Decisión nº 001-07 de Corte Superior Sección Adolescentes de Zulia, de 8 de Mayo de 2007

Fecha de Resolución 8 de Mayo de 2007
EmisorCorte Superior Sección Adolescentes
PonenteJacqueline Fernández
ProcedimientoRecurso De Apleación De Sentencai

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

SECCION DE ADOLESCENTES

CORTE SUPERIOR

Maracaibo, 08 de mayo de 2007

197° y 148°

DICTA LA SENTENCIA DEFINITIVA Nº 001-07

PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL: Dra. J.F..

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

  1. ACUSADO: (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente).

  2. DEFENSA: Abogado O.A.A.M., Defensor Público Primero en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia.

  3. FISCAL: El ciudadano abogado E.O.G., en su carácter de Fiscal Trigésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

  4. VICTIMA: A.L.C.I. (occiso).

  5. DELITO: Homicidio Calificado en la ejecución del delito de Robo Agravado en la modalidad de Mano Armada, en calidad de autor, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en concordancia con los artículos 405, 458 y 455 ejusdem.

  1. DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y HECHOS QUE MOTIVAN EL DICTAMEN DE LA PRESENTE SENTENCIA:

    Han subido a esta Corte Superior las presentes actuaciones, contentivas del recurso de apelación de sentencia definitiva, interpuesto por el abogado O.A.A.M., Defensor Público Primero en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, actuando como defensor del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), en contra de la Sentencia N° 03-07, dictada en fecha 28 de febrero de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio, de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, constituido de manera mixta, mediante la cual, por unanimidad, declaró culpable al mencionado adolescente de la comisión del delito de Homicidio Calificado en la ejecución del delito de Robo Agravado en la modalidad de mano armada, en calidad de autor, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en concordancia con los artículos 405, 458 y 455 ejusdem, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Á.L.C.I., imponiéndole como sanción la Privación de Libertad, con un plazo de cumplimiento de cuatro (04) años.

    Recibidas las actuaciones en esta Corte Superior, se dio cuenta en la misma, designándose como ponente a la Jueza que con tal carácter suscribe la presente Sentencia. Asimismo, en fecha 29 de marzo del presente año, según decisión N° 007-07, se admitió el recurso interpuesto. Fijada la audiencia oral y reservada, prevista en el primer aparte del artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, ésta se llevó a efecto el día 02 de mayo de 2007, en cuya oportunidad se constató la presencia en la Sala del abogado O.A.A.M., Defensor Público Primero en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, actuando como defensor del acusado de actas, quien expuso oralmente los motivos de la interposición del recurso de apelación; así como también se verificó la asistencia del acusado (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), previo traslado de la Entidad de Atención Socio Educativa “Sabaneta”, del ciudadano abogado E.O.G., en su carácter de Fiscal 31° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y de las víctimas ciudadanas A.G.C. y A.G.C., observándose la inasistencia del represente legal del acusado ciudadano E.J.V.. Por consiguiente, cumplidos los trámites procesales, esta Sala pasa a dictar Sentencia, en los siguientes términos:

  2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE ACTAS, ABOGADO O.A.A.M.:

    La defensa de actas, ejercida por el abogado O.A.A.M., Defensor Público Primero en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, interpuso su recurso de apelación en los siguientes términos:

PRIMERO

Denuncia el accionante, como primer motivo del presente medio de impugnación, que existe Falta Manifiesta en la Motivación de la Sentencia, conforme a lo establecido en el artículo 452, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, alegando que el fallo recurrido no cumple con los requisitos de la motivación, puesto que, a su criterio, se vulnera el contenido de los literales b, c y d del artículo 604 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, toda vez que la sentencia accionada no enuncia en forma completa los hechos y circunstancias que fueron debatidos en el contradictorio; no determina en forma precisa y circunstanciada los hechos que estima como acreditados y probados; así como no expone de manera concisa los fundamentos de hecho y derecho en la cual se basa la decisión, denunciando como infringidos el contenido de los artículos 22 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal solicitando, en consecuencia, la nulidad de la sentencia impugnada, conforme a lo previsto en los artículos 190, 191 y 195 de la citada ley adjetiva penal.

Continúa alegando el recurrente, que la sentencia no expresa en forma precisa y circunstanciadas las razones de hecho y de derecho por las cuales considera demostrado el “ROBO” sin a.d.t.p. toda vez que no explica el por qué es Robo Agravado; no se fundamenta la modalidad de mano armada; es decir, el uso de arma de fuego. Igualmente, señala que el fallo accionado no especifica los objetos robados, así como tampoco cuáles son las pruebas demostrativas de dicho delito, alegando al respecto que el Ministerio Público señaló como única víctima al ciudadano Á.L.C. y no a los “supuestos” acompañantes ciudadanos H.Y.P. y J.A.V., quienes aparentemente fueron despojados de sus pertenencias, aunado al hecho de que los mismos no son contestes en cuanto a los objetos robados.

Señala además la defensa, que la Vindicta Pública sólo promovió para el juicio oral una experticia de avalúo prudencial de los objetos robados, considerando en consecuencia, que es una prueba insuficiente para demostrar por sí sola la existencia de dichos bienes, ya que, a criterio del apelante, la misma debió complementarse con la comparación del testimonio de los ciudadanos que indicaron ser los propietarios de tales objetos, realizando igualmente la defensa consideraciones sobre el avalúo prudencial; denunciando asimismo que la Jueza a quo no indicó de donde surgió la convicción de la preexistencia de dichos bienes, por lo que considera que si bien, tales circunstancias se encuentran vinculadas al delito de Homicidio, el mismo constituye un “delito autónomo”.

Por otra parte, alega el recurrente que el fallo accionado no expresa en forma precisa y circunstanciada las razones de hecho y de derecho por los cuales se considera al acusado de actas autor del delito atribuido por la Vindicta Pública, considerando que en relación a tal aspecto la sentencia es “escueta e insuficiente”, siendo necesario el razonamiento y la motivación. Al respecto, el accionante trae a colación un extracto de la Sentencia N° 460, dictada en fecha 19-07-05, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la cual dispone que el artículo 364 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé la necesidad de que las sentencias sean motivadas, toda vez que para las partes constituye una garantía de que se ha decidido con sujeción a la verdad procesal.

En torno a lo anterior, la defensa arguye que la sentencia apelada no cumple con las exigencias antes referidas, toda vez que no toma en cuenta todo lo alegado y probado en el debate; no analiza el contenido de los alegatos de las partes y de las pruebas, sin indicar las razones por las cuales las aprecia o las desestima; no realiza un análisis circunstanciado de todos los elementos de convicción sin relacionarlos o compararlos entre sí; así como no determina en forma precisa y circunstanciada los hechos que el Tribunal estima acreditados.

A la par, indica el accionante que para la fundamentación del presente recurso son valederos los razonamientos expuestos por esta Corte Superior en la Sentencia dictada en fecha 14-12-06, transcribiendo en consecuencia la defensa parte del contenido de la misma.

Continúa denunciando el apelante, que la Jueza de mérito no hace un análisis racional de las pruebas, “recoge” sólo las “supuestas contradicciones” de los testigos de la defensa, sin darle valor probatorio a ninguno de ellos, contraponiéndolos uno con otro y no entre varios o en conjunto, sin motivar el por qué los desechaba; así como por otra parte, el fallo impugnado no señala las contradicciones en las cuales incurrieron los testigos promovidos por la Vindicta Pública, haciendo especial referencia a la testimonial rendida por el ciudadano J.A.V..

Aduce asimismo el accionante, que la decisión apelada vulnera el contenido del artículo 22 de la ley adjetiva penal, referido a la valoración de las pruebas, concluyendo -a su juicio- que en el fallo se observa: 1) La recurrida al momento de valorar las pruebas de descargos lo realiza contraponiendo dos testigos a la vez, sin hacer referencia a la mayor o menor eficacia que los mismos pudieran tener en relación a los alegatos de los otros testigos y; 2) al momento de hacer la valoración de los testigos de la defensa los desecha por la existencia de una o dos contradicciones entre ellos. Todo lo cual, a criterio del apelante vulnera las garantías procesales establecidas en los artículos 22 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal.

Finalmente, en este primer motivo de apelación denuncia el accionante que existe “Falta Manifiesta en la Motivación de la Sanción”, con lo cual alega la trasgresión del artículo 604, literal e, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por cuanto a su criterio no se explana debidamente las pautas establecidas en el artículo 622 de la citada ley especial para la determinación de la naturaleza y duración de la sanción impuesta, toda vez que el Juez está en el deber de explicarlas y fundamentarlas en criterios racionales explícitos, indicando la defensa que en el caso en concreto no se explica ni fundamentan las razones que justifican la sanción impuestas sólo se reduce a “una simple enunciación de las pautas”. Igualmente, alega el apelante que en la sentencia impugnada no se precisa razón alguna en relación a la solicitud de la defensa de imponerle al adolescente las medidas de libertad asistida y reglas de conductas, sin indicar el por qué desestimaba la referida solicitud.

SEGUNDO

Arguye el accionante en este motivo, que denuncia la errónea aplicación del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al careo de personas que en sus declaraciones hayan discrepado sobre hechos importantes. En tal sentido, el apelante señala que la Jueza a quo negó la solicitud de la defensa de someter a careo al adolescente acusado con la testigo referencial ciudadana Huneivi Cañizalez, impidiendo al adolescente defenderse y, a la defensa “alegar cuanto crea oportuno o replicar dialécticamente las posiciones contrarias”, incurriéndose así en denegación de la tutela judicial efectiva, vulnerándose el debido proceso el cual comprende el derecho a la defensa, establecido en el artículo 49.1 Constitucional. A tales efectos, el apelante señala un extracto de la Sentencia N° 1303, dictada en fecha 20-06-05, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Concluye, el accionante indicando que el careo solicitado por la defensa era necesario para “el esclarecimiento de la verdad procesal”.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA DEFENSA:

1) Acta de Debate y;

2) Sentencia impugnada.

