Decreto Nº 6.071, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica tiene por objeto garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, en concordancia con los lineamientos, principios y fines constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa integral de la Nación, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la ley que regula las tierras y el desarrollo agrario.

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica rige todas las actividades ejecutadas en el territorio nacional, relacionadas con la garantía de seguridad y soberanía agroalimentaria, tales como la producción, el intercambio, distribución, comercialización, almacenamiento, importación, exportación, regulación y control de alimentos, productos y servicios agrícolas, así como de los insumos necesarios para su producción.

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica regirán las actividades relacionadas con la actividad agroforestal y aquellas actividades agrícolas que no tengan por fin la alimentación, en cuanto le sean aplicables, sin perjuicio de la aplicación preferente de las leyes especiales que regulan la materia de bosques y reservas forestales.

El régimen de uso, goce y tenencia de tierras con vocación agroalimentaria se regirá por las disposiciones especiales contenidas en la ley que regula las tierras y el desarrollo agrario.

Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica son de orden público.

Se declaran de utilidad pública e interés social, los bienes que aseguren la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos, de calidad y en cantidad suficiente a la población, así como las infraestructuras necesarias con las cuales se desarrollan dichas actividades. El Ejecutivo Nacional, cuando existan motivos de seguridad agroalimentaria podrá decretar la adquisición forzosa, mediante justa indemnización y pago oportuno, de la totalidad de un bien o de varios bienes necesarios para la ejecución de obras o el desarrollo de actividades de producción, intercambio, distribución y almacenamiento de alimentos.

La soberanía agroalimentaria es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población.

Son acciones para garantizar la soberanía agroalimentaria, entre otras:

1. El privilegio de la producción agrícola interna, a través de la promoción y ejecución de la agricultura sostenible y sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral.

2. La transformación de las relaciones de intercambio y distribución, a partir de la cogestión en la planificación con la participación de todos los actores y actoras que intervienen en las actividades agrícolas.

3. La identificación y reconocimiento de las relaciones sociales de producción y consumo, dentro de las necesidades y posibilidades concretas de cada uno de los actores de las distintas cadenas agrícolas.

4. El establecimiento y cumplimiento de medidas que garanticen la protección, supervisión, prosperidad y bienestar de las productoras y productores nacionales, en el marco del desarrollo endógeno de la Nación.

5. La vigilancia, supervisión y control de las operaciones en las fases del ciclo productivo, estimulando a aquellos que ejecuten actividades en el territorio nacional y en especial a los que provengan de personas de carácter social o colectivo, quienes serán protegidos y priorizados en la participación y beneficios derivados de concesiones, financiamientos, actividades, medidas e inversiones de carácter público.

6. Las previstas en la Ley que regule la materia de tierras y desarrollo agrario.

La seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación.

Son objetivos de la seguridad agroalimentaria:

1. Garantizar el balance alimentario de la población, a través de:

   1. La planificación, el desarrollo sistémico y articulado de la producción, así como la promoción de la actividad agropecuaria.

   2. El establecimiento de medidas en el orden financiero, de intercambio y distribución, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, formación y capacitación, y otras que fueren necesarias, con el fin de alcanzar los niveles de autoabastecimiento requeridos por la población y evaluar el rendimiento de las inversiones, su impacto, la verificación precisa del correcto uso de los recursos públicos invertidos y su efecto económico-social.

   3. La protección de los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.

   4. Cualquier otra actividad que determine el reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

2. Asegurar la distribución de la producción nacional agroalimentaria con el propósito de atender la satisfacción de las necesidades básicas de la población.

A los fines de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus reglamentos, se entiende por:

1. Agroalimentario: Referido a los productos alimenticios de origen animal o vegetal.

2. Autoabastecimiento: Sistema de abastecimiento en el que los propios recursos son suficientes.

3. Balance de alimentos: Es el resultado de la relación del consumo nacional de alimentos con la producción interna, variación de existencia, importación y exportación en un tiempo determinado.

4. Biotecnología: Es la tecnología basada en el uso y la aplicación de organismos o sistemas biológicos vivos para la obtención de bienes y servicios.

5. Cadena agroalimentaria: Es el conjunto de los factores involucrados en las actividades de producción primaria, transformación, conservación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y consumo de alimentos.

6. Canasta alimentaria normativa: Es un conjunto de alimentos determinados por el Ejecutivo Nacional, que satisfacen los requerimientos de energía y nutrientes de un hogar tipo de la población venezolana; cuya estructura considera los hábitos alimentarios y además, toma en cuenta la disponibilidad de alimentos con énfasis en la producción nacional y el menor costo posible.

7. Cesta básica: Es un indicador macroeconómico para medir los ingresos de las ciudadanas y los ciudadanos, que comprende los alimentos básicos o necesarios para la subsistencia de una familia durante un período de un mes y puede incluir algunos servicios básicos.

8. Desarrollo endógeno: Es el desarrollo que se alcanza aprovechando los recursos localmente disponibles, tales como tierra, agua, vegetación, animales, conocimiento y cultura local, y la forma de organización de la comunidad, con el objeto de optimizar su dinámica, mejorando así la diversidad cultural, el bienestar humano y la estabilidad ecológica.

9. Inocuidad de los alimentos: Condición que garantiza que no causarán daño con su consumo.

10. Principio de precaución: Principio mediante el cual se hace necesario establecer un cambio de percepción en cuanto a un riesgo determinado, y actuar, aún en ausencia de evidencias científicas concretas, cuando razonablemente se estime que existe la posibilidad de un daño grave e irreversible.

11. Reservas estratégicas de mercado: Son aquellas autorizadas por el Ministerio con competencia en materia de alimentos y alimentación para la amortiguación de fluctuaciones erráticas de mercado, captando excesos y aliviando posibles deficiencias. 12. Reservas estratégicas especiales: son aquellas autorizadas por el Ejecutivo Nacional que constituyen un conjunto de productos almacenados con disponibilidad suficiente, estable y de plena cobertura nacional, para responder a la escasez por dificultades imprevistas, estados de emergencia, alarma o de excepción.

A los efectos de la interpretación y aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica se observarán los principios fundamentales desarrollados en los artículos contenidos en el presente capítulo.

Todas las ciudadanas y los ciudadanos, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tienen el derecho a la disponibilidad y acceso oportuno y suficiente de alimentos de calidad.

El Estado reconoce, garantiza y protege los derechos de la productora y el productor nacionales como protagonistas de la producción para la satisfacción de las necesidades agroalimentarias del país y el derecho de todas las ciudadanas y los ciudadanos a alimentarse de manera preferente con productos nacionales, como ejercicio pleno de soberanía agroalimentaria del pueblo venezolano.

El Estado incentivará la producción nacional de alimentos y la disminución progresiva de las importaciones y la dependencia de alimentos, productos e insumos agrícolas extranjeros.

