Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 3 de Febrero de 2014

Fecha de Resolución 3 de Febrero de 2014
EmisorCorte de Apelaciones
PonenteNorisol Moreno Romero
ProcedimientoRecurso De Apelación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal del Edo D.A..

Tucupita, 3 de Febrero de 2014

203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2013-008520

ASUNTO : YP01-R-2014-000003

JUEZA PONENTE: NORISOL M.R..

Partes:

Recurrente: Abg. C.M.G., Y.H., en su condición de Defensora Pública Tercera Penal del ciudadano F.D.J.R.R..

Fiscal Auxiliar Sexto del Ministerio Público del estado D.A., Abg. J.J.M.M.

Recurrido: Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 02 de éste Circuito Judicial Penal.

Delito: ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo., en perjuicio de la ciudadana R.J.U.

Motivo: Recurso de Apelación Auto, contra de la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 2 de éste Circuito Judicial Penal, en Audiencia Oral de fecha 22/12/2013 y fundamentada en fecha 23/12/2013, mediante el cual le decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano F.D.J.R.R., por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo., en perjuicio de la ciudadana R.J.U. .

CAPITULO

PRELIMINAR

Corresponde a esta Corte conocer del Recurso de Apelación de Autos interpuesto por la Profesional del Derecho Abogada C.M.G., en su condición de Defensora Pública Tercera Penal del ciudadano F.D.J.R.R., contra de la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 2 de éste Circuito Judicial Penal, en Audiencia Oral de fecha 22/12/2013 y fundamentada en fecha 23/12/2013, mediante la cual le decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano F.D.J.R.R., por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo., en perjuicio de la ciudadana R.J.U..

Recibidas las actuaciones en fecha 20 de Enero de 2014, se le dio entrada a esta Corte de Apelaciones, previo cumplimiento del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial correspondiéndole la ponencia a la Jueza Profesional NORISOL M.R., quien con tal carácter suscribe la presente decisión y estando dentro del lapso legal para decidir, lo hace en los siguientes términos:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 442 del Código Adjetivo Penal, en fecha 27 de Enero del año en curso, se admitió el recurso de Apelación, por no concurrir ninguno de los supuestos a que se contrae el artículo 428 eiusdem. Y acogiéndose al lapso establecido en el tercer aparte de la citada norma legal, se pasa a dictar pronunciamiento con fundamento en los siguientes términos en atención a lo siguiente:

TITULO I.

DE LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA RECURRIR POR APELACIÓN.

Esta Corte de Apelaciones, con el único propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 424, 427 y 445 del Código Orgánico Procesal Penal hace las siguientes consideraciones en cuanto a:

CAPÍTULO I.

LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE.

En efecto, en la presente causa, se observa que en el Asunto Principal signado bajo el N° YP01-P-2013-008520, interviene la Abg. C.M.G., en su condición de Defensora Pública Tercera Penal del ciudadano F.D.J.R.R.,, tal como consta del presente Asunto. Por lo que se encuentra legitimada para interponer la impugnación. Y ASÍ SE DECLARA.

CAPÍTULO-II

INTERPOSICIÓN Y OPORTUNIDAD PARA EJERCER RECURSO DE APELACIÓN.

Vistas las actuaciones y los cómputos efectuados por orden del Tribunal de la recurrida, CERTIFICA: que desde el día 22-12-2013 hábil siguiente a la publicación de la decisión recurrida, hasta el 23-12-2013, transcurrieron los cinco (05) días hábiles, y el plazo para interponer el recurso a que se contrae el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, venció 14-01-2013, siendo presentado el recurso por la Defensora Pública Abg. C.M.G.09-01-2014; y que a partir del día hábil siguiente al emplazamiento del Fiscal 06° del Ministerio Público, el lapso a que se contrae el artículo 441, corrió desde el 09-01-2014 hasta el 14-01-2014, venciendo dicho lapso el 14-05-2013, dando contestación al recurso. Cómputo efectuado por mandato expreso del artículo 156 eiusdem. Y ASÍ SE DECLARA.

CAPÍTULO-III

DEL AGRAVIO Y POSIBILIDAD DE IMPUGNAR LA DECISIÓN RECURRIDA:

Con respecto al primero esta Alzada considera, por interpretación auténtica contextual del artículo 427 del Código Orgánico Procesal Penal, que debe existir un agravio invocado por el recurrente legitimado, ocasionado por la decisión que se pretende recurrir y que por ello le sea desfavorable. No considerándose necesario la demostración expresa del agravio; mientras que el mismo pueda ser inferido de los fundamentos que motivan el Recurso, y bastando el hecho de haberse fundamentado legalmente la causal de motivación del mismo.

En el escrito de apelación, dirigido al Juez de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 02 de éste Circuito Judicial Penal, se expone como fundamento textualmente entre otras cosas, lo siguiente:

…LOS HECHOS

Expone la Fiscal Segunda Principal del Ministerio Público Abg. ROSMELYS MALPICA y la Fiscal Segunda Auxiliar E.F.: Esta Representación Fiscal de conformidad con lo establecido en los Artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 108 del Código Orgánico Procesal Penal; 34 de la Ley Orgánica del Ministerio y del Código Orgánico Procesal Penal Pone a la orden de este Tribunal Primero de Control al ciudadano F.D.J.R.R., suficientemente identificado up supra, quien fue aprehendido el día 21 de Diciembre del Año 2013, siendo aproximadamente las Nueve y Cincuenta y Cinco horas de la mañana Aproximadamente (09:55.a.m), por funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Tucupita, toda vez que fue interpuesta una denuncia por (a ciudadana R.U., por encontrarse incursos en el delito contra la propiedad, previsto y sancionado en e) Código Penal, en perjuicio de la Ciudadana R.U....

Omissis, asimismo hace señalamiento de los elementos de convicción con que contó en la audiencia de presentación, continuó la representante Fiscal: . por todo lo antes expuesto y analizados los elementos de convicción esta representación precalifica los hechos como los delitos de ROBO AGRAVADO Articulo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el Artículo 218 del Código Penal y, ASOCIACION PARA DELINQUIR Articulo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y que se mantenga la medida privativa en contra del ciudadano de conformidad a los Artículos 236 numerales 1,2,3 del Código Orgánico Procesal Penal, y Articulo 237 en cuanto a Peligro de Fuga y Articulo 238 Peligro de Obstaculización , y que el procedimiento a seguir sea el ordinario.”

Ahora bien, honorables Magistrados resulta ver como el Tribunal Primero de Control que debe ser garantista del cumplimiento de las leyes en su espíritu y propósito, no veló por la aplicación correcta de las leyes sino que simplemente se limitó hasta la presente fase del proceso a dictar una medida judicial privativa de libertad, obviando que otorga L.S.R., al Ciudadano ROJAS FERRERA C.J., titular de la cedula de identidad N° 25.543.669 y al ciudadano N.L.C., titular de la cedula de identidad N° 20.772.234, mal podría el Tribunal conocedor de la causa incriminar a mi defendido en el delito de Asociación para Delinquir previsto y sancionado en el Articulo 37, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cuando otorga esta medida a los ciudadanos antes identificados y, que forman causa con mi defendido, entonces desaparece tal Asociación. Por otra parte mi defendido el ciudadano F.D.J.R.R., plenamente identificado en auto, dice que la señora R.J.U., está equivocada al señalarlo de cometer delito alguno, puesto que él se encontraba para el momento señalado en el Hospital, con su hijo el cual es de condiciones especiales y, llego a su casa a las seis de la mañana, por tener la necesidad de ir a comprar una bombona y, que se metería en la cola de Mercal, también señala mi defendido que la señora en referencia sabe que lo único que hace el es trabajar para poder mantener a sus seis hijos, mi defendido muestra gran preocupación pues le es muy difícil saber estar preso y quien verá por sus menores hijos, es inaceptable la calificación de ROBO AGRAVADO en contra de mi defendido petición hecha por la representación Fiscal y confirmada por el Tribunal Aquó.

