Decisión nº 1414 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Abril de 2012

Fecha de Resolución23 de Abril de 2012
EmisorJuzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario
PonenteLilia María Casado
ProcedimientoExtinguida La Acción Por Perdida De Interés

Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción

Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, veintitrés (23) de abril de dos mil doce (2012)

202º y 153º

Sentencia N° 1414

ASUNTO NUEVO: AF47-U-1999-000060

ASUNTO ANTIGUO: 1359

VISTOS

con informes de la contribuyente

En fecha 02 de diciembre de 1999, el abogado J.L.V.M., venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad N°. 12.970.978, e inscrito en el inpreabogado bajo el N° 26.144, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente PAVIMENTOS TÁCHIRA, C.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 21 de octubre de 1977, bajo el N° 07, Tomo 15-A, interpuso recurso contencioso tributario, contra el acto administrativo N° 001852 de fecha 22 de septiembre de 1999, emanado de la Dirección General de Consultoría Jurídica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mediante el cual se declara improcedente la solicitud de prescripción de las deudas por concepto de cotizaciones obrero patronales correspondientes al lapso comprendido entre el año 1988 y 1998.

El 06 de diciembre de 1999, se recibió la presente causa del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, y en fecha 09 de diciembre de 1999, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el N° 1359, ordenándose notificar a los ciudadanos Procurador General de la República, Contralor General de la República y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales del Ministerio del Trabajo.

Así, el ciudadano Contralor General de la República y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fueron notificados en fechas 20 y 25 de enero de 2000, respectivamente, mientras que el Procurador General de la República, fue notificado el 04 de febrero de 2000, siendo consignadas las respectivas boletas de notificación el 09 de febrero de 2000.

Así, a través de Sentencia Interlocutoria N° 46/2000 de fecha 22 de marzo de 2000, este Tribunal admitió el presente recurso en cuanto ha lugar en derecho y ordenó proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente.

Mediante auto de fecha 11 de abril de 2000, se declara la causa abierta a pruebas y en fecha 30 de mayo de 2000, se dictó auto, fijándose un lapso de quince (15) días de despacho para que tenga lugar el acto de informes.

En fecha 04 de marzo de 2000, la representación judicial de la contribuyente presentó escrito informes, siendo agregado el 06 de julio de 2000, por lo que este Tribunal dijo “VISTOS”.

Mediante auto de fecha 20 de julio de 2000, se dejó constancia que ninguna de las partes presentaron observaciones a los informes.

En fechas 01/11/2000, 14/06/2001, 28/11/2001, 06/03/2002 y 05/05/2003, la representación judicial de la contribuyente PAVIMENTOS TÁCHIRA, C.A, solicitó se dicte sentencia en la presente causa

El 06 de agosto de 2010, este Tribunal con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes para la continuación y decisión de la presente causa y se libró Cartel a las Puertas del Tribunal.

En fecha 05 de octubre de 2010, este Tribunal dictó Sentencia Interlocutoria N° 114/2010, a través de la cual ordenó notificar a la contribuyente PAVIMENTOS TÁCHIRA, C.A., a los fines de que exponga en un plazo máximo de treinta (30) días continuos desde que conste en autos su notificación, si mantiene el interés en que se dicte sentencia en la presente causa.

A los fines de notificar a la contribuyente PAVIMENTOS TÁCHIRA, C.A., de la sentencia interlocutoria anteriormente señalada, este Tribunal en fecha 09 de noviembre de 2010, libró Oficio N° 548/2010, comisionando al Juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; este Tribunal recibió la referida comisión en fecha 12 de mayo de 2011, a través de la cual se consignó la boleta de notificación sin firmar, en virtud, de que el abogado J.L.V. manifestó no tener poder para representar a la contribuyente.

Así, vista la imposibilidad de notificar a la accionante, este Tribunal en fecha 15 de febrero de 2012, ordenó fijar un cartel a las puertas del Tribunal, en el cual se concedió un término de diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entendería que la recurrente estaba notificada de la referida sentencia.

El 16 de abril de 2012, este Tribunal con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes para la continuación y decisión de la presente causa y se libró Cartel a las Puertas del Tribunal.

II

FUNDAMENTOS DEL ACTO RECURRIDO

El 22 de septiembre de 1999, la Dirección General de Consultoría Jurídica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dictó el acto administrativo identificado con el N° 001852, a través del cual declaró improcedente la solicitud de prescripción formulada por la contribuyente PAVIMENTOS TÁCHIRA, C.A., en relación a las deudas por concepto de cotizaciones obrero–patronales, correspondientes a los períodos comprendidos desde el año 1988 al año 1998.

En efecto, el acto administrativo in comento, estableció lo siguiente:

… el Instituto al emitir la factura correspondiente a los débitos cargados a los patronos, en este caso la empresa “PAVIMENTOS TÁCHIRA, C.A.” realiza una gestión de cobro que comprende las cotizaciones atrasadas. Por lo que en consecuencia, no existe “INERCIA” por parte del Instituto pues su gestión de cobranza es constante, periódica y permanente.