Se reconoce el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a la producción sustentable, enfocada en la sostenibilidad medioambiental, social y económica de las actividades agrícolas, de sus trabajadores y trabajadoras. Se consideran contrarias al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica las prácticas del monocultivo intensivo y aquellas dirigidas a permitir el control del mercado de productos agroalimentarios.

La sustentabilidad de la producción agrícola nacional se garantizará a partir del desarrollo rural integral de las comunidades de productoras y productores en condiciones de igualdad y justicia. El Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, determinará cuando se está en presencia de un monocultivo intensivo.

El tiempo socialmente invertido para la producción eficiente de los bienes provenientes de la labor agrícola es el elemento fundamental para la determinación de la retribución del trabajo de las productoras y productores agrícolas.

El Estado formulará las políticas que garanticen a las productoras y productores la eficiencia productiva, a través de la disponibilidad de medios necesarios y suficientes para la producción agrícola, así como la protección de los derechos fundamentales de dichos productoras y productores.

Las políticas agrarias, además de promover la recuperación de las prácticas y tecnologías tradicionales, que aseguren la conservación de la biodiversidad, garanticen el acceso al agua, la tierra y los recursos genéticos, deberá garantizar al productor o productora agrícola, en coordinación con los actores del sistema agroproductivo, el acceso justo y equidad al mercado interna que permitan el intercambio y distribución de sus productos en las diferentes escalas de orden priorizado establecidas por el Ejecutivo Nacional, con la finalidad de brindar protección a la producción local y nacional como componente básico para garantizar la soberanía agroalimentaria y el desarrollo sustentable a las futuras generaciones.

La Administración Agraria propenderá al establecimiento de una estructura agrícola territorializada, según los rubros a producir y aquellos factibles de ser producidos en cada región del país, con el propósito de facilitar la planificación, evitando los excesos y posibles déficit en la producción nacional agrícola, que dificultan su comercialización, intercambio y distribución.

Se declara contraria a los principios contenidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, la adopción de políticas económicas y sociales que atenten contra la capacidad productiva nacional y la soberanía agroalimentaria, así como aquellas que fomenten un comportamiento indiscriminado en el intercambio y distribución agrícola, priorizando el comercio y las grandes ganancias por encima del derecho fundamental a la alimentación.

El Estado incentivará el diseño, formulación y ejecución de nuevas alternativas tecnológicas y formas de agricultura adecuadas a las diferentes condiciones edafoclimáticas del país, con el fin de desarrollar una agricultura ecológica sustentable, que conlleven a una reducción de los costos de producción y a un incremento de los índices de productividad agrícola.

Para la promoción de la agricultura sostenible y sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral debe procurarse la dotación de la estructura, infraestructura, insumos, vialidad y transporte para el sector agroalimentario, con el fin de promover condiciones solidarias de intercambio y distribución agrícola, que faciliten a las pequeñas y medianas productoras y productores, libres o asociados, así como a organizaciones agrícolas colectivas, acceder a los mercados nacionales e interacciónales en condiciones de justicia e igualdad.

La ejecución de las competencias asignadas al Ejecutivo Nacional conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica responderán, además, a los principios establecidos en la Ley que regula la materia, referidos a la garantía de seguridad agroalimentaria, utilidad pública y función social de la tierra, promoción y protección de la función social de la producción nacional, la promoción de la independencia y soberanía agroalimentaria de la nación, el uso racional de las tierras, los recursos naturales y la biodiversidad genética.

Es responsabilidad del Estado, para garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria:

1. Procurar la satisfacción de las necesidades básicas y el autoabastecimiento de alimentos e insumos, bien a través de mecanismos de incentivo y fomento, como de la ejecución y gestión directa de actividades relacionadas con la agroalimentación.

2. Impulsar la producción nacional mediante la implementación de un sistema que integre a todos los órganos y entes del Poder Público vinculados con la cadena agroalimentaria.

3. Planificar el intercambio y distribución de insumos, tecnologías, conocimientos, productos, servicios agrícolas y agroindustriales, conjuntamente con las organizaciones sociales.

4. Privilegiar el financiamiento de las actividades agrícolas y agroindustriales dirigidas al desarrollo del sector agroalimentario, asumiendo su ejecución a través del Ejecutivo Nacional cuando sea necesario.

5. Evitar la competencia desleal, la formación de monopolios y monopsonios, el abuso de posición de dominio, prácticas de acaparamiento de productos, insumos y servicios agrícolas u otras formas de acuerdos privados que distorsionen, limiten o afecten la producción, circulación, distribución e intercambio de productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícola y forestal.

6. Fomentar la educación y formación técnica, sociopolítica y económica basada en los principios de solidaridad, cooperativismo, equidad y justicia social, además de los previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

7. Propiciar la participación de los Consejos Comunales y de cualquier otra forma de participación social en la gestión, regulación y control de las políticas públicas en materia agroalimentaria.

8. Ejercer las competencias y procurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Es responsabilidad de las productoras y productores, Consejos Comunales y demás formas de organización y participación social, de los prestadores de servicios, de la agroindustria, de las consumidoras y los consumidores, distribuidores, importadores y exportadores y, en general, de todos los adores de las cadenas agroalimentarias:

1. Propiciar condiciones de distribuciones eficientes y eficaces para el abastecimiento de productos agroalimentarios que garanticen la seguridad agroalimentaria.

2. Garantizar el privilegio de la adquisición de la producción agrícola nacional y la disponibilidad de la capacidad instalada para su transformación, como apoyo al desarrollo rural nacional.

3. Garantizar de manera preferencial el suministro del producto procesado o transformado a las industrias nacionales que lo requieran.

4. Ejercer la vigilancia, regulación y control social sobre las actividades, servicios y funciones que faciliten el proceso de intercambio y distribución de productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícola y forestal.

5. Asegurar la colocación o arrime de la producción agrícola requerida para el mantenimiento de niveles de abastecimiento interno idóneos.

6. Articular con los órganos y entes del Poder Público competentes las actividades y mecanismos necesarios para el establecimiento de precios de interés social, así como la producción y disponibilidad suficiente y oportuna de alimentos acordes a nuestras necesidades nutricionales locales y nacionales, respetando en todo momento la autodeterminación a producir y consumir nuestros propios alimentos

En ejecución del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, corresponde al Ejecutivo Nacional a través de sus órganos competentes:

1. Formular, dictar, ejecutar y supervisar las políticas agroalimentarias conforme a los principios y demás disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

2. Dictar las medidas económicas y financieras necesarias para la ejecución de los planes de producción nacional.

3. Realizar el balance nacional de alimentos e insumos agroalimentarios, con el objeto de determinar oportunamente su disponibilidad.

4. Fijar los precios de los alimentos, productos o insumos agroalimentarios declarados de primera necesidad.

5. Establecer políticas de contingencia cuando lo considere necesario para garantizar el abastecimiento nacional de alimentos.

6. Dictar la normativa que regule los procesos de distribución, transporte, intercambio y comercialización de alimentos, productos e insumos agroalimentarios.