EL DERECHO:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Articulo 44. Del derecho a la libertad: La libertad personal es inviolable; en consecuencia:

  1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenido sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti.

    Articulo 49. Del derecho al debido proceso: El debido proceso se aplicara a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

  2. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y proceso.

    Código Orgánico Procesal Penal:

    Artículo 1: Juicio previo y debido proceso: Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles, ante un Juez o Jueza, o Tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República.

    Artículo 8: Presunción de inocencia: Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

    Artículo 9: Afirmación de la libertad: Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o imputada, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.

    Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    Artículo 229: Estado de Libertad: Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.

    La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

    Jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia:

    ...El derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos .El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley,...

    Sentencia N° 05 de Sala Constitucional, Expediente N° 00-1323 de fecha 24101/2001, Derecho a la Defensa y Debido Proceso.

    Sostiene la Sala de Casación Penal de nuestro Tribunal Supremo de Justicia cuando en justa razón afirma:

    ....EI Principio que rige la insuficiencia probatoria contra el imputado o acusado es el principio in dubio pro reo, de acuerdo al cual todo juzgador está obligado a decidir a favor del imputado o acusado cuando no exista certeza suficiente de su culpabilidad...

    Sala de Casación Penal. Ponente: Magistrada. D.N.B., Sentencia Nro. 177, de fecha 2110612007, Exp. 05-211.

    PETITORIO:

    Por lo anteriormente expuesto, solicito muy respetuosamente a Ustedes, ciudadanos Jueces Superiores Miembros de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado D.A., que SEA ADMITIDO y DECLARADO CON LUGAR, el presente RECURSO DE APELACION DE AUTO que interpone esta Defensa, a favor del ciudadano: F.D.J.R.R., venezolano, de 38 años de edad, titular de la cédula de identidad V14.114.067, de oficio Albañil, residenciado en Barrio Paloma , calle Penetración al final, Municipio Autónomo Tucupita, estado D.A., solicito se decrete una medida sustitutiva a la privativa de libertad prevista en el artículo 242 º3 del Código Orgánico Procesal Penal con régimen de presentaciones, por ante la oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal…”.

    DE LA CONTESTACION DEL RECURSO POR LA REPRESENTACION FISCAL

    ….CAPITULO I

    DE LOS FUNDAMENTOS DE LA

    CONTESTACIÓN.

    DE LOS HECHOS

    El día 22-12-201 3, se efectuó ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado D.A., en la causa penal seguida al acusado ut supra identificado: F.D.J.R.R., POR CONSIDERARLO RESPONSABLE COMO AUTOR EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE: ROBO AGRAVADO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL 458 DEL CODIGO PENAL VIGENTE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL 218 DEL CODIGO PENAL VIGENTE Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, EN PERJUICIO DEL ESTADO VENEZOLANO. Realizando el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado D.A., los siguientes pronunciamientos:

    DEL DERECHO

    Considera esta Representación del Ministerio público, que el caso in comento. No escapa a la garantía de la tutela judicial efectiva. Materializándose en el acceso del procesado ante el tribunal de la causa, en compañía de su defensor de confianza. Considerando que las condiciones que en su oportunidad motivaron la orden de aprehensión continúan presente. y el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad podría conllevar a la impunidad, tratándose de la gravedad y los bienes jurídicos afectados

    La decisión del Tribunal de la causa, hoy recurrido, dictada en fecha 22-12-2013, la cual damos por reproducida en las actuaciones, ante la petición del Ministerio Público, acuerda de conformidad con los artículos 236.12.3, 237. 134, Parágrafo Primero. 238. 1.2 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano Vigente la medida judicial privativa de libertad, a fin de asegurar las resultas del proceso.

    Es cierto que nuestro Código adjetivo penal establece como principio general que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el p.p., salvo las excepciones establecidas en este Código.

    Razono la instancia recurrida, que era procedente una medida cautelar de privación de libertad, por cuanto las demás medidas cautelares previstas en la legislación adjetiva penal, eran insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, siendo esta proporcionada en relación con la gravedad de los delitos imputados. Las circunstancias de su comisión y la sanción probable a aplicar.

    Considero la instancia recurrida que el delito de asociación para delinquir, se encuentra presente, en la investigación, lo cual hace a la Juzgadora pronunciarse al respecto y acordarlo como determinante al momento de razonar la parte motiva de la presentación

    Consideró e hizo uso el Juez de Instancia, para decidir acerca del peligro de fuga. de la herramienta que le da el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, al tener en cuenta el peligro legal, la pena que se podría llegar a imponer en el caso concreto, la magnitud del daño causado.

    En legislación comparada vale citar decisión de Tribunal Constitucional Español de fecha 18/06/2001 sólo a título ilustrativo sobre la finalidad de la medida judicial privativa de la libertad, esta Alza.c.: “.. el fin legítimo que se persigue con la medida: evitar el riesgo de fuga y obstaculización de la Justicia, Dicha posibilidad se apoya en la contundencia de un dato objetivo, la gravedad de los hechos imputados expresada por la pena para ellos prevista por la ley, que conjugado con otros datos que tiene que ver con el resto de circunstancias concretas y subjetivas del recurrente que pueden dar razón de su efectiva disponibilidad hacia los órganos judiciales.. (Omissis) Por ello, al fundamentar la medida en la necesidad de conjurar el riesgo de fuga del imputado y obstaculización. Se ha expresado una fundamentación que no sólo se apoya en datos objetivos, sino que es coherente con la naturaleza y los fines de la prisión provisional, y expresa a ponderación de sus circunstancias personales y las del caso en concreto. Todo lo cual basta para entender satisfechas las exigencias constitucionales de suficiencia y razonabilidad de la motivación a que antes hemos hecho referencia, lo que justifica la pretensión”

    Al respecto, es relevante precisar, que las medidas de coerción personal, restrictivas o privativas de libertad, dada su naturaleza cautelar y no sancionadora. tienen el exclusivo propósito de asegurar los f.d.p. penal por lo que para por lo que la medida de privación judicial preventiva de libertad, debe considerarse que si bien la regla general es ir a juicio en libertad, en atención a los principios de estado y afirmación de la libertad: este criterio no es absoluto, ya que también debe atenderse a la gravedad de los delitos contenidos en la acusación Fiscal, así como cualquier otra de significativa incidencia que amerite ser considerada por el Tribunal Competente, y pueda de esta forma adoptar las medidas que fueran necesarias y proporcionales, y velar así porque la acción del Estado no quede ilusoria y evitar cualquier circunstancia que vaya en detrimento de la causa penal en general y en este sentido el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal regula un mecanismo para prolongar dicha medida fuera del límite máximo establecido de dos años, pues aunque el principio fundamental dentro del p.p., El estado de libertad de los procesados, el cual tiene su base en que todo ciudadano a quien se le impute la comisión de un hecho delictivo debe permanecer en libertad durante el desarrollo del proceso que contra él se instaure. No obstante tal situación, por mandato mismo de la norma en mención, tiene una excepción constituida por la medida privación judicial preventiva de libertad, la cual prevalece cuando exista una sospecha razonable que las demás medidas preventivas existentes sean consideradas insuficientes para poder asegurar las resultas de un juicio. No obstante es de advertí que el límite de las medidas de coerción personal, establecido en el citado artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, no está asociado con ningún acto procesal determinado, sino con el proceso mismo, en el entendido de que toda medida cautelar cesa, necesariamente, al dictarse la sentencia definitiva.

