Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 23 de Noviembre de 2009

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

• Que niegan, rechazan y contradicen que J.G.E.M., haya celebrado ningún contrato verbal de arrendamiento el 1° de septiembre del año 2000 con Y.J.H.S., sobre el inmueble ubicado en la calle 3, casa N° 6 de la Urbanización Humboltd, Municipio Libertador del Estado Mérida.

• Que niegan, rechazan y contradicen que se haya pactado ningún canon de arrendamiento por la cantidad de cien mil bolívares (Bs. 100.000) ni ninguna otra cantidad, por que nunca existió ningún contrato de arrendamiento entre Y.J.H.S. y sus representados.

• Que niegan, rechazan y contradicen que sus representados hayan pasado a ser nuevamente inquilinos de la demandante, a partir del 24 de mayo del 2004, fecha en la que fueron restituidos en la posesión del referido inmueble por el Juzgado Ejecutor de Medidas comisionado al efecto.

• Que niegan rechazan y contradicen que la vivienda en referencia se encuentre en completo estado de deterioro ocasionado por la poca diligencia de sus representados, quienes más bien la recibieron deteriorada cuando fueron restituidos en su posesión, porque estuvo deshabitada por más de cuatro meses a consecuencia del secuestro solicitado y obtenido entonces por la ahora demandante y no por el mal uso que ellos le hayan dado, pues más bien le han hecho reparaciones menores.

• Que niegan, rechazan y contradicen, que sus poderdantes deban hacerle entrega del inmueble a la demandante y que sus representados deban pagar a la demandante la cantidad de quinientos mil bolívares (Bs.500.000) correspondientes a los presuntos cánones de arrendamiento de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, cada uno por la cantidad de cien mil bolívares (Bs. 100.000) mensuales, ni los cánones de arrendamiento que se sigan venciendo hasta la terminación del procedimiento, pues al no haber contrato de arrendamiento no existe cánones de arrendamiento.

• Señalaron domicilio procesal en la Av. 4, entre calles 24 y 25, edificio Oficentro, piso 1, N° 13, Mérida.

• Y piden declarar sin lugar la temeraria demanda intentada por la ciudadana Yhajaira J.H.S. contra nuestros representados J.G.E.M. y Yumil J.H.d.E., por Desalojo y cobro de presuntos cánones de arrendamiento y se condene en costas a la demandante.

V

ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES PREVIAS

Las abogadas ENZA RANDAZZO Y THAILY LEÓN DE HERNÁNDEZ, actuando como apoderadas judiciales de la ciudadana Y.J.H.S., parte actora en el presente proceso, estando dentro de la oportunidad legal para darle contestación a las cuestiones previas opuestas por la contraparte, las rechazan y contradicen en la forma siguiente:

• Que les oponen los demandados Primero: la cuestión previa prevista en el ordinal noveno del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es decir la cosa juzgada.

• Que nuestros distinguidos colegas, le informan al Tribunal que existió otra demanda con las mismas partes y “según ellos” por la misma causa, ratificando lo que nosotras tantas veces hemos informado, referido, anunciado, indicado, narrado, reseñado, descrito hasta la saciedad y además hemos consignado copia certificada de ese expediente 6336, llevado por el Juzgado Primero del Municipio Libertador de esta Circunscripción Judicial, como si este hecho fuese novedoso para el Tribunal y que nosotras nos hayamos hecho las olvidadizas, haciendo mutis, cuando justamente en el libelo cabeza de autos, en la parte que denominamos ANTECEDENTES informamos a este Tribunal sobre esa causa, la cual restituyó los derechos como arrendatario al codemandado J.G.E.M., y es desde la fecha de esa restitución de los derechos como inquilino, es por lo que justamente estamos demandando sus obligaciones incumplidas a partir de esa restitución, es decir, desde junio del 2004 hasta la presente fecha. Razón por la cual no podemos decir que los cánones de arrendamiento generados desde la fecha de la restitución de esos derechos sean cosa juzgada.