PETITORIO: Solicita el accionante, se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto; se anule la sentencia impugnada conforme a lo establecido en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal y se ordene la celebración de un nuevo juicio oral y público, ante un tribunal de juicio distinto al que pronunció la decisión recurrida, de conformidad a lo preceptuado en el primer aparte del artículo 457 de la citada ley adjetiva penal.

  1. DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN:

La Representación Fiscal del Ministerio Público, ejercida por el abogado E.O.G., en su carácter de Fiscal 31, dio contestación al presente medio de impugnación en los siguientes términos:

PRIMERO

Alega la Vindicta Pública, que la sentencia apelada se encuentra debidamente motivada, toda vez que la Jueza a quo indicó la “Enunciación de los Hechos y Circunstancias que hayan sido del Juicio”, transcribiendo a los efectos parte del contenido de la referida decisión. Igualmente, que el medio recursivo es contradictorio toda vez que el recurrente establece que “hay carencia de suficiente motivación que deviene en ausencia de la misma”, sin establecer si se refiere a que el dictamen judicial no fue suficientemente motivado o hay ausencia de motivación.

Así mismo establece, que en cuanto a la denuncia de apelación referida al delito de Robo, se demostró suficientemente la comisión de tal delito; además, señala que es falso que la prueba de avalúo prudencial de los objetos que fueron despojados sea insuficiente para demostrar el delito y no como pretende la defensa que se realice un avalúo real de los objetos que fueron recuperados, por considerar que dicho avalúo prudencial junto con el alegato de la experta que lo suscribió, es insuficiente.

Igualmente, refiere el Ministerio Público que la defensa pretende traer a consideración de la Sala circunstancias de hechos probados por la inmediatez del juicio oral. Por otra parte, en relación a los alegatos del recurrente, sobre el análisis exhaustivo de la sentencia, la defensa acepta que el Juez valoró el dicho de los testigos, apreciando unos como valederos y eficaces y otros como no creíbles por las evidentes contradicciones.

En tal contexto, la Vindicta Pública señala que para agravar el delito de robo por el uso de arma de fuego, no “necesariamente” debe tenerse como requisito la presentación del arma, toda vez que sólo basta con el dicho de los testigos y de la víctima de ser constreñidos, para que se configure la agravante del delito de robo, siendo contestes los testigos antes tales circunstancias. A la par, indica quien contesta que en el caso en concreto el médico forense estableció en su informe que la causa de la muerte estaba relacionada directamente con el uso del arma de fuego, coincidiendo con el dicho de los testigos en cuanto a la zona donde se produjeron, esto es a nivel del cráneo.

Por otra parte, al referirse a la denuncia relativa a la sanción impuesta al acusado de actas, arguye el Ministerio Público que el Juez la estableció tomando en cuenta la idoneidad, necesidad y proporcionalidad por la gravedad del daño causado a la víctima, máxime cuando es un delito que tiene como sanción la privación de libertad, según lo establece el parágrafo segundo del artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, considerando que la sanción impuesta al acusado de actas no es desproporcional al delito.

SEGUNDO

Arguye la Vindicta Pública, en relación al fundamento esgrimido por la defensa, en cuanto a la denegación de la tutela judicial efectiva por no haberse acordado la solicitud de efectuarse un careo entre un testigo y el acusado, que el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que para realizar el referido careo se aplican las reglas del testimonio la cual incluye el juramento, estimando quien contesta que tal situación es improcedente por no existir igualdad de condiciones entre el acusado no juramentado y la víctima (sic) “debidamente juramentada”, así mismo, en cuanto a la libertad de su dicho no existe indefensión, toda vez que el imputado -con el testigo presente- ha podido solicitar la palabra para refutar dicha testimonial “pero en ningún caso bajo la figura del careo”. A tales efectos, la Vindicta Pública cita doctrina del autor patrio R.D., en su obra “Las Pruebas en el Proceso Penal Acusatorio”, referido a la figura del careo.

Concluye el Ministerio Público, indicando que al momento de negar la Jueza a quo el careo solicitado, la defensa no interpuso el respectivo recurso de revocación, quedando en consecuencia a su criterio, la decisión convalidada.

PETITORIO: Solicita la Vindicta Pública, se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de actas “por no estar fundados (sic) en ninguno de los motivos para recurrir fallos en primer grado conforme se ha explicado y se ha establecido en esta área especializada”.

  1. DE LA SENTENCIA RECURRIDA:

    La Sentencia apelada corresponde a la N° 03-07, dictada en fecha 28 de febrero de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, constituido de manera mixta, mediante la cual, por unanimidad, declaró culpable al adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), de la comisión del delito de Homicidio Calificado en la Ejecución del Delito de Robo Agravado en la Modalidad de Mano Armada, en calidad de autor, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en concordancia con los artículos 405, 458 y 455 ejusdem, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Á.L.C.I., imponiéndole como sanción la Privación de Libertad con un plazo de cumplimiento de cuatro (04) años y se ordenó su ingreso a la Entidad de Atención Socio Educativa Sabaneta, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 603 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

  2. DE LA AUDIENCIA ORAL Y RESERVADA:

    En fecha 02 de mayo de 2007, se llevó a efecto audiencia oral y reservada en cuya oportunidad se constató en la Sala la presencia del abogado O.A.A.M., Defensor Público Primero en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, actuando como defensor del acusado de actas, quien expuso oralmente los motivos de la interposición del recurso de apelación; así como también se verificó la asistencia del acusado (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), previo traslado de la Entidad de Atención Socio Educativa “Sabaneta”, del ciudadano abogado E.O.G., en su carácter de Fiscal 31° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y de las víctimas ciudadanas A.G.C. y A.G.C., observándose la inasistencia del represente legal del acusado ciudadano E.J.V., quien se encontraba debidamente notificado de la referida audiencia oral.

    En la citada audiencia, la parte apelante en su debida oportunidad legal, realizó sus planteamientos ratificando de este modo de forma oral, los mismos argumentos interpuestos en su escrito de apelación exponiendo lo siguiente:

    …Ratifico el escrito de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, signada con el No. 03-07, de fecha 28 de febrero de 2007, mediante la cual se dictó unanimidad sentencia condenatoria en contra de mi defendido por el delito de Homicidio Calificado en la Ejecución del delito de Robo Agravado en la modalidad de Mano Armada, delito por el cual fue acusado por la Fiscalía del Ministerio Público y se le impuso la sanción de Privación de Libertad por un lapso de cuatro años, dicha apelación la fundamento de conformidad con lo previsto en los numerales 2° y 4° del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta manifiesta en la motivación en la sentencia y por incurrir en violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una n.j., bajo las siguientes consideraciones: No anuncia los hechos que fueron debatidos y expuestos en la audiencia, careciendo con ello la fundamentación del hecho y el derecho en la Sentencia, dicho juzgado no realizó el estudio sistemático y valoraciones por consiguiente, es decir, no fundamentó la Decisión, por lo que la defensa no consideró ajustado a derecho la Sentencia condenatoria dictada por el mencionado juzgado, y siendo que la carencia de motivación trae como consecuencia la nulidad de la Sentencia tal como lo establece el texto adjetivo legal, aunado a que la Sentencia no explica las pautas para el establecimiento de la sanción trayendo como consecuencia violación al debido proceso, el articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, establece el careo el cual fue solicitado para el ejercicio a la defensa entre el imputado y las victimas y negado por la Juez de Juicio, considerando dicha solicitud el Ministerio Publico como un exabrupto, la defensa considera que el Código Orgánico Procesal Penal, si permite el careo entre el imputado y un testigo, por lo que esta defensa solicita a esta alzada declare con lugar el presente escrito recursivo y anule la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Juicio Sección Adolescente de este Circuito Judicial Penal, y ordene la Celebración de un nuevo juicio de conformidad con lo establecido en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal

    .

    Por su parte, la Vindicta Pública representada por el abogado E.O.G., en su carácter de Fiscal 31° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, alegó:

    …Separando los motivos de la defensa, la misma manifiesta falta de motivación de la Sentencia y errónea aplicación de n.J., pero la defensa manifestó estar de acuerdo con el dictamen de la sentencia y en desacuerdo con los requisitos de la misma, pero el Ministerio publico no se explica como la defensa no especifica claramente cuales son las violaciones o la falta de motivación, sino que lo hace de manera genérica, la defensa tuvo la oportunidad de llevar diecinueve (19) testigos al Juicio de los cuales fueron desvirtuados uno a uno por el ministerio publico en la Audiencia, a través de los Escabinos, los que determinaron por unanimidad la culpabilidad del adolescente hoy presente en esta audiencia, con el dicho de tres (03) testigos aportados por el Ministerio Publico, dos de ellos presenciales y uno referencial, la defensa señala en su escrito que no se demostró el delito del Robo, cuando el homicidio se originó precisamente en la modalidad del delito de robo, y el mismo fue demostrado por los testigos cuando dijeron que Ernesto le había apuntado en la cabeza y activo el arma de fuego, que tampoco apareció el arma, pero es el caso que la detención del adolescente se produjo a través de una orden de aprehensión, por lo que mal podría tener para ese momento el arma consigo, en cuanto al careo el Código Orgánico Procesal Penal, establece las formalidades para el testimonio, porque la defensa no solicito en el debate que el imputado que el puede declarar en todo estado y grado del proceso una vez concluida la exposición de los testigos, porque la defensa no interpuso el recurso de revocación en el momento, y siendo esta un juicio que duro ocho (08) audiencia donde se declaró por unanimidad la culpabilidad del adolescente, es por lo que solicito sea declarado sin lugar el escrito de apelación interpuesto por la defensa y confirmada la sentencia dictada por el Juzgado de juicio

    .