    PETITORIO

    Por todas las razones y consideraciones anteriormente expuestas de hecho y de derecho, solicito con el debido respeto a la Honorable Corte de Apelaciones que declare: SIN LUGAR la apelación interpuesta contra el AUTO dictada en fecha 22 de Diciembre de 2013, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado D.A.: CONFIRME el auto recurrido; SE MANTENGA la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra del ciudadano: F.D.J.R.R., POR CONSIDERARLO RESPONSABLE COMO AUTOR EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE: ROBO AGRAVADO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL 458 DEL CODIGO PENAL VIGENTE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL 218 DEL CODIGO PENAL VIGENTE Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, EN PERJUICIO DEL ESTADO VENEZOLANO

    .

    DE LA DECISIÓN IMPUGNADA.

    En la Audiencia de Flagrancia celebrada en fecha 22/12/2013 y fundamentada en fecha 23/12/2013, el Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 2 de éste Circuito Judicial Penal, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano F.D.J.R.R., por encontrarse procesado por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO Articulo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el Artículo 218 del Código Penal y, ASOCIACION PARA DELINQUIR Articulo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en los siguientes términos:

    …FUNDAMENTACIÓN AUDIENCIA DE FLAGRANCIA.

    Visto que en fecha 22 de Diciembre de 2013, se realizó la audiencia de presentación de imputados de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la fecha, a los ciudadanos ROJAS FERRERA C.J., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 14-05-1994, de 20 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de J.G.R. (v) E.F. (v), de profesión u oficio Contratado de la Alcaldía, grado de instrucción segundo año, residenciado en el Paloma, Calle, por la Calle de la Escuela, por la Casilla Policial Derecho, casa de color rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 25.543.669, F.D.J.R.R., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 09-10-1975, de 38 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de C.R. (v) y F.R. (v), de profesión u oficio Albañil, grado de instrucción Sexto Grado, residenciado en el Barrio Paloma, Calle Penetración al final, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067 y N.L.C.C., Venezolano, natural de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, fecha de Nacimiento: 20-01-1991, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de M.C. (v) y N.C. (v), de profesión u oficio Albañil y estudiante Liceo Nocturno de Carapal, residenciado en el Barrio Paloma, por la Calle del Boulevar al final, casa de color melón con rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 20.772.234, por estar presuntamente incursos en la comisión de los delitos ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de R.J.U., este Tribunal Tercero de Control, fundamenta la L.S.r. de conformidad con el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impuesta a los ciudadanos ROJAS FERRERA C.J., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 14-05-1994, de 20 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de J.G.R. (v) E.F. (v), de profesión u oficio Contratado de la Alcaldía, grado de instrucción segundo año, residenciado en el Paloma, Calle, por la Calle de la Escuela, por la Casilla Policial Derecho, casa de color rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 25.543.669 y N.L.C.C., Venezolano, natural de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, fecha de Nacimiento: 20-01-1991, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de M.C. (v) y N.C. (v), de profesión u oficio Albañil y estudiante Liceo Nocturno de Carapal, residenciado en el Barrio Paloma, por la Calle del Boulevar al final, casa de color melón con rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 20.772.234, así como la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad establecida en el artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, decretada al ciudadano F.D.J.R.R., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 09-10-1975, de 38 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de C.R. (v) y F.R. (v), de profesión u oficio Albañil, grado de instrucción Sexto Grado, residenciado en el Barrio Paloma, Calle Penetración al final, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067, en la referida audiencia en los siguientes términos:

    ENUNCIACION DE LOS HECHOS QUE SE LES ATRIBUYEN

    La representación Fiscal, señaló que “Esta Representación Fiscal de conformidad con lo establecido en los artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 108 del Código Orgánico Procesal Penal; 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Código Orgánico Procesal Penal, pone a la orden de este Tribunal Segundo de Control de los ciudadanos ROJAS FERRERA C.J., F.D.J.R.R. y N.L.C.C., plenamente identificados en actas, por cuanto fueron aprehendidos el día 21 de Diciembre del presente año, siendo aproximadamente las Nueve y Cincuenta y Cinco horas de la mañana aproximadamente (09:55 a.m), por funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Tucupita, toda vez que fue interpuesta una denuncia por la ciudadana R.U., quien denuncio que en horas de la noche del día 20 de Diciembre del presente año hasta la madrugada del día 21 de Diciembre del presente año, había sido víctima por parte de tres ciudadanos que la habían mantenido como rehén dentro de su propia casa para robarle algunos objetos electrodomésticos utilizando como arma para intimidarla una escopeta recortada,, y de los tres ciudadanos pudo reconocer a uno de ellos como vecino del sector llamado F.R. los otros ciudadanos que los acompañaban tenían el rostro cubierto con

    capuchas, en virtud de ello se trasladaron los funcionarios en compañía de la víctima hasta la residencia del ciudadano mencionado como presunto responsables de los hechos realizando varios toque a la puerta principal no siendo atendidos , procediendo a realizar varios recorridos por el sector de paloma con la finalidad de ubicar a estos ciudadanos dando como resultado que en el sector del palomino específicamente en la segunda cuadra se encontraban tres ciudadanos quienes al observar la comisión policial emprendieron veloz carrera, y previa identificación policial le dieron la voz de alto, haciendo caso omiso y se internaron dentro de unas malezas iniciándose una persecución en caliente lográndole dar alcance a estos tres ciudadanos a varios metros de lugar, por lo que se le leyó sus derechos de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien ciudadana Juez, una vez leídas todas las actas que conforman la presente causa se evidencia que nos encontramos en presencia de un hecho punible de acción pública cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, esta representación fiscal precalifica ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Solicito Que la presente causa sea ventilada por el procedimiento Ordinario, Medida Privativa Preventiva de Libertad de conformidad con los artículos 236, numerales 1º, 2, y , 237, numeral 2º, y 5, y 238 numeral 2º, del Código Orgánico Procesal Penal, para el ciudadano F.D.J.R.R., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067 y para los ciudadanos N.L.C.C. y ROJAS FERRERA C.J. solicito MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el articulo 242 numeral 3 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en presentaciones cada treinta días por ante la oficina de alguacilazgo y prohibición de acercarse a la víctima, solicito copia simple de la presente acta, Es todo

    .

    Seguidamente de conformidad con el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal, se le concede el derecho de palabra a la ciudadana R.J.U., Titular de la Cedula de Identidad N° 18.075.889, teléfono de contacto 0426-6900675, quien funge en este acto como víctima, quien de seguidas manifestó: yo puse la denuncia por que llegue a mi casa como a la diez de la noche y veo que hay alguien adentro y doy la vuelta y veo que la puerta de atrás está abierta toda rota y veo que esta un hombre con la cara encapuchada y me dijo que pasara para dentro y allí estaban dos más que salen del cuarto y reconocí a Freddy porque él es mi vecino a los otros dos no los reconocí porque estaban tapados y entonces me sentaron en una silla y me tenían amenazada con un arma como hasta las tres de la mañana yo estaba con mis dos hijos porque mi hija la había dejado en casa de mi mama, y que me quedara tranquila que ellos se iban a llevar unas cosas de la casa, se me llevaron un televisor pantalla plana, una computadora, una planta de sonido, una plancha de cabello, accesorios, unos zapatos nuevos de mi bebe que son del estreno hasta mis insignias se llevaron de enfermería porque yo soy enfermería, las persona que ingresaron a mi casa uno de ellos está en esta sala y es el señor que tiene la franela verde (quien tiene la franela verde es el ciudadano F.R.) las otras personas que están en sala (ROJAS FERRERA C.J. y N.L.C.C.) ellos no estaban porque los otros dos que estaban son blancos, blancos y flacos flacos y estaban encapuchados. Es todo”.

