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Sistema penal se ha desviado para perseguir a opositores

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Vincent

La justicia penal en Venezuela se ha desviado en los últimos años y en los últimos meses exhibe fisuras. Analistas del área sustentan esta afirmación en la violación al debido proceso, la persecución a la disidencia, las detenciones arbitrarias, la temporalidad de jueces y fiscales, y la dependencia hacia el Ejecutivo, entre otros elementos.La abogada Carmen Alguin digue, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Unimet y profesora de la UCV, señaló que una evidencia de que el sistema penal viene torcido desde hace tiempo son las últimas encuestas de victimización del Instituto Nacional de Estadística, según las cuales más de 70% de los casos no se denuncian, bajo el argumento de que no hay respuesta. En su opinión, ello demuestra que no existe confianza en el sistema judicial.Alguindigue dijo que aunque generalmente el porcentaje de casos que se conoce por flagrancia es mínimo, dado la inoperatividad de las policías preventivas, desde febrero se ha elevado de manera llamativa la cantidad de personas supuestamente incursas en delitos.En la mayoría de las deten ciones en protestas se han violado los derechos del imputado, a quienes no se les permite comunicarse, hacer llamadas o conversar con sus abogados. No hay individualización de los acusados, se les detiene y son llevados a audiencias de presentación por grupos, como ocurrió con los jóvenes desalojados de los campamentos estudiantiles. Se les señalan pruebas que no aparecen y en la mayoría de los casos no se permite el acceso oportuno a las actas, explicó.La especialista destacó que generalmente los fiscales no se apartan de las actas policiales ni los jueces de lo que plantea la Fiscalía, pese a que las acusaciones mal elaboradas deben corregirse. Carmen Alguindigue indicó que los jueces de control deben estar apegados a la Constitución y verificar que las policías y el Ministerio Público realicen su trabajo.Prácticamente la carrera judicial no existe, se han paralizado los concursos y los funcionarios terminan por cumplir cabalmente lo que dice quien está a la cabeza de la institución. En el país se ejerce un derecho penal selectivo con un corte de Estado policial, señaló Alguindigue.Amedrentar. La abogada pe nalista Claudia Mujica fijó como inicio de la torcedura penal el año 2002, cuando Hugo Chávez desconoció la sentencia del TSJ que absolvió a los militares del 11-A y posteriormente la Sala Constitucional decidió a favor del gobierno.Señaló que la remoción de jueces y...

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