7. Determinar los órganos y entes a cuyo cargo estará el ejercicio de las facultades de inspección y fiscalización conforme el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

8. Autorizar la importación de rubros agroalimentarios cuando no haya producción nacional, la producción nacional sea Insuficiente o por cualquier otra causa de interés general que lo justifique.

9. Autorizar la exportación de rubros agroalimentarios cuando haya producción nacional, la demanda interna se considere satisfecha y exista excedente.

10. Planificar, crear, regular y mantener las reservas estratégicas agroalimentarias.

11. Dictar las normas y reglamentos técnicos que establezcan los parámetros de inocuidad y calidad, con el fin de mejorar los procesos productivos y adecuarlos a las nuevas tecnologías.

12. Promover, incentivar y ejecutar la investigación, desarrollo, extensión y transferencia de tecnología en todas las etapas de la cadena agroalimentaria.

13. Fomentar la educación y el conocimiento de una sana alimentación, buenas prácticas de manipulación y conservación de los alimentos.

14. Priorizar la producción de determinados rubros agrícolas, o de su consumo, a nivel nacional, regional o local, tomando en cuenta la estructura agrícola territorializada que al efecto establezca.

15. Gestionar y ejecutar la producción, distribución, comercialización, importación, exportación e industrialización de rubros agroalimentarios estratégicos cuando lo considere pertinente.

16. Promover la creación de redes alternativas y espacios socioproductivos para el intercambio y distribución de productos, saberes, beneficios y servicios agrícolas.

17. Crear, regular y administrar los registros necesarios para el suministro y proceso de información necesaria para el ejercicio de las funciones de control y estadísticas.

18. Establecer los alimentos que comprende la cesta básica como indicador macroeconómico, con precios de interés social y acordes a las necesidades nutricionales locales y nacionales.

19. Establecer medidas de contingencia y acciones de normalización del mercado de alimentos, productos e insumos agrícolas, objeto de esta ley, cuando así lo considere a fin de evitar fluctuaciones erráticas del mercado y para regularizar su distribución e intercambio.

20. Restringir o prohibir la importación, exportación, distribución, intercambio o comercialización de determinados alimentos, productos, rubros e insumos agrícolas, o la prestación de determinados servicios para el agro y su industria, a fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

21. Restringir o prohibir el beneficio, sacrificio o matanza de determinadas especies animales, o de categorías de éstas, cuando circunstancias relacionadas con el abastecimiento interno lo ameriten.

22. Establecer y administrar los subsidios que fueren indispensables como medida de protección a la producción nacional o a los fines de evitar aumentos de precio en productos alimenticios de primera necesidad o efectos especulativos sobre éstos.

23. Establecer normas sobre calidad, recepción, sistemas de envasado, empaque, etiquetado y clasificación de los productos agrícolas y sus modalidades.

24. Emitir la certificación de origen de alimentos, productos e insumos agroalimentarios producidos en el país.

25. Certificar el origen orgánico de los alimentos, productos e insumos de origen vegetal.

26. Las demás competencias y funciones que le sean impuestas conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

El balance nacional de alimentos e insumos agroalimentarios, está integrado por los elementos relacionados con el consumo y necesidades alimentarias e insumos agroalimentarios siguientes: existencia de inventarios, producción interna, importaciones y exportaciones.

El Ejecutivo Nacional instrumentará lo necesario para realizar el balance nacional de alimentos e insumos agroalimentarios, con el objeto de determinar oportunamente su disponibilidad.

Las políticas implantadas por el Ejecutivo Nacional en materia de intercambio, distribución y reservas estratégicas deben tender a la normalización del mercado de productos alimenticios de origen agrícola, evitando las fluctuaciones erráticas del mercado y propendiendo a la regularización de la distribución, intercambio y comercio justo.

El acceso efectivo a los alimentos y productos agroalimentarios deberá garantizarse incluso a aquellos sectores que, debido a su ubicación geográfica, se dificulte su distribución, procurando que tal condición no afecte el precio del producto y evitando su distribución ilícita.

Se consideran actividades de intercambio, distribución y comercialización de productos agroalimentarios, las acciones y funciones facilitadoras del flujo de bienes, servicio y saberes, incluyendo el trueque, la compra, venta, pignoración, determinación de precios de productos e insumos para la alimentación y producción agrícola, así como el destino de los excedentes, formas válidas de equivalencias y acciones de comercialización en toda la cadena agroalimentaria y agro productiva.

Se consideran servicios de intercambio y distribución de productos agrícolas: la recepción, acondicionamiento, beneficio, matanza, almacenamiento, acopio, empaque, despacho, transporte, clasificación y etiquetado, así como el levantamiento y procesamiento de información relativa a todas las fases del proceso de intercambio y distribución.

Se considera también como servicio de intercambio y distribución la emisión de certificados de depósito y similares.

Se consideran funciones facilitadoras de la distribución e intercambio de alimentos y productos agrícolas: el uso social de la información, los medios socialmente necesarios para la producción, el estudio social y científico de los espacios de intercambio y distribución que ayuden a planificar en función de la soberanía y seguridad agroalimentaria y agroproductiva de la nación; el financiamiento comercial y las actividades financieras vinculadas a la asunción de riesgos en la fase comercial, emisión de bonos de prenda y otros instrumentos similares; la inteligencia de intercambio y distribución, bien como otras acciones de integración entre las productoras y productores y las consumidoras y consumidores.

En los instrumentos mediante los cuales se regule el sector agrícola, así como en los respectivos Planes Nacionales y Sectoriales, el Ejecutivo Nacional podrá establecer sujetos beneficiarios a los cuales se les otorgará prioridad para la colocación de productos agrícolas, suministro de insumos y uso de servicios requeridos en la producción, con el objetivo de transformar las relaciones de intercambio y el proceso de distribución.

A tal efecto, el Ejecutivo Nacional, en conjunto con los Consejos Comunales de cada región, definirá los requerimientos mínimos para el suministro de insumos y servicios que garanticen las condiciones de producción por rubro y por región, e identificarán a los sujetos beneficiarios.

En los instrumentos mediante los cuales se regule el sector agrícola, así como en los respectivos Planes Nacionales y Sectoriales, el Ejecutivo Nacional podrá establecer sujetos beneficiarios a los cuales se les otorgará prioridad en el consumo de determinados productos agrícolas, a fin de garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria y agroproductiva de la Nación.

A tal efecto, el Ejecutivo Nacional, en conjunto con los Consejos Comunales de cada región, determinará los niveles de consumo comunal por rubro e identificarán a los sujetos beneficiarios con base en parámetros objetivos que permitan el acceso prioritario de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica o exclusión, productoras y productores locales y organismos públicos, garantizándose un límite mínimo o necesario, manteniendo valores ideales que no se traduzca en un consumo exagerado.

En todo caso, la regulación que se dicte en ejecución del presente artículo deberá garantizar el abastecimiento de productos locales a la población asentada en la zona de producción, antes de la extracción o traslado de tales productos locales a los mercados o la agroindustria.