    Acto seguido el ciudadano Juez interrogó al ciudadano imputado sobre su voluntad de declarar, quien manifestó afirmativamente su voluntad de declarar, identificándose previamente como quedó escrito a continuación, ROJAS FERRERA C.J., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 14-05-1994, de 20 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de J.G.R. (v) E.F. (v), de profesión u oficio Contratado de la Alcaldía, grado de instrucción segundo año, residenciado en el Paloma, Calle, por la Calle de la Escuela, por la Casilla Policial Derecho, casa de color rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 25.543.669, quien de seguidas manifestó: me acojo al precepto constitucional. Es todo.” N.L.C.C., Venezolano, natural de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, fecha de Nacimiento: 20-01-1991, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de M.C. (v) y N.C. (v), de profesión u oficio Albañil y estudiante Liceo Nocturno de Carapal, residenciado en el Barrio Paloma, por la Calle del Boulevar al final, casa de color melón con rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 20.772.234, quien de seguidas manifestó: me acojo al precepto constitucional. Es todo.” y el ciudadano F.D.J.R.R., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 09-10-1975, de 38 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de C.R. (v) y F.R. (v), de profesión u oficio Albañil, grado de instrucción Sexto Grado, residenciado en el Barrio Paloma, Calle Penetración al final, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067, quien de seguidas manifestó libre de coacción: “Esa señora está equivocada esa noche a las dos de la noche y tres de la mañana yo estaba en el hospital con mi hijo que es especial y yo me fui para mi casa a las seis de la mañana porque iba a ir a comprar una bombona que me iba a meter en la cola del mercal, ella sabe que yo lo que hago es trabajar para poder mantener a mis seis hijos, ella sabe que no me puede hacer esta broma a mi porque si ella me hace esto quien me va a mantener a mis hijos, ella sabe que yo tengo uno niños especial, yo le aseguro que yo estaba en el hospital ella tiene años conociéndome y además para donde yo iba a llevar todo esos corotos? cuando yo estaba muchacho era que yo me la pasaba echando broma por ahí pero ya no yo tengo una familia y lo que hago es trabajar para ellos, yo tengo seis muchachos y mi hija tienes tres días de nacida yo no me la paso con nadie ni encompinchado con nadie yo me la paso es trabajando. Es todo”.

    Acto seguido se le concedió el derecho de palabra al Defensor Público quien expuso: “Oída la precalificación Fiscal esta defensa y la exposición de la ciudadana víctima se pudo evidencia en esta sala de audiencia la fuerza de la voz por la cual la ciudadana víctima de una manera convincente pudo dar testimonio en relación al ciudadano C.R. y en relación al ciudadano N.C. sin dudarlo que ninguno de ellos participo en los presuntos hechos, por tal razón y no habiendo mencionado la víctima que haya sido amenazada ni coaccionada por estos dos ciudadanos ni mucho menos por sus familiares es evidente que a la luz de la justicia la conducta y acciones desplegadas por estos dos ciudadanos no reviste4n carácter penal por tal razón solcito para ello l.s.r. toda vez que sería inoficioso que en las futuras audiencias el mantenerlos sometidos bajo una medida si nada tienen que ver con la presente causa, con respecto al Ciudadano F.R. igualmente con la fuerza de su voz dice que es inocente, porque él asegura que al momento que presuntamente sucedieron los hechos se encontraba atendiendo a su hijo con condiciones especiales en el Hospital, en virtud del principio de inocencia es que solicito que se le otorgue una medida cautelar por cuanto falta actuaciones para aclarar los hechos que se investigan. Solicito copia simple de la presente acta. Es todo”. Acto seguido la Juez procede a decidir de conformidad con el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez escuchada las partes, revisado el presente asunto y por los hoy imputados fueron aprehendidos el día 21 de Diciembre del presente año, siendo aproximadamente las Nueve y Cincuenta y Cinco horas de la mañana aproximadamente (09:55 a.m), por funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Tucupita, toda vez que fue interpuesta una denuncia por la ciudadana R.U., quien denuncio que en horas de la noche del día 20 de Diciembre del presente año hasta la madrugada del día 21 de Diciembre del presente año, había sido víctima por parte de tres ciudadanos que la habían mantenido como rehén dentro de su propia casa para robarle algunos objetos electrodomésticos utilizando como arma para intimidarla una escopeta recortada,, y de los tres ciudadanos pudo reconocer a uno de ellos como vecino del sector llamado F.R. los otros ciudadanos que los acompañaban tenían el rostro cubierto con capuchas, en virtud de ello se trasladaron los funcionarios en compañía de la víctima hasta la residencia del ciudadano mencionado como presunto responsables de los hechos realizando varios toque a la puerta principal no siendo atendidos , procediendo a realizar varios recorridos por el sector de paloma con la finalidad de ubicar a estos ciudadanos dando como resultado que en el sector del palomino específicamente en la segunda cuadra se encontraban tres ciudadanos quienes al observar la comisión policial emprendieron veloz carrera, y previa identificación policial le dieron la voz de alto, haciendo caso omiso y se internaron dentro de unas malezas iniciándose una persecución en caliente lográndole dar alcance a estos tres ciudadanos a varios metros de lugar, por lo que se le leyó sus derechos de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal.

    DE LA DECISIÓN DE ESTE TRIBUNAL

    Corresponde a esta Juzgadora emitir los pronunciamientos respectivos en atención a las solicitudes realizadas por las partes en la presente audiencia, la cual se hace en los siguientes términos:

    En relación a la solicitud de la Vindicta Pública de aplicación del procedimiento ordinario en la investigación que se adelanta en la causa seguida a los ciudadanos ROJAS FERRERA C.J., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 14-05-1994, de 20 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de J.G.R. (v) E.F. (v), de profesión u oficio Contratado de la Alcaldía, grado de instrucción segundo año, residenciado en el Paloma, Calle, por la Calle de la Escuela, por la Casilla Policial Derecho, casa de color rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 25.543.669, F.D.J.R.R., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 09-10-1975, de 38 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de C.R. (v) y F.R. (v), de profesión u oficio Albañil, grado de instrucción Sexto Grado, residenciado en el Barrio Paloma, Calle Penetración al final, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067 y N.L.C.C., Venezolano, natural de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, fecha de Nacimiento: 20-01-1991, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de M.C. (v) y N.C. (v), de profesión u oficio Albañil y estudiante Liceo Nocturno de Carapal, residenciado en el Barrio Paloma, por la Calle del Boulevar al final, casa de color melón con rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 20.772.234, al respecto, se observa que la finalidad última del proceso y expresamente consagrada en los artículos 262 y 13 del Texto fundamental y del cuerpo adjetivo penal patrio, respectivamente es la de “…establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho…”, previendo en tal sentido la norma del artículo 262 ejusdem, que el objeto de la primera fase del p.p. es la de preparar el juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del representante fiscal y la defensa de los imputados, siendo que en aras de tal objetivo, el Fiscal del Ministerio Público, parte de buen fe, dada su atribución y facultad para dirigir la investigación debe acopiar no sólo aquello que funde inculpación del imputado sino también aquellos hechos o circunstancias que sirvan para exculparle; por tanto, visto que en el caso de narras resulta de importancia la práctica de diligencias de investigación que permitan el establecimiento de la verdad del hecho acaecido el día Veintiuno (21) de Diciembre del año dos mil trece (2013), en el cual quedara detenidos los ciudadanos ROJAS FERRERA C.J., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 14-05-1994, de 20 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de J.G.R. (v) E.F. (v), de profesión u oficio Contratado de la Alcaldía, grado de instrucción segundo año, residenciado en el Paloma, Calle, por la Calle de la Escuela, por la Casilla Policial Derecho, casa de color rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 25.543.669, F.D.J.R.R., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 09-10-1975, de 38 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de C.R. (v) y F.R. (v), de profesión u oficio Albañil, grado de instrucción Sexto Grado, residenciado en el Barrio Paloma, Calle Penetración al final, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067 y N.L.C.C., Venezolano, natural de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, fecha de Nacimiento: 20-01-1991, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de M.C. (v) y N.C. (v), de profesión u oficio Albañil y estudiante Liceo Nocturno de Carapal, residenciado en el Barrio Paloma, por la Calle del Boulevar al final, casa de color melón con rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 20.772.234, por encontrase presuntamente inmerso en los delitos de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como las circunstancias que puedan influir en su responsabilidad penal requiriendo la ciudadana Fiscal del Ministerio Público la aplicación del procedimiento ordinario a la averiguación in comento, así como calificar flagrante la detención, del imputado, en aras de garantizar los derechos constitucionales, observando esta juzgadora que efectivamente el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el derecho civil de la libertad es inviolable, y que en Venezuela, la aprehensión solo es legítima, cuando sea emitida una orden de aprehensión o cuando la persona haya sido detenida infranti, en la comisión de un hecho punible, concepto este desarrollado en el artículo 234 de la norma adjetiva penal, en la cual se indica que se considera flagrante el delito que se acaba de cometer, o el que acaba de cometerse, también se considera delito flagrante aquel por el cual el sospechoso y sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad judicial, por la víctima o por el clamor público, o cuando se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora del mismo, como es el caso que nos ocupa en el cual, los imputados quedaron detenidos posterior al lugar de los hechos, con las características descritas por la victima y con objetos que hacen presumir su participación en el mismo, así pues que se decreta flagrante la aprehensión de los imputados y apreciada la necesidad de investigación del hecho en aras de obtener un cúmulo de elementos que esclarezcan de manera incontrovertible la verdad y consecuente concreción de la justicia; este Tribunal, de conformidad con los artículo 234, 373, último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 13, 262, 265 y 282 Ejusdem, ordena se continúe la investigación por el procedimiento ordinario. Y ASÍ SE DECIDE.

