Decisión nº 10 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Noviembre de 2014

Improcedente la solicitud de nulidad y reposición de la causa hecha por los representantes judiciales de A.S.D.A.D..

Ratifica que subsisten las causas que dieron origen a que se decretara la interdicción del ciudadano S.A.D.A.D..

Ratifica que el ciudadano R.D.A.D. debe proceder a publicar en la forma prevista en los artículos 414 y 415 del Código Civil el decreto de interdicción provisional, de forma inmediata y consignando en el expediente la constancia de haber cumplido con ello.

CURATO: (sic) Se Ordena la Constitución del C.d.T. en el presente caso para lo cual se dispone oír a los familiares respecto a la composición que debe tener el mismo.

Se ordena al Tutor definitivo designado en fecha 28 de octubre del 2011, el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial R.D.A.D., una vez constituido el C.d.T., proceder sin dilación a la formación del inventario de los bienes del entredicho, su presentación al Tribunal y el aseguramiento de la tutela.

Se ordena al Tutor designado proceder a la solicitud y tramite del beneficio de inventario a favor del entredicho S.A.D.A.D., en la sucesión del ciudadano DE ARMAS HERNANDEZ, SALVADOR.

Por auto separado este Tribunal resolverá, conforme a la previsión del artículo 401 del Código Civil, sobre el lugar en el que debe ser cuidado el entredicho.

En cuaderno separado se proveerá sobre el aseguramiento de los bienes del entredicho.” (Copia textual).

2. - Escrito de solicitud de interdicción civil del entredicho A.S.D.A.D., interpuesto por la abogada C.D.D.C., en representación judicial del ciudadano R.D.A.D. (folios 18 y 19).

3. - Auto del 30 de noviembre del 2009, mediante el cual el tribunal de la causa instó a la parte solicitante a consignar instrumentos probatorios que demuestren su filiación (folio 20).

4. - Peritaje psiquiátrico forense, remitido por el Dr. N.M., Psiquiatra Forense, experto profesional especialista II de la Dirección de Evaluación y Diagnóstico Mental Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (folios 21 al 24).

5. - Comunicado de fecha 6 de junio del 2014, emitido por la Unidad de S.M., Centro Médico L.A. (folio 25).

6. - Informe médico del p.A.S.D.A.D., de fecha 28 de mayo del 2014, realizado en El Cedral sociedad médica, C.A., por el Dr. H.A.R. (folios 26 al 28).

7. - Sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de esta Circunscripción Judicial, del 1 de junio del 2011, mediante la cual se decretó la interdicción provisional del ciudadano A.S.d.A.D. (folios 29 al 32).

8. - Decisión del 28 de octubre del 2011, proferida por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual confirmó la sentencia dictada el 1 de junio del 2011 por el Juzgado de cognición, y decretó la interdicción definitiva del ciudadano S.A.D.A.D. (folios 33 al 48).

9. - Credencial otorgada el 2 de agosto del 2012 por el doctor V.M.D.S., Juez del Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de esta Circunscripción Judicial, en la que se designa al ciudadano R.D.A.D., como TUTOR PROVISIONAL del ciudadano A.S.D.A.D., por un lapso de noventa (90) días. (Folio 49).

10. - Credencial otorgada el 7 de noviembre del 2012 por el Juez V.M.D.S. del Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de esta Circunscripción Judicial al ciudadano R.D.A.D., como TUTOR DEFINITIVO del ciudadano A.S.D.A.D., por un lapso de noventa (90) días. (Folio 50).

11. - Providencias de fechas 31 de octubre del 2013, la primera, en la que el juzgado de conocimiento, vista la credencial por él conferida al ciudadano R.D.A.D. en fecha 7 de noviembre del 2012, negó expedirle una nueva, en razón que la misma fue concedida sólo por noventa (90) días, y señaló que “…siendo que hasta la presente fecha no se ha dado cabal cumplimiento a las formalidades establecidas en los artículos 414 y 415 del Código Civil…”; y en la segunda, del 6 de marzo del 2014, el juzgado de cognición, negó nuevamente la petición efectuada por el tutor definitivo en el sentido que se librara nueva credencial, pues al revisar el expediente, constató que se desprende de autos que la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue registrada el 10 de mayo del 2012 ante el Registro Público Segundo, Circuito del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, anotado bajo el Nº 13, Tomo 7, Protocolo Primero (folios 51 y 52).

