Decisión nº 001 de Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida, de 9 de Enero de 2013

Mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia de trabajo de la circunscripción judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial.

De estas decisiones se oirá recurso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (Subrayado de este Tribunal Superior).

De lo citado, se extrae la competencia transitoria que le fue a tribuida a los Tribunales Superiores del Trabajo, para conocer de los recursos contenciosos administrativos interpuestos con fundamento en lo previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, hasta tanto se cree la jurisdicción especial del sistema de seguridad social, correspondiendo conocer en alzada, a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

De acuerdo con lo anterior, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 27, publicada el 26 de julio de 2011 (caso: Agropecuaria Cubacana, C.A. contra INPSASEL), asentó lo que se transcribe a continuación:

“(…) No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones idóneas para el desempeño del mismo en protección de las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen -de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación.

Así las cosas, atendiendo a la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide (Subrayado de quien decide).

Del criterio jurisprudencial parcialmente citado, se colige que dada la protección jurídico-constitucional de los trabajadores, a los efectos de darle garantía de la tutela judicial efectiva, así como la vigencia y efectividad del trabajo, como derecho y hecho social que debe ser protegido por el Estado venezolano, así como la existencia de una norma jurídica que expresamente lo prevé, la competencia para el conocimiento de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra las actuaciones emanadas del INPSASEL, con ocasión de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, corresponde en primera instancia a los Tribunales Superiores del Trabajo, cuyas decisiones serán recurribles en apelación ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, este Tribunal Primero Superior del Trabajo, se declara competente para conocer, en primera instancia, de la presente acción de nulidad. Y así se decide.

-V-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La representación procesal de la Procuraduría General del Estado Mérida (accionante), pretende la nulidad de la Providencia Administrativa N° PA/US/MER/002-2010, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en fecha 29 de marzo de 2011, a través de la cual se le impuso una multa por la cantidad de cuatrocientos cuarenta mil ochocientos bolívares (Bs. 440.800), por no reenganchar a tres (3) delegados de prevención, de acuerdo al numeral 18 del artículo 120, en concordancia con el numeral 6 del artículo 125 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en concordancia con las normas 44 eiusdem y 55 del Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, delatando lo siguiente:

- Violación al debido proceso y a la presunción de inocencia, por cuanto el J. de la Unidad de Sanción en la persona del Ciudadano José Montes de O.S., dictó auto de apertura estableciendo y acogiéndose a la propuesta de sanción, declarando el estado de culpabilidad previo al procedimiento, al calificar ilícitos administrativos, además que no se formuló de manera expresa los cargos o hechos que puedan generar responsabilidad de multa.

- La incompetencia del ciudadano J.M. de O.S., para ordenar la apertura del procedimiento, y de la Directora de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, para dictar la Providencia Administrativa que se pretende anular, por cuanto no tiene delegación expresa para imponer sanción, de acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con la norma 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional.

- Que no debió imponerse el máximo de la sanción que establece el artículo 120 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, es decir, cien unidades tributarias (100 U.T.), sólo con el fundamento de que se despidieron a los tres Delegados de Prevención en Materia de Salud y Seguridad Laboral, dejando totalmente desprotegidos a los trabajadores del Servicio Autónomo de Telecomunicaciones del Estado Mérida –SATEM- hoy Dirección Estadal del Servicio del Poder Popular de Teleinformática de la Gobernación del Estado Mérida, siendo 58 trabajadores expuestos, sino que el funcionario debe además, corroborar en la sede de la empresa o del empleador, cuáles son las exposiciones de riesgo a que se expusieron esos trabajadores, lo que no se constata en el expediente administrativo.

Como sustento de lo argumentado, la parte recurrente promovió: 1) El expediente administrativo signado con el N° US-MER-004-2009, de la Dirección de Salud Estadal de los Trabajadores Mérida (DIRESAT), donde consta la Providencia Administrativa que se pretende anular; y, 2) La presentación por parte de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Mérida, del acto de delegación del Director de Salud Estadal de los Trabajadores del Estado Mérida, para dictar el acto administrativo impugnado, las cuales fueron admitidas y evacuadas por este Tribunal Superior, correspondiendo valorarlas en esta oportunidad, como se hace a continuación:

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DE LAS PRUEBAS

1. - Documental. Expediente administrativo signado con el N° US-MER-004-2009, llevado por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida (DIRESAT) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), que fue remitido por dicho ente administrativo, en copias fotostáticas certificadas, a través del oficio N° MER-0002-12, de fecha 10 de enero de 2012, y obra inserto a los folios del 94 al 353, por haberse requerido previamente por este Tribunal Superior mediante la comunicación N° TST-2011-259 (folio 82), de acuerdo a la norma 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

