Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 10 de Mayo de 2013

Fecha de Resolución10 de Mayo de 2013
EmisorJuzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo
PonenteMargarita Garcia
ProcedimientoAbstención O Carencia

JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL ESTADO ARAGUA

PARTE DEMANDANTE: O.M.M.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.235.108, abogado, Inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 54.596.

REPRESENTANTE (S) JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Actuación en su propio nombre y representación.

PARTE DEMANDADA:. CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO T.D.E.A.

REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Aún no tiene acreditado en autos.

Motivo: Recurso Contencioso Administrativo de Abstención o Carencia

Asunto DE02-G-2013-000023

Sentencia Interlocutoria (CUADERNO DE MEDIDAS).

ANTECEDENTES

En fecha 03 de Mayo de 2013, se da inicio a la presente tramitación en atención a la Medida Cautelar solicitada conjuntamente con el Recurso Contencioso Administrativo de Abstención o Carencia incoado por el ciudadano: O.M.M.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.235.108, abogado, Inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 54.596, actuando en su propio nombre y representación, contra la CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO T.D.E.A.

En la misma fecha este Tribunal Superior le dio entrada a la causa y ordenó registrar su ingreso en los Libros respectivos, quedando signada bajo el asunto Principal DP02-G2013-000023, asimismo dictó sentencia interlocutoria, mediante la cual se declaró competente para conocer de la causa, y admitió cuanto ha lugar en derecho el recurso interpuesto, ordenó librar las notificaciones de Ley. En la misma fecha, con vista en la solicitud de medida cautelar presentada con el escrito recursivo, por la parte querellante ut supra identificado; este Tribunal Superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ordenó abrir cuaderno separado fijando oportunidad para pronunciarse sobre la medida solicitada.

Estando dentro de la oportunidad legal para decidir, esta Juzgadora pasa a pronunciarse sobre la procedencia de la petición cautelar formulada, para lo cual observa lo siguiente:

  1. DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

    ALEGATOS DEL RECURRENTE:

    Manifiesta que con el propósito de manifestar su voluntad de participar en el concurso convocado para el cargo de Contralor Municipal del Municipio T.d.E.A., en fecha 24/072012, formalizó su inscripción para concursar.

    Que de acuerdo con lo pautado en el artículo 14 del Reglamento del Concurso correspondía la formación del expediente del concurso.

    Que fueron designados Miembros del Jurado del Concurso los ciudadanos: J.R., E.S., ambos en representación de la Contraloría del Estado Aragua y el ciudadano J.T., en representación del Concejo Municipal del Municipio T.d.E.A..

    Que constituye una ineludible obligación del Jurado designado evaluar las credenciales de los aspirantes para determinar su nivel de capacitación y experiencia laboral y realizar las entrevistas de panel para evaluar las cualidades y demás características personales de los participantes, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al cierre del lapso de inscripción.

    Que bajo circunstancias desconocidas por los aspirantes al cargo, el procedimiento se tomó secreto e indefinido, ante lo cual a lo lago de cuatro (04) meses en diversas oportunidades procedió a requerir información a la Secretaría de Cámara Municipal respecto a la fecha cierta en la cual se convocaría a la entrevista del panel.

    Que transcurridos mas de cuatro (04) meses el jurado del Concurso a través de la Secretaría de la Cámara Municipal, procedió erradamente por vía telefónica para el día 18 de diciembre de 2012, sólo a seis (06) del total de diez (10) aspirantes inscritos, omitiendo su convocatoria sin emitir explicación alguna, y sin expresar motivación jurídica no lo convocaron y mucho menos realizaron la entrevista de de Ley a la cual tenía derecho, es decir, que lo marginaron e ignoraron totalmente del concurso sin expresara causa justa.

    Que tal situación lesionan flagrantemente el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, el derecho a la igualdad previsto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el debido procedimiento consagrado en al artículo 49 constitucional.

    Que a pesar de la omisión de la convocatoria el 18 de diciembre del 2012, por medio de comunicación se dirigió a los integrantes del Jurado Calificador exigiéndoles respuestas sobre la omisión detectada y requiriendo la realización de la entrevista de rigor, ante lo cual inexplicablemente se negaron a atenderlo, entregando así la comunicación a la Secretaria de Cámara Municipal, a los fines de dejar constancia que exigió el cumplimiento de la norma.

    Que la actitud displicente del Jurado calificador le impone situaciones jurídicas que imposibilitan el libre goce de los derechos humanos que l declaran la constitución, el libre desenvolvimiento de su personalidad y el orden público y social.

