Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil de Lara, de 31 de Julio de 2015

Promueve el merito favorable de autos en especial el que se desprende del libelo de demanda y los recaudos que acompañan a la misma; en cuanto a este punto, al ser promovido en forma genérica, los mismos no son objeto de ningún tipo de probanza ni de valoración por parte de esta alzada .Así se decide.

Promueve la testimonial de los ciudadanos, K.V., P.V., F.S., B.B., E.C., C.F.B., M.J.G., K.G., M.G.d.B., R.B., T.C., J.C., E.P., R.M., M.V., H.P., V.F., Z.P., B.F., A.M. y Khaterine Rodríguez; todos domiciliados en Barquisimeto.

Promueve prueba de experticia a los fines de determinar: a) condiciones que debe reunir la sede de un canal de televisión para desarrollar adecuadamente sus actividades, b) condiciones en que se encuentra la sede donde actualmente funciona el canal de televisión RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11. En cuanto a la valoración de esta prueba al estar la misma está destinada a probar hechos de un tercero ajeno al proceso, lo cual no guarda relación con los hechos pretendidos no siendo es objeto de valoración alguna. Así se decide.

Promueve prueba de inspección judicial a los fines que se determine las condiciones en que se encuentra la sede donde actualmente funciona al canal de televisión RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11. La presente prueba esta dirigida a probar hechos relacionadas con un tercero ajeno a la presente causa, por tanto no se aprecia. Así se decide.

Promueve prueba documental para probar:

En primer lugar para demostrar de forma indiciaria según el artículo 501 del Código de Procedimiento Civil las condiciones en que se encuentra el acceso a la sede donde actualmente funciona el canal de televisión consigna cinco fotografías marcadas “A-1”, “A-2”, “A-3” y “A-4” . Las mismas al no haber sido sometidas al contradictorio tal como lo señalare el ad-quo no se aprecian. En segundo lugar con el propósito de demostrar el cumplimiento de la obligación de pagar las cuotas de condominio del Centro Comercial Los Cardones promueve constante de 28 folios copias de vouchers de emisión de cheques de pagos emitidos por la empresa RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, a favor de las empresas de SERVICIOS INMOBILIARIOS LOS CARDONES C.A, PROMOCIONES EL TURBIO C.A e INVERSIONES INMOBILIARIAS YESAVA C.A, marcadas “B-1”,“B-2”,“B-3”,“B-4”, “B-5”,“B-6”,“B-7”,“B-8”,“B-9”,“B-10”,“B-11”, “B-12”, “B-13”, “B-14”, “B-15”, “B-16”, “B-17”- “B-18”, “B-19”, “B-20”, “B-21”, “B-22” y “B-23”. En tercer lugar con el propósito de demostrar que su representada a través de la empresa de su propiedad RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, trato de pagar las cuotas de condominio correspondiente a los meses de Febrero del año 2.004 hasta Abril del año 2.005, acompaño constante de cuatro folios marcados con la letra “C” voucher de emisión de cheque y cheque No. 04662851, librado contra la cuenta corriente No. 0410-0004-08-0041020049, de Casa Propia, entidad de ahorro y préstamo C.A, cuyo titular es la empresa RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, en fecha 18-05-05, a favor de la empresa INVERSIONES INMOBILIARIAS YESAVA C.A, por instrucciones de la administradora del condominio del Centro Comercial, según consta en las comunicaciones recibos de cobro y pago y el cual se negaron a recibir los administradores de condominio. Que todo lo pretendido en los puntos señalados por el promovente conllevan a demostrar circunstancias de un tercero ajeno al proceso, por tanto no se aprecian. Así se decide.