    Así mismo, el adolescente acusado (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), al ser preguntado por la Jueza Presidenta de esta Corte Superior, sobre su deseo de declarar, contestó el mismo que deseaba hacerlo señalando:

    …Yo manifiesto que la verdad es que yo no estaba en el momento de los hechos por cuanto yo me encontraba en la ciudad de Caracas, y hubiese sido yo hubiese admitido los hechos

    .

    Igualmente, la ciudadana A.G.C., en su carácter de víctima, manifestó:

    …Queremos que se haga Justicia, ya que mi mama murió como consecuencia de la muerte de mi hermano, queremos Justicia

    .

  3. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA DECIDIR:

    Una vez a.l.f. expuestos tanto en el recurso de apelación interpuesto por la defensa, como en el de contestación por parte de la Vindicta Pública, así como estudiadas las actuaciones que conforman la presente causa, para decidir esta Sala observa:

PRIMERO

El accionante del presente medio recursivo, interpuso en este primer motivo de apelación varias denuncias las cuales pasan a ser resueltas de la siguiente manera:

1.1) Denuncia el apelante, que existe Falta Manifiesta en la Motivación de la Sentencia, conforme a lo establecido en el artículo 452, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, alegando que el fallo recurrido no cumple con los requisitos de la motivación, ya que a juicio del mismo se vulnera el contenido de los literales b, c y d del artículo 604 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, toda vez que la sentencia accionada no enuncia en forma completa los hechos y circunstancias que fueron debatidos en el contradictorio; no determina en forma precisa y circunstanciada los hechos que estima como acreditados y probados; así como no expone de manera concisa los fundamentos de hecho y derecho en los cuales se basa la decisión.

En tal sentido, quienes aquí deciden al hacer una revisión de la sentencia impugnada observan que la misma presenta un capítulo (II) denominado “Hechos y Circunstancias objetos del Juicio”, donde se indicó que:

“…el representante del ministerio público Doctor E.O. quien expuso oralmente la acusación, presentado (sic) en su debida oportunidad en forma escrita en el tribunal correspondiente, en contra del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) (…omissis…) por la presunta comisión del delito de AUTOR DE HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE MANO ARMADA… en perjuicio del hoy occiso Á.L.C.I.. Los hechos en los que el Fiscal sustenta su acusación fueron relatados oralmente en toda su extensión y en los siguientes términos (…omissis…). La convicción acerca de la autoría de la comisión del delito por parte del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) de tales hechos en las circunstancias antes dichas surgen de los siguientes elementos: 1.- Por el contenido del ACTA DE INVESTIGACIÓN de fecha 21-05-2006…2.- Por el contenido del ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE CADÁVER 2538 de fecha 21-05-2006…3.- Por el contenido del ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SITIO 2539 de la causa H-208.077 de fecha 21-05-2006… 4.- Por el contenido del ACTA DE INVESTIGACIÓN de fecha 21-05-2006…5.- Por las declaraciones contenidas en el ACTA DE ENTREVISTA de fecha 21-05-2006…6.- Por el resultado de la NECROPSIA DE LEY N° 750 de fecha 21-05-2006, realizada al cadáver de A.L.C. IZARRA…7.- Por las declaraciones contenidas en el ACTA DE ENTREVISTA de fecha 22-05-2006 suscrita…por la ciudadana HUNEIVI P.C. GONZÁLEZ…8.- Por las declaraciones contenidas en el ACTA DE ENTREVISTA de fecha 22-05-2006 suscrita … por el ciudadano PINEDA PINEDA HENRRY YOHAN…9.- Por el contenido del ACTA DE DEFUNCIÓN de la víctima occiso A.L.C.I.. 10.- Por el ACTA DE INHUMACIÓN, de la víctima occiso A.L.C.I.. 11.- Por el ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) …12.- Por el contenido del ACTA DE INVESTIGACIÓN de fecha 24-05-2006 (…omissis…) 13.- Por los resultados contenidos en el ACTA DE RUEDA DE RECONOCIMIENTO DE IMPUTADAS (sic) de fecha 27-05-2006, realizada por el Juzgado Segundo de Control de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia… donde participo (sic) como testigo reconocedor el ciudadano H.Y.P.P. (…omissis…) 14.- Por los resultados contenidos en el ACTA DE RUEDA DE RECONOCIMIENTO DE IMPUTADAS (sic) de fecha 27-05-2006, realizada por el Juzgado Segundo de Control de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia… donde participo (sic) como testigo reconocedor el adolescente J.A.V.G. (…omissis…) 15.- Por la EXPERTICIA DE AVALÚO PRUDENCIAL … Los hechos narrados encuadran las (sic) actividades del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) como AUTOR DE HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE MANO ARMADA (…omissis…).

Por su parte la DEFENSA Pública especializada (sic), ejercida por el ABOG. O.A., expuso los alegatos de defensa de la siguiente manera: “…venimos nuevamente a dilucidar la verdad, y la verdad es que el adolescente es inocente, inocente porque el adolescente no participó en los hechos por los cuales se le acusa, el 21 de mayo del año pasado el adolescente no podía estar en dos sitios a la vez, el adolescente la noche del día 20 de mayo viajó a Caracas … eso significa que para el día y la hora de los hechos el 21 de mayo de 2006 mi defendido se encontraba en la Ciudad de Caracas (…omissis…). En ese estado la juez le solicitó al adolescente que se identificará (sic), quien manifestó llamarse: (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) (…omissis…) El Fiscal del Ministerio Público, procede a interrogar al acusado, realizándolo de la siguiente manera (…omissis…) El Defensor Público, procede a interrogar al acusado, realizándole de la siguiente manera (…omissis…)” (folios 895 al 909) ( Negrillas del a quo).

Así mismo, es de indicarse que el Tribunal Mixto en el particular cuarto referido a la “Determinación precisa y circunstanciada de los Hechos que el Tribunal estima Acreditados”, precisó:

Este tribunal Segundo de Juicio de la Sección de Adolescente de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia constituido de manera Mixta con Escabino (sic) de conformidad con el artículo 601 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con el artículo 166 del Código Orgánico Procesal Penal, luego de un análisis de los hechos que sustentan la decisión de este Tribunal, apreciadas las pruebas traídas al juicio conforme a las reglas de la libre convicción razonada, las reglas de la lógica y los conocimientos científicos, considera este tribunal que con las pruebas ofrecidas, debatidas, a.y.v.p. este tribunal mixto el cual se le concedió valor probatorio a dichas pruebas que demuestra conforme al hecho delictivo ocurrido el día 21-05-06 que la victima (sic) Á.L.C.I. junto con A.V. y H.Y.P.F.I. (sic) POR DOS SUJETOS QUE LE DIJERON ESTO ES UN ATRACO DONDE LOS DESPOJARON DE LAS CARTERAS, TELÉFONOS, LAS GOMAS DE LA VICTIMA, UNA GORRA, SALSILLO (sic), CADENA, QUE AL PREGUNTAR DONDE VIVÍA (sic) ELLOS DICEN QUE EN R.L., ALLÍ LO TIRARON AL SUELO Y FUE CUANDO LE PROPINARON EL DISPARO AL CIUDADANO Á.L.C.I., QUE AL SER LLAVADO EL ADOLESCENTE PARA SU IDENTIFICACIÓN POR LA FUNCIONARIA M.F. Y LOS FUNCIONARIOS ACTUANTES DEL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN AL DESPACHO FUERON RECONOCIDOS POR J.V. Y H.P.T.P. y HUNEIVI CAÑIZALEZ DEL HECHO EN EL CUAL HA SIDO SEÑALADO, ASÍ COMO FUE RECOCIDO (sic) POR LOS MENCIONADOS TESTIGO (sic) AL ADOLESCENTE (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) COMO LA PERSONA QUE LE DISPARO AL CIUDADANO Á.L.C.I. Y DE HABERLE CAUSADO LA MUERTE A LA MENCIONADA VICTIMA Á.L.C.I. (occiso) SIENDO APROXIMADAMENTE A LAS SIETE DE LA MAÑANA, hechos demostrados con las pruebas de la fiscalia (sic) por lo que existen suficientes elementos de convicción (sic) que demuestra (sic) la existencia del acto delictivo y la participación del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) por lo que este tribunal mixto por unanimidad declara al adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) culpable del delito HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE MANO ARMADA EN CALIDAD DE AUTOR, previsto y sancionado en el numeral primero del artículo 406 en concordancia con los artículos 405, 458 y 455 todos del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso Á.L.C.I., con las pruebas ofrecidas por el fiscal, mas no fue demostrada por la defensa con las pruebas ofrecidas, a.y.v.p. este tribunal por el cual no se le dio valor probatorio por contradecirse los testigos en sus dichos, que no dan credibilidad de que el adolescente antes mencionado se encontrara en caracas y si bien esta (sic) demostrado que se realizo (sic) el juego de futbol el día 21-05-06 en caracas (sic) también es cierto que el adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) no estaba en caracas (sic), sintéticamente los fundamentos de Hecho y de Derecho que motivan la decisión adoptada, (sic)

(folios 967 y 968) ( Negrillas del a quo).

