Decisión nº PJ0022015000089 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Falcon (Extensión Coro), de 3 de Diciembre de 2015

A la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Falcón, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), (Diresat Falcón) ubicado en la Prolongación Girardot con calle B.V., en la urbanización S.I., quinta INPSASEL, en la ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado Falcón; Telf. 0269 2466268- 2470371- 9251282- 9251285, a los fines de que sea remitido, claro y preciso, informe sobre hechos litigiosos, con copias certificadas de expediente en el cual indique lo siguiente:

1) Si el ciudadano RIDSSON E.W.M., venezolano, mayor de edad, identificado con la Cédula de Identidad No V-11.141.446, le fue certificada por el (INPSASEL FALCON), en fecha 25/05/2007, mediante oficio No 0007-2007, una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual; 2) Que la enfermedad de origen ocupacional, certificado se trata: a) Discopatia lumbar L-5- S1; b) Compresión Radicular izquierda L-5-S1; y 3) Si a través del referido expediente donde se constata la investigación de la enfermedad de origen ocupacional, se puede constatar que la empresa ELEOCCIDENTE, C.A., absorbida por CADAFE que a su vez fue absorbida por CORPOELEC C.A., violentó Normas de Seguridad e Higiene Laboral y, de ser así, indique cuales fueron esas irregularidades.

Consta en actas procesales que en fecha 24 de noviembre de 2014, se recibió oficio Nº 0894-2014, de GERESAT FALCON, mediante la cual indica que efectivamente en fecha 25 de mayo de 2007, le fue certificada una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual, y que le fue certificada que se trata de: 1.- Discopatia Lumbar L-5-S1 y 2.- Compresión Radicular Izquierda, 3.- e igualmente indica que se constato que la empresa CADAFE, absorbida por CORPOELEC, violento normas en materia de seguridad y salud. Este sentenciador le da el valor probatorio de que el se desprende de conformidad con el articulo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que del análisis de la misma se corrobora el contenido de las documentales que fueron previamente analizada de las cuales quedo evidenciado la discapacidad otorgada al actor. Y Así se Establece.

A la Inspectoria del Trabajo de la Ciudad de S.A.d.C.E.F., ubicada la Calle palmásola entre Federación y Colon Edificio Ángela, Primer Piso, a los fines de que informe lo siguiente:

1) Si el ciudadano RIDSSON E.W.M., venezolano, mayor de edad, identificado con la Cédula de Identidad No V-11.141.446, interpuso formal reclamo de Indemnización por infortunio de trabajo, señaladas en la LOPCYMAT, e indemnización por daño moral e fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil ocho (2008); 2) Si a través del expediente que contiene las actuaciones del Reclamo de indemnización por infortunios de trabajo, señaladas en la LOPCYMAT, e indemnizaciones por daño moral interpuesto por el ciudadano RIDSSON E.W.M., venezolano, mayor de edad, identificado con la Cédula de Identidad No V-11.141.446, contra la empresa CADAFE, se puede constatar que la reclamada fue debidamente notificada de dicho procedimiento y con indicación de la fecha en que se celebro el acto de reclamo.

De análisis de las actas procesales se evidencia que en fecha 22 de Octubre de 2014, se recibió Oficio Nº 00301-2014, del Inspector del Trabajo, del estado Falcón, mediante la cual informa en cuanto a lo solicitado: se observa por ante la Sala de Reclamos y transacciones de la Inspectoria del trabajo expediente administrativo signado con el Nº 020-2008-03-01286, correspondiente al procedimiento de reclamo incoado por los abogados ALIRIO PALENCIA Y A.A., en representación de varios ciudadanos en contra de CADAFE por concepto de indemnización derivada de la enfermedad ocupacional e indemnización de Daño Moral, celebrándose audiencia conciliatoria en fecha 05 de septiembre de 2008, en la cual dio por agotada la vía administrativa. Este operador de justicia, una vez realizado el análisis del referido informe, observa que el mismo no aporta nada a la resolución de la presente controversia ya que solo se tratan de la reclamación administrativa que realiza el actor ante la inspectoria del trabajo, hechos estos que fueron señalados por el actor en su demanda, es por tales consideraciones que este tribunal desecha del presente juicio dicho medio de prueba. Y Así se Establece.