   En relación con esta documental, advierte esta J., que de acuerdo al criterio reiterado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros en el fallo N° 1517, de fecha 16 de noviembre de 2011, se tiene que debido a la especialidad de esta documental, la misma configura una tercera categoría de prueba instrumental, que si bien no pueden asimilarse al documento público en los términos del artículo 1.357 del Código Civil, por no tener el carácter negocial que caracteriza a este tipo de documentos, su autenticidad deviene por contener una declaración emanada de un funcionario público, con las formalidades exigidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en consecuencia, se asemejan a los documentos privados reconocidos o tenidos por reconocidos, de conformidad con la norma 1.363 del Código Civil, sólo en lo que concierne a su valor probatorio, teniendo en cuenta que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad; en tal sentido, al no haberse atacado a través de medio de impugnación alguno la validez de las actuaciones contenidas en el expediente administrativo promovido por la parte accionante y adecuado en este Tribunal, evidenciando las siguientes actuaciones:

   1) La notificación efectuada a la Gobernación del Estado Mérida, de la apertura del procedimiento sancionatorio de conformidad con la norma 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, por remisión del artículo 135 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, indicándole: “(…) para que su R.L. comparezca por ante la Unidad de Sanción de esta DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (DIRESAT) MÉRIDA, cuya ubicación se encuentra impresa en el encabezado del presente Cartel de Notificación, dentro de los ocho (8) días siguientes una vez que conste en Autos la última de las notificaciones, para que exponga loa Alegatos que Juzgue pertinentes a su defensa, con la advertencia que dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso mencionado, este Ente Gubernamental, podrá promover y hacer evacuar las pruebas que estime conducentes a comprobar la veracidad de sus alegatos, conforme al derecho procesal común.(…)”. Observando este Tribunal, que la misma está firmada y sellada de recibida en fecha 07 de diciembre de 2009 (folio 170).

   2) Escrito de contestación, donde se evidencian los argumentos de la parte recurrente en el mencionado procedimiento (folios del 180 al 185).

   3) Acta de fecha 18 de diciembre de 2009, donde se deja constancia de la apertura del lapso de promoción y evacuación de pruebas (folio 260), evidenciado que tanto el órgano administrativo (DIRESAT) como la accionante promovieron las pruebas que consideraron pertinentes, así consta a los folios del 262 al 274.

   Este Tribunal le otorga valor probatorio al expediente administrativo, dando por demostrado que la Gobernación del Estado Mérida (accionante) fue debidamente notificada de la apertura del procedimiento sancionatorio, se le concedió el derecho a presentar los argumentos de defensa y a promover y evacuar los medios de pruebas que consideraron pertinentes, evidenciando además, que tales derechos fueron oportunamente ejercidos, así como los demás efectos valorativos que se transcriben en el texto de este fallo. Y así se decide.

2. - Informes. Se requirió a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, del INPSASEL Mérida (accionada), remitir a través de oficio a este Tribunal la siguiente información:

   1) Si el Director de Salud Estadal de los Trabajadores Mérida, está delegado para dictar el acto administrativo de Sanción, dictado en fecha 29 de marzo de 2011, en el expediente administrativo N° US-MER-004-2009.

   2) De ser afirmativo lo anterior, se sirva remitir copia fotostática certificada de las actuaciones donde conste la delegación referida.

   En atención a ello, la mencionada Dirección remitió oficio N° MER-1097-2012, y anexos que obran a los folios del 396 al 459, en la que se lee:

   (…)Tengo a bien a dirigirme a Usted, con la finalidad de dar respuesta al Oficio Nº TST-2012-199, Asunto: LP21-N-2011-000068, a tal efecto le informo que la Directora de Salud Estadal de los Trabajadores Mérida, fue nombrada según Providencia Administrativa Nº ORH-2011-012 de fecha ocho (08) de febrero de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de fecha veintiocho (28) de marzo de 2011, Nº 39.643, Año CXXXVIII-MES VI, que se anexa en fotocopia, constante de cuarenta (40) folios. Por tratarse de la DIRESAT MERIDA, de UNA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA, del Instituto Autónomo del INPASAEL, no se necesita de la figura de la Delegación, al respecto se acompaña Jurisprudencia emitida por la SALA DE CASACIÓN SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA de fecha cuatro (04) de julio del 2012, con ponencia de la Magistrada CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, constante de veinticuatro (24) folios.(…)

   .

   Observando este Tribunal, que junto a la citada comunicación se anexó la Gaceta oficial donde consta la designación de la “ciudadana N.N.A.S., titular de la cédula de identidad N° V-10.689.118, como DIRECTORA ENCARGADA adscrita a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) Mérida, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales”, otorgándosele valor probatorio, con las atribuciones que por Ley le están concedidas a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales; En lo referido a la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que fue consignada, que al tratarse de una Jurisprudencia, la misma no es objeto de ser valorada, por no tratarse de un medio de prueba, sino de una fuente de derecho. Y así se decide.