• Que en el tantas veces señalado juicio anterior, su mandante fue la parte perdidosa del proceso, debido a que su antigua apoderada abandonó la causa, pero en esa sentencia, no dijo el juzgador que los demandados iban a estar perennemente y gratuitamente habitando el inmueble de nuestra representada, tampoco dijo que nunca había existido el contrato verbal; sino que la demandante no desvirtuó lo dicho por el demandado en relación a la falta de cualidad, ya que como tantas veces hemos dicho esa causa fue abandonada por la antigua apoderada de nuestra mandante y la misma se encontraba convaleciente de su operación a corazón abierto, pero quieren dejar claro, que en la sentencia anterior, el Juzgador, no le otorgó la propiedad al demandado, tampoco le constituyó usufructo vitalicio, ni le restituyó posesión alguna, todo lo contrario, le restituyó sus derechos de inquilino.

• Segundo: Su contraparte opuso la cuestión previa prevista en el artículo 361 del Código de Procedimiento, aduciendo la falta de cualidad o la falta de interés de la actora para intentar este juicio, así como la falta de cualidad o la falta de interés en los demandados para sostenerlo. Que la cualidad que posee su mandante, es justamente la de arrendadora propietaria, contrato verbal iniciado en el año 2.000 y prorrogado por el Tribunal Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial. El interés que tiene su mandante es DESOCUPAR SU CASA, de personas, objetos y animales, obtener el pago de los cánones de arrendamiento, y lo más importante es REPARAR SU CASA, en cuanto a la cualidad de los demandados, en relación a J.G.E.M., declarado por la sentencia de Marras INQUILINO, en relación a la ciudadana YUMIL J.H.D.E., es cónyuge del inquilino, de conformidad con el numeral primero del artículo 165 del Código Civil, son comunes sus deudas y obligaciones contraídas por los cónyuges en los casos en que pueda obligar a la comunidad. Ahora bien, al tener cualidad, tienen interés para sostener el juicio.

• Que es oportuno aclararle al Tribunal que en el año de 1.997, encontrándose su mandante domiciliada en su casa, es decir en la Urbanización Humboltd, calle 3, casa número 6, en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, fue visitada por su hermana (la codemandada), quien con lágrimas le rogó que le diera posada por unos días porque a ella la estaban desalojando de su vivienda anterior, por falta de pago de cánones arrendaticios, y su mandante, que para la fecha se encontraba realizando estudios de postgrado en la ciudad de V.E.C., y en consecuencia viajaba constantemente allí, le dio cobijo a su hermana junto con su grupo familiar por unos días, que se convirtieron en muchos largos y tormentosos años, donde vivieron a completas expensas de su mandante hasta el año 2.000, año en que su representada mudó su domicilio a la ciudad de Barquisimeto Estado Lara y pactó un contrato verbal con su cuñado y hermana, para que nuestra mandante pudiera pagar holgadamente el alquiler del inmueble donde ella iba a vivir alquilada en la ciudad de Barquisimeto. Pero los cónyuges E.H. pagaron algunos meses el pactado canon de arrendamiento, pero después olvidaron su palabra e incumplieron con su obligación.

• Que por esta razón, su mandante contrató los servicios de la abogada Carlaura Molero Contreras y quien procedió a demandar el desalojo, expediente el cual la mencionada profesional del derecho abandonó.

• Que por todo lo anteriormente expuesto, rechazan y contradicen las cuestiones previas opuestas por los demandados y piden que las mismas sean desechadas como punto previo en la definitiva.

VI

PRUEBAS

Análisis y Valoración de las Pruebas promovidas por la parte demandada:

Los Abogados J.B.R.P. y C.A.G.T., con el carácter de apoderados judiciales de los demandados promovieron las siguientes pruebas:

ÚNICO: Valor y mérito jurídico de lo siguiente:

1. Copia certificada del expediente Nº 6336 de la anterior demanda que también por desalojo del mismo inmueble a que se refiere esta demanda y cobro de presuntos cánones de arrendamiento introdujo la ciudadana Y.J.H.S. contra J.G.E.M., ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. esta misma Circunscripción Judicial.

