Decisión de Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas, de 11 de Enero de 2008

Todos aquellos usos y actividades presentes en la Reserva Forestal El Caura, que no estén acordes con los usos y actividades permitidas en las Zonas de Ordenamiento establecidas en este Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, se considerarán no conformes, por lo que se prohíbe su ampliación, así como la construcción de infraestructura de apoyo a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que realicen usos y actividades no conformes, deben solicitar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días hábiles, contados a partir de la publicación de este Decreto, asesoría a la Dirección Estadal Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente correspondiente, a los fines de determinar la factibilidad de reorientar las actividades y usos por ellos desarrollados, hacia aquellos conformes con la finalidad de creación de la Reserva Forestal El Caura.

A los fines de la administración y manejo de la Reserva Forestal El Caura, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente coordinará con los organismos competentes la realización de un levantamiento catastral de los centros poblados, caseríos y comunidades ubicadas en la Reserva Forestal El Caura, dentro de un plazo que no excederá de tres (03) años contados a partir de la publicación de este Decreto.

Una vez que se culmine el proceso formal de la demarcación del hábitat y las tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, según lo dispuesto en la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 37.118 del 12 de enero de 2001, se procederá, de ser necesario, a revisar y modificar el presente Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso.

Capítulo III

Disposiciones Finales

El administrador de la Reserva Forestal en coordinación con el Instituto del Patrimonio Cultural, debe preservar y mantener todos aquellos sitios de importancia histórica o arqueológica existentes en la misma.

La disposición final de los residuos y desechos sólidos, sólo se podrá realizar en aquellos lugares que a tal efecto autorice el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en coordinación con los organismos competentes, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

La instalación de vallas o carteles informativos en la Reserva Forestal El Caura, está sujeta a la obtención de la respectiva autorización otorgada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, conforme a las normativas aplicables.

Las infracciones a lo dispuesto en este Decreto serán sancionadas conforme a lo previsto en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, en la Ley Forestal de Suelos y de Aguas y en la Ley Penal del Ambiente, sin perjuicio de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente, y demás normas vigentes.

Los documentos técnicos que sirven de sustento al Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso y los mapas correspondientes que forman parte integrante de los mismos, estarán a disposición del público en la Dirección General de Planificación y Ordenación del Ambiente y en las sedes de las Direcciones Estadales Ambientales respectivas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

El mapa a escala 1:250.000, señalado en el artículo 7 del presente Decreto, contentivo de las Zonas de Ordenamiento propuestas en el Plan de Ordenamiento se encuentra a la disposición de los interesados en el Instituto Geográfico de Venezuela S.B., adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

SÉXTA. El Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal El Caura, será revisado en un plazo mínimo de tres (3) años y máximo de cinco (5) años, a partir de la publicación del presente Decreto.

Los Ministros y Ministras del Poder Popular de Interior y Justicia, de Relaciones Exteriores, de la Defensa y del Ambiente, quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los días del mes de de dos mil siete. Año 196° de la

Independencia y 148° de La Federación.

(L.S.)

H.R.C.F.

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo…

-II-

DE LA UBICACIÓN GEOGRAFICA; DE LA COMPOSICIÓN DE LOS SUELOS; DE LA PLUVIOMETRÍA Y DE LA COMPOSICION GEOLOGIGA DEL TERRITORIO QUE COMPRENDE LA “SELVA VIRGEN DE LA CUENCA DEL RÍO CAURA”

Ahora bien, determina quien aquí decide, que la cuenca del río Caura representa uno de los últimos grandes sistemas fluviales tropicales que todavía permanecen prístinos en el Macizo Guayanés, tal sistema fluvial se encuentra ubicado al sur de Venezuela, específicamente en el Estado Bolívar. El Río Caura constituye uno de los principales tributarios del Orinoco medio, su nacimiento se encuentra en la frontera con la República Federal del Brasil en las coordenadas 3° 37’ N y fluye hacia el norte a través de un recorrido de aproximadamente 800 kilómetros donde desemboca en el Río Orinoco en las coordenadas 7° 47’ N. La cuenca se extiende sobre un área de aproximadamente 45.336 km2. La misma forma parte del Escudo Guayanés y se sustenta en formaciones metamórficas, plutónicas y volcánicas de mucha antigüedad, sobre las cuales a su vez, yacen rocas sedimentarias irregularmente distribuidas.

Los suelos y aluviales que se han formado sobre estas rocas son formaciones fuertemente erosionadas que evidencian niveles de nutrientes muy pobres con valores de PH claramente ácidos. La región del Alto Caura recibe entre 3 y 4 metros de precipitaciones al año, con una estación de mayor estiaje discernible entre los meses de noviembre y abril en la mayor parte de la cuenca, aunque en algunos sectores, la precipitación mensual raras veces registra niveles por debajo de 100 mm. Los ríos presentan valores pobres de nutrientes, razón por la cual han sido clasificados por los limnólogos como ríos de aguas negras.

La mayor parte de la cuenca del alto Caura, sobre el espectacular Salto Para, se caracteriza por tener un terreno ligeramente ondulante que se eleva desde los 150 metros sobre la caída de agua hasta alcanzar una altura de entre 1000–1500 metros en las principales vertientes. Dentro de esta área, existen mesas constituidas de areniscas denominadas tepuis, particularmente las de Guanacoco hacia el Este y Jawa-Sarisariñama en la zona sur, elevándose sobre los terrenos boscosos de las zonas más bajas y alcanzando alturas de 1.500 y 2.350 metros respectivamente. Las zonas meridionales y occidentales presentan montañas de mayor inclinación que se elevan desde los bosques hasta alcanzar alturas de entre 1.800 a 2.400 metros.

La mayor parte del alto Caura se encuentra cubierto por una gran diversidad de bosques tropicales. Bosques ribereños de distintos tipos ocupan las márgenes de los principales ríos hasta adentrarse en las zonas montañosas. Hacia el oriente, sobre el Salto Para, algunos de estos bosques ribereños de la plenillanura se encuentran sujetos a inundaciones estacionales, pero la mayoría se ubican en tierra firme. Tierra adentro las llanuras están principalmente cubiertas por bosques húmedos siempre verdes que luego se convierten en bosques húmedos premontanos en las tierras altas.

Las zonas de mayor altura se caracterizan por estar cubiertas de bosques montanos perennes que a su vez dan paso a bosques nublados y bajos con árboles enanos con cargas de epífitas en las cimas de las montañas. Las cumbres de los tepuis y la Serranía de Maigualida se encuentran tapizadas de variedades únicas de vegetación, consistentes en campos tupidos de plantas de hojas anchas y pequeños arbustos, con numerosas especies endémicas.

La parte baja del río Caura es permanentemente navegable, aunque el curso del río se encuentra interrumpido en ciertos puntos por rápidos de aguas blancas. El Salto Para, el cual se conforma por un complejo formado por una catarata principal seguido por un cañón con rápidos y cascadas, en época de lluvias supera el caudal de las cataratas del Iguazú en la frontera entre la república Argentina y Brasil, así como el caudal medido en las también renombradas cataratas victoria en el continente africano.

La “Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura”, Pertenece a la formación más antigua de la tierra, (precámbrico). En este zona se encuentran tres de los más importantes macizos de areniscas con forma de mesa o tepuy (mesetas de pantepui) pertenecientes a la Formación Roraima denominados mesetas Jaua-jidi, Sarisari-ñama-jidi y Guanacoco-jidi, en tales formaciones geológicas las cumbres de estas mesetas se caracterizan por presentar extensiones planas en algunos sectores, así como superficies surcadas por profundas grietas o por inmensas simas, (cavidades profundas en la tierra), únicas en el mundo. Las rocas de estos relieves residuales son principalmente de arenisca dispuestas en estratos horizontales con una edad estimada entre 1.590 y 1.250 millones de años. En la meseta del tepuy Sarisariñama se localizan las mayores simas de colapso hundimiento formadas en roca arenisca, siendo una de ellas la más voluminosa del mundo y la cuarta en profundidad vertical con 502 metros de diámetro de fondo, en forma acampanada. La profundidad de ésta sima equivale a la altura de un edificio de 140 pisos. En la sima del Jaua, situada dos kilómetros al sur, el agujero mantiene la misma forma cónica que la sima Sarisariñama, pero sus dimensiones son menores. Allí se ha observado y documentado la presencia de un torrente continúo de agua en una grieta de la pared norte, así como una larga galería inclinada que se dirige al flanco sur de la misma. El Parque Nacional Jaua - Sarisariñama se encuentra en la región donde nacen los ríos Caura, Erebato y Ventuari. En el Jaua, nacen los ríos El Majarano y Adawa. Del Guanacoco, emana el Río Carumu y del Sarisariñama proceden los ríos Lunaracuni, Paro y Aresi.

-III-

DE LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES QUE CONFORMAN LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN LA “SELVA VIRGEN DE LA CUENCA DEL RÍO CAURA”

La cuenca del río caura en general, alberga alrededor de 450 especies de peces, 120 especies de ofidios, 257 especies de aves, 204 mamíferos y un número no determinado de organismos simples unicelulares y pluricelulares, gran parte de ellos únicos en el planeta. La fauna de dicha zona es poco conocida debido fundamentalmente a lo difícil del acceso a los tepuyes, los cuales, en su mayoría sólo pueden visitarse en helicóptero, o con equipos humanos fuertemente entrenados. Se han reportado especies tales como: Marmosa tyleriana (marsupial endémico de las simas tepuyanas), Estefania riae (anfibio de la Meseta de Jaua), la danta Tapirus terrestris, el jaguar Panthera onca, especies estas, muy antiguas y únicas en el mundo que pudieran entrar en peligro de extinción si se introduce el desequilibrio a través de acciones realizadas por la mano del hombre, aunque estas sean reguladas y supervisadas por el Estado.

Igualmente, la “Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura”, alberga diversas variedades de bosques, arbustales y herbazales tepuyanos. Tepuyes y simas o fosas originadas por hundimiento de techos de ríos subterráneos. La vegetación característica de estas zonas van desde los bosques ombrófilos sub - montanos siempreverde, de extensa vegetación selvática, entre los 400 -1.000 -1.200 msnm, hasta los bosques ombrófilos montanos siempre verdes que se desarrollan entre los 1.400 -1.900 msnm, siendo densos, heterogéneos con 15 -25 m. de alto, con sotobosque denso, abundantes epífitas y especies endémicas como Sloanca cavicola, Sloanca Jauaensis y Piper Jauaense. Por encima de los 1.800 msnm se localiza la vegetación arbustiva alta tepuyana; comunidades de densidad y altura muy variable, tanto en el estrato herbáceo como en el arbustivo que alcanza los 3 m. En el interior de las simas los muros de arenisca están casi totalmente desprovistos de vegetación, pero en los lugares donde ésta se presenta, así como en el fondo, el número de especies endémicas y únicas en el planeta es muy elevado. En los ríos se desarrolla una vegetación de galería o ribereña con gran número y especies de palmas. En las zonas pantanosas se pueden encontrar musgos, orquídeas, bromelias, enredaderas comunes, helechos entre otros.

-IV-

DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ORIGINARIOS PRECOLOMBINOS NO TRANSCULTURIZADOS, PRESENTES EN LA “SELVA VIRGEN DE LA CUENCA DEL RÍO CAURA”

La cuenca del río caura en general, alberga a tres grupos étnicos claramente definidos, constituidos por las comunidades “Ye´kwana” ó “Maquiritare”; “Sanema” ó “Yanomami”, y “Hoti”, estos grupos humanos originarios han ocupado la zona del Alto Caura desde que se conocen los primeros registros que datan de mediados del siglo XVIII, más sin embargo existe consenso entre los historiadores y arqueólogos mas connotados, que los mismos habitan dicho territorio desde hace aproximadamente cinco mil años (5.000 a.).

Igualmente se registra en dicha zona selvática, la presencia periódica de otros grupos originarios de menor densidad poblacional, los cuales en su cosmogonía originaria, utilizan algunos de los sitios más emblemáticos como lugares rituales, de iniciación etc.

