Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 6 de Julio de 2007

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DE LA REGIÓN CAPITAL

Siendo la admisibilidad materia de orden público, es necesario destacar tal y como lo ha dejado asentado la Sala Constitucional de nuestro m.T. de la República, que la admisión de la demanda, el auto que en ese sentido se dicta, no prejuzga sobre el fondo, sino que constatado que se llenan los requisitos mínimos para dar curso a la acción y a la demanda, se ordena tramitarla con el fin que en el fallo definitivo se analice y examine todo lo referente al fondo, y se revise de nuevo la existencia de los requisitos de admisibilidad en esa etapa del proceso. En consecuencia, a pesar de ser la admisión la acción o de la demanda un requisito necesario para el inicio del procedimiento, es a través de esta figura que el Juez determina si la acción incoada debe o no tramitarse, eso no quiere decir que ese es el único momento dentro del proceso en el cual el Juez puede declarar la admisibilidad de la demanda o de la acción, ya que, puede darse el caso en el cual el Juez al estudiar el asunto planteado, descubre que existe causal de inadmisibilidad no reparada por él, que puede ser pre-existente, o puede sobrevenir en el transcurso del proceso, y es ese momento cuando debe declarar inadmisible la acción. Asimismo, el Juez puede revocar, rectificar o reformar de oficio o a petición de parte, los actos o providencias de mera sustanciación o mero trámite, mientras no pronuncie sentencia definitiva.

A tal efecto, a los fines de declarar si existe una incompetencia o causal de inadmisibilidad sobrevenida o no, este a quo hace las siguientes consideraciones:

I

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En fecha 20 de junio de 2007, por efecto de distribución, en virtud de la Recusación interpuesta en contra del Abogado A.G., Juez del Juzgado Superior Cuarto en Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, se recibió Demanda por Cumplimiento de Contrato, donde figura como accionante el abogado F.F.O., en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 23.059, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS G.T.S., inscrita por ante la oficina de Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 25 de noviembre de 1.999, bajo el Nº 41, Tomo 327 A Sgdo y reformados sus Estatutos en fecha 8 de mayo de 2000, bajo el Nº 46, Tomo 102-Sgdo, quien procedió a demandar al IAAIM (INSTITUTO AUTONOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETIA).

Alega la demandante que en fecha 27 de abril de 2000, suscribió con el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (en adelante “IAAIM”), el “Contrato de Concesión para la Construcción, Equipamiento y Operación del Hotel del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar”, identificado con el Nº 00-076.

Que mediante decisión Nº CA-0-038, de fecha 5 de mayo de 2004, el C.d.A. de IAAIM declaró la resolución unilateral del Contrato suscrito con su representada, todo ello sin seguir el procedimiento de arbitraje técnico previsto en la Cláusula Décima Primera del mencionado Contrato, lo que dio lugar a la interposición de un recurso de reconsideración, por parte de su representada, el cual fue declarado con lugar por el propio IAAIM, mediante Decisión Nº CA-E-0614-04, de fecha 25 de junio de 2004, al observar que dicho acto resultaba viciado de nulidad absoluta, por no cumplir con el procedimiento previo, siendo que –afirma esa decisión- “…el procedimiento legalmente establecido fue el convenido y pactado en el contrato administrativo de concesión, que constituye ley entre las partes; conforme a lo dispuesto en el Código Civil Venezolano en su artículo 1.159…”.

En tal virtud, en esa decisión, el propio IAAIM estableció que, como consecuencia de la revocatoria de su acto, procedía “…reponer la causa al estado que se inicie el ARBITRAJE TECNICO, conforme con lo establecido en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA…”.

Afirma el apoderado actor que en fecha 16 de agosto de 2005, mediante Decisión Nº CA-E.027-05, el C.d.A. del IAAIM, nuevamente declaró la rescisión unilateral del Contrato de Concesión, contra la cual, su representada ejerció recurso de reconsideración, el cual fue declarado sin lugar mediante decisión N° CA-E-051-05 de fecha 22 de septiembre de 2005 (sic).

