Decisión nº 03 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 5 de Abril de 2010

Las partes acuerdan mantener la vigencia de la medida de secuestro dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en la causa 16.980, así como el apostamiento policial hasta el momento de iniciarse los trabajos de construcción del inmueble, por lo que se hará la participación respectiva a dicho Juzgado para que oficie lo conducente, quedando el inmueble a partir del inicio de la construcción, bajo la responsabilidad y cuidado de R.D.P.M..

De la referida cláusula, así como del texto del precitado escrito de fecha 04 de marzo de 2010, pareciera colegirse un desistimiento tácito de los precitados recursos de apelación, por lo que debe esta alzada pronunciarse al respecto y, a tal efecto, aprecia lo siguiente:

-Riela a los folios 315 al 323 copia certificada de la precitada transacción celebrada ante el a quo en fecha 16 de diciembre de 2009. De la misma se evidencia que la transacción fue celebrada entre la codemandada en la presente causa, Asociación Bolivariana de Trabajadores de la Economía Informal (ASOBOTREI), inscrita en el Registro Público del Primer Circuito de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira bajo el N° 19, Tomo 012, Protocolo Primero, folios 1/6, Tercer Trimestre de 2001, representada en ese acto por su presidente L.A.R., titular de la cédula de identidad N° V-9.219.158, según consta de documento registrado en la misma Oficina de Registro Público bajo la matrícula 2007-LRC-T25-07 de fecha 10 de diciembre de 2007, asistido por el abogado O.A.N.R., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 30.449, por una parte; y por la otra, el abogado J.O.P.G., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 33.973, actuando como apoderado judicial del ciudadano R.D.P.M., titular de la cédula de identidad N° V-19.676.082, parte actora. En la cláusula OCTAVA, efectivamente la mencionada codemandada y el actor acordaron mantener la vigencia de la medida de secuestro dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial en el presente cuaderno de medidas, así como el apostamiento policial en la forma allí descrita.

La codemandada Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal no participó en la referida transacción judicial.

-A los folios 263 al 266 corre copia simple confrontada con su original por la Secretaria de este Tribunal, del acta de asamblea extraordinaria de socios de Asociación Bolivariana de Trabajadores de la Economía Informal (ASOBOTREI), inscrita por ante el mencionado Registro Público el 10 de diciembre de 2007, bajo la matrícula 2007-LCR-T25-07. De la misma se evidencia el nombramiento del ciudadano L.A.R. como presidente de la asociación, quien fue facultado expresamente para representar legalmente a la asociación, con facultad para convenir, desistir, transigir y nombrar los apoderados que se requieran en sede judicial.

- Al folio 279 cursa poder apud acta otorgado en fecha 21 de septiembre de 2007 por el ciudadano R.D.P.M. al abogado O.P.G., con facultad expresa para convenir, transigir y desistir.

- A los folios 261 al 262 riela el referido escrito de fecha 04 de marzo de 2010 consignado ante esta alzada, suscrito por L.A.R., actuando como presidente de Asociación Bolivariana de Trabajadores de la Economía Informal, asistido por el abogado A.N.R., quien manifiesta actuar también en representación de Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal, ambas asociaciones demandadas en la presente causa, y J.O.P.G., en representación del demandante R.D.P.M..

- Al folio 280 corre inserto poder apud acta otorgado por el ciudadano A.R.V.O., titular de la cédula de identidad N° V-9.221.087, procediendo en representación de Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal, al abogado A.N.R., del cual no se evidencia la facultad para desistir del juicio.

En consecuencia, habiéndose constatado la facultad expresa del representante legal de la codemandada Asociación Bolivariana de Trabajadores de la Economía Informal (ASOBOTREI), ciudadano L.A.R., para desistir, quien actuó con asistencia letrada, y por cuanto dicho desistimiento no es contrario al orden público ni a alguna disposición expresa de ley y fue aceptado por la parte actora, resulta forzoso de conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil, homologar el desistimiento del recurso de apelación efectuado por la codemandada Asociación Bolivariana de Trabajadores de la Economía Informal (ASOBOTREI). Así se decide.