En consecuencia, en vista de que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha emitido facturas en forma continua, permanente y periódica y se ha practicado la citación correspondiente, como se evidencia de la citación Forma 14-12C de fecha 24-08-93; a la empresa PAVIMENTOS TÁCHIRA C.A., nos permite deducir que no es procedente tal prescripción…

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente PAVIMENTOS TÁCHIRA C.A., contra el acto administrativo identificado con el N° 001852, a través del cual declaró improcedente la solicitud de prescripción respecto a las deudas por concepto de cotizaciones obrero–patronales, correspondientes a los períodos comprendidos desde el año 1988 al año 1998; no obstante, se observa que desde el 05 de mayo de 2003, fecha en la cual la contribuyente presentó diligencia a través de la cual consignó instrumento poder -tal y como consta del folio 65 del expediente judicial-, y hasta el día 06 de agosto de 2010, fecha en la cual este Tribunal dictó auto de avocamiento para la decisión de la presente causa, no se ha realizado acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso.

En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en el cual se estableció lo siguiente:

…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

.

En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal).

Siendo así, en el presente caso se observa que desde el 05 de mayo de 2003, fecha en la cual contribuyente presentó diligencia consignando instrumento poder y hasta el día 06 de agosto de 2010, fecha en la cual este Tribunal dictó auto de avocamiento para la decisión de la presente causa, no consta ninguna actuación de las partes, evidenciándose que la causa estuvo paralizada por siete (07) años y tres (03) meses, por lo que indudablemente, conforme al criterio precedentemente transcrito, se presume la pérdida del interés procesal después de que la causa ha entrado en estado de sentencia.

Por otra parte, se evidencia que este Tribunal mediante sentencia interlocutoria N° 114/2010, de fecha 05 de octubre de 2010, ordenó la notificación de la contribuyente PAVIMENTOS TÁCHIRA C.A., para que en el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a su notificación manifestara su interés en la decisión de la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en consonancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS S.D.L. Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras.

En este sentido, es conveniente citar parcialmente el contenido de la sentencia N° 1153 de fecha 08 de junio de 2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se dejó sentado lo siguiente:

“…En efecto, es jurisprudencia de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho ‘vistos’ –como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado.

Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.

En consecuencia, esta Sala ordena la notificación a la parte actora, bien en su sede procesal o por cartel, en caso de que no lo haya indicado, para que informe, en un plazo máximo de treinta días continuos desde su notificación, si conserva el interés para la continuación este proceso. Si no hay respuesta de la parte actora dentro del plazo que ha sido fijado, la Sala considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes. Así se decide. (Negritas del Tribunal).

Ahora bien, en virtud de la imposibilidad de practicar la notificación personal de la contribuyente de autos, por cuanto el ciudadano M.M.R., en su carácter de Alguacil Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, tal y como consta en el folio ochenta y siete (87) del expediente judicial, dejó constancia de lo siguiente: “Consigno en este acto la Boleta de Notificación librada para la Contribuyente Sociedad Mercantil PAVIMENTOS TÁCHIRA, C.A., ya que habiéndome trasladado al Local 1-2, Planta Baja del edificio San Juan en la Carrera 11 entre las Calles 12 y 13 sector San Carlos de esta ciudad, donde funciona un Despacho de Abogados siendo informado por el abogado J.L.V. quien manifestó no recibir la Boleta de Notificación debido a que ya no tiene Poder para Representar a dicha Empresa…”, por lo que se acordó fijar Cartel de Notificación a las Puertas del Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 264 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 174 y 340 ordinal 9° del Código de Procedimiento Civil, advirtiendo que transcurridos diez (10) días de despacho desde su fijación se considerará notificada. (Vid. Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 740 de fecha 19 de junio de 2008, Caso: EMPRESA TOSCANY, C.A., contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE).

Así, como se evidencia de autos, el referido cartel fue fijado desde el día 15 de febrero de 2012, en consecuencia, el lapso de diez (10) días de despacho venció el 02 de marzo de 2012 y que luego transcurrió el lapso de treinta (30) días continuos sin que la contribuyente accionante haya comparecido a manifestar el interés requerido.

En mérito de lo anteriormente expuesto, se evidencia claramente que después del 05 de mayo de 2003, fecha en la cual contribuyente presentó diligencia consignando instrumento poder, hasta el día 06 de agosto de 2010, fecha en la cual este Tribunal dictó auto de avocamiento para la decisión de la presente causa , no consta ninguna actuación de las partes, evidenciándose que la causa estuvo paralizada por mas de siete (07) años, sin que conste actuación alguna en el expediente judicial, a los fines de impulsar el proceso, y habiéndose practicado la notificación de la recurrente a través de Cartel a las Puertas del Tribunal, resulta forzoso concluir que se produjo una pérdida del interés procesal por parte de la contribuyente PAVIMENTOS TÁCHIRA C.A., en que se dicte sentencia, quedando así extinguida la presente causa. Así se declara.

Como consecuencia de la declaratoria anterior, este Tribunal no entra a pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DEL P.P.P.D.I. en el recurso contencioso tributario interpuesto por el abogado J.L.V.M., inscrito en el inpreabogado bajo el N° 26.144, en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente PAVIMENTOS TACHIRA, C.A., contra el acto administrativo identificado con el N° 001852 de fecha 22 de septiembre de 1999, emanado de la Dirección General de Consultoría Jurídica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. De igual forma notifíquese al Fiscal General de la República, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y a la accionante PAVIMENTOS TÁCHIRA, C.A., de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 277 del Código Orgánico Tributario.

Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro m.T.d.J. (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil doce (2012).

Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

El Juez Temporal,

J.L.G.R.

La Secretaria Temporal,

Y.M.B.A.

En el día de despacho de hoy veintitrés (23) del mes de abril de dos mil doce (2012), siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.), se publicó la anterior sentencia.

La Secretaria Temporal,

Y.M.B.A.

Asunto Nuevo: AF47-U-1999-000060

Asunto Antiguo: 1359

JLGR/YMBA/LJTL

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