Que ejercido el correspondiente recurso jerárquico por ante el Ministro de Infraestructura en fecha 13 de octubre de 2005, el mismo fue declarado con lugar el 5 de abril de 2006 y en fecha 19 de mayo de 2006, ambas partes hicieron la reformulación, suscribiendo Convenio Modificatorio, en virtud del cual en su Cláusula Segunda estipularon: “Las partes de común acuerdo suscriben el presente convenio con la finalidad de modificar, en los términos aquí establecidos, el “CONTRATO DE CONCESION PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DEL HOTEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR”, identificado con el numero 00-076 y suscrito entre las partes en fecha 27 de abril de 2000. En ese sentido, todo lo estipulado en el referido contrato que contradiga lo acordado en el presente convenio y sus anexos, quedará derogado en virtud de este documento”.

Manifiesta el apoderado judicial de la accionante, que en fecha 16 de octubre de 2006, fue notificada del Oficio N° IAAIM-DG-2006-284, de fecha 10 de octubre del mismo año, mediante el cual el C.d.A.d.I. acordó la apertura y sustanciación de un procedimiento administrativo ordinario a su representada, “en virtud del presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en las Cláusulas Séptima, Octava y Novena y finalmente a través de la Decisión N° CA-E-104-06, de fecha 14 de noviembre de 2006, la demandada resolvió Declarar el incumplimiento grave de contrato de concesión suscrito con la demandante; rescindir, por incumplimiento de la empresa concesionaria el contrato de concesión ut supra y se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación del acto administrativo, para que proceda a retirar los bienes muebles, herramientas, materiales no incorporadas a la obra, equipos y demás efectos que se encuentren en el lugar de ejecución de la obra en construcción.

La Demandante solicita que la presente demanda sea admitida y decrete medida cautelar innominada; que declare con lugar en la definitiva la demanda y condene al mencionado Instituto a cumplir los procedimientos previstos en las cláusulas Décima Primera y Vigésima Octava del contrato de concesión previamente identificado para resolver las reclamaciones que tenga contra su representada y se deje sin efecto el la (sic) Decisión Nº CA-E-104-06, de fecha 14 de noviembre de 2006.

En fecha 25 de junio, el abogado E.J.M.M. en su carácter de Juez Provisorio del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo se avoco al conocimiento de la causa y ordeno la notificación de las partes, quienes fueron notificadas el dos (02) de julio de 2007 y asimismo se procedió la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República en fecha 04 de julio de 2007.

II

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

La Sala Político Administrativa en sentencia Nº 1209 de fecha 2 de septiembre de 2004 dejo asentado:

La jurisdicción contencioso-administrativa general, está organizada en tres niveles:

- La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la cúspide de la jurisdicción.

- Las Cortes de lo Contencioso-Administrativo, a un nivel intermedio, y con competencia nacional, creadas mediante la Resolución Nº 2003-00033 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, y

- Los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, a nivel regional.

- Asimismo, son tribunales integrantes de la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Tributario y los demás tribunales que en virtud de la Ley, conozcan de la nulidad de actos administrativos emanados de autoridades públicas nacionales, estadales o municipales.

‘(...)1.Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

La Sala reitero el contenido del fallo citado, y en consecuencia, es también competencia de los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo:

- Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte cualquier entidad administrativa regional distinta a los estados o los municipios, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

Finalmente, y con base a todo lo anteriormente expuesto, mientras se dicta la Ley que organice la jurisdicción contencioso-administrativa, será competencia de los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo:

1. Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

2. Conocer de todas las demandas que interpongan la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere contra los particulares o entre sí, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

3. Conocer de las acciones o recursos de nulidad, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, contra los actos administrativos emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción.

4. De la abstención o negativa de las autoridades estadales o municipales, a cumplir determinados actos a que estén obligados por las leyes, cuando sea procedente, de conformidad con ellas.

5. De las impugnaciones contra las decisiones que dicten los organismos competentes en materia inquilinaria.

6. De los recursos de hecho cuyo conocimiento les corresponda de acuerdo con la Ley.

7. De las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los estados o los municipios, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal;

8. Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte cualquier entidad administrativa regional distinta a los estados o los municipios, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

9. De las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a los órganos del Ejecutivo Estadal y Municipal y demás altas autoridades de rango regional que ejerzan Poder Público, si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

10. De las acciones de reclamo por la prestación de servicios públicos estadales y municipales, si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

11. De cualquier otra acción o recurso que le atribuyan las leyes (Ejemplos de ellos son las acciones de nulidad por motivos de inconstitucionalidad o de ilegalidad, contra los actos administrativos concernientes a la carrera administrativa de los funcionarios públicos nacionales, estadales o municipales, atribuida por la Ley Orgánica del Estatuto de la Función Pública.)