En este orden de ideas, en cuanto al capítulo VI, relativo a los “Fundamentos de Hecho y de Derecho”, el Tribunal Mixto explanó:

…luego del análisis efectuados (sic) de las pruebas enunciadas y analizadas, debatida en audiencia y transcripta en el acta y apreciadas y valoradas las pruebas traídas al juicio conforme a las reglas de la libre convicción razonada, las reglas de la lógica y los conocimientos científico (sic) que como elementos de convicción, considero (sic) este tribunal mixto que quedó demostrado la determinación precisa y circunstanciada del hecho que estima acreditado, la existencia del acto delictivo y la participación del adolescente acusado (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE MANO ARMADA EN CALIDAD DE AUTOR, tomando en cuenta lo dicho por los testigos del fiscal Ruben (sic) Campos, M.p. (sic) J.V. (sic) y M.F.Y.F., R.N., Yolyin Barrios, P.S. (sic), Huneivi P.C., Pineda Pineda H.J., J.A.V., asi (sic) como las documentales del fiscal, demuestran la existencia y la participación del adolescente como autor del HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE MANO ARMADA EN CALIDAD DE AUTOR, previsto y sancionado en el numeral primero del artículo 406 en concordancia con los artículos 405, 458 y 455 todos del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso Á.L.C.I., en el hecho delictivo ocurrido el día 21 de mayo de 2006, la victima (sic) A.L.C.I. junto con A.V. y H.J.P. fueron interceptados por dos sujetos que le dijeron esto es un atraco donde los despojaron de las carteras, teléfonos, las gomas de la victima (sic), una gorra, salsillo (sic), cadena, que al preguntar donde vivía ellos dicen que en R.L., alli (sic) lo tiraron al suelo y fue cuando le propinaron el disparo al ciudadano A.L.C.I., que al ser llevado el adolescente para su identificación por la funcionaria M.f. (sic) y los funcionarios actuantes del procedimiento de identificación al despacho fueron reconocidos por J.V. y H.P.t.p. y Huneivi Cañizales del hecho en el cual ha sido señalado, asi como (sic) fue reconocido por los mencionados testigo (sic) al (sic) adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) como la persona que le disparo (sic) al ciudadano A.L.C.I. y de haberle causado la muerte a la mencionada victima (sic), A.L.C.i. (occiso) hecho delictivo que quedo (sic) demostrado así como la participación del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) por lo que este tribunal mixto por unanimidad considera al adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) como Culpable del hecho delictivo antes descrito (…omissis…)

Y estando demostrado la existencia del acto delictivo y la participación del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) como autor del delito antes mencionado, por lo que se declara responsable penalmente… y como consecuencia se dicta sentencia condenatoria conforme al artículo 603 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (…omissis…)

(folios 968 al 971) ( Negrillas del a quo).

De lo antes transcrito, constata esta Sala que en la sentencia apelada se relatan los hechos que fueron ventilados y debatidos en el contradictorio; sobre los cuales reposa el escrito acusatorio y que sucedieron según lo establecido por el Ministerio Público, “En fecha 21 de mayo de 2006, siendo aproximadamente las siete horas de la mañana, el ciudadano A.L.C.I., se encontraba con el adolescente J.A.V.G. auxiliando al ciudadano H.Y.P.P., caminando por la avenida 65 con calle 11, casa 115-07, del Barrio Integración Comunal, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, cuando fueron sorprendidos por dos personas quienes portando armas de fuego los amenazaron y constriñeron y los despojaron de sus pertenencias y seguidamente uno de los sujetos, identificado posteriormente como (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), procede a colocar el arma de fuego que portaba en la cabeza de A.L.C.I. y acciona el arma hiriendo de muerte al mismo, y seguidamente se da a la fuga del sitio del suceso conjuntamente con el otro sujeto y los objetos personales de las víctimas y testigos” (folio 897, pieza III).

No obstante, relatarse los sucesos que fueron ventilados en el contradictorio, no se establecieron de forma concisa y pormenorizada los hechos que se estimaron como acreditados; esto es el cómo y por qué se consideran como acreditados, lo que conlleva en consecuencia a no comprobarse las circunstancias relativas al tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los referidos hechos; así como tampoco se precisan cuáles fueron los actos o acciones desarrollados o ejecutados por el acusado (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) que de manera precisa establecieran la responsabilidad penal del mencionado adolescente para haber decretado su culpabilidad; toda vez que la Juzgadora no estableció las razones fácticas de su dictamen judicial, al no comparar entre sí las pruebas debatidas (Fiscal y defensa), dejando de precisar el hecho constitutivo del delito atribuido al acusado como fue el delito de Homicidio Calificado en la Ejecución del delito de Robo Agravado en la modalidad de mano armada y por ende su culpabilidad, aún cuando en el cuerpo del aludido fallo el Tribunal Mixto señala de manera débil que se dio por comprobada la existencia del acto delictivo atribuido por la Vindicta Pública; esto es el delito de Homicidio Calificado en la Ejecución del delito de Robo Agravado en la modalidad de mano armada, así como la participación del acusado de actas en dicho delito, con los elementos probatorios presentados en el decurso del contradictorio por el Ministerio Público, indicando que se llegó a tal conclusión jurídica simplemente enumerando el dicho de los funcionarios actuantes en el procedimiento R.C., M.P., J.V., M.F., Y.F., R.N., Yolyin Barrios, P.S., así como de las testimoniales rendidas en el contradictorio por los ciudadanos Huneivi P.C. (referencial), H.J.P.P. y J.A.V. (presenciales), igualmente con las pruebas documentales ofertadas por la Vindicta Pública.

En tal sentido, este Órgano Jurisdiccional, al verificar la conclusión a la cual arribó la Jueza de mérito, como fue la declaratoria de culpabilidad del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), por ser autor de la comisión del delito de Homicidio Calificado en la Ejecución del delito de Robo Agravado en la modalidad de Mano Armada, dictando por vía de consecuencia Sentencia condenatoria, de la lectura minuciosa del fallo accionado, observa que la jurisdicente llegó a dicha determinación “tratando” de valorar -positiva o negativamente- los medios probatorios llevados a juicio; pero no estableció de manera detallada por qué tales elementos ofrecidos por el Ministerio Público le producían certeza; esto es, por qué se determinó que el adolescente acusado cometió el hecho atribuido por la Representación Fiscal, ya que no adminiculó ni comparó dichas pruebas entre sí haciendo un análisis pormenorizado de todo el bagaje probatorio, lo que quiere decir que tales evaluaciones del Juez de Juicio son carentes de apreciación objetiva por parte del mismo, toda vez que no indicó específicamente el por qué valoraba positivamente las pruebas promovidas por la Representación Fiscal, para dar por comprobado el tipo penal de Homicidio Calificado en la Ejecución del delito de Robo Agravado en la modalidad de Mano Armada y por ende la responsabilidad penal del acusado, dando por el contrario una explicación simplificada de valor probatorio que les otorgaba a las mencionadas pruebas testificales y documentales rendidas en el contradictorio tanto por los funcionarios actuantes del procedimiento, como con los testigos presenciales y referenciales del hecho delictual.

En este orden de ideas, es de indicar que la Sentencia recurrida -como se dijo ut supra- no explanó de manera amplia la valoración positiva otorgada a las pruebas aportadas por el Ministerio Público, así como tampoco explicó el por qué se desestimaban las pruebas promovidas por la defensa, a saber, las testimoniales rendidas en el debate oral y reservado por los ciudadanos J.S.V., Sisoe M.M., P.L.F., H.F.S., J.A.R., N.E.M., J.C.Z., E.M.C., A.M.V., N.B.N., P.M.O., D.G.S., M.d.C.C., Magoola G.T., F.A.Á.P. y L.E.D., siendo vaga su apreciación al respecto, ya que sólo se limitó a dejar plasmado al referirse a cada una de ellas, que el Tribunal Mixto consideraba que “al contradecirse con lo dicho con las demás personas” no le daba credibilidad a su declaración sin precisar a cuáles “demás personas” se refería, si tomamos en cuenta que en el debate oral rindieron declaración numerosos testigos promovidos tanto por el fiscal del Ministerio Público como por la misma defensa, determinación que debe estar indicada en la sentencia, especialmente si dichas testimoniales fueron ofrecidas por la defensa del acusado para tratar de comprobar su estrategia defensiva.

En torno a lo anterior, es menester para esta Sala señalar que es deber para el Juez indicar las razones de determinada decisión, caso en concreto, la Jueza debió indicar al desechar las pruebas ofertadas por la defensa los argumentos que hacía que tales pruebas no le produjeron credibilidad; esto es, al afirmar que existían contradicciones debió establecer específicamente cuáles eran esas contradicciones que a su criterio presentaban las declaraciones de los testigos, y decir además con cuáles personas cada testigo se contradecía, lo cual se lograba adminiculando cada una de las declaraciones con el resto del bagaje probatorio, para obtener el basamento que constituía su declaratoria de desestimación de tales declaraciones, máxime cuando para el momento de valorar dichas testimoniales, en la sentencia impugnada ya se había hecho referencia a las pruebas llevadas al juicio por el Ministerio Público (testimoniales y documentales), siendo muy amplio e indirecto el indicar que se contradecían con lo dicho por las demás personas.

En tal sentido, de manera reiterada nuestra jurisprudencia ha dejado sentado que si bien los jueces son soberanos al valorar las pruebas, en nuestro sistema acusatorio las mismas deben tener como norte la sana crítica para ser apreciadas, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, ello en atención a la norma prevista en el artículo 22 del texto adjetivo penal, relativa a la apreciación de las pruebas por parte del Juzgador.

