Decisión de Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de Anzoategui, de 5 de Agosto de 2016

Fecha de Resolución: 5 de Agosto de 2016
Emisor:Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo
Número de Expediente:BP02-O-2004-000105
Ponente:Mirna Mas Y Rubi Sposito
Procedimiento:Amparo Constitucional

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.

Barcelona, cinco de agosto de dos mil dieciséis

206º y 157º

ASUNTO: BP02-O-2004-000105

RECURRENTE: R.M., P.F., O.A., M.G., O.S., N.R., D.P., T.C., J.G., O.L., H.G. y DANYER ALVAREZ, titulares de las cedulas de identidad Nros. V.- 11.658.436, 5.694.383, 10.065.945, 8.971.754, 11.655.580, 14.560.010, 11.657.146, 5.469.983, 17.010.930, 15.220.359, 12.014.166 y 17.008.174, respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DEL RECURRENTE : Los Abogados: J.A.S.L. y L.R.N., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.112 y 27.558, respectivamente.

RECURRIDO: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI.

MOTIVO: A.C.

La presente Acción de A.C. fue ejercida por los ciudadanos: R.M., P.F., O.A., M.G., O.S., N.R., D.P., T.C., J.G., O.L., H.G. y DANYER ALVAREZ, titulares de las cedulas de identidad Nros. V.- 11.658.436, 5.694.383, 10.065.945, 8.971.754, 11.655.580, 14.560.010, 11.657.146, 5.469.983, 17.010.930, 15.220.359, 12.014.166 y 17.008.174, asistido por el Abogado L.R., inscritos en el Inpreabogado bajo el número, 91.830, contra MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS MUNICIPIOS S.R. y SAN J.D.G.D.E.A..

El Tribunal observa que en fecha 14/05/2004, se recibió la presente Acción de A.C., procediendo este Tribunal en fecha 01/06/2004, a dictar auto mediante el cual se declino la competencia para conocer de la presente causa ordenándose la remisión del expediente para su distribución, posteriormente en fecha 07/07/2004, se dicto auto reasumiendo la competencia de la presente causa, de conformidad con la Sentencia Nº 505, de fecha 05/04/2004, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se sentó doctrina vinculante con relación a la materia de los amparos contra la abstención de acatamiento de las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías de Trabajo, de cuyo texto se evidencia que los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, son los competentes para conocer de dichos juicios.

Ahora bien este Tribunal luego de revisar las actas observa que la presente causa se encuentra paralizada desde el 07/07/2004, fecha en la cual este Juzgado admitió la presente Acción de Amparo siendo esta la última actuación que hiciera este Tribunal lapso que excede en demasía al de seis (6) meses que toma la jurisprudencia como referencia de una conducta desinteresada en el p.d.a..

Así las cosas, debe entenderse abandono en el procedimiento y por tanto, decaído el interés en la tutela especial de amparo, según la decisión vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 982, del 6 de junio de 2001 (caso: J.V.A.C.), ante la conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó precisar de la tutela urgente y preferente del a.c., se pronunció en los siguientes términos:

..., la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.

(...)

En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes (Resaltado añadido).

Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél (Resaltado añadido).

(...)

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el p.d.a., en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.

Precisa la Sala que la perdida del interés sobrevenida en el curso del proceso se expresa de diversas maneras: cuando el actor desiste de su pretensión o en la situación de inacción prolongada de las partes ( prevista en el Código de Procedimiento Civil) que produce la perención de instancia; y que, no estando regulada en la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales la inacción del actor, si se prevé en ella “ la figura de abandono de Tramite, que expresa también el decaimiento del interés del actor”, “una conducta indebida” de este en el proceso y “ una frente al sistema de justicia, por cuanto el servicio publico debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo, pero que no avanza hacia su fin natural”.

En base a la Jurisprudencia parcialmente transcrita y a las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO

Desistido el Procedimiento y extinguido el proceso, interpuesto por los ciudadanos: R.M., P.F., O.A., M.G., O.S., N.R., D.P., T.C., J.G., O.L., H.G. y DANYER ALVAREZ, asistido por el Abogado L.R., contra MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS MUNICIPIOS S.R. y SAN J.D.G.D.E.A., antes identificados.-

SEGUNDO

De conformidad con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1466 de fecha 05 de agosto de 2004, se omite la publicación del cartel.

TERCERO

Remítase el expediente a Archivo Judicial de esta Circunscripción Judicial, a los fines consiguientes.

Déjese Copia Certificada.

La Juez,

Dra. M.M. y R.S.

La Secretaria.

Abg, Marieugelys G.C.

Fys,.