El Ejecutivo Nacional, las alcaldías, gobernaciones, las distintas formas de organización social y las cadenas de comercialización privadas, cooperarán entre sí en las actividades de intercambio y distribución de alimentos y productos agrícolas, desde las zonas productoras hasta los centros de intercambio o centros de distribución mayoristas.

A los fines de garantizar la distribución eficiente y el acceso oportuno a los alimentos, el Ejecutivo Nacional creará los centros de almacenamiento necesarios para asegurar la disponibilidad de alimentos en el menor tiempo posible, en todo el territorio nacional y podrá asumir directamente actividades de distribución e intercambio cuando lo considere necesario. El Ejecutivo Nacional, además, regulará y ejercerá la vigilancia y control de la movilización de alimentos y productos agrícolas en estado natural a los fines de materializar la garantía de distribución eficiente establecida en el presente Título.

Las políticas y regulaciones sectoriales en materia de distribución e intercambio agrícola deben garantizar a las productoras y productores agrícolas, la distribución, recepción, beneficio, matanza, almacenamiento y acopio preferente de la producción agrícola nacional en silos, centros de acopio, cadenas de frío u otras estructuras adecuadas para almacenamiento, tanto en las empresas públicas como en las privadas.

A los efectos de la aplicación de lo previsto en el presente artículo se tomará en consideración la calificación del rubro, los parámetros de calidad establecidos para su almacenaje, y el orden priorizado para el uso de servicios, colocación y consumo de productos establecido por el Ejecutivo Nacional.

En todo caso, podrán establecerse, con carácter general o convencional, obligaciones especiales a cargo de las productoras y productores que reciban financiamiento del Estado, a fin de asegurar la colocación o arrime de su producción a determinados silos, almacenes o agroindustrias, de carácter público o privado.

Para el intercambio y comercio justo de alimentos, productos, insumos, saberes y servicios agrícolas, son válidas las alternativas de intercambio monetarias o no monetarias, tales como la economía de equivalencia, el trueque o cualquier otra forma de valoración comparativa que resulten de un intercambio, reguladas conforme establezca el ordenamiento jurídico.

El diseño, definición y ejecución de políticas, actividades y regulaciones en materia agroalimentaria deberá evitar la competencia desleal, la formación de monopolios y monopsonios, el abuso de posición de dominio, prácticas de acaparamiento de productos, insumos y servicios agrícolas u otras formas de acuerdos privados que distorsionen, limiten o afecten la producción, circulación, distribución e intercambio de productos agroalimentarios.

A tal efecto, los órganos y entes del Ejecutivo Nacional con competencia en materia agrícola, alimentaria, de protección a las consumidoras y consumidores y de protección y promoción a la libre competencia, apoyados en los comités de contraloría social y los Consejos Comunales Agrarios, articularán el ejercicio de sus atribuciones y la ejecución de sus actividades para evitar la distorsión del intercambio y distribución de productos agroalimentarios.

Las estrategias de negociación de convenios y acuerdos internacionales, bilaterales y multilaterales, serán definidas por el Ejecutivo Nacional, propendiendo a garantizar el derecho inalienable del pueblo al autoabastecimiento agroalimentario, así como también, el acceso efectivo a la oferta exportable de los países socios comerciales, particularmente en los rubros de interés para fines de seguridad agroalimentaria.

En los tratados, acuerdos, convenios y demás documentos de carácter internacional o comunitario asumidos por la República, referidos al sector agroalimentario, debe garantizarse el cumplimiento de los fundamentos esenciales de solidaridad, complementariedad, sustentabilidad, equidad y justicia social en la distribución, intercambio y comercio justo de los bienes y servicios agrícolas de los cual trate.

Así mismo, deberá preverse que el respectivo documento se adecué al objeto y a los principios establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, a fin de garantizar y consolidar relaciones comerciales en un marco de hermandad, solidaridad, equidad, igualdad y justicia social.

La importación de determinados alimentos, rubros agroalimentarios e insumos para la producción agroalimentaria, sólo podrá ser autorizada cuando no haya producción nacional de los mismos, la producción nacional de éstos sea insuficiente o, medien causas excepcionales de interés general que justifiquen la importación.

Asimismo, la exportación de determinados alimentos, rubros agroalimentarios e insumos para la producción agroalimentaria podrá ser autorizada cuando la producción nacional de los mismos sea suficiente, la demanda interna se considere satisfecha y exista un excedente en la producción nacional.

El régimen general de importaciones y exportaciones de alimentos, rubros agroalimentarios e insumos para la producción agroalimentaria, incluido el otorgamiento de permisos y licencias de exportación e importación, se establecerá, mediante los reglamentos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y los actos normativos dictados por los órganos y entes competentes, en concordancia con las normas establecidas en la legislación aduanera.

Para el otorgamiento de permisos y licencias de exportación o importación, deberá considerarse la producción esperada para el siguiente ciclo de siembra, a manera de garantizar que tal otorgamiento responda al déficit real del ciclo de siembra vigente y no comprometa la colocación de las futuras cosechas.

El Ejecutivo Nacional dictará las medidas necesarias para que las importaciones de productos, servicios, tecnologías, e insumos agroalimentarios sea sustituida gradualmente por la producción nacional, disminuyendo de forma definitiva la dependencia externa para la provisión de éstos.

Los alimentos importados con vista a la comercialización o a su exportación a un tercer país, deben respetar la normativa legal nacional sobre alimentos y alimentación.

A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, para que un alimento sea considerado inocuo y de calidad, debe cumplir con los parámetros físico-químicos y microbiológicos, establecidos en las normas y lineamientos que se dicten al efecto.

En aquellos casos en los que se carezca de normativa, se deberá solicitar la certificación correspondiente ante los órganos y entes de la Administración Pública Nacional competentes en materia de inocuidad y calidad de los alimentos.

La disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos inocuos, de calidad y en cantidad suficiente a la población, debe garantizarse en toda la cadena de producción agroalimentaria, desde la producción agrícola, pecuaria, pesquera o acuícola, y a lo largo de las etapas de recolección, elaboración o procesamiento, transporte y distribución hasta el almacenamiento y preparación.

A fin de asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos en la cadena agroalimentaria, todas las personas que realicen actividades relacionadas con los alimentos o la alimentación deberán cumplir con las normas y lineamientos que dicten al efecto los órganos y entes de la Administración Pública Nacional con competencia en la materia.

Toda persona que realice actividades relacionadas con los alimentos o la alimentación, tiene la responsabilidad de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos en cada una de las fases de la cadena agroalimentaria en la cual interviene.

Asimismo, deberá garantizar que los equipos de medición y el contenido neto de los productos alimenticios cumplan con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

Toda persona que realice actividades relacionadas con la producción y transformación de alimentos, deberá implantar un sistema de rastreabilidad de sus materias primas, insumos y productos terminados, con la finalidad de efectuar el retiro oportuno de productos alimenticios que representen peligros relacionados con la pérdida de la inocuidad o la calidad.

Mediante reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica se determinarán los lineamientos necesarios para la regulación del sistema.