    Corresponde ahora emitir pronunciamiento en relación a la solicitud presentada por la representante del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal requirió a este juzgado la imposición de la medida judicial privativa preventiva de libertad al ciudadano F.D.J.R.R., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 09-10-1975, de 38 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de C.R. (v) y F.R. (v), de profesión u oficio Albañil, grado de instrucción Sexto Grado, residenciado en el Barrio Paloma, Calle Penetración al final, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067, arguyendo para ello que se encuentran cubiertos los extremos previstos en tal disposición legal para la procedencia de un decreto de privación preventiva de libertad, haciendo esta juzgadora el análisis de la norma señalada por la fiscal para tal solicitud y MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el articulo 242 numeral 3 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en presentaciones cada treinta días por ante la oficina de alguacilazgo y prohibición de acercarse a la víctima, en relación al ciudadanos: ROJAS FERRERA C.J., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 14-05-1994, de 20 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de J.G.R. (v) E.F. (v), de profesión u oficio Contratado de la Alcaldía, grado de instrucción segundo año, residenciado en el Paloma, Calle, por la Calle de la Escuela, por la Casilla Policial Derecho, casa de color rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 25.543.669 y N.L.C.C., Venezolano, natural de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, fecha de Nacimiento: 20-01-1991, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de M.C. (v) y N.C. (v), de profesión u oficio Albañil y estudiante Liceo Nocturno de Carapal, residenciado en el Barrio Paloma, por la Calle del Boulevar al final, casa de color melón con rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 20.772.234.

    A los fines de emitir el pronunciamiento respectivo en atención a la solicitud realizada por la representante de la Vindicta Pública, se hace necesario hacer algunos señalamientos en relación a principios generales y derechos consagrados en nuestra Constitución y en Convenios y Pactos internacionales debidamente suscritos por nuestro país.

    Uno de estos derechos se encuentra consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como derecho civil inviolable, el de la libertad personal, derivando del mismo cinco preceptos o consecuencias que de manera importante garantizan un estado de seguridad para todo ciudadano. Ahora bien este derecho considerado, tiene sus excepciones establecidas en el mismo artículo 44 de la norma constitucional, cuando señala “…(ominisis)… Será Juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.(ominisis)…” estas excepciones están previstas en la norma adjetiva penal, la cual debe ser interpreta de manera restrictiva por los órganos del poder público, ya que si bien el ser jugado en libertad el principio fundamental y un derecho Constitucional, este derecho como ya fue señalado tienen sus excepciones, previstas en el Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, en un Título destinado a la regulación de las medidas de coerción personal, en estricta sintonía y correspondencia con principios constitucionales y el esquema del sistema acusatorio que rige el p.p. venezolano, consagrando en tal articulado el estado de libertad, la proporcionalidad que ha de ser atendida a los fines de la imposición de una medida cautelar, la interpretación restrictiva respecto de la disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, los requisitos de procedencia de la privación preventiva de libertad así como los supuestos de su improcedencia, las medidas cautelares sustitutivas a dicho decreto judicial de privación de libertad, las modalidades en que éstas pueden presentarse para su aplicación, y el imperativo de aplicación de medidas de posible cumplimiento y revisión de las impuestas en los términos expresamente señalados; todo lo cual, en definitiva, reafirma la regla general de la libertad y la excepción representada en cuanto a la privación o restricción de la misma. En tal sentido, si bien el Texto Fundamental en su artículo 44 consagra el derecho a la libertad como derecho civil inviolable, imperativo que es igualmente consagrado en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestra República y que como tal adquiere jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno, igualmente el legislador patrio autoriza, con carácter excepcional e interpretación restrictiva, la imposición de medidas preventivas de coerción personal, procedentes en las oportunidades y bajo las formas y exigencias previstas en el ordenamiento jurídico. Con el fin de que mediante estas medidas se asegure el eventual cumplimiento de los posibles resultados del p.p. y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo, debiendo, por tanto, adoptarse los mecanismos cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas, en interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado, constituyendo estos mecanismos cautelares un límite a los derechos del procesado, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de éste, en forma tal que no se frustren sus resultados y las expectativas que la comunidad tiene en relación al sistema de justicia, en orden a que se imponga la ley, se sancionen los delitos y no se favorezca la impunidad, sin que ello signifique sacrificar los derechos del imputado y, fundamentalmente, su status de inocencia, que sólo podrá ser desvirtuado por una sentencia firme condenatoria. Así pues, y como se señalara supra, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal consagran el derecho civil inviolable de la libertad personal y su garantía, establecen como regla el juzgamiento en libertad y someten sus restricciones o las medidas de coerción personal a parámetros precisos que prevén su excepcionalidad, proporcionalidad, interpretación restrictiva, judicialidad, temporalidad, provisionalidad y ejecución humanitaria; todo lo cual se corresponde con el principio de inocencia establecido en el artículo 49 numeral 2 del mismo Texto Fundamental y en el artículo 8 del instrumento adjetivo penal patrio. En consecuencia, los lineamientos trazados en esta materia extreman el celo por la afirmación de la libertad en el p.p. y limitan al mínimum las restricciones a dicho derecho, por lo que, sólo de manera excepcional, por exigencias de otro valor igualmente salvaguardado por la Carta Magna, como lo es el de la Justicia, se hace necesario tomar medidas imprescindibles de coerción personal que afectan el derecho fundamental a la libertad y que están destinadas a hacer posible la realización del proceso y evitar que se vean frustradas las exigencias de tal valor siendo que la imposición de estas medidas de naturaleza cautelar responde a características de necesidad y proporcionalidad, esto es, debe atenderse a la relación existente entre la medida a ser aplicada, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, orientadas exclusivamente a los f.d.p. para que, en definitiva, sus consecuencias se garanticen, sin que se desnaturalicen en su finalidad y no sean de imposible cumplimiento. Así, en razón de la necesidad y de la proporcionalidad, únicamente cuando una medida de coerción personal específica es exigida por el proceso, debe imponerse para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva, y deberá ser sustituida por otra menos gravosa, adecuada a las circunstancias, cada vez que el caso in concreto así lo indique. Y, constituye otra nota característica de estos mecanismos cautelares, su provisionalidad y temporalidad, lo cual impone que las medidas de coerción personal se mantengan vigentes durante el proceso atendiendo a la permanencia o variación de las circunstancias que le sirvieron de fundamento, por lo que, de verificarse un cambio o modificación en las condiciones, procede la sustitución de la medida en cuestión, previendo en tal sentido el artículo 242 del instrumento adjetivo penal la obligación del Juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares y sustituirlas por otras menos gravosas cuando lo estime prudente atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, así como la facultad que tiene los imputado para solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. Asimismo, dado el carácter excepcional de las medidas de coerción personal, debe por tanto procurarse la imposición de medidas distintas a la privación de libertad, que resulten menos lesivas de los derechos del procesado.