   -VII-

   MOTIVACIÓN

   Observados los argumentos a través de los cuales la Procuraduría General del Estado Mérida, en representación de la Entidad Federal Mérida, por Órgano de la Dirección Estadal del Poder Popular de Teleinformática de la Gobernación del Estado Mérida, interpuso la acción de nulidad en contra de la Providencia Administrativa N° PA/US/MER/002-2010, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en fecha 29 de marzo de 2011, y valoradas como han sido los elementos promovidos por la parte accionante, no habiendo promovido prueba alguna el Órgano Administrativo accionado al no comparecer a la audiencia oral y pública de juicio, pasa este Tribunal a resolver lo expuesto así:

   En relación con el primer punto argumentado, acerca de la violación al derecho a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, advierte este Tribunal, que de la valoración efectuada al expediente administrativo donde consta la Providencia administrativa que se pretende anular, se constató: 1) La notificación practicada a la Gobernación del Estado Mérida, Entidad Federal a la cual representa la Procuraduría General del Estado; 2) Los argumentos de defensa expuestos y la promoción de pruebas por parte de la recurrente; y, 3) La apertura del procedimiento, a través del Informe Propuesta de Sanción, en los siguientes términos: “(…) Informe de Propuesta de Sanción en contra del SERVICIO AUTONOMO DE TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO MÉRIDA (SATEM), DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA, por la presunta comisión de la infracción,(…) ”, de lo cual se colige, que el caso examinado se trata de un procedimiento que por mandato de Ley debía aperturar dicho Órgano de la Administración, rigiéndose por el principio de legalidad, es decir, de acuerdo a lo que establece la Ley, otorgándole a la parte accionada el derecho a defenderse con sus argumentaciones y elementos de prueba, los cuales fueron debidamente ejercidos por la parte recurrente, por lo que no hubo vulneración del derecho a la defensa y de presunción de inocencia, como lo pretende hacer ver el demandante. Y así se decide.

   No obstante a lo anterior, en relación con la vulneración del derecho al debido proceso, pasó esta J. a revisar los fundamentos de la decisión de la Administración, así como la valoración de las pruebas, en la cual se evidenció que la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores –Mérida, estableció lo que se transcribe a continuación:

   “Citado el alegato de defensa explanado por la institución SERVICIO AUTONOMO DE TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO MÉRIDA (SATEM) HOY DIRECCIÓN ESTADAL DEL PODER POPULAR DE TELEINFORMÁTICA.- GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA, se desprende que no rechazó, ni contradijo en todas y cada una de sus partes tanto en los hechos como en el derecho el contenido del INFORME PROPUESTA DE SANCIÓN y por aplicación analógica del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que señala lo siguiente:

   Concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación ni el arbitraje, el demandado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación de la demanda, determinando con claridad cuáles hechos invocados en la demanda admite como ciertos y cuales niega y rechaza, y expresan asimismo los hechos o fundamentos de su defensa creyere conveniente alegar

   .

   Por lo que los alegatos y defensas esgrimidos en el Escrito de Alegatos que corre a los folios del ochenta y cuatro (84) al ochenta y nueve (89) ambos inclusive del presente expediente, no fueron lo suficientemente ciertos y precisos para desvirtuar los hechos constatados y alegados por el funcionario O.F.P.R., titular de la cédula de identidad N° V-4.493.082, en su condición de Abogado II, adscrito a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida del INPSASEL, en la Propuesta de Sanción respectiva.

   (…Omissis…)

   En consecuencia, la accionada, SERVICIO AUTÓNOMO DE TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO MÉRIDA (SATEM) HOY DIRECCIÓN ESTADAL DEL PODER POPULAR DE TELEINFORMATICA de la GOBRENACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA, no procedió a tachar de falsedad ni a impugnar formalmente EL DOCUMENTO PÚBLICO ADMINISTRATIVO INFORME PROPUESTA DE SANCIÓN, quien decide, comparte el criterio jurisprudencial que la carga de la prueba corresponde a la Institución SERVICIO AUTONÓMO DE TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO MÉRIDA (SATEM) de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA.- ASÍ SE DECLARA.-

   En el mismo orden, la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES MÉRIDA, INPSASEL, en virtud de que la Accionada SERVICIO AUTÓNOMO DE TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO MÉRIDA (SATEM) de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA, no procedió a tachar ni a impugnar ninguna de las actuaciones emanadas por ante esta Institución perteneciente al Poder Público Nacional, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, todas sus disposiciones son de orden público y lo previsto por nuestra jurisprudencia patria en lo referido a los Documentos Públicos emanados por la Administración Pública, se afirma, que constituye un hecho no controvertido, la elección de los Delegados de Prevención, por parte de los trabajadores de SERVICIO AUTÓNOMO DE TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO MÉRIDA (SATEM) de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA, quedando electos los trabajadores JAIRO DE JESÚS ANGULO, J.A.P.L.Y.J.A.R.A., titulares de la cédula de identidad N° 14.268.460, 15.516.227 y 9.76.636, respectivamente, ampliamente identificados, como D. de Prevención y como sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, por lo que la accionada ,SERVICIO AUTÓNOMO DE TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO MÉRIDA (SATEM) de la GOBERNACIÓN DEL ESTAOD MÉRIDA los reconoce como tales y ASÍ SE DECLARA.- (Subrayado de este Tribunal Superior).