Contra las decisiones dictadas con arreglo a los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11, podrá interponerse apelación dentro el término de cinco días, por ante las Cortes de lo Contencioso-Administrativo.

Conforme a la jurisprudencia ante descrita, este Juzgador la acoge y declara que es competente para conocer la presente demanda y así se decide.

Este a quo observa que la presente demanda fue interpuesta por ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital (Distribuidor) en fecha 28 de noviembre de 2006, correspondiéndole el conocimiento de la misma al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, siendo admitida en fecha 6 de diciembre de 2006. La parte accionada fue emplazada en fecha 09 de abril de 2007. El 14 de mayo de 2007, esta misma causa fue remitida por el precitado Juzgado Superior, en virtud de su recusación, al Juzgado Superior Distribuidor en lo Contencioso Administrativo y por efecto de Distribución le correspondió el conocimiento de la misma al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo, siendo el Juez de dicho Juzgado recusado por el accionante y por efecto de Distribución el conocimiento de esta Demanda correspondió a quien aquí suscribe la presente decisión.

Ahora bien, cursa por ante este Juzgado la causa signada bajo el Nº 5550, tal y como consta en autos, donde aparece como accionante el mismo abogado F.F.O., en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 23.059, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS G.T.S., inscrita por ante la oficina de Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 25 de noviembre de 1.999, bajo el Nº 41, Tomo 327 A Sgdo y reformados sus Estatutos en fecha 8 de mayo de 2000, bajo el Nº 46, Tomo 102-Sgdo, quien procedió a demandar al mismo ente, IAAIM (INSTITUTO AUTONOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETIA), donde manifiesta que su mandante en fecha 16 de octubre de 2006, fue notificada del Oficio Nº IAAIM-DG-2006-284, de fecha 10 de octubre del mismo año, mediante el cual el Concejo de Administración del Instituto acordó la apertura y sustanciación de un procedimiento administrativo ordinario a su representada, “en virtud del presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en las Cláusulas Séptima, Octava y Novena y finalmente a través de la Decisión Nº CA-E-104-06, de fecha 14 de noviembre de 2006, la demandada resolvió Declarar el incumplimiento grave de contrato de concesión suscrito con la demandante; rescindir, por incumplimiento de la empresa concesionaria el contrato de concesión ut supra y se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación del acto administrativo, para que proceda a retirar los bienes muebles, herramientas, materiales no incorporadas a la obra, equipos y demás efectos que se encuentren en el lugar de ejecución de la obra en construcción.

La Demandante solicita que esa demanda sea admitida, se decrete medida cautelar innominada; que se declare con lugar en la definitiva y se condene al mencionado Instituto a cumplir los procedimientos previstos en las cláusulas Décima Primera y Vigésima Octava del contrato de concesión previamente identificado para resolver las reclamaciones que tenga contra su representada y se deje sin efecto el la (sic) Decisión Nº CA-E-104-06, de fecha 14 de noviembre de 2006.

Demanda que fue interpuesta por ante el Juzgado Distribuidor el día 21 de noviembre de 2006, admitida el 08 de marzo de 2007 y previniendo en la citación el día 12 de marzo de 2007, por lo que a juicio de este Juzgador existe conexión entre ambas causas, (la 5782 y 5550) es decir, que los sujetos, objeto y causa son idénticas.

Para Calamandrei, citado por Rengel-Romberg, la relación más estrecha que puede darse entre dos o más causas es la de identidad absoluta, denominada por la doctrina “litispendencia”.

Se da esta relación cuando las causas tienen en común los tres elementos indicados: los sujetos, el objeto y el titulo, o causa pretendi, en tal forma que la ley, en este caso, no habla de dos o más causas idénticas, sino de una misma causa propuesta ante dos autoridades judiciales igualmente competentes (A. Rengel-Romberg en Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo código de 1987. Tomo I. Teoría General del Proceso, p.355).

