Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 18 de Diciembre de 2007

Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur

Asunto Nº: 1.938

Parte presuntamente agraviada: P.M.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.619.369, de este domicilio.

Abogado de la parte presuntamente agraviada: MARCOS E GOITIA H, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado. Bajo el Nº 75.239

Parte presuntamente agraviante: EL ESTADO APURE.

Abogado de la Parte Presuntamente Agraviante: M.E.M., venezolana, mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 93.886, de este domicilio.

Motivo: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

DE LA COMPETENCIA:

Antes de pronunciarse sobre el fondo del presente asunto, corresponde a este Tribunal establecer su competencia para conocer el presente cobro de prestaciones sociales y, al respecto, observa que la misma ha sido interpuesta contra El Estado Apure, denunciado esencialmente por el ciudadano P.M.A., debidamente representado por el abogado M.G., Inpreabogado Nº 75.239, en tal sentido este tribunal resulta competente para conocer del presente cobro de prestaciones sociales.

Alega el Recurrente:

Que desde el día 12 de Marzo de 1984, inició sus labores como COMISARIO, adscrito al ESTADO APURE, que durante el tiempo que duró la relación laboral, la misma fue muy cordial entre la Institución y las personas que la integran, con mucho respecto y consideración, sin que en ningún momento haya habido algún problema durante ese lapso de tiempo.

Que fue despedido de su cargo el 07 de Octubre de 1999, y hasta los momentos actuales no le han cancelado el pago de sus PRESTACIONES SOCIALES, muy a pesar de haberlo solicitado en reiteradas oportunidades.

Que durante el tiempo de trabajo de Quince (15) años, Seis (06) meses y Veinticinco (25) días, ganó diferentes sueldos y el último de dichos sueldos fue la cantidad de Ciento Diez Bolívares Con Cero Céntimos (Bs. 110.000,00).

Finalmente solicitó:

Que el Estado Apure, sea condenado a cancelarle la cantidad de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 23.458.954,56) por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales.

Del Procedimiento:

En fecha 20 de Enero de 2003, fue admitida la presente demanda ante el juzgado segundo de primera instancia en lo civil, mercantil, agrario, transito y del trabajo de la circunscripción judicial del Estado Apure, librándose las notificaciones correspondientes.

En fecha 13 de Noviembre del año 2.003, comparece ante el mencionado juzgado el ciudadano R.J.M., venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° 10.617.337, en su condición de Procurador General del Estado Apure, a los fines de consignar poder apud acta a la abogada M.E.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 93.886, para que represente al Estado Apure en la presenta causa.

En fecha 24 de Noviembre del año 2.003, comparece ante el juzgado segundo de primera instancia en lo civil, mercantil, agrario, del transito y del trabajo de esta circunscripción judicial, la abogada M.E.M., Inpreabogado N° 93.886, con su carácter acreditado en autos, a los fines de presentar escrito de contestación de la demanda, el cual fue admitido ante ese juzgado por auto de esa misma fecha.

En fecha 01 de Diciembre del año 2.003, comparece ante el juzgado segundo de primera instancia en lo civil, mercantil, agrario, del transito y del trabajo de esta circunscripción judicial, la abogada M.E.M., Inpreabogado N° 93.886, con su carácter acreditado en autos, a los fines de presentar escrito de promoción de pruebas, las cuales fueron admitidas ante ese juzgado por auto de fecha 03 de Diciembre de 2.003.

Por auto de fecha 18 de Diciembre del año 2.003, suscrito por el juzgado segundo de primera instancia en lo civil, mercantil, agrario, del transito y del trabajo de esta circunscripción judicial, fija el Décimo Quinto (15) día de despacho siguiente para que tuviese lugar el acto de informes en la presente causa.

En fecha 13 de Abril del año 2.004, comparece ante este juzgado superior la abogada M.E.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 93.886, en su condición de representante de la parte demandada, a los fines de presentar respectivos informes en el presente juicio, los cuales fueron admitidos y agregados en el presente expediente por ante el mencionado juzgado.