Así las cosas, al constatar entonces esta Sala la conclusión jurídica a la cual llegó la Jueza de mérito se observa que no realizó un proceso lógico de decantación de los medios probatorios evaluados, esto es, no se sometió a los requerimientos legales que debe contener una adecuada y correcta motivación, ya que en el fallo accionado no se expresaron claramente las razones de hecho y de derecho en las cuales se basó para dictar la sentencia condenatoria, constatándose que en la recurrida no se efectuó una concatenación razonada de todas y cada una de las pruebas ofertadas, ni de las que validó y determinó como ciertas, ni de las desestimadas, lo que se traduce en falta de motivación de la sentencia.

A tales efectos, es de indicarse que la motivación de la sentencia es la justificación razonada y exteriorizada por parte del Juez de la conclusión jurídica a la cual ha arribado; lo que quiere decir, que en el cuerpo del fallo se debe indicar de manera expresa, directa, correcta y exhaustiva el por qué se adopta determinada decisión, no obstante haber sido correcto el razonamiento interno que tuvo el juzgador para decidir. Así las cosas, es necesario acotar además, que no sólo es necesario exteriorizar los motivos del dictamen judicial, sino que la construcción de los mismos desde el principio deben ser realizados con criterios racionales, conformando así un todo armónico que sirva de sustento a dicha decisión, ofreciendo a las partes seguridad jurídica.

En tal sentido, es de considerarse que al haber ausencia de dicha fundamentación se entiende en consecuencia, que existe falta de motivación en la sentencia, siendo el caso que en nuestra legislación interna dicha circunstancia constituye un presupuesto esencial, que toda decisión dictada por un Tribunal deba estar suficientemente motivada, ello en atención a la garantía constitucional relativa a la tutela judicial efectiva (art. 26 Constitucional), la cual comprende el derecho que tienen todas las personas a obtener por parte de los Jueces y Tribunales de la República, una decisión judicial motivada, congruente, que no sea errática en sus planteamientos expuestos y ajustada a derecho, pronunciándose además sobre el fondo de las pretensiones de las partes, aunque sea favorable o no a alguno de ellos. Sobre este punto en controversia, el autor S.B., citando a G.L., alega:

…la motivación de la sentencia constituye el momento de mayor compromiso del magisterio penal; ya que ella está destinada, no sólo a manifestar el procedimiento lógico seguido por el juez al adoptar una decisión, sino también a demostrar a la sociedad el fundamento de la decisión…

(Autor citado. Ciencias Penales. Temas Actuales. Homenaje al R.P. F.P.L.. “Tópicos Sobre Motivación de Sentencia Penal”. Caracas. Universidad Católica A.B.. 2003. p: 541).

Por su parte, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 533, dictada en fecha 11-08-2005, con ponencia del Magistrado Eladio Aponte, en relación a la motivación de sentencia, señaló:

…Ha sido reiterada y constante la posición de la Sala, en lo que debe entenderse por motivación, lo cual no es mas que la exposición que el juzgado ofrece a las partes como solución a la controversia. Eso si, una solución racional, clara y entendible que no deje lugar a dudas en la mente de los justiciables

.

Asimismo, dicha Sala en Sentencia N° 118, dictada en fecha 21-04-04, con ponencia del Magistrado Rafael Pérez Perdomo, había señalado:

El sentenciador no estableció las razones de hecho de su determinación judicial, pues, al omitir el debido análisis y comparación de las pruebas, dejó de precisar el hecho constitutivo del delito imputado y de la culpabilidad del acusado. La motivación, propia de la función judicial, tiene como norte la interdicción de la arbitrariedad, permite constatar los razonamientos del sentenciador, necesarios para que el acusado y las demás partes, conozcan las razones que le asistan, indispensables para poder ejercer con propiedad los recursos y, en fin, para poder determinar la fidelidad del juez con la ley. Por consiguiente, tiende a la incolumidad de principios fundamentales como el derecho a la defensa, a una sentencia justa e imparcial y a los principios de la tutela judicial efectiva

.

Introduciendo entonces, al caso de marras la doctrina y jurisprudencias antes transcritas considera este Tribunal Colegiado que es un deber de los Jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, motivar las decisiones que sean dictadas por ellos, según lo dispone el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, para garantizar así la tutela judicial efectiva, siendo menester en consecuencia expresar en un fallo las razones de hecho y derecho que conllevaron al Juzgador a adoptar una determinada decisión, en un proceso que se ha celebrado en apego a las garantías y principios tanto constitucionales como legales, como sucedió en el caso sub iudice. Por lo tanto, al existir falta de motivación de la sentencia recurrida, se vulnera la garantía constitucional relativa a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 Constitucional, llevando ineludiblemente a las integrantes de este Tribunal Colegiado a considerar que le asiste la razón al accionante en este motivo de denuncia, produciéndose como consecuencia la nulidad del fallo accionado conforme lo establecido en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

1.2) No obstante lo anterior; esto es, la declaratoria de nulidad de la sentencia impugnada, constituye un deber para estas Juzgadoras en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, pronunciarse sobre todas las denuncias realizadas por la parte apelante. En segundo lugar, denuncia el recurrente que la sentencia no expresa en forma precisa y circunstanciadas las razones de hecho y de derecho por las cuales considera demostrado el “ROBO” sin a.d.t.p. toda vez que no explica el por qué es Robo Agravado, no fundamenta la modalidad de mano armada, es decir el uso de arma de fuego, no especifica los objetos robados, así como tampoco cuáles son las pruebas demostrativas de dicho delito, alegando al respecto que el Ministerio Público señaló como única víctima al ciudadano Á.L.C. y no a los “supuestos” acompañantes ciudadanos H.Y.P. y J.A.V., quienes aparentemente fueron despojados de sus pertenencias, aunado al hecho de que los mismos no son contestes en cuanto a los objetos robados.

Al respecto verifica este Tribunal Colegiado, de la lectura a la sentencia accionada, que de los medios probatorios debatidos en juicio y que fueron plasmados en el cuerpo del mencionado fallo judicial, no obstante haberse señalado que al momento de suceder los hechos objeto del presente proceso, a los ciudadanos Á.L.C., J.A.V. y H.J.P., le fueron despojados bienes de su propiedad, la Jueza de Juicio al momento de pronunciarse en la sentencia, no los refiere de manera específica; esto es no explica las circunstancias que rodearon la comisión del Robo a Mano Armada, que es precisamente la circunstancia que califica al tipo penal de Homicidio, por lo cual debía indicar los elementos que constituían el delito del Robo para determinar, consecuencialmente, la calificante del delito de Homicidio, apoyándose esta Sala para hacer tal afirmación en la declaración rendida en el juicio oral y reservado -la cual quedó plasmada en el cuerpo del fallo impugnado- por el adolescente J.A.V., cuando refirió “…esto es un atraco no nos miren la cara, le quitaron a Henry, le quitaron (sic) los aritos y la cadena, a mi me quitaron las dos pulseras y el teléfono, a mi tío le quitaron las gomas y la gorra…” (folio 926); así mismo de la testimonial rendida por el ciudadano H.J.P., al expresar “… y dijeron alto es un atraco, todos nos quedamos quietos, nos quitaron el teléfono, cartera, una plata, zarcillo, una cadena…” (folio 940), constituyendo tal circunstancia falta de motivación, toda vez que debió indicarse de manera específica cuáles eran las circunstancias que constituyeron el delito de robo y que califican a su vez el tipo penal de Homicidio.

Igualmente, en cuanto al argumento de la defensa relativo a que los mencionados testigos no son contestes en cuanto a los objetos robados, esta Corte Superior considera oportuno señalar que dicho alegato constituye una circunstancia no de forma sino de fondo, propia de los hechos debatidos, siendo el caso que a esta Sala no le es permitido conocer esta denuncia, pues la apreciación de las pruebas llevadas al contradictorio, es una función única y exclusiva del Juez de Juicio ello conforme lo plantea el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así mismo, en relación al alegato del accionante, referido al hecho que el Ministerio Público señaló como única víctima al ciudadano Á.L.C. y no a los “supuestos” acompañantes ciudadanos H.Y.P. y J.A.V., quienes aparentemente fueron despojados de sus pertenencias; este Tribunal de Alzada señala que del análisis de las actas que conforman la presente causa, se observa que tanto del acta realizada con ocasión a la audiencia de presentación de imputados ante el Juez de Control, efectuada en fecha 25-05-06, por el Juzgado Segundo en funciones de Control de la Sección de Adolescente de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia (folios 39 al 44, pieza I); así como del escrito de acusación fiscal interpuesto en fecha 29-05-06 (folios 58 al 68, pieza I) y consecuencialmente, del acta de audiencia preliminar efectuada por el mencionado Juzgado en fecha 19-06-06 (folios 87 al 104, pieza I), sólo le fue atribuido al acusado (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), el tipo penal de “Homicidio Calificado en la ejecución del delito de Robo Agravado en la modalidad de Mano Armada”, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Á.L.C., ordenándose en consecuencia su enjuiciamiento por el referido delito.

