Resolución Conjunta mediante la cual se ocupa temporalmente, por un período de 180 días, incluyendo todos sus activos operacionales y sedes administrativas, ubicados en cualquier parte del territorio nacional, a la entidad AGA GAS, C.A., antes denominada AGA Venezolana, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 27 de Febrero de 1948, bajo el No.119, Tomo 1-B, Rif J-00038827-0 actualmente llevada por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, cuya modificación a su Denominación Social quedó registrada ante la citada Oficina de Registro Mercantil en fecha 28 de Diciembre de 1995, lo cual quedó anotado bajo el no. 27, Tomo 396-A Pro., cuya actividad económica incluye la manufactura y venta de nitrógeno líquido, que resulta indispensable para los diferentes procesos de la industria petrolera y petroquímica, y es...

 
CONTENIDO

Eduardo Piñate, Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, designado mediante Decreto Nº 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.419 de esa misma fecha, y Tareck El Aissami, Ministro del Poder Popular de Petróleo, designado mediante Decreto Nº 4.190 de fecha 27 de abril de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.531 Extraordinario de esa misma fecha, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 149 y el 500, numeral 2, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, actuado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 63 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001, en concordancia con el Decreto Nº 4.131 de fecha 19 de febrero de 2020, mediante el cual se declaró la emergencia energética de la industria de hidrocarburos, cuya vigencia fue extendida mediante el Decreto Nº 4.268, publicado en la Gaceta Oficial Nº 41.946 de fecha 19 de agosto de 2020,

VISTO

Que la Gaceta Oficial Nº 41.825 de fecha 19 de febrero de 2020 publicó el Decreto Nº 4.131, mediante el cual se declaró la emergencia energética de la industria de hidrocarburos, a los fines de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger la industria ante la agresión multiforme, externa e interna, que se ejecuta para afectar la producción y comercialización petrolera del país; y creó la Comisión Presidencial, con carácter temporal, denominada “Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional Alí Rodríguez Araque”, la cual tiene por objeto el diseño, supervisión, coordinación y reimpulso de todos los procesos productivos, jurídicos, administrativos, laborales y de comercialización de la industria petrolera pública nacional y sus actividades conexas, incluyendo a Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA) y la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP).

VISTO

Que la República Bolivariana de Venezuela continúa sometida a una agresión multiforme por parte de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América, la cual incluye diversas medidas coercitivas unilaterales e ilegales orientadas a destruir las capacidades productivas y de comercialización de la industria petrolera nacional, con el objeto de afectar la economía nacional y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano,

VISTO

Que el Estado tiene la obligación constitucional de adoptar todas las medidas a su alcance, a los fines de proteger al pueblo venezolano de la agresión de carácter criminal que se ejecuta desde el gobierno de los Estados Unidos de América, como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil de la República Bolivariana de Venezuela,

VISTO

Que la implementación del plan integrado dirigido a optimizar las capacidades de gestión administrativa, financiera y operativa de los procesos productivos desarrollados por las entidades del sector público en la industria del petróleo y sus derivados y actividades conexas ha generado resultados positivos en la operatividad y producción de las empresas que constituyen este sector de la economía nacional,

VISTO

Que la agresión multiforme, externa e interna, que maliciosamente se ejecuta para afectar la producción y comercialización de hidrocarburos, y sus derivados como la gasolina, en la República Bolivariana de Venezuela, incluye y adopta la forma de la actual negativa, por parte de la empresa privada nacional AGA GAS, C.A., para suministrar productos químicos que resultan esenciales para la transformación y producción de los hidrocarburos que requiere el pueblo venezolano y la Industria Petrolera Nacional; causando lesiones graves de difícil reparación a la colectividad,

VISTO

Que la empresa privada nacional AGA GAS, C.A., no está dando cumplimiento al objeto social descrito en sus Estatutos Sociales, al no suministrar el producto denominado nitrógeno líquido, afectando a sus trabajadores y afectando la continuidad operacional de PDVSA, sus filiales, PEQUIVEN y otras industrias del Estado venezolano,