En fecha 30 de Abril del año 2.004, en la que se encontraba vencido el lapso para que las partes presentaran las observaciones a los informes presentados en el presente juicio, en consecuencia ese tribunal dice vistos y entra en etapa de dictar sentencia.

En fecha 11 de Octubre del año 2.004 el juzgado segundo de primera instancia del juicio del trabajo de la circunscripción judicial del Estado Apure, mediante sentencia interlocutoria, declina la competencia en razón de la materia, ante este juzgado superior en lo civil (Bienes) contencioso, administrativo y agrario de esta circunscripción judicial librando las notificaciones correspondientes.

Por auto de fecha 06 de Febrero del año 2.006, suscrito por este juzgado superior en lo civil (Bienes), contencioso administrativo y agrario de esta circunscripción judicial, admite la presente demanda contentiva de cobro de acreencias respecto al patrono, proveniente del juzgado segundo de primera instancia del juicio del trabajo de esta circunscripción judicial.

En fecha 20 de Septiembre del año 2.006, en cuanto se encontraba vencido el lapso probatorio, en consecuencia este juzgado superior fija el quinto (5°) día de despacho siguiente para que tenga lugar la audiencia definitiva de conformidad con el articulo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Publica.

En fecha 04 de Octubre de 2007, siendo el día y hora fijado para la celebración de la audiencia Definitiva, se llevo a cabo el acto con la comparecencia de los abogados M.G. en su condición de representante legal del demandante, quien haciendo uso del derecho de palabra que les fue concedido, expuso: “Ratifico en todas y cada una de sus partes lo esgrimido en el libelo de la demanda. Es todo”. Seguidamente se le concedió el derecho de palabra al representante de la parte demandada, quien expuso: “Partiendo del principio según el cual los jueces deben decidir conforme lo alegado y aprobado en autos, solicito al tribunal que en tanto y cuanto el demandante haya sido capaz de probar lo alegado, se sirva valorar las probanzas que hubiera y decidir, así mismo ratifica lo esgrimido en la contestación de la demanda. Es todo”. En este estado el tribunal se reserva el lapso de cinco (05) días para la publicación del fallo.

En fecha 11 de octubre del año 2.006, día este fijado por este tribunal para la publicación del dispositivo del fallo, en consecuencia este juzgado superior considera necesario a los fines de emitir un pronunciamiento ajustado a derecho en el caso de autos, acordar un auto para mejor proveer, todo ello de conformidad con el articulo 21, parágrafo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se libraron las notificaciones correspondientes.

En fecha 08 de Marzo del año 2.007, comparece ante este juzgado la ciudadana ARMANDA ARTEAGA HERNANDEZ, Venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° 7.553.029, en su condición de Procuradora General del Estado Apure, a los fines de consignar poder apud acta, a los a los abogados JESÚS DEL VALLE LISS, ANNALIESSE MONTENEGRO, M.E.O., I.M., K.L., E.P., I.M., Á.G., J.P. , Y.Y. y M.B. inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 1.834, 43.265, 28.804, 93.887, 117.654, 113.399,93.887, 27.985, 99.599, 45.291 y 123.474, para que representaran al Estado Apure en el presente proceso.

En fecha 13 de Diciembre del año 2.007, comparece ante este juzgado superior el abogado M.G., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239, en su condición de representante de la parte demandante, a los fines de solicitar a la ciudadana jueza titular, sea homologado el presente convenimiento, y para lo cual consigna en este acto original y copia del mismo.

Del Derecho Aplicable al Caso Concreto:

De la oposición planteada este Tribunal considera lo establecido lo previsto en el artículo 259 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que establece:

La jurisdicción contenciosa administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación del poder; condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa

En virtud de lo dispuesto en el presente articulo, se le atribuye competencia a los tribunales contenciosos administrativos para restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Dando origen para conocer y decidir con plenitud dentro los límites de la competencia contencioso administrativo, de todas las demandas que se intentan contra los entes públicos estatales nacionales y empresas nacionales del Estado. Establecido de la misma manera en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia cuya normativa regula esta jurisdicción, no solo para declarar la nulidad de los actos administrativos generales o individuales contarios a derecho, sino también para conocer de aquellas demandas que se propongan contra los Estados, Municipios, o algún Instituto Autónomo, Ente Publico o Empresa, en la cual la Republica ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto su dirección o administración se refiere. Destacando a ello que el caso aquí ventilado es sobre el cobro de prestaciones sociales, siendo competencia de este tribunal condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración.

Del cobro de prestaciones sociales interpuesto:

La presente demanda se fundamentó en las disposiciones legales contenidas en los artículos 65, 67, 68, 108 y 125, 129 y 219 de la Ley del en los artículos 3, 39 66, 104, 108 y 125, 133, 174, 175, 219, 223 Y 225, de la Ley del Trabajo, en concordancia con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 30, 123, 126, y 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; e igualmente el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.

La Ley Orgánica del Trabajo expresa en su artículo 65 la relación laboral entre quien preste el servicio y quien lo recibe, la misma será remunerada. El artículo 67 y 68 ejusdem contemplan el contrato de trabajo y la terminación del mismo bajo cualquier circunstancia de las previstas en ellos.

En los artículos 129 y 219 de la Ley del Trabajo contemplan el salario y las vacaciones. El artículo 108 contempla las prestaciones de antigüedad; lo cual por cualquier causa y después de tres meses de trabajo deberá pagar el patrono al trabajador una indemnización equivalente al salario por el tiempo de trabajo.

En tal sentido, esta Ley consagra el concepto de prestaciones sociales como un derecho adquirido del trabajador al terminar su relación de trabajo, por tal motivo, con fundamento en el articulo 104, 108 y 125 de la Ley de trabajo en concordancia con el articulo 63 de la Ley Orgánica de Procedimiento del Trabajo, y en virtud de que a la presente fecha no le han sido cancelados los conceptos por prestaciones sociales.

Del Convenimiento:

En fecha 13 de Diciembre de 2007, compareció el abogado M.G., Inpreabogado bajo el N° 75.239, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Araque P.M., por ante este Juzgado Superior, a solicitar sea homologado el presente convenimiento, y a su vez consignar dicho convenimiento el cual expresa: “…Entre, el ESTADO APURE ENTIDAD POLÍTICO TERRITORIAL representada en este acto por la ciudadana A.I. ARTEAGA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, abogada, titular de la Cédula de Identidad N° 7.553.029, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 40.551 y de este domicilio, actuando en su carácter de PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO APURE, según se evidencia de Decreto anexo signado con el N° G-369-1 publicada en Gaceta Oficial del Estado Apure N° 686-EXTRAORDINARIO de fecha 10 de Noviembre de 2006, que se anexa marcado (A) y estando debidamente autorizada por el Gobernador del Estado Apure CAP. J.A.G. en fecha 18 de Septiembre de 2007, según consta de documento que se anexa marcado (B) a los efectos de cumplir con los requisitos previstos en el articulo 68 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, quien en lo sucesivo y a los efectos del presente acto se denominará “EL ESTADO” por una parte y por la otra el abogado M.G., venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239, en su condición de apoderado judicial de el ciudadano ARAQUE P.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 1.619.369 y de este domicilio, debidamente facultado para este acto según se evidencia de Poder Especial que corre inserto en autos, quien en lo adelante se denominará “EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE”. Se ha acordado en celebrar como en efecto se celebra el presente convenimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de dar por terminado el juicio por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES que cursa por ante el JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, signado con el N° 1.938, y de esta manera evitar que se sigan causando gastos para “EL ESTADO” producto del pago de la corrección monetaria o indexación laboral, el cual se celebra con sujeción a las siguientes cláusulas: PRIMERA: Es entendido que el ciudadano ARAQUE P.M., intento demanda por ante el JUZGADO SUPERIOR DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, DEL TRANSITO Y DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, en fecha 18 de Diciembre del 2002 por haber laborado para “EL ESTADO” desde el 12 de Marzo de 1.984, hasta el 07 de Octubre del 1.999, en su condición de comisario por un monto de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (23.458.968,56 Bs.). SEGUNDA: “EL ESTADO” conviene en el pago del monto sentenciado por el juzgado superior civil (Bienes) contencioso administrativo y “EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE” acepta el ofrecimiento de pago que en este acto se realiza, y por ello renuncia al reclamo de pago de CUALQUIER DIFERENCIA e inclusive acepta que no se la debe nada por concepto de intereses de mora, indexación o corrección monetaria e intereses de ejecución después de realizado el pago de conformidad con el articulo 255 del Código de Procedimiento Civil se tendrá como cosa juzgada. TERCERA: En consecuencia de lo anterior, ambas partes convienen en que el monto a cancelar por “EL ESTADO” a “EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE” es la cantidad de VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON SIETE CENTIMOS (23.254.972,07 Bs.), que “EL ESTADO” cancelara durante los meses correspondientes al segundo trimestre del año 2008, dichos pagos se tramitara a través de la secretaria de administración y secretaria de tesorería, previa presentación de copia certificada del presente convenimiento debidamente homologado; dicha cantidad será consignada por el tribunal de la causa a los fines de solicitar el Archivo del presente expediente. CUARTA: “EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE” declara que acepta los términos del convenio presentado por el Estado Apure en las condiciones ya expresadas, por tanto declara de manera expresa e irrevocable en nombre de su mandante el ciudadano ARAQUE P.M.; antes identificado que nada tiene que reclamar contra “EL ESTADO” y da por satisfecha la deuda demandada. QUINTA: Ambas partes convienen en solicitar a la ciudadana jueza de la causa la homologación del presente convenimiento. Se le tenga con carácter de sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada y de que se le expida copia certificada, con inserción al pie de esta solicitud del correspondiente auto que le acuerde, todo ello a los fines legales pertinentes…

Del Derecho Aplicable al Caso Concreto:

Para proceder a homologar el Convenimiento en el presente COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, el juez debe analizar si se encuentran cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 256 del Código del Procedimiento Civil, para que se pueda dar por consumado el Convenimiento entre las partes. Además deberá verificar el juzgador, si las partes tienen capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, si actuaron representadas o asistidas por un abogado y, en el primer supuesto, que la facultad para realizar actos de auto composición procesal le haya sido otorgada expresamente al apoderado judicial, conforme a lo establecido en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, y por último, que se trate de materias en las cuales no estén prohibidos arreglos entre las partes y que por lo tanto, pueda la parte disponer libremente del derecho en litigio.

En consecuencia, no siendo contrario a derecho ni a las buenas costumbres el Convenimiento efectuado por las partes y por cuanto reúne los requisitos legales, quien juzga considera que lo procedente es impartir su homologación al Convenimiento COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, formulado por las partes y al Convenimiento efectuado por las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil y así se establece.

DECISIÓN:

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN SUR, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA el Convenimiento efectuado por la ciudadana A.A.H. en su carácter de Procuradora General del Estado Apure, y el demandante, ciudadano ARAQUE P.M., venezolano, titular de la cedula de identidad N° 1.619.369, representado por el abogado M.G., inscrito en el inpreabogado bajo el N° 75.239. Como consecuencia de la anterior declaratoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, se declara la presente causa como Cosa Juzgada y se da por terminado el proceso.

Publíquese, regístrese, líbrese oficio a la Procuradora General del Estado Apure.-

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y de la Región Sur a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre de dos mil siete (2007). Años: 197° y 148°.

La Jueza Superior Titular,

Dra. M.G.S..

La Secretaria del tribunal,

I.F..

Exp. Nº 1.938.

MGS/ if /Wiston.-