Promueve prueba de informes, a lo fines de probar lo siguiente:

En primer lugar, que el canal de televisión RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, se encuentra funcionando en la sede situada en el centro comercial Los Cardones desde el 15-07-02 solicito prueba de informes dirigidas a las empresas: 1.- C.A Energía Eléctrica de Barquisimeto (ENELBAR) a los fines de que informe: a) identificación del cliente al que corresponde el Nº de cuenta 7644-23039-7-I-B, situado en la urbanización La Rosaleda Centro Comercial Los Cardones local 1, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara y b) a partir de qué fecha es cliente de la empresa C.A Energía Eléctrica de Barquisimeto (ENELBAR) la persona a quien corresponda el Nº de cuenta 7644-23039-7-I-B, a los fines de la evacuación presente prueba solicita que el oficio sea llevado a la sede de la empresa C.A Energía Eléctrica de Barquisimeto (ENELBAR) situada en la Avenida Carabobo con calle 28 de Barquisimeto Estado Lara. 2) Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) a los fines ce que informe: a) identificación del cliente a quien le corresponden los Nros 0251-255-50-12, 0251-255-40-74-, 0251-255-33-33, 0251-255-48-33 y 0251-255-42-34, situados en la urbanización La Rosaleda Centro Comercial Los Cardones local 1, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara y b) a partir de qué fecha se encuentra como cliente de la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) la persona a quien le corresponda los números anteriores cuya sede es la misma; a los fines de la evacuación de la presente prueba solicita que el oficio sea llevado a la sede de la empresa ubicada en C.A Energía Eléctrica de Barquisimeto (ENELBAR) situada en la Avenida Carabobo con calle 28 de Barquisimeto Estado Lara. En 2do lugar a los fines de acreditar que el canal de televisión RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, tenía que desocupar para el 30-06-02 la sede que ocupaba situada en la Avenida P.L.T., esquina con la calle 47, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Las referidas probanzas tienen que ver con hechos de un tercero ajeno a la presente causa, no se aprecian. Así se decide.

En segundo lugar, Promueve prueba de informes a los fines de que se oficie al archivo judicial regional solicitando el expediente Nº 14.420 de la nomenclatura del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, referido al juicio intentado por el ciudadano A.H. CHEJIN contra la empresa RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, y una vez que llegue el expediente, expedir copia fotostática certificada de la totalidad del expediente y que las mismas sean agregadas. Las mismas por no aportar nada al proceso no se aprecian. Así se decide.

En tercer lugar, Promueve a los fines de acreditar lo alegado en relación a que dadas las condiciones en que se encuentra la sede donde funciona actualmente la emisora RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, ciertas personas naturales y jurídicas se han negado a contratar espacios publicitarios a ser transmitidos durante la programación de este canal promuevo pruebas de informes dirigidas a las siguientes empresas: a) JD ELECTRONIC C.A, con sede en la carrera 17 esquina con la calle 38, en la ciudad de Barquisimeto Estado Lara; b) SUMINISTROS SERVISALUD HOMEOPATICA C.A, con sede en la Avenida 20 entre calles 39 y 40, Centro Comercial 1er piso, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara; c) LASHMI C.A, con sede en la calle 20 entre carreras 21 y 22 Centro Comercial Pequeño Miami locales 1 y 21, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara; d) M.D.S. MODELS AGENCY C.A, con sede en la carrera 21 entre calles 8 y 9, Centro Comercial La Pirámide local 5, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara y e) LIBRERÍA Y PAPELERIA MONOY C.A, con sede en la carrera 23 entre calles 21 y 22 No. 21-36, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Solicita, que los oficios que se dirijan a estas empresas se solicite la información de: 1.- si las mismas han pretendido contratar espacios publicitarios en la emisora RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, 2.- en caso de no haber contratado los espacios publicitarios en la emisora RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, informe la razón o razones que incidieron en dicha decisión. Las mismas al no aportar nada de interés a la presente causa, toda vez que se tratan de hechos de terceros, no se aprecian. Así se decide.

En cuarto lugar, a los fines de acreditar las obras que comprendían la construcción que debía realizar el Promitente, hoy demandante-reconvenida, la empresa PROMOCIONES EL TURBIO PROTURCA C.A, en virtud del contrato celebrado solicitan se oficie: 1) Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara y 2) Oficina de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara, a los fines de que informen al Tribunal si por ante dichas oficinas se solicitaron y se concedieron los respectivos permisos destinados a la construcción de las obras comprendidas dentro del contrato celebrado entre las partes del presente juicio en la sede ubicad en el Centro Comercial Los Cardones y en caso de ser afirmativa dicha respuesta, informe que persona natural o jurídica tramito dichos permisos de construcción, a nombre de qué persona natural o jurídica se expidieron los permisos, así como también solicitamos se remitan copias certificadas de los planos y memorias descriptivas presentados a los fines de la obtención de los respectivos permisos. Las resultas de la presente pruebas no aportan elementos de convicción en la presente causa, por tanto no se aprecian. Así se decide.

