Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 18 de Febrero de 2015

De la indemnización por la Responsabilidad Subjetiva reclamada (art. 130, numeral 4 LOPCYMAT):

Se observa que la actora reclama la cantidad de Bs. 252. 679,99 por concepto de la indemnización prevista en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), en su numeral 4.

Al respecto, la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que es requisito sine qua non para la procedencia de cualquier indemnización por daños materiales o morales derivados de enfermedad ocupacional, que la enfermedad o estado patológico padecido por el trabajador haya sido contraído con ocasión del trabajo o por exposición al medio ambiente de trabajo para lo cual será indispensable establecer la relación de causalidad entre la prestación de servicios -considerando las condiciones en que se realizaba- y la aparición de la enfermedad. En cuanto a este requisito de procedencia, la doctrina jurisprudencial de la Sala dejó sentado en Sentencia Nº 505 del 17 de mayo de 2005 (caso: Á.A.C. contra Sociedad Mercantil Costa Norte Construcciones, C.A.) lo siguiente:

…La relación de causalidad, es pues una cuestión de orden físico material, más que jurídico, se trata de saber si un daño es consecuencia de un hecho anterior y para su estudio es necesario definir los conceptos de causa, concausa y condición. En este orden de ideas, la causa, es el origen, antecedente o fundamento de algo que ocurre, es el hecho que ocasiona algo, una cosa o acontecimiento que puede producir uno o más efectos; la concausa, es aquello que actuando conjuntamente con una determinada causa, contribuye a calificar el efecto, es un estado o circunstancia independiente que actúa con la causa, que puede ser preexistente, concomitante o sobreviviente…

posteriormente señala: “…para definir la relación de causalidad que debe existir entre la enfermedad y el trabajo realizado, a efecto de que pueda ordenarse la indemnización correspondiente, es menester considerar como causa sólo la que mayor incidencia ha tenido en la génesis del daño (ésta sería la causa principal) y considerar o llamar concausa a otras causas o condiciones que han influido en la producción y la evolución del daño. Es así, que serían causa las condiciones y medio ambiente del trabajo (si es que fueron el principal desencadenante de la lesión) y concausa la predisposición del trabajador a contraer la enfermedad...”

En este sentido, se hace necesario tener en cuenta si la causa incriminada (las condiciones de prestación del servicio) es capaz de provocar el daño denunciado y en caso de producirse una complicación evolutiva, poder establecer si alguna otra causa (concausa), alteró esa evolución, de esta manera el juez podrá decidir si hubo o no vinculación causal o concausal con las tareas realizadas por un trabajador; determinar dicha vinculación resulta indispensable, pues no resultará indemnizable el daño sufrido por el trabajador ocasionado conjuntamente por la tarea realizada y por la acción de una concausa preexistente, en la medida en que esta última (concausa) haya incidido.

En el caso de autos, quedó demostrado que la actora sufrió una enfermedad que consiste en 1.- LUMBOCIATALGIA IZQUIERDA ASOCIADA A PARESTESIAS EN DICHO MIEMBRO PRODUCTO DE ESPONDILOLISTESIS L5-S1 GRADO I-II / IV TIPO ANTEROLISTESIS SIN ESPONDILOLISIS APARENTE. 2.- DISCOPATIA HERNIADAS L4-L5 Y L-5-S´1 CON INDICACIÓN QUIRURGICA, considerada como una enfermedad agravada por el trabajo que le ocasionan al trabajador una DISCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE, tal como lo estableció el INPSASEL conforme al Certificado de fecha 20 de marzo del año 2013, sin embargo, se hace necesario establecer si en el presente acaso se configuró el hecho ilícito.

Al respecto, de la revisión de las actas procesales y de las pruebas aportadas por la parte actora y en virtud de que se consideran contradichos los hechos dado los privilegios y prerrogativas procesales del ente demandado, no se desprende medio de prueba alguno tendente a establecer el hecho ilícito de la demandada en la actividad desempeñada en específico por el actor, es decir no existen elementos de prueba que permitan concluir que la entidad de trabajo demandada incumplió las normas sobres seguridad e higiene en el trabajo en el área específica en que laboraba la parte actora (las cuales quedaron suficientemente especificadas tanto en el certificado de Inpsasel como en el acta de investigación de la enfermedad en documentales cursantes a los autos) y si así fuera, ello lo que demostraría es el incumplimiento del patrono de normas de seguridad e higiene en el trabajo pero no el hecho ilícito en la ocurrencia de la enfermedad, ni que la enfermedad se haya generado como consecuencia de esa inobservancia, por el contrario, fue demostrado que la parte actora padeció de una enfermedad que se agravo con la prestación del servicio concatenado con las labores que realizaba en el centro de trabajo, en razón de lo expuesto, no se logró determinar el nexo causal entre el trabajo prestado y la lesión producida (relación de causalidad), Y así se declara.