RESUELVEN

PRIMERO: Ocupar temporalmente, por un período de 180 días, incluyendo todos sus activos operacionales y sedes administrativas, ubicados en cualquier parte del territorio nacional, a la entidad AGA GAS, C.A., antes denominada AGA Venezolana, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 27 de Febrero de 1948, bajo el Nº 119, Tomo 1-B, Rif J-00038827-0 actualmente llevada por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, cuya modificación a su Denominación Social quedó registrada ante la citada Oficina de Registro Mercantil en fecha 28 de Diciembre de 1995, lo cual quedó anotado bajo el no. 27, Tomo 396-A Pro., cuya actividad económica incluye la manufactura y venta de nitrógeno líquido, que resulta indispensable para los diferentes procesos de la industria petrolera y petroquímica, y es necesario para reiniciar las actividades productivas de gasolina para el consumo del pueblo venezolano.

SEGUNDO: Siendo que los representantes de la entidad AGA GAS, C.A. se niegan a suministrar nitrógeno líquido para estos procesos vitales para la continuidad operacional de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), sus filiales. Petroquímica de Venezuela, S.A., (PEQUIVEN) y otras industrias del Estado venezolano, se convoca a los trabajadores y trabajadoras de AGA GAS, C.A. y a sus organizaciones sindicales, para que en un plazo no mayor a dos (2) días continuos, contados a partir de la publicación de la presente Resolución, designen a sus representantes en la Junta Administradora Especial, la cual tendrá vigencia de 180 días, pudiendo ser prorrogada si las circunstancias debidamente comprobadas así lo ameriten, debiendo notificar inmediatamente al Ministro del Poder Popular de Petróleo y al Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de tal designación a los fines que se emita la correspondiente Resolución y su posterior publicación en la Gaceta Oficial.

TERCERO: La Junta Administradora Especial estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y trabajadoras, de los cuales uno de ellos o una de ellas la presidirá; y un representante del patrono o patrona, atendiendo a lo previsto en el artículo 149 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. En caso que el patrono o patrona decida no incorporarse a la Junta Administradora Especial, será sustituido por otro u otra representante de los trabajadores y trabajadoras. Queda entendido, de acuerdo a lo establecido en el artículo in comento, que en todo caso los trabajadores y las trabajadoras podrán solicitar al Estado la asistencia técnica que sea necesaria para la activación y recuperación de la capacidad productiva de la entidad de trabajo. Así mismo, de considerarse necesario, previa evaluación e informe y dependiendo de los requerimientos del proceso social de trabajo, se podrá incorporar a la Junta de Administración Especial una o un representante de Petróleos de Venezuela, S.A.

CUARTO: La Junta Administradora Especial para incorporar nuevo personal deberá presentar el requerimiento de forma motivada ante el ciudadano Ministro o Ministra del Poder Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad Social.

QUINTO: La Administración es indelegable, y para cumplir con la gestión encomendada, la Junta Administradora Especial deberá ejercer actos y negocios jurídicos propios de las actividades comerciales de la entidad de trabajo, dirigiendo todos sus esfuerzos a la obtención de los mejores resultados posibles, pudiendo realizar todas aquellas operaciones requeridas para lograr el objeto social, pero que no conlleven la transmisión, modificación o extinción de la situación jurídica patrimonial preexistente de la entidad de trabajo, ya que la gestión de la Junta Administradora Especial no abarca los actos de disposición, enajenación o gravamen de los activos fijos de la entidad de trabajo. Así, la Junta Administradora Especial tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

1) Efectuar el resguardo, administración y gestión de los bienes afectos al funcionamiento de la entidad de trabajo, en todos los eslabones de su cadena productiva y de distribución.

2) Ejercer la plena representación administrativa y judicial de la entidad de trabajo ante las entidades bancarias, órganos y entes públicos.

3) Revocar mandatos y otorgar poderes a abogados y abogadas para que ejerzan la representación judicial, los cuales serán conferidos sin facultades para conciliar, transigir o desistir, y en caso de ser necesario, deberá ser mediante la asistencia legal de un funcionario o funcionaría de la Dirección General para la Asesoría, Asistencia Legal y Defensa de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad Social.

