Registran 2.855 denuncias contra policías y militares incursos en delitos

Hace dos meses tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científi cas, Penales y Criminalísticas acudieron a la vivienda de Mary Yamileth Arráiz en Guatire, estado Miranda. Los detectives no mostraron orden de allanamiento y le indicaron que los condujera al estacionamiento en donde ella alquilaba puestos a vecinos y visitantes. En la inspección los agentes señalaron una camioneta blanca y le preguntaron que quién era el propietario.La mujer no les supo res ponder. Le ordenaron montarse en el vehículo, mientras que su esposo y su hijo de 19 años de edad les pedían a los funcionarios que les explicara por qué se la llevaban. Los hombres respondieron que debían saber de quién era esa camioneta y que el procedimiento no se trataba de una Operación de Liberación Humanista del Pueblo. En el camino, Arráiz no paraba de llorar y les decía a los agentes que ella no sabía nada, que por favor no le hicieran nada y que la dejaran en libertad.Mientras el carro avanzaba, escuchó unos disparos y siguieron.Arráiz permaneció detenida por averiguaciones durante 24 horas en el Cicpc de Guatire.Cuando regresó a su casa encontró los cadáveres de su esposo y de su hijo. Les habían disparado. Los agentes que actuaron en ese procedimiento, no conforme con tirotearlos, compraron un pollo en brasa, a pocos metros de la vivienda, y lo sirvieron en uno de los platos que había en la cocina. También se comieron unos garbanzos que ella había preparado.En su desesperación acudió a la sede del Cicpc. Allí le informaron que esas muertes eran producto de un enfrentamiento. Acudió posteriormente a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para que la asesoraran, con el fin de solicitar a la Fiscalía una averiguación por homicidio. La parlamentaria Delsa Solórzano explicó: El caso fue planteado por escrito al Ministerio Público y no hemos recibido respuesta. También acudimos a la policía científica y los detec tives tampoco hablaron de lo ocurrido.Desde el año pasado la comi sión ha recibido 2855 denuncias contra funcionarios de seguridad por violaciones de derechos humanos durante procedimientos desplegados en el Distrito Capital, Carabobo, Aragua y Miranda. La mayoría son agentes del Cicpc, la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. De esa cantidad, el 8%, es decir, 228 denuncias corresponden a robos y homicidios. Hasta ahora la mayoría de los involucrados en estos crímenes no han sido encarcelados y continúan en sus cargos.Múltiples...

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