    En este orden de ideas, diferentes instrumentos de carácter internacional consagran la posibilidad de que en el desarrollo de un p.p. puedan aplicarse a los imputados medidas de coerción personal dirigidas a evitar la privación de libertad y asegurar su comparecencia al juicio, verbigracia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 9 dispone que “...la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo...”, contemplando, por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7,5, que “...toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio...”; previendo, en igual sentido, la normativa legal patria vigente disposiciones atinentes al establecimiento de la libertad como regla o principio del p.p. y la viabilidad de la aplicación de medidas de coerción personal, al exclusivo servicio de los fines procesales, cuando concurren los presupuestos para su imposición, siendo recogidos estos principios y facultades en normas expresamente contenidas en la Carta Magna y en el texto adjetivo penal patrio, a saber:

    Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

    Artículo 44. “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

    Código Orgánico Procesal Penal:

    Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

    Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.

    Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (resaltado del tribunal)

    Artículo 229. Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

    Artículo 230. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, no exceder del plazo de dos años.

    Artículo 232. Motivación. Las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a los afectados.

    Artículo 233. Interpretación restrictiva. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.

    Artículo 236. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

  3. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

  4. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

  5. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.

    Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.

    En este supuesto, el Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.

    Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.

    Artículo 237. Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

    1- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;

    2- La pena que podría llegarse a imponer en el caso;

    3- La magnitud del daño causado;

    4- El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;

    5- La conducta predelictual del imputado.

    Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años...(omissis)…Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio o a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado (resaltado del tribunal).

    Artículo 238. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado: 1- Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción; 2- Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

    Ahora bien, revisadas las normas de rango constitucional y las procesales para la imposición o no de las medida solicitada por la Fiscal del Ministerio Público, corresponde ahora la revisión del caso en concreto, establece el artículo 236, que debe existir un hecho punible, que merezca pena privativa de libertad y que no esté prescrito, el hecho expuesto por la ciudadana Fiscal y objeto de la presente investigación evidentemente es un hecho punible ya que de las actas del proceso, se evidencia que estamos ante la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y cursan a las actuaciones suficientes elementos para estimar que el ciudadano F.D.J.R.R., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 09-10-1975, de 38 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de C.R. (v) y F.R. (v), de profesión u oficio Albañil, grado de instrucción Sexto Grado, residenciado en el Barrio Paloma, Calle Penetración al final, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067, pudiese ser el autor o responsable de la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todo ello visto que de acuerdo a la acta de entrevista rendida por ante la Policía del estado acantonada en el Municipio Tucupita, por las presuntas víctimas, quienes manifestaron haber sido objeto de un robo por parte de varios sujetos y estos portaban armas de fuego que los habían despojado de varias prendas; existiendo igualmente la presunción razonable del peligro de fuga, el cual de conformidad con el artículo 237 señala que, para este criterio debe tomarse en cuenta el arraigo en el país, la pena que pudiera llegar a imponerse, la magnitud del daño causado, considerándose que el delito de robo agravado tiene una pena que en su límite máximo supera los diez años de pena, aunado al hecho que nos encontramos ante un delito pluriofensivo porque afecta dos derechos consagrados por el legislador como es la vida y la propiedad, por lo que nos encontramos ante un delito de gran magnitud, considera esta juzgadora que hasta esta fase de la investigación podríamos estar en presencia de dos de los delitos precalificados por el representante fiscal como es el delito de Robo Agravado y la Asociación para Delinquir, ya que en las presentes actuaciones se observa que varias personas se unieron para cometer un delito, que fue despojar a unas personas de sus cosas personales, poniendo en peligro las vidas de esas personas , por lo que comparte los delitos precalificados por el Ministerio Público, encontrando fundamento tal aseveración en los plurales y concordantes elementos que devienen de actuaciones integrantes de la investigación, considerando igualmente una presunción razonable del peligro de fuga, por la pena que puede llegar a imponerse, por la magnitud del daño causado y por cuanto puede existir obstaculización en la investigación. Asimismo de conformidad con el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se acuerda L.S.R., a favor de los ciudadanos ROJAS FERRERA C.J., titular de la cedula de identidad Nº V- 25.543.669, y N.L.C.C., titular de la cedula de identidad Nº V- 20.772.234, no existes elementos suficientes que determine la responsabilidad de los ciudadanos con los hechos en virtud de la declaración de la victima asimismo de la acta policial.

    Llenos, por tanto, los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y visto que la razón que motiva la privación judicial preventiva de libertad, esto es, el aseguramiento del imputado a los fines de someterse al proceso, en el caso en particular, por razones de posible pena a ser impuesta así como la magnitud del daño ocasionado, por cuanto nos encontramos ante un delito pluriofensivo, no puede ser satisfecha con la aplicación de otra medida menos gravosa de las previstas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, que permita alcanzar los f.d.p. establecidos en el artículo 13 Ejusdem con el juzgamiento en libertad del imputado F.D.J.R.R., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 09-10-1975, de 38 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de C.R. (v) y F.R. (v), de profesión u oficio Albañil, grado de instrucción Sexto Grado, residenciado en el Barrio Paloma, Calle Penetración al final, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067, este Tribunal a los fines de garantizar la presencia del mencionado en los actos sucesivos del proceso y no evadir la acción de la Justicia frustrando la eventual ejecución de una decisión condenatoria, y vista la proporcionalidad existente entre la medida de coerción personal consistente en privación preventiva de libertad y el hecho punible cometido, considera procedente y ajustado a derecho DECRETAR la Privación Preventiva de Libertad del ciudadano F.D.J.R.R., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 09-10-1975, de 38 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de C.R. (v) y F.R. (v), de profesión u oficio Albañil, grado de instrucción Sexto Grado, residenciado en el Barrio Paloma, Calle Penetración al final, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067; de conformidad con los artículos 9, 229, 230, 233, 236, 237 numerales 2, 3 y 5, así como su Parágrafo Primero y 238 numeral 2º, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

    DISPOSITIVA

    Este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO D.A. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY:

PRIMERO

Se decreta flagrante la aprehensión de los ciudadanos ROJAS FERRERA C.J., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 14-05-1994, de 20 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de J.G.R. (v) E.F. (v), de profesión u oficio Contratado de la Alcaldía, grado de instrucción segundo año, residenciado en el Paloma, Calle, por la Calle de la Escuela, por la Casilla Policial Derecho, casa de color rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 25.543.669, F.D.J.R.R., Venezolano, natural de Tucupita, fecha de Nacimiento: 09-10-1975, de 38 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de C.R. (v) y F.R. (v), de profesión u oficio Albañil, grado de instrucción Sexto Grado, residenciado en el Barrio Paloma, Calle Penetración al final, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067 y N.L.C.C., Venezolano, natural de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, fecha de Nacimiento: 20-01-1991, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, hijo de M.C. (v) y N.C. (v), de profesión u oficio Albañil y estudiante Liceo Nocturno de Carapal, residenciado en el Barrio Paloma, por la Calle del Boulevar al final, casa de color melón con rosado, Municipio Tucupita, Estado D.A., titular de la cedula de identidad Nº V- 20.772.234, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO

Acuerda la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373, último aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, en atención al contenido de los artículos 13 y 262 ejusdem, y 257 de la Carta Magna.