Respecto al desistimiento del recurso de apelación efectuado por el abogado A.N.R. con el carácter de apoderado judicial de la codemandada Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal, resulta forzoso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, negar la homologación del mismo por cuanto al mencionado abogado no le fue conferida en el poder consignado en autos facultad expresa para desistir. Así se decide.

En consecuencia, entra esta alzada a pronunciarse sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto por la mencionada codemandada Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal contra la decisión de fecha 28 de enero de 2008, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y, a tal efecto, aprecia de las actas procesales lo siguiente:

-Mediante auto de fecha 10 de agosto de 2007 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira decretó medida de secuestro sobre el inmueble descrito en el libelo de demanda.

-Por escrito de fecha 08 de octubre de 2007 corriente a los folios 4 al 7, el ciudadano A.R.V.O. actuando con el carácter de representante legal de Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal, formuló oposición al decreto de la medida de secuestro practicada por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas del Estado Táchira el 04 de octubre de 2007, solicitando el levantamiento de la misma por carecer, a su entender, de fundamentación y no cumplir con los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, alegó:

Que el decreto de la medida preventiva de secuestro dictada por el a quo en fecha 10 de agosto de 2007 no expone las razones y motivos en los que se fundamenta el Tribunal, lo que hace imposible desvirtuar las razones para la procedencia de la misma, conculcándose con ello el derecho a la defensa y el debido proceso, situación que además resulta contraria a los requisitos exigidos para el decreto de las medidas cautelares, según sentencia N° 88, de fecha 31 de marzo de 2000 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, expediente N° 99-740.

Que la parte demandante confiesa de manera libre y espontánea en el libelo de demanda, que tiene un acuerdo con las personas que ocupan el inmueble objeto de la medida, el cual está enmarcado dentro de un contrato que concede derechos a los demandados sobre el inmueble. Que el actor le vendió además a otras personas unos puestos dentro de ese inmueble, lo que quiere decir que el demandante no es el único propietario, puesto que recibió dinero de las personas a quienes les vendió los lotes. Que las personas que entregaron dinero al demandante por la compra de los locales tienen derecho a permanecer en el inmueble, libres de toda coacción, hasta tanto se produzca la resolución del contrato con la devolución del dinero entregado, sus respectivos intereses e indexación, o el otorgamiento de los documentos que les correspondan por la venta de locales que les hizo el demandante.

Que la parte demandante, para fundamentar el fumus boni iuris, alega que Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal es poseedora de mala fe del inmueble afectado por la medida preventiva, por haber invadido la propiedad del demandante, argumento que es totalmente falso y así lo confiesa expresamente el demandante, cuando expone que él adquirió el inmueble cuando era propiedad de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal y que el mismo ya se encontraba ocupado por los demandados, es decir, que el actor adquirió el inmueble a sabiendas de que estaba ocupado con la anuencia de la Alcaldía del Municipio, lo que a su entender se demuestra de la confesión del demandante, de la oferta pública de venta del inmueble inserta en el expediente municipal y de la respectiva publicación en prensa de dicha oferta. Que lo antes expuesto demuestra que no existe apariencia de buen derecho, sino que por el contrario, la parte demandante actúa de mala fe al no narrar los hechos en apego a la verdad. Que la posesión que sobre el inmueble tiene la codemandada Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal se adapta a lo previsto en los artículos 771 al 775 y 782 del Código Civil, en virtud de que existe posesión legítima. Que al no poderse demostrar la apariencia de buen derecho, el decreto de la medida preventiva no cumple con uno de los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

Que en cuanto al riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, el inmueble a que se contrae la medida no puede ser mudado de lugar u ocultado, ni enajenado, ni afectado por la actuación de los demandados, es decir, que sobre el mismo siempre se podrán ejecutar todas las decisiones que se tomen al momento de dictar sentencia y que ésta adquiera el carácter de definitivamente firme, por lo que a su entender, este segundo requisito para el decreto de la medida no tiene asidero.