En tal sentido, este Cuerpo Colegiado considera que la calificación jurídica atribuida a los hechos por los cuales fue acusado el adolescente de autos en tales etapas del proceso, constituye una precalificación y que la misma pudo ser cambiada -para llegar a ser la calificación jurídica definitiva- en el desarrollo del juicio oral, a tenor de lo establecido en el artículo 596 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, al ampliar el Ministerio Público su acusación fiscal mediante la inclusión de una circunstancia que no hubiere sido mencionado en la acusación, modificando así la calificación jurídica del hecho objeto del debate, observando esta Alzada que tal circunstancia en todo caso, no favorecería al acusado; por el contrario, agravaría su responsabilidad penal en los hechos atribuidos por el Ministerio Público, por cuanto serían dos tipos penales y no uno -tal como fue descrito en la acusación y en el auto de enjuiciamiento-, recordando además esta Corte que a tenor de lo establecido en el artículo 603 de la mencionada ley especial, el Juez de Juicio al dictar sentencia condenatoria como en el caso de marras, no le está permitido sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en el auto de enjuiciamiento; o en su caso, en la ampliación formulada al escrito acusatorio, esto es, que debe existir congruencia entre la sentencia pronunciada por el Juez y la acusación, siendo el caso que tal circunstancia de ampliación de la acusación no ocurrió en el presente caso, para que el juez condenara por otro tipo penal o por otros delitos distintos al atribuido en dicho auto de enjuiciamiento. Por lo cual, esta Corte Superior considera que en esta denuncia le asiste parcialmente la razón al accionante. Y así se decide.

1.3) En otro orden de ideas, la defensa alega que el Ministerio Público sólo promovió para el juicio oral una experticia de avalúo prudencial de los objetos robados, considerando en consecuencia, que es una prueba insuficiente para demostrar por sí sola la existencia de dichos bienes, ya que, a criterio del apelante, la misma debió complementarse con la comparación del testimonio de los ciudadanos que indicaron ser los propietarios de tales objetos, realizando igualmente la defensa consideraciones sobre el avalúo prudencial; denunciando asimismo que la Jueza a quo no indicó de donde surgió la convicción de la preexistencia de dichos bienes, por lo que considera que si bien tales circunstancias se encuentran conectados al delito de Homicidio, el mismo constituye un “delito autónomo”.

En cuanto a esta denuncia, es oportuno indicar que del contenido de la sentencia impugnada, la Jueza de mérito al valorar la experticia de avalúo prudencial, realizada por la funcionaria adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, M.d.C.P., estableció:

Considerando este Tribunal Mixto que el dicho de la experta M.P. que al no ser desvirtuado por la defensa en su interrogatorio y que la declaración de la mencionada experta concuerda con la Experticia de Regulación Prudencial N° 2115, de fecha 09-08-06, que corre inserta en el folio doscientos cuarenta y tres (243) de la presente causa, realizada por la mencionada experta quien reconoció su contenido y firma, que como prueba pericial y recogida en dicho documento incorporado al debate, emerge que se realizo (sic) la regulación prudencial de los objetos: un celular Movistar color gris, una pulsera de metal, un par de gomas (sic) de color negro con rojo, una gorra de color rojo, una cartera contentiva de documentos y sesenta mil bolívares en efectivo, objetos estos no recuperados por la víctima. Y que quedó demostrado que los bienes señalados como robado (sic) objeto de la regulación prudencial, no fueron recuperado (sic), razón por lo que este tribunal mixto le concede valor probatorio al experto tanto en su dicho como la (sic) regulación prudencial como prueba documental

(folio 915).

De lo transcrito ut supra, se observa que la Jueza de Juicio valoró de manera positiva la prueba testimonial (efectuada por la mencionada experta avaluadora), adminiculándola con la documental (regulación prudencial) ofertadas por la Vindicta Pública para ser promovidas en juicio; lo que quiere decir, que les otorgó plena eficacia para demostrar el hecho delictivo, alegando que había quedado demostrado que los bienes señalados como robados y que fueron objeto de la regulación prudencial no fueron recuperados, concediéndoles valor probatorio, para considerar comprometida la responsabilidad penal del adolescente; no obstante ello, este Tribunal Colegiado de lo explanado en el cuerpo del fallo impugnado observa que la Jueza de mérito no explicó de manera detallada los motivos que la condujeron a otorgarle pleno valor probatorio a dichos medios, toda vez que no las concatenó con el resto de los elementos probatorios, con referencia especial a las declaraciones de los testigos presenciales del hecho J.A.V. y H.J.P. -plasmadas en el cuerpo de la Sentencia accionada- quienes según la lectura del fallo, refirieron que fueron despojados de objetos de su propiedad, circunstancia que constituye falta de motivación, asistiéndole la razón al accionante cuando afirma que la prueba documental relativa al Avalúo Prudencial, es insuficiente para demostrar por sí sola la preexistencia de los bienes robados, recordando además esta Sala, que el Avalúo Prudencial constituye una prueba de orientación; esto es, que la misma no es concluyente para determinar la preexistencia de los objetos robados, debiendo surgir una apreciación tanto general como individual realizada por el Juez en relación a todas y cada una de las pruebas incorporadas al debate. En tal sentido, quienes aquí deciden estiman que le asiste la razón al apelante en este motivo de denuncia. Y así se decide.

1.4) Por otra parte, alega el recurrente que la sentencia accionada no expresa en forma precisa y circunstanciada las razones de hecho y de derecho por los cuales se considera al acusado de actas autor del delito atribuido por la Vindicta Pública. Al respecto, quienes aquí deciden estiman oportuno señalar que este motivo de apelación forma parte integrante de la denuncia contenida en el particular 1.1 establecida en este fallo, la cual ya fue resuelta por esta Alzada, por lo tanto, son valederos los mismos argumentos de Derecho alegados en dicho particular, recordando que el mismo fue declarado con lugar. Y Así se decide.

1.5) Insiste en señalar la defensa, que la sentencia apelada no cumple con las exigencias anteriormente referidas, toda vez que no toma en cuenta todo lo alegado y probado en el debate; no analiza el contenido de los alegatos de las partes y de las pruebas, sin indicar las razones por las cuales las aprecia o las desestima; no realiza un análisis circunstanciado de todos los elementos de convicción sin relacionarlos o compararlos entre si; así como no determina en forma precisa y circunstanciada los hechos que el Tribunal estima acreditado. Además, que la Jueza de mérito no hace un análisis racional de las pruebas, “recoge” sólo las “supuestas contradicciones” de los testigos de la defensa, sin darle valor probatorio a ninguno de ellos, contraponiéndolos uno con otro y no entre varios o en conjunto, sin motivar el por qué los desechaba; así como por otra parte, el fallo impugnado no señala las contradicciones en las cuales incurrieron los testigos promovidos por la Vindicta Pública, haciendo especial referencia a la testimonial rendida por el ciudadano J.A.V..

Asimismo arguye el accionante, que la decisión apelada vulnera el contenido del artículo 22 de la ley adjetiva penal, referido a la valoración de las pruebas, concluyendo que en el fallo se observa: 1) La recurrida al momento de valorar las pruebas de la defensa, la realiza contraponiendo dos testigos a la vez sin hacer referencia a la mayor o menor eficacia que los mismos pudieran tener en relación a los alegatos de los otros testigos; y 2) al momento de hacer la valoración de los testigos de la defensa los desecha por la existencia de una o dos contradicciones entre ellos. Todo lo cual, a criterio del apelante vulnera las garantías procesales establecidas en los artículos 22 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal.

Respecto a esta denuncia, esta Alzada considera pertinente indicar que estos argumentos fueron alegados por la defensa en la denuncia contenida en el particular 1.1 establecida en este fallo, el cual -al igual que la anterior- fue estudiada y decidida por esta Corte Superior; en tal sentido, se toman como valederos los argumentos de Derecho alegados por este órgano Jurisdiccional en el mencionado motivo, recordando que el mismo fue declarado con lugar. Y Así se decide.

1.6) Arguye el accionante que existe “Falta Manifiesta en la Motivación de la Sanción”, alegando la trasgresión del artículo 604, literal “e”, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por cuanto a su criterio no se explanan debidamente las pautas establecidas en el artículo 622 de la citada ley especial para la determinación de la naturaleza y duración de la sanción impuesta.

De la anterior denuncia, precisa esta Sala que el artículo 604 de la Ley especial que rige la materia de niños y adolescente, establece los requisitos que debe contener toda sentencia dictada por un Tribunal especializado en el área de responsabilidad penal del adolescente, indicando el literal “e” “parte dispositiva, con mención de las disposiciones legales aplicables”.

En tal sentido, es menester establecer que dicha normativa debe ser concatenada con el artículo 622 de la citada ley, que regula las pautas para la determinación y aplicación de las sanciones impuestas, siendo el mismo del siguiente tenor:

…Para determinar la medida aplicable se debe tener en cuenta:

a) La comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado;

b) La comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo;

c) La naturaleza y gravedad de los hechos;

d) El grado de responsabilidad del adolescente;

e) La proporcionalidad e idoneidad de la medida;

f) La edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida;

g) Los esfuerzos del adolescente por reparar los daños;

h) Los resultados de los informes clínico y sico-social.

Parágrafo Primero: El tribunal podrá aplicar las medidas en forma simultánea, sucesiva y alternativa, sin exceder el plazo fijado en la sentencia para su cumplimiento. Asimismo, las medidas podrán suspenderse, revocarse o sustituirse durante la ejecución.

Parágrafo Segundo: Al computar la medida privativa de libertad, el juez debe considerar el periodo de prisión preventiva al que fue sometido el adolescente

.

Al comentar la referida disposición legal, la doctrina ha dejado sentado que:

La aplicación de las sanciones está cercada de muchas garantías, entre las cuales se destacan las pautas establecidas en el artículo 622, que sin duda, limita la discrecionalidad de que goza el juez al momento de individualizar la sanción, puesto que para determinar cuál de las medidas aplicará, deberá valorar la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado; la comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo; la naturaleza y la gravedad de los hechos; el grado de responsabilidad del adolescente; la proporcionalidad y la idoneidad de la medida; la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida; los esfuerzos del adolescente por reparar el daño y en el caso de ser necesario, los resultados de los informes clínico y social

(MORAIS, María. “Temas de Derecho Penal, Libro Homenaje a Tulio Chiossone”, Tribunal Supremo de Justicia, Nº 11, Caracas, 2003: p. 457).