2. Copia simple de las actuaciones relacionadas con la Acción de A.C. intentada por la misma demandante Y.J.H.S. contra decisión del Juzgado Primero de Municipios, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial.

3. La copia certificada de las actuaciones practicadas por el Juzgado Primero de Municipios con motivo de haber sido introducida esta demanda, inicialmente, en dicho Tribunal donde fue anotada en el Libro de Distribución bajo el Nº 1.123, pero como ese Tribunal había conocido y declarado SIN LUGAR la anterior demanda entre las mismas partes y por la misma causa, fue retirada esta nueva demanda de dicho Tribunal el 29 de octubre del presente año por la abogada Thaily León para introducirla nuevamente y que fuera distribuida para este Tribunal.

Este Tribunal A-quem, de la revisión de las actas procesales, observa que a los folios 343 al 350, por auto de fecha 03 de marzo de 2005, el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial, negó la admisión de dichas pruebas por no haber sido válidamente promovidas, razón por la cual esta Alzada no hará pronunciamiento al respecto.

Análisis y Valoración de las Pruebas promovidas por la parte demandante:

Valor y mérito de todos y cada uno de los anexos acompañados en el libelo cabeza de autos.

Este Tribunal observa, que a los folios 351 al 359, por auto de fecha 03 de marzo de 2005, el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial, negó la admisión de dicha prueba por no haber sido válidamente promovidas, razón por la cual esta Alzada no hará pronunciamiento al respecto.

Valor y mérito probatorio de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la cual consta en su punto Quinto de dicha sentencia, el carácter de arrendador que posee el demandado ciudadano J.G.E.M. y solidariamente su cónyuge YUMIL J.H.D.E., con lo que se prueba que los ciudadanos J.G.E.M. y su cónyuge Yumil J.H.d.E., son arrendatarios de nuestra mandante.

En cuanto a la copia certificada de la sentencia que fue dictada en el expediente N° 6336, del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M., como prueba trasladada, el Tribunal le asigna eficacia probatoria, por tratarse de hechos relacionados con la demanda que se refería a un desalojo, por cuanto las partes que intervienen, son las mismas que litigan en el presente juicio. Sobre éste tipo de prueba, el Tribunal considera conveniente para una mayor claridad de la situación jurídica planteada en este expediente traer a colación; en primer lugar, un criterio jurisprudencial citado por el procesalista Ricardo Henríquez La Roche, en su tomo III, página 341 y siguientes de su obra “Código de Procedimiento Civil”, de un sentencia de fecha 6 de octubre de 1.964, Gaceta Forense número 46, Segunda Etapa, página 329, que señala:

Las pruebas simples, practicadas en un juicio son admisibles en otro, habido entre las mismas partes, por la razón justificadora de la Ley, pues el carácter de la verdad de las pruebas, entre las partes que la contravierten, se derivan de las formalidades procesalmente cumplidas; por lo que de no constar la inobservancia de esas formalidades, bien pueden apreciarse en un juicio distinto; sin que tenga mayor trascendencia que la acción ejercida en el juicio donde las pruebas fueron apreciadas sea diferente a la ejercida en el otro, ya que las pruebas practicadas formalmente entre las mismas partes, lo buscado es el esclarecimiento de la verdad en el nuevo proceso...

De igual manera, considera este Tribunal, transcribir el criterio sostenido por el antes mencionado autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, quien por su parte enseña:

La prueba trasladada, sea a través de una inspección judicial, sea por medio de copias certificadas, no esta sujeta a las reglas de preclusión de los distintos medios probatorios porque se trata de pruebas ya evacuadas. Como las actas originales contenidas de esas pruebas son documentos públicos (cfr comentario al Art. 105), al igual que su certificación por parte del Juez de origen o el acta de inspección judicial extra lítem, el traslado de prueba debe ser calificado como instrumento público y goza del carácter de prueba privilegiada a los fines de su promoción...