Que el demandante pretende con la ejecución de la medida preventiva de secuestro, presionar a los demandados para que renuncien a sus derechos de copropietarios y para que se abstengan de exigirle el cumplimiento del contrato o la devolución de las cantidades de dinero que adeuda el actor a los demandados. Que la aludida medida, además, les conculca el derecho al trabajo que tienen los demandados, y afecta la función social de la propiedad del inmueble del que son copropietarios los demandados en virtud del contrato que celebraron con el demandante.

Al respecto, se hace necesario considerar lo dispuesto en los artículos 585, 588 y 599 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son del tenor siguiente:

Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.

Artículo 588.- En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:

1. El embargo de bienes muebles;

2. El secuestro de bienes determinados;

3. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.

   Artículo 599.- Se decretará el secuestro:

2. De la cosa litigiosa, cuando sea dudosa su posesión.

   La norma contenida en el artículo 585 transcrito supra sirve de marco a todas las medidas cautelares y exige que se cumplan conjuntamente los dos requisitos establecidos para la procedencia del decreto de las mismas: En primer lugar, que exista prueba de riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, el periculum in mora; y en segundo lugar, que el solicitante posea una posición jurídica tutelable, fumus boni iuris, es decir, apariencia de buen derecho.

   En tal sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 407 de fecha 21 de junio de 2005, señaló:

   Asimismo, en relación con el poder cautelar del juez, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal ha establecido:

   ...puede afirmarse que el juez dictará la medida preventiva cuando exista presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, esto es, de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio (periculum in mora), ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.

   En definitiva, el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos; y al contrario, la negación de la tutela cautelar a quien cumple plenamente los requisitos implica una violación a ese mismo derecho fundamental, uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la eficaz ejecución del fallo, lo cual sólo se consigue, en la mayoría de los casos, a través de la tutela cautelar...

   . (Sent. 14/12/04, Caso: E.P.W.). (Negritas de la Sala).

   …Omissis…

   El primer requisito exigido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la presunción de buen derecho, esto es, las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten.

   Este extremo persigue justificar la posibilidad de limitar el derecho constitucional de propiedad del demandado, por causa de la obligación contraída por éste en cabeza del actor, quien debe crear en el juez la convicción de que es titular del derecho reclamado.

   Ahora bien, respecto del periculum in mora es oportuno indicar que este requisito se refiere a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo.

   Estos dos extremos constituyen el soporte para que el juez dirima el conflicto entre el derecho constitucional de propiedad del demandado y el derecho constitucional de acceso a la justicia del actor. (Resaltado propio)

   (Expediente N° AA20-C2004-000805)

   Hechas las anteriores consideraciones, se pasa al análisis de las pruebas aportadas por las partes durante la incidencia de oposición a la medida cautelar, bajo el principio de comunidad de la prueba.

   A.- PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

   1.- El valor probatorio de las actas procesales en todo aquello en lo que favorezca a la parte demandante. Dicha probanza es desechada, por cuanto el mérito de los autos promovido en forma genérica no constituye medio probatorio contemplado en nuestra legislación.

   2.- Documento de propiedad inscrito en la Oficina de Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio San C.d.E.T. el 11 de marzo de 2004, bajo el N° 18, Tomo 17, Protocolo Primero y que fue anexado con el libelo de demanda marcado “A.”

   3. - Documento inscrito en la Oficina de Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio San C.d.E.T. el 17 de febrero de 2005, bajo el N° 97, tomo 135 y que fue agregado con el libelo de demandada marcado “B”.

   4. - Las sentencias dictadas a favor del demandante R.D.P.M. que fueron agregadas con el libelo de demanda signadas “D” y “E”, la primera proferida por el Tribunal Superior Civil Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, y la segunda confirmatoria de la primera, dictada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, donde el actor había sido demandado por nulidad de venta por Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal, y en las cuales se demuestra que estas personas actuando con el carácter de invasores, no tenían razón en lo solicitado a través de la demanda interpuesta.

      Las anteriores probanzas no fueron trasladadas del cuaderno principal a este cuaderno de medidas y, en tal virtud, no pueden ser objeto de valoración probatoria.