12. - Escrito de solicitud de nulidad del nombramiento de tutor y reposición de la causa al estado que se dicte nueva sentencia, presentado por la abogada L.B.d.G., en su condición de apoderada judicial del ciudadano Á.S.D.A.D. (folios 53 al 64).

13. - Escrito de promoción de pruebas presentado por la abogada L.B.d.G., en su condición de apoderada judicial del ciudadano Á.S.D.A.D. (folios 65 al 97).

Lo anterior constituye, en opinión de quien decide, una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia.

MOTIVOS PARA DECIDIR

De la competencia.

Previo el análisis de fondo del presente recurso de apelación, considera esta juzgadora oportuno pronunciarse sobre su competencia o no para conocer del mismo.

Con la entrada en vigencia de la Resolución N° 2009-0006, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152, se modificó la competencia de los Tribunales de Municipio y de Primera Instancia. Para ello uno de los aspectos que consideró esa m.S., fue el exceso de trabajo de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, en virtud de la falta de revisión y ajuste de la competencia por la cuantía desde hace muchos años, por el conocimiento de los asuntos de Familia en los que no intervengan niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de la eliminación de los Juzgados de Parroquia, lo que incrementó su actuación como Juzgado de Alzada, y especialmente como consecuencia del gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria, lo que a criterio de la Sala, el cual compartimos; atenta contra la eficacia judicial, privando a los justiciables de la obtención de una verdadera tutela judicial efectiva que impone un Estado social de derecho y de justicia.

Así las cosas, el artículo 3 de la mencionada Resolución, establece lo siguiente:

Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida

subrayado nuestro.

En la parte final de la norma supra transcrita, se dejan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales, dentro de los cuales se encuentra la competencia atribuida en el articulo 69, literal B, numeral 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los Tribunales de Primera Instancia para conocer en segunda y última instancia de las causas e incidencias decididas por los Juzgados de Municipio, por cuanto el espíritu propósito y razón de la Sala al dictar dicha resolución, fue aligerar el exceso de trabajo existente en los Tribunales de Primera Instancia.

Igualmente el m.T.S.d.J. en su Sala de Casación Civil, Exp.: N° AA20-C-2008-000283, caso M.C.S.M., contra Edinver J.B.S., en fecha 10 de diciembre del 2009, con ocasión a un Juicio de Desalojo, intentado ante el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, estableció que las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las decisiones proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial a la que pertenece el Juzgado de Municipio.

Así las cosas, con apego estricto a la Resolución N° 2009-0006, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo del 2009, y a la decisión de fecha 10 de diciembre del mismo año, está última dictada por la Sala de Casación Civil, de nuestro m.T., considera que son los Tribunales Superiores los competentes para conocer y decidir en alzada, aquellas causas que se tramitan en los Tribunales de Municipio, esto a partir y en virtud de la entrada en vigencia de la prenombrada Resolución.

En el mismo orden de ideas y a tenor de lo que establece el artículo 4 de la predicha Resolución, estas modificaciones comenzarán a surtir sus efectos, a partir de su entrada en vigencia, no afectando el conocimiento y el trámite de los asuntos en curso, sino únicamente los asuntos nuevos que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia.

Por lo antes expuesto, y en virtud de que la demanda que hoy nos ocupa fue admitida el 30 de noviembre del 2009, posterior a la entrada en vigencia de la mencionada Resolución esta Juzgadora se considera competente para conocer y decidir de la misma. Así se decide.

De la decisión apelada.

El juzgado de la causa declaró: I) Improcedente la solicitud de nulidad y reposición de la causa efectuada por la abogada L.B.d.G., co-apoderada del ciudadano Á.S.D.A.D.; II) ratificó la subsistencia de las causas que dieron origen al decreto a la interdicción del ciudadano S.A.D.A.D.; III) ratificó que el ciudadano R.D.A.D. debería proceder a publicar en la forma prevista en los artículos 414 y 415 del Código Civil, el decreto de interdicción provisional, dejando constancia de ello en el expediente; IV) ordenó la constitución del C.d.T., para lo cual dispuso oír a los familiares respecto a la composición que debe tener el mismo; V) ordenó al tutor definitivo designado el 28 de octubre del 2011 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, R.D.A.D., una vez constituido el C.d.T., proceder sin dilación, a la formación del inventario de los bienes del entredicho, su presentación al Tribunal y el aseguramiento de la tutela. VI) Ordenó al Tutor designado proceder a la solicitud y trámite del beneficio de inventario a favor del entredicho S.A.D.A.D., en la sucesión del ciudadano S.D.A.H.. VII) Acordó que por auto separado se resolvería conforme a la previsión del artículo 401 del Código Civil, sobre el lugar en el que debe ser cuidado el entredicho; y, en cuaderno separado se proveería sobre el aseguramiento de los bienes del entredicho.