El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos y entes competentes en materia de inocuidad y calidad de los alimentos, dictará las normas y reglamentos técnicos que establezcan los parámetros de inocuidad y calidad, con el fin de mejorar los procesos productivos y adecuarlos a las nuevas tecnologías.

El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos y entes competentes promoverá el asesoramiento y la formación a las pequeñas y medianas empresas de propiedad privada, empresas y unidades económicas de carácter social o colectivo y unidades económicas de producción o distribución social, dedicadas a fabricar, procesar, envasar, almacenar, transportar, intercambiar, distribuir y comercializar alimentos y materias primas e insumos para la industria de alimentos, para que implementen, según sus capacidades, sistemas de gestión que permitan garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en cada etapa de la cadena agroalimentaria.

Toda persona que realice actividades relacionadas con los alimentos o la alimentación, con una plataforma productiva desarrollada, debe implementar sistemas de gestión de calidad, que permitan garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos en cada una de las fases de la cadena agroalimentaria.

La regulación y control de la manipulación genética en materia de alimentos se regirá conforme lo establecido en la ley que rige la materia.

El Estado fomentará la investigación agroalimentaria y promoverá e implementará el uso de nuevas tecnologías para la producción y conservación de alimentos, a fin de contribuir al mejoramiento y desarrollo de la producción nacional.

La utilización de nuevas tecnologías, debe basarse en el principio de precaución, con el objeto de garantizar la estabilidad y crecimiento sostenible de la producción nacional.

El control de los factores que representan un riesgo para la inocuidad de los alimentos frescos y materias primas para las industrias de alimentos, tales como el agua, el suelo, los insumos, la fertilización, la protección de los cultivos, la cosecha, el manejo poscosecha y la salud de los trabajadores y trabajadoras, deberá asegurarse durante la fase de producción primaria, mediante el empleo de buenas prácticas agrícolas y de fabricación, almacenamiento y transporte, que al efecto aprobarán los órganos competentes en la materia.

Corresponde al Ejecutivo Nacional, a través de los órganos y entes competentes velar por la aplicación de dichas prácticas.

La materia prima, producto de las actividades agrícolas, en especial la de carácter perecedero, deberá ser manipulada conforme a técnicas de manejo poscosecha, con el propósito de asegurar la inocuidad y disminuir la pérdida de la calidad.

Toda persona dedicada al procesamiento, envasado, almacenamiento, transporte, intercambio, distribución y comercialización de alimentos, debe garantizar las condiciones de conservación requeridas para cada tipo de alimento, con el fin de evitar su deterioro y mantenerlos aptos para el consumo humano durante su tiempo de vida útil.

Los sistemas para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos aplicados por toda persona, que realice actividades relacionadas con los alimentos o la alimentación, deben basarse en el análisis de riesgo como un enfoque sistemático que permita identificar riesgos específicos y medidas para su control.

Toda persona que realice actividades relacionadas con los alimentos o la alimentación, debe velar porque los materiales destinados a estar en contacto directo con el alimento, empleados para su envasado o empacado, cumplan con las especificaciones sujetas a normas de calidad de obligatorio cumplimiento, con el fin de evitar contaminación por agentes biológicos, físicos y químicos, y mantener las características fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas.

Todo alimento envasado o empacado debe poseer un rótulo o etiqueta con información clara y precisa, que cumpla con la normativa vigente para el etiquetado de los alimentos envasados para consumo humano.

Los agroquímicos, medicamentos veterinarios y otros productos utilizados para la actividad agrícola deben ser empleados conforme a lo señalado en la normativa vigente para tal fin, aunado a la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de fabricación, almacenamiento y transporte de alimentos, y su uso debe ser regulado por los órganos y entes con competencia en la materia, con la finalidad de garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en todas las fases de la cadena agroalimentaria.

Las personas dedicadas a la producción y venta de alimentos frescos, materia prima e insumos para la industria de alimentos, son responsables de mantener los residuos de agroquímicos, productos y medicamentos veterinarios presentes en los alimentos dentro de los límites permisibles establecidos por las autoridades competentes en la materia, a fin de garantizar su inocuidad y calidad.

Toda persona que desarrolle actividades relacionadas con los alimentos y la alimentación, aplicará las técnicas de almacenamiento previstas en la normativa vigente para evitar riesgos de contaminación física, química y biológica a las materias primas, insumos y productos terminados.

Toda persona dedicada a la importación de alimentos, insumos, materia prima o cualquier material susceptible a ser empleado en actividades relacionadas con los alimentos o la alimentación, es responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, a fin de resguardar la seguridad agroalimentaria de la población.

Los órganos y entes competentes en materia de inocuidad y calidad de los alimentos, efectuarán el reconocimiento de los productos alimenticios e insumos importados en los puertos, de manera rápida, aleatoria, transparente y confiable, con el fin de constatar las condiciones de almacenaje y características organolépticas inherentes al producto.

Los reglamentos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica determinarán las condiciones de aplicación del presente artículo.

El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos con competencia en materia de inocuidad y calidad de los alimentos podrá inspeccionar a las empresas ubicadas en el extranjero fabricante de alimentos e insumos, que exporten sus productos a la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas sobre buenas prácticas de fabricación, almacenamiento y transporte de alimentos para consumo humano, la implementación de sistemas de gestión de la calidad en el proceso productivo y los requisitos de calidad e inocuidad exigidos en la normativa nacional vigente.

La legislación especial podrá establecer condiciones o requisitos especiales para la importación de alimentos, insumos, materia prima o material genético susceptible de ser empleado en la alimentación, en los cuales se hubieren empleado organismos vivos modificados.

Toda persona que se dedique a exportar alimentos, materia prima o insumos para la producción de alimentos, desde la República Bolivariana de Venezuela, debe ajustarse a la normativa vigente en materia de alimentos en el territorio nacional, así como a la del país importador.

Toda persona que se dedique a exportar alimentos, materia prima o insumos para la producción de alimentos, desde la República Bolivariana de Venezuela, debe contar con la certificación emitida por el órgano o ente de la Administración Pública acreditado por el órgano rector en materia de calidad.

El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos y entes competentes, en coordinación con los sectores productivos pecuario, agrícola, pesquero y acuícola, promoverá la instalación y expansión de la red de laboratorios acreditados por la autoridad nacional competente, para la evaluación, verificación y certificación de la inocuidad y calidad de los alimentos de producción nacional, importados y exportados.

El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos y entes competentes en materia de alimentos o alimentación, vigilará la aplicación de los sistemas de rastreabilidad de productos terminados en materias primas e insumos necesarios para su producción, en cada una de las etapas de la cadena agroalimentaria.

Quedan sujetos a la aplicación de medidas fitosanitarias o zoosanitarias, los animales, vegetales y demás insumos que sean importados por toda persona que desarrolle actividades relacionadas con los alimentos y la alimentación en el territorio nacional, con el objeto de evitar la propagación de plagas, enfermedades y cualquier agente que altere la calidad y los niveles de producción nacional de productos agrícolas.