    Finalmente, en cuanto a la mediad cautelar, solicita que se sirva acordar Medida Cautelar de Suspensión de Suspensión Provisional de los Efectos del Concurso mencionado, en virtud de la cual se constata que los Miembros del Jurado el concurso asignaron el puntaje alcanzado a solo siete de los participantes del concurso; consecuencialmente, se exhorte al Concejo del Municipio T.d.E.A. no dar publicidad a los resultados y por ende no tome juramento a la persona qu obtuvo la mas alta calificación, para ser designado Contralor Municipal…”

  2. MOTIVACIONES PARA DECIDIR SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

    Previo al pronunciamiento que corresponde emitir sobre el asunto sometido a consideración, estima necesario este Tribunal Superior indicar que las medidas cautelares se encuentran consagradas en la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la N° 39.451 del 22 del mismo mes y año), en la cual de conformidad con las disposiciones del artículo 103 y siguientes eiusdem, se estableció un procedimiento para la tramitación de las medidas cautelares requeridas, a petición de parte, ante los órganos que conforman dicha jurisdicción.

    En este sentido, cabe señalar que la Ley Orgánica en referencia establece respecto de las medidas cautelares, que el Juez o Jueza contencioso administrativa en ejercicio de sus amplios poderes cautelares (cfr., en igual sentido, el artículo 4 de la comentada Ley), puede, a petición de parte o de oficio, acordar o decretar las medidas cautelares que estime pertinentes durante la prosecución de los juicios, con el objeto de proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos y ciudadanas, a los intereses públicos y, en general, para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas.

    En el caso en autos conforme quedó establecido supra la recurrente solicita se decrete medida cautelar, a los fines de que:

    1). “Omissis… la Suspensión Provisional de los Efectos del concurso mencionado,…”

    A tal efecto el Artículo 104 eiusdem, establece: “(…) A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. […] El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. […] En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante. (…)”

    Por disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo anterior se concatena supletoriamente con lo previsto en los artículos 585 y 588 en su Parágrafo Primero del Código Procesal civil vigente, que disponen:

    Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama

    .

    Artículo 588. (…) Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión (…)

    En este sentido, resulta pertinente para quien decide indicar que, el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar sólo se concede cuando existen en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del derecho que se reclama y del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, por cuanto la emisión de cualquier medida cautelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil; está condicionada al cumplimiento coincidente de dos (2) requisitos principales, a saber: i) que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar (fumus b.i.), es decir, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil.

    Es decir, la apreciación del sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere; y ii) que exista el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), vale decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante, por el retardo en obtener la sentencia definitiva (vid. Sentencia Número 00925 de fecha 6 de junio de 2007 dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, caso: Municipio Baruta del Estado Miranda, contra las sociedades mercantiles Seguros Bancentro, S.A. y Compañía Anónima de Seguros Ávila).

    En el caso bajo examen, a los fines de determinar la procedencia de la medida solicitada, resulta necesario examinar los requisitos exigidos en las referidas disposiciones, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho reclamado (fumus b.i.).

    Así las cosas, con respecto al requisito concerniente al riesgo de imposibilidad o dificultad de ejecución de la sentencia definitiva ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a una mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño alegado en virtud de la violación o desconocimiento del derecho o derechos reclamados, si éstos existiesen, y la dificultad o imposibilidad de su reparación bien por la demora del juicio, bien por las acciones que el demandado, durante el tiempo que tome la tramitación de aquél, pudiera efectuar con el objeto de burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Precisamente, esa protección cautelar tienen su razón de ser en la realidad jurídica, pues, para que una sentencia nazca con todas la garantías, debe estar precedida del regular y mediato desarrollo de toda una serie de actividades, para cuyo cumplimiento es preciso un período, no breve, de espera, existiendo el riesgo de hacer ineficaz la ejecución de lo juzgado; y por ello, precisamente se contemplan normativamente las medidas cautelares, para asegurar la materialización de la ejecución íntegra y eficaz del contenido del fallo, que por la inminencia de un daño grave o de difícil reparación podría transformar el contenido de la resolución definitiva en una ejecución ilusoria, inejecutable o ineficaz. Así pues, las medidas cautelares se consideran instrumentos para asegurar o garantizar la ejecución de las sentencias, en virtud del peligro en la demora del proceso.

    En conexión con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que debe existir una estricta sujeción entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante produzca en los autos a los fines de demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para otorgar la medida, de manera que no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro (Vid. Sentencia de la Corte de fecha 21 de noviembre de 2007, caso: Instituto Autónomo de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Barinas (Iaveb) vs. Servicios Integrales Alpasa, C.A.).

    En Sentencia dictada por la Corte Segunda, (Caso: Y.M.L.V.. Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. de fecha 01 de Febrero de 2012), señaló que:

    Omissis…la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, posee como contenido la necesidad de asegurar que luego del proceso judicial correspondiente se dicte una sentencia de fondo ajustada a derecho y que a su vez, dicha sentencia sea ejecutada de manera oportuna y en sus propios términos. Esa necesidad de que la sentencia sea oportunamente ejecutada, debe ser consustanciada con una debida protección cautelar a las cual tienen acceso las partes como medio para materializar la ejecución de lo juzgado, de forma que para la plena existencia del derecho a la tutela judicial efectiva, es necesario que se adopten, en caso de ser procedentes, las medidas cautelares adecuadas que aseguren el cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso. De esta forma, la garantía de efectividad del fallo final es la médula misma de la institución cautelar; sin esa garantía, no hay tutela judicial. (…)