El procesalista H.C. en su texto de Derecho Procesal Civil, Tomo I, relativo a la competencia y otros temas, expresaba que se llama litispendencia a la coexistencia de dos o más relaciones procesales con idénticos elementos: personas, cosas y causas. La igualdad de elementos engendra la figura genérica de la identidad. La litispendencia supone la vinculación de acciones entre dos o más tribunales igualmente competentes para conocer cada uno de los juicios que cursan en ellos e incluso pueden encontrarse en un mismo juzgado (autor citado, p.80).

En opinión de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la litispendencia supone la máxima conexión que existe entre dos juicios respecto a dos elementos, esto es, sujetos, objetos y causa. Para la determinación de la existencia de identidad de sujetos no es relevante su posición procesal, sino la condición de éstos como partes sustanciales en el proceso (relación sustancial entre las partes); respecto al objeto y a la causa, su identidad no la determina la calificación jurídica que se le dio a la pretensión sino la pretensión en sí misma, de tal modo, que una variación en la calificación jurídica de la pretensión no excluye la existencia de litispendencia entre dos juicios, si la pretensión que está contenida en la demanda, es la misma en una y otra causa.

Por otra parte el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil establece:

Cuando una misma causa se haya promovido ante dos autoridades judiciales competentes, igualmente el Tribunal que haya citado posteriormente a solicitud de parte y aun de oficio, en cualquier estado y grado de la causa, declarará la litispendencia y ordenará el archivo del expediente quedando extinguida la causa.

Si las causas idénticas han sido promovidas ante el mismo Tribunal, la declaratoria de litispendencia pronunciada por éste, producirá la extinción de la causa en la cual no se haya citado al demandado o haya sido citado con posterioridad

.

La Exposición de Motivos del vigente Código de Procedimiento Civil (1987), dispone:

La figura de la litispendencia ha encontrado una exacta regulación en el artículo 61 del Proyecto, en el cual se introduce una consecuencia no prevista actualmente en el Código vigente, para el caso de la declaratoria de litispendencia. Según el Código actual, cuando una misma causa se haya promovido ante dos autoridades judiciales igualmente competentes, la decisión competerá a la que haya prevenido, y se acumulan ambas causas para que sean decididas por el mismo Juez (idem iudex) en un solo proceso (simultaneus processus) lo que en la práctica es fuente de dilaciones y de ocasión de mala fe procesal, de parte de los litigantes inescrupulosos, que logran así detener un proceso en curso avanzado, mientras la otra causa idéntica llega al mismo estado y puedan seguir acumuladas el mismo curso ante el Juez de la prevención.

El sistema acogido en el Proyecto, inspirado en la experiencia del derecho italiano, impide esta corruptela, estableciendo la cancelación o extinción de la causa propuesta con posterioridad, y en caso de ser propuestas ambas causas idénticas ante el mismo Juez, se establece también la extinción de la causa en la cual no se haya citado al demandado, o haya sido citado con posterioridad

.

Vemos que de conformidad al artículo antes transcrito, se exige para la declaratoria de litispendencia la identidad de las causas, identidad que debe versar sobre las personas, cosas y acciones de manera que las causas resulten una misma.

Para este Juzgador con base a lo antes descrito, considera que en el caso de autos, las causas son idénticas (las signadas bajo los números 5550 y 5782), respecto de la acción, objeto y sujetos; que el objeto es idéntico en ambas causas, se demanda el cumplimiento de contrato de Concesión para la Construcción, Equipamiento y Operación del Hotel del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar”, identificado con el Nº 00-076, en contra del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM) y que existe identidad entre los sujetos, quienes son los mismos, por lo que forzosamente de manera clara e inequívoca, se desprende la existencia de litispendencia. Así se declara.

Declarada la litispendencia conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del ya citado Código de Procedimiento Civil Venezolano, la extinción de la causa es inminente y por ende se debe ordenar el archivo del expediente (Nº 5782). Así se decide.

Ha dicho igualmente la Sala Constitucional que vale la pena destacar que, si ambos juicios continuaren su curso, alguna de las sentencias en dichos procesos sería de imposible incumplimiento pues, el fallo que se dicte en segundo lugar pondría fin a una relación inexistente u ordenaría la continuación de una relación que fue previamente extinguida. Adicionalmente, podrá ordenarse una doble indemnización, lo que sería contrario al derecho de las partes a una tutela judicial eficaz.

