Decisión de Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes de Yaracuy, de 7 de Junio de 2013

Consigna Informe Médico emanado del médico tratante Internista, de fecha 03 de febrero de 2011, donde se demuestra el status clínico de incapacidad física, y por tanto la necesidad de mudarse del lugar donde permanece. Donde textualmente se expresa: “… PACIENTE: I.C., 67 a, CI 2.5711381. Quien suscribe certifica que la paciente arriba identificada es portadoro de los siguientes cuadros clinicos: 1.- Enfermedad Bronco-pulmonar obstructiva crónica severo. 2.- Hipertensión Arterial Sistemica. Cumple tratamiento médico permanente con hipotensores orales; broncodilatadores aerosol y oral; esteroides orales. Status clínico de INCAPACIDAD FISICA permanente. Se le sugiere evitar ambientes hacinados y de mayor índice de contaminación…”. (Cursiva del Tribunal). En cuanto a la prueba aquí referida, correspondiente al Informe Médico, este sentenciador observa que trata de un documento privado emanado de un tercero, y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, los documentos privados emanados de un tercero deberán ser ratificadas mediante la prueba testimonial. En consecuencia, al no haber satisfecho el preceptuado legal la promovente en lo que respecta al trato de la prueba, la misma ha de ser desechada. Y así se desecha.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:

Antes de pronunciarse sobre el juzgamiento de los medios de prueba, aportados al juicio por la parte accionada considera pertinente quien sentencia, señalar que si bien es cierto éste produjo de forma extemporánea la constatación, no es menos cierto que al producir la misma, promovió medios probatorios, los cuales a tenor de lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, y ante la posibilidad de la declaratoria de confesión ficta, conforme al artículo 362 ejusdem, necesario es verificar si el contumaz (demandado), probare algo que le favoreciera. En consecuencia, este sentenciador considera pertinente pronunciarse sobre los medios de pruebas producidos por la parte accionada. Teniendo a seguidas que, la ciudadana O.P.B., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 6.603.680; domiciliada en la calle 26, Barrio Corocito, Callejón Los Muerticos, Municipio Independencia, Estado Yaracuy, asistida del Abogado F.S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 78.688., produjo los siguientes medios:

1. - Promovió la Prueba Testimonial de los ciudadanos VARGAS C.P.A., Y.V.C. y S.R.U.P., venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad Nros. V-7.911.974, V-13.695.895 y V-12.076.267, en orden respectivo de los cuales anexa copias de cédulas de identidad, marcadas con la letra “A”, rielante al folio 23 del expediente; fotostatos a los cuales este sentenciador otorga pleno valor probatorio, por tratarse de documentos públicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil. Y así se valora.

2. - Riela a los folios 39 y 40 del presente expediente Acta suscrita por el Tribunal, correspondiente a declaración rendida por el ciudadano S.R.U.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 12.076.267, de este domicilio, en los términos que a seguidas se transcriben:

   “En fecha de hoy, Ocho (08) de Febrero de Dos mil Once (2.011), siendo las 11:00 a. m., hora fijada y oportunidad legal señalada para el examen testimonial del ciudadano S.R.U.P., se abre el acto y la promovente presenta al testigo a quien el Juez le impone debidamente del motivo de su comparecencia y de las generales de ley contenidas en el Código de Procedimiento Civil referente a testigo y habiendo el testigo prestado juramento en forma legal de decir la verdad sobre todo lo que va a declarar manifestó ser y llamarse: S.R.U.P., venezolano, de 39 años de edad, estado civil Soltero, profesión u oficio Taxista, titular de la Cédula de Identidad N° V.-12.076.267, domiciliado en Urbanización C.B., Avenida Principal, vereda principal, Municipio Independencia del Estado Yaracuy. Seguidamente el Juez, de conformidad con el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, procedió a dar lectura a los artículos 477, 478, 479, 480 y 481 eiusdem, relacionados con los impedimentos para declarar como testigo, habiendo manifestado el testigo no tener impedimento alguno para declarar. Se deja constancia que se encuentra presente el Apoderado de la parte demandante Abogado M.A.M.P., I.P.S.A. N° 56.073 y el Abogado J.A.C.A., I.P.S.A. N° 130.258; quien se encuentra asistiendo a la parte demandada; el mismo pasa a interrogar al testigo a viva voz de la manera siguiente: PRIMERA PREGUNTA: Diga el testigo que conocimiento tiene sobre el hecho que se ventila en el presente expediente? Contestó: “Bueno yo tengo conocimiento de que la señora en el 2.004 me hizo el comentario sobre que estaba alquilada en una residencia con opción a compra y venta por la cantidad de 15 millones de bolívares viejos, y después me enteré que le habían subido la venta a 25 millones y después tuve el conocimiento que no habían conseguido la plata y después se la habían subido a 40, pero que ella le estuvo depositando al abogado en una cuenta personal, la cantidad por recibos que yo estuve viendo 37 millones de bolívares, y que después le subieron las cuotas a 80 millones de bolívares la compra venta”.- SEGUNDA PREGUNTA: Diga el testigo, como le consta del dinero del que está hablando que fue depositado? Contestó: “Porque una vez haciéndole una carrera a ella carga los voucher´s como había depositado y yo le pregunte la cantidad y me dijo que había depositado 37 millones”.- TERCERA PREGUNTA: Diga el testigo si vio los voucher´s de depósito y a nombre de quien estaban depositado? Contestó: “Los voucher´s los vi pero como no era mucho de mi incumbencia no preste atención de quien era, porque no me fije”.- CUARTA PREGUNTA: Diga el testigo si sabe y le consta de la cantidad depositada por la ciudadana O.P.B.? Contestó: “Me consta que si existen los depósitos porque los vi con mis propios ojos”.- QUINTA PREGUNTA: Diga el testigo si tiene algún vinculo de familiaridad con la señora O.P.B.? Contestó: “No. Ninguno”.- Es todo.- En este Estado el Apoderado Judicial de la parte demandante, antes identificado pasa a repreguntar al testigo de la siguiente manera: PRIMERA REPREGUNTA: Diga el testigo desde cuando y como conoce a la señora O.P.B.? Contestó: “Bueno yo conozco a la señora a través del esposo, el señor Alberto, que muchas veces le hice transporte al Central y sé que es una persona honesta y le hice carreras a la señora Ofelia y ahí la conocí y la conozco como desde hace cinco años”.- SEGUNDA REPREGUNTA: Diga el testigo que vinculo tiene con la señora O.P.? Contestó: “Bueno desde que la conocí la considero una persona honesta y sincera y la considero amiga o conocida”.- TERCERA REPREGUNTA: Diga el testigo que interés tiene en el presente Juicio? Contestó: “Ninguno que interés puedo tener, simplemente vengo porque fui citado y como se la historia más o menos lo que me han contado vengo y la declaro”.- Es todo.- Cesó el interrogatorio. Terminó, se leyó y conformes firman.” (Resaltado del Tribunal).

   En cuanto a la testimonial rendida por el ciudadano S.R.U.P., antes identificado, observa de la misma el Tribunal que al momento de rendir declaración no sufrió de imprecisiones al responder las preguntas formuladas, y entre otras cosas manifestó del conocimiento de la relación arrendaticia con opción a compra de las integrantes de la litis, así como de pagos hechos por la demandada de autos a la demandante por concepto de pago del inmueble. En consecuencia, se aprecia en todo su juicio la testimonial rendida por el referido ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Y así se valora.

2. - Se constata de las actas procesales que en la oportunidad fijada por el Tribunal, los ciudadanos P.A.V.C. y Y.V.C., igualmente promovidos como testigos no rindieron declaración.

3. - Marcado con la letra “B” promovió originales de vaucher de depósitos, Nros. 0045872411, 31338073, 36921937 y 39266439, de fechas 06/12/2007, 21/01/2001, 17/06/2008 y 13/08/2008, a las cuentas 0108-2420-61-0200144627 y 010580045310454014710, la primera en la entidad bancaria Banco Provincial y los siguientes en la entidad bancaria Banco Central, cuyo cuentahabiente funge M.M. y depositante O.P., por los montos 19,000,00.00, 9.900.000, 2100 y 6.000, todos en orden respectivo. A los cuales este sentenciador otorga pleno valor probatorio, toda vez que no fueron ni tachados, ni impugnados por la contra parte, valor que se otorga conforme a las tarjas que los mismos constituyen, ello de conformidad con lo dispuesto artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.383 del Código Civil, por tratarse de tarjas. Y así se valora.