Los Ye’kwana ó Maquiritares: Uno de los pueblos más vigorosos de esta región es el de los Ye’kwana, un pueblo de lengua Caribe (también conocido como Soto, Makiritare y Maiongong) el cual ocupa desde tiempo inmemoriales, principalmente la zona del alto Orinoco a lo largo de los ríos Casiquiare, Kunukunuma y Padamo. En 1776, los Ye’kwana coordinaron una efectiva sublevación contra los Españoles, destruyendo los fuertes y en consecuencia, causando el retiro de la permanente presencia Española en la región excepto por un pequeño asentamiento en La Esmeralda que permaneció en la zona.

Posteriormente a este conflicto con los Españoles, los Ye’kwana, quienes ostentan una larga y famosa trayectoria por sus expediciones de amplio alcance, comenzaron a extender sus contactos comerciales con los Holandeses (y luego con los Británicos) en Guayana, hacia el este.

Las grandes expediciones comerciales a través del Río Negro y el Río Branco también pusieron a los Ye’kwana en contacto con los Portugueses, en destinos tan distantes como el Amazonas y Manaus hacia el sur. Desde comienzos del siglo XIX, gradualmente, empezaron a establecer asentamientos en las zonas del medio y alto Caura, y alto Uraricoera. Al mismo tiempo, los asentamientos de los Kariña, Maco y Guinau en el alto Caura iniciaron la retirada hacia el norte y este, o fueron asimilados a través de matrimonios interétnicos, por los Ye’kwana dominantes.

En el transcurso de las décadas subsiguientes, los asentamientos Ye’kwana fueron estableciéndose en las zonas más bajas de estos ríos, llegando hasta el Ventuari, donde podían aprovechar el creciente comercio con la sociedad criolla, pero estos asentamientos luego retornaron hacia las zonas altas cuando se presentó la época de violencia que acompañó el colapso del comercio del caucho a comienzos del siglo XX. En la década de 1930, los asentamientos Ye’kwana se movilizaron nuevamente aguas abajo y hacia el oriente. Se establecieron dos asentamientos en el río Paragua en los años 1960 y desde entonces, otros Ye’kwana se han trasladado hacia la parte baja del Salto Para con la finalidad de tener un mejor acceso a los mercados.

Los Sanema ó Yanomamis: El otro grupo étnico importante de la zona del Caura es el Sanema (Yanomami del norte, también denominado Shiriana, Guaharibo y Guaica), quienes, durante la época de las guerras esclavistas a comienzos del siglo XVIII, habitaban el sector meridional de la Sierra Parima entre las cabeceras del Orinoco y del alto Ocamo. De lo que podemos reconstruir de su historia, parecería que iniciaron actividades comerciales a gran escala con los Ye’kwana a comienzos del siglo XIX, y alrededor de la misma época, realizaron en ataques sorpresas a fin de adquirir productos metálicos de las comunidades vecinas. Viéndose forzados a emprender el retiro hacia el sur debido a las agresiones de otros grupos guerreros, y atraídos hacia el norte por las oportunidades de comercio y de asalto en las cuencas de Ocamo, Matakuni, Kuntinamo, Padamo, Parime y Auaris, los Sanema empezaron a penetrar los territorios Ye’kwana, lo cual inicialmente causó la retirada de los Ye’kwana. Para la década de los 1930, los Sanema, en proceso de movilizarse hacia el norte desde la sierra Parima, empezaban a establecer asentamientos en las zonas del alto Ventuari y Merevari, alcanzando el alto Erebato en los 40s y finalmente estableciéndose en Kanadakuni durante los 50s. Desde entonces no ha cesado la migración de este pueblo y han seguido expandiéndose tanto en número como en términos de área de ocupación. Los asentamientos Sanema alcanzan hoy en día hasta el Paragua hacia el este, hacia el norte abarcan todo el recorrido del Caura hasta las proximidades de Maripa, y hacia el oeste se encuentran a lo largo del Ventuari hasta Tencua. En el sur todavía retienen el control de las fuentes del Ocamo, el alto Matakuni, partes del Padamo y del Kuntinamo y el Auaris en Brasil.

Aguas abajo se evidencia un importante movimiento social y matrimonios mixtos, así como también un nivel de interacción mucho mayor con la sociedad nacional. En consecuencia, las partes más bajas de la cuenca se encuentran ahora pobladas por distintas comunidades, mayormente compuestas por criollos (venezolanos mestizos) pero también incluyen otros grupos étnicos como por ejemplo los Kariña, Pemón, Hiwi.

Los Hoti: En décadas recientes, aparece un tercer pueblo indígena que igualmente utiliza los recursos naturales en el alto Caura. Estos son los Hoti, un pueblo cazador y recolector con una agricultura incipiente. Unos 2.500 miembros de esta etnia ocupan el sector occidental de la cuenca del Caura en los afluentes medios del Río Cuchivero en el Distrito Cedeño del Estado Bolívar y los afluentes septentrionales del Ventuari medio en el Estado Amazonas. Desde mediados de la década de 1980, los Hoti, llamados ”wadu wadu” por los Ye’kwana, quienes han tenido una larga trayectoria de contacto con estos pueblos en el Amazonas, comenzaron a establecer campamentos temporales de caza y posteriormente, pequeños asentamientos y sembradíos (conucos) hacia el este de la Sierra de Maigualida en el medio Caura.

Durante los últimos diez años, los Ye’kwana han permitido que estos mismos Hoti se establezcan en la zona central del río Kakada, desde donde continúan realizando expediciones de caza de gran alcance así como excursiones de recolección y comercio. Su presencia en territorio Ye’kwana y Sanema ha sido plenamente aceptada por las comunidades locales y la presión que ellos ejercen sobre el ambiente es realmente insignificante. Estudios sobre la manera en que los Hoti utilizan sus recursos, demuestran que sus sistemas consuetudinarios para la utilización de los recursos no solamente no agotan la diversidad biológica sino que incluso la aumentan.

Al igual que muchos pueblos indígenas de América, los Ye’kwana y los Yanomamis tienen mitologías muy ricas que constituyen el corpus fundacional de sus sociedades. Estos mitos y leyendas establecen la identidad, la sacralidad del idioma, de las normas culturales, de los valores de estas sociedades y celebran los estrechos vínculos espirituales que existen entre las personas y su medio ambiente.

Uno de las referentes constitutivos de los Ye’kwana relata la historia del héroe cultural Kuyujani, quien recorrió el territorio Ye’kwana a lo largo y ancho otorgando nombres y dando poderes y significados espirituales a lugares y accidentes geográficos relevantes. Según los Ye’kwana del Caura, Kuyujani recorrió toda la divisoria de aguas y cimas de las montañas del medio y alto Caura además de viajar a través de los ríos y trochas. Este personaje nombró los accidentes geográficos con apelativos que perduran hasta el día de hoy. Estos pueblos consideran que ciertos elementos resaltantes de este paisaje como lo son las cataratas, acantilados y rocas, ostentan fuerzas poderosas e incluso peligrosas, y son sitios con los que no hay que interferir ni deben ser vistos por el ojo del no-iniciado, ya que continúan albergando espíritus que podrían causar daños o enfermedades si no son tratados respetuosamente.

Los relatos sobre Kuyujani y muchos otros mitos y leyendas legitiman, por lo tanto, el fuerte sentido de los Ye’kwana en relación a sus derechos sobre el territorio, el cual fue creado y nombrado por sus ancestros y el cual les ha sido legado para que ellos lo cuiden, lo guarden y lo mantengan. Las personas consideradas responsables por mantener y traspasar a las generaciones futuras este milenario conocimiento sobre las conexiones entre la vida cotidiana y los poderes espirituales que lo sostienen, son los chamanes y especialistas rituales de la sociedad Ye’kwana, aunque algunas partes de esta detallada base de conocimientos lo guardan en común casi todos los miembros adultos de la sociedad.

Los Ye’kwana obtienen fácil acceso a estos poderes espirituales a través del uso de plantas curativas, venenos, hechizos y remedios. Muchas de estas plantas son cultivadas en pequeños huertos cerca de sus viviendas, pero también existen cientos de otras especies que crecen de manera silvestre y que son aprovechadas por sus bondades en forma regular.

Los mitos y la cosmovisión Sanema también están profundamente entrelazados con su conocimiento sobre el medio ambiente. Sin embargo, si bien en su base de conocimientos los Ye’kwana parecen otorgarle especial importancia a las plantas, los Sanema se la dan a los animales – insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos – y sus chamanes depositan los poderes en estos animales y los manifiestan en sus cantos sagrados, para curar enfermedades, regular las fuerzas naturales, contrarrestar al enemigo y restaurar la armonía social. Las narraciones sobre el origen de los Sanema, explican las cualidades de la vida humana y los problemas existenciales en términos de las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, la fragilidad humana y la debilidad son las consecuencias de haber sido creados a partir de maderas blandas por un embustero mitico. La mayoría de las enfermedades son el resultado de ataques por parte de espíritus vengativos de animales que han sido cazados y consumidos por los Sanema. La tarea de mayor importancia de los numerosos chamanes Sanema, es la de interpretar estos males, prevenir a la gente para que no transgredan las numerosas prohibiciones alimentarias, que se supone regulan y definen su lugar en la sociedad, y obtener el apoyo de los espíritus.

Así, resulta innegable el alto contenido cultural, étnico y ancestral presente desde tiempos inmemoriales en los asentamientos humanos originarios precolombinos que allí habitan, debiendo mantenerse indemnes ante la propuesta presentada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente del Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, que si bien, como su mismo nombre lo indica, procura la ordenación y reglamentación, no es menos cierto que se permisarán actividades económicas y de explotación controlada de sus riquezas, como la efectuada mediante el otorgamiento de los denominados permisos agrosilvopastoriles entre otros, a personas naturales o jurídicas ajenas o no a la reserva (en cogestión conforme al artículo 67 del Proyecto de Decreto) que sin lugar dudas y a juicio de este juzgador, colocarían en riesgo a este patrimonio nacional quizás uno de los últimos vestigios de la Venezuela autóctona no transculturizada.

-V-

DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LA CAUTELA OFICIOSA INNOMINADA ANTICIPADA ESPECIAL AGRARIA

Seguidamente pasa este Juzgado Superior Primero Agrario, a realizar algunas consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales acerca de la naturaleza jurídica de la cautela innominada oficiosa anticipada aquí analizada, ello en virtud de considerar que la misma, versa sobre materia de eminente orden público procesal agrario, y en ese sentido este juzgador observa, lo dispuesto en el fallo emanado por la Sala de Casación Social, Sala Especial Agraria del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 09 de mayo de 2.006, el cual entre otras consideraciones estableció lo siguiente:

“…Pasa esta Sala, previo estudio de los alegatos en favor y en contra de la legalidad de la norma impugnada, a decidir sobre la pretensión anulatoria y en este sentido, se observa de manera preliminar que, tal como se dejó asentado supra, la norma impugnada se encuentra actualmente dispuesta (en idénticos términos) en el artículo 207, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.771 extraordinaria, de fecha 18 de mayo de 2005, con lo cual, en el presente caso resulta evidente el interés jurídico actual de las accionantes en mantener ante esta autoridad judicial, la demanda de nulidad incoada, con el objeto de obtener una decisión sobre el mérito del asunto controvertido.

Ello así, el artículo 211 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es del siguiente tenor:

Artículo 211.- El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional…

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…Siendo así, observa este Alto Tribunal que los apoderados judiciales de las accionantes alegan la violación del principio de separación de poderes, sobre la base que la norma impugnada presuntamente desvirtúa la esencia de la función jurisdiccional como es la actuación a instancia de parte y dentro del proceso. Es decir, que en el presente caso se plantea la supuesta intromisión de los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la actividad administrativa…(omissis)…

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…(omissis)…De lo expuesto se colige que, el juez contencioso administrativo, al contrario de lo señalado por las recurrentes, se encuentra constitucionalmente habilitado para trascender el mero control de legalidad sobre la actuación administrativa de los órganos del Poder Público, toda vez que constituye un mandato constitucional, el deber de restituir las situaciones jurídicas que pudieran haber sido lesionadas por la actuación u omisión sub-legal del Estado.