   5. - Copia simple confrontada previamente con su original, de la primera página y de la página N° 19 del Diario de Los Andes de fecha 10 de marzo de 2001, donde se hace el siguiente señalamiento: Página 1: “BUHONEROS VOLVIERON AL CENTRO DE LA CIUDAD: unos 200 vendedores de la economía informal tomaron sorpresivamente el jueves en la noche el estacionamiento del antiguo Banco de Maracaibo en la carrera 8 de San Cristóbal”. Página 19 “Buhoneros tomaron estacionamiento del antiguo Banco de Maracaibo, advierten que no desalojarán la sede a menos que les sea permitido colocar sus ventas en la carrera 6 del centro de la Ciudad”

   6. - Copia simple confrontada previamente con su original, de la página N° 15 del Diario de Los Andes de fecha 14 de marzo de 2001, donde se hace el siguiente señalamiento: “Los buhoneros unos con privilegios otros no, mientras los buhoneros que tomaron el estacionamiento del antiguo Banco de Maracaibo se organizaron en el lugar, la policía detuvo a 18 vendedores”

   7. - Copia simple confrontada previamente con su original, de la página N° 14 del Diario de Los Andes de fecha 15 de marzo de 2001, donde se hacen los siguientes señalamientos en dos artículos diferentes titulados así: Primer Artículo: “Amparo pedido por el Alcalde aun no arrojará respuesta”. Segundo artículo se titula así: “Con respecto a los buhoneros el alcalde no ha solicitado, la presencia policial”. Dichas opiniones fueron emitidas por los entonces P.d.M.S.C. y Comandante de la Policía del Estado Táchira, quienes indicaban que cuando los buhoneros habían invadido el Banco de Maracaibo el Alcalde había solicitado un amparo policial, pero que ellos como funcionarios no estaban en capacidad de dárselo.

   8. -Copia simple confrontada previamente con su original, de la página N° 19 del Diario de Los Andes de fecha 16 de marzo de 2001, donde se hace el siguiente señalamiento: “Están seguros de que no los desalojarán, los buhoneros ya se repartieron estacionamiento del “MARACAIBO”, 250 puestos para las ventas ya fueron marcados para mostrar su mercancía y comenzar a laborar, pues confían en que la policía no procederá contra ellos”.

   9. - Copia simple confrontada previamente con su original de la página N° 15 del Diario de Los Andes de fecha 17 de marzo de 2001, donde se hace el siguiente señalamiento: “Comerciantes rechazan presencia de buhoneros”.

   10. - Copia simple confrontada previamente con su original de la página N° 10 del Diario de Los Andes de fecha 18 de marzo de 2001, donde se hace el siguiente señalamiento:“Los buhoneros arremetieron contra el alcalde de la ciudad”.

   11. - Copia simple confrontada previamente con su original de la página N° 1 del Diario de Los Andes, de fecha 20 de marzo de 2001, donde se hace el siguiente señalamiento: “El hueco informal”.

   12. - Copia simple confrontada previamente con su original de la página N° 18 del Diario de Los Andes de fecha 27 de Marzo de 2001, donde se hace el siguiente señalamiento: “Solicitud de amparo policial permanece sin repuesta”.

   13. - Copia simple confrontada previamente con su original de la página N° 15 del Diario de Los Andes de fecha 22 de Marzo de 2001, donde se hace el siguiente señalamiento: “Ayer los buhoneros se sortearon los puestos”.

       Las referidas publicaciones de prensa, contienen diferentes hechos comunicacionales. Sobre la valoración de los mismos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 98 de fecha 15 de marzo de 2000, señaló las características que los individualizan y que deben ser apreciadas por el sentenciador así:

       El hecho publicitado o comunicacional no es un hecho notorio en el sentido clásico, ya que puede no incorporarse como permanente a la cultura del grupo social, sin embargo su publicidad lo hace conocido como cierto en un momento dado por un gran sector del conglomerado, incluyendo al juez; y desde este ángulo se puede afirmar que forma parte durante épocas, de la cultura, así luego desaparezca, ya que su importancia o transcendencia era relativa, tenía importancia solo en un espacio y tiempo limitado y a veces breve.