4. - Promovió nota de prensa publicada en la página oficial del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de la Comisión Judicial, sobre la “Limitación temporal de toda práctica de medida judicial de carácter ejecutiva o cautelar que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación”, marcado con la letra “C”. Folio N° (26) del presente expediente. En cuanto a la nota de prensa consignada este sentenciador aprecia de la misma que trata de hecho público notorio comunicacional, y que por emanar del portal oficial de esta institución, se aprecia en todo su juicio.

   En la oportunidad correspondiente a la promoción de pruebas, la parte accionada, promovía los siguientes medios:

5. - Procedió a promover como pruebas documentales los voucher´s originales de depósitos, de conformidad con lo establecido en el artículo 889 del Código de procedimiento Civil que se encuentran insertos en el folio (21) del presente expediente: correspondientes los originales de vaucher de depósitos, Nros. 0045872411, 31338073, 36921937 y 39266439, de fechas 06/12/2007, 21/01/2001, 17/06/2008 y 13/08/2008, a las cuentas 0108-2420-61-0200144627 y 010580045310454014710, la primera en la entidad bancaria Banco Provincial y los siguientes en la entidad bancaria Banco Central, cuyo cuentahabiente funge M.M. y depositante O.P., por los montos 19,000,00.00, 9.900.000, 2100 y 6.000, todos en orden respectivo; consignándolos en el escrito de promoción en copia fotostática certificada. Los cuales fueron valorados por quien sentencia en las pruebas que precedieron.

   - V -

   MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO PARA DECIDIR

   Llegada la oportunidad para decidir este Tribunal sobre el fondo del asunto, considera quien sentencia realizar las consideraciones previas a saber:

   En la actualidad las situaciones jurídicas que revisten o persiguen la consecución de un bien inmueble destinado a uso de habitación o vivienda principal, se deben circunscribir en principio a los Derechos y Garantías constitucionalmente consagrados y por las disposiciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 8.190, de fecha 5 de Mayo de 2011 y por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.503, de fecha 12 de Noviembre de 2011, normas que vienen a marcar un hito frente a la realidad social existente entre los integrantes de las relaciones contractuales en la cuales se involucraran bienes destinados a viviendas, en el entendido de que el legislador instauró procedimientos previos a la interposición de demandas en sede judicial, los cuales en principio se creyó necesario agotar, a fin de continuar con la prosecución de las demandas judiciales, posteriormente en cuanto al referido Decreto la Sala Constitucional de nuestro M.T. de la República, al realizar el análisis del Decreto Presidencial Nº. 8.190, que entró en vigencia el 6 de mayo de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, mediante sentencia dictada en el expediente Nº. 10-1229, del 3 de agosto de 2011, estableció entre otras cosas lo siguiente:

   … en los actuales momentos, la demanda de vivienda en Venezuela se ha convertido en un problema social serio, que trasciende al individuo y las obligaciones asumidas por el Estado en una Convención Internacional, pues existe una gran cantidad de familias que dependen de la disponibilidad de viviendas en el sector inmobiliario, a las cuales acceden a través de arrendamientos inmobiliarios, comodatos o cualquier otra alternativa de ocupación o mediante la compra a crédito, lo cual denota la brecha existente entre la real satisfacción del contenido del derecho a la vivienda y la situación reinante, sobre todo ante las limitaciones de los recursos económicos y otros existentes.

   Así las cosas, se advierte que el aludido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, de manera novedosa, impone la obligación a los jueces de la República de dar protección especial a las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen de manera legítima, en calidad de arrendatarias, arrendatarios o comodatarias o comodatarios, inmuebles destinados a vivienda principal (artículo 2), el cual deberán aplicar en forma preferente a la legislación que rige los arrendamientos inmobiliarios o a la norma adjetiva en lo que concierne a las condiciones, requisitos y procedimiento de ejecución de los sujetos objeto de protección (artículo 19) para la solución de conflictos que se susciten con ocasión de los mismos.