En quinto lugar, a los fines de acreditar la emisión del cheque No. 04662851, en fecha 18-05-05, librado contra la cuenta corriente No. 0410-0004-08-0041020049, de Casa Propia, Entidad de Ahorro y Préstamo C.A, cuyo titular es la empresa RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, promuevo pruebas de informes dirigida a la empresa Casa Propia, Entidad de Ahorro y Préstamo C.A, a los fines de que informe al Tribunal sobre los siguientes particulares: a) cuando fue activada la chequera donde se encontraba comprendido el cheque No. 04662851 , b) cuando fue pagado el ultimo cheque que se encontraba contenido dentro de esta chequera y c) cuales cheques de los que se encontraban comprendidos dentro de esta chequera no fueron cobrados. A los fines de evacuación de esta prueba solicito se oficie a la Agencia o Centro de Negocios Este de Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo C.A, situado en la avenida L.C.C.C.M. locales B-1 y B-7, en la ciudad de Barquisimeto Estado Lara. Al emanar dichos instrumentos cambiarios de un tercero ajeno a la presente causa, no se aprecian. Así se decide.

En sexto lugar, a los fines de demostrar que la Promitente, hoy demandante-reconvenida no cumplió con su obligación de contratar la realización de las obras necesarias para el acondicionamiento del inmueble objeto del contrato a los fines de que en el mismo funcionara un canal de televisión, promuevo prueba de informes dirigida a la empresa CONSTRUCTORA LOUREIRO C.A, a los fines de que informe al tribunal sobre los particulares siguientes: a) si esta empresa tiene o ha tenido relaciones comerciales con la empresa PROMOCIONES EL TURBIO PROTURCA C.A, y/o el ciudadano G.Y.Y., b) en caso de ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante informe si dentro de esas relaciones comerciales se encontraba la realización de los trabajos de construcción y acondicionamiento de un inmueble situado en la Urbanización La Rosaleda, Centro Comercial Los Cardones, en la ciudad de Barquisimeto, a los fines de que el mismo sirviera de sede a la planta RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, c) en caso de ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, informe al tribunal la naturaleza de los trabajos que debía realizar en virtud del contrato celebrado y de ser posible remita copia del contrato celebrado y de los planos que contengan la memoria descriptiva de las obras a realizar, d) en caso de ser afirmativa la respuesta a la interrogante formulada en el particular b), informe a este tribunal si a esta empresa se le contrato el acondicionamiento de las oficinas administrativas y de los estudios donde se realizarían los programas que emite la planta RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, a los fines de evacuación de la presente prueba solicito se oficie a la sede de la empresa CONSTRUCTORA LOUREIRO C.A, situada en la Urbanización El Parque Edificio Multicentro Los Leones 1er piso oficina No. 1-18, frente a la sede del diario El Impulso, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Dichas pruebas al estar dirigidas a probar hechos de la empresa planta RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISION TELECENTRO CANAL 11 C.A, tercera ajena a este proceso, no se aprecia. Así se decide.

Promueve la prueba de exhibición de documentos:

En primer lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 436 del CPC, a los fines de acreditar las obras que se debían realizar en la construcción de las obras comprendidas dentro del contrato celebrado entre las partes promueve prueba de exhibición de documentos a los fines de que la parte demandante-reconvenida la empresa PROMOCIONES EL TURBIO C.A, exhiba la memoria descriptiva, los planos constructivos de la cláusula 2da, así como el acta de inicio de obra y el acta de recepción prevista en la cláusula 5ta.

