Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 20 de Junio de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

Exp. Nº 07123

Mediante escrito presentado, en fecha 24 de abril de 2013, ante el Juzgado Superior Distribuidor y recibido en este Juzgado Superior el día 02 de mayo de 2013 de mayo de 2013, las abogadas Y.E.M.H., J.V., M.C.E. y NEBLET C.N.G., inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 117.048, 98.475, 62.699 y 97.065, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), Instituto creado por la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, publicada en fecha 03 de diciembre de 2002, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.583, derogada por la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, publicada en fecha 31 de julio de 2008, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.583, derogada por la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, publicada en fecha 31 de julio de 2008 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890, Extraordinario y reimpresa por error material de fecha 21 de agosto de 2008, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.999, y conforme con decreto Nº 8069 extraordinario de fecha 26 de noviembre de 2011, e inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº G-20003010-0, contra el ciudadano J.B.R.S., titular de la cédula de identidad Nº V- 12.595.773.-

En fecha 30 de octubre de 2012, se admitió la demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo, se ordenó la citación mediante boleta del ciudadano J.B.R.S., antes identificado, y mediante oficio a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS. Asimismo, se abrió cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida (ver folios 32 y 33 del expediente judicial).-

En fecha 16 de enero de 2013, la apoderada judicial del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), solicito en se comisione al Juzgado del Municipio Infante, Valle de la P.d.E.G.. Asimismo en fecha 23 de enero de 2013 este Tribunal acordó lo solicitado.-

En fecha 10 de junio de 2013, el ciudadano Alguacil de este Tribunal consignó copias certificadas a los fines del pronunciamiento sobre la medida cautelar de secuestro solicitada por la parte demandante.-

I

DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

La representación judicial del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), antes identificado, fundamentó su solicitud de medida cautelar de secuestro en los siguientes términos:

Que de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece que el periculum in mora y el fumus boni iuris, para decretar la medida cautelar, toda vez que existe el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo.

En tal sentido, la solicitud de la medida preventiva que se persigue, es que dichas cantidades de dinero, puedan regresar al patrimonio del Estado, para darles el destino público-social y poder cumplir de esta manera por imperativo de la Constitución y la Ley para ser retomadas en pro y beneficio de las colectividades más necesitadas.

Que el artículo 599 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil establece que se decretará el secuestro sobre la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior el Tribunal observa que los artículos 4 y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contempla la posibilidad de dictar medidas cautelares en los juicios contenciosos administrativos, al siguiente tenor:

Artículo 4: El Juez o Jueza es el rector del proceso y debe impulsarlo de oficio o a petición de parte, hasta su conclusión.

El Juez o Jueza Contencioso Administrativo está investido de las más amplias potestades cautelares. A tales efectos podrá dictar, aún de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la Administración Pública, según el caso concreto, en protección y continuidad sobre la prestación de los servicios públicos en su correcta actividad administrativa.

Artículo 104: A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.

El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.

En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.

De una hermenéutica de las normas trascritas, se desprende que el Juez Contencioso Administrativo cuenta con las más amplias potestades para dictar las medidas cautelares que estime pertinente para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los particulares. No obstante tradicionalmente ha sido clara al condicionar el otorgamiento de las medidas cautelares al cumplimiento de una serie de requisitos que debe acreditar la parte que solicita le sea acordada a su favor una determinada tutela cautelar; entre estos requisitos se destacan: A) La existencia de una presunción del buen derecho a favor del solicitante o B) Para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, C) La ponderación de los intereses públicos generales y colectivos concretizados y D) que el pronunciamiento cautelar no signifique una ejecución anticipada del juicio principal ni, mucho menos, un pronunciamiento anticipado de lo que será el mérito de la causa principal.-

Las medidas preventivas están consagradas por la ley para asegurar la eficacia de los procesos, garantizando con ello, al mismo tiempo la eficacia de la sentencia, evitando así el menoscabo del derecho que el fallo reconoce, a cuyo fin se aseguran bienes que quedan interdictados judicialmente, fuera de toda transacción comercial; se pone la cosa litigiosa en mano de tercero imparcial; se asegura la cualidad a la causa del reo; se adelantan los efectos satisfactorios de la sentencia definitiva; se da noticia en el régimen Registral de la pendencia del juicio sobre determinado bien, con el fin de asegurar la efectividad de la sentencia.-