El Estado promoverá e incentivará la investigación, desarrollo, extensión y transferencia de tecnología en todas las etapas de la cadena agroalimentaria, con énfasis en las etapas de procesamiento, intercambio, distribución y comercialización, y tomará las medidas necesarias para su aplicación, con el objeto de mejorar la producción, conservación, transformación, transporte, intercambio, distribución y análisis de alimentos.

Las políticas destinadas a orientar la investigación y desarrollo en el área de alimentos deberán observar esquemas de agricultura tropical sustentable que disminuyan la dependencia de insumos y materia prima foránea, con el propósito de que ésta sea cónsona con las necesidades agroalimentarias del país, a partir del análisis de las potencialidades territoriales y del entorno de cada comunidad.

Las universidades e instituciones públicas de educación superior o de investigación en el área agroalimentaria, así como las de carácter privado que reciban algún beneficio económico por parte del Estado, pondrán a disposición del Ejecutivo Nacional, el registro de las investigaciones realizadas, a objeto de que las mismas sean empleadas para dirigir, orientar y planificar las políticas agroalimentarias.

Los convenios, contratos o tratados celebrados por el Ejecutivo Nacional con organismos nacionales e internacionales a los fines de desarrollar estudios e investigaciones, tendrán entre sus objetivos el desarrollo de nuevos sistemas agroproductivos, basados en la conservación y optimización en el uso de los recursos naturales renovables y en la preservación del medio ambiente.

El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, con el fin de contribuir con el desarrollo económico y la producción nacional, promoverá mediante políticas, planes y programas de financiamiento, el desarrollo de investigaciones en materia de biotecnología, en resguardo de la salud y la preservación del ambiente.

Los interesados en realizar actividades de investigación y desarrollo sobre manipulación genética de organismos vivos, cuyos resultados sean susceptibles de aprovechamiento agro-productivo, requerirán autorización previa del órgano nacional competente y estarán sujetos a la supervisión del mismo.

Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones del presente Título, las actividades de investigación en materia agroalimentaria se orientarán hacia el desarrollo social.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa, las sanciones aplicables por el órgano o ente competente a los sujetos que comentan infracciones al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, son:

1. Multa.

2. Comiso.

3. Cierre temporal del establecimiento.

4. Prisión.

Las sanciones pecuniarias previstas en el presente Capítulo se calcularán a partir del promedio simple entre el límite superior y el límite inferior indicado para cada sanción.

La sanción pecuniaria a aplicar disminuirá progresivamente hasta el límite inferior o se aumentará progresivamente hasta el límite superior, según las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie.

Cuando concurran dos o más sanciones pecuniarias, se aplicará la sanción más grave, aumentada con la mitad de las otras sanciones.

Son circunstancias agravantes:

1. La condición de funcionario o empleado público que tengan sus autores, coautores o partícipes.

2. La magnitud del perjuicio económico individual o colectivo causado o los riesgos que representa a la seguridad y soberanía agroalimentaria el ilícito cometido.

Son circunstancias atenuantes:

1. La conducta que el autor asuma en el esclarecimiento de los hechos, en cuanto a la colaboración que preste.

2. El cumplimiento de los requisitos omitidos que puedan dar lugar a la imposición de la sanción.

La magnitud del perjuicio económico individual o colectivo causado.

Son circunstancias que eximen de responsabilidad respecto de las infracciones al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, las siguientes:

1. La minoría de edad.

2. La incapacidad mental del presunto infractor, debidamente comprobada.

3. El caso fortuito y la fuerza mayor.

4. El error de hecho y de derecho excusable.

5. Cualquier otra circunstancia prevista en las leyes y aplicables de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Cuando la Infracción haya sido cometida de manera reiterada, la multa se incrementará en un cincuenta por ciento (50%) por cada nueva infracción, hasta un máximo de cinco mil (5.000 U.T.) unidades tributarias y el cierre temporal del establecimiento, si fuere el caso, hasta por un máximo de quince (15) días continuos.

Se considerará que hay reincidencia cuando el infractor, después de una sentencia o resolución firme sancionadora, cometiere uno o varios ilícitos tributarios de la misma índole dentro del lapso de cinco (5) años contado a partir de la fecha en que el acto de imposición de la sanción quedare firme.

El conocimiento de las sanciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, así como la aplicación de las mismas cuando ello sea procedente, corresponde al órgano o ente competente en razón de la materia según la naturaleza del ilícito cometido, sin perjuicio de los recursos que pudieren ejercer los afectados.

Las penas de prisión sólo podrán ser conocidas y aplicadas, de ser el caso, por los órganos judiciales competentes, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley procesal penal.

Se consideran medidas accesorias a las sanciones establecidas en el presente capítulo, las siguientes:

1. Destrucción de las mercancías objeto de la infracción

2. Revocatoria del permiso, licencia o autorización.

Serán sancionadas con multa de diez hasta cien unidades tributarias (10 U.T. a 100 U.T.), quienes incurran en las siguientes infracciones:

1. No inscribirse en los registros exigidos por el ordenamiento jurídico.

2. Presentar con retardo las declaraciones exigidas por el órgano o ente competente conforme al ordenamiento jurídico.

3. No informar o no comparecer ante el organismo competente, cuando le sea requerido.

4. Aportar información falsa o servirse de medios fraudulentos para aportar la información que le sea requerida.

5. Negarse a prestar el apoyo requerido para las inspecciones o pruebas que deban realizarse con ocasión de las inspecciones y fiscalizaciones en los términos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Cuando, a pesar del requerimiento del órgano competente, la infractora o el infractor omitiere cumplir el deber impuesto o se negare a hacerlo, se le impondrán multas sucesivas por el mismo monto, hasta un máximo equivalente a diez (10) veces el valor de la multa que le fuera impuesta.

En los casos en que deba requerirse más de una vez el cumplimiento de un determinado deber, se otorgará a la infractora o el infractor, por cada vez, un plazo mínimo de tres (3) días hábiles para hacer efectivo el cumplimiento.

Serán sancionadas con multa entre quinientas y un mil unidades tributarias (500 U.T. a 1.000 U.T.), quienes incurran en las siguientes infracciones:

1. No acatar las órdenes del órgano o ente competente, dictadas en uso de sus facultades legales.

2. Incumplir las normas de importación o exportación de alimentos, productos o insumos agroalimentarios establecidas por el Ejecutivo Nacional mediante regulación de carácter general.

3. No permitir u obstaculizar las funciones de inspección y fiscalización de los órganos y entes competentes.

4. No presentar las declaraciones exigidas por los órganos o entes competentes conforme al ordenamiento jurídico.

Cuando, a pesar del requerimiento del órgano competente, la infractora o el infractor omitiere cumplir el deber impuesto o se negare a hacerlo, se le impondrán multas sucesivas por el mismo monto, hasta un máximo equivalente a diez (10) veces el valor de la multa que le fuera impuesta. En los casos en que deba requerirse más de una vez el cumplimiento de un determinado deber, se otorgará a la infractora o el infractor, por cada vez, un plazo mínimo de tres (3) días hábiles para hacer efectivo el cumplimiento.