Efectivamente, se puede observar cómo de acuerdo con los principios de tutela judicial efectiva y colaboración de poderes, el juez contencioso administrativo puede desarrollar, en determinados casos, una actividad que desde el punto de vista sustancial –no así orgánico- podría ser calificada como una función administrativa. Ello así, debe este Supremo Tribunal determinar si tal actuación pudiera desarrollarse oficiosamente y al respecto se observa lo siguiente:…(omissis)…

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De este modo, el legislador, de acuerdo con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está facultado para establecer las condiciones de actuación del juez contencioso administrativo, para lo cual debe legislar en términos de disponer lo necesario para que el órgano jurisdiccional pueda lograr su cometido constitucional, como es el restablecimiento de las situaciones jurídicas de los particulares ante la actuación administrativa, independientemente del sentido activo o negativo de dicha actuación, lo cual conlleva a que frente a la omisión de la actividad administrativa, el juez contencioso pueda intervenir restableciendo los derechos o intereses eventualmente vulnerados..(omissis)…”.

…(omissis)…Conforme a estos poderes, es que esta Sala en sentencia dictada el 9 de agosto de 2000, en el caso M.G., expediente Nº 00-884, declaró que, para restablecer la constitucionalidad de una determinada situación jurídica, el Juez constitucional puede determinar de oficio, en ejercicio de sus poderes inquisitivos, la mejor manera de restablecer la situación jurídica infringida al accionante sin que éste haya realizado pedimento expreso al respecto.

Estas facultades oficiosas de los jueces en materia constitucional y contencioso administrativa, comprenden en virtud del principio iura novit curia, incluso el cambio de calificación jurídica de las pretensiones esgrimidas o la orden de continuación del proceso aun frente al desistimiento del accionante, tal como se desprende de la audiencia constitucional celebrada el 6 de diciembre de 2004, en el expediente 04-1475, con motivo de acción de resolución de controversia constitucional interpuesta por el Gobernador del Estado Carabobo; y el Procurador de la referida entidad, contra el Poder Ejecutivo Nacional, en la cual, frente al desistimiento expreso de la acción, la Sala declaró la continuación de la causa, sobre la base del orden público involucrado en la materia…(omissis)…

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…(omissis)…Oponen los apoderados judiciales de las actoras que el principio de separación de poderes resulta vulnerado con el proceder oficioso que la norma atacada le atribuye a los Jueces contenciosos administrativos agrarios, sin advertir que tal afirmación se funda en una comprensión limitada de la función judicial, que en el moderno Estado constitucional de Derecho no sólo ha de velar por el sometimiento del Estado y de los particulares al orden jurídico vigente, a fin de lograr el orden y la seguridad, sino por que sean respetados y garantizados los derechos y garantías fundamentales, como forma de mantener la convivencia organizada y pacífica de cuantos viven en la sociedad.

En tal sentido, mal podrían limitarse las potestades del Juez contencioso-agrario para sustituirse en las funciones del correspondiente órgano o ente administrativo, cuando las circunstancias de hecho demanden su proceder en el sentido de propiciar un proceso judicial que inaudita parte provea lo conducente para la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, restableciendo de este modo la situación jurídica particular o colectiva lesionada, para seguidamente sustanciar el correspondiente contradictorio, ante quienes tuvieran interés en oponerse a la medida acordada.

Con ello, resulta constitucionalmente legitima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad y así se declara.

Por tanto, siendo que la competencia contenida en el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, solamente puede ser ejercida por el juez agrario con fundamento en la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, lo cual presenta su justificación constitucional en los artículos 305 y 306 del Texto Fundamental y que del mismo modo, dicho artículo resulta aplicable únicamente con dos objetivos específicos a saber, evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables y finalmente, que la medida preventiva sólo podrá tomarse cuando estos fines se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, debe concluir esta Sala que, la actuación analizada, se encuentra ciertamente delimitada por un entorno normativo.

En consecuencia de lo anterior, la norma circunscribe el poder preventivo a la adopción de medidas en cuatro supuestos específicos, para obtener dos resultados perfectamente delimitados, con lo cual debe desestimarse el argumento según el cual el artículo recurrido es una norma en blanco, que propugna la actuación arbitraria, pues no sólo se encuentran delimitadas las circunstancias que llevarían al juez agrario a actuar en un determinado sentido, sino que además están preestablecidos los dos objetivos que debe perseguir dicho órgano jurisdiccional con su proveimiento, el cual a todo evento, debe observar el deber de motivación a la que hizo referencia supra y así se declara….(omissis)…

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…(omissis)…Finalmente señalaron las accionantes que, el artículo cuya nulidad se pretende resulta lesivo del derecho a la defensa y al debido proceso, sobre la base que permite una actuación jurisdiccional sin juicio.

Sobre el particular, esta Sala en sentencia del 15 de febrero de 2000 (Caso: E.M.L.), señaló que, si bien los derecho a que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aplican a todas las actuaciones judiciales y administrativas, ello no significa que la referida norma constitucional establezca un procedimiento específico, “sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva…(omissis)…”..

…(omissis)…Tal como se estableció supra, en el presente caso estamos ante una medida preventiva conducente a la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, de adopción oficiosa, con lo cual encuentra esta Sala que dicha medida procede inaudita parte, situación ésta que en modo alguno supone la inexistencia de un procedimiento en el cual se tome el proveimiento jurisdiccional.

Ciertamente, del análisis de la norma impugnada se evidencia que, el legislador al referirse a la posibilidad de la adopción de la medida “exista o no juicio”, se refiere a que el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo, que es justamente la diferencia entre el artículo hoy impugnado y la disposición contenida en el artículo 167 eiusdem.

Lo expuesto evidencia que, tal como señaló la representación de la Procuraduría General de la República, el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y desarrollo Agrario, actualmente artículo 207 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario de 2005, recoge una visión axiológica de la función jurisdiccional, que se compadece con el referido carácter subjetivo del contencioso administrativo y con el derecho a la tutela judicial efectiva, contexto en el cual la medida adoptada por el juez agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual transgresión a los principios de la seguridad agroalimentaria y al derecho a la biodiversidad, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Así, cuando el juez agrario desarrolle oficiosamente la competencia atribuida en la norma impugnada, procederá a la apertura inmediata del correspondiente contradictorio, donde le garantizará a aquel contra quien obre la medida y a los eventuales interesados, el derecho a la defensa y al debido proceso, a través de la notificación de la decisión, el acceso al expediente y la posibilidad de alegar y probar a favor de la eventual oposición.

Dicha tramitación análoga a la seguida en casos de medidas cautelares, no reviste en modo alguno, violación del derecho a la defensa o al debido proceso de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición una vez ejecutada la misma, en el correspondiente contradictorio y así se declara…

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(Subrayado de este tribunal).

Así pues, del texto jurisprudencial antes reseñado, el cual es refrendado en su totalidad por este juzgador por encontrarse en total y absoluto concierto con el mismo, se desprenden cinco (05) conclusiones fundamentales, a saber: A).- Acordar una medida cautelar oficiosa innominada especial agraria, sin la existencia de juicio previo, no reviste en modo alguno violación del derecho a la defensa o al debido proceso, ello en virtud de considerar que tal y como lo preciso acertadamente nuestro máximo tribunal en el fallo parcialmente trascrito, resulta constitucionalmente legitima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudiesen calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria, la protección al medio ambiente, la biodiversidad y la protección al legado cultural original; B).- Para dictar o acordar alguna medida cautelar de manera anticipada al juicio, el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento judicial previo, ello en virtud de considerar, que cuando el juez agrario desarrolla oficiosamente la competencia atribuida en la norma impugnada, procede de forma automática, a la apertura inmediata del correspondiente contradictorio, donde le garantiza a aquel contra quien obre la medida y a los eventuales interesados, el derecho a la defensa y al debido proceso, a través de la notificación de la decisión, el acceso al expediente y la posibilidad de alegar y probar a favor de la eventual oposición, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el cual procederá una vez ejecutada la medida; C).- La competencia para dictar o acordar alguna medida cautelar sin la existencia de juicio, procede únicamente para salvaguardar dos objetivos específicos a saber, evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales, y sólo podrá adoptarse cuando estos se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción; D).- Sobre la base de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico; la adopción de alguna medida cautelar anticipada no implica la invasión de la esfera de competencias de otros órganos del Estado, ni la interferencia en sus funciones, sino por el contrario debe ser dictada en coordinación con los mismos, resultando vinculantes para todas las autoridades nacionales civiles y militares, quienes cooperarán y facilitarán su ejecución; E).- La concepción amplia del contencioso-administrativo como jurisdicción protectora no sólo del interés público que tutela la Administración sino también de los derechos e intereses de los particulares, hace que la medida cautelar anticipada además de ser de adopción oficiosa, también proceda a instancia de parte interesada y F).- La medida cautelar sin la existencia de juicio, está reservada exclusivamente a los jueces que conforman la jurisdicción especial agraria, a quienes corresponderá la ejecución personal y directa de la misma, claro esta en aquellos estados de su competencia, o en donde tengan asiento formal los oanismos de la administración pública que dicten los actos administrativos que conlleven peligro inminente de desmejoramiento, interferencia o destrucción de la producción agraria y/o la preservación de los recursos naturales.

Finalmente, y como bien lo establece la jurisprudencia antes indicada, este tribunal insta al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y cualquier ciudadano con un simple interés, a ejercer el correspondiente contradictorio, una vez que consten en autos las resultas de las notificaciones de Ley, conforme al procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y así se decide.

-VI-

DE LA COMPETENCIA MATERIAL, FUNCIONAL DE ESTE JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO, PARA DICTAR UNA EVENTUAL MEDIDA CAUTELAR OFICIOSA INNOMINADA ANTICIPADA ESPECIAL AGRARIA, SOBRE EL TERRENO QUE COMPRENDE LA “SELVA VIRGEN DE LA CUENCA DEL RIO CAURA”

Así pues, establecido lo anterior considera necesario quien decide, pasar de seguida a establecer algunas consideraciones doctrinarias acerca de la naturaleza jurídica de la media oficiosa aquí considerada, muy especialmente en lo relativo a la competencia de este Juzgado Superior Primero Agrario para dictar eventualmente la misma, y en ese sentido este sentenciador observa:

Que toda medida preventiva por su naturaleza jurídica, en principio se encuentra alineada en el marco del derecho privado, en contraposición, en el caso del Derecho Agrario, visto como derecho eminentemente social y de trascendental importancia para el cumplimiento de los f.d.E. en cuanto a la seguridad agroalimentaria, desarrollo sustentable y protección al ambiente, tales medidas cautelares deben resultar cónsonas con los intereses efectivamente tutelados por el derecho, por ello resultan extensivas tanto al interés social y colectivo, al entorno social, así como a los bienes de producción agrícola.

Ahora bien, tal división es lo que efectivamente marca la diferencia entre las medidas preventivas en un juicio agrario y un juicio civil - mercantil, es que en el caso de éste último las mismas se dictan para tutelar intereses particulares que aseguren los bienes litigiosos y evitando la insolvencia del demandado antes de la sentencia, mientras que en el primero como señalábamos, se dictan fundamentalmente en resguardo del interés del social y colectivo, de allí que puedan ser dictadas aun de oficio, e incluso con prescindencia de juicio previo.

Por otro lado, quien decide observa que de la sentencia dictada en fecha 9 de mayo de 2.006, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que sirvió de marco legal para el proferimiento de la presente medida cautelar, no se evidencia de forma alguna la delimitación expresa para la competencia por el territorio de los Juzgados Superiores Agrarios para dictar las medidas en defensa del ambiente, ello en el entendido que la misma procura la tutela de los derechos colectivos y difusos y en casos excepcionales donde se encuentre en riesgo la continuidad de la producción agroalimentaria y en el caso que nos ocupa la protección al ambiente.