En consecuencia, del análisis de las actas se evidencia, que aunque está plenamente comprobada la relación de causalidad entre la enfermedad presentada por el actor y la actividad que ésta desempeñaba, por lo que no hay duda del origen profesional de las mismas, no ocurre lo mismo con el nexo causal que debe existir entre la enfermedad y el incumplimiento de las reglas de seguridad e higiene en el trabajo por parte del patrono en la actividad que en específico realizaba el actor, que en definitiva es lo que haría prosperar el pago de la indemnización in commento, en consecuencia, al no estar demostrada la responsabilidad subjetiva de la demandada, el reclamo de la indemnizaciones previstas en el cardinal 4 del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, se declara IMPROCEDENTE. Así se decide.

En cuanto a la indemnización por Daño Moral También ha reclamado la parte demandante la cantidad de Bs. 50.000,oo por indemnización del daño moral que refiere padecido con ocasión del infortunio laboral denunciado.

Al respecto se hace conveniente citar Sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de justicia (Caso OSMER R.M.S. y R.M.H.R., contra la sociedad mercantil CINDU DE VENEZUELA) de fecha 05 de noviembre del año 2010, en la cual se estableció lo siguiente:

“…Pues bien, ha sido criterio de esta Sala de Casación Social que “el daño moral tipificado en la Ley Orgánica del Trabajo debe condenarse no sólo porque el patrono haya incurrido en culpa, sino en aplicación de la teoría de la responsabilidad objetiva, la cual se traduce en la obligación del patrono de reparar el daño causado por el accidente de trabajo o enfermedad padecida por el trabajador prestando sus servicios a la empresa”, es decir, que aun y cuando las indemnizaciones por responsabilidad subjetiva sean declaradas improcedentes, subsiste la procedencia del daño moral por la responsabilidad objetiva del patrono, por consiguiente con relación a este punto no incurrió la sentencia recurrida en el vicio delatado…” (Subrayado y negrita de este Juzgado).

Asimismo, respecto de la procedencia de la indemnización del daño moral causado por infortunios laborales, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se ha encargado de delinear una sólida doctrina según la cual la obligación de reparar dicho daño tiene su fundamento en la teoría del riesgo profesional o régimen de responsabilidad objetiva del empleador, según la cual el patrono debe responder e indemnizar el daño moral que se hubiere causado al trabajador por los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, provengan del servicio mismo o con ocasión del mismo, aunque no haya imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos por parte de la empresa o de los trabajadores, pero con mayor justificación cuando tal daño sea producto de algún ilícito civil de la parte patronal.

Para ello la Sala estableció que al decidirse una reclamación por concepto de daño moral, el sentenciador, necesariamente, ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación de la ley y la equidad, analizando para ello los aspectos establecidos en sentencia N° 144 del 07 de marzo de 2002 (caso: José Francisco Tesorero Yánez, contra la empresa Hilados Flexilón, S.A.), referidos a: a) la entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura del reclamante; e) posición social y económica del reclamante; f) capacidad económica de la parte accionada; g) las posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último, i) referencias pecuniarias estimadas por el juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto, por lo que de seguidas se pasa a analizar los siguientes parámetros:

1. En cuanto al daño físico y psíquico sufrido por el actor (escala de los sufrimientos morales): Siguiendo el criterio establecido para la estimación y cuantificación del daño moral, esta Juzgadora observa que en el caso bajo estudio que el daño físico sufrido por la actora lo constituye el hecho de presentar LUMBOCIATALGIA IZQUIERDA ASOCIADA A PARESTESIAS EN DICHO MIEMBRO PRODUCTO DE ESPONDILOLISTESIS L5-S1 GRADO I-II / IV TIPO ANTEROLISTESIS SIN ESPONDILOLISIS APARENTE. 2.- DISCOPATIA HERNIADAS L4-L5 Y L-5-S´1 CON INDICACIÓN QUIRURGICA, considerada como una enfermedad agravada por el trabajo que le ocasionan al extrabajador una DISCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE, tal como lo estableció el INPSASEL conforme al Certificado de fecha 20 de marzo del año 2013. La lesión padecida que evidentemente le afectó en su estado emocional, al verse dificultado en sus maniobras o movimientos.

2. En cuanto al grado de culpabilidad del accionado: Del acta de investigación del INPSASEL quedó acreditado que la demandada incurrió en algunas violaciones de normas de seguridad y salud en el trabajo precedentemente señaladas, asimismo se desprende que la entidad de trabajo cumple con ciertas obligaciones en establecidas en la Lopcymat, como de la existencia del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que inscribió al trabajador en el IVSS el 25-03-2007, que entregó documento donde notificó los riesgos al actor, que se le hizo entrega de equipos de protección personal.

3. En relación con la conducta de la víctima: esta Juzgadora aprecia de las pruebas cursantes en autos que no se desprende que la actora hubiere actuado en forma negligente o imprudente en el padecimiento de la enfermedad, por el contrario se desprende de las actuaciones que se trata de una enfermedad agravada por el trabajo, además de no haber ningún indicio que indique ánimo del actor en ocasionarse voluntariamente la enfermedad.