En este orden de ideas, se observa que la Jueza de Mérito al imponer al acusado de actas la sanción a cumplir por la comisión del delito de Homicidio Calificado en la ejecución del delito de Robo Agravado en la modalidad de Mano Armada, en calidad de autor, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal en concordancia con los artículos 405, 458 y 455 ejusdem, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Á.L.C.I., lo hizo de la siguiente manera:

…Y escuchado y a.e.a.d. Fiscal 31 del Ministerio Publico (sic) donde solicita se le imponga al adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) la sanción de privación de libertad por el lapso de cumplimiento de 5 años y los argumentos de la defensa pública (sic) N° 1 quien solicita la libertad del adolescente, y en virtud de la sentencia condenatoria y tomando en cuenta sobre las bases de las pautas para determinar la sanción, y conforme con lo establecido en el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, buscando la formación integral del Adolescente y la adecuada convivencia familiar y social, así como la finalidad educativa que establece el artículo 621 de la mencionada ley especial, donde quedo (sic) demostrado la existencia del acto delictivo y la participación del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) como autor del delito de el (sic) delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE MANO ARMADA, delito este (sic) grave, que no solo atenta contra la propiedad, sino que atenta contra la vida de la victima (sic), bien jurídico protegido por nuestro Ordenamiento Jurídico Penal, que conforme a la participación del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) y la naturaleza y gravedad del hecho y la gravedad del daño donde el adolescente con un arma de fuego amenazó, despojo (sic) de sus pertenencias a la victima (sic) y disparó contra la misma victima (sic) causándole la muerte ciudadano (sic) Á.L.C.I. (OCCISO). Y que conforme al articulo (sic) 2 y 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual refiere que estando en un estado democrático y Social, de derecho y de justicia entre las cuales propugna como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico la VIDA, ya que el derecho a la vida es inviolable, que no es susceptible de reparación al daño causado como lo es la vida de la victima (sic) y el delito de homicidio es un delito grave, que protege la vida humana, reprochable por la sociedad, donde hubo violencia empleada por el adolescente y que conforme al articulo (sic) 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente el delito de HOMICIDIO es uno de los delitos como susceptible de privación de libertad como sanción, pero tomando en cuenta la edad y la capacidad del adolescente antes mencionado quien cuenta con 16 años de edad, capacidad y proporcionalidad e idoneidad de la medida, que si bien no lo exime de responsabilidad penal, por cuanto en acta no consta un resultado Sico-social que demuestre su incapacidad o enfermedad Mental, por el contrario su conducta conlleva a ser responsable penalmente, también es cierto que se debe tomar en cuenta la edad del adolescente que esta (sic) en un proceso de desarrollo, que es un infractor primario y que se debe tomar en cuenta para rebajar la sanción. Por lo que se Impone como Sanción la PRIVACIÓN DE LIBERTAD al adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), CON UN PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE CUATRO (04) AÑOS, de conformidad con lo previsto en el Artículo 628 Parágrafo Primero de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente...

(Negrillas del a quo) (folios 971 al 973).

De lo anterior, se desprende que el Tribunal de Juicio si bien no explica por separado el contenido de cada literal previsto en la mencionada disposición legal, sí impuso al acusado la sanción siguiendo los parámetros establecidos en las disposiciones legales antes señaladas, dando una explicación razonada del por qué fue aplicada la sanción de “Privación de Libertad” con un plazo de cumplimiento de cuatro (04) años; esto es, que el fallo impugnado, sí indica de manera concreta la aplicación de dicha sanción, ya que se establece que ella se impuso una vez escuchados y analizados los argumentos de las partes, buscando la formación integral del adolescente acusado y la convivencia con su entorno familiar y social, teniendo como norte la finalidad educativa de la sanción. Además, el fallo en su parte sancionatoria dejó asentado que quedó demostrada la existencia del hecho punible y la participación del adolescente en su comisión; así como que el delito atribuido es un delito grave que atenta contra la propiedad y la vida de la persona humana, esto es valoró la gravedad del hecho y la gravedad del daño, haciendo referencia igualmente la sentencia impugnada, que el ordenamiento jurídico interno propugna como uno de los valores superiores la vida, que en consecuencia no es susceptible de reparación el daño causado y además es reprochable por la sociedad.

En este orden de ideas, el Tribunal Mixto indicó que en el caso en concreto, hubo violencia por parte del adolescente y que de acuerdo a lo previsto en el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el tipo penal de Homicidio es uno de los delitos susceptible de ser aplicada como sanción la privación de libertad. Señalando así, que para la imposición de dicha sanción tomó en cuenta además, la edad (16 años) y la capacidad del adolescente, considerándolas proporcional al cumplimiento de dicha medida; así mismo, que en actas no consta un informe psico-social que exima de responsabilidad penal al acusado.

En torno a lo anterior, es menester para esta Sala recordar, además, que la sanción es la materialización del ius puniendi del Estado, debiendo existir correspondencia entre la sanción o pena impuesta y la conducta típica, antijurídica y culpable del acusado, siendo que en el caso de marras, la Jueza de mérito aplicó la sanción de privación de libertad (como ya se dijo ut supra) siguiendo la normativa legal prevista en la ley especial que regula la materia de niños y adolescentes, analizando el contenido del precepto legal autorizante para la para la determinación y aplicación de las sanciones impuestas.

A tal efecto, es criterio reiterado de esta Corte que la motivación para efectos de la aplicación de las sanciones previstas en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, es una exigencia que debe cumplirse a cabalidad para dar estricto cumplimiento a la norma contenida en el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ello en virtud de tratarse de sanciones individualizadas siendo que tal individualización conlleva un gran marco de discrecionalidad reglada para el juez, así como la obligatoriedad de la fundamentación de la sanción a imponer en cada caso, por lo que, la decisión jurisdiccional que se emita debe estar fundamentada en criterios racionales explícitos, no sólo en cuanto a la imputación del hecho y a la declaratoria de responsabilidad del adolescente, sino también abarca la medida que se decrete, y ello debe expresarlo en forma específica el juez especializado en su sentencia, con lo que se quiere significar que debe analizar cada una de las pautas contenidas en el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Así las cosas, en el caso en concreto la Jueza de Juicio, al imponer la sanción respectiva al adolescente de actas, dio respuesta a lo peticionado por la defensa negando su requerimiento e imponiendo la sanción de privación de libertad en forma motivada, lo que se contrapone al argumento alegado por el recurrente cuando señala que no se explica la aplicación de la sanción impuesta al considerar que sólo se reduce a “una simple enunciación de las pautas”. En tal sentido, las integrantes de este Tribunal de Alzada determinan que no le asiste la razón al accionante en este motivo de apelación. Y así se decide.

SEGUNDO

En el presente motivo de denuncia arguye el recurrente, que la sentencia apelada incurre en errónea aplicación de una n.j., específicamente la contenida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al careo de personas que en sus declaraciones hayan discrepado sobre hechos importantes, señalando que la Jueza a quo negó la solicitud de la defensa de someter a careo al adolescente acusado con la testigo referencial Huneivi Cañizalez impidiendo, en consecuencia, al adolescente defenderse personalmente y a la defensa técnica “alegar cuanto crea oportuno o replicar dialécticamente las posiciones contrarias”, toda vez que, a su criterio, el referido careo era necesario para “el esclarecimiento de la verdad procesal”, denunciando que con tal circunstancia se incurrió en denegación de la tutela judicial efectiva, vulnerándose el debido proceso el cual comprende el derecho a la defensa, establecido en el artículo 49.1 Constitucional.

Al respecto, esta Sala considera pertinente señalar que el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal -denunciado como vulnerado por el accionante- referido al careo, es una norma que en nuestra legislación procesal penal está contenida en el Título VII, Capítulo II, Sección Quinta, del texto adjetivo penal; lo que quiere decir, que dicha disposición legal está ubicada dentro del régimen probatorio, específicamente en los artículos relativos al testimonio, indicando dicha norma cómo debe efectuarse tal actividad probatoria. A tales efectos, el artículo 236 del citado texto legal, señala: “Careo. Podrá ordenarse el careo de personas que, en sus declaraciones, hayan discrepado sobre hechos o circunstancias importantes, aplicándose las reglas del testimonio”.

En cuanto a esta figura probatoria, la doctrina ha establecido que:

...El careo es una confrontación inmediata (cara a cara) entre personas que han prestado declaraciones contradictorias sobre un hecho relevante para el proceso, tendiente a descubrir cuál es la que mejor refleja la verdad.

(CAFFERATA, José. Citado por BALZA, L.M., “Código Orgánico Procesal Penal Venezolano”, Tercera Edición, Mérida, Indio Merideño, 2002: p. 424).