En segundo lugar de conformidad con el 436 CPC, los fines de acreditar las obras que se debían realizar en la construcción de lo que se denomina “estudio gigante” promueve exhibición de documentos, a los fines de que la empresa CONSTRUCTORA LOUREIRO C,A, exhiba uno de los originales del presupuesto y la obra denominada “Construcción Sede de Telecentro” consigno copia constante de cuatro folios, marcada con letra “D”, a los efectos de la evacuación solicita se intime al representante de la empresa CONSTRUCTORA LOUREIRO C.A, ciudadano J.L.L., dirección Urbanización El Parque, Edificio Multicentro Los Leones, 1er piso, oficina 1-18, frente al diario El Impulso, Barquisimeto, Lara. La referida prueba se refiere a hechos que tienen relación con dos (2) personas jurídicas distintas a las partes involucradas en la presente causa, razón por la cual no se aprecia. Así se decide.

En tercer lugar de conformidad con el 436 CPC, a los fines de acreditar la limitación en la utilización y acceso del estacionamiento del Centro Comercial los Cardones promueve prueba de exhibición de la comunicación dirigida por la empresa SERVICIOS INMOBILIARIOS LOS CARDONES C.A, a la empresa ESTACIONAMIENTO LOS LEONES C.A, de fecha 17-05-05, de la cual acompaña copia constante de dos folios, marcada con la letra “E” a los efectos de la evacuación solicita se intime al representante de la empresa en la avenida P.L.T., entre calles 49 y 50 Centro Comercial Venrol, 2do nivel, Ofic. Nº A-34, Barquisimeto, Lara. Esta prueba no se aprecian toda vez que las mismas van dirigidas a demostrar un hecho de un tercero, ajeno a esta causa, como lo es la empresa TELECENTRO, C.A. Y así se decide.

Al hilo de lo expuestos y luego del análisis exhaustivo de esta sentenciadora al caso de autos es evidente concluir que toda la probanza pretendida se constituye en un medio impertinente en relación a la pretensión del actor referida a la resolución contractual, pues ante tal pretensión libelar de incumplimiento y por ende la solicitud de resolución, ningún elemento de convicción probatoria puede arrojar una prueba que en sus entrañas conlleve la demostración de hechos y circunstancia que involucren a personas naturales o jurídicas terceros o ajenos a la relación procesal planteada. Ahora bien: ¿podrá el reo-contumaz, que no contestó perentoriamente la demanda y no alegó el pago, probar éste en el devenir del andamiaje adjetivo?

La totalidad de la doctrina asume la posición referida a que, permitir al contumaz hacer la prueba del pago que no alegó en su oportunidad, sería tanto como situarlo en una posición que generaría un rompimiento del equilibrio procesal (Artículo 15 Código Procesal Civil). Vale decir, es ilógico que el reo contumaz pueda probar cualquier cosa que le favorezca, sin haber afirmado los hechos que verificaría con su prueba. La prueba de los hechos que no han sido alegados, - expresa el Mag. Dr. J.E.C.R., no puede interpretarse en un sentido máximo, sino mínimo, para no correr el riesgo de romper la igualdad procesal y premiarse al rebelde. De allí que si al que nada ha alegado (el contumaz) se le permite probar algo que le favorezca, ello debe ser interpretado en un sentido mínimo; se ha de reputar como si contradijo la demanda, a los solos efectos del alcance de su prueba.