4) Negociar y suscribir todo tipo de contrato relacionado con la adquisición de materia prima, repuestos industriales, así como lo inherente a la capacitación, asistencia técnica o de dirección en los distintos procesos productivos.

5) Tramitar y realizar la inscripción de la entidad de trabajo en registros, obtención de licencias, permisería, solvencias, autorizaciones y finiquitos que se requiera para el funcionamiento de las actividades productivas de la entidad de trabajo.

6) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, así como realizar los endosos y firmas de cheques girados contra dichas cuentas.

7) Aceptar, endosar y descontar pagarés, giros o letras de cambio, así como cualesquiera otros títulos valores.

8) Solicitar créditos ante entidades financieras y firmar los documentos correspondientes, previa aprobación en asamblea de trabajadores y trabajadoras de la entidad de trabajo.

9) Revisar y gestionar todo lo conducente a las cuentas por cobrar de la entidad de trabajo y emitir sus respectivos finiquitos. Así como, revisar y dar cumplimiento a las cuentas y efectos por pagar a proveedores y a terceros.

10) Requerir ante bancos y compañías de seguros el establecimiento de fianzas de fiel cumplimiento o de cualquier otro tipo para garantizar las obligaciones de la entidad de trabajo ante sus clientes.

11) Contratar con las diferentes empresas de seguros las pólizas del ramo que se requiera, previa aprobación en asamblea de trabajadores y trabajadoras de la entidad de trabajo.

12) Manejar las actividades contables, financieras y administrativas, elaboración de los informes y estados financieros de la entidad de trabajo.

13) Efectuar declaraciones, autoliquidación y pago de impuestos, tanto nacionales, como estadales o municipales y demás obligaciones que se generen, así como el cumplimiento de los deberes formales establecidos en el ordenamiento jurídico respecto a éstos.

14) Participar en procesos de contrataciones públicas relacionados con la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, así como suscribirlos actos y documentos pertinentes.

15) Negociar y suscribir en nombre de la entidad de trabajo todo tipo de contratos de prestación de servicios de mantenimiento, arrendamiento, comodato, relacionados con el negocio diario de la entidad de trabajo.

16) Elaborar y suministrar las estructuras de costos de los productos a los órganos y entes competentes.

17) Autorizar a los trabajadores y a las trabajadoras para que movilicen los vehículos que ameriten para realizar actividades propias del proceso social de trabajo

18) Relacionar los documentos referidos a la propiedad délos muebles e inmuebles de la entidad de trabajo.

19) Verificar las deudas existentes con los órganos y entes públicos en materia de impuestos, servicios básicos y aportes a la seguridad social.

20) Garantizar el cumplimiento de los derechos y beneficios establecidos en la Convención Colectiva del Trabajo

21) Determinar pasivos laborales adeudados hasta la fecha de instalación de la Junta Administradora Especial.

22) Actualizar, nómina y carga familiar délos trabajadores y trabajadoras de esa entidad de trabajo.

23) Las demás facultades y atribuciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la entidad de trabajo y la preservación délos puestos de trabajo.

Conjuntamente con la asamblea de trabajadores y trabajadoras, podrán:

  1. Llevar a cabo la política de personal, las condiciones de trabajo y remuneración.

  2. Velar por las condiciones de trabajo mediante un ambiente seguro y con garantía de cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)

  3. Elaborar y ejecutar el plan de auto formación, acorde con lo establecido en el Título “V” del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras

SEXTO: Los miembros de la Junta Administradora Especial, deben reunirse regularmente y en ejercicio de sus facultades, revisar y actualizar la información recibida, aprobar y orientar las medidas que sean pertinentes para la buena marcha de la entidad de trabajo. Asimismo, deberá convocar y realizar asamblea con los trabajadores y trabajadoras de la entidad de trabajo señalada, para informar y rendir cuentas a éstos; de cada una las asambleas realizadas se levantará acta la cual debe ser suscrita por los y las asistentes, y serán llevadas en orden cronológico.