En todo caso, el estado podrá conforme al numeral 2 del presente artículo, se les revocará, además, el permiso, autorización o licencia que les hubiere sido expedido y se les impondrá el comiso de las mercancías, acompañado de la destrucción de las mismas cuando sea procedente.

Quienes de manera fraudulenta realicen el traslado de la producción agrícola destinada al abastecimiento local en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, sus reglamentos o las normas del Ejecutivo Nacional que regulen dicho abastecimiento, serán sancionados con el comiso de la mercancía y multa de diez hasta cincuenta unidades tributarias (10 U.T. a 50 U.T.).

Quienes incumplieren el orden priorizado de colocación de alimentos o productos agrícolas que establezca el Ejecutivo Nacional, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus reglamentos, serán sancionados con el comiso del producto y multa de 10 hasta 100 unidades tributarias (10 U.T. a 100 U.T,).

Quienes incumplieren el orden priorizado que establezca el Ejecutivo Nacional, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus reglamentos, para la colocación de servicios, insumos u otros medios necesarios para la producción, intercambio y distribución adecuados de rubros agrícolas, serán sancionados con multa de cien hasta un mil unidades tributarias (100 U.T. a 1.000 U.T.).

Cuando, a pesar del requerimiento del órgano competente, la infractora o el infractor omitiere cumplir con el orden priorizado o se negare a hacerla, se le impondrán multas sucesivas por el mismo monto, hasta un máximo equivalente a diez (10) veces el valor de la multa que le fuera impuesta.

En los casos en que deba requerirse más de una vez el cumplimiento de un determinado deber, se otorgará a la infractora o el infractor, por cada vez, un plazo mínimo de tres (3) días hábiles para hacer efectivo el cumplimiento.

Quienes de manera intencional ocasionaren pérdidas premeditadas en su producción agrícola o en la de terceros, con el fin de influir en los niveles de abastecimiento o en las políticas de fijación de precios de determinado rubro, serán sancionados con prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de un mil hasta diez mil unidades tributarias (1.000 U.T. a 10.000 U.T.).

Quienes intencionalmente destruyan o permitan el deterioro de reservas estratégicas de alimentos, almacenadas en los silos, depósitos o agroindustrias estatales, serán sancionados con multa de un mil hasta diez mil unidades tributarias (1.000 U.T. a 10.000 U.T.) y prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

Quienes efectúen la sustracción de los productos almacenados con fines de reservas estratégicas en los silos, depósitos o agroindustrias estatales, serán sancionados con pena privativa de libertad de seis (6) meses a tres (3) años, y multa equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor de los productos sustraídos.

Serán sancionados con la misma pena quienes impidan mediante acciones violentas el tránsito de los vehículos, naves o aeronaves en los cuales se trasladen productos con fines agroalimentarios.

Quienes incumplan con las restricciones o prohibiciones a la movilización de alimentos o productos agrícolas, impuestas por el órgano o ente competente a objeto de asegurar el abastecimiento interno con fines agroalimentarios, serán sancionados con multa de treinta hasta tres mil unidades tributarias (30 U.T. a 3.000 U.T.) y el comiso de las mercancías.

Quienes incumplan con las restricciones o prohibiciones al beneficio, sacrificio o matanza de determinadas especies animales, o categorías de éstos, impuestas por el órgano o ente competente a objeto de asegurar el abastecimiento interno con fines agroalimentarios, serán sancionados con multa de trescientas hasta tres mil unidades tributarias (300 U.T. a 3.000 U.T.) y el comiso de las mercancías.

Las patronas o patronos que omitan o se nieguen a proveer a los trabajadores y trabajadoras a su cargo la formación necesaria para la aplicación de prácticas de higiene para el manejo de los alimentos, en cualquiera de las fases de la cadena agroalimentaria, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, sus reglamentos y los actos del Ejecutivo Nacional que se dicten en ejecución del mismo, serán sancionados con multa de un mil hasta veinte mil unidades tributarias (1.000 U.T. a 20.000 U.T.).

Quienes, en su condición de patronas o patronos, utilizando medios fraudulentos, pretendan simular la existencia de actividades de voluntariado agrícola a los fines de evadir el cumplimiento de la normativa laboral vigente, serán sancionados con multa de cinco mil hasta diez mil unidades tributarías (5.000 U.T. a 10.000 U.T.), sin perjuicio de los acciones civiles y administrativas establecidas en el ordenamiento jurídico a favor de los trabajadores y trabajadoras.

El integrante de una Asamblea Agraria que, con ocasión de las responsabilidades que le han sido asignadas de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, favorezca mediante acción u omisión deliberada los intereses propios, o de un tercero en el sector agroalimentarios cambio de alguna retribución o utilidad que no lo es debida, será penado con multa de un mil hasta diez mil unidades tributarias (1.000 U.T, a 10.000 U.T.) y la inhabilitación para ejercer representación en Asambleas Agrarias por un plazo de cinco (5) años.

El integrante de una Asamblea Agraria que utilice para sí o en beneficio de otro, informaciones o datos de carácter reservado de los cuales tenga conocimiento en razón de las responsabilidades que le sean asignadas en la respectiva Asamblea Agraria, será penado con multa de quinientos hasta cinco mil unidades tributarias (500 U.T. a 5000 U.T.) y la Inhabilitación para ejercer representación en Asambleas Agrarias por un plazo de tres (3) años.

El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, tendrá las más amplias facultades de inspección fiscalización y control para comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y soberanía agroalimentaria contempladas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, demás leyes y reglamentos, y en especial:

1. Practicar inspecciones y fiscalizaciones en los locales y medios de transporte ocupados o utilizados a cualquier título por los sujetos obligados conforme el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

2. Las inspecciones o fiscalizaciones podrán realizarse respecto de bienes muebles e inmuebles, en los lugares donde éstos se encuentren ubicados. En el caso de bienes muebles, podrá disponerse su traslado a las oficinas o locaciones que el funcionario inspector o fiscalizador considere pertinente, a los efectos de realizar de manera cabal las actividades técnicas y materiales tendientes a la determinación de las circunstancias de hecho.

3. Ejecutar los procedimientos dirigidos a la determinación e imposición de sanciones y adoptar las medidas administrativas a que haya lugar.

4. Inscribir en los registros respectivos, de oficio o a solicitud de parte, a los sujetos que determine el presente Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley Orgánica, sus reglamentos o las resoluciones dictadas al respecto por los órganos competentes.

5. Exigir a los sujetas obligados conforme al presente Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley Orgánica, o a terceros relacionados con éstos, la exhibición de documentos necesarios para la determinación de la veracidad de los hechos o circunstancias objeto de inspección o fiscalización.

6. Exigir la comparecencia por ante sus oficinas de cualquier ciudadana o ciudadano, con el fin de que aporte información o reconozca firmas, documentos o bienes.