       …Omissis…

       Es cierto que el hecho comunicacional, como cualquier otro hecho, puede ser falso, pero dicho hecho tiene características que lo individualizan y crean una sensación de veracidad que debe ser tomada en cuenta por el sentenciador. Esos caracteres confluyentes son: 1) Se trata de un hecho, no de una opinión o un testimonio, si no de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a raíz de su comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta. (Resaltado propio)

       (Expediente N° 00-0146).

       Conforme al criterio jurisprudencial expuesto, esta alzada observa de las referidas publicaciones de prensa promovidas por la parte demandante corrientes a los folios 69 al 78, que todas contienen hechos comunicacionales ocurridos durante el mes de marzo de 2001, por lo que los mismos no resultan contemporáneos con la fecha de instauración del juicio principal de reivindicación al que se contrae el presente cuaderno de medidas, cuya admisión de demanda se produjo por auto de fecha 10 de agosto de 2007, corriente a los folios 1 al 2; y siendo la contemporaneidad una de las características exigidas para la valoración de tales hechos, los mismos quedan desechados del proceso.

   14. - Contrato de venta que riela a los folios 66 y 67 del expediente principal, suscrito entre R.D.P.M. y Asociación Bolivariana de Trabajadores de la Economía Informal (ASOBOTREI), donde aquél convino darles en venta a los miembros de dicha asociación nombrados en los folios 68, 69, 70 y 71, unos locales comerciales (puestos), de un pequeño edificio que en ese momento se pensaba construir y, asimismo, para que albergara a muchos más buhoneros que junto con los anteriores estaban afiliados a Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal. Dicha probanza no recibe valoración por cuanto no fue trasladada del cuaderno principal al cuaderno de medidas

   15. - El contenido del ejemplar del Diario de Los Andes de fecha 10 de noviembre de 2003, corriente al folio 50, el cual fue promovido por la codemandada Cooperativa El Triunfo de la Economía Informal, contentivo de la oferta pública de venta efectuada por la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, del bien inmueble objeto de litigio. Dicha publicación se tiene como fidedigna de conformidad con lo establecido en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de un acto administrativo de carácter general emanado de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, el cual la ley ordena publicar. Del mismo puede evidenciarse que en fecha 10 de noviembre de 2003, la mencionada Alcaldía ofertó públicamente en venta el inmueble de su propiedad ubicado en el edificio antigua sede del Banco de Maracaibo, situado en la séptima avenida con calle 8 esquina, frente a la Plaza Bolívar, sobre terreno propio ubicado en San Cristóbal, Estado Táchira. Dentro de dicha oferta pública de venta consta en sus condiciones generales, que el bien inmueble se encontraba para ese momento parcialmente ocupado (área de estacionamiento exterior) por un grupo de ciudadanos que realizan actividades de la economía informal, sin la debida aprobación y autorización de la Alcaldía; que quién resultare favorecido con la adjudicación del bien, aceptaba expresamente conocer la ocupación parcial del mismo, y no podría reclamar por éste ni por ningún otro concepto a la Alcaldía el desalojo del inmueble o indemnización alguna; y que el inmueble sería vendido en las condiciones físicas, legales y estado de mantenimiento en que se encontraba.

       B.- PRUEBAS DE LA CODEMANDADA COOPERATIVA BOLIVARIANA EL TRIUNFO DE LA ECONÓMIA INFORMAL, OPOSITORA DE LA MEDIDA CAUTELAR

   1. - La confesión judicial, libre y espontánea rendida por el demandante en su libelo de demanda, cuando afirma que conocía el estado de ocupación del inmueble antes de efectuar la compra.

   2. -La confesión libre y espontánea rendida por el demandante en su libelo de demanda, en el que afirma la existencia de un contrato que le obliga a otorgar la venta del inmueble objeto de la demanda y de la medida cautelar, a los integrantes de ASOBOTREI.