TESTIMONIAL:

Promueven las siguientes testimoniales de los siguientes ciudadanos: P.F., A.C.S., E.M., F.H., HONORIO CONTRERAS, ESSEE GONZALEZ, J.G., J.A.G., GOEORGE DONQUIS PEREZ, H.J.P.B., R.Z., R.F., A.J.O.G., W.V., W.M.M., Y.M.M., y F.S., venezolanos, mayores de edad, e identificados con las cédulas de identidad Nos. V-5.296.251, V-7.489.838, V-5.291.664, V-9.517.273, V-9.512.729, V-7.568.657, V-3.393.159, V-3.614.799, V-4.108.945, V-5.444.534, V-4.640.047, V-4.642.356, V-7.570.971, V-5.298.927, V-9.442.552 y V-7.494.814; de este domicilio.

No obstante, una vez analizado el referido medio probatorio, se observa que los ciudadanos antes indicados no comparecieron a la celebración de la Audiencia Oral y Publica de Juicio, así como se desprende de acta levantada por ante este tribunal y que corre inserta en los (folios 14 al 15) de la II Pieza, del presente asunto, donde este Tribunal procedió a declarar DESIERTO el Acto de evacuación de testigos, por lo que forzoso es para este Tribunal desecharlos del presente juicio. Y Así se Establece.

PRUEBAS APORTADAS A JUICIO POR LA PARTE DEMANDADA.

DOCUMENTALES:

1. - Copia de la notificación de certificación de incapacidad de emanada del Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), otorgada al trabajador RIDSSON E.W.M., venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad No V-11.141.446, fecha 29 de mayo de 2007, bajo oficio Nº 0340-2007. De dicha documental se desprende la notificación que realiza el director de Diresat Falcón, Dr. G.S., a la empresa CADAFE, de la decisión emanada del organismo de la enfermedad ocupacional, e informa que puede recurrir de la decisión mediante la interposición del recurso de reconsideración dentro de los quinces días siguientes de recibida la notificación. Este sentenciador observa que la misma se trata sobre la respectiva notificación que se le realiza al actor por parte del órgano administrativo pertinente en materia de salud y prevención en el trabajo, la cual guarda idéntica relación con el resto de las documentales ya analizada en actas, por lo que este Tribunal le da valor probatorio de conformidad a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y Así se Establece.

2. - Original de acta de notificación de riesgo del actor RIDSSON DUARDO WEFFER MOSQUERA, de fecha 17/09/2003. De dicha documental se desprende el acta de notificación que le realiza la empresa CADAFE al trabajador RIDSSON WEFFER, identificado con la cédula de identidad Nº 11.141.446, bajo el cargo de liniero electricista II, de fecha 17 de septiembre de 2003, de la cual se observa algunos riesgos potenciales de accidentes, medidas de prevención de accidentes condiciones especificas, condiciones generales; entre ellos trabajo en circuitos de distribución y distancias mínimas para el trabajo. Este sentenciador le da el valor probatorio de que el se desprende de conformidad con el articulo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y Así se Establece.

3. - Copia de certificado de participación del trabajador RIDSSON E.W.M., venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad No V-11.141.446, en el curso sobre los riesgos eléctricos y los objetivos específicos de seguridad e higiene industrial, el 10 de noviembre de 1989. Dicha documental se encuentra en copia simple, de cual se desprende la participación regular en el curso de los riesgos eléctricos y los objetivos específicos de seguridad e higiene Industrial; el cual fue por el asesoramiento de C.D. & ASOCIADOS C.A. Este sentenciador debe indicar que dicha instrumental es elaborado por un tercero ajeno a la causa, la cual tenia que se ratificada conforme lo establece el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hecho este que no fue realizado por la parte promoverte de la misma, por lo que en consecuencia este tribunal la desecha del presente juicio, en razón de no haberse realizado el requisito necesario para su validez probatoria. Y Así se Establece.