Conforme lo anteriormente expuesto, este sentenciador formalmente declara, su absoluta e inequívoca competencia funcional, material y territorial para dictar una posible y eventual medida cautelar innominada oficiosa anticipada especial agraria de protección, referida a evitar la consecución de posibles y potenciales daños de depredación, intervención, explotación controlada, ocupación y desplazamiento de los ecosistemas presentes en la zona conocida como “Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura”, así como de las comunidades originarias precolombinas no transculturizadas que habitan desde tiempos ancestrales en esa región natural, que pudiesen materializarse con la aprobación del precitado “Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la “Reserva Forestal El Caura” y las Áreas bajo Régimen de Administración Especial”. Todo en el entendido que la misma sería eventualmente dictada por una autoridad judicial especial agraria, actuando dentro del ámbito de su competencia funcionarial y jurisdiccional; Que igualmente sería dictada sobre materia de estricto orden público procesal agrario de protección a la biodiversidad y al medio ambiente y por último, que el posible daño sería originado por un acto administrativo emanado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, el cual, como es de conocimiento público, tiene su asiento administrativo en el Distrito Metropolitano de Caracas junto al resto de los demás entes gubernamentales ministeriales de la República. Razones suficientes por la cual este Juzgado Superior Primero Agrario se declara competente y así se decide.-

Por otra parte, con la entrada en vigencia del texto constitucional de 1.999 y la consagración del derecho a la tutela judicial efectiva, conformado por otros derechos, como lo son: el derecho a tener acceso a la justicia, el derecho a intentar todas las acciones y recursos procedentes en vía judicial, el derecho a la tutela judicial cautelar y el derecho a la ejecución del fallo; de conformidad con los artículos 26 y 257 de la carta magna, el juez cautelar especial agrario, quedo efectivamente habilitado para emitir todo tipo de medida cautelar que se requiera en el marco de los principios rectores del derecho agrario, esto es, que dicho juez, detenta el poder de decretar todo tipo de mandamientos, como la suspensión del acto recurrido, medidas positivas e incluso anticipativas ante la actividad o inactividad administrativa, incluyendo la suspensión de los actos de efectos particulares o generales ante las actuaciones materiales y vías de hecho de particulares y entes estatales agrarios.

En este orden de ideas, la jurisprudencia patria ha reiterado de forma pacífica, “Que el poder cautelar que le confiere la Constitución y leyes al juez contencioso administrativo especial, viene dado por el hecho de tener la potestad de ejecutar o hacer ejecutar cualquier medida cautelar, siendo el único criterio que debe ser siempre valorado por este para la adopción de la misma, la concurrencia de requisitos como los son: el fumus boni juris, el periculum in mora y la ponderación de intereses colectivos en conflicto”, a saber:

En el caso del fumus boni iuris, o presunción del buen derecho, el mismo resultaría evidentemente el interés social y colectivo y los derechos difusos y colectivos tutelados por el Estado, en el caso en particular, el derecho de las comunidades originarias precolombinas no transculturizadas que habitan desde tiempos ancestrales en esa región natural, y en general el derecho de todo ciudadano y ciudadana de mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, así como la diversidad biológica, los recursos genéticos y los procesos ecológicos existentes en la Reserva Forestal del Rio Caura.

En cuanto al periculum in mora, el mismo lo representa el riesgo de promulgarse el Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la denominada “Reserva Forestal el Caura”, en los términos allí previstos, pudiendo constituir peligro potencial de graves e irreparables daños de depredación, intervención, ocupación, explotación y desplazamiento de los ecosistemas prístinos, comunidades autóctonas y de la biodiversidad existentes en la Reserva Forestal Rio Caura, si antes no se realizan los estudios necesarios para el otorgamiento de una figura jurídica mas restrictiva para esa región natural

Es importante señalar, que el poder cautelar del juez agrario alcanza a cualquier medida innominada que crea prudente en cada caso en concreto, justificable claro esta, en la medida en que así la causa sometida a su conocimiento y el interés social y colectivo lo requiera.

Ahora bien establecido lo anterior, este sentenciador observa, que la cautela oficiosa anticipada, en su condición de medida extraordinaria, requiere para su dictamen el cumplimiento cabal de una serie de requisitos de procedencia, los cuales podemos resumir de la manera siguiente:

A).-Temporalidad: Consiste en que la medida acordada de oficio, durará mientras persista el riesgo que dio origen, por ello deberá revocarse, cuando hayan cesados los hechos que la motivaron o cuando hayan variado las circunstancias iniciales que la justificaron.

B).-Prescindencia de la Judicialidad: Tal y como lo dispone la norma especial adjetiva contenida en el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, esta cautela especial puede dictarse con prescindencia absoluta de una acción principal que le de soporte.

C).-Variabilidad: Las medidas adoptadas de oficio al ser potestativas del Juez, pueden ser modificadas, en la medida que cambie el estado de cosas para el momento en que las dictó, es decir, dependen de la mutabilidad o inmutabilidad de la situación de hecho que les dio origen, por ello, al estar diseñadas para ser aplicadas en nuestro variable medio rural, las mismas pueden ser sustituidas por otras medidas, en la orden que así la situación fáctica y el interés social y colectivo lo amerite.

D).-Urgencia: La urgencia es una característica propia de toda medida preventiva, de allí dependerá su eficacia y lo oportuno o no de la tutela judicial efectiva, en ese sentido, debe ser realizable a través de medios efectivos y rápidos que intervengan en vanguardia de una situación de hecho.

Ahora bien, expuesto lo anterior, este Tribunal observa: en el presente caso, la presente medida se mantendrá hasta tanto sean elaborados todos y cada uno de los estudios de factibilidad, de impacto ambiental, de impacto económico, de impacto social y de impacto cultural necesarios, así como la consulta pública, para un eventual cambio de Reserva Forestal “Río Caura” a una figura jurídica mas restrictiva de las indicadas en la Ley Orgánica de la Ordenación del Territorio, los cuales una vez efectuados deberán ser consignados en el presente expediente a los fines de un pronunciamiento definitivo sobre la presente medida cautelar.

Así mismo determina este juzgador, que tal y como se ha reseñado en precedencia, esta cautela especial puede dictarse con prescindencia absoluta de una acción principal que le de soporte, con lo cual queda así satisfecho el segundo requisito expuesto en este capítulo, vale decir, el referido a la Prescindencia de la Judicialidad para este tipo de medida oficiosa anticipada.

Igualmente observa este sentenciador, que en el caso de dictarse una eventual medida oficiosa anticipada, la misma, al ser potestativa del Juez, pudiese ser modificada, en la medida que cambie el estado de las situaciones y/o bienes protegidos, vale decir, dependerá de la mutabilidad o inmutabilidad de la situación de hecho que le ha dado origen, por ello, la misma pudiese ser sustituida por otra u otras medidas, en el orden que así la situación fáctica y el interés social y colectivo lo amerite, con lo cual se cumpliría el tercer postulado aquí reseñado, vale decir, el referido a la Variabilidad de dicha medida especial oficiosa anticipada. Esta procederá de oficio o a instancia de parte interesada.

Por último, este sentenciador observa que una eventual medida cautelar anticipada, referida a la interrupción del riesgo de daños irreversibles a los ecosistemas y del legado cultural existente en la zona denominada “Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura”, cumpliría a todas luces, con el cuarto y último postulado de procedencia de este tipo de cautelas especiales, vale decir, con el requisito de “urgencia”, entendiendo la misma como una característica propia de toda medida preventiva, de la cual dependerá su eficacia y lo oportuno o no de la tutela judicial efectiva.

Ahora bien, Establecidas las consideraciones previas anteriores, vale decir, las dispuestas en los capítulos I, II, III, IV, V y VI de la presente justificación de cautela, pasa este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO, a pronunciarse a tenor de lo establecido en los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como sobre lo dispuesto en los artículos 163 y 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los fines de determinar si en el caso de autos, resulta procedente o no dictar alguna medida cautelar oficiosa anticipada, a cuyo efecto para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

Dispone nuestro texto constitucional, específicamente en lo referente al CAPÍTULO IX, De los Derechos Ambientales, lo siguiente, a saber:

Artículo 127 CRBV

…Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa partículoicipación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley…

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(subrayado de este tribunal).

Artículo 128 CRBV

…El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y partículoicipación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento…

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(subrayado de este tribunal).

Artículo 129 CRBV

…Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente..

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(subrayado de este tribunal).

Igualmente quien decide observa lo estipulado en el artículo 163 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario, a saber:

En todo estado y grado del proceso, el juez competente para conocer de las acciones agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales agrarios y de los recursos contenciosos administrativos agrarios velará por:

1. La continuidad de la producción agroalimentaria.

2. La continuidad en el entorno agrario de los servicios públicos.

   3 La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

4. El mantenimiento de la biodiversidad.

5. La conservación de la infraestructura productiva del Estado.

6. La cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo.

7. El establecimiento de condiciones favorables al entorno social e interés colectivo.

   A tales efectos, dictará de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta y conforme al supuesto de hecho de la norma que le sirva de fundamento contenida en el presente Decreto Ley, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, según corresponda.

   (subrayado de este tribunal)

   Así mismo, lo establecido en el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual es del siguiente tenor:

   Sic. “El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.”

   (subrayado de este tribunal).

   De las normas constitucionales y legales en comento puede colegirse sin lugar a dudas, que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de ella misma y en beneficio del mundo futuro, siendo el caso que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, en ese sentido podemos concluir, que es una obligación irrenunciable del Estado, la preservación del ambiente, la preservación de la diversidad biológica, de la genética, de los procesos ecológicos, de los parques nacionales y de los monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica, con lo cual, y en virtud a la consecución de tales objetivos, el Estado procurará siempre y en todos los casos, que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de los correspondientes y suficientes estudios de impacto ambiental y socio cultural.

   Igualmente de tal articulado, especialmente del 207 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario puede colegirse la magnitud y naturaleza jurídica del poder amplio y oficioso que poseen los jueces agrarios al momento de dictar medidas cautelares, pues, les permiten una mayor amplitud al momento de tener que decretar medidas cautelares, exista procedimiento judicial o no, ello en razón de la esencia y naturaleza de los mismos, cuyo fin, en el caso que nos ocupa, no es más que garantizar los principios del derecho agrario bajo los parámetros y garantías establecidas en los artículos 126, 127 y 128 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de salvaguardar, en el caso en estudio, de peligros inminentes o potenciales, a la biodiversidad y al medioambiente, por constituir tales situaciones, aspectos de soberanía y seguridad de Estado, quedando a criterio del juez, utilizando las reglas de la sana crítica y las máximas de experiencia, el determinar si es necesario el acordar o dictar las medidas oficiosas de protección, para lo que está facultado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como se esbozó en precedencia.

   En ese sentido, se le ha otorgado rango constitucional a la protección de la biodiversidad y del medio ambiente, como actividades accesorias agrarias, siendo catalogadas por el constituyente patrio, como de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico, cultural y social de la nación, así como para su conservación y aseguramiento para las futuras generaciones, tal y como lo disponen los artículos 126, 127 y 128 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela supra trascritos. Así pues, establecido lo anterior este sentenciador clarifica, que los principios de protección al medio ambiente, a la biodiversidad y las raíces culturales originarias, comporta, sin lugar a dudas, límites al ejercicio de los derechos económicos de los ciudadanos, derechos estos, también previstos y consagrados en la constitución y en las leyes, toda vez que, el Estado para darle cumplimiento, debe garantizar la protección de dichos elementos, así como el acceso a los mismos por parte de las futuras generaciones, ello por encima del interés particular, por las razones de desarrollo humano, económico y otras de interés social que fundamentan nuestro régimen socioeconómico. (Artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

   Así pues establecido lo anterior y siguiendo la misma línea de argumentación, este sentenciador observa, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 2, reconoció la importancia y la necesidad de preservar y asegurar la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental.

   En ese sentido señala el referido artículo:

   …La presente Ley tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones

   Del artículo precedentemente expuesto podemos colegir, que no puede haber crecimiento económico sustentable, si no se es capaz de asegurar efectivamente la vigencia de los derechos de protección ambiental, vital tanto para la presente como para las futuras generaciones que igualmente deberán servirse de los beneficios del medio ambiente.

   En ese sentido, el tema de las medidas cautelares o preventivas debe ser tratado con sumo cuidado por el juez agrario, ya que por una parte, las mismas resultarían proclives ha impedir cualquier interrupción de una actividad agroforestal en curso, cuando esta no es realizada mediante el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales existentes; y por la otra, la ley también le impone el deber de ser garante de la conservación de medio ambiente y los recursos naturales, por ser también uno de los interés supremos del Estado.