En el escrito de informes presentado ante esta alzada, la representación judicial del ciudadano R.D.A.D., adujo: que la solicitud de interdicción del ciudadano S.A.D.A.D., fue tramitada de conformidad con lo previsto en el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil; para lo cual se promovieron y evacuaron las pruebas pertinentes a los fines de su declaratoria. Que la parte apelante, no aportó ningún elemento probatorio a los fines de corroborar los alegatos expuestos en el escrito de solicitud presentado el 14 de abril del 2014, que dio origen a la presente incidencia, en el que pide la destitución del ciudadano R.D.A.D. como tutor del entredicho S.A.; que sólo consignaron copias de actos jurídicos que nada tienen que ver con la situación psiquiátrica en la cual se encuentra el entredicho, ni aportan elementos adecuados para el presente proceso. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, pidieron se abra una incidencia disciplinaria a los fines de determinar la falta de lealtad y probidad de la abogada L.B.d.G.; y se declare sin lugar la apelación interpuesta.

En la misma fecha (30 de septiembre del 2014), las abogadas L.B. y R.M.L., en su condición de apoderadas judiciales del ciudadano Á.S.D.A.D., alegaron: Que la actividad desarrollada por el tutor R.D.A.D., ha sido irregular por cuanto no ha protocolizado la tutela provisional de conformidad con lo establecido en el artículo 414 del Código Civil; que no ha dado cumplimiento con el discernimiento de la tutela, lo cual fue ordenado por la sentencia proferida el 28/11/2011 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial. Que su incumplimiento tuvo como consecuencia la negativa de credencial por parte del a quo (folios 49, 51 y 52). Que el tutor, a lo único que se ha dedicado es “a realizar actos de disposición…del paquete accionario que en derecho corresponde al sujeto a interdicción”. Que una persona que actúa de la forma en que lo hizo el ciudadano R.D.A.D., no puede ser tutor, pues en fecha 21/12/2009, a los veinticuatro (24) días de haber solicitado la interdicción de S.A.D.A.D., el prenombrado ciudadano (folios 68 al 70), procedió a la celebración de asambleas de accionistas sin convocatoria en prensa, en violación del derecho de preferencia de los accionistas y sin que concurriera a ellas el 100% del capital social, es decir, sin la presencia de los accionistas S.A.D.A.D. (entredicho) y del ciudadano Á.S.D.A.D.; las cuales se celebraron en fechas 21/12/2009, 17/02/2010 y 16/09/2010, para lo cual invocaron el contenido del artículo 277 del Código de Comercio. Que dichas asambleas constituyeron actos preparatorios para la venta de tres mil (3.000) acciones del capital social de la empresa CONTINENTAL DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES C.A. (C.I.C.C.A.), a la sociedad de comercio INVERSIONES ANDAR 2004 C.A. Que los actos del tutor no contaron con la autorización del juzgado de la causa. Solicitaron se declare con lugar la apelación; se ordene el nombramiento de un tutor interino al entredicho S.A.D.A.D.; y se deje sin efecto la orden contenida en la sentencia apelada, en la que se ordena al tutor solventar las fallas procesales de actos no cumplidos, “porque la decisión de instancia esta (sic) informando a un tutor irresponsable, luego de pasados casi tres (3) años, que ha debido constituirse el C.d.T. y de esta manera ordenar que realice ahora, lo que no hizo, ni ha hecho, en casi tres años”.