7. Practicar avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte, en cualquier lugar del territorio de la República.

8. Retener y asegurar los documentos y bienes revisados durante la fiscalización, y tomar las medidas necesarias para su conservación. A tales fines se levantará un acta en la cual se especificarán los bienes y documentos retenidos.

9. Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación que se exija con ocasión de la inspección o fiscalización.

10. Suscribir convenios con organismos públicos y privados para la realización de las funciones de inspección y fiscalización.

11. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones y ello fuere necesario para el ejercicio de las facultades de inspección o fiscalización.

12. Liquidar las multas que imponga, así como sus intereses.

13. Cualquier otra facultad de inspección y fiscalización que deba ejercer conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

A los fines de facilitar el ejercido de las facultades de fiscalización, inspección y control por parte de los órganos y entes competentes del Ejecutivo Nacional, los sujetos a cargo de los cuales se establecen obligaciones conforme el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, sus reglamentos o las disposiciones administrativas dictadas por los organismos competentes, deberán:

1. Inscribirse en los registros obligatorios creados por el Ejecutivo Nacional.

2. Emitir los documentos o comprobantes exigidos por el ordenamiento jurídico para el control de las actividades que realizan.

3. Contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de las inspecciones y fiscalizaciones, en cualquier lugar, establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos, vehículos, buques, aeronaves y otros medios de transporte.

4. Prestar declaración o exhibir los documentos o informes que le sean exigidos por el órgano o ente competente.

5. Denunciar las situaciones o hechos que hicieran presumir irregularidades en la instrumentación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

6. Cumplir las resoluciones, providencias, decisiones y demás actos administrativos dictados en materia de seguridad y soberanía agroalimentaria por los órganos y entes competentes.

A los efectos de la determinación de las personas naturales obligadas al cumplimiento de los deberes impuestos conforme el artículo anterior para facilitar el ejercicio de las facultades de fiscalización, inspección y control por parte de los órganos y entes competentes del Ejecutivo Nacional, se observarán las siguientes reglas:

1. En el caso de personas naturales: deben cumplir tales obligaciones por si mismas o por representantes legales o mandatarios.

2. En el caso de personas jurídicas debidamente registradas o inscritas: por sus representantes legales de conformidad con el respectivo instrumento de creación o sus estatutos. c) En las entidades o colectividades que, sin haber llenado las formalidades de inscripción y registro, constituyan una unidad productiva, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional: el cumplimiento estará a cargo de la persona que administre los bienes y, en su defecto, de cualquiera de los integrantes de la entidad.

4. En el caso de las comunidades conyugales, uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, sucesiones y fideicomisos, por sus representantes, administradores, albaceas, funcionarios o personas que designen los componentes del grupo y, en su defecto, por cualquiera de los interesados.

Los hechos y circunstancias que conozca el organismo actuante, bien con ocasión de la inspección o fiscalización, o a partir de información que reposa en sus expedientes o archivos, podrán servir de fundamento a sus actos y a los de cualquier otra autoridad u organismo competente en materia de seguridad y soberanía agroalimentaria.

Tendrá también validez y eficacia la información obtenida de administraciones públicas extranjeras, o con la colaboración de éstas, mientras no sea demostrada su impertinencia o falta de validez por el interesado.

Las autoridades civiles, políticas, administrativas y militares de la República, de los estados y municipios, los colegios profesionales, asociaciones gremiales, asociaciones de comercio y producción, sindicatos, bancos, instituciones financieras, de seguros y de intermediación en el mercado de capitales, y en general cualquier ciudadana, ciudadano u organización, están obligados a prestar su concurso a los funcionarios autorizados por los órganos y entes competentes para ejecutar las actividades de Inspección, fiscalización y control establecidas en el presente Capítulo.

Los Consejos Comunales y cualquier forma de organización y participación social, intervendrán en el ejercicio de sus funciones de contraloría social, en las actividades previstas en este Capítulo.

Los funcionarios públicos y funcionarias públicas deberán notificar de inmediato al órgano o ente administrativo competente en razón de la materia cuando, en el ejercicio de sus competencias, tuvieren conocimiento de hechos que permitan presumir la trasgresión del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Los mecanismos técnicos para la ejecución de las atribuciones previstas en este Título, serán establecidos mediante reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Cuando el órgano o ente competente inspeccione o fiscalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes, se sujetará a los procedimientos establecidos en el presente Capítulo.

Las infracciones a la ley que regula la pesca y la acuicultura serán conocidas por la autoridad competente en dicha materia, mediante los procedimientos establecidos en la legislación especial.

Los procedimientos contemplados en el presente Capítulo se rigen, entre otros, por los siguientes principios:

1. Publicidad: Los interesados, interesadas y sus representantes tienen el derecho a transcribir, leer o fotocopiar, cualquier documento contenido en el expediente, así como solicitar certificación del mismo.

2. Dirección e impulso de oficio: El funcionario o funcionaria que sustancia y dirige el proceso debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión.

3. Primacía de la realidad: El funcionario o funcionaria debe orientar su actividad en la búsqueda de la verdad e inquirirla por todos los medios a su alcance. En sus decisiones prevalecerá la realidad sobre las formas y apariencias.

4. Libertad probatoria: En el procedimiento pueden emplearse cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley.

5. Lealtad y probidad procesal: Los interesados, interesadas, sus apoderados, apoderadas, abogados y abogadas deben actuar en el procedimiento con lealtad y probidad. En este sentido, se podrán extraer conclusiones en relación al interesado o interesada atendiendo a la conducta que éste asuma en el procedimiento, especialmente cuando se manifieste notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios o con otras conductas de obstrucción. Dichas conclusiones deben estar debidamente fundamentadas.

6. Notificación única: Realizada la notificación del interesado o interesada queda a derecho, sin necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del procedimiento, salvo los casos expresamente señalados en la ley.

De todo procedimiento se abrirá expediente, el cual recogerá todo documento, informe, tramitación e incidencia a que de lugar el asunto, de conformidad con lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus Reglamentos.

El o la denunciante, cuando lo hubiere, tendrá acceso al expediente y, en tal sentido, podrá intervenir como interesado o interesada en el procedimiento, entre otras, para verificar la unidad del expediente, comprobar el cumplimiento de los lapsos del procedimiento, promover, evacuar y controlar los medios de pruebas, así como constatar todas las actuaciones correspondientes, a fin de garantizar el resguardo del interés social.

Cuando un asunto tenga relación íntima o conexión con cualquier otro asunto que se tramite en otra unidad administrativa del mismo órgano o ente, la máxima autoridad regional o nacional, según corresponda, podrá ordenar, de oficio o a solicitud de parte, la acumulación de expedientes, a fin de evitar decisiones contradictorias.

La máxima autoridad del órgano o ente que lleva a cabo el procedimiento podrá calificar como confidenciales los documentos que considere conveniente para el mejor desarrollo del procedimiento, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto.

Estos documentos serán archivados en expedientes separados al expediente principal.