Por otra parte, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala Constitucional de nuestro m.T. de la República que ha pronunciado al respecto de la manera siguiente:

…El artículo 26 de la vigente Constitución establece como derecho constitucional el acceso de las personas a la justicia. Tal acceso, conforme a la letra del mismo artículo, se hace mediante el proceso (lo que se denota de la frase de la norma sin formalismos o reposiciones inútiles), por lo que se trata de un acceso doble, ya que él no sólo corresponde a los demandantes sino a los demandados. Siendo el camino el proceso, las personas ejercerán su derecho mediante la acción, por lo que si ésta no existe o es inadmisible, el acceso efectivamente tiene lugar, pero el órgano jurisdiccional inadmite la acción, por lo que no toca el fondo de la pretensión.

En consecuencia, tal rechazo de la acción no significa una negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que es el resultado de una declaración jurisdiccional, y se trata de un juzgamiento sobre la existencia del derecho de acción.

La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho.

En sentido general, la acción es inadmisible:

1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil .

2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado).

3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso.

La falta de interés procesal puede provenir de diversas causas, y la cosa juzgada sobre el punto a litigarse es una manifestación de falta de interés, de igual entidad que las contempladas, por ejemplo, en los numerales 1, 2, 3, 5, y 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que trata la inadmisibilidad en ese particular proceso.

El interés procesal varía de intensidad según lo que se persiga, y por ello no es el mismo el que se exige en quien incoa una acción popular por inconstitucionalidad, que el requerido en una acción por intereses difusos o para el cumplimiento de una obligación.

(…)

Consecuencia de lo anterior, es que quien demanda (reconociendo la Sala que el escrito de demanda es una vía para ejercer el derecho de acción, pero que con ella no se confunde), utilizando el proceso para un fin diferente al que se administre justicia, carece de acción. Surge una apariencia de acción y de proceso, al poner en marcha la función jurisdiccional, pero ella (la acción) realmente no existe, ya que efectivamente no se está buscando la tutela judicial que debe brindar la actividad jurisdiccional, y que es el fin del proceso.

Es igualmente requisito de la acción la cualidad en las partes, tal como señalaba el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil de 1916 al tratar las excepciones de inadmisibilidad.

4) Dentro de la clasificación anterior (la del número 3), puede aislarse otra categoría, más específica, de causales de inadmisibilidad de la acción, y es que ella se utilice para violar el orden público o infringir las buenas costumbres.

El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señala a estas causas como de inadmisibilidad de la demanda (del escrito), pero en realidad sus supuestos se convierten en causas de inadmisibilidad de la acción, ya que no podrá administrarse justicia, y ello ocurre cuando:

a) Se incoa la acción para crear un proceso que viene a obrar como un instrumento para cometer un fraude, bien se trate de un fraude procesal para perjudicar a alguien específicamente dentro del proceso o con motivo de él, o bien se trate de un fraude a la ley. Se está en presencia de acciones incoadas para alterar el orden público constitucional, al desvirtuar los f.d.p., tal como lo ha expresado esta Sala en fallos de 9 de marzo de 2000 y 4 de agosto de 2000 (Casos: S.S.d.Z. e Intana C.A., respectivamente).

(…)

5) Por otra parte, la acción incoada con fines ilícitos necesariamente debe ser inadmisible, si ello lo alega una parte o lo detecta el juez, ya que el fin de la acción, en estos casos, no es sólo que se declare el derecho a favor de una parte, o se le repare al accionante una situación jurídica, sino que con deslealtad procesal se trata de enervar el derecho de defensa de la contraparte (lo que es fraudulento), y a la vez causarle daños, como sería aumentarle los gastos que genera la defensa.

Ello ocurre, por ejemplo, cuando una persona demanda a otra por los mismos hechos y causa de pedir ante varios tribunales y en diversas oportunidades, y aunque tal práctica desleal tiene el correctivo del alegato de la litispendencia, si aún no hay fallo de fondo dictado, de todas maneras el derecho de defensa del demandado se ve minimizado, al tener que atender diferentes procesos, donde se pueden decretar medidas cautelares en su contra, y es indudable que los gastos de la defensa aumentarán.