Este criterio ha sido compartido por nuestra Sala de Casación Civil, en fallo de fecha 03 de noviembre de 1993, con ponencia del Mag. Dr. C.T.P. (Caso: José. O. Chacón contra J. O.d.F.. Exp. N° 93-0083), donde se expresó: “… esa excepción de pago, es una típica excepción impropia, como la han llamado algunos autores, que el demandado contumaz debió alegar al contestar la demanda y no después durante el lapso de pruebas, por lo tanto, permitirle al confeso la prueba de ese hecho, como era el pago parcial de la obligación contraída, sin haber opuesto dicha excepción, ciertamente es una incorrecta interpretación del artículo 362 CPC…”. Así las cosas, es evidente, en criterio de quien aquí decide, a los fines de respaldar el criterio de nuestra Sala de Casación Civil, que el sistema procesal Venezolano de 1987, responde a un clásico proceso dialéctico, donde en la primera parte se traba una litis consistente en la asunción de una carga alegatoria, que luego, determinará la segunda etapa de esa controversia, es decir, la etapa probatoria, siendo que las partes deben probar, según la carga subjetiva de la prueba, sus respectivas afirmaciones fácticas, de lo contrario, en la etapa final, conclusiva del proceso, por efecto del artículo 254 ibídem, sucumbirá aquél litigante que no haya asumido su carga probatoria. Es decir, que la carga de la prueba surge como respuesta al alegato, pero, sin existencia de alegato, es decir, el rebelde que se coloca silente, en posición contumaz, el sistema procesal, le otorga probar algo que le favorezca, lo cual no consiste en el acceso libre de cualquier medio probatorio como así ocurrió en el caso de autos, sino que se limita probatoriamente a quien no alegó a la sola demostración de la inexistencia de la obligación, a la cosa juzgada, a la caducidad, a la falta de cualidad, es decir, de aquellos elementos que enervan el nacimiento de la obligación; por lo cual, no se podría colocar, al reo-contumaz, en plena libertad de probar cualquier hecho no alegado oportunamente, pues lo colocaríamos en una posición de ventaja procesal: “no alego nada pero puede probar todo”, se conculcaría el equilibrio procesal y el derecho constitucional de defensa de las partes. Ante ello, los medios de prueba promovidos por el reo-contumaz, no pueden tener por objeto, es decir, por lo que la doctrina denomina el “Thema de la Prueba”, dentro del presente proceso, el del pago o cumplimiento parcial o total de la obligación, pues la prueba responde a la carga de lo alegado dentro del proceso y al no verterse la excepción perentoria extintiva del pago dentro de la oportunidad preclusiva para contestar la demanda, tales medios de prueba deben sucumbir al no ser pertinentes al único hecho que puede demostrar el reo-contumaz, que está referido a la inexistencia de la obligación.

Asimismo, el contumaz, pretendió la promoción y evacuación del medio de prueba testimonial, de donde se desprende que tales testigos pretenden deponer a los fines de acreditar el pago, es decir, el cumplimiento de la obligación, circunstancia fáctica que, no pueden ser probadas sino fueron alegadas pues desequilibrarían a la contraparte, que desafíando la propia norma del artículo 1.387 del Código Civil, pues la testimonial es un medio de prueba cuya eficacia probatoria está condicionada por la ley misma, siendo que en obligaciones superiores a dos (2,oo Bs), dicha prueba no es admisible para demostrar la cancelación de la obligación. Así, el artículo 1.387 del Código Civil, señala: “No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares…”. (Actualmente dos (2,oo Bs) bolívares). El propio A.D., cuando trata el tema en sus comentarios, expresa que si lo intentado probar es un hecho complejo, que se componga en partes será preciso hacer cuidadosa distinción, pues es sabido que al demandante le toca la carga de la prueba de la obligación en atención al principio de que quien afirma un hecho le corresponde la carga de la prueba, y por argumento al contrario, cuando el demandado se excepciona, alegando el pago o la extinción de la obligación por cualquier otra causa legal, le tocará a su vez probar, pero no podrá hacer uso de testigos, si lo controvertido excede de dos bolívares, por lo cual debe desecharse dicho medio y así, se decide.

De la misma manera, se promovió la prueba de informes. Dicha prueba nada aporta al presente proceso, dada su impertinencia con el hecho libelar, es decir, con la resolución contractual y la oportunidad de prueba de la cual, limitadamente goza el contumaz. Para esta Alzada, siguiendo al procesalista J.E.C.R. (Control y Contradicción de la Prueba Libre y Legal. Tomo I, Editorial Alva. Caracas. 1.989. Pág. 72 y siguientes), la necesidad de la determinación de la pertenencia por el Juez, obliga a que cada medio que se proponga exprese el hecho que pretende trasladar a los autos, salvo en casos por supuesto, de las testimoniales y de las posiciones juradas. Si no existe coincidencia entre los hechos litigiosos objeto de la prueba y los que se pretenden probar con los medios promovidos, hay impertinencia y haría que la oposición fuese procedente. Sin embargo, la impertinencia que funda el desechar a la prueba del contexto de la valoración, debe ser catalogado como el de una impertinencia: “Manifiesta”, es decir, que debe tratarse de una grosera falta de coincidencia, lo que acontecería por ejemplo, si es un juicio por cobro de una deuda, y las pruebas promovidas giraran alrededor de hechos que configuran una causal de divorcio.

