con la industria petrolera por parte de la empresa demandada, a este respecto es necesario señalar que recientemente nuestra Sala de Casación Social se pronuncio en relación a dicho punto, en sentencia de fecha 25 de mayo de 2006 caso ESVENCA, en la cual considero lo siguiente:

“Las normas que anteceden, contemplan la presunción de que la actividad que realiza la contratista es inherente o conexa con la que realiza el beneficiario contratante. Tales presunciones tienen carácter relativo, por lo que admiten prueba en contrario –ex artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo-. Para que la presunción opere, debe coexistir la permanencia o continuidad del contratista en la realización de obras para el contratante, la concurrencia de trabajadores del contratista junto con los del contratante en la ejecución del trabajo y por lo que respecta a la mayor fuente de lucro, ésta debe consistir en la percepción regular, no accidental, de ingresos en un volumen tal que represente efectivamente el mayor monto de los ingresos globales.

Así las cosas, la empresa PDVSA Petróleo, S.A. está dedicada a la actividad de explotación y comercio de hidrocarburos, y Environmental Solutions de Venezuela, C.A. (ESVENCA) tiene por objeto principal el control de sólidos, inyección de ripios, tratamiento de aguas residuales y negras, saneamiento de localizaciones y secado de fosas; igualmente, puede realizar todo acto de comercio relacionado directa o indirectamente con el manejo, tratamiento, reciclaje y disposición de desechos peligrosos no radioactivos, suministro de equipos para el control de contaminación ambiental, todo tipo de tecnología para procesos ambientales, análisis de elementos y sustancias petrolíferas y minerales en general, y toda especie de operaciones relacionadas de carácter técnico y científico; así como la construcción, ejecución de obras civiles, suministro de equipos, materiales, mano de obra calificada y asesoramiento técnico relacionado con la industria petrolera y petroquímica, entre otros, tal como consta en el Acta Constitutiva de la empresa, que cursa a los folios 99 - 108 del expediente. Asimismo, de la lectura del escrito de contestación de la demanda, del análisis del material probatorio y del interrogatorio efectuado en la audiencia de casación, se pudo constatar que no existe inherencia ni conexidad entre las empresas mencionadas, por lo que es forzoso concluir que el ciudadano R.R.V. se encuentra excluido del campo de eficacia de la Convención Colectiva Petrolera, por disponerlo de esta forma la cláusula 3 de dicha Convención. Así se decide. (Negrillas Nuestras)

Del texto antes transcrito se concluye que para que exista inherencia o conexidad debe observar ciertos y determinados elementos dentro de los cuales se encuentra la permanencia o continuidad del contratista en la realización de obras para el contratante, en este sentido debe señalar esta juzgadora que en el caso de marras no se evidencia que la mayor fuente de lucro que tiene la empresa demanda se la relativa a los contratos suscritos con la empresa PDVSA Petróleo S.A., por el contrario de las declaraciones del testigo así como de las partes, aunado a las máximas de experiencia que tiene esta juzgadora en relación a dicha empresa, se puede concluir que la misma presta servicios a otras empresas públicas y privadas distintas a la empresa PDVSA Petróleo, S.A.

Por otro lado, observa quien decide que el cargo desempeñado por la accionante se encuentra excluido de la aplicación del contrato colectivo petrolero, tal como lo señala su cláusula 69 la cual es del siguiente tenor:

CLÁUSULA 69.- CONTRATISTA:

Toda persona jurídica de las contempladas en el articulo 55 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 22 de su Reglamento y en los artículos 4,6,7,8,9 y 11 del Reglamento de la derogada Ley del Trabajo de 1.971, contratada por la empresa para realizar las finalidades indicadas en dichos artículos, está obligada a pagar a los trabajadores de la Nómina Diaria y Nómina Mensual Menor, siempre que le sean aplicables los mismos salarios y a dar los mismos beneficios que la Empresa concede a sus propios trabajadores en la zona donde efectué las operaciones, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamentación vigente y la presente Convención, a excepción de los que desempeñen puestos o trabajos contemplados en los artículos 42, 45, 47, 50, 51 y 510 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como todos aquellos trabajadores que pertenecen a la categoría conocida en la Empresa como nómina mayor. (Negrillas nuestras).