      Al respecto, debe señalarse que en las actas que integran el presente cuaderno de medidas no consta copia del escrito libelar. Igualmente, debe indicarse que nuestro M.T. ha establecido que los alegatos y defensas hechas por las partes en el libelo de demanda y en la contestación, no constituyen la “confesión como medio de prueba” a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil, pues en estos casos lo que se trata es de fijar el alcance y límite de la relación procesal, careciendo del “animus confitendi”. (Vid. sentencias Nos. 100 de fecha 12 de abril de 2005 y 681 de fecha 11 de agosto de 2006, Sala de Casación Civil). En consecuencia, no reciben valoración probatoria.

   3. - Ejemplar del Diario de Los Andes de fecha 10 de noviembre de 2003 corriente al folio 50 en cuya página 5 aparece cartel de oferta pública para la venta del inmueble objeto de litigio. Dicha probanza ya recibió valoración, al analizar las pruebas promovidas por la parte actora.

      Del anterior análisis probatorio no puede evidenciarse el cumplimiento del fumus boni iuris, es decir, la apariencia de buen derecho, pues el demandante, si bien promovió el documento público que a su decir lo acredita como propietario del bien inmueble objeto de litigio, dicho documento no fue trasladado al presente cuaderno de medidas, siendo imposible su valoración, tal como se antes se dijo. Igualmente, en cuanto al periculum in mora o riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria, tampoco existen elementos de prueba que permitan a esta sentenciadora evidenciar el cumplimiento de dicho requisito, ya que del cartel contentivo de la oferta publica de venta del aludido inmueble, publicado por la Alcaldía del Municipio San Cristóbal en fecha 10 de noviembre de 2003, sólo puede constatarse que para esa fecha el inmueble objeto de litigio ya se encontraba ocupado parcialmente por un grupo de ciudadanos que realizan actividades de la economía informal, sin la debida aprobación y autorización de la Alcaldía, además de que no es posible confrontar el valor probatorio de dicha prueba con lo pretendido por la parte demandante, en razón de que dentro de las actas que integran el presente cuaderno de medidas , no existe copia del escrito libelar contentivo de las razones de hecho y de derecho de la pretensión de la parte actora, en el que solicitó la medida cautelar de secuestro.

      Así las cosas, no estando demostrados los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de la medida cautelar de secuestro solicitada por la parte actora, el otorgamiento de ésta sin el cumplimiento previo de tales requisitos violaría el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte demandada, resultando forzoso para esta sentenciadora declarar con lugar la oposición a dicha medida formulada por la codemandada Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal y, en consecuencia, revocar la medida de secuestro decretada por el a quo mediante auto de fecha 10 de agosto de 2007, y practicada en fecha 04 de octubre de 2007 por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal, Torbes, Cárdenas, Guásimos, F.F., Libertador y A.B. de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, sobre el inmueble ubicado en la carrera 8 con calle 8 esquina, estacionamiento del antiguo Banco de Maracaibo, Municipio San C.d.E.T., quedando así revocada la decisión apelada. Así se decide.

      III

      DISPOSITIVA

      En orden a las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:

DECLARA CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la codemandada Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal, mediante diligencias de fechas 31 de enero y 05 de marzo de 2008.

DECLARA CON LUGAR la oposición a la medida cautelar de secuestro formulada por la codemandada Cooperativa Bolivariana El Triunfo de la Economía Informal y, en consecuencia, revoca la referida medida de secuestro decretada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira mediante auto de fecha 10 de agosto de 2007, y practicada en fecha 04 de octubre de 2007 por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal, Torbes, Cárdenas, Guásimos, F.F., Libertador y A.B. de la misma Circunscripción Judicial, sobre el inmueble ubicado en la carrera 8 con calle 8 esquina, estacionamiento del antiguo Banco de Maracaibo, Municipio San C.d.E.T..

Queda REVOCADA la decisión de fecha 28 de enero de 2008 dictada por el precitado Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandante.

Regístrese, publíquese y déjese copia fotostática certificada de la presente decisión, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

La Juez Titular,

A.M.O.A.

La Secretaria,

Abg. F.R.S.

En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, previas las formalidades de Ley, siendo las doce y treinta y cuarenta minutos de la tarde (12:40 p.m.), dejándose copia certificada para el archivo del Tribunal.

Exp. N° 6103