4. Respecto del grado de educación y cultura de la víctima: Al folio 156 se verifica que la parte actora señaló que posee quinto año de bachillerato aprobado y por el cargo de chofer de mezclador desempeñado en la entidad de trabajo demandada, es posible establecer que tiene una condición económica modesta.

5. En cuanto a la capacidad económica y condición social de la reclamante: Quedó demostrado a los autos que por el cargo desempeñado en la sede de la demandada, recibía un salario modesto, lo que demuestra su capacidad económica y la condición social de la parte actora.

6. Con respecto a la capacidad económica de la accionada: No consta en autos la capacidad económica de la empresa, sin embargo se evidencia del documento relativo a la investigación del origen de la enfermedad de Inpsasel, que la entidad de trabajo demandada pose una nómina de 30 trabajadores (folio 157), lo que la hace presumir que posee activos suficientes para cubrir la indemnización que se acuerde.

7. Respecto a los posibles atenuantes a favor del responsable: No se evidencia que la demandada haya proporcionado asistencia médica. Se toma como atenuante la inscripción del extrabajador ante el IVSS.

8. El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la victima para ocupar una situación similar a la anterior a la enfermedad ocupacional:

   Debe tomarse en consideración que aún cuando la indemnización del daño moral no esta destinada a la reparación de daños materiales, se considera equitativo que la indemnización que debe asumir la demandada contribuya -en alguna medida- a reparar los gastos que debe haber soportado la parte actora con motivo de la patología que padece, tales como los causados por el acceso a la asistencia médica y tratamiento medicinal.

9. Referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización que considere equitativa y justa para el caso concreto:

   En atención a las referencias pecuniarias estimadas en casos semejantes, se estima prudencialmente a favor de la parte actora en base a la lesión física por la enfermedad ocupacional que se traducen en una discapacidad parcial y permanente para el trabajo con la exigencia física, por concepto de Daño Moral la cantidad de Bs. SESENTA MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 60.000,oo). Y así se decide.-

En cuanto a la indemnización por Daño Emergente También ha reclamado la parte demandante la cantidad de Bs. 158.640,00 por indemnización del daño emergente que refiere padecido con ocasión del infortunio laboral denunciado. Al respecto, de la revisión del acervo probatorio aportado por la parte actora, consistentes en presupuesto médico emitido por el centro médico asistencial, observa esta juzgadora que las mismas fueron desestimadas, no confiriéndoles valor probatorio alguno, toda vez que no se cumplió con el requisito de su ratificación por parte del organismo emisor de las mismas, por lo que al no existir mas pruebas que sustenten los alegatos esgrimidos por la accionante para la procedencia de este concepto, debe declarar esta juzgadora improcedente las cantidades demandadas por concepto de Daño Emergente. Además, de insistir que era carga de la parte actora demostrar que el infortunio laboral se produjo por el hecho ilícito de la parte patronal; lo cual como ya se estableció la accionante no llegó a patentizar dicha situación, es decir, no demostró el hecho ilícito, por lo cual, resulta IMPROCEDENTE la suma peticionada por concepto de daño emergente. Y Así se decide.

Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal declara, parcialmente Con Lugar la demanda incoada por el ciudadano J.O.H., supra identificado, contra la entidad de trabajo CEMEX DE VENEZUELA S. A. C. A., antes denominada CORPORACIÓN VENEZOLANA DE CEMENTOS S. A. C. A.

Asimismo, se ordena la corrección monetaria sobre las cantidades condenadas a pagar a partir del decreto de ejecución, si el demandado no cumpliere voluntariamente de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, como vacaciones o recesos judiciales o huelgas tribunalicias, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal; siendo sufragados sus emolumentos por la parte accionada; y, 2º) El perito, a los fines del cálculo de la indexación ajustará su dictamen conforme a las previsiones del artículo 89 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

-III-

DISPOSITIVA

Por todas las evidencias y razones aquí expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda que por Enfermedad Ocupacional incoara el ciudadano J.O.H., titular de la Cédula de Identidad Nro. 9.643.390, contra la entidad de trabajo CEMEX DE VENEZUELA S. A. C. A., antes denominada CORPORACIÓN VENEZOLANA DE CEMENTOS S. A. C. A y en consecuencia se le condena a pagar la cantidad de SESENTA MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 60.000,oo) por concepto de daño moral, indicado en la parte motiva de la presente decisión, además de lo que arroje la experticia complementaria ordenada en el presente fallo.

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.

Se ordena notificar de la presente Decisión a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela; de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela y una vez que conste en autos su notificación, la causa se suspenderá por el lapso de treinta días (30) continuos, culminado el cual comenzará a computarse el lapso para ejercer los recursos respectivos contra la presente decisión. Líbrese Oficios. PUBLÌQUESE Y REGISTRESE.

DADA, FIRMADA, SELLADA, A LOS DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

LA JUEZA,

Abog. Y.B..

LA SECRETARIA,

abog. M.B..

En esta misma fecha se publicó la presente decisión, siendo las 10:00 a.m.

LA SECRETARIA,

abog. M.B..

EXP. DP11-L-2013-000930.

Yb/mb