   INFORMES:

   En consecuencia, este tribunal ordena oficiar a las siguientes instituciones:

   1) A la Gerencia de Seguridad y Prevención de CADAFE, ubicada en la prolongación de la avenida Manaure, diagonal al Cuerpo de Bomberos, Edificio sede CADAFE , S.A.d.C., Estado Falcón, para que indique al Tribunal si al trabajador RIDSSON E.W.M., se le realizo notificación de riesgo, si recibió talleres, curso de adiestramiento, capacitación, si se hizo de su conocimiento y se le suministro lo concerniente a la descripción de cargo, todo de acuerdo a la naturaleza del cargo ejercido. De la misma manera informe de la realización y/o existencia o no de los Programas de Seguridad, y de Programas de Higiene, Seguridad, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, por parte de CADAFE en cumplimiento de lo establecido en LOPCYMAT, para la fecha en la que el trabajador se encontraba prestando servicios (año 2006-2007), igualmente indique si fue conformado el Comité de Seguridad y quienes son los Delegados.

   Consta en las actas procesales que en fecha 12 de noviembre de 2014, se recibió resultas relacionadas con la referida prueba de informe, a través del oficio Nº 036 -2014, mediante la cual indica, que el trabajador recibió notificación de riesgos, la descripción del cargo ejercido de liniero electricista, recibió cursos y talleres de adiestramiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 53, literal 1 y 2 de la Ley Orgánica de Prevención. Ahora bien, este tribunal debe indicarle a las partes que según los establecidos en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la misma es ilegal, por cuanto la documental que esta solicitando, es de una de las parte en el proceso, es decir, la Empresa demandada CADAFE, la cual forma parte de la Corporación Eléctrica Nacional, bajo dichas consideraciones este operador de justicia la desecha del presente acervo probatorio. Y Así se Establece.

   2) A la Gerencia de Gestión Humana de CADAFE, ahora CORPOELEC, ubicada en la Prolongación de la avenida Manaure, diagonal al Cuerpo de Bomberos, Edificio sede CADAFE, S.A.d.C., Estado Falcón, para que indique cual fue el salario normal mensual y el salario integral devengado por el ciudadano, RIDSSON E.W.M., identificado con la cédula de identidad No 11.141.446, en el mes inmediatamente anterior efectivamente laborado.

   Dicho medio probatorio fue ratificada en varias oportunidades por este Tribunal a través de oficios, no obteniéndose repuesta de la misma, sin embargo, debe indicar este operador de justicia que la misma va en contravención a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto su promoción es ilegal, ya que la misma estaba solicitada a una de las partes intervinientes en el presente juicio, es decir la empresa CADAFE, por lo que forzosamente debe ser desechada por este tribunal. Y Así se Establece.

3. - Al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), ubicado en la calle Bolivia entre calle Comercio y Arismendi edificio BANVENEZ PB. Local 4. Punto Fijo Estado Falcón, acerca de la certificación de Discapacidad Total y Permanente, otorgado al trabajador RIDSSON E.W.M., identificado con la cédula de identidad No 11.141.446, en fecha 25 de mayo de 2007, y remita copia certificada de la misma.

   Consta en actas que en fecha 24 de noviembre de 2011, se recibió oficio Nº 0887-2014, en la cual informa que a través de la investigación de origen de enfermedad en la cual se utilizó la observación- entrevista, revisión de documentación consignada tanto por la empresa como por el trabajador, así como las evaluaciones medicas realizadas y remiten copias de la certificación Nº 0007-2001 de fecha 25 de mayo de 2007, de la notificación, de diresat falcón a la empresa y al ciudadano demandante RIDSSON WEFFER, notificación que se realizo de conformidad con los artículo 73 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Este sentenciador le da el valor probatorio de que el se desprende de conformidad con el articulo 81 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo, aunado al hecho que la misma guarda relación con las documentales que ya fueron analizadas y valoradas previamente por este tribunal. Y así se Establece.