Puede argüirse, que tratándose de un abuso de derecho, el cual parte de la utilización de mala fe del derecho de acción, se hace necesario que la víctima oponga formalmente tal situación, ya que ella es la que puede calificar si la actividad de mala fe de su contraparte la perjudica; pero ello no es cierto, desde el momento que el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, convierte al juez en tutor de la lealtad y probidad que deben mantener las partes en el proceso, y además lo faculta para tomar de oficio las medidas tendentes a evitar la deslealtad. Una acción ejercida con fines ilícitos, no puede ser admitida y debe declararse de oficio su inadmisibilidad cuando se detecte el abuso de derecho.

(…)

Tratándose la acción de un presupuesto procesal para acceder a la jurisdicción, su falta o su inadmisibilidad puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso, inclusive en casación, y estos ejercicios de la acción con fines ilícitos, el juez debe calificarlos, y máxime este Tribunal Supremo, en cualquiera de sus Salas, debido a la letra del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que le permite, al menos al Tribunal Supremo de Justicia, tomar medidas generales tendentes al cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.

Considera la Sala, que la actitud de R.E.M.P., quien ha incoado ante las distintas Salas de este Tribunal Supremo de Justicia amparos y procesos, los cuales pretende no le sean juzgados, debido a la recusación general, es una interferencia en la función judicial, que este Tribunal Supremo de Justicia, conforme al citado artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para impedirla puede dictar medidas para hacerla cesar inmediatamente, y a ese fin se instruye a las Salas de este Tribunal Supremo, a fin que examinen si los procesos donde actúa R.E.M.P. es admisible la acción de acuerdo a la doctrina de este fallo, y de ser así los inadmita de inmediato.

Consecuencia de lo expuesto, la acción de invalidación incoada, y como resultado de los pedimentos contenidos en la diligencia suscrita por el actor el 2 de febrero de 2001, no busca que sea decidida por Tribunal venezolano alguno; es decir, no persigue se administre justicia, y en ese sentido no es admisible, y así se declara…

. (vid sentencias 206 de fecha 14 de febrero de 2007 y 776 de 18 de mayo de 2001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero).

La Sentencia ya referida la acoge en su totalidad este a quo y por las consideraciones ya expuestas la presente causa por existir litis pendencia debe ser declarada Inadmisible y así se decide.

Declarada la inadmisiblilidad en la presente demanda, se revoca la medida cautelar innominada otorgada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 06 de diciembre de 2006, a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS G.T.S, C.A., solicitada por el abogado F.F.O., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 23.059, en contra de la Decisión Nº CA-E-104-06, de fecha 14 de noviembre de 2006, emanada del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM). Así se decide.

En cuanto a la apelación interpuesta por el accionante en fecha 13 de junio de 2007 en contra del auto de fecha 06 de junio de 2007, cursante en folio ochenta y uno (81), se niega la misma por ser un auto de mero tramite que no tiene apelación. Así se decide.

III

DECISION

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE, la demanda por cumplimiento de contrato de Concesión para la Construcción, Equipamiento y Operación del Hotel del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar”, identificado con el Nº 00-076, interpuesta por el abogado F.F.O., en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 23.059, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS G.T.S., inscrita por ante la oficina de Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 25 de noviembre de 1.999, bajo el Nº 41, Tomo 327 A Sgdo y reformados sus Estatutos en fecha 8 de mayo de 2000, bajo el Nº 46, Tomo 102-Sgdo, en contra IAAIM (INSTITUTO AUTONOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETIA), y en consecuencia:

PRIMERO

Declara que es competente para conocer la presente causa.

SEGUNDO

Revoca la medida cautelar innominada otorgada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 06 de diciembre de 2006, a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS G.T.S, C.A., ya identificada plenamente, solicitada por el abogado F.F.O., en contra de la Decisión Nº CA-E-104-06, de fecha 14 de noviembre de 2006, emanada del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM).

TERCERO

Niega la apelación de fecha 13 de junio de 2007 en contra del auto que data del 06 de junio de 2007, cursante en folio ochenta y uno (81), e interpuesta por el abogado F.F.O., en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 23.059, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS G.T.S.

CUARTO

Se ordena el archivo de la presente causa cursante en el expediente signado bajo el Nº 5782.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en la ciudad de Caracas, a los seis (06) días del mes de julio de dos mil siete (2007).- Años:197º de la Independencia y 148º de la Federación.-

JUEZ PROVISORIO,

E.M.M.

LA SECRETARIA,

M.G.J.

En esta misma fecha, siendo las 09:00 a.m.; se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

M.G.J.

Exp.5782/EMM