La exigencia que la pertinencia sea manifiesta, sin duda tiene por finalidad permitir la prueba de los hechos indiciarios, los cuales a veces, no asumen una conexión directa con los hechos litigiosos, lo que podría dar lugar a rechazar el medio con el que pretenden incorporarlos a los autos, pero que indirectamente y una vez incorporados al proceso, si pueden mostrar la conexión. Por ello, las pruebas manifiestamente impertinentes o irrelevantes se desechan, mientras que las otras se admiten provisoriamente, ya que el Juez al valorar las pruebas en la sentencia definitiva, podrá rechazarlas, si en ese momento le resultan impertinentes.

El principio de la “Necesidad de la Prueba”, trae como consecuencia que el hecho afirmado por una de las partes (Artículo 340.5 y 506 C.P.C.), y no admitido expresamente por su adversaria, adquiere por esa sola razón la cualidad de controvertido para el proceso, se convierte a raíz de ello en objeto de la prueba. El hecho en estas condiciones, -como señala el Maestro A.J.L. KIELMANOVICH (Teoría de la Prueba y Medios Probatorios. Editorial Aveledo – Perrot. Buenos Aires. Argentina, 1.996. Págs. 41 y siguientes)-, pasa a configurar el contenido de una afirmación unilateral, que precisa entonces de la prueba para su demostración en el proceso; de allí nace, el principio del: “Derecho de Probar” que es un derecho constitucional establecido en el artículo 49.1 de nuestra Carta Magna y que es una vinculación intima entre los hechos llamados a constituirse en objeto de la prueba. De nada valdría, el teórico reconocimiento de atractivos derechos sustanciales, ningún sentido tendría el derecho, potestad o facultad de la acción o pretensión procesal, si frente a su concreta inobservancia no se autoriza efectivamente en la práctica, la prueba para demostrar precisamente el presupuesto de hecho al que aquellos se subordinan. En efecto, el fin institucional de la prueba judicial, es el de formar la convicción del Juez acerca de la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos y conducentes, lo que implica, como enseña CAPPELETTI, que las partes cuentan con la posibilidad de valerse: “…de los medios de pruebas generalmente reconocidos por el ordenamiento, y paralelamente que el legislador no pueda poner obstáculos irrazonables a la prueba de los derechos hechos valer en juicio…”.

Es así, por lo cual sabiamente nuestro legislador procesal en su artículo 397 en su parte “In Fine”, estableció que la impertinencia debe ser: “Manifiesta” que involucra como se dijo ut supra, el grosero apartamiento del medio con el tema Desidendum; por lo que, para COUTURE, la pertinencia de la prueba está dada por que aquella verse sobre las proposiciones y hechos que son verdaderamente objeto de la prueba y para nuestra casación, desde Sentencia del 25 de mayo de 1.953 (Gaceta Forense N° 1, Segunda Etapa, páginas 293 y siguientes), la prueba pertinente es aquella que guarda relación con los hechos y problemas difundidos. En conclusión, la impertinencia de la prueba se da cuando:

A.- La prueba carece de objeto al momento de su promoción. En esta hipótesis, estamos en presencia de pruebas impertinentes, ya que es imposible establecer la coincidencia de los hechos objetos de la prueba con los hechos litigiosos.

B.- Cuando el medio propuesto verse sobre un hecho sin incongruencia alguna (ni aún indirectas) con los hechos litigiosos.

C.- Cuando son indefinidas las bases fácticas de la afirmación de lo que se pretende probar, es decir, que se está en presencia de una prueba pesquisitoria la cual se convierte en impertinente porque no se sabe cuál es su objeto.