Este Juzgado comparte el criterio sustentado por el precitado y eminente procesalista venezolano, en el sentido, tratándose de una prueba trasladada, (en que este caso particular esta referida a la copia certificada de la sentencia), se está en presencia de un documento público y en consecuencia se valora y se le asigna el valor probatorio a que se contrae los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

Valor y mérito probatorio del acta levantada por el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, la cual prueba claramente la fecha desde que a los inquilinos, le fueron restituidos los derechos como arrendatarios y el carácter con que a ellos se les hace dicha restitución y que es a partir de esa fecha que los inquilinos adeudan sus correspondientes cánones de arrendamiento, así como también se prueba la relación arrendaticia.

De igual manera, considera este Tribunal, transcribir nuevamente el criterio sostenido por el antes mencionado autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, quien por su parte enseña:

La prueba trasladada, sea a través de una inspección judicial, sea por medio de copias certificadas, no esta sujeta a las reglas de preclusión de los distintos medios probatorios porque se trata de pruebas ya evacuadas. Como las actas originales contenidas de esas pruebas son documentos públicos (cfr comentario al Art. 105), al igual que su certificación por parte del Juez de origen o el acta de inspección judicial extra lítem, el traslado de prueba debe ser calificado como instrumento público y goza del carácter de prueba privilegiada a los fines de su promoción...

Este Tribunal, de la revisión exhaustiva de las actas procesales, observa que al folio 14 del presente expediente obra agregada dicha acta en copia certificada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, y de la lectura de la misma se puede inferir claramente, que el Juzgado Ejecutor Segundo de Medidas de los Municipios Libertador y S.M.d.E.M., ejecutó la Medida de entrega del inmueble al arrendatario, ciudadano J.G.E.M., dejando claramente establecida la relación arrendaticia existente entre el prenombrado ciudadano y la demandante del presente juicio, ciudadana Y.J.H.S.. Este Tribunal por tratarse de un documento público, emitido por un Juez, el cual no fue tachado de falsedad, conforme lo previsto en el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil, lo valora de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil Y ASÍ SE DECLARA.-

Valor y mérito probatorio de los cuadernos de embargo signados con los números de expedientes 4.958 y el 4.010, con los cuales se prueba que los arrendatarios han sido obligados a pagar y en consecuencia se demuestra que los han embargado en varias oportunidades por no pagar sus obligaciones adquiridas, con los mencionados cuadernos se prueba que los inquilinos son personas mala.

Este Tribunal, de la revisión exhaustiva observa que los referidos cuadernos de embargo rielan a los folios 48 al 51 y 54 al 60, respectivamente, de este expediente, sin embargo, considera este jurisdiscente, que evaluada dicha prueba promovida por la parte demandante, constituye un medio de prueba insuficiente y totalmente ineficaz, ya que no forma elemento de prueba alguno sobre los hechos y derechos alegados y controvertidos en el presente litigio, en razón de ello no se le otorga valor de plena prueba Y ASÍ SE DECLARA.-

Para demostrarle al Tribunal que nuestra mandante necesita de forma urgente su inmueble para hacer uso de él promovemos: a) Contrato de arrendamiento que riela al folio 66 de este expediente. b) Recibos de pago del condominio, que riela al folio 68 de este expediente. c) Recibos de pago del alquiler de la habitación en la ciudad de Mérida, que riela al folio 69 de este expediente, en la cual consta que nuestra representada debe realizar ese gasto a los fines de poder llevar la presente causa por esta ciudad de Mérida, los cuales son demostrativos de los gastos que nuestra mandante tiene, ya que costear un hotel le saldría muy oneroso. El objeto fundamental de esta prueba es demostrar la necesidad de nuestra mandante de usar su casa, puesto que no se justifica que teniendo una vivienda propia, en la cual pueda vivir tranquilamente deba pagar cánones de arrendamiento para no quedarse en la calle.