Para decidir, se observa:

A los fines de resolver el asunto sometido a revisión ante esta alzada, considera esta juzgadora, necesario disertar doctrinaria y legalmente sobre el procedimiento establecido por el legislador sobre la tutela, en los siguientes términos:

La tutela es la institución de protección de las personas que no se encuentran bajo la patria potestad de nadie, pero que requieren representación legal y protección de algún interés no patrimonial. También se entiende por tutela, el cargo, la función o la actividad propia del tutor. El artículo 397 del Código Civil Venezolano, regula la tutela del entredicho por defecto intelectual que se rige por las disposiciones relativas a la tutela ordinaria de menores, en cuanto éstas sean adaptables a la naturaleza de aquélla. La primera obligación del tutor será cuidar que el entredicho adquiera o recobre su capacidad, y a este objeto se han de aplicar principalmente los productos de sus bienes, por ello el tutor debe tomar en cuenta las obligaciones que le impone el ejercicio de la tutela y que se encuentran consagradas en los artículos 347 al 381 del Código Civil Venezolano.

El Código Civil, establece en los artículos 336, 351, 352, 353, 354, 355 y 357, lo siguiente:

Artículo 336.- El tutor no podrá entrar en el ejercicio de la tutela si no hay protutor, y no habiéndolo, el tutor deberá promover inmediatamente su nombramiento

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Artículo 351.- El tutor, dentro de diez días de estar en conocimiento de su llamamiento, procederá a la formación del inventario de los bienes del menor, con la intervención del C.d.T.. El inventario deberá terminarse dentro de treinta días, pero el Juez podrá prorrogar este término si las circunstancias lo exigieren

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Artículo 352.- El inventario lo harán el tutor el protutor y los miembros del C.d.T., sin necesidad de asistencia del Juez. Si hubiere que inventariar bienes situados en distintos lugares, el Tribunal dará comisión al Juez local para que constituya un C.A.d.T. y reciba y envíe el inventario formado

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Artículo 353.- El inventario debe indicar los muebles, créditos, deudas, escrituras, papeles y notas relativas a la situación activa y pasiva del menor, y designar también los inmuebles. La estimación de los muebles y la descripción del estado de los inmuebles y su valor, por lo menos aproximado, se harán en todo caso

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Artículo 354.- Si hubiere en el patrimonio del menor establecimientos de comercio o industria, se procederá a su inventario, según las formas usuales, con intervención de las demás personas que el C.d.T. crea conveniente llamar

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Artículo 355.- El inventario se consignará en el Tribunal que ejerce la jurisdicción ordinaria, o en el comisionado, por las personas encargadas de formarlo, quienes jurarán haberlo practicado con exactitud, haciéndose constar esta circunstancia

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Artículo 357.- Los respectivos Jueces de Primera Instancia, de Departamento, de Distrito y de Parroquia o Municipio, cada uno en su caso, obligarán a los tutores, protutores y miembros del C.d.T., a cumplir con los deberes que les imponen los artículos 351, 352, 353, 354 y 355, bajo multas no menores de cien bolívares por cada falta. La autoridad que sea remisa en el cumplimiento de este deber, será responsable de los perjuicios

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Ahora bien, corresponde analizar las disposiciones contenidas en los artículos 360, 370, 371, 400, 402 y 413 del Código Civil, los cuales son del tenor siguiente:

Artículo 360.- Concluido el inventario, el tutor que no sea abuelo o abuela, debe dar caución real o personal. El Juez determinará la cantidad por la cual se ha de dar la caución. Para constituir la caución real deberá el Tribunal hacer acreditar la propiedad y suficiencia de la finca, expresándose los gravámenes que tenga; y para constituir la caución personal, deberá hacer acreditar que quien ofrece la fianza reúne los requisitos legales.

Cuando el tutor no ofreciere otro género de caución, el C.d.T. determinará los bienes de aquél sobre los cuales se debe constituir la hipoteca; y si, en el mismo caso, no tuviere el tutor bienes suficientes, se procederá al nombramiento de otro.

Artículo 370.- Ni el tutor ni el protutor pueden comprar bienes del menor ni tomarlos en arrendamiento, ni hacerse cesionarios de créditos ni derechos contra él.

Mientras ejerzan sus cargos, tampoco pueden adquirir de terceras personas los bienes del menor que hubieren enajenado

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Artículo 371.- Al pedir la autorización judicial de que tratan los artículos anteriores, deberán comprobarse plenamente los hechos que demuestren la evidente necesidad o utilidad del menor. Podrá el Juez pedir, además, los otros datos que estime necesarios y aún exigir, cuando sea conducente, la presentación del inventario de los bienes del menor y la demostración del estado actual de ellos.

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Artículo 400.- El cónyuge, el padre y la madre no necesitan discernimiento para ejercer el cargo de tutores, ni están obligados a prestar caución ni a presentar los estados anuales a que se refiere el artículo 377.