D.- Las pruebas inútiles las cuales no pueden prestar servicios alguno al proceso así se practique y,

E.- Las pruebas cuyo objeto es ininteligible o imprecisos, los cuales se convierten en impertinentes, ya que no se sabe que se quiere probar.

Aplicando tal Doctrina al caso de autos, esta Alzada observa, que la contumaz, asumió el silencio o rebeldía, ante el llamado a contestar y alegar excepciones perentoriamente, por lo que su actitud procesal debería ser enervar el nacimiento de la obligación y siendo que su actividad luego de quedar confeso en la contestación de la demanda , no asume la destrucción de la pretensión libelar, por lo cual toda prueba que no tienda a traer a la convicción del juzgador los referidos hechos que enerven el nacimiento de la pretensión, supra establecidos, son impertinentes y así deben declararse.

Ahora bien, establecido lo anterior, debe verificar esta Alzada si se cumplen los presupuestos factico-jurídicos de la confesión ficta, para ser declarada en el fondo, tal cual lo ordena el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, que expresa: Ahora bien, el Artículo 362 de nuestra Ley Adjetiva Civil, establece:

Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en éste Código, se le tendrá por confeso en cuanto a no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En éste caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los 8 días siguientes al vencimiento de aquél lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de 8 días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.

El dispositivo antes trascrito consagra la Institución de la Confesión Ficta, que es una sanción de un rigor extremo, prevista únicamente para el caso de que el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados, no haga la contraprueba de los hechos alegados en el libelo, y la demanda no sea contraria a derecho.

Es importante destacar que la doctrina, en armonía con lo señalado Ut-Supra, ha establecido los requisitos de procedencia para su declaratoria, los cuales fueron resumidos de la siguiente manera:

…para que se consume o haga procedente la presunción legal de la Confesión Ficta, se requiere Tres (3) requisitos, a saber: a.- Que el demandado no diere contestación a la demanda; b.- Que la pretensión del actor no sea contraria a derecho; y c.- Que el demandado no probare nada que le favorezca durante el proceso…

. (EMILIO CALVO BACCA. Código de Procedimiento Civil de Venezuela, Tomo 3 Pág. 47).

Ahora bien, debe esta Superioridad examina a continuación, si en el presente caso proceden estos requisitos:

Con relación al primer requisito, la parte demandada no dio contestación a la demanda en el tiempo procesal oportuno, tal como se desprende del auto del tribunal, luego, fueron presentadas las pruebas de la parte contumaz, observándose que el demandado no promovió ningún medio, que demuestre algo que le favorezca, conforme al segundo supuesto, vale decir, nada que le favorezca durante el proceso, pues observa esta Superioridad, que no consta en actas ninguna prueba presentada por el accionado que desvirtuara el nacimiento de las pretensiones del demandante.

En cuanto al tercer requisito, relativo a que no sea contraria a derecho la pretensión del demandante, esta Alzada estima que el procedimiento de resolución de contrato, producto de una compraventa de un bien inmueble acción ésta que, no está prohibida por la Ley, sino al contrario amparada por ella; así lo ha establecido nuestra Sala Constitucional, a través de Sentencia 0209 de fecha 29 de Agosto de 2.003, con ponencia del Magistrado Dr. J.E.C.R., donde expresó: “…siguiendo éste orden de ideas, el hecho relativo a que la petición no sea contraria a derecho, tiene su fundamento en el entendido que, la acción propuesta no esté prohibida por la Ley, o no se encuentre amparada o tutelada por la misma; por lo que, al verificar el Juez tal situación, la circunstancia de considerar la veracidad de los hechos admitidos, pierde trascendencia al sobreponerse la circunstancia de derecho a la fácticas, debiendo entenderse, que si la acción está prohibida por la Ley, no hay acción…”.

