Sentencia nº 0560 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 30 de Julio de 2015
| Fecha de Resolución | 30 de Julio de 2015 |
| Emisor | Sala de Casación Social |
| Ponente | Carmen Elvigia Porras de Roa |
SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Ponencia de la Magistrada Doctora C.E.P.D.R.
En el procedimiento relativo a la demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por la sociedad mercantil PETROCASA, S.A., representada judicialmente por la abogada M.M.G.A.; contra la p.a. de efectos particulares N° 058-2011-01-00330, de fecha 17 de noviembre de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo de San F.d.A. del estado Apure, mediante la cual se ordenó el reenganche y pago de salarios caídos a la ciudadana A.A.C.Z.; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en fecha 28 de julio de 2014, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte recurrente, y confirmó la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de la misma circunscripción judicial, que declaró sin lugar la demanda de nulidad.
Mediante escrito presentado en fecha 6 de agosto de 2014, la representación judicial de la sociedad mercantil Petrocasa, S.A., ejerció recurso especial de juridicidad.
Recibido el expediente en Sala, en fecha 9 de abril de 2015 se dio cuenta del asunto y se designó ponente a la Magistrada doctora C.E.P.D.R., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Siendo la oportunidad legal pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre la impugnación sometida a su conocimiento, con base en las siguientes consideraciones:
Mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2012, la sociedad mercantil Petrocasa, S.A., por intermedio de su representante judicial, ejerció demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la P.A. N° 058-2011-01-00330, de fecha 17 de noviembre de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo de San F.d.A. del estado Apure.
En fecha 7 de marzo de 2012, el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Apure, se abocó al conocimiento de la presente causa, y el 25 de noviembre de 2013 dictó sentencia en la que declaró sin lugar la demanda de nulidad.
El 2 de diciembre de 2013, la representación judicial de la empresa recurrente, apeló de la decisión antes referida, recurso que se oyó en ambos efectos, ordenándose la remisión del expediente a los Juzgados Superiores del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Apure.
Por auto de fecha 13 de mayo de 2014 el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, recibió el expediente y el 28 de julio de 2014, dictó sentencia en la que declaró sin lugar la apelación ejercida por la parte accionante y confirmó la sentencia del juzgado a quo.
Mediante escrito presentado en fecha 6 de agosto de 2014, la representación judicial de la sociedad mercantil Petrocasa, S.A., ejerció recurso especial de juridicidad.
Por auto de fecha 26 de enero de 2015, el referido juzgado superior ordenó remitir el expediente a esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo Justicia, con ocasión del recurso de juridicidad ejercido por la parte actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Con la finalidad de proveer sobre el presente recurso, se pasa a decidir en los siguientes términos:
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La competencia para conocer la pretensión de nulidad contra actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, le corresponde a los órganos integrantes de la rama judicial del poder público con competencia en materia laboral, siguiendo lo establecido por la Sala Constitucional de este máximo órgano, en sentencia Nº 955 de 23 de septiembre de 2010.
Este criterio quedó expuesto por esta Sala, entre otras, en sentencia número 1.514, de fecha 17 de diciembre de 2012, indicando:
En tal sentido, cabe señalar, que con relación a las pretensiones que se planteen contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, la Sala Constitucional de este m.T., mediante sentencia N° 955 del 23 de septiembre del año 2010, estableció lo siguiente:
(omissis)
1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.
2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. Así se declara.