   TESTIMONIALES:

   Promueve las testimoniales de la ciudadana: GLENYS DEL C.L., venezolana mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No 7.496.212, domiciliada en el Callejón Domino, residencia D.N. # 2, de esta Ciudad de Coro Estado Falcón, quien funge como Técnico de Seguridad adscrita la Gerencia de Seguridad Industrial en el edificio sede de CORPOELEC, antigua (CADAFE).

   No obstante, una vez analizado el referido medio probatorio, se observa que la ciudadana antes indicada no compareció a la celebración de la Audiencia Oral y Publica de Juicio, así como se desprende de acta levantada por ante este tribunal y que corre inserta en los (folios 14 al 15) de la II Pieza, del presente asunto, donde este Tribunal procedió a declarar DESIERTO el Acto de evacuación de la testigos, por lo que es forzoso es para este Tribunal desecharlos del presente juicio. Y así se Establece.

   Una vez, culminada con el análisis de cada uno de los medios de pruebas promovidos por ambas partes, procede este sentenciador pasa a resolver los Puntos Previos, alegados por la apoderada judicial en la oportunidad de contestar la demanda:

   - Alega la representación judicial de la demandada de auto, que el ciudadano RIDSSON E.W.M., tiene una demanda previa en contra de mí representada por diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

   Respecto a esta alegación procedió este operador de justicia a verificar sobre el expediente IH01-L-2008-000249 este sentenciador a través del principio de notoriedad judicial en el sistema Iuris 2000, donde observa lo siguiente: “el asunto, es de Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales y Otros Beneficios Laborales; el cual fue decidido por este Tribunal Segundo de Primera Instancia de juicio; de las ultimas actualizaciones se desprende: - el Tribunal actualizo fase y estado en fecha 31-10--2014 (última actualización) en que dicho expediente, esta terminado por resolución definitivamente firme dictado por el tribunal Superior del Trabajo.

   Bajo este análisis es por lo que se declara improcedente la solicitud realizada por la demandada de auto, referida a dicho alegato, en razón que si bien es cierto son las mismas partes, la demanda que cursa en auto, versa sobre hechos distintos a los analizados en el asunto signado bajo el No IH01-L-2008-000249. Y Así se Establece.

   - Alega la parte demandada que la relación legal existente entre accidente de trabajo y a su vez con los diferentes tipos de discapacidades ocasionadas por accidente y/o enfermedad ocupacional.

   Sobre la diferencia legal que existe entre un accidente de trabajo y una enfermedad Ocupacional, la cual alego la apoderada judicial de la parte demandada, para lo cual trajo a colación el contenido de los artículos 69 y 70, indicando que es necesario establecer las diferencia ya que la parte actora pretende hacer derivar beneficios legales contractuales que le corresponde únicamente a los trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo, siendo que al demandante se le diagnostico una Enfermedad Ocupacional. De la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo y que este sentenciador transcribe a continuación:

   Artículo 69: Se entiende por accidente de Trabajo, todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser terminada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo.

   …..” .

   Articulo 70: Se entiende por enfermedad Ocupacional, los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligada a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonomicas, metereologicas, gentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiestan por una lesión orgánica, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes.

   ….”

   Ahora bien, este tribunal debe indicar que de las pruebas promovidas por ambas partes, se observa que el ciudadano RIDSSON E.W.M., identificado con la cédula de identidad Nº 11.141446, se le otorgo el beneficio de jubilación, a consecuencia de una Enfermedad Ocupacional, así como se desprende de la certificación que realizara el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, del Centro Hospital Cardon, el cual se encuentra inserto en el folio 136 I Pieza, no correspondiéndose ello con la certificación emitida por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Falcón, por cuanto en el informe, el cual se encuentra inserta en el folio 134 al 135 de la I Pieza, indica que hay una discapacidad parcial y permanente. Pero lo cierto que a pesar de no haber concordancia en dicha discapacidad el beneficio de jubilación igual fue acordado por la empresa CADAFE. Es por lo que este sentenciador debe indicar que los beneficios legales que solicito la parte demandante, pueden ser solicitados tanto por la ocurrencia de un Accidente de Trabajo o como también por Enfermedad Ocupacional. Siendo que en el presente caso, es por una Enfermedad Ocupacional, como ha quedado demostrado de las actas y del acervo probatorio, que estamos en presencia de un procedimiento por Enfermedad Ocupacional, por lo que se declara improcedente dicho punto previo. Y Así se Establece.