Siendo ello así, resulta importante destacar lo que ha dejado sentado el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, a través de Sentencia del 14 de Junio de 2.002, reproducida por la Sala Constitucional, a través de Sentencia N° 1.069 de fecha 05 de Junio de 2.002, con ponencia del Magistrado Dr. I.R.U., donde se expuso:

…La inasistencia del demandado a la contestación a la demanda o su incomparecencia tardía al mismo, vale decir extemporánea, trae como consecuencia que se declare la Confesión Ficta, que por naturaleza es una presunción Iuris Tantum, la cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda; siempre y cuando la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte y, por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuadas las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr, con los medios de pruebas admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante. Es oportuno puntualizar que el Contumaz tiene una gran limitación en la Instancia probatoria. No podrá defenderse con alegaciones, que han debido ser esgrimidas en la contestación de la demanda, por lo que solo podrá realizarse la contraprueba de las pretensiones del demandante; puesto que –tal como lo pena el mencionado Artículo 362-; se le tendrá por confeso si nada probare que le favorezca…

Por todo lo cual, al estar llenos los supuestos de Ley, establecidos en el Artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, debe declararse la Confesión Ficta de la accionada y Así se decide.

DECISIÓN

En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Primero Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado B.F., Apoderado Judicial de la parte demandada, en contra de la sentencia dictada en fecha 24 de marzo de 2009, el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA DE RESOLUCION DE CONTRATO DE PROMESA BILATERAL DE COMPRAVENTA, interpuesta por la empresa PROMOCIONES EL TURBIO PROTURCA C.A., inscrita y domiciliada inicialmente ante el Registro Mercantil de Barquisimeto, estado Lara, en fecha 30 de marzo de 1999, bajo el No. 31, Tomo 14-A, domiciliada en la ciudad de Caracas, posteriormente por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda en fecha 03/05/2004, bajo el Nº 52, Tomo A-62., contra INMOBILIARIA CURARIRE C.A, sociedad mercantil, domiciliada en el Distrito Federal y estado Miranda, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda en fecha 27/04/1992, anotada bajo el No. 12, Tomo 39-A Pro. En consecuencia, se declara:

RESUELTO el CONTRATO DE PROMESA BILATERAL DE COMPRAVENTA, de fecha 08/05/02, inserto bajo el No. 42, Tomo 44 de los libros de autenticaciones llevados por la Notaria Publica Cuarta de Barquisimeto, estado Lara.

Se CONDENA a la demandada a la entrega libre de personas y bienes, los siguientes inmuebles: Inmueble Nº 01: alinderado de la siguiente manera: NORESTE: Local 2, SUROESTE: Área de la circulación peatonal; SURESTE: Área de la Circulación Peatonal interna con área verde, NOROESTE: Área de la circulación peatonal y el inmueble Nº 04: alinderado de la siguiente manera: NORESTE: Local 3ª , SUROESTE: Local Nº 5; SURESTE: Área de circulación peatonal interna; NOROESTE: Local Nº 1; Así como un inmueble denominado, Estudio Gigante y Departamento Técnico, alinderado de la siguiente manera: NORESTE: Área verde con calle 3; SUROESTE: Área de circulación peatonal interna: SURESTE: Local Nº 34; NOROESTE: Área de construcción. Ubicados todos en el Centro Comercial Los Cardones Urbanización Parque Residencial Los Cardones Sector 1, al Norte de la Autopista Centro Occidental, Jurisdicción de la Parroquia S.R., Municipio Iribarren Estado Lara, cuyos linderos son NORTE: Parcela F-2 de la Urbanización Parque Residencial Los Cardones, SUR: Transversal 3, ESTE: Calle 3 y OESTE: Avenida La Francia de esta Ciudad.

A pagar la cantidad de Cincuenta Mil Ciento Sesenta y Cuatro Bolívares con cero setenta y cinco céntimos (Bs. 50.164,75), como complemento al pago conforme a lo establecido en la cláusula séptima del referido contrato.

SIN LUGAR la Indexación solicitada.

No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total.

Queda así CONFIRMADA la sentencia apelada.

De conformidad con el 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase copia certificada de esta sentencia para ser agregada al libro respectivo.

Regístrese, publíquese y bájese.

La Jueza Provisoria,

El Secretario,

Abg. E.D.L.

Abg. J.M.

Publicada en su fecha, en horas de Despacho y seguidamente se expidió copia certificada conforme a lo ordenado.

El Secretario,

Abg. J.M.