Por otro lado las medidas preventivas, por su finalidad, se inscriben dentro de los actos de discrecionalidad del juez, tal como lo establece el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de forma supletoria a los procedimientos contencioso administrativos, a tenor de lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, si bien su decreto o su negativa, debe adecuarse a los requisitos antes mencionados, no se niega que el Juez debe actuar con especial prudencia para evitar incurrir en prejuzgamiento al motivar su decreto o negativa y limitar las medidas a los bienes que sean estrictamente necesarios para las resultas del juicio y decretar aquellas que por las características de los bienes sobre los cuales se solicita, resultan idóneas para preservar los mismos y evitar de esta manera que se deterioren o extingan.-

En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso.-

Es por lo anterior que resulta necesario aclarar que del estudio individual del expediente, evidencia este Tribunal que la presente causa es una demanda por cobro de bolívares ejercida por el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), por tal motivo es necesario resaltar que dicho ente se constituye en su naturaleza administrativa como un Instituto Autónomo, vale decir, un ente descentralizado funcionalmente con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de la República, adscrito al ministerio del ramo, tal como lo establece la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria en su artículo 16, la cual fuere publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.999 de fecha 21 de agosto de 2008.

En este orden de ideas, se observa del contenido del artículo 1 de la referida normativa, lo siguiente:

Artículo 1.- El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto regular el proceso de desarrollo integral de la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social, a través de la promoción y financiamiento mediante el uso de sus recursos y de terceros, la ejecución de programas en los principios rectores que aseguren la producción, la conservación, el control, la administración, el fomento, la investigación y el aprovechamiento racional, responsable y sustentable de los recursos naturales, teniendo en cuenta los valores sociales, culturales, de intercambio y distribución solidaria.(Resaltado del Tribunal).

Ciertamente, el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), tiene por objeto desarrollar y materializar la misión y animo del constituyente en su artículo 308, a lo que se refiere en la protección y promoción por parte del Estado en el desarrollo y fortalecimiento de la pequeña y mediana industria, con el fin de contribuir con el progreso y estabilidad económica del país, sustentándolo en la propia iniciativa popular asegurándole la debida asistencia técnica y oportuno financiamiento para la constitución, recuperación y un mejor desarrollo sostenible de las diversas áreas a las que pudiere comprender el régimen socioeconómico de la nación.

De la exposición de motivos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, se desprende que dicho ente tiene entre sus objetivos fundamentales el de ampliar la acción de promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria a todo el territorio nacional, potenciando y coordinando con las diversas organizaciones e instituciones relacionadas al efecto, bajo una correcta canalización de las diferentes propuestas y necesidades del pequeño y mediano sector industrial tanto en el ámbito estadal como en el municipal, multiplicando sus oportunidades económicas y financieras propiciando mayores ocasiones para la colocación de sus bienes, con la cual se pretende dar la verdadera relevancia a este sector productivo, eliminado así posibles prejuicios y discriminaciones. En este sentido, se pretende apoyarlo no solo en materia de financiamiento, sino en asistencia técnica, adiestramiento, capacitación, administración, gerencia, desarrollo tecnológico e información, por medio de mecanismos idóneos, dinámicos y que se adapten a sus necesidades cambiantes.-

Siendo ello así y a tono con el marco conceptual anterior, podríamos concluir que el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), quien ostenta la condición de demandante en la presente causa, forma parte del conjunto de entidades funcionalmente descentralizadas pertenecientes a la Administración Pública Nacional que coadyuvan a la consecución y el logro de uno de los diversos objetivos del Estado, comprendiendo su actividad en ocasiones, en materias sometidas al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional, al que se refirió el constituyente en el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya corresponsabilidad se ejerce no sólo sobre lo político, cultural, geográfico y militar, sino también en el ámbito económico y social, garantizándose con ello la satisfacción progresiva de las distintas necesidades individuales y colectivas de la población. En efecto, la finalidad administrativa respecto a la entidad bajo análisis, se circunscribe específicamente en lo relativo a la materialización del desarrollo y fortalecimiento económico nacional, al despliegue de políticas de protección a la pequeña y mediana industria tal y como se expuso en líneas precedentes, orientadas al óptimo cumplimiento de la cadena de producción y justa distribución de bienes y servicios suficientes para garantizar el abastecimiento interno como una cuestión de soberanía, facilitando a la microempresa y a cualquier otra forma de asociación comunitaria los medios para obtener bienes capaces de prestar un servicio que les permita optimizar sus actividades, a través de figuras no solo de préstamos y financiamientos preferenciales, sino también en un total apoyo de adiestramiento técnico, capacitación y administración.-