Este Tribunal, de la revisión exhaustiva de las actas procesales, observa que tanto el referido contrato de arrendamiento, como los recibos enunciados, son documentos privados que están suscritos por un tercero, el cual no fue ratificado por medio de la prueba testimonial de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil Y ASÍ SE DECLARA.-

Para probarle al Tribunal la cantidad de dinero que venían pagando los demandados, a nuestra mandante, por concepto de cánones de arrendamiento, consignamos copia de recibos de pago del canon de arrendamiento emitido por ella misma a su inquilino y que consignan a la presente marcados “A”, “B” y “C”.

Este Tribunal observa que dichos recibos rielan a los folios 340, 341 y 342, y de la revisión de los mismos se observa que están suscritos sólo por la ciudadana Y.S., parte actora y promovente de la presente prueba, razón por la cual, este Tribunal no los aprecia ni le otorga valor probatorio alguno Y ASÍ SE DECLARA.-

Para demostrarle al Tribunal que los inquilinos no le han dado el uso de un buen pater familiae al inmueble propiedad de nuestra mandante, debido al deterioro que posee la vivienda propiedad de nuestra representada, así mismo demostrar que el inmueble requiere de una serie de reparaciones mayores promovemos: a) Fotografías de la casa, que rielan a los folios 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de este expediente.

Este Tribunal, visto que dichas fotografías fueron tomadas por el práctico designado y con autorización del Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas, el cual identificó la cámara fotográfica, identificó a la persona que las tomó, en presencia del Tribunal se extrajo el rollo, dichas fotografías no fueron impugnadas por la contraparte en la oportunidad legal, razón por la cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1.363, pero producidas en un juicio distinto, por todo lo cual merece fe de los hechos alegados por la parte promovente Y ASÍ SE DECLARA.-

Para continuar probando al Tribunal, el incumplimiento de pago, por parte de los demandados, del canon de arrendamiento promovemos: 1) La aceptación tácita por parte de los codemandados al manifestar en su escrito de contestación de la demanda que no han pagado los cánones de arrendamiento, justificando su incumplimiento en aducir que ellos están en el inmueble con un sin número de diferentes términos jurídicos (ocupantes, poseedores etc) que han venido utilizando en el presente proceso.

Este Tribunal, no aprecia ni le otorga valor probatorio alguno, por cuanto el escrito de contestación a la demanda, no constituye medio probatorio alguno Y ASÍ SE DECLARA.-

2) Promovió las testificales de los ciudadanos: C.M.D., MAGDA SALDIVIA, MARELVY DEL VALLE MATOS PRADO, A.R.D.V., A.P.P., R.C.L.J., E.M.Q.L. E I.D.R.P.L..

Esta Alzada, de la revisión exhaustiva observa que dicha prueba testifical fue debidamente admitida por el A-quo por auto de fecha 04 de marzo de 2005, para lo cual se comisionó al Juzgado Distribuidor del Municipio Irribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; sin embargo, al folio 361 del presente expediente, por escrito suscrito por la co-apoderada de la parte actora, abogada Enza Randazzo Inglisa, renunció a dicha prueba alegando, que la misma dilataría la culminación del proceso, razón por la cual, quien aquí decide no tiene nada que pronunciar a este respecto Y ASÍ SE DECLARA.-

Para probarle al Tribunal, el interés que tiene nuestra mandante, en continuar con el presente proceso, promovemos documento de propiedad en la cual se prueba que la Lic. Y.J. HERRERA SOLÓRZANO es la única propietaria del inmueble en cuestión.