De igual forma, esta Sala de Casación Social […] ha establecido lo siguiente:
Adicionalmente, la atribución de una competencia contencioso administrativa especial, a los Juzgados del Trabajo, conllevó la necesidad de diferenciar la normativa procesal aplicable en cada caso, de acuerdo con la pretensión planteada. Así, en el citado fallo N° 977/2011, esta Sala determinó que, cuando se pretende la nulidad de un acto emanado de la administración laboral, resulta aplicable el procedimiento contencioso administrativo contenido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y no el regulado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
(omissis)
De la cita anterior se aprecia que, cuando se ejercen pretensiones de nulidad contra actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, deben conocer los órganos con competencia en materia laboral, y además dichas causas deben ser tramitadas conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ahora bien, con relación al recurso de juridicidad la Sala Constitucional de este M.T., en sentencia número 281 del 30 de abril del año 2014, en virtud de la acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos de los artículos 23 (numeral 18), 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el artículo 26, numeral 18, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, estableció lo siguiente:
(omissis)
El establecimiento del recurso especial de juridicidad mimetiza en su objeto y alcance a la revisión constitucional, subrogando las potestades de control de esta Sala Constitucional, y generando un desequilibrio, no solo por la invasión de competencia antes señalada, sino por interponer como carga para los justiciables, el ejercicio de otro medio recursivo que se confunde con la potestad de control de esta Sala prevista en el artículo 336.10 constitucional. Establecer un medio procesal de idéntica función contraviene el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al pretender un desvío del juez natural constitucional y atentando contra la celeridad procesal. Desde este ámbito, no solo vulnera la estructura constitucional de la función jurisdiccional, también influye negativamente en los derechos y garantías de los ciudadanos. Desde ambas perspectivas, la implementación del recurso especial de juridicidad, en los términos en que se propone, debe ser considerado inconstitucional.
Dentro de este contexto también debe tenerse en cuenta la posición de la Sala de Casación Social. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no estima la aplicabilidad del recurso especial de juridicidad con respecto a las competencias contencioso administrativas eventuales que ejerce esa Sala, sino que limita su ejercicio a nombre de la Sala Político Administrativa (vid. art. 95), y no considera las atribuciones contencioso especiales en materia agraria y laboral, tal como puede observarse que la decisión 311/2013 dictada por la referida Sala, quien en la actualidad se encuentra pendiente de resolver varios de estos recursos y ha manifestado su improponibilidad por razones de temporalidad hasta tanto se dice decisión definitiva con respecto al presente recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido. Para ello, esa Sala ha declarado sostenidamente lo siguiente:
(omissis)
Así entonces, al violentar la normativa impugnada los principios y normas constitucionales relacionados con el ámbito competencial de esta Sala Constitucional, se declara la nulidad con efectos ex tunc los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que pierden validez, tanto la norma que estipuló la conformación del referido recurso, como todas las disposiciones relativas a su procedimentalización. En lo que respecta al artículo 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala estima que vistos los términos en que se plantea la nulidad de las normas precedentes, resulta pertinente declarar también la nulidad de la disposición atributiva de competencia del mencionado instrumento adjetivo debiendo entenderse también la pérdida de validez y eficacia, ambas entendidas con efectos ex tunc y sin que haya existido alcance alguno del aludido precepto en cuestión. Así se decide.
(omissis)
Por tanto, lo conducente en este caso es que aquellas causas que hayan sido decididas en los términos expuestos por parte de la Sala Político Administrativa sean objeto de un nuevo pronunciamiento declarando expresamente la culminación y que se den por terminadas totalmente su tramitación desde el punto de vista de la fase cognitiva del juicio y se pase a su fase de ejecución –en aquellos supuestos donde se tenga a bien a su realización- con la consecuente remisión del expediente a sus instancias de origen.
Así las cosas, al haber declarado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de las normas de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que contemplan el recurso especial de juridicidad, ello conlleva a la imposibilidad de tramitarse el recurso incoado, razón por la cual esta Sala de Casación Social aplica al caso sub iudice el criterio antes citado, contenido en la sentencia número 281 de fecha 30 de abril del año 2014, de la Sala Constitucional.
En consecuencia, debe declararse concluido el trámite del recurso de juridicidad incoado contra la sentencia de fecha 28 de julio de 2014, emanada del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con ocasión a la pretensión de nulidad con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, incoada por la sociedad mercantil Petrocasa, S.A., contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la P.A. N° 058-2011-01-00330, de fecha 17 de noviembre de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo de San F.d.A. del estado Apure. Así se decide.
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO y ORDENA remitir el expediente al Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil quince. Años: 205 de la Independencia y 156º de la Federación.
| La Presidenta de la Sala, _________________________________ M.C.G. | ||
| La Vicepresidenta, ___________________________________ MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA | Magistrada y Ponente ______________________________ C.E.P.D.R. | |
| Magistrado, _____________________________________ E.G.R. | Magistrado, _________________________________ D.A. MOJICA MONSALVO | |
| El Secretario, ___________________________ M.E. PAREDES | ||
Exp. Nº AA60-S-2015-000198.
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,