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Artículo 402.- Nadie estará obligado a continuar en la tutela del entredicho por mas de diez años, con excepción de los cónyuges, ascendientes o descendientes.”

Artículo 413.- Los discernimientos del cargo de tutor o curador deberán protocolizarse en el Registro Público de la jurisdicción del domicilio del menor o del entredicho para el momento de la apertura de la tutela o curatela, dentro de quince días a contar desde que el nombrado entre en ejercicio de sus funciones. El discernimiento debe contener:

1º El nombre, apellido, edad y domicilio de la persona sujeta a la tutela o curatela; y

2º El nombre, apellido, edad y domicilio del tutor y protutor, o del curador; debe hacerse mención del título que confiera la cualidad del tutor, protutor o curador y de que han sido cumplidas todas las formalidades legales para el ejercicio del cargo

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Juzga quien decide, que conforme a las disposiciones legales antes transcritas, para que una persona designada como tutor definitivo pueda ejercer el cargo de tutor, se requiere que, de acuerdo con el artículo 413 del Código Civil in fine “hayan sido cumplidas todas las formalidades legales para el ejercicio del cargo” y el Tribunal haya otorgado “discernimiento” al tutor; tal discernimiento del cargo, es, según los doctrinarios E.C. y A.D., “el acto procesal emanado del juez que habilita a una persona para desempeñar un cometido, tal como la tutela o la curatela”, y “el discernimiento es el acto por el cual se constituye solemnemente el tutor y se enumeran sus funciones legales. Es por decirlo así, el título, el poder, la credencial de su nombramiento, expedido por el juez”. Es de resaltar, que previo al otorgamiento del discernimiento, corresponde al juez a cargo del Juzgado ante el cual se interpuso la solicitud de interdicción, ordenar, en ejecución del fallo (una vez que haya quedado firme), la constitución del C.d.T. conforme lo establecido en los artículos 324 y 325 del Código Civil.

Con relación a las formalidades legales para el ejercicio del cargo de tutor, el autor F.H.V. en su obra denominada “DERECHO CIVIL I”, página 371, señala lo siguiente:

…FORMALIDADES PREVIAS AL EJERCICIO DE LA TUTELA. Dichas formalidades son las siguiente: a) Que el pupilo tenga protutor; b) Que se forme y consigne en el Tribunal el inventario de los bienes del menor; c) Que se constituyan las garantías necesarias a los fines de asegurar las resultas de la administración, de los bienes del menor. Esto es, la constitución por el tutor de las garantías necesarias para asegurar el buen cumplimiento de sus funciones; y d) Que se produzca el discernimiento del cargo de tutor. El cumplimiento de los mencionados requisitos no puede ser dispensado, salvo que el tutor sea abuelo del menor en cuyo caso la propia ley señala la no necesidad del discernimiento del cargo (Art. 312 CC) y la no necesidad de constituir garantías (Art.360 CC)

.

El discernimiento debe hacer “mención del título que confiera la cualidad de tutor” y “que han sido cumplidas todas las formalidades legales para el ejercicio del cargo”. El discernimiento del cargo de tutor debe protocolizarse en el Registro Público de la jurisdicción del domicilio del menor dentro de los quince días a contar desde que el nombrado entre en ejercicio de sus funciones (artículo 413 del Código Civil) y publicarse por la prensa, dentro de los quince días después de esa fecha. Cumplido este requisito, el juzgado de conocimiento, procederá en ejecución del fallo que decretó la interdicción definitiva, a constituir el c.d.t. de acuerdo con las previsiones del artículo 325 del Código Civil y una vez constituido se procederá al nombramiento del protutor para que pueda el tutor designado cumplir con las formalidades previas y necesarias (consignar el inventario y constituir garantía), para que se libre el discernimiento correspondiente.

Por su parte la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 00333 del 23 de julio del 2003, dejó sentado que:

…omissis…

Por consiguiente, la Sala reitera el precedente jurisprudencial y establece que la parte recurrente se conformó con el fallo de primera instancia, por no haber ejercido apelación contra éste, lo cual evidencia su falta de interés y legitimación para impugnar la decisión dictada por el juez superior, la cual confirmó el fallo que no tuvo intención de recurrir.