TERCERO

Atendiendo a la normativa adjetiva legal patria y el articulado atinente a las medidas de coerción personal, su finalidad y procedencia en el desarrollo del p.p., aunado a la solicitud que en tal sentido planteara el representante fiscal, este Tribunal a los fines de garantizar la presencia de los investigados en los actos sucesivos del proceso y no evadir la acción de la Justicia frustrando la eventual ejecución de una decisión condenatoria, y vista la proporcionalidad existente entre la medida de coerción personal consistente en privación preventiva de libertad y el hecho punible cometido, considera procedente y ajustado a derecho DECRETAR la Privación Preventiva de Libertad del ciudadano Se decreta MEDIDA PRIVATIVA PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con los artículos 236, numerales 1º, 2, y , 237, numeral 2º, y 5, y 238 numeral 2º, del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano F.D.J.R.R., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067; por encontrarse llenos los extremos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, encontrarse acreditada la existencia del tipo penal de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de la ciudadana R.J.U., merecer este hecho punible pena corporal y no estar prescrita la acción penal, además de existir fundados elementos de convicción para estimar que el referidos imputados han sido partícipes en la perpetración de los delitos y existir una presunción razonable de peligro de fuga; pronunciándose tal decreto judicial de conformidad con los artículos 9, 229, 230, 233, 236, 237 numerales 2, 3 y 5, así como su Parágrafo Primero y 238 numeral 2, todos del texto adjetivo penal vigente, por lo que el imputado deberán permanecer en el Centro de Reclusión, Resguardo y C.d.G. a la orden de este Tribunal. Líbrese la respectiva boleta de encarcelación. En consecuencia de esta decisión se declara sin lugar la solicitud de medida cautelar sustitutiva de libertad realizada por la defensa pública.

CUARTO

Se decreta L.S.R., de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, a los ciudadanos ROJAS FERRERA C.J., titular de la cedula de identidad Nº V- 25.543.669, y N.L.C.C., titular de la cedula de identidad Nº V- 20.772.234, por la presunta comisión del delito ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo., en perjuicio de la ciudadana R.J.U.. Líbrese la respectiva boleta de excarcelación. En consecuencia de esta decisión se declara con lugar la solicitud de la L.s.r. realizada por la defensa pública.

TITULO-IV

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE DE APELACIONES PARA DECIDIR.

Esta Corte para decidir observa, que el presente recurso, tiene por objeto impugnar la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 02 de éste Circuito Judicial Penal, en Audiencia Oral celebrada de conformidad con el artículo 373 (hoy artículo 234) del Código Orgánico Procesal Penal, de fecha 22/12/2013 y fundamentada en fecha 23/12/2013, mediante el cual le decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano F.D.J.R.R., por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de la ciudadana R.J.U..

Ahora bien, en relación a la presente denuncia, es importante para esta Alzada señalar, que una vez decidida, como ha sido en el presente caso, en la audiencia de flagrancia, la continuación de la causa por vía del procedimiento ordinario, se sigue con la etapa investigativa, a fin de colectar todos los elementos de convicción que permitan fundamentar el acto conclusivo que arroje la misma, estando conformadas por un conjunto de diligencias o actos procesales a fin de determinar el autor de unos delitos, actuando igualmente en esta fase el imputado, su defensa, las víctimas y sus representantes, pudiendo solicitar al Ministerio Público, las práctica de diligencias necesarias a la consecución del fin único del proceso, como es la búsqueda de la verdad.

Aunado a ello, es importante indicar que en la Audiencia Oral, realizada de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, le corresponde al Juez de Primera Instancia en Funciones de Control, realizar un análisis de las actuaciones remitidas por el Ministerio Público, y cursantes al asunto, a los fines de determinar, si se reúnen los requisitos establecidos del citado artículo, para que proceda una medida privativa de libertad, una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad o en su defecto la libertad plena del imputado.

A tal efecto señala el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, los requisitos que deben darse de manera concurrente para que proceda una medida de coerción personal, de la siguiente:

”...Procedencia. El Juez o Jueza de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de: 1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible; 3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”.

Ahora bien, para que sea procedente la privación judicial preventiva de libertad debe atenderse a la concurrencia de los tres presupuestos antes mencionados, debidamente fundados en la decisión, ahora bien, se evidencia de la lectura realizada a la decisión recurrida, que el A Quo, consideró se encuentran reunidos dichos presupuestos, cuando mencionó lo siguiente:

…En cuanto a la solicitud de medida de coerción personal, de una medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, a la cual se opone la Defensa, una vez a.l.s.a. que se refiere el artículo 235, 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo son que se trata de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción no se encuentra prescrita, como lo son los delitos de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de la ciudadana R.J.U.; existen suficientes elementos de convicción para determinar que el imputado de marras, es autor o partícipe en la comisión de dichos hechos punibles, contamos con un acta policial, así como una presunción razonable por las circunstancias particulares del caso de peligro de fuga y/o obstaculización en la búsqueda de la verdad, es por lo que éste Tribunal pasa a decretar contra el imputado F.D.J.R.R., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067; por encontrarse llenos los extremos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, encontrarse acreditada la existencia del tipo penal de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de la ciudadana R.J.U., merecer este hecho punible pena corporal y no estar prescrita la acción penal, además de existir fundados elementos de convicción para estimar que el referido imputado ha sido partícipe en la perpetración de los delitos y existir una presunción razonable de peligro de fuga; pronunciándose tal decreto judicial de conformidad con los artículos 9, 229, 230, 233, 236, 237 numerales 2, 3 y 5, así como su Parágrafo Primero y 238 numeral 2, todos del texto adjetivo penal vigente, por lo que el imputado deberá permanecer en el Centro de Reclusión, Resguardo y C.d.G. a la orden de este Tribunal. Líbrese la respectiva boleta de encarcelación. En consecuencia de esta decisión se declara sin lugar la solicitud de medida cautelar sustitutiva de libertad realizada por la defensa pública…

.

Es importante tener presente, que la privación judicial preventiva de libertad, contra un ciudadano, es una medida que procede cuando se encuentran llenos los extremos legales exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez colectados los elementos de convicción, el Fiscal del Ministerio Público, a tenor de lo dispuesto en el artículo 236 ejusdem, tiene la facultad de solicitar ante el Juez de Control una medida privativa de libertad, si se encuentran llenos los extremos del precitado artículo 236 ibidem, o en su defecto solicitar una medida menos gravosa de las establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, e incluso la libertad plena del aprehendido.