   .- Sobre la confesión de la parte actora, quedo plenamente demostrado, tanto por la certificación de discapacidad como el beneficio de jubilación, otorgado al trabajador, que resulta forzosamente improcedente, el pago de las indemnizaciones reclamadas.

   Este sentenciador debe indicar que de las pruebas promovidas por ambas parte y de la evacuación de la misma, se observo que el ciudadano RIDSSON E.W.M., tiene una discapacidad para el trabajo, recibiendo así un beneficio social como es la jubilación, por cuanto presentaba una discapacidad, ahora para observar si le corresponde o no el pago de las indemnizaciones reclamadas. Sin embargo, dicha indemnización fue expresamente desistida por la parte actora en la celebración de la audiencia Oral y Pública de Juicio, es por lo que este sentenciador la desecha del presente juicio. Y Así se Establece.

   .- Respecto al Salario Irreal indicado por el actor en su libelo de demanda.

   Se observa que en la contestación de la demandada, la accionada indica que el trabajador ganaba un salario mixto, formado por un salario base y un salario variable y por la función que desempeñaba cobraba su salario de forma quincenal. Además señala que el actor en su demanda que el último salario normal variable promedio mensual fue de Bs. 11.177.736,91, que luego de la reconvención es Bs. 11.177,73; e indica además, que el último periodo efectivamente laborado fue del 23-09-2006 al 23-10-2006, igualmente señala que el salario integral devengando por el trabajador por la cantidad 9.443,85, lo cual no es correcto, ni tiene ningún basamento, pero lo que si indica esa representación es que esos montos exagerados son la base para calcular los conceptos reclamados, sin presentar evidencia valida que soporte los salarios señalados.

   Ahora bien, este sentenciador debe indicar que del acervo probatorio, no se evidencia que la parte demandada no trajo pruebas que demostraran el salario, que supuestamente devengaba el trabajador hasta la fecha que elaboro efectivamente. Es por dichas consideración que este sentenciador tiene como cierto el salario indicado por el actor, además, cuando se analiza detenidamente las alegaciones y contradicciones realizadas por ambas representaciones judiciales, observa este tribunal que el desconocimiento al salario percibido por el actor, debe ir necesariamente acompañado de fundamentos y medio de pruebas que desvirtúen tal aseveración que realiza la demandada en su contestación, ya que tal y como lo establece el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), se observa que la misma exige que, para que resulte procedente declarar admisible algún hecho, éstos además de haber sido afirmados expresamente en el libelo por el actor y no haber sido negados de forma determinada por la parte accionada, es necesario que tales hechos no “aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso”. Así las cosas, se observa que en el presente caso no hay medio de prueba que desvirtué el salario que indica el actor, por lo que resulta forzoso tener como cierto el salario indicado en el libelo, y por consiguiente se declara improcedente la defensa perentoria de fondo alegada por la representación judicial de la parte demanda. Y Así Establece.

   En este sentido y resuelto, los puntos previos, anteriormente analizado, pasa este operador de justicia analizar el único hechos controvertido, el cual esta circunscrito a la procedencia o no del concepto de daño moral, conforme a lo establecido y probado por los medio de pruebas traídos a juicio, en aplicación al principio de la comunidad de la prueba, ya que la parte demandante de auto desistió expresamente de las indemnización contenida en la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