   La anterior consideración, implica la obligación que tiene el juzgador de velar porque la actividad económica agroforestal se desarrolle en f.a. con el medio ambiente, cuya protección debe catalogarse como materia de estricto orden público, evitando así su impacto nocivo y perjudicial sobre el mismo.

   Si bien es cierto, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario no prevé en forma expresa la facultad para dictar medidas de suspensión de la actividad agroforestal, no es menos cierto, que el juez agrario en los casos en que la misma efectivamente no cumpla con las regulaciones ambientales vigentes sobre los denominados A.B.R.A.E.S, parques nacionales, monumentos naturales por mencionar sólo tres, y sobre la base de la ponderación de intereses, deberá acordar la medida cautelar de paralización de la actividad, exista o no juicio previo, todo en aras de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, hasta tanto se adecue tal actividad a la vocación de uso de los suelos y a los planes de manejo dictados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

   Ahora bien, explanado lo anterior, este sentenciador para decidir observa, que del extenso y profuso análisis realizado por este juzgador al proyecto de Decreto en comento, se concluye, que el mismo individualmente considerado, representa sin lugar a dudas un peligro potencial de intervención, ocupación y desplazamiento, a la cual pudiese estar sometida la s.v. y las comunidades originarias no transculturizadas que viven en esta región natural, ello en virtud de considerar quien decide, que en el caso de conservarse la figura de reserva forestal sin mayor y más exhaustivo estudio de impacto ambiental y socio-cultural, se mantendría el peligro latente de intervención a un ecosistema de altísima fragilidad, y de imposible recuperación dadas las características únicas del mismo. Tal amenaza se ve reforzada en el texto mismo del proyecto de Decreto aquí analizado, dado que el mismo establece en su primer y segundo considerando, los planes claros de intervención de la precitada s.v., cuando dicta que la reserva forestal del Caura “fue creada como área para el mantenimiento de la producción forestal permanente para la industria nacional”.

   Igualmente observa quien decide, que en el artículo 1 del precitado proyecto, se señala que la ejecución de las actividades forestales allí permitidas, “puedan ser realizadas, tanto por el sector público como por el sector privado”, sin distingo específico de los mecanismos de control de acceso a las áreas de ecosistemas más vulnerables. Precisamente el numeral 2 del artículo 5 define claramente los “usos compatibles con los objetivos de esa figura como la Reserva Forestal El Caura”, que permite la ocupación e intervención, identificando “el potencial y demanda de los recursos naturales existentes en el área”.

   En el artículo 6, específicamente en el numeral 3 se plantea “el uso agroforestal” que entiende este sentenciador como la intención del proyectista, referida a que los árboles se siembren con los cultivos, promocionando así, el uso de todo tipo de agricultura, vale decir, hasta de la agricultura química sobre esta zona natural como Zona de Manejo Especial Agroforestal (ZMEA) con 120.500,°° hectáreas; Igualmente observa quien decide, que el artículo 20 plantea; que también en los programas que se van a aplicar deben “comprender acciones de extensión en el uso de biocidas o agroquímicos para la actividad forestal no maderable;” y como las comunidades que se van a instalar, forzosamente producirán desperdicios, también incluirá el “manejo de residuos y desechos sólidos de origen rural;”

   El artículo 7 plantea una zonificación, referidas a unidades de ordenamiento, que hacen prever a este sentenciador, el planteamiento de las diversas maneras en que se llevará a cabo el “uso de los sistemas ecológicos” de esta zona natural, promocionando “usos potenciales”, con la factibilidad de “actividades económicas”. Así se crearan las siguientes zonas:

   A).-Zona de Manejo Forestal No Maderable (ZMFNM) con una superficie de 916.200,00 has, Residencial Rural.

   B).-Zona de Manejo Forestal No maderable con Limitaciones (ZMFNML) con una superficie de 918.900,00 has Residencial Rural.

   C).-Zona de Manejo Especial Forestal No Maderable con Comunidades Indígenas (ZMEFNMCI) con una superficie de 213.400,00 has.

   D).-Zona de Protección Forestal Multiuso con Comunidades Indígenas (ZPFMCI): una superficie de 1.205.000,00 has., Residencial Rural.

   De una simple apreciación aritmética primaria se desprende, que toda estas cuatro (04) mega zonas anteriores, suman el 85 % de la reserva, con mas de tres millones de hectáreas (Has. 3.000.000,00), destinadas a la intervención con el uso Forestal – (Forestal No Maderable), que según el Artículo 41, comprende la utilización de la cubierta boscosa, para el “manejo forestal, dirigidos al aprovechamiento de especies no maderables (taninos, resinas, gomas, látex, palmas, entre otros” eso significa que como algunas zonas selváticas de la amazonia brasileña en el estado de Acre, los bosques, quedaron a final para suministrar materia prima para industrias que producen artículos de simple curiosidad y de consumo masivo. Todas estas actividades extractivas representan actividades de intervención económica de estos santuarios de v.s., por lo cual considera este sentenciador, que tal articulado, comprende también “las actividades asociadas con el almacenamiento y traslado de la materia prima extraída de la Reserva Forestal El Caura.”

   En ese orden de ideas este Juzgador considera, que la biodiversidad de esta zona corre potencial peligro de quedar expuesta y amenazada, si no se realizan los estudios de impacto ambiental complementarios supra reseñados en la precitada cuenca v.d.C., dado que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, de conformidad con la normativa legal vigente, podrá autorizar a través del Artículo 60 “La extracción o recolección de especimenes de organismos vivos de cualquier fuente incluyendo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia, así como la extracción de suelos, con fines científicos”. Todo este plan de intervención en esta zona actualmente de reserva forestal, carece a juicio de quien decide de justificación, ya que incluso para este anteproyecto en el artículo 14, se determinó que “las áreas con sistemas ecológicos degradados y representadas por áreas deterioradas debido a las actividades agropecuarias de intensidad, donde se produce gran impacto sobre la vegetación, la fauna, los suelos y el material geológico” son apenas de 19.860,00 hectáreas, vale decir, el 0,5 % de toda la reserva, lo que conduce a este sentenciador a determinar, que “son áreas marginales de pequeñas superficies diseminadas en toda la Reserva Forestal El Caura”.

   Por otra parte determina quien decide, que aunque según el artículo 51 de dicho proyecto de Decreto, el llamado “Uso Residencial Rural”, está referido específicamente “a los centros poblados y caseríos consolidados”, resulta evidente, que estos se contabilizan en apenas 28 centros poblados pequeños, en una zona casi del tamaño de la región centro occidental que ocupan varios estados, más sin embargo, los planes económicos forestales para esta reserva, deberán concretarse lógicamente con poblaciones que aparecerán a medida que se ocupe gran parte del espacio virgen de esta región y siendo el caso, que dicho anteproyecto de zonificación permite el uso residencial rural; es decir, la ocupación poblacional no indígena en mas de un 80 %, se corre un evidente peligro de transculturización de las poblaciones indígenas originarias, con los problemas sanitarios y sociales que la misma conlleva. En este sentido considera quien decide, que de no determinarse efectivamente que tal situación no ocurriría, se correría el riesgo que en la medida que se vaya ocupando la zona con poblaciones no indígenas, o que se utilicen estas zonas naturales con actividades donde podría estar incluida la minería de extracción a cielo abierto, mediante el uso de dragado y/o barrido por alta presión de agua, con el inevitable uso de metales pesados no degradables como el mercurio, con lo cual se atentaría de manera irreparable contra la salud, cultura y cosmogonía de todas las culturas ancestrales allí presentes, cercenando la posibilidad a las futuras generaciones, a un conocimiento exacto y racionalizado de su herencia cultural precolombina originaria.

   Igualmente observa este sentenciador, que del precitado proyecto de Decreto se desprende, que para desarrollar todo el cúmulo de rentables actividades económicas sobre dicho bosque ancestral, deberán establecerse poblaciones que necesitarán mas tarde viviendas, carreteras, puentes, electricidad, acueductos etc., en ese sentido el artículo 22 de dicho proyecto plantea, que todo programa de infraestructura que tendrá como objetivo “el desarrollo de la infraestructura de apoyo y servicio, comunes a todas las actividades que se realicen dentro de la Reserva Forestal El Caura.”, ello sin menoscabo a la existencia de poblaciones indígenas originarias esparcidas desde casi la confluencia del Caura con el Orinoco, hasta la frontera con la República Federal del Brasil, con lo cual dichas comunidades, solamente tendrán para uso exclusivo el extremo suroccidental de la cuenca en un area de 444.000 hectáreas, Como Zona de Alta Preservación con Comunidades Indígenas (ZAPCI), esto representa apenas el 11,5 % de toda la cuenca.

   Así mismo observa quien decide, que el artículo 16 de dicho proyecto de Decreto, presenta un Programa de Gestión, que incluye llevar a cabo este plan con toda intensidad a través de “la asignación oportuna de recursos físicos, humanos, institucionales, tecnológicos y financieros necesarios para la correcta aplicación del Plan de Ordenamiento”, que incluye tanto a indígenas como a no indígenas.

   Igualmente observa este juzgador, que en el numeral 2 existe un Sub-Programa de Control de Gestión junto al artículo 31, el cual define el proceso de permisos para desarrollar las actividades económicas, que se empezaran a promover sobre esta zona natural al “abordar la evaluación de las solicitudes para la ocupación del territorio y afectación de los recursos naturales renovables”.

   Con el artículo 17 se establece un “Programa de Manejo Forestal”, el cual tiene como objetivo investigar y ubicar los lugares de la selva para extraer las materias primas para así “evaluar las áreas para el aprovechamiento forestal no maderable, y considerar estudios para determinar el potencial de uso de producción no maderable”; Así el Artículo 55, dispone “La construcción de infraestructura de apoyo para el desarrollo de las actividades forestales” Hasta el pase de cableados eléctricos y líneas de alta tensión serán permitidos con el artículo 53 del precitado proyecto.

   Igualmente observa este sentenciador, que el artículo 46 de dicho proyecto de Decreto, obliga directamente a las comunidades indígenas originarias no transculturizadas de esta zona, a someterse a las actividades económicas forestales al plantear que “Las actividades tradicionales indígenas se desarrollaran en asociación con el aprovechamiento forestal no maderable del bosque”, tal situación se ve reforzada en lo dispuesto en el artículo 47 ejusdem, cuando dispone “Las actividades tradicionales incluyendo el conuco y la pesca no comercial, se permitirán en la Zona de Manejo Especial Agroforestal (ZMEA), con sujeción a lo establecido en el presente Decreto”.

   Así pues, en base a la línea de argumentación ampliamente explanada en la parte motiva de la presente medida oficiosa y en torno al articulado legal y constitucional supra reseñado en la misma, este Juzgado Superior Primero Agrario, en el caso que nos ocupa, a fin de prestar una tutela preventiva e idónea, y tomando en cuenta que la presente decisión tiene carácter eminentemente asegurativa y provisional, tal como se dispone en la norma contenida en el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, decreta Formal Medida Cautelar Innominada Oficiosa Anticipada Especial Agraria, referida a que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de la República Bolivariana de Venezuela, difiera las actividades destinadas a la discusión, difusión, implementación y posterior sometimiento para su promulgación al Ejecutivo Nacional, del Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la denominada “Reserva Forestal del Caura”, hasta tanto sean elaborados todos y cada uno de los estudios de factibilidad, de impacto ambiental, de impacto económico, de impacto social y de impacto cultural necesarios, así como la consulta pública, para un eventual cambio de Reserva Forestal “Río Caura” a una figura jurídica mas restrictiva de las indicadas en la Ley Orgánica de la Ordenación del Territorio, los cuales una vez efectuados deberan ser consignados en el presente expediente a los fines de un pronunciamiento definitivo sobre la presente medida cautelar. Todo en el territorio que comprende la precitada “Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura”, la cual se encuentra comprendida sobre una superficie de aproximadamente cinco millones ciento cuarenta y tres mil hectáreas (5.143.000 Has.), ubicadas en la formación geológica precámbrica denominada “El Escudo Guayanés del estado Bolívar”, abarcando en su total extensión el “Parque Nacional Jaua-Sarisariñama y los monumentos nacionales “Cerro Guaiquinima”; “Sierra Maigualida”; “Cerro Ichún”; “Cerro Guanacoco” y “Cataratas de Para”, todos pertenecientes a la formación “Roraima”. Y así se decide.

   Por último, la presente medida cautelar acordada, se decreta sin perjuicio de ratificarla, dejarla sin efecto o decretar otras medidas cautelares distintas a las aquí acordadas, en caso de ser necesario. Así se decide.

   -VII-

   D I S P O S I T I V O

   Por las razones antes expuestas, éste Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, haciendo uso de las facultades cautelares oficiosas que le otorga el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en ejecución directa de la normativa constitucional aquí indicada, decide:

De conformidad con lo dispuesto en 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en los artículos 163 y 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Jurisprudencia vinculante emanada del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional de fecha 09 de mayo de 2006, sentencia número 962, decreta: formal y oficiosa medida cautelar innominada anticipada especial agraria, referida a que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, difiera las actividades destinadas a la discusión, difusión, implementación y posterior sometimiento para su promulgación al Ejecutivo Nacional, del Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la denominada “Reserva Forestal del Caura”, hasta tanto sean elaborados todos y cada uno de los estudios de factibilidad, de impacto ambiental, de impacto económico, de impacto social y de impacto cultural necesarios, así como la consulta pública, para un eventual cambio de Reserva Forestal “Río Caura” a una figura jurídica mas restrictiva de las indicadas en la Ley Orgánica de la Ordenación del Territorio, los cuales una vez efectuados deberán ser consignados en el presente expediente a los fines de un pronunciamiento definitivo sobre la presente medida cautelar. Todo en el territorio que comprende la denominada “Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura”, la cual se encuentra comprendida sobre una superficie de aproximadamente cinco millones ciento cuarenta y tres mil hectáreas (5.143.000 has.), ubicadas en la formación geológica precámbrica denominada “El Escudo Guayanés del estado Bolívar”, abarcando en su total extensión el “Parque Nacional Jaua-Sarisariñama y los monumentos nacionales “Cerro Guaiquinima”; “Sierra Maigualida”; “Cerro Ichún”; “Cerro Guanacoco” y “Cataratas de Para”, todos pertenecientes a la formación “Roraima”, ello en virtud de considerar quien aquí decide, que de promulgarse el Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la denominada “Reserva Forestal el Caura”, en los términos allí previstos, pudiese constituir peligro potencial de graves e irreparables daños de depredación, intervención, ocupación y desplazamiento de los ecosistemas prístinos y de la biodiversidad allí existentes, así como de las comunidades originarias precolombinas no transculturizadas que habitan desde tiempos ancestrales en esa región natural, con el ánimo de salvaguardar de oficio los intereses colectivos y difusos de los ciudadanos venezolanos actuales y de las generaciones por venir, por considerarse la materia agrario-ambiental de estricto orden público procesal agrario y en cabal observancia a los principios de conservación del ambiente y mantenimiento de la biodiversidad; de la cesación de actos que puedan perjudicar el interés social y colectivo de los ciudadanos; de la preservación de las culturas ancestrales originarias y del establecimiento de condiciones favorables al desarrollo bio-sustentable. Y así se decide.

Se ordena la publicación de un cartel de notificación en un diario de circulación nacional, dirigido a todas aquellas personas que con un simple interés deseen hacer formal oposición a la presente medida, o en su defecto adherirse a la misma. Todo ello de conformidad con los artículos 230 y 233 del Código de Procedimiento Civil aplicables estos de manera supletoria y por remisión expresa del artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Notifíquese al Ministro del Poder Popular para el Ambiente, a los fines de que ejerza, en caso que así lo considere pertinente, el correspondiente contradictorio, conforme a las previsiones indicadas en éste fallo, una vez consignado en el expediente en cartel de notificación indicado en el particular anterior.

Notifíquese a la Procuradora General de la República.

Notifíquese a la Fiscala General de la República

Notifíquese a la Defensora del Pueblo.

Notifíquese a la Defensoría Pública Agraria.

-V-

P U B L Í Q U E S E Y R E G Í S T R E S E

Debidamente firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas, con competencia como Tribunal de Primera Instancia en materia Contencioso Administrativo Especial Agrario y Expropiación Agraria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, 167 y 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, con sede en el Municipio Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, a los once (11) días del mes de enero de dos mil ocho (2.008). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

EL JUEZ,

DR. H.G.B..

LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABG. C.J. BELLO M.

En la misma fecha, y siendo las Once y Treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIATEMPORAL

HGB/lag/jlam.

rganismos de la administración pública que dicten los actos administrativos que conlleven peligro inminente de desmejoramiento, interferencia o destrucción de la producción agraria y/o la preservación de los recursos naturales.

Finalmente, y como bien lo establece la jurisprudencia antes indicada, este tribunal insta al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y cualquier ciudadano con un simple interés, a ejercer el correspondiente contradictorio, una vez que consten en autos las resultas de las notificaciones de Ley, conforme al procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y así se decide.

-VI-

DE LA COMPETENCIA MATERIAL, FUNCIONAL DE ESTE JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO, PARA DICTAR UNA EVENTUAL MEDIDA CAUTELAR OFICIOSA INNOMINADA ANTICIPADA ESPECIAL AGRARIA, SOBRE EL TERRENO QUE COMPRENDE LA “SELVA VIRGEN DE LA CUENCA DEL RIO CAURA”

Así pues, establecido lo anterior considera necesario quien decide, pasar de seguida a establecer algunas consideraciones doctrinarias acerca de la naturaleza jurídica de la media oficiosa aquí considerada, muy especialmente en lo relativo a la competencia de este Juzgado Superior Primero Agrario para dictar eventualmente la misma, y en ese sentido este sentenciador observa:

Que toda medida preventiva por su naturaleza jurídica, en principio se encuentra alineada en el marco del derecho privado, en contraposición, en el caso del Derecho Agrario, visto como derecho eminentemente social y de trascendental importancia para el cumplimiento de los f.d.E. en cuanto a la seguridad agroalimentaria, desarrollo sustentable y protección al ambiente, tales medidas cautelares deben resultar cónsonas con los intereses efectivamente tutelados por el derecho, por ello resultan extensivas tanto al interés social y colectivo, al entorno social, así como a los bienes de producción agrícola.

Ahora bien, tal división es lo que efectivamente marca la diferencia entre las medidas preventivas en un juicio agrario y un juicio civil - mercantil, es que en el caso de éste último las mismas se dictan para tutelar intereses particulares que aseguren los bienes litigiosos y evitando la insolvencia del demandado antes de la sentencia, mientras que en el primero como señalábamos, se dictan fundamentalmente en resguardo del interés del social y colectivo, de allí que puedan ser dictadas aun de oficio, e incluso con prescindencia de juicio previo.

Por otro lado, quien decide observa que de la sentencia dictada en fecha 9 de mayo de 2.006, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que sirvió de marco legal para el proferimiento de la presente medida cautelar, no se evidencia de forma alguna la delimitación expresa para la competencia por el territorio de los Juzgados Superiores Agrarios para dictar las medidas en defensa del ambiente, ello en el entendido que la misma procura la tutela de los derechos colectivos y difusos y en casos excepcionales donde se encuentre en riesgo la continuidad de la producción agroalimentaria y en el caso que nos ocupa la protección al ambiente.

Conforme lo anteriormente expuesto, este sentenciador formalmente declara, su absoluta e inequívoca competencia funcional, material y territorial para dictar una posible y eventual medida cautelar innominada oficiosa anticipada especial agraria de protección, referida a evitar la consecución de posibles y potenciales daños de depredación, intervención, explotación controlada, ocupación y desplazamiento de los ecosistemas presentes en la zona conocida como “Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura”, así como de las comunidades originarias precolombinas no transculturizadas que habitan desde tiempos ancestrales en esa región natural, que pudiesen materializarse con la aprobación del precitado “Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la “Reserva Forestal El Caura” y las Áreas bajo Régimen de Administración Especial”. Todo en el entendido que la misma sería eventualmente dictada por una autoridad judicial especial agraria, actuando dentro del ámbito de su competencia funcionarial y jurisdiccional; Que igualmente sería dictada sobre materia de estricto orden público procesal agrario de protección a la biodiversidad y al medio ambiente y por último, que el posible daño sería originado por un acto administrativo emanado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, el cual, como es de conocimiento público, tiene su asiento administrativo en el Distrito Metropolitano de Caracas junto al resto de los demás entes gubernamentales ministeriales de la República. Razones suficientes por la cual este Juzgado Superior Primero Agrario se declara competente y así se decide.-

Por otra parte, con la entrada en vigencia del texto constitucional de 1.999 y la consagración del derecho a la tutela judicial efectiva, conformado por otros derechos, como lo son: el derecho a tener acceso a la justicia, el derecho a intentar todas las acciones y recursos procedentes en vía judicial, el derecho a la tutela judicial cautelar y el derecho a la ejecución del fallo; de conformidad con los artículos 26 y 257 de la carta magna, el juez cautelar especial agrario, quedo efectivamente habilitado para emitir todo tipo de medida cautelar que se requiera en el marco de los principios rectores del derecho agrario, esto es, que dicho juez, detenta el poder de decretar todo tipo de mandamientos, como la suspensión del acto recurrido, medidas positivas e incluso anticipativas ante la actividad o inactividad administrativa, incluyendo la suspensión de los actos de efectos particulares o generales ante las actuaciones materiales y vías de hecho de particulares y entes estatales agrarios.

En este orden de ideas, la jurisprudencia patria ha reiterado de forma pacífica, “Que el poder cautelar que le confiere la Constitución y leyes al juez contencioso administrativo especial, viene dado por el hecho de tener la potestad de ejecutar o hacer ejecutar cualquier medida cautelar, siendo el único criterio que debe ser siempre valorado por este para la adopción de la misma, la concurrencia de requisitos como los son: el fumus boni juris, el periculum in mora y la ponderación de intereses colectivos en conflicto”, a saber:

En el caso del fumus boni iuris, o presunción del buen derecho, el mismo resultaría evidentemente el interés social y colectivo y los derechos difusos y colectivos tutelados por el Estado, en el caso en particular, el derecho de las comunidades originarias precolombinas no transculturizadas que habitan desde tiempos ancestrales en esa región natural, y en general el derecho de todo ciudadano y ciudadana de mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, así como la diversidad biológica, los recursos genéticos y los procesos ecológicos existentes en la Reserva Forestal del Rio Caura.

En cuanto al periculum in mora, el mismo lo representa el riesgo de promulgarse el Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la denominada “Reserva Forestal el Caura”, en los términos allí previstos, pudiendo constituir peligro potencial de graves e irreparables daños de depredación, intervención, ocupación, explotación y desplazamiento de los ecosistemas prístinos, comunidades autóctonas y de la biodiversidad existentes en la Reserva Forestal Rio Caura, si antes no se realizan los estudios necesarios para el otorgamiento de una figura jurídica mas restrictiva para esa región natural

Es importante señalar, que el poder cautelar del juez agrario alcanza a cualquier medida innominada que crea prudente en cada caso en concreto, justificable claro esta, en la medida en que así la causa sometida a su conocimiento y el interés social y colectivo lo requiera.

Ahora bien establecido lo anterior, este sentenciador observa, que la cautela oficiosa anticipada, en su condición de medida extraordinaria, requiere para su dictamen el cumplimiento cabal de una serie de requisitos de procedencia, los cuales podemos resumir de la manera siguiente:

A).-Temporalidad: Consiste en que la medida acordada de oficio, durará mientras persista el riesgo que dio origen, por ello deberá revocarse, cuando hayan cesados los hechos que la motivaron o cuando hayan variado las circunstancias iniciales que la justificaron.

B).-Prescindencia de la Judicialidad: Tal y como lo dispone la norma especial adjetiva contenida en el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, esta cautela especial puede dictarse con prescindencia absoluta de una acción principal que le de soporte.

C).-Variabilidad: Las medidas adoptadas de oficio al ser potestativas del Juez, pueden ser modificadas, en la medida que cambie el estado de cosas para el momento en que las dictó, es decir, dependen de la mutabilidad o inmutabilidad de la situación de hecho que les dio origen, por ello, al estar diseñadas para ser aplicadas en nuestro variable medio rural, las mismas pueden ser sustituidas por otras medidas, en la orden que así la situación fáctica y el interés social y colectivo lo amerite.

D).-Urgencia: La urgencia es una característica propia de toda medida preventiva, de allí dependerá su eficacia y lo oportuno o no de la tutela judicial efectiva, en ese sentido, debe ser realizable a través de medios efectivos y rápidos que intervengan en vanguardia de una situación de hecho.

Ahora bien, expuesto lo anterior, este Tribunal observa: en el presente caso, la presente medida se mantendrá hasta tanto sean elaborados todos y cada uno de los estudios de factibilidad, de impacto ambiental, de impacto económico, de impacto social y de impacto cultural necesarios, así como la consulta pública, para un eventual cambio de Reserva Forestal “Río Caura” a una figura jurídica mas restrictiva de las indicadas en la Ley Orgánica de la Ordenación del Territorio, los cuales una vez efectuados deberán ser consignados en el presente expediente a los fines de un pronunciamiento definitivo sobre la presente medida cautelar.

Así mismo determina este juzgador, que tal y como se ha reseñado en precedencia, esta cautela especial puede dictarse con prescindencia absoluta de una acción principal que le de soporte, con lo cual queda así satisfecho el segundo requisito expuesto en este capítulo, vale decir, el referido a la Prescindencia de la Judicialidad para este tipo de medida oficiosa anticipada.

Igualmente observa este sentenciador, que en el caso de dictarse una eventual medida oficiosa anticipada, la misma, al ser potestativa del Juez, pudiese ser modificada, en la medida que cambie el estado de las situaciones y/o bienes protegidos, vale decir, dependerá de la mutabilidad o inmutabilidad de la situación de hecho que le ha dado origen, por ello, la misma pudiese ser sustituida por otra u otras medidas, en el orden que así la situación fáctica y el interés social y colectivo lo amerite, con lo cual se cumpliría el tercer postulado aquí reseñado, vale decir, el referido a la Variabilidad de dicha medida especial oficiosa anticipada. Esta procederá de oficio o a instancia de parte interesada.

Por último, este sentenciador observa que una eventual medida cautelar anticipada, referida a la interrupción del riesgo de daños irreversibles a los ecosistemas y del legado cultural existente en la zona denominada “Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura”, cumpliría a todas luces, con el cuarto y último postulado de procedencia de este tipo de cautelas especiales, vale decir, con el requisito de “urgencia”, entendiendo la misma como una característica propia de toda medida preventiva, de la cual dependerá su eficacia y lo oportuno o no de la tutela judicial efectiva.

Ahora bien, Establecidas las consideraciones previas anteriores, vale decir, las dispuestas en los capítulos I, II, III, IV, V y VI de la presente justificación de cautela, pasa este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO, a pronunciarse a tenor de lo establecido en los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como sobre lo dispuesto en los artículos 163 y 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los fines de determinar si en el caso de autos, resulta procedente o no dictar alguna medida cautelar oficiosa anticipada, a cuyo efecto para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

Dispone nuestro texto constitucional, específicamente en lo referente al CAPÍTULO IX, De los Derechos Ambientales, lo siguiente, a saber:

Artículo 127 CRBV

…Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa partículoicipación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley…

.

(subrayado de este tribunal).

Artículo 128 CRBV

…El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y partículoicipación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento…

.

(subrayado de este tribunal).

Artículo 129 CRBV

…Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente..

.

(subrayado de este tribunal).

Igualmente quien decide observa lo estipulado en el artículo 163 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario, a saber:

En todo estado y grado del proceso, el juez competente para conocer de las acciones agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales agrarios y de los recursos contenciosos administrativos agrarios velará por:

1. La continuidad de la producción agroalimentaria.

2. La continuidad en el entorno agrario de los servicios públicos.

   3 La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

4. El mantenimiento de la biodiversidad.

5. La conservación de la infraestructura productiva del Estado.

6. La cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo.

7. El establecimiento de condiciones favorables al entorno social e interés colectivo.

   A tales efectos, dictará de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta y conforme al supuesto de hecho de la norma que le sirva de fundamento contenida en el presente Decreto Ley, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, según corresponda.

   (subrayado de este tribunal)

   Así mismo, lo establecido en el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual es del siguiente tenor:

   Sic. “El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.”

   (subrayado de este tribunal).

   De las normas constitucionales y legales en comento puede colegirse sin lugar a dudas, que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de ella misma y en beneficio del mundo futuro, siendo el caso que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, en ese sentido podemos concluir, que es una obligación irrenunciable del Estado, la preservación del ambiente, la preservación de la diversidad biológica, de la genética, de los procesos ecológicos, de los parques nacionales y de los monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica, con lo cual, y en virtud a la consecución de tales objetivos, el Estado procurará siempre y en todos los casos, que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de los correspondientes y suficientes estudios de impacto ambiental y socio cultural.

   Igualmente de tal articulado, especialmente del 207 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario puede colegirse la magnitud y naturaleza jurídica del poder amplio y oficioso que poseen los jueces agrarios al momento de dictar medidas cautelares, pues, les permiten una mayor amplitud al momento de tener que decretar medidas cautelares, exista procedimiento judicial o no, ello en razón de la esencia y naturaleza de los mismos, cuyo fin, en el caso que nos ocupa, no es más que garantizar los principios del derecho agrario bajo los parámetros y garantías establecidas en los artículos 126, 127 y 128 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de salvaguardar, en el caso en estudio, de peligros inminentes o potenciales, a la biodiversidad y al medioambiente, por constituir tales situaciones, aspectos de soberanía y seguridad de Estado, quedando a criterio del juez, utilizando las reglas de la sana crítica y las máximas de experiencia, el determinar si es necesario el acordar o dictar las medidas oficiosas de protección, para lo que está facultado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como se esbozó en precedencia.

   En ese sentido, se le ha otorgado rango constitucional a la protección de la biodiversidad y del medio ambiente, como actividades accesorias agrarias, siendo catalogadas por el constituyente patrio, como de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico, cultural y social de la nación, así como para su conservación y aseguramiento para las futuras generaciones, tal y como lo disponen los artículos 126, 127 y 128 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela supra trascritos. Así pues, establecido lo anterior este sentenciador clarifica, que los principios de protección al medio ambiente, a la biodiversidad y las raíces culturales originarias, comporta, sin lugar a dudas, límites al ejercicio de los derechos económicos de los ciudadanos, derechos estos, también previstos y consagrados en la constitución y en las leyes, toda vez que, el Estado para darle cumplimiento, debe garantizar la protección de dichos elementos, así como el acceso a los mismos por parte de las futuras generaciones, ello por encima del interés particular, por las razones de desarrollo humano, económico y otras de interés social que fundamentan nuestro régimen socioeconómico. (Artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

   Así pues establecido lo anterior y siguiendo la misma línea de argumentación, este sentenciador observa, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 2, reconoció la importancia y la necesidad de preservar y asegurar la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental.

   En ese sentido señala el referido artículo:

   …La presente Ley tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones

   Del artículo precedentemente expuesto podemos colegir, que no puede haber crecimiento económico sustentable, si no se es capaz de asegurar efectivamente la vigencia de los derechos de protección ambiental, vital tanto para la presente como para las futuras generaciones que igualmente deberán servirse de los beneficios del medio ambiente.

   En ese sentido, el tema de las medidas cautelares o preventivas debe ser tratado con sumo cuidado por el juez agrario, ya que por una parte, las mismas resultarían proclives ha impedir cualquier interrupción de una actividad agroforestal en curso, cuando esta no es realizada mediante el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales existentes; y por la otra, la ley también le impone el deber de ser garante de la conservación de medio ambiente y los recursos naturales, por ser también uno de los interés supremos del Estado.

   La anterior consideración, implica la obligación que tiene el juzgador de velar porque la actividad económica agroforestal se desarrolle en f.a. con el medio ambiente, cuya protección debe catalogarse como materia de estricto orden público, evitando así su impacto nocivo y perjudicial sobre el mismo.

   Si bien es cierto, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario no prevé en forma expresa la facultad para dictar medidas de suspensión de la actividad agroforestal, no es menos cierto, que el juez agrario en los casos en que la misma efectivamente no cumpla con las regulaciones ambientales vigentes sobre los denominados A.B.R.A.E.S, parques nacionales, monumentos naturales por mencionar sólo tres, y sobre la base de la ponderación de intereses, deberá acordar la medida cautelar de paralización de la actividad, exista o no juicio previo, todo en aras de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, hasta tanto se adecue tal actividad a la vocación de uso de los suelos y a los planes de manejo dictados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

   Ahora bien, explanado lo anterior, este sentenciador para decidir observa, que del extenso y profuso análisis realizado por este juzgador al proyecto de Decreto en comento, se concluye, que el mismo individualmente considerado, representa sin lugar a dudas un peligro potencial de intervención, ocupación y desplazamiento, a la cual pudiese estar sometida la s.v. y las comunidades originarias no transculturizadas que viven en esta región natural, ello en virtud de considerar quien decide, que en el caso de conservarse la figura de reserva forestal sin mayor y más exhaustivo estudio de impacto ambiental y socio-cultural, se mantendría el peligro latente de intervención a un ecosistema de altísima fragilidad, y de imposible recuperación dadas las características únicas del mismo. Tal amenaza se ve reforzada en el texto mismo del proyecto de Decreto aquí analizado, dado que el mismo establece en su primer y segundo considerando, los planes claros de intervención de la precitada s.v., cuando dicta que la reserva forestal del Caura “fue creada como área para el mantenimiento de la producción forestal permanente para la industria nacional”.

   Igualmente observa quien decide, que en el artículo 1 del precitado proyecto, se señala que la ejecución de las actividades forestales allí permitidas, “puedan ser realizadas, tanto por el sector público como por el sector privado”, sin distingo específico de los mecanismos de control de acceso a las áreas de ecosistemas más vulnerables. Precisamente el numeral 2 del artículo 5 define claramente los “usos compatibles con los objetivos de esa figura como la Reserva Forestal El Caura”, que permite la ocupación e intervención, identificando “el potencial y demanda de los recursos naturales existentes en el área”.

   En el artículo 6, específicamente en el numeral 3 se plantea “el uso agroforestal” que entiende este sentenciador como la intención del proyectista, referida a que los árboles se siembren con los cultivos, promocionando así, el uso de todo tipo de agricultura, vale decir, hasta de la agricultura química sobre esta zona natural como Zona de Manejo Especial Agroforestal (ZMEA) con 120.500,°° hectáreas; Igualmente observa quien decide, que el artículo 20 plantea; que también en los programas que se van a aplicar deben “comprender acciones de extensión en el uso de biocidas o agroquímicos para la actividad forestal no maderable;” y como las comunidades que se van a instalar, forzosamente producirán desperdicios, también incluirá el “manejo de residuos y desechos sólidos de origen rural;”

   El artículo 7 plantea una zonificación, referidas a unidades de ordenamiento, que hacen prever a este sentenciador, el planteamiento de las diversas maneras en que se llevará a cabo el “uso de los sistemas ecológicos” de esta zona natural, promocionando “usos potenciales”, con la factibilidad de “actividades económicas”. Así se crearan las siguientes zonas:

   A).-Zona de Manejo Forestal No Maderable (ZMFNM) con una superficie de 916.200,00 has, Residencial Rural.

   B).-Zona de Manejo Forestal No maderable con Limitaciones (ZMFNML) con una superficie de 918.900,00 has Residencial Rural.

   C).-Zona de Manejo Especial Forestal No Maderable con Comunidades Indígenas (ZMEFNMCI) con una superficie de 213.400,00 has.

   D).-Zona de Protección Forestal Multiuso con Comunidades Indígenas (ZPFMCI): una superficie de 1.205.000,00 has., Residencial Rural.

   De una simple apreciación aritmética primaria se desprende, que toda estas cuatro (04) mega zonas anteriores, suman el 85 % de la reserva, con mas de tres millones de hectáreas (Has. 3.000.000,00), destinadas a la intervención con el uso Forestal – (Forestal No Maderable), que según el Artículo 41, comprende la utilización de la cubierta boscosa, para el “manejo forestal, dirigidos al aprovechamiento de especies no maderables (taninos, resinas, gomas, látex, palmas, entre otros” eso significa que como algunas zonas selváticas de la amazonia brasileña en el estado de Acre, los bosques, quedaron a final para suministrar materia prima para industrias que producen artículos de simple curiosidad y de consumo masivo. Todas estas actividades extractivas representan actividades de intervención económica de estos santuarios de v.s., por lo cual considera este sentenciador, que tal articulado, comprende también “las actividades asociadas con el almacenamiento y traslado de la materia prima extraída de la Reserva Forestal El Caura.”

   En ese orden de ideas este Juzgador considera, que la biodiversidad de esta zona corre potencial peligro de quedar expuesta y amenazada, si no se realizan los estudios de impacto ambiental complementarios supra reseñados en la precitada cuenca v.d.C., dado que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, de conformidad con la normativa legal vigente, podrá autorizar a través del Artículo 60 “La extracción o recolección de especimenes de organismos vivos de cualquier fuente incluyendo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia, así como la extracción de suelos, con fines científicos”. Todo este plan de intervención en esta zona actualmente de reserva forestal, carece a juicio de quien decide de justificación, ya que incluso para este anteproyecto en el artículo 14, se determinó que “las áreas con sistemas ecológicos degradados y representadas por áreas deterioradas debido a las actividades agropecuarias de intensidad, donde se produce gran impacto sobre la vegetación, la fauna, los suelos y el material geológico” son apenas de 19.860,00 hectáreas, vale decir, el 0,5 % de toda la reserva, lo que conduce a este sentenciador a determinar, que “son áreas marginales de pequeñas superficies diseminadas en toda la Reserva Forestal El Caura”.

   Por otra parte determina quien decide, que aunque según el artículo 51 de dicho proyecto de Decreto, el llamado “Uso Residencial Rural”, está referido específicamente “a los centros poblados y caseríos consolidados”, resulta evidente, que estos se contabilizan en apenas 28 centros poblados pequeños, en una zona casi del tamaño de la región centro occidental que ocupan varios estados, más sin embargo, los planes económicos forestales para esta reserva, deberán concretarse lógicamente con poblaciones que aparecerán a medida que se ocupe gran parte del espacio virgen de esta región y siendo el caso, que dicho anteproyecto de zonificación permite el uso residencial rural; es decir, la ocupación poblacional no indígena en mas de un 80 %, se corre un evidente peligro de transculturización de las poblaciones indígenas originarias, con los problemas sanitarios y sociales que la misma conlleva. En este sentido considera quien decide, que de no determinarse efectivamente que tal situación no ocurriría, se correría el riesgo que en la medida que se vaya ocupando la zona con poblaciones no indígenas, o que se utilicen estas zonas naturales con actividades donde podría estar incluida la minería de extracción a cielo abierto, mediante el uso de dragado y/o barrido por alta presión de agua, con el inevitable uso de metales pesados no degradables como el mercurio, con lo cual se atentaría de manera irreparable contra la salud, cultura y cosmogonía de todas las culturas ancestrales allí presentes, cercenando la posibilidad a las futuras generaciones, a un conocimiento exacto y racionalizado de su herencia cultural precolombina originaria.

   Igualmente observa este sentenciador, que del precitado proyecto de Decreto se desprende, que para desarrollar todo el cúmulo de rentables actividades económicas sobre dicho bosque ancestral, deberán establecerse poblaciones que necesitarán mas tarde viviendas, carreteras, puentes, electricidad, acueductos etc., en ese sentido el artículo 22 de dicho proyecto plantea, que todo programa de infraestructura que tendrá como objetivo “el desarrollo de la infraestructura de apoyo y servicio, comunes a todas las actividades que se realicen dentro de la Reserva Forestal El Caura.”, ello sin menoscabo a la existencia de poblaciones indígenas originarias esparcidas desde casi la confluencia del Caura con el Orinoco, hasta la frontera con la República Federal del Brasil, con lo cual dichas comunidades, solamente tendrán para uso exclusivo el extremo suroccidental de la cuenca en un area de 444.000 hectáreas, Como Zona de Alta Preservación con Comunidades Indígenas (ZAPCI), esto representa apenas el 11,5 % de toda la cuenca.

   Así mismo observa quien decide, que el artículo 16 de dicho proyecto de Decreto, presenta un Programa de Gestión, que incluye llevar a cabo este plan con toda intensidad a través de “la asignación oportuna de recursos físicos, humanos, institucionales, tecnológicos y financieros necesarios para la correcta aplicación del Plan de Ordenamiento”, que incluye tanto a indígenas como a no indígenas.

   Igualmente observa este juzgador, que en el numeral 2 existe un Sub-Programa de Control de Gestión junto al artículo 31, el cual define el proceso de permisos para desarrollar las actividades económicas, que se empezaran a promover sobre esta zona natural al “abordar la evaluación de las solicitudes para la ocupación del territorio y afectación de los recursos naturales renovables”.

   Con el artículo 17 se establece un “Programa de Manejo Forestal”, el cual tiene como objetivo investigar y ubicar los lugares de la selva para extraer las materias primas para así “evaluar las áreas para el aprovechamiento forestal no maderable, y considerar estudios para determinar el potencial de uso de producción no maderable”; Así el Artículo 55, dispone “La construcción de infraestructura de apoyo para el desarrollo de las actividades forestales” Hasta el pase de cableados eléctricos y líneas de alta tensión serán permitidos con el artículo 53 del precitado proyecto.

   Igualmente observa este sentenciador, que el artículo 46 de dicho proyecto de Decreto, obliga directamente a las comunidades indígenas originarias no transculturizadas de esta zona, a someterse a las actividades económicas forestales al plantear que “Las actividades tradicionales indígenas se desarrollaran en asociación con el aprovechamiento forestal no maderable del bosque”, tal situación se ve reforzada en lo dispuesto en el artículo 47 ejusdem, cuando dispone “Las actividades tradicionales incluyendo el conuco y la pesca no comercial, se permitirán en la Zona de Manejo Especial Agroforestal (ZMEA), con sujeción a lo establecido en el presente Decreto”.

   Así pues, en base a la línea de argumentación ampliamente explanada en la parte motiva de la presente medida oficiosa y en torno al articulado legal y constitucional supra reseñado en la misma, este Juzgado Superior Primero Agrario, en el caso que nos ocupa, a fin de prestar una tutela preventiva e idónea, y tomando en cuenta que la presente decisión tiene carácter eminentemente asegurativa y provisional, tal como se dispone en la norma contenida en el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, decreta Formal Medida Cautelar Innominada Oficiosa Anticipada Especial Agraria, referida a que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de la República Bolivariana de Venezuela, difiera las actividades destinadas a la discusión, difusión, implementación y posterior sometimiento para su promulgación al Ejecutivo Nacional, del Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la denominada “Reserva Forestal del Caura”, hasta tanto sean elaborados todos y cada uno de los estudios de factibilidad, de impacto ambiental, de impacto económico, de impacto social y de impacto cultural necesarios, así como la consulta pública, para un eventual cambio de Reserva Forestal “Río Caura” a una figura jurídica mas restrictiva de las indicadas en la Ley Orgánica de la Ordenación del Territorio, los cuales una vez efectuados deberan ser consignados en el presente expediente a los fines de un pronunciamiento definitivo sobre la presente medida cautelar. Todo en el territorio que comprende la precitada “Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura”, la cual se encuentra comprendida sobre una superficie de aproximadamente cinco millones ciento cuarenta y tres mil hectáreas (5.143.000 Has.), ubicadas en la formación geológica precámbrica denominada “El Escudo Guayanés del estado Bolívar”, abarcando en su total extensión el “Parque Nacional Jaua-Sarisariñama y los monumentos nacionales “Cerro Guaiquinima”; “Sierra Maigualida”; “Cerro Ichún”; “Cerro Guanacoco” y “Cataratas de Para”, todos pertenecientes a la formación “Roraima”. Y así se decide.

   Por último, la presente medida cautelar acordada, se decreta sin perjuicio de ratificarla, dejarla sin efecto o decretar otras medidas cautelares distintas a las aquí acordadas, en caso de ser necesario. Así se decide.

   -VII-

   D I S P O S I T I V O

   Por las razones antes expuestas, éste Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, haciendo uso de las facultades cautelares oficiosas que le otorga el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en ejecución directa de la normativa constitucional aquí indicada, decide:

De conformidad con lo dispuesto en 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en los artículos 163 y 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Jurisprudencia vinculante emanada del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional de fecha 09 de mayo de 2006, sentencia número 962, decreta: formal y oficiosa medida cautelar innominada anticipada especial agraria, referida a que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, difiera las actividades destinadas a la discusión, difusión, implementación y posterior sometimiento para su promulgación al Ejecutivo Nacional, del Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la denominada “Reserva Forestal del Caura”, hasta tanto sean elaborados todos y cada uno de los estudios de factibilidad, de impacto ambiental, de impacto económico, de impacto social y de impacto cultural necesarios, así como la consulta pública, para un eventual cambio de Reserva Forestal “Río Caura” a una figura jurídica mas restrictiva de las indicadas en la Ley Orgánica de la Ordenación del Territorio, los cuales una vez efectuados deberán ser consignados en el presente expediente a los fines de un pronunciamiento definitivo sobre la presente medida cautelar. Todo en el territorio que comprende la denominada “Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura”, la cual se encuentra comprendida sobre una superficie de aproximadamente cinco millones ciento cuarenta y tres mil hectáreas (5.143.000 has.), ubicadas en la formación geológica precámbrica denominada “El Escudo Guayanés del estado Bolívar”, abarcando en su total extensión el “Parque Nacional Jaua-Sarisariñama y los monumentos nacionales “Cerro Guaiquinima”; “Sierra Maigualida”; “Cerro Ichún”; “Cerro Guanacoco” y “Cataratas de Para”, todos pertenecientes a la formación “Roraima”, ello en virtud de considerar quien aquí decide, que de promulgarse el Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la denominada “Reserva Forestal el Caura”, en los términos allí previstos, pudiese constituir peligro potencial de graves e irreparables daños de depredación, intervención, ocupación y desplazamiento de los ecosistemas prístinos y de la biodiversidad allí existentes, así como de las comunidades originarias precolombinas no transculturizadas que habitan desde tiempos ancestrales en esa región natural, con el ánimo de salvaguardar de oficio los intereses colectivos y difusos de los ciudadanos venezolanos actuales y de las generaciones por venir, por considerarse la materia agrario-ambiental de estricto orden público procesal agrario y en cabal observancia a los principios de conservación del ambiente y mantenimiento de la biodiversidad; de la cesación de actos que puedan perjudicar el interés social y colectivo de los ciudadanos; de la preservación de las culturas ancestrales originarias y del establecimiento de condiciones favorables al desarrollo bio-sustentable. Y así se decide.

Se ordena la publicación de un cartel de notificación en un diario de circulación nacional, dirigido a todas aquellas personas que con un simple interés deseen hacer formal oposición a la presente medida, o en su defecto adherirse a la misma. Todo ello de conformidad con los artículos 230 y 233 del Código de Procedimiento Civil aplicables estos de manera supletoria y por remisión expresa del artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Notifíquese al Ministro del Poder Popular para el Ambiente, a los fines de que ejerza, en caso que así lo considere pertinente, el correspondiente contradictorio, conforme a las previsiones indicadas en éste fallo, una vez consignado en el expediente en cartel de notificación indicado en el particular anterior.

Notifíquese a la Procuradora General de la República.

Notifíquese a la Fiscala General de la República

Notifíquese a la Defensora del Pueblo.

Notifíquese a la Defensoría Pública Agraria.

-V-

P U B L Í Q U E S E Y R E G Í S T R E S E

Debidamente firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas, con competencia como Tribunal de Primera Instancia en materia Contencioso Administrativo Especial Agrario y Expropiación Agraria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, 167 y 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, con sede en el Municipio Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, a los once (11) días del mes de enero de dos mil ocho (2.008). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

EL JUEZ,

DR. H.G.B..

LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABG. C.J. BELLO M.

En la misma fecha, y siendo las Once y Treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIATEMPORAL

HGB/lag/jlam.