Es así que ante la solicitud Fiscal, el Juez está obligado a verificar si tales requisitos de procedencia se cumplen, pudiendo dictar en su defecto una medida cautelar sustitutiva de libertad cuando considere que los supuestos que motivan la privación pueden ser satisfechos con la aplicación de una medida menos gravosa para el imputado, tal como lo constituyen las medidas cautelares sustitutivas contempladas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este sentido, considera esta Corte de Apelaciones, que la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, requiere la presencia de un hecho con las características que lo hacen encuadrable o subsumible dentro de una acción penal antecedentemente calificada como delito; el señalamiento de que el sujeto activo es el autor o partícipe en el hecho punible, donde no se exige plena prueba de la autoría o participación, sino la existencia de razones o elementos de juicio que emanan de los actos de investigación, que permiten concluir racionalmente, que el sujeto señalado como imputado es el autor del delito o ha participado en el; que no existan causas de justificación; y que el hecho sea perseguible por el Estado para imponer una sanción. Asimismo, es oportuno señalar que, este tipo de medida cautelar, es la más grave en nuestro ordenamiento jurídico, se impone en forma excepcional, sólo por delitos de cierta gravedad, o cuando no se haya observado buena conducta predelictual por parte del imputado. En pocas palabras es una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación.

Aunado a ello tenemos que el artículo 44 de la República Bolivariana de Venezuela, establece al respecto lo siguiente: la libertad personal es inviolable, en consecuencia:

  1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad del detenido no causará impuesto alguno.

Considera este Tribunal Colegiado, que si bien es cierto que el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece los motivos por los que una persona debe detenerse, el Juez apreciará cada caso en particular y analizará el peligro de fuga, en el que siempre va a considerar la pena a imponer en un posible Juicio Oral y Público, sin que ello signifique que no puedan optar por una Medida Cautelar Menos Gravosa, la cual puede solicitar las veces que así lo considere el imputado, por estar establecidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, tal y como lo ha reiterado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nro. 158 de fecha 03 de Mayo de 2005 en la cual establece:

"…El legislador le concede al imputado el derecho a solicitar la sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad, las veces que lo considere pertinente, tanto es así que el precepto le impone al juez la obligación de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime conveniente la sustituirá por otras menos gravosas, es decir, que el juez decidirá, de acuerdo con su prudente arbitrio. También dispone esta norma que no es susceptible de ser apelada aquella decisión del juez mediante la cual niegue la revocación o sustitución de la medida privativa de libertad…".

Así tenemos, que en nuestro País la Presunción de Inocencia no impide la consagración Constitucional y legal de las medidas de privación o limitación de libertad durante el p.p., anteriores a una condena firme que impone una pena, sino por el contrario contribuye con que el tratamiento de las mismas sea excepcional. Vale decir, la imposición de medidas de coerción personal durante la substanciación de la causa, no tiene la naturaleza ni la finalidad de una pena, sino que garantizan excepcionalmente los f.d.p.: evitando la fuga del imputado y posibilitando la eventual aplicación concreta del Derecho Penal, siendo su naturaleza meramente cautelar; y no con ello se violentaría la garantía Constitucional de la cual goza todo ciudadano señalado como imputado en un p.p..

De manera que, la Privación Judicial Preventiva de Libertad es marcadamente excepcional, dado que está condicionada a que las Medidas Sustitutivas de Libertad sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la Ley Sustantiva en el caso concreto. Por tal motivo, para su adopción requiere determinadas condiciones de apreciación conjunta, sin las cuales la medida resultaría ilegal. Son ellas, la existencia comprobada de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y que no se encuentre evidentemente prescrito, o lo que es lo mismo, que el cuerpo del delito se encuentre comprobado; fundados elementos de convicción (principios de pruebas), que permitan suponer que el imputado ha participado de alguna manera en dicho delito, estas dos condiciones juntas, constituyen el fundamento del derecho del Estado a perseguir y a solicitar medidas cautelares contra el imputado (fumus boni iuris); además la probabilidad, apreciable de manera libre y realista por las partes y los jueces, de que el imputado pueda tratar de escapar de la acción penal de la justicia o tratar de entorpecer la investigación (periculum in mora) para lo cual será necesario atender a la gravedad del delito imputado, a la personalidad y antecedentes de éste, arraigo, entre otros.

Es por lo que, si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, se encuentran inspirados en principios garantistas propios de un Estado Social Democrático de Derecho, estableciendo principalmente la inviolabilidad del derecho a la libertad, así como el principio de presunción de inocencia, dejando el legislador claramente establecido que la voluntad de la ley es el respeto a la libertad durante el desarrollo del P.P. y no a la restricción de la misma sino única y exclusivamente mediante la sentencia definitivamente firme, excepcionalmente y a los efectos de llevar a cabo también uno de los valores salvaguardados de la Constitución como lo es el de la justicia, se hace necesario la adopción de medidas de coerción personal que afectan o restringen el derecho a la libertad, todo a los fines de salvaguardar la eficacia del sistema persecutorio penal y evitar la posible sustracción del imputado o acusado de las consecuencias de una eventual decisión de condena.

Asimismo se desprende, que la decisión objeto de impugnación no violenta principios constitucionales, tales como el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, así como tampoco existe violación de ninguna otra garantía de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico, ya que estamos en presencia de los elementos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en el caso bajo estudio, el Juez de Primera Instancia, fundamentó su decisión de acuerdo a los presupuestos que autorizan y justifican dicha medida, conjugando los principios de excepcionalidad, subsidiaridad, provisionalidad y proporcionalidad, por lo que al no asistirle la razón a la recurrente, es por lo que se declara Sin Lugar lo alegado en el presente punto. Y ASI SE DECIDE.

En este mismo orden de ideas, al momento de analizar el peligro de fuga o de obstaculización, se debe tomar en cuenta el tipo de delito, que por el límite de pena que establecen son de carácter grave, en el caso en estudio, se trata de la precalificación de los delitos de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de la ciudadana R.J.U..

Es por lo que, tomando en cuenta la presencia de estos delitos que son considerados delitos graves, y la posible sustracción del procesado de autos, del presente proceso que se le sigue, dada la magnitud del daño causado, fueron estas las circunstancias que tomó la juzgadora del A Quo, en consideración para fundamentar, el presupuesto establecido en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, ha quedado demostrado en el presente capítulo, que la decisión dictada por el A Quo, cumplió con todos los requisitos legales exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 236 en consecuencia, está debidamente fundamentada y motivada en cuanto ha lugar en derecho, para dictar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los procesados de autos, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de la ciudadana R.J.U., es por lo que se declara SIN LUGAR el presente Recurso de Apelación y CONFIRMA en toda y cada una de sus partes la decisión judicial dictada por el A Quo. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todas las razones expuestas, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado D.A., ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO

DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Autos interpuesto por la Abogada C.M.G., en su condición de Defensora Pública Tercera Penal del ciudadano F.D.J.R.R., titular de la cedula de identidad Nº V- 14.114.067; por encontrarse llenos los extremos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, encontrarse acreditada la existencia del tipo penal de ROBO AGRAVADO, de conformidad con el artículo 458 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, de conformidad con el artículo 218 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de la ciudadana R.J.U., merecer este hecho punible pena corporal y no estar prescrita la acción penal, además de existir fundados elementos de convicción para estimar que el referido imputado ha sido partícipe en la perpetración de los delitos y existir una presunción razonable de peligro de fuga; pronunciándose tal decreto judicial, contra de la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 2 de éste Circuito Judicial Penal, en Audiencia Oral de fecha 22/12/2013 y fundamentada en fecha 23/12/2013, mediante el cual le decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

SEGUNDO

SE CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 2 de éste Circuito Judicial Penal.

TERCERO

Se ordena la remisión de las presentes actuaciones al Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 2 de éste Circuito Judicial Penal, a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese la presente decisión.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado D.A., con sede en la ciudad de Tucupita, a los 03 días del mes de Febrero del año Dos Mil Catorce (2014). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

POR LA CORTE DE APELACIONES

Presidente de la Corte

WUILMAN F.J.R.

Juez Superior

D.D.M.

Jueza Superior (Ponente)

NORISOL M.R.

Secretaria,

MARJORYS MENDEZ

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