   De lo transcrito, se extrae que el Órgano Administrativo aplicó la consecuencia que establece la norma 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ante la falta de determinación de los hechos admitidos y negados en la contestación de la demanda, indicando que la carga de la prueba es de la persona accionada, por lo que estableció que al no tachar ni impugnar el Informe Propuesta de Sanción, ni las actuaciones del expediente administrativo, se tenía el reconocimiento de los hechos allí establecidos como tales; En este punto, es preciso destacar, que en el presente caso no es procedente la impugnación o tacha de las actuaciones, como lo indicó la Administración en la providencia administrativa, teniendo en cuenta que en este tipo de procedimientos (en vía administrativa), la administración no actúa como parte, sino que su actuación está dirigida al servicio de los particulares, siguiendo unos cauces formales, que constituyen la garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con el ordenamiento jurídico, y que ésta puede ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos, lo cual constituyen los principios de legalidad y el de la administración al servicio de los particulares (artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública). Ello así, que el procedimiento administrativo se configura como una garantía de los ciudadanos de que la administración no va a actuar de manera arbitraria, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo que se encuentra en las normas legales, garantizando con amplios criterios el derecho de los ciudadanos a conocer los hechos que se atribuyen; a defenderse de los mismos (si activamente así lo hacen), y a promover y evacuar los medios que considere pertinentes, legales e idóneos.

   De acuerdo con lo expuesto, concluye este Tribunal que en el caso bajo análisis el Órgano Administrativo incurrió en un falso supuesto de derecho al determinar que la falta de impugnación o tacha por parte de la Dirección Estadal del Poder Popular de Teleinformática de la Gobernación del Estado Mérida, en contra de las actuaciones de la administración en el expediente administrativo, se tenía como el reconocimiento de lo allí establecido, actuación ésta que vulneró el derecho al debido proceso de la mencionada Dirección (declarada infractora), que sólo le correspondía exponer sus argumentos de defensa con sus respectivas probanzas, sin que la falta de impugnación produzca el efecto para que lo sancionara, y por cuanto se trata de la transgresión de un derecho de rango constitucional, de acuerdo al artículo 49 de la Carta Fundamental, tal situación, hace nula la Providencia Administrativa N° PA-US/MER002-2010, de fecha 29 de marzo de 2011, de conformidad con el numeral 1° de la norma 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y así se decide.

   Ahora bien, por las razones de hecho y derecho antes expuestas, es forzoso para este Tribunal declarar Con Lugar el recurso de nulidad interpuesto por la profesional del derecho A.C.P.Á., en su condición de apoderada judicial de la Procuraduría General de la República, en contra del Acto Administrativo de fecha 29 de marzo de 2011, proferido por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, por Órgano de la Diresat Mérida, tal y como será establecido en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se decide.

   Determinado lo anterior, considera este Tribunal que es inoficioso emitir pronunciamiento en relación con los demás argumentos del recurrente. Y así se establece.

   -VIII-

   DISPOSITIVO

   Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

CON LUGAR la Acción de Nulidad que fue interpuesta por la Procuraduría General del Estado Mérida, en contra de la Providencia Administrativa N° PA/US/MER/002-2010, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en fecha 29 de marzo de 2011, a través de la cual se le impuso una multa por la cantidad de cuatrocientos cuarenta mil ochocientos bolívares (Bs. 440.800), en el Expediente Administrativo Nº US-MER-004-2009, por ende, se declara la nulidad de dicho acto de la administración.

Se ordena notificar al ciudadano Procurador General del Estado Mérida, de acuerdo al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Mérida, y a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la norma 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Mérida, órgano adscrito al INPSASEL.

P., regístrese y expídanse copias certificadas de la presente sentencia para ser archivada en este Tribunal.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la ciudad de Mérida, a los nueve (09) días del mes de enero del año dos mil trece (2.013). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Juez Titular,

Dra. Glasbel Belandria Pernía

El Secretario,

Abg. F.R.A.

En igual fecha y siendo las doce y treinta cuatro minutos del mediodía (12:34 m.) se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Juez Titular, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://merida.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.

El S.,

Abg. Fabián Ramírez Amaral

GBP/mjb