Aclarado lo anterior, y demostrado como queda que la actividad desarrollada por la demandante presenta una carga social importante, que evidentemente prela sobre las posibles actividades mercantiles que pueda desplegar y desarrollar, en razón que si bien es cierto que la misma en ocasiones presta servicios de financiamiento en cantidades dinerarias bajo figuras crediticias preferenciales, deben de entenderse éstos como una herramienta destinada para aquél espíritu y acciones sinérgicas pertenecientes a la actividad administrativa en la consecución de los f.d.E. en el desarrollo económico nacional, lo que en definitiva comprende sin duda alguna la satisfacción del interés general sobre el particular. Siendo ello así, resulta evidente, y así lo quiere dejar sentado quien aquí decide, sin que ello pueda constituirse un pronunciamiento al fondo del asunto controvertido en el presente juicio, que en el contrato objeto de controversia lo que se otorga directamente a través de la figura del financiamiento es un bien mueble constituido por un vehículo destinado a una actividad claramente social, bajo compromisos de asistencia técnica y demás obligaciones destinadas en el ámbito dirigido a la corresponsabilidad social, por lo que, dicha relación contractual tiene una naturaleza eminentemente administrativa, ya que dicho ente en principio con su celebración no tiene ni guarda un fin lucrativo sino particularmente social.

Es por lo anterior que resulta necesario la verificación para el caso en concreto, de los requisitos concurrentes de procedencia de toda medida cautelar, es decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora, con la advertencia de que el acreditamiento de uno solo de estos requisitos hace necesario el otorgamiento de la cautela solicitada, dada la naturaleza del ente demandante y atendiendo a que goza de las prerrogativas que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece para ésta. En consecuencia con relación al primero de estos requisitos la parte demandante señala que el artículo 599 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil establece que se decretará el secuestro sobre la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio.

Al efecto, se advierte que como soporte de dicha solicitud consignaron los siguientes recaudos:

1. Se encuentra a los folios 26 al 28 de la pieza principal del presente expediente, Contrato de Venta con Reserva de Dominio, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Tercero del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 20 de enero de 2006.

2. Cursa a los folios 30 de la pieza principal del presente expediente, el Resumen de la Situación Crediticia, emanado de la Gerencia de Liquidación y Cobranzas del Instituto Autónomo Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI).

Del examen detenido de los documentos consignados por la parte demandante se desprende, prima facie, que la presunción del buen derecho o verosimilitud del derecho que se reclama le asiste al INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), dado que, nace del contrato de venta con reserva de dominio que se encuentra a los folios 26 al 28 del expediente judicial, a tenor del cual el ciudadano J.B.R.S., venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nº V- 12.595.773, un vehículo automotor con las siguientes características: CERTIFICADO DE ORIGEN Nº: AL-74972; PLACA: 48HMBC; MARCA: FORD; MODELO: F-350 49M6 F-350 4X4 EFI; AÑO MODELO: 2006; COLOR: ROJO, SERIAL DE CARROCERÍA: 8YTKF375668A29505, SERIAL DEL MOTOR: 6 A29505, CLASE: CAMIÓN, TIPO: CHASIS, USO: CARGA, FECHA DE EMISIÓN: 5-12-2005, PESO: 5.091 KG CAPACIDAD: 2.640 Kg, incluye radio am/fm con reproductor, vidrios y seguros manual y jaula; según factura pro forma emitida por la vendedora en fecha 27-12-2005, y el precio de la venta fue por la cantidad de: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL BOLÍVARES (BS. 71.140.000, 00), ahora SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 71.140,00).sobre el cual versa la solicitud de secuestro presentada.

Asimismo, del resumen de la situación crediticia que obra inserto a los folios 25 Y 26 del expediente judicial, se desprende la presunta insolvencia en el pago de las cuotas pactadas por parte del ciudadano J.B.R.S., titular de la cédula de identidad Nº V- 12.595.773, lo que en criterio de quien decide y sin que ello constituya un pronunciamiento del fondo del asunto, demuestra la existencia de un vínculo contractual entre las partes, así como la existencia de una obligación que recae sobre la parte demandada, a favor del Instituto reclamante, lo que se traduce en la presunción de buen derecho a favor de la parte y así se declara.-

Por otra parte, con relación al peligro de la demora, la parte demandante alegó que éste deriva del deterioro proveniente del uso, es decir mientras más se usa el vehículo automotor mayor es el deterioro.

En consecuencia, este Tribunal una vez aclarada como fue la naturaleza del contrato cuyo beneficiario bajo una política de inclusión que le permita desarrollarse y contribuir por el otro con la disminución de bienes diversos que permitan al estado fortalecer dicha actividad en pro del acceso a los bienes que están llamado a garantizar de conformidad con las previsiones del artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De lo expuesto se hace fácil concluir que en la presente causa se encuentran acreditados los requisitos de procedibilidad para el otorgamiento de la tutela cautelar solicitada por ser la más acorde al caso sub iudice, por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar el secuestro del vehiculo con las siguientes características: CERTIFICADO DE ORIGEN Nº: AL-74972; PLACA: 48HMBC; MARCA: FORD; MODELO: F-350 49M6 F-350 4X4 EFI; AÑO MODELO: 2006; COLOR: ROJO, SERIAL DE CARROCERÍA: 8YTKF375668A29505, SERIAL DEL MOTOR: 6 A29505, CLASE: CAMIÓN, TIPO: CHASIS, USO: CARGA, FECHA DE EMISIÓN: 5-12-2005, PESO: 5.091 KG CAPACIDAD: 2.640 Kg, incluye radio am/fm con reproductor, vidrios, seguros manual y jaulas; dada la naturaleza administrativa del contrato cuyo cumplimiento se solicita y su profundo contenido social este Tribunal en aras de preservar el fin ultimo perseguido a través del otorgamiento del bien objeto del contrato que es el fortalecimiento de la cadena de bienes y servicios nombra como custodio y responsable de dicho vehículo, mientras se resuelve la controversia en el juicio principal, al INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), debiendo comparecer por ante este Juzgado dentro del tercer día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la notificación de su presidente, a los fines de que manifieste su aceptación o excusa al cargo, y en el primero de los casos preste el Juramento de Ley, debiendo inclusive mantener el correcto seguimiento del uso eficiente de los recursos destinados al financiamiento correspondiente, todo de conformidad a lo establecido en el Decreto Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, para lo cual se ordena ponerlo en posesión del referido vehículo una vez que a través de los Ministerios del Poder Popular para la Defensa, para el Interior, Justicia y Paz y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, se logre la recuperación y retención del bien mueble en cuestión, para lo cual se comisiona ampliamente a los referidos entes a oficiar a todos los órganos y cuerpos de seguridad del Estado para el rescate de dicho vehículo, quienes deberán una vez retenido el mismo coordinadamente, oficiar a este órgano jurisdiccional y al INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), a los efectos de la respectiva entrega del vehículo, tomando en consideración al carácter de responsable de su funcionamiento a fin de no interrumpir el servicio público de interés social que pueda prestar el mismo, y presentará a este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo una vez en posesión y custodia del vehículo cada tres meses, un informe detallado del funcionamiento, uso, mantenimiento y estado del bien sobre el cual se acuerda la medida cautelar de protección y custodia, tomando en consideración que dejar el precitado vehículo en manos de un tercero distinto al referido ente, que realice actividades distintas a las cuales se pretendieron fortalecer con el otorgamiento del vehículo, podría traer consecuencias catastróficas y perjudiciales para gran parte de la población venezolana, que puede poner en riesgo la economía nacional y demás espacios relativos a la seguridad y soberanía de la nación, tales como: político, social, seguridad alimentaría y ambiental, entre otros, de la cual debe disfrutar dicho conglomerado de personas, tomando en consideración que el referido vehículo debe ser destinado para el desarrollo, fortalecimiento y equilibrio de la economía nacional, y así se decide.-

II

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PROCEDENTE la medida cautelar solicitada por las abogadas las abogadas Y.E.M.H., J.V., M.C.E. y NEBLET C.N.G., inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 117.048, 98.475, 62.699 y 97.065, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI); y en consecuencia:

PRIMERO

DECRETA medida de secuestro sobre un vehículo automotor con las siguientes características: CERTIFICADO DE ORIGEN Nº: AL-74972; PLACA: 48HMBC; MARCA: FORD; MODELO: F-350 49M6 F-350 4X4 EFI; AÑO MODELO: 2006; COLOR: ROJO, SERIAL DE CARROCERÍA: 8YTKF375668A29505, SERIAL DEL MOTOR: 6 A29505, CLASE: CAMIÓN, TIPO: CHASIS, USO: CARGA, FECHA DE EMISIÓN: 5-12-2005, PESO: 5.091 KG CAPACIDAD: 2.640 Kg, incluye radio am/fm con reproductor, vidrios, seguros manual y jaulas.-

SEGUNDO

Se ORDENA oficiar al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al Presidente del Instituto Nacional de T.T., al Ministro del Poder Popular para la Defensa, al Procurador General de la República y a la Fiscal General de la República.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

DR. A.G.

EL JUEZ

ABG. HERLEY PAREDES

LA SECRETARIA

En esta misma fecha se libraron oficios números 13-0701; 13-0702; 13-0703; 13-0704 y 13-0705 , dando cumplimiento a lo ordenado, asimismo siendo las __________________ (_______) se publicó y registró la anterior decisión, quedando registrada bajo el Nº ___________.-

ABG. HERLEY PAREDES

LA SECRETARIA

Exp. Nº 07123

AG/HP/am.-