Por consiguiente, tal como lo señala dicha cláusula, dicho cargo se encuentra excluido de los beneficios del mismo, por ser empleado de confianza, debiendo señalar este juzgado que nuestra ley orgánica del trabajo en su artículo 45 define al trabajador de confianza, a través de labor que desempaña, debiendo hacer la salvedad que dicha disposición no establece que las mismas sean concurrentes, sino que por el contrario al estar en presencia de una de ellas, podemos afirmar que dicho trabajador es de confianza, y visto lo expuestos por las partes en sus declaraciones, en los cuales señalaron que dentro de las actividades y funciones desempeñadas por la actora como Supervisor SHA, se encuentran la supervisión de otros trabajadores, por cuanto esta debía inspeccionar y vigilar que los trabajadores cumplieran con las normativas de seguridad exigidas para la realización de sus labores, en tal sentido, el buen desempeño de sus funciones garantiza tanto la integridad de las instalaciones, del taladro, los equipos, el personal y el ambiente, por lo que estamos en presencia de un trabajador de confianza. Por todas estas razones es por lo que concluye este juzgado que la ciudadana Orlisay Pinto se encuentra excluida de los beneficios del contrato colectivo petrolero. Y así se decide.

DE LOS CONCEPTOS RECLAMADOS:

Al respecto debe señal quien decide, que una vez determinada la normativa jurídica aplicable al caso de marras la cual es la Ley Orgánica del Trabajo, se observa que los cálculos efectuados por la empresa accionada en la planilla de liquidación de pago de prestaciones sociales la cual riela en el folio 7, y el cual fue admitido por ambas partes la existencia y el ofrecimiento de pago que hiciere la accionada a la trabajadora, el cual no fue aceptado por la misma, al realizar una revisión exhaustiva de este pudo concluir este juzgado que el mismo se encuentra ajustado a derecho, motivos por el cual acuerda la cancelación de los siguientes conceptos:

Antigüedad 45 días = Bs.1.488.750

Utilidades: 5 días X Bs.30.000= Bs.150.000, 00

Vacaciones Fraccionadas: 10 días X Bs.30.000, 00= Bs.300.000, 00

Bono Vacacional Fraccionado: 4,67 días X 30.000,00= 140.000,00

Intereses Prestaciones Sociales: Bs.10.597, 92

Ahora bien de la declaración de parte pudo concluir esta juzgadora que la accionante no laboro el preaviso correspondiente, ello en virtud de haber sido su persona quien diera fin a la relación laboral mediante su renuncia, por lo que legalmente debe descontársele del monto total de sus prestaciones sociales la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil bolívares (Bs.450.000,00) por concepto de preaviso, sin embargo, al observar la hoja de cálculo efectuada por la empresa se evidencia que dicho concepto no fue descontado, por lo que concluye esta juzgadora que es voluntad de la empresa accionada no efectuar dicha deducción. Y así se establece.

En consecuencia el monto a cancelar a la ciudadana Orlisay Pino es la cantidad de Dos Millones Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Siete Bolívares con noventa y dos céntimos. (Bs.2.1.639.347, 92)

En lo que respecta a la indexación o corrección monetaria solicitada, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

No hay condenatoria en costas.

DECISIÓN.-

Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES intentara la ciudadana ORLISAY P.O. en contra de la empresa TRANSPORTE ADRIATICA, C.A.; identificados en autos, en consecuencia, se condena la cancelación de la cantidad Dos Millones Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Siete Bolívares con noventa y dos céntimos. (Bs.2.1.639.347, 92), por los conceptos y montos discriminados en la parte motiva de esta sentencia. No hay condenatoria en costas.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.-

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín a los trece (13) días del mes de Marzo del año dos mil siete (2007). Año 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Jueza Titular,

Abg. C.L.G.R.

Secretario (a),

En esta misma fecha siendo las 02:00 p.m., se registró y publicó la anterior sentencia. Conste.-

Secretario (a),

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR