Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Julio de 2010

En cuanto a la falta de cualidad de la demandante, arguyó que la actora carece de cualidad activa o legitimación activa ad-causam para ejercer por si sola la acción por cumplimiento de contratos de seguro, se ha intentado contra Seguros Nuevo Mundo, S.A., por cuanto ella no es el único sujeto activo a quien le pertenece la totalidad de los intereses cuya tutela jurídica exige de su mandante, y que persigue una sentencia constitutiva cuyos efectos recaerían sobre la esférica jurídica de otros sujetos, cuyo interés procesal no se encuentra representado en el presente juicio, es decir, por no haberse constituido en la demanda el litis consorcio activo necesario, y al ser una relación jurídico-sustancial planteada por la actora, multilateral y con pluralidad de partes, por los menos en cuanto a los contratos de seguros identificados con los certificados Nos. INCC-2 certificado 2; INCC-3 certificado 3; INCC-4 certificado 4; y INCC-5 certificado 5, suscritos el 25 de julio de 2000, en los cuales la actora solo alega tener la condición de beneficiaria, atribuyéndose la doble cualidad de “tomadores” y “aseguradores” a las sociedades mercantiles AGENCIA DE LOTERÍA TROPICALIENTE, C.A., FRIGORÍFICO EL PLACER DE LA RES, C.A., PESCADERÍA EL PLACER DEL RÍO MAR, C.A., y LÁCTEOS F.D.C., C.A.

Ahora bien, para determinar si la actora tiene “cualidad o legitimación ad causam”, esta Instancia cita jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de julio de 2003, sentencia No. 1930, que expresó lo siguiente:

“… (…) Establecido lo anterior, debe esta Sala aclarar los conceptos de legitimación o cualidad para ser parte en juicio, para así establecer si la misma se refiere al fondo de la controversia o es una formalidad (esencial o no) de la consecución de la justicia.

Anteriormente se confundían, los conceptos de legitimación de las partes, con la titularidad del derecho solicitado y con el interés personal necesario para accionar.

La cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no entonces carece de cualidad activa.

Incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho.

El juez, para constatar la legitimación de las partes no revisa la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se afirma como titular del derecho para que se dé la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva.

La legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella, le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas en las cuales ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial.

En el primer aparte del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, referente a la contestación de la demanda, se establece que:

Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9°, 10º y 11º del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas

. (…)

Es necesaria una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual la ley ha concedido la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, que pueda ser controlado por las partes en ejercicio del derecho constitucional a la defensa.

A lo anterior añade la Sala que, la referida excepción de falta de cualidad, ciertamente es una excepción que ataca a la acción, pero debido a que se encuentra ligada indisolublemente a la pretensión y responde a principios consagrados constitucionalmente como lo son la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia. (…)”.

Cabe destacar, que de la revisión hecha a la Póliza de Seguro de Incendio, cuyo recaudo acompañó la actora al libelo marcado con la letra “L”, se puede verificar que conforme a cláusula undécima, solo corresponde al Asegurado la correspondiente acción judicial, la cual citamos textualmente:

“CLAUSULA Nº 11 Si dentro de los doce (12) meses calendario siguientes a la ocurrencia de un siniestro, EL ASEGURADO no hubiere iniciado la correspondiente acción judicial contra LA COMPANIA o convenido con ésta el arbitraje o peritaje previstos en las Cláusulas anteriores, caducarán todos los derechos que EL ASEGURADO tenga o pueda tener contra LA COMPANIA como consecuencia del siniestro ocurrido, a menos que se encuentre en proceso el ajuste de pérdidas correspondiente. Igualmente, caducarán estos derechos si durante los seis (6) meses calendario siguientes a la fecha del rechazo de cualquier reclamación, EL ASEGURADO no hubiere iniciado la correspondiente acción judicial contra LA COMPANIA o convenido con ésta el arbitraje previsto en la Cláusula anterior. Los plazos aquí estipulados correrán en forma separada uno del Otro.

A los efectos de esta Cláusula se entenderá iniciada la acción judicial una vez que sea consignado y admitido el libelo de demanda por ante el Tribunal competente y sea citada LA COMPANIA en la persona de su Representante Legal.-…“.

Igualmente, se debe traer a con colación que con la entrada en vigencia del Decreto con fuerza de Ley del Contrato de Seguro publicado en Gaceta Oficial No. 5.553, de fecha 12 de noviembre de 2001, esta cláusula queda parcialmente derogada, por cuanto dicha Ley le da legitimidad para intentar las acciones legales, adicionalmente, al tomador y al beneficiario, y dado el carácter imperativo que tienen sus disposiciones, de aplicación inmediata y preferente al caso de autos, es importante señalar la sentencia No. 566, dictada por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de julio de 2007, dejó asentado al respecto lo siguiente:

(…) Ahora bien, el Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, establece en sus artículos 1, 2, 4 ordinal 5° y 9; lo siguiente:

…Artículo 1°. El presente Decreto Ley tiene por objeto regular el contrato de seguro en sus distintas modalidades; en ese sentido se aplicará en forma supletoria a los seguros regidos por leyes especiales.

Artículo 2°. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto Ley son de carácter imperativo, a no ser que en ellas se disponga expresamente otra cosa. No obstante, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el tomador, el asegurado o el beneficiario… Artículo 4°. Cuando sea necesario interpretar el contrato de seguro se utilizarán los principios siguientes: 5°. Las cláusulas que imponen la caducidad de derechos del tomador, del asegurado o del beneficiario, deben ser de interpretación restrictiva, a menos que la interpretación extensiva beneficie al tomador, al asegurado o al beneficiario…

Artículo 9. Los contratos de seguros no podrán contener cláusulas abusivas o tener carácter lesivo para los tomadores, los asegurados o los beneficiarios. Los contratos de seguros se redactarán en forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas que contengan la cobertura básica y las exclusiones…” (Resaltado de la Sala).

Las normas transcritas están referidas a la regulación del contrato de seguros, que es justamente la materia sobre la cual se resuelve y establecen como principio fundamental del mismo el principio de la buena fe; igualmente prevé que las normas contenidas en dicho instrumento legal son de carácter imperativo, vale decir, que dado lo sensible de la materia regulada por él, sus disposiciones son de obligatoria aplicación y sólo podrán ignorarse cuando el citado texto legal así lo autorice.

De igual manera preceptúa el mencionado Decreto, que las convenciones celebradas entre las partes se aplicaran, cuando ellas sean más beneficiosas para “…el tomador, el asegurado o el beneficiario…” y que en el contrato de seguros no podrán estar contenidas cláusulas abusivas o tener carácter lesivo para los tomadores, los asegurados o los beneficiarios.

Por otra parte el artículo 55 del referido decreto cuyo texto se transcribe, establece el lapso fatal de caducidad:

Artículo 55. Si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de rechazo de cualquier reclamación, el tomador, el asegurado o el beneficiario del seguro no hubiere demandado judicialmente a la empresa de seguros, acordado con ésta someterse a un arbitraje o solicitado el sometimiento ante la autoridad competente, caducarán todos los derechos derivados de la póliza con respecto al reclamo formulado que haya sido rechazado...

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Ahora bien, la norma contenida en el Decreto con fuerza de Ley del Contrato de Seguro, tal como se asentó supra, indica que su aplicación es de carácter imperativo; con base a ese mandato mal puede entenderse y aceptarse que la disposición contractual pueda tener supremacía sobre la legal, ya que la orden emanada del Decreto Ley en comentario es la de aplicar aquellas cuando beneficien al asegurado, tomador o beneficiario y en el caso que se resuelve, la cláusula contractual lo perjudica. (…Omissis…)…”.

Así las cosas, con la idea de abundar el alcance y contenido del concepto de cualidad o legitimatio ad causam quien aquí decide cita al autor L.L., que la define como:

… una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quien se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera. La cualidad expresa la referencia de un poder o de un deber jurídico concreto a un sujeto determinado…

.

En tal sentido, observa quien aquí decide que la primera obligación del beneficiario -y a su es vez es su derecho- es la de reclamar la indemnización una vez ocurrido el siniestro. Ahora bien, la demandante se afirmó como titular del derecho -que deviene de su carácter de beneficiaria de los contratos de seguro- cuando intentó la acción, para tener legitimación ad-causam, por disposición del artículo 55 del Decreto con fuerza de Ley del Contrato de Seguro, publicado en Gaceta Oficial No. 5.553, extraordinario, en fecha 12 de noviembre de 2001, y dado el carácter imperativo de dicha ley. Aunado a la admisión por la demandante del rechazo -por escrito y en forma motivada, sin ambigüedad de tipo alguno, en fecha 29 de julio de 2002- de la indemnización de los daños reclamados por las aseguradas, por que consideró que no existía cobertura de motín, se cumplen los extremos a que se refiere dicho artículo, y quedan legitimados el asegurado y el beneficiario para intentar el reclamo por vía judicial, todo ello, en p.a. con las decisiones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.-

Precisado lo anterior, pasa este sentenciador a dirimir el alegato de la inexistencia de cobertura, para lo cual se observa, que la demandada negó que los hechos narrados y ocurridos el 14 de abril de 2002, constituyan el siniestro de saqueo, e invocó lo previsto en el artículo 37 de la ley de Contrato de Seguro en concordancia con el artículo 1.160 del Código Civil, arguyendo para ello, que los hechos narrados por la actora que dice ocurrieron el 14 de abril de 2002, constituyen el siniestro de “saqueo” con cobertura de los contratos celebrados entre su mandante y la actora que implique responsabilidad contractual de indemnizar los supuestos daños sufridos por la accionante, ya que las circunstancia que dieron origen al evento ocurrido implican un motivo de exclusión con respecto a su representada, conforme a los términos y condiciones de las Pólizas de Incendio, acompañada por la actora al libelo, específicamente las previsiones 2.3.4 de las exclusiones contenida en la Cláusula de Motín, Disturbios Laborales y Daños Maliciosos, incluidas en ellas y aprobada en forma general y uniforme por la Superintendencia de Seguros, mediante Resolución signada con el No. HSS-200-95-203 de fecha 15 de diciembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial No. 35.873 del 05 de enero 1996. Igualmente, arguyo lo que textualmente se transcribe:

…Si bien es cierto que no hay una determinación concreta o una calificación definitiva de los hechos ocurridos por parte de una autoridad jurisdiccional o política, no es menos cierto que los hechos acontecidos se pueden, aisladamente subsumir en tres de los motivos o causas de exclusión del riesgo cubierto...

Y seguidamente expresa: “... los contratos de seguros celebrados... (tienen) exclusión expresa de la cobertura de saqueo, cuando tal evento tenga como origen o causa, directa o indirectamente, o sucedan en conexión con una situación de ruptura del orden político y social, de carácter cívico-militar, que implique insurrección o insubordinación militar o usurpación de poder, tal como ocurrió en Venezuela durante los días 12 al 15 de abril de 2002, nuestra representada, a tenor del artículo 37 de la Ley del Contrato de Seguros, esta exonerada de su responsabilidad legal de cancelarle a la actora la indemnización prometida por los daños sufridos por ella a consecuencia del riesgo saqueo sufrido el día 14 de abril de 2002, en los establecimientos asegurados...”

(…) Las delimitaciones causales objetivas vinculadas a la naturaleza del evento o su causa en Venezuela, están disciplinadas en la Ley del Contrato de Seguros y, entre ellas, tenemos los riesgos extraordinarios; así el artículo 70 contempla como supuesto de exclusión de responsabilidad “los daños provenientes del vicio propio o intrínseco de la cosa asegurada, movimientos telúricos, inundación, hechos de guerra, insurrección, terrorismo, motín o conmoción civil, daños maliciosos y las pérdidas de ganancias producidas como consecuencia de siniestros, salvo pacto en contrario”, previsión ésta última que da cabida a la utilización y vigencia de la comentada “Cláusula de Motín, Disturbios Laborales y Daños

Maliciosos

. SAQUEO:

Se refiere a la sustracción o destrucción de los bienes asegurados, cometidos por un conjunto de personas que se encuentren (...) tomando parte de un motín, conmoción civil o disturbios populares. (Subrayado y negrillas nuestras)

Señala entre las exclusiones, las siguientes:

2.3.5.- EXCLUSIONES

a) Pérdidas o daños ocasionados por cualquiera de los riesgos que se aseguren mediante esta cobertura, si dichas pérdidas o daños en su origen o extensión fuesen ocasionados directa o indirectamente o se den en el curso de: guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (haya habido declaración de guerra o no), insubordinación militar, levantamiento militar, insurrección, rebelión, revolución, guerra de guerrillas, guerra civil, poder militar o usurpación de poder, o cualquier acto de cualquier persona que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización con actividades dirigidas a la destitución por la fuerza del gobierno de jure o de facto o influenciarlo mediante el terrorismo o la violencia; o fuesen la consecuencia directa o indirecta de cualquiera de dichos eventos o sucedan en conexión con ellos…

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Ahora bien, el examen pormenorizado de la secuencia de hechos o sucesos acaecidos en el país durante los días 11, 12, 13, 14 y 15 de abril del año 2002, hacen presumir la existencia de hecho jurídico, caracterizado por una ruptura momentánea del orden político y social, de carácter cívico-militar, público y notorio, en la cual, ante actos públicos de pronunciamiento militar, calificables como insubordinación o insurrección militar, se provocó la aparente renuncia del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y la instauración de un gobierno de facto, presidido por el Sr. P.C.E., quien en acto público disolvió los poderes constituidos; pero posteriormente renuncia a ese cargo y se reinstala el Gobierno Constitucional legítimamente constituido, lo que califica a dicho acto de usurpación de poder civil. Este hecho jurídico, “ruptura momentánea del orden político y social”; independientemente de la calificación particular que se le pueda dar a cada hecho individual ocurrido en ese lapso de tiempo, constituye, en su contexto, esa o esas circunstancias de hecho, que por su impacto o incidencia en el aumento del riesgo asumido por el asegurador, excluyen el riesgo de “saqueos” de la cobertura otorgada en la cláusula de Motín, Disturbios Laborales y Daños Maliciosos, la cual forma parte de la p.d.i. y riesgos aliados contratada por las tomadoras y aseguradas con nuestra representada.

Si bien es cierto que no hay una determinación concreta o una calificación definitiva de los hechos ocurridos por parte de una autoridad jurisdiccional o política, no es menos cierto que los hechos acontecidos se pueden, aisladamente, subsumir en tres de los motivos o causas de exclusión del riesgo cubierto, establecidos en la cláusula de Motín, Disturbios Laborales y Daños Maliciosos; a saber:

1. Exclusiones militares:

   Insubordinación militar,

   Levantamiento militar,

   Insurrección,

   Rebelión,

   Poder militar

2. Exclusión por usurpación de poder Civil.

   (…) Por tanto, los saqueos sufridos por la actora en sus establecimientos asegurados, aparentemente ocurridos con posterioridad al regreso del Presidente Chávez al poder, estarían relacionados con la situación de hecho político y social de carácter cívico-militar ocurridos en esos días, motivo por el cual, los siniestros sufridos, están excluidos de la cobertura de Motín, Disturbios Laborales y Daños Maliciosos otorgada por nuestra representada. No es, como indica la actora en su libelo, que los saqueos ocurridos el día 14 de abril del 2002 en los establecimientos asegurados no estuvieron dirigidos a derrocar al Gobierno, ni tuvieron lugar cerca del Palacio de Miraflores, sino en Catia, por lo que estaría cubierto el siniestro de motín; poco importa esta circunstancia a los efectos de a.l.e.o.n. de cobertura de los siniestros reclamados. Lo determinante, es que estas circunstancias de hecho ocurridas durante los días 12 al 15 de abril del año 2002 en Venezuela, tuvieron relación directa, indirecta o conexión con los saqueos sufridos por la actora en los establecimiento asegurados, a su decir, ocurridos el día 14 de abril del 2002, específicamente a las 4:30 a.m.

   Finalmente reiteramos que, a todo evento, en Venezuela la tesis imperante para determinar la causa eficiente de un siniestro es la Teoría de la Causa Remota (…) En este caso, la causa o riesgo inmediato fue el saqueo, el cual no estaba cubierto, pero, en cambio, la causa remota o el riesgo indirecto como lo fue la avería, abandono y varamiento del barco si estaban cubiertos por la póliza.

   En este caso, al no estar cubierta la causa inmediata - el saqueo- se procede a remontar las causas remotas hasta encontrar aquella que si está cubierta, y que sin su ocurrencia, no se hubiere producido el daño. Sobre esta base, al encontrarse con una diversidad de causas, procederemos a remontarlas en orden cronológico de ocurrencia, siguiendo la cadena causa-efecto. (...)

   Como quiera que los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso y la Ley, a tenor de lo establecido en el artículo 1160 del Código Civil; al establecer en forma expresa el numeral 2.3.5 de la Cláusula de Motín, Disturbios Laborales y Daños Maliciosos de los contratos de seguros celebrados entre actora y nuestra representada (los cuales tienen fuerza de ley entre las partes, a tenor del artículo 1159 ejusdem); exclusión expresa de la cobertura de saqueo, cuando tal evento tenga como origen o causa, directa o indirectamente o sucedan en conexión con una situación de ruptura del orden político y social, de carácter cívico-militar, que implique insurrección o insubordinación militar o usurpación de poder; tal como ocurrió en Venezuela durante los días 12 al 15 de abril de 2002, nuestra representada, tenor del artículo 37 de la Ley del Contrato de Seguros, está exonerada su responsabilidad legal de cancelarle a la actora la indemnización prometida por los daños sufridos por ella a consecuencia del riesgo de saqueo sufrido el día 14 de abril del año 2002, en los establecimientos asegurados; y así expresamente lo alegamos y solicitamos sea declarado en la sentencia de fondo.-…“.

   Al respecto, para este Juzgador para pronunciarse sobre una decisión que implique una postura en cuanto a los hechos alegados como causal de exoneración de responsabilidad, es menester analizar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena Accidental, en fecha 14 de agosto de 2002, quien dictó los siguientes pronunciamientos:

   (...) 1) Declara que NO HAY MERITO PARA EL ENJUICIAMIENTO de los ciudadanos General de División del Ejército E.V.V., General de Brigada de la Aviación P.P.O., Vicealmirante de la Armada H.R.P., y Contralmirante de la Armada D.L.J.C.U., en el procedimiento de antejuicio de mérito incoado por el ciudadano Fiscal General de la República por la supuesta comisión del delito de rebelión, previsto en el ordinal primero del artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar; 2) Decreta el SOBRESEIMIENTO según el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal; y 3) como consecuencia de lo anterior se ordena la suspensión de las medidas de cautela decretadas en esta causa.-“

   Con relación a lo anterior, nuestro M.T. no se pronunció en ninguna forma, en el sentido de que hubo insurrección o insubordinación militar, o usurpación de poder, el día 14 de abril de 2002, fecha de la destrucción total de los bienes asegurados que se encuentran amparados por la cobertura que deviene de la Cláusula de Motín, Disturbios Laborales y Daños Maliciosos aprobada con carácter general y uniforme, por la Superintendencia de Seguros, mediante Resolución distinguida N° HSS-200-95-203, de fecha 15 de diciembre de 1.995, publicada en Gaceta Oficial No.35.873, de fecha 05 de enero de 1996.

   Tal como lo reconoce la demandada en su escrito de contestación: “... no hay una determinación concreta o una calificación definitiva de los hechos ocurridos por parte de una autoridad jurisdiccional o política...”.

   Entonces, se desprende de autos que el saqueo ocurrido a los bienes de la actora y demás empresas afectadas, ocurrió siendo aproximadamente las cuatro y treinta de la madrugada (4:30 a.m.) del día 14 de abril de 2002, y los hechos a que se refiere la demandada, esto es, a la supuesta insubordinación, insurrección o vacío de poder ocurrieron el día 12 de abril de 2002, y el día 14 de abril de 2002 ya el Presidente de la República, H.R.C.F., estaba ejerciendo plenamente su cargo.

   En tal razón, y para profundizar más sobre la calificación de los hechos señalados como causa de exoneración de pago, se cita sentencia No. 233, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 11 de Marzo de 2005, que expresó:

   (…/…) Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1) CON LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por el Fiscal General de la República, ciudadano J.I.R.D., en fecha 02 de diciembre de 2004; 2) ANULA la sentencia proferida en fecha 14 de agosto de 2002 por la Sala Plena Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró no haber lugar al enjuiciamiento de los ciudadanos General de División (Ej.) E.V.V., General de Brigada (Av) P.P.O., Vicealmirante H.R.P. y Contralmirante D.L.J.C.U., y el consecuente sobreseimiento; 3) INOFICIOSO un nuevo pronunciamiento con relación a la solicitud de mérito para el enjuiciamiento interpuesta por el Ministerio Público en fecha 24 de mayo de 2002, por cuanto dichos ciudadanos se encuentran en situación de retiro de la Fuerza Armada y por consiguiente, ya no gozan de la prerrogativa prevista en el artículo 266, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela….

   .

   Del extracto anterior, se desprende que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia de fecha 14 de agosto de 2002 proferida por la Sala Plena Accidental, y no se pronunció en forma alguna, en el sentido de que hubo insurrección o insubordinación militar, o vacío o usurpación de poder. Igualmente, no le esta dado a este juzgador calificar los hechos -de naturaleza eminentemente política ocurridos en el decurso de esos días- dado que escapan de los limites de la presente controversia e incluso del conocimiento jurisdiccional de este Tribunal, en consecuencia, la parte demandada debe cumplir con su responsabilidad de indemnizar a la parte demandante, visto que no probó las causas que la eximan de la cobertura, por los daños cometidos por un conjunto de personas que se encontraban tomando parte de disturbios populares o saqueos, sobre bienes asegurados que se encuentran amparados por la cobertura que deriva de la cláusula de Motín, Disturbios Laborales y Daños Maliciosos aprobada con carácter general y uniforme, por la Superintendencia de Seguros, en fecha 14 de abril de 2002, los cuales han sido suficientemente descritos en cuerpo de la presente decisión, tal y como consta en autos.

   Analizados los hechos admitidos por la demandada, no haber probado causas que la eximan de la cobertura, y las pruebas aportadas por la demandante, necesariamente, se concluye que quedó plenamente probado el contrato de seguros, los daños ocasionados, lo que implica que no dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que señala:

   … Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación…

   .

   En ese sentido, nuestro autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, señala: “…Nuestro Código acoge la antigua m.r. incumbit probatio qui dicit, no qui negat, al prescribir que cada parte debe probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Pero esa formula es de todo punto de vista inconveniente. Según enseña mejor doctrina, la negación o afirmación puede ser simple modalidad de redacción. La circunstancia de afirmar o negar un hecho no altera la mayor o menor posibilidad de su prueba; un hecho negativo concreto puede probarse, en tanto una afirmación indefinida … no puede probarse. La doctrina más exacta sobre la carga de la prueba es esta: Corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica aplicable; o, expresada de otra manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal … Esta regla es tan cabal y amplia que obvia todo distingo entre prueba de obligaciones (Art. 1.354 CC) y prueba de hechos en general, cuyas normas ha juntado el legislador en este nuevo artículo 506…”.

   Asimismo, la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 30 de mayo de 2006, expediente No. 2002-000729, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, dejó establecido lo siguiente:

   … En relación con la regla de la carga de la prueba, establecida en el artículo 1354 del Código Civil, se consagra allí un principio sustancial en materia de onus probandi, según el cual, quien fundamente su demanda o su excepción en la afirmación o negación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o no existencia del hecho. Con lo cual, cuando el demandado alega hechos nuevos en la excepción, tocará a él la prueba correspondiente.

   De tal manera que, desde el punto de vista procedimental, el legislador ha acogido de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor” referido al principio general según el cual: “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa”.

   En este orden de ideas, la Sala, en sentencia No. 389 de fecha 30 de noviembre de 2000, al interpretar el sentido y alcance de la regla de distribución de la carga de la prueba, estableció: “…Al respecto, esta Sala observa que el artículo en comento se limita a regular la distribución de la carga de la prueba, esto es, determina a quién corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos ya que éste puede encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos...”.

   Congruente con todo lo anterior, resulta forzoso para quien aquí decide declarar con lugar la demandada por cumplimiento de contrato de seguro impetrada por la sociedad mercantil PANADERIA Y PASTELERIA HAPPY PAN, C.A., lo que trae como consecuencia que la parte demandada sociedad mercantil SEGUROS NUEVO MUNDO, S.A., deberá cumplir con el pago reclamado, es decir, las cantidades siguientes: A) CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 112.320.000,oo) hoy CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 112.320,oo), para PANADERIA Y PASTELERIA HAPPY PAN, C.A., derivada de la p.d.i. certificado INCC-1. B) CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL BOLIVARES (Bs. 5.616.000,oo) equivalentes a CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIES BOLIVARES (Bs.5.616,oo), para la sociedad mercantil AGENCIA DE LOTERIA TROPICALIENTE, C.A., correspondientes a la p.d.i. INCC-2, certificado 2. C) CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 124.000.000,oo) equivalentes hoy a CIENTO VEINTICUATRO OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 124.800,oo) correspondiente a la empresa FRIGORIFICO EL PLACER DE LA RES, C.A., por la p.d.i. identificada INCC-3, certificado 3. D) TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs38.400.000,oo) que equivalen a TREINTA Y OCHO MIL BOLIVARES (Bs.38.400,oo), para ser pagado a la sociedad mercantil PESCADERIA EL PLACER DEL RIO MAR, C.A., por concepto de la p.d.i. INCC-4, certificado 4. E) CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1490.000.000,oo) hoy equivalentes a CIENTO CUARENTA MIL BOLIVARES CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.140.400,oo), correspondiente al empresa LACTEOS F.D.C., C.A., con ocasión a la p.d.i. INCC-4, certificado 5, cuya suma se traduce en la cantidad CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 421.536,000,oo) que por efecto de la reconversión monetaria equivalen a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS BOLIVARES (Bs.421.536,oo), para su cálculo se ordena la práctica de una experticia complementaria del presente fallo, mediante un experto designado por el Tribunal de conformidad con los artículos 249 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 58 del Decreto Ley del Contrato de Seguro, conforme a los Índices de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas según los respectivos Boletines del Banco Central de Venezuela, en el lapso comprendido desde la admisión de la demanda y hasta que quede firme el presente fallo, y así se dispondrá de manera expresa, positiva y precisa en la sección in fine de esta decisión. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE.

En cuanto al tema de la indexación o corrección monetaria, en fecha 02 de junio de 2004, dentro del marco de subsanación de la cuestión previa opuesta referida a la indeterminación objetiva de los daños y perjuicios reclamados, la parte actora, demandó la corrección monetaria, para que oportunamente se haga el ajuste correspondiente, en función de los índices de inflación determinados por el Banco Central de Venezuela, por cuanto la demandada ha rechazado todo tipo de formula de resolución alternativa de la controversia.

A este respecto la parte demandada califico dicho planteamiento como: “(…) el actor en su escrito de subsanación, se atreve a incluir como nueva pretensión la exigencia del pago de la corrección monetaria, (…).

Ahora bien, para determinar si procede tal petición se analizar el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 900, de fecha 05 de mayo de 2006, exp. 03-1110, con respecto a la oportunidad para solicitar la indexación en materia de seguros, que dejó asentado lo siguiente:

(…/…) Para determinar en qué oportunidad el acreedor debe solicitar la indexación, la Casación Civil ha venido aceptando que en el acto de informes, fuera de las oportunidades preclusivas para alegar, se puedan interponer otras peticiones, entre las que se encuentran la solicitud de indexación de las sumas demandadas “si el fenómeno inflacionario surge con posterioridad a la interposición de la demanda, criterio que responde a una elemental noción de justicia, pues no puede el demandante cargar con el perjuicio que a su pretensión, se causaría, por hechos económicos cuyas causas le son ajenas” (Sentencia de la Sala de Casación Civil del 2 de julio de 1996, antes citada en este fallo).

La Casación Civil ha contrapuesto el valor justicia al Derecho de Defensa, desarrollado en el proceso civil por las oportunidades preclusivas que tienen las partes para alegar y pedir, y en ese sentido -para los casos que conoce la Sala de Casación Civil- se trata de una interpretación de normas y principios constitucionales, que adelanta dicha Sala en razón del artículo 334 constitucional, lo que, en principio, obedece a una facultad de dicha Sala, y así se declara.

Debido a esta interpretación, la indexación podrá ser solicitada por el demandante en oportunidad diferente a la demanda (sentencia aludida del 2 de julio de 1996), pero siempre dentro del proceso donde se demanda la acreencia principal, y nunca fuera de él. (Negrillas nuestras)

A juicio de esta Sala, quien pretende que su contraparte sea condenada, tomando en cuenta la indexación, debe pedirlo en autos expresamente, ya que a pesar de que puede en ciertas materias operar de pleno derecho (asuntos de orden público o interés social), tal ajuste responde a un derecho subjetivo de quien lo pretende, el cual no puede ser suplido por el juez, máxime cuando la ley (como luego se apunta en este fallo) trae un régimen de condenas que no es uniforme, y que por tanto exige peticiones para su aplicación.

Resulta injusto, que el acreedor reciba años después del vencimiento, el monto exigible de la acreencia en dinero devaluado, lo que lo empobrece y enriquece al deudor; a menos que exista por parte del acreedor una renuncia a tal ajuste indexado, la cual puede ser tácita o expresa, cuando la convención no contiene una cláusula escalatoria de valor….

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Conteste con el criterio de nuestro m.T., y en pleno acatamiento del mismo, es forzoso concluir que en un sistema de derecho y de justicia, resulta un efecto de derecho, que el acreedor demandante está pidiendo se le resarza su acreencia, con el poder adquisitivo de la moneda para la fecha del pago real, que a los fines de la ejecución no es otro que el de fijación o liquidación de la condena, por lo que debe la demandada indexar el pago reclamado, vale decir, actualizar el valor de la indemnización (deuda de valor) intentando corregir los efectos de la inflación por medio de los índices fijados por el Banco Central de Venezuela. ASÍ SE DECIDE.

III

DISPOSITIVO DEL

CON LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato de seguro impetrada por al abogado R.R.O.S. en su carácter de apoderado judicial de la parte actora sociedad mercantil PANADERIA Y PASTELERIA HAPPY PAN, C.A., en contra de la empresa de SEGUROS NUEVO MUNDO, S.A., todos identificados en autos, en consecuencia queda condenada a indemnizar a la parte demandante, por los daños cometidos por un conjunto de personas que se encontraban tomando parte de disturbios populares o saqueos, sobre bienes asegurados que se encuentran amparados por la cobertura que deriva de la cláusula de Motín, Disturbios Laborales y Daños Maliciosos aprobada con carácter general y uniforme, por la Superintendencia de Seguros, en fecha 14 de abril de 2002, los cuales han sido suficientemente descritos en cuerpo de la presente decisión, las cantidades siguientes: A) CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 112.320.000,oo) hoy CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE BOLIVARES (Bs. 112.320,oo) para PANADERIA Y PASTELERIA HAPPY PAN, C.A., derivada de la p.d.i. certificado INCC-1. B) CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL BOLIVARES (Bs. 5.616.000,oo) equivalentes a CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIES BOLIVARES (Bs.5.616,oo), para la sociedad mercantil AGENCIA DE LOTERIA TROPICALIENTE, C.A., correspondientes a la p.d.i. INCC-2, certificado 2. C) CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 124.800.000,oo) equivalentes hoy a CIENTO VEINTICUATROMIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 124.800,oo) correspondiente a la empresa FRIGORIFICO EL PLACER DE LA RES, C.A., por la p.d.i. identificada INCC-3, certificado 3. D) TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 38.400.000,oo) que equivalen a TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.38.400,oo), para ser pagado a la sociedad mercantil PESCADERIA EL PLACER DEL RIO MAR, C.A., por concepto de la p.d.i. INCC-4, certificado 4. E) CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 140.400.000,oo) hoy equivalentes a CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.140.400,oo), correspondiente al empresa LACTEOS F.D.C., C.A., con ocasión a la p.d.i. INCC-4, certificado 5, cuya suma asciende a la cantidad CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 421.536,000,oo) que por efecto de la reconversión monetaria equivalen a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 421.536,oo).

SEGUNDO: Se acuerda la indexación o corrección monetaria sobre la mencionada cantidad de dinero y para su cálculo se ordena la práctica de una experticia complementaria del presente fallo, mediante un experto designado por el Tribunal de conformidad con los artículos 249 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 58 del Decreto Ley del Contrato de Seguro, conforme a los Índices de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas según los respectivos Boletines del Banco Central de Venezuela, en el lapso comprendido desde la admisión de la demanda y hasta que quede firme el presente fallo. Igualmente, los honorarios del experto serán pagados de por mitad por las partes.

Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida en la presente causa, de conformidad con el artículo 274 eiusdem.

Por cuanto la presente decisión ha sido dictada fuera del lapso procesal correspondiente, se ordena su notificación a las partes conforme a lo previsto en los artículos 251 y 233, ibídem.

Déjese copia certificada de esta sentencia definitiva en el libro copiador correspondiente, según prevé el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años: 200º de la Independencia y 151° de la Federación, a los dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil diez (2010).

EL JUEZ

ANGEL VARGAS RODRIGUEZ

LA SECRETARIA

Abg. SHIRLEY CARRIZALES MENDEZ.

En esta misma fecha, siendo las 2:11 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA

ABG. SHIRLEY M. CARRIZALES

Asunto: AH1B-V-2003-000132