Este Tribunal observa, que al folio 71 copia fotostática simple de documento de propiedad debidamente registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, de fecha 21 de marzo de 2002, bajo el N° 12, folios 88 al 92, Protocolo Primero, Tomo Trigésimo Cuarto, Primer Trimestre del año en curso. Del mismo se evidencia, que la ciudadana Y.J.H.S., es propietaria del inmueble consistente en una casa para habitación ubicada en la calle 03, casa N° 06 de la Urbanización Humboldt de esta ciudad de Mérida, el cual es el inmueble objeto del presente juicio y por cuanto no fue tachado de acuerdo a lo establecido en el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil, se valora de conformidad con los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil. Y ASÍ SE DECLARA.-

VII

INFORMES DE LOS APELANTES

INFORMES DE LA PARTE DEMANDANTE:

Las abogadas en ejercicio ENZA M.R.I. y THAILY DEL VALLE LEÓN, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V.-8.030.789 y V.-12.360.841, respectivamente, debidamente inscritas en el Inpreabogado bajo los números 38.985 y 78.981, en su condición de apoderadas judiciales de la ciudadana Y.J.H.S., parte demandante en el presente juicio, al interponer el Recurso de Apelación, contra la sentencia definitiva de dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, pasa a exponer los fundamentos que sirven de sustento a dicho recurso, lo cual hace en segunda instancia bajo los siguientes términos:

• Que en fecha 25 de abril del 2005, el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial, pronunció la sentencia en contra de nuestra representada declarando con lugar la falta de cualidad y de interés de nuestra mandante para sostener el juicio, toda vez, que según la sentenciadora, la parte actora del proceso no probó la existencia de la relación arrendaticia verbal, pero cabe señalar ciudadano Juez, que la sentenciadora decidió a priori sin analizar nuestras pruebas y ese criterio atenta contra el constitucional derecho de propiedad que posee nuestra mandante sobre su vivienda ubicada en la Urbanización Humboltd, calle 3, casa N° 6 de esta ciudad de Mérida y simultáneamente violó el debido proceso al considerar inoficioso el análisis de nuestras pruebas y el principio de igualdad entre las partes, tal como lo señala el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

• Que en su escrito de promoción de pruebas promovieron una serie de documentos públicos: 1) Documento de propiedad del inmueble, que prueba la condición de propietaria del mismo por parte de nuestra mandante, a tal efecto el Tribunal hizo mutis con esa prueba. 2) Sentencia del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial, en la cual restituía el carácter de arrendatario del demandado y acta de restitución de esos derechos levantada por el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, con la cual probamos fehacientemente la relación arrendaticia, en esta prueba también hizo silencio la sentenciadora.

• 3) Promovimos inspección judicial con fotografías del inmueble, en la cual queda demostrado el deterioro del inmueble objeto de esta demanda, a esta prueba la sentenciadora calló.

• 4) Solicitamos se oficiara a CADELA, para demostrar la deuda que tienen los inquilinos con ese servicio público y que perjudica a nuestra mandante, el Tribunal admitió la prueba, pero nunca libró los oficios y en su sentencia continuó con su silencio.

• 5) Promovimos los recibos y contrato de arrendamiento, en lo cual quedó demostrado todos los gastos que realiza nuestra mandante, teniendo su casa donde puede vivir tranquilamente mermando sus gastos. A estas pruebas tampoco la sentenciadora se pronunció.

• 6) De nuestras pruebas, la única que se pronunció el Tribunal fue sobre los recibos de pago, en la cual quedó plenamente comprobado el precio del canon de arrendamiento y no la apreció porque según la sentenciadora, esos recibos debían estar firmados por los co-demandados. En este caso, dentro del término legal, nuestra contraparte no se opuso a la admisión de la prueba, tampoco la desconoció, impugnó o la desvirtuó para que la sentenciadora haya tenido un argumento legal para desecharla.

• Que por todo lo antes expuesto y con fundamento a los artículos 208 y 245, ejusdem, solicitan la reposición de la causa al estado en que el Tribunal libre los oficios solicitados en nuestra promoción de pruebas, o en su defecto, se reponga al estado de sentencia, ordenándosele al Tribunal que conoció en primera instancia el análisis de nuestras pruebas.

INFORMES DE LA PARTE DEMANDADA:

El abogado en ejercicio C.A.G.T., obrando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada en el