   En tal razón, esta Sala ordena a los órganos jurisdiccionales llamados a intervenir en la solución de los conflictos intersubjetivos que impliquen desahucio, hostigamiento u otras amenazas de aquellos inmuebles ocupados como vivienda principal, que en tales casos deberán cumplir los procedimientos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, tanto el previo a la acción judicial o administrativa, como el contemplado para la ejecución de los desalojos. Así se decide.

   Finalmente, visto el contenido de la presente decisión se ordena su publicación en la Gaceta Judicial y su reseña en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el siguiente título: “Sentencia de la Sala Constitucional que ordena a todos los jueces de la República dar cumplimiento estricto a los procedimientos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas”. Así se decide. (Resaltado de este Tribunal).

   En mismo contexto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de Noviembre de 2011, en el expediente Nº 2011-000146, en ponencia conjunta, caso DHYNEIRA M.B.M., dejo sentado en atención al referido Decreto, entre otras cosas lo siguiente:

   …Por ello, entiende la Sala que no es la intención del Decreto Ley una paralización arbitraria de todos los procesos judiciales iniciados con anterioridad al Decreto, lo cual generaría una situación de anarquía judicial tan peligrosa como el mal que se pretende evitar a través de desalojos arbitrarios, sino más bien la correcta prosecución de los juicios hasta llegar a la fase de ejecución de sentencia, donde deberán suspenderse hasta tanto se apliquen y verifiquen los mecanismos procedimentales que establece el Decreto Ley. Se reitera que la intención c.d.D., de acuerdo a las normas citadas, es la suspensión de la ejecución material del desalojo o desocupación, y no impedir a los órganos de administración de justicia la aplicación de la Ley.

   Por lo tanto, considera esta Sala de Casación Civil, que el presente recurso de casación debe continuar en su trámite y así conocerlo, pues la suspensión del presente proceso sólo puede producirse en la oportunidad de una eventual ejecución de sentencia definitiva que provoque el desalojo del ocupante de la vivienda principal, hasta tanto no se genere y agote el procedimiento previo que indica el Decreto en referencia. Así se decide

   (Resaltado Propio).

   En atención al referente jurisprudencial, este juzgado en acatamiento al mismo y en atención a las garantías constitucionales dispuestas en los artículos 26, 49 y 257, pasa a pronunciarse en la presente causa de la manera siguiente:

   La demanda instaurada por la ciudadana R.I.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 2.571.381, en contra de la ciudadana O.P.B., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 6.603.680, persigue la desocupación de un bien inmueble, constituido por una vivienda ubicada en la calle 26 Barrio Corocito, Callejón Los Muerticos, anteriormente municipio San Felipe, actualmente Independencia del Estado Yaracuy, libre de personas y cosas, solvente de los servicios que se surte, solvente de los cánones de arrendamiento y en buenas condiciones de habitabilidad, conservación, limpieza y pintura tal cual lo recibió, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, causal “b” de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, ahora bien como medios de prueba aportados y en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que impone a los jueces entre otras cosas que: “…Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados…” (Resaltado del Tribunal)., y en atención al mismo, así como a los principios nemo iudex sine actore y dispositivo, pasa este sentenciador a verificar si las alegaciones de hecho formuladas por las partes encuadran dentro de las normas adjetivas y sustantivas en que se fundamenta la acción y las defensas opuestas.

   PUNTO PREVIO:

   Sobre la procedencia o no de la confesión ficta:

   Señala el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento” (Resaltado del Tribunal).

   De la norma en comento se coligen tres supuestos a saber:

   a) Que se tendrá por confeso al demandado cuanto éste no conteste la demanda dentro de los plazos indicados en el Código de Procedimiento Civil;

   b) Que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho; y

   c) Que si el demandado nada probare que le favorezca.

   En tal sentido, la jurisprudencia venezolana en una forma reiterada, ha venido señalando en muchísimos fallos, que lo único que puede probar el demandado en ese “algo que lo favorezca”, es la inexistencia de los hechos alegados por el actor, la inexactitud de los hechos, pero ha indicado de esta forma, que no puede nunca el contumaz probar ni excepciones perentorias, ni hechos nuevos que no ha opuesto expresamente.

   Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 27 de marzo de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, (Caso: Mazzios Restaurant C.A.), señaló: “El artículo 362 citado, considera que el demandado que no contesta la demanda se le tendrá por confeso, cuando en el término probatorio no pruebe nada que lo favorezca y la demanda no sea contraria a derecho. Luego, para tenerlo como confeso, lo que se declara en el fallo definitivo, como una garantía al derecho de defensa, se le permite al demandado probar algo que lo favorezca, lo que significa que ni siquiera se le exige una plena prueba contra una presunción en su contra. Omissis...

   La confesión expresa puede siempre ser revocada o rectificada mediante la prueba del error de hecho (Artículo 1404 del Código Civil), y por ello los efectos del silencio que conduce a que alguien se tenga por confeso, igualmente y con mayor razón pueden ser revocados, no siendo necesario el alegato y prueba del error de hecho, ya que el Artículo 362 del Código de Procedimiento Civil previene que con probar algo que favorezca al no concurrente, evita que se consoliden los efectos del silencio, y por tanto que se le tenga por confeso. Se trata de principios generales, congruentes con el mantenimiento del derecho de defensa de las partes

   . (Resaltado de la Sala).

   Criterio del cual se observa, que el contumaz debe dirigir su carga probatoria a hacer contraprueba de los hechos alegados por su accionante, de lo cual se puede concluir a evento en contrario que devienen en infructuosas las pruebas promovidas con relación a excepciones o defensas que debieron haberse alegado en la oportunidad procesal de la contestación y no se hizo, con lo cual dichas pruebas no van dirigidas a beneficiar a la parte por cuanto lo controvertido quedó fijado con los hechos que alegó la parte actora, y su negativa de existencia.

   De esta manera, el rebelde al momento de promover pruebas, debe dirigir esta actividad probatoria a llevar al proceso medios que tiendan a hacer contraprueba a los hechos alegados por el accionante, ya que no le está permitido probar aquellos hechos que vienen a configurar defensas o excepciones que requerían haberse alegado en su oportunidad procesal…

   En el caso sub júdice, a fin de configurar los supuestos de procedencia ante la confesión ficta, observa quien sentencia en cuanto al primero que refiere a que se tendrá por confeso al demandado cuanto éste no conteste la demanda dentro de los plazos indicados en el Código de Procedimiento Civil; observa que la accionada de autos no compareció en la oportunidad dispuesta a fin de producir su contestación tempestivamente, con lo cual es obligante declarar que el supuesto se satisfizo; en lo que respecta al segundo supuesto el cual señala que pretensión del demandante no sea contraria a derecho, observa quien sentencia que la pretensión de la accionante no es contraria a derecho, por cuanto persigue la satisfacción de un derecho que a bien debe demostrar. Por último el contumaz (demandado) nada probare que le favorezca, ello dentro del decursar de la articulación probatoria, en el caso del procedimiento breve, aplicable al caso, tal cual lo señala el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil que dispone que se entenderá la causa abierta a pruebas por diez días, tiempo en el cual el demandado bien puede promover o no pruebas, observando quien sentencia que en el sub júdice que la demandada, compareció y promovió como medios de pruebas voucher´s originales de depósitos, de conformidad con lo establecido en el artículo 889 del Código de procedimiento Civil que se encuentran insertos en el folio (21) del presente expediente: correspondientes los originales de vaucher de depósitos, Nros. 0045872411, 31338073, 36921937 y 39266439, de fechas 06/12/2007, 21/01/2001, 17/06/2008 y 13/08/2008, a las cuentas 0108-2420-61-0200144627 y 010580045310454014710, la primera en la entidad bancaria Banco Provincial y los siguientes en la entidad bancaria Banco Central, cuyo cuentahabiente funge M.M. y depositante O.P., por los montos 19,000,00.00, 9.900.000, 2100 y 6.000, todos en orden respectivo, con los cuales alega haber pagado la vivienda dada en arrendamiento con opción a compra. Teniéndose pues, que con base a las pruebas aportada forzosamente la accionada de autos trajo a las actas del proceso algo que le favoreciera. En consecuencia, no se logro configurar el tercer requisito a fin de que prosperara la Confesión Ficta. Por lo cual al no lograrse configurar en forma concomitante los requisitos a que dispone la norma, improcedente resulta declarar la confesión ficta en la presente causa. Y así se decide.

   Resuelto el punto anterior, pasa quien sentencia a pronunciarse sobre el fondo de la presente causa, y se tiene que la accionante de autos fundamente su pretensión en lo dispuesto en el artículo 34, literal “B” de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que dispone: “Sólo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado, cuando la acción se fundamente en cualesquiera de las siguientes causales: …Omisis… b) En la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble, o alguno de sus parientes consanguíneos dentro del segundo grado, o el hijo adoptivo…” (Resaltado del Tribunal).

   Sobre la necesidad de ocupación del inmueble arrendado, sostiene el Dr. G.G.Q., en su obra “Tratado de Derecho Arrendaticio Inmobiliario”, Página 218, señala: “... la necesidad no viene dada por razones económicas, sino de cualquier naturaleza que, en un momento dado, justifican de forma justa la procedencia del desalojo. Se trata de hechos o circunstancias que en determinado momento se traduce por justo motivo, que se demuestra indirectamente en el interés indudable del necesitado para ocupar ese inmueble y no otro en particular” por lo que el transcrito literal b) prevé como causal de desalojo justamente la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble.

   En virtud de lo cual, se tiene que la accionante alega mantener una relación arrendaticia verbal aproximadamente desde el año 2.005, con la demandada, situación que quedó debidamente demostrado en autos, según la testimonial rendida por el ciudadano S.R.U.P., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V-12.076.267, y qué de los recibos de pagos rielantes en los autos desde el folio 45 al 77, se evidencia regularidad de pagos, efectuados bajo el concepto de pago por canon de arrendamientos, que datan a los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, prueba que no fue desvirtuada y en consecuencia quien sentencia otorgó pleno valor probatorio todo su juicio, ahora bien en lo que respecta a la causal de desalojo por la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble, observa quien sentencia que la accionante de autos, a fin de probar la referida necesidad consignó como pruebas Informes Médicos, de fecha 03 de Noviembre de 2010 y 03 de Febrero de 2011, suscritos por el Dr. L.M.A.A., que rielan a los autos, el primero marcado con la letra “C”, folio siete (07) y el segundo al folio setenta y ocho (78); los cuales al no haberse dado el trato idóneo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Los documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni causantes de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial” (Resaltado del Tribunal). En consecuencia, al no haber comparecido a juicio el Dr. L.M.A.A., y rendir testimonial, la prueba carece de valor probatorio y en consiguiente desechada. Y así se decide.

   En virtud de las consideraciones de hecho y derecho antes explanadas, al no haber demostrado la demandante de autos, ciudadana R.I.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 2.571.381; de este domicilio, la necesidad de ocupación del inmueble dado en arrendamiento, de conformidad con lo dispuesto en el literal “B” del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, resulta forzoso para quien sentencia DECLARAR SIN LUGAR la acción por DESALOJO DE INMUEBLE incoada en contra de la ciudadana O.P.B., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 6.603.680; domiciliada en la calle 26, Barrio Corocito, Callejón Los Muerticos, Municipio Independencia, Estado Yaracuy, tal cual se dispondrá en la dispositiva. Y así se decida.

   - V -

   DISPOSITIVA

   Con fundamento a las consideraciones que anteceden, este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, COCOROTE, INDEPENDENCIA Y VEROES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR la presente demanda de DESALOJO DE INMUEBLE, intentada por la ciudadana R.I.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 2.571.381; de este domicilio; representada judicialmente por el Abogado M.Á.M.P., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO), bajo el N° 56.703., en contra de la ciudadana O.P.B., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 6.603.680; domiciliada en la calle 26, Barrio Corocito, Callejón Los Muerticos, Municipio Independencia, Estado Yaracuy, representada judicialmente por el Abogado F.S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO), bajo el N° 78.688.

Se condena en costas a la parte demandante por haber resultado perdidosa en el presente juicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes de la presente sentencia.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE,

Dado. Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, COCOROTE, INDEPENDENCIA Y VEROES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, a los Siete (07) días del mes de Junio del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

EL JUEZ,

ABG. C.A.R.A.

LA SECRETARIA,

ABG. C.L.G.A.

En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las 12:00 p.m.-

LA SECRETARIA,

ABG. C.L.G.A.

CARA/CLG

Exp. N° 2.481-10