De la norma transcrita ut supra se desprende que, para la procedencia del careo, deben existir por lo menos dos declaraciones; que tales declaraciones hayan sido legalmente rendidas y que entre ambas existan divergencias expresas sobre un aspecto importante. De tal forma tenemos que, el careo en su concepción, se erige como un medio probatorio complementario de las deposiciones que rindan las personas llamadas a declarar dentro de un proceso, con la finalidad de dilucidar cualquier hecho o circunstancia incierta. Ahora bien, en el caso sub iudice, el recurrente denuncia que la Jueza de mérito negó la solicitud de la defensa de someter a careo al adolescente acusado con la testigo referencial Huneivi Cañizalez, toda vez que a su criterio el referido careo era necesario para “el esclarecimiento de la verdad procesal”. La Jueza de Juicio, en relación a tal pedimento indicó:

…El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal establece el careo y consagra que podrá ordenarse el careo de personas que, en sus declaraciones, hayan discrepado sobre hechos o circunstancias importantes, aplicándose las reglas testimonio, pero en el caso del imputado considera este Tribunal que el mismo no puede ser sometido a careo, por cuanto no puede ser obligado a ello, y así lo acepte o lo consienta el adolescente acusado, no procede, porque la norma del artículo 236 ejusdem, que contempla en el careo (sic) se aplicarán las reglas del testimonio, que entre otras cosas exige la necesidad del juramento, es por lo que no procede el careo solicitado por la defensa, y lo procedente es que la defensa, a quien le viene dado el derecho de interrogar al testigo proceda a hacerle las preguntas que considere necesaria, que puedan favorecer al adolescente acusado, y ya que el mismo ha manifestado al tribunal no querer hacer preguntas a la testigo, se deja constancia la (sic) negativa de la defensa de no querer interrogar al testigo

(folio 710).

Conforme a lo anterior es preciso acotar que, en nuestra legislación penal, si partimos de la interpretación exegética de la norma indicada, se observa que el careo al estar incurso dentro de las disposiciones relativas al testimonio y producirse, además, entre personas cuyas declaraciones sean contradictorias, pareciera que sólo está destinado para ser aplicado a los testigos; no obstante, dicha norma legal no indica expresamente entre quienes procede el careo; pero tampoco prohíbe la participación del acusado, lo que quiere decir entonces, que por argumento ad contrarium es permitida la figura del careo entre el testigo y el acusado. Es pertinente destacar, que sobre el punto controvertido la doctrina patria ha indicado que:

De acuerdo ahora a la nueva disposición adjetiva, el careo podrá ser practicado no solamente entre testigos, sino, en general, entre personas que hayan discrepado sobre hechos o circunstancias importantes, vale decir, entre testigos o entre imputados, o entre éstos y los testigos, o entre los testigos y las víctimas, pues, para ello, sólo se requiere que existan al menos dos declaraciones discrepantes, independientemente de quienes sean los declarantes…

(MORENO, Carlos, “El P.P.V.”, Primera Reimpresión de la Primera Edición, Caracas, Vadell Hermanos Editores, 2004: p. 269).

Así mismo, el autor L.B.A. al hablar sobre este aspecto arguye “Algunas legislaciones como este código, permiten la posibilidad del careo entre procesado y testigo…” (Ob. Cit. P: 426). Es así como, las integrantes de este Tribunal Colegiado comparten el criterio doctrinal antes señalado, determinando que el careo puede ser autorizado para confrontar las declaraciones rendidas entre un testigo y el acusado -como lo solicitó la defensa de actas-; claro está, que para la procedencia de dicha práctica probatoria deben considerarse ciertos aspectos, tales como el hecho de ser necesario resguardar las garantías constitucionales que le asisten al acusado, toda vez que el mismo está exento de declarar y en caso de hacerlo debe efectuarlo sin juramento alguno, conforme lo establece nuestra Carta Magna, en contraposición a la declaración del testigo para quien constituye un deber si es llamado a declarar, lo cual realizará bajo juramento, ello sin que se violente el principio de igualdad entre las partes, por estar expresamente establecidas en la ley estas formalidades. Además, es preciso señalar que la legislación interna establece una norma que exime a un testigo de declarar bajo juramento como es la contenida en el artículo 228 del texto adjetivo penal, referido a la declaración del testigo menor de edad quince años de edad.

Así las cosas, el careo es un instrumento probatorio de apreciación subjetiva por parte del Juez, y que al efectuarse -en este caso- entre el acusado y el testigo, por la libertad de pruebas otorgada -las cuales deben ser apreciadas según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia- se puede apreciar el resultado logrado con su práctica de manera global con el resto de elementos probatorios que posea el Juez, con lo cual obtendrá en conjunto su convencimiento sobre la verdad de algún hecho en relación al cual existían declaraciones opuestas o encontradas, sirviendo en consecuencia, de apoyo para esclarecer puntos discordantes, todo ello con la finalidad de la búsqueda de la verdad, conforme lo preceptúa el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, al establecer la finalidad del proceso.

Ahora bien, la defensa denunció el vicio de “errónea aplicación de la n.j.” contenida en el citado artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se incurrió a su criterio, en denegación de la tutela judicial efectiva, vulnerándose el debido proceso y por ende el derecho a la defensa, establecido en el artículo 49.1 Constitucional. En este orden de ideas, estima pertinente acotar este Órgano Colegiado lo que ha dejado asentado el M.T. de la República en relación a tal motivo de apelación, siendo este:

Se entiende por errónea interpretación de la ley cuando el Juez, aún conociendo la existencia y la validez de una norma apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, equivoca la interpretación en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan en su contenido

(Sentencia dictada en fecha 13-11-2001, por la Sala de Casación Penal. Magistrada Ponente: Blanca Rosa Mármol de León. Exp. N° 01-0200).

Igualmente la doctrina, en cuanto a la errónea aplicación de una norma se refiere, señala:

Consiste en un error de derecho en el que se incurre al interpretar erróneamente una norma o por inobservancia de la misma. Como, por ejemplo, cuando se incurre en error de derecho al calificar el hecho como delito no siendo punible; o cuando al delito que se da por probado se le atribuye una calificación jurídica impropia; o cuando se incurre en error de derecho en la calificación de las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad penal

(MORENO BRANT, Carlos. El P.P.V.. Caracas. Vadell Hermanos Editores. 2002: p. 575).

Trasladando entonces, al caso bajo estudio la norma, jurisprudencia y doctrina antes citadas, establece este Tribunal Colegiado que el Tribunal Mixto interpretó de manera equívoca el alcance de la n.j. relativa al careo (artículo 236 COPP), otorgándole un sentido distinto al espíritu, propósito y razón de ser que tiene en nuestra legislación interna, por lo cual, a criterio de quienes aquí deciden, ciertamente existe errónea interpretación de la n.j. contenida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

Sin embargo, a pesar de que el apelante aduce que al negar la Jueza de Juicio su solicitud de efectuar el careo, produjo violación al derecho a la defensa de su representado, por no poder “alegar cuanto crea oportuno o replicar dialécticamente las posiciones contrarias”, a criterio de quienes aquí deciden, dicha negativa no produjo tal trasgresión, toda vez que la defensa tuvo la oportunidad de realizar las preguntas que considerase necesarias a la referida testigo, renunciando por el contrario a tal derecho (folios 709 y 710), por tanto, en opinión de esta Sala, no hubo violación a la garantía constitucional referida al debido proceso que lleva inmerso el derecho a la defensa, previsto en el artículo 49.1 Constitucional. En tal sentido, le asiste parcialmente la razón al recurrente en este motivo de denuncia. Y así se decide.

Huelga destacar que en el fallo accionado, la juzgadora, al no realizar un proceso de decantación de toda la información lograda durante el contradictorio, a través de las pruebas que en su debida oportunidad fueron admitidas, se apartó del régimen de valoración probatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal.

De tal manera, como ha quedado explanado existe falta de motivación de la sentencia recurrida, puesto que la Jueza a quo no analizó, valoró, ni comparó entre sí, ni en conjunto las pruebas llevadas al proceso y que fueron asumidas como ciertas para dictar la correspondiente decisión condenatoria, ni dio razón de lo aceptado como válido y de lo desestimado por no merecerle fe, lo que conlleva a esta Corte Superior a afirmar que hubo violación de los artículos 22 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal y 604 literales “b”, “c” y “d”, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, lo cual produce la nulidad de la sentencia dictada. Y así se decide.

Este Tribunal de Alzada considera necesario acotar que es la segunda oportunidad que esta Corte Superior conoce de la presente causa en apelación de sentencia, siendo en ambas ocasiones anulado el fallo apelado por los mismos motivos; esto es, por existir falta de motivación en la sentencia; por lo tanto se exhorta al Juez que por distribución le corresponda el conocimiento de la presente causa, dicte una sentencia que prescinda de los vicios que han producido la nulidad declarada; esto es, que cumpla con las exigencias establecidas en nuestra legislación, que deben contener todos los fallos dictados por los Tribunales de la República, logrando así que se cumpla con la finalidad del proceso. Y así se decide.

En consecuencia de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado O.A.A.M., Defensor Público Primero en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, actuando como defensor del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) y ordena de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 434 ejusdem, la realización de un nuevo juicio ante un Juez Profesional y Escabinos distintos a los que dictaron la sentencia aquí anulada prescindiendo de los vicios de los cuales ésta presenta. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Esta Corte Superior del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el O.A.A.M., Defensor Público Primero en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, actuando como defensor del adolescente (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente). SEGUNDO: ANULA la Sentencia N° 03-07, dictada en fecha 28 de febrero de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, constituido de manera mixta. TERCERO: ORDENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 434 ejusdem, la realización de un nuevo juicio oral y reservado ante un Juez Profesional y Escabinos distintos a los que dictaron la sentencia aquí anulada, prescindiendo de los vicios de los cuales ésta presenta.

Publíquese, regístrese, diarícese y déjese copia certificada en archivo.

LA JUEZA PRESIDENTA,

DRA. A.R.D.Á.

LAS JUEZAS PROFESIONALES,

DRA. J.F.G.

(PONENTE)

DRA. M.G.D.G.

LA SECRETARIA,

ABOG. M.M.F.

En esta misma fecha siendo las once horas de la mañana (11:00 a.m.), se publicó y registró la anterior Sentencia bajo el N° 001-07, en el Libro de Sentencias Definitivas llevado por esta Corte.

LA SECRETARIA,

ABOG. M.M.F.

Causa N° 1As-272-07

JFG/lpg.-

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