    (…) Siendo ello así, la importancia de la verificación exhaustiva del buen derecho o del riesgo en la mora por parte del órgano jurisdiccional receptor del recurso que es interpuesto con medidas cautelares, debe ser verificado en estricta atención al caso en concreto y no con simples análisis técnico procesales que en nada ayudan al otorgamiento de una verdadera y efectiva protección de la tutela judicial, por el contrario pueden causar daños irreparables o de difícil reparación. (…)

    Establecidos los anteriores lineamientos, aprecia este Órgano Jurisdiccional que la parte recurrente, al momento de requerir la medida se limitó a exponer que sea ordenada “la Suspensión Provisional de los Efectos del concurso mencionado en virtud de la cual se constata que los Miembros del Jurado el concurso asignaron el puntaje alcanzado a solo siete de los participantes del concurso…”

    Así mismo, observa quien decide que a los fines de sustentar y demostrar a este Órgano Jurisdiccional la necesidad de la medida cautelar peticionada, la parte recurrente anexó los siguientes documentos:

    1. Copia al Carboncillo de C.d.I. y Recepción de documentos de fecha 24/05/2012, del ciudadano O.M.M.D.. ( folio 11 del expediente judicial)

    2. Resolución N° 01-00, sin fecha emanada de Contraloría General de la Republica, CLODOSBALDO RUSSIAN UZCATEGUI, Contralor General de la República (folios 12 al 53 del expediente judicial).

    3. Original de comunicación suscrita por el ciudadano O.M.D., dirigida a los ciudadanos Jurado Calificador del Concurso a Contralor del Municipio T.d.E.A..

    Aprecia, este Órgano Jurisdiccional, que tales medios de prueba sumaria no resultan suficientes para crear siquiera elementos presuntivos mediante los cuales se pueda apreciar el debido cumplimiento de los extremos de Ley que haga procedente lo solicitado. Es decir, que conjuntamente con lo alegado debe indicarse los elementos indispensables, tales como las circunstancias o los hechos que configuren el fumus b.i. y el periculum in mora, dado que el procedimiento de las medidas cautelares es de naturaleza accesoria y requiere de una sustanciación independiente para la revisión y decisión de la misma. Si bien, el Juez Contencioso Administrativo goza de amplio poder cautelar, el cual debe ser ejercido con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren; siendo, además, criterio reiterado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que debe el juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales y legales del accionante.

    Por los fundamentos que anteceden, éste Tribunal debe concluir que en el caso de marras no esta demostrado el Fumus B.I. que es la presunción grave del derecho que se reclama, requisito éste que debe ser concurrente con el Periculum In Mora, para que sea procedente el Decreto de la medida cautelar, como supuestos de procedencia requeridos por el legislador en el artículo 104 eiusdem, norma transcrita. Siendo, que las medidas cautelares tienen la intención de garantizar la ejecución del fallo que en definitiva sea dictada en la causa, pero en ninguna manera pueden por ésta vía constituirse situaciones nuevas a favor de alguna de las partes o de terceros. Asimismo el recurrente no trajo a los autos medios probatorios que sustente lo solicitado, es decir, nada probó ni demostró, ya que si bien es cierto, el recurrente alega que a los otros aspirantes fueron llamados por vía telefónica, no es menos cierto, que pudieron llamarlo a el también, supuesto éste que no probó, bien sea por medio de testigos o con otro medio probatorio tales como las relaciones de llamadas emitida por la compañía de Teléfonos. Tampoco trajo a los autos medio probatorio que sustente lo alegado tales como un cronograma de fecha en el cual se verifique las fechas exactas para la realización de las entrevistas de panel para evaluar las cualidades y demás características personales de los aspirantes. Al no encontrarse cumplidos en consecuencia los extremos de Ley, los cuales son requisitos concurrentes para decretar la medida solicitada, siendo ello así, y por cuanto el Juez debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente, y sin que constituya adelanto de opinión sobre el fondo del asunto objeto de conocimiento de la causa principal, resulta forzoso para quien aquí decide, declarar IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada, por ausencia de cumplimiento de los requisitos exigidos para su procedencia, y así se decide.

  3. DECISIÓN

    Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO ARAGUA,, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la Medida Cautelar solicitada por la parte recurrente, ciudadano O.M.M.D., titular de lea cédula de identidad N° V-7.235.108, abogado, Inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 54.596., actuando en su propio nombre y representación en el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ABSTENCION O CARENCIA interpuesto contra la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNCIPIO T.D.E.A..

    Publíquese, regístrese, diaricese y déjese copia.

    Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, a los Diez (10) días del mes de Mayo del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

    LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,

    DRA. M.G.S.

    LA SECRETARIA,

    ABOG. SLEYDIN REYES

    En esta misma fecha siendo las 11:00 am, se publicó y registró la anterior decisión.

    LA SECRETARIA,

    ABOG. SLEYDIN REYES

    MGS/cejor

    Asunto Principal DP02-G-2013-000023

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