SEPTIMO: La Junta Administradora Especial, dentro de los dos (02) días siguientes ala notificación de esta Resolución, deberá convocar y realizar una asamblea con los trabajadores y trabajadoras, a los fines de dar lectura de su texto y distribuir la mayor cantidad de copias a los trabajadores y trabajadoras; se levantará acta y se consignará, dentro de los cinco (05) días siguientes a su celebración, ante el Despacho del Ministro o la Ministra del Poder Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad Social y a la Dirección General de la Consultoría Jurídica, para ser anexada al correspondiente expediente administrativo.

OCTAVO: Los miembros de la Junta Administradora Especial, deberán remitir, mensualmente, al Despacho del Ministro o Ministra del Poder Popular con Competencia en Matena de Trabajo y Seguridad Social y ala Dirección General de Consultoría Jurídica, un informe de gestión con sus respectivos anexos.

NOVENO: La Junta Administradora Especial, deberá consignar ante el Despacho del Ministro o Ministra del Poder Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad Social y ala Dirección General de Consultoría Jurídica, dentro del lapso de un mes antes de vencerse su vigencia, un Informe de Gestión de la entidad AGA GAS, C.A., aprobado por la asamblea general de trabajadores y trabajadoras, contentivo de los pasivos laborales, nómina y carga familiar de los trabajadores y trabajadoras de esa entidad de trabajo; las deudas a los órganos y entes públicos en materia de impuestos, servicios básicos y aportes a la seguridad social; indicación de planes y ejecución de las actividades productivas y administrativas; el listado de deudores y acreedores; inventario de materias primas y de productos terminados; descripción del encadenamiento productivo; copia de la inspección realizada por la Unidad de Supervisión de este Ministerio donde se deje constancia del estado actual de los inmuebles y mobiliario relacionado directamente con el proceso productivo.

DÉCIMO: La Dirección General adscrita al Despacho el Viceministro para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y Seguridad Social de este Ministerio, deberá realizar, cada mes, inspecciones de seguimiento a la actividad productiva, a los fines de verificar su funcionamiento y las condiciones de trabajo, consignando el oíos informes pertinentes ante el Despacho del Ministro o Ministra del Poder Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad Social y a la Dirección General de Consultoría Jurídica.

DÉCIMO PRIMERO: Notificar al Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laboral (INPSASEL), a los efectos de instruirlas actuaciones conducentes para determinar las condiciones de higiene y seguridad laboral en la entidad de trabajo y afiance los términos y condiciones para la reactivación de la entidad de trabajo.

DÉCIMO SEGUNDO: Notificar al Servicio Autónomo de Registros y Notarías "SAREN" y al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, a los fines de que estampen las respectivas notas marginales sobre los registros de los bienes de la entidad de trabajo AGA GAS, C.A., y sobre cualquier otro que sea propiedad de los accionistas de la mencionada entidad de trabajo o de terceras personas, son necesarios para efectuar el proceso productivo integral de esta entidad de trabajo, que se notificarán con posterioridad. Cuando por razones de renovación o actualización tecnológica deba efectuarse algún acto de enajenación o afectación, que sea necesario para la garantía del proceso y la actividad productiva, se debe contar con la aprobación unánime por escrito de todos los miembros de la Junta Administradora Especial, la cual deberá ser consignada ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Miranda, con el propósito de considerar la existencia de suficiente elementos que confirmen y se autorice la enajenación o afectación de la propiedad, de la cual se notificará en el lapso de tres días hábiles al Despacho del Ministro o Ministra del Poder Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad Social.

DÉCIMO TERCERO: Notificar de la presente Resolución al:

Procurador General déla República.

Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda.

Gobernador del Estado Zulia

El Registrador o Registradora Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.

El Registrador o Registradora Público de la Circunscripción Judicial Estado Bolivariano de Miranda.

Al IVSS. INCES.

A Petróleos de Venezuela, S.A. AlaCANTV.

Al SENIAT. A1SNC.

DÉCIMO CUARTO: Notificar a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para que en caso de considerar que el presente acto administrativo vulnera o menoscaba sus derechos e intereses legítimos, interpongan el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad por ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dentro del lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir del día siguiente a su notificación, tal como lo prevé el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

DÉCIMO QUINTO: Atendiendo a lo previsto en el artículo 72 de la Ley orgánica de Procedimientos Administrativos y en la Ley de Publicaciones Oficiales, publíquese la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.