Por otra parte, constata que en las diferentes actuaciones del proceso el recurrente demuestra su conformidad con la interdicción decretada, que es el pronunciamiento revisable en casación, y sólo discute el nombramiento del tutor recaído en la hija de la persona declarada entredicha, pues afirma que le corresponde ese cargo por su condición de cónyuge, de conformidad con lo previsto en el 398 del Código Civil.

…

En todo caso de nombramiento del tutor definitivo y su suplente, el legislador estableció el mecanismo adecuado en beneficio de las partes, como lo es la oposición prevista y regulada en los artículos 726 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y firme el nombramiento hecho, la posterior solicitud de remoción, conforme a lo pautado en el artículo 781 eiusdem.

En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala estima que el recurrente carece de legitimidad para impugnar la declaratoria de interdicción decretada. Por consiguiente, declara inadmisible el presente recurso de casación. Así se establece

.

Ahora bien, de lo expuesto con anterioridad, considera quien decide, que a tenor de lo dispuesto por la doctrina y la jurisprudencia, transcritas supra, la presente causa se encuentra en etapa de ejecución del fallo proferido el 28 de octubre del 2011 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que decretó la interdicción definitiva del ciudadano S.A.D.A.D., y designó como tutor definitivo al ciudadano R.D.A.D., dadas las actuaciones del a quo cursantes a los folios 49 al 52 del presente expediente; etapa, se insiste, que consiste en ordenar la constitución del C.d.T. de acuerdo con lo previsto por el legislador en el artículo 325 del Código Civil, y una vez constituido, se procederá al nombramiento del protutor para que pueda el tutor designado cumplir con las formalidades previas y necesarias (consignar el inventario y constituir garantía), para que se libre el discernimiento correspondiente. Así se decide.

Siendo ello así, y en virtud que no se ha dado cumplimiento con la constitución del C.d.T., el tutor no ha entrado a ejercer su cargo conforme lo dispone el legislador, de lo que se infiere que mal puede la representación judicial del ciudadano Á.S.D.A.D., impugnar las actuaciones del tutor definitivo del entredicho S.A.D.A.D., ciudadano R.D.A.D., quien a pesar de su designación como tutor definitivo del entredicho, para que pueda expresamente comenzar en sus funciones debe previamente cumplir con los requerimientos que la Ley exige para el ejercicio del cargo y que han sido mencionados en la presente decisión. Así se decide.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al juez a valorar todas las pruebas cursantes en autos, considera esta alzada inoficioso valorar las pruebas que cursan en el expediente, en virtud del pronunciamiento aquí realizado. Así se establece.

Por último, con relación a lo peticionado por el abogado FRANCRIS P.G., en su condición de co-apoderado judicial del ciudadano R.D.A.D., relativo a que se abra una incidencia disciplinaria a los fines de determinar la falta de lealtad y probidad de la abogada L.B.d.G. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil; juzga quien sentencia, que la conducta desplegada por la profesional del derecho arriba mencionada, no da lugar a sanción alguna por parte de quien suscribe; en consecuencia, se niega lo peticionado por el co-apoderado del solicitante. Y así se decide.-

Corolario de lo anterior, juzga este ad quem, que actuó ajustado a derecho el juzgado de la causa al declarar improcedente la solicitud de nulidad del nombramiento del tutor definitivo, y reposición de la causa hecha por la representación judicial del ciudadano Á.S.D.A.D.; en consecuencia, es forzoso para esta alzada confirmar en todas sus partes la recurrida y declarar sin lugar la apelación, y así se resolverá en la sección dispositiva de esta sentencia.

DECISIÓN

Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 8 de julio del 2014 por la abogada L.B.d.G., en su condición de co-apoderada judicial del ciudadano Á.S.D.A.D., contra la sentencia dictada el 3 de julio del 2014 por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO.- Se CONFIRMA en todas sus partes el fallo proferido el 3 de julio del 2014 por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

No ha lugar a costas, por ser la presente causa materia del estado civil y capacidad de las personas.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los trece (13) días del mes de noviembre del dos mil catorce (2014).- Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.-

LA JUEZA,

Dra. M.F. TORRES TORRES

LA SECRETARIA,

Abg. E.M.L.R.

En la misma fecha 13/11/2014, siendo las 3:05 p.m., se publicó y registró la anterior decisión constante de dieciocho (18) páginas.

LA SECRETARIA,

Abg. E.M.L.R.

Expediente Nº AP71-R-2014-000848/6.729

MFTT/EMLR/cs.-

Sentencia Interlocutoria.