   En relación al otro punto litigioso referido a la pretensión de la parte demandante con respecto al Daño Moral, la Sala Social ha establecido que la responsabilidad objetiva de patrono en Enfermedad Ocupacional, aun cuando no haya mediado de culpa o negligencia de su parte en el acaecimiento del infortunio, le corresponde el pago de las indemnizaciones por Daño Moral, razones estas que determinan que para este sentenciador debe aplicarse la teoría de la responsabilidad objetiva del patrono, la cual ha sido criterio reiterado de la Sala y que este sentenciador trae a colación un extracto de Sentencia Nº 1489 de la Sala Social de fecha 09-12-2010, con Ponencia de la Magistrado Emerito Dr. O.A.M.D., en la cual indica:

   En cuanto a la reclamación por Daño Moral sufrido por el demandante, ha sido criterio de la Sala, a partir de la sentencia N° 116 de fecha 17/05/200 (caso: Jose Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilon, S.A),que en materia de infortunios de trabajo, demostrado el accidente a enfermedad profesional, se aplica la teoría de la responsabilidad objetiva, también denominada del riesgo profesional, según la cual, el pago del resarcimiento por Daño Moral procede con independencia de la culpa o negligencia del patrono, así las cosas, esta sala, acorde con declarado con la Alzada

   .

   En este mismo orden de ideas, lo estableció la Sala de Casación Social a través de la Sentencia Nº 453, de fecha 02-05-2011, con Ponencia de la Dra. C.E.P.d.R., según con respecto a los parámetros para la cuantificación del daño moral, de la siguiente manera:

   Para la estimación del daño Moral, el sentenciador aplico la teoría de la responsabilidad objetiva del patrono, desarrollada por esta Sala en sentencia N° 116 del 17/05/200 (caso: José Francisco Tesorero Yánez contra HiladosFlexilon, S.A), y pondero los siguientes aspectos: la gran importancia del daño, el grado de culpabilidad de actor, La conducta de la víctima y la escala de sufrimientos, por lo que la sentencia recurrida es congruente con lo peticionado y no incurrió el sentenciador en el vicio de inmotivacion que se atribuye en la formalización

   Bajo estos supuestos es por lo que tomando en cuenta los parámetros, se observa que ha quedado demostrado la existencia del daño, como lo es una Enfermedad Ocupacional, que ocasiono a el ex -trabajador una discapacidad parcial y permanente para el trabajo, razones estas que conllevan a este Tribunal a fijar un monto de la Indemnización del Daño Moral de la Incapacidad, ya que todos los elementos apreciados en su conjunto llevan a estimar como una suma equitativa y justa para tazar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1196 del Código Civil y a realizar la cuantificación del mismo; para lo cual, se tomarán en cuenta los siguientes parámetros establecidos en la decisión por daño moral, luce pertinente reiterar el criterio sostenido por esta Sala de Casación Social, en decisión No 444 del 14/04/2011, con Ponencia de la Magistrada C.E.P.d.R., donde se dejó establecido:

   El Sentenciador que concede una acción por daño Moral debe hacer un examen del caso en concreto, analizando los siguiente aspectos: a) la entidad ( importancia ) del daño, tanto físico como psíquico ( la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causo el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva ); c) la conducta de la victima; d) grado de educación y cultura del reclamante, e) posición social y económica del reclamante; f) capacidad económica de la parte accionada; g) los posibles atenuantes a favor del responsable ; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la victima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y , por ultimo i)referencias pecuniarias estimadas por el Juez.

   En el presente caso se pasa a dilucidar para estimar el Daño Moral:

   1. La entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales). Quedo demostrado en auto que el trabajador se encuentra con una discapacidad parcial y permanente para el trabajo habitual, a través del informe que remitiera el INPSASEL, y que por dicha discapacidad le fue otorgado el beneficio de jubilación.

   2. El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño. En cuanto a este parámetro, debe observarse que no puede imputarse la producción del daño a la conducta negligente de la empresa, ya que se demostró que la misma a pesar de no cumplir con algunas normas establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo no quedo evidenciado que la empresa tenga culpa en la enfermedad ocupacional que padece la actor.

   3. La conducta de la víctima. De las pruebas que constan en autos, no se puede evidenciar que la víctima haya desplegado una conducta negligente o imprudente que haya contribuido a causar el daño, que le genero la Enfermedad Ocupacional.

   4. Posición social y económica del reclamante. Se observa de las pruebas promovidas, que el trabajador accionante tiene grado de instrucción o nivel educativo, de las pruebas promovidas no se desprende el grado de instrucción o nivel educativo, pero si se desprende que su último cargo era de liniero electricista II por lo cual se infiere una posición económica regular.

   5. Los posibles atenuantes a favor del responsable. Se observa que la empresa no mantuvo una conducta renuente en cuanto al pago de los conceptos derivados de la relación de trabajo.

   6. Referencias pecuniarias estimadas por el juez para tasar la indemnización que considere equitativa y justa para el caso concreto. Por cuanto se trata de una empresa del estado adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la cual requiere para su eficaz funcionamiento la asignación directa de recurso por parte del Estado Venezolano, por lo que se determina que su explotación económica no es lucrativa.

   En este caso particular, la Sala, del estudio de los parámetros para determinar la cuantificación de la indemnización reclamada, considera justa y equitativa una Indemnización por Daño Moral se condena en la cantidad de Treinta Mil (30.000) Bolívares, por la responsabilidad objetiva del patrono. Así se Establece.

   Indexación e interés de mora en daño moral; los interés de mora procede únicamente en el daño moral desde el decreto de ejecución, hasta la fecha de la materialización efectiva, todo ello de conformidad con el articulo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Para dicho cálculo se ordena una experticia complementaria del fallo. Todo ello como lo establece la Sentencia Nº 281 del 29-03-2011, Sala Social con ponencia del magistrado Dr. A.R.V.C..

   1) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de S.A.d.C. que resulte competente por distribución, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   2) Los Intereses Moratorios se calcularán de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el perito se servirá de la tasa promedio entre la activa y la pasiva fijada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país.

   3) Para el cálculo de los enunciados Intereses de Mora, no operará el sistema de capitalización de los mismos, es decir, la capitalización de los propios intereses.

   4) La Corrección Monetaria o Indexación de los conceptos condenados a pagar, se determinará tomando en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor fijada por el Banco Central de Venezuela.

   5) El Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente podrá ordenarle al experto designado, que para determinar con precisión el monto de los conceptos antes indicados y condenados a pagar, que la experticia se realice desde la oportunidad indicada en esta sentencia para cada concepto, hasta la fecha que ese Tribunal declare en estado de ejecución la presente causa y en caso de que la parte condenada a pagar no cumpla voluntariamente con la sentencia, aplique el contenido del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se decide

   III DISPOSITIVA.

   ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO TANTO PARA EL REGIMEN NUEVO COMO PARA EL REGIMEN TRANSITORIO DE CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, la demanda incoada por el ciudadano RIDSSON E.W.M., venezolano mayor de edad, identificado con la cedula de identidad No. 11.141.446, contra la COMPAÑÍA ANONIMA DE ADMINISTRACION Y FOMENTO ELECTRICO (CADAFE), hoy (CORPOELEC), por los motivos y razones que están plasmados en la parte motiva del presente fallo. SEGUNDO: Se condena a la empresa demandada, a cancelar al actor, la cantidad de Treinta mil 30.000,00 bolívares por concepto de daño moral, conforme a la responsabilidad objetiva patronal. TERCERO: No hay condenatoria en costa de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y notifíquese de la presente decisión al ciudadano Procurador General de la Republica Bolivariana de Venezuela.

   Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO TANTO PARA EL NUEVO RÉGIMEN COMO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, con sede en S.A.d.C., a los tres días del mes de diciembre del año dos mil Quince (2015). Años, 205 de la Independencia y 156 de la Federación.

   EL JUEZ DE JUICIO

   ABG. D.C.D.

   LA SECRETARIA

   ABG. MIRCA PIRE MEDINA.

   Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha a los tres días del mes Diciembre de 2015. Se dejo copia certificada en el libro Copiador de Sentencias. Conste. S.A.d.C.. Fecha ut-supra

   LA SECRETARIA

   ABG. MIRCA PIRE MEDINA