Resolución Conjunta mediante la cual se establecen medidas para la promoción de las Pequeñas y Medianas Industrias, y sujetos del nuevo tejido productivo, en el acceso al Sistema de Contrataciones Públicas.-(Véase N° 6.360, Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
Los Ministros del Poder Popular de Planificación y de Economía y Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas,
Dictan la siguiente,
RESOLUCIÓN CONJUNTA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS, Y SUJETOS DEL NUEVO TEJIDO PRODUCTIVO, EN EL ACCESO AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
El Servicio Nacional de Contratistas procederá a la inscripción y habilitación en el Registro Nacional de Contratistas de las empresas con domicilio en la República Bolivariana de Venezuela, pequeñas y medianas industrias, y sujetos del nuevo tejido productivo que produzcan, comercialicen o distribuyan todo tipo de bienes o presten cualquier tipo de servicios, a partir del solo cumplimiento del requisito de prestar declaración jurada de no estar incurso en ninguna causal de inhabilitación, de que puede cumplir con los requisitos, condiciones y criterios de selección de las distintas modalidades de contratación y de su consentimiento a ser sometido a la verificación de las credenciales y documentos, así como a la publicidad de información de interés relativa a su capacidad para contratar con el Estado, en los términos del artículo 8 de la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas.
Efectuada ante el Servicio Nacional de Contrataciones la declaración jurada a que refiere el presente artículo, a través de los mecanismos tecnológicos dispuestos por dicho Servicio, se otorgará inmediatamente la inscripción y se emitirá el correspondiente comprobante, sin menoscabo de que la administración pueda requerirlos posteriormente, o realizar la verificación de su validez, en ejercicio de sus funciones de supervisión y control.
En el comprobante de inscripción deberá estar expresado, íntegramente transcrito, el artículo 10 de la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, formando parte del mismo.
En dichos procesos, los órganos y entes públicos participantes podrán firmar los acuerdos, contratos y alianzas estratégicas para la contratación directa de determinados bienes, insumos e implementos a pequeñas y medianas industrias y sujetos del nuevo tejido productivo.
En las respectivas convocatorias, la Comisión de Compras Centralizadas indicará las categorías o el listado de bienes, insumos e implementos objeto de adquisición, así como la caracterización específica que, dentro del respectivo sector o actividad, deberán detentar los participantes para ser considerados “pequeños o medianos actores económicos”.
En los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, si no fuere incompatible con la naturaleza de la contratación, los correspondientes pliegos, invitaciones, convocatorias o demás instrumentos contentivos de las reglas específicas del procedimiento, otorgarán un margen de ventaja de hasta veinticinco por ciento (25%) del precio, a fin de compensar las diferencias entre las economías de escala, privilegiando a las Pequeñas y Medianas empresas en la contratación, respecto de ofertas de empresas calificadas como grandes.
El Ministerio del Poder Popular de Planificación promoverá la redacción de formularios o modelos de pliegos, invitaciones, convocatorias y demás instrumentos contentivos de las reglas específicas del procedimiento, a fin de asegurar la unicidad y armonización de criterios.
En dicho caso, el precio de los bienes incorporados por el órgano o ente contratante no podrá ser computado como parte del precio del contrato y, si así se hubiere hecho, el mismo será descontado a los efectos del pago del precio del contrato.
Dicho anticipo deberá ser entregado al contratista en un plazo que no excederá de ocho (8) días hábiles contado a partir de la firma del respectivo contrato cuando se tratare de la adquisición de bienes o servicios, o de quince (15) días hábiles cuando el contrato es de obras.
El órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista que el anticipo a que refiere este artículo se sustituya de manera equivalente mediante la entrega de materia prima directamente a la unidad productiva contratada, observando los lapsos para pago del anticipo dispuestos en el encabezado.
• Cuando se trate de adquisición de bienes y prestación de servicios, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la suscripción del informe de control perceptivo;
• En el caso de la ejecución de obras, en un lapso que no excederá de veinte (20) días hábiles, a partir de la suscripción del acta de aceptación definitiva.
Comuniqúese y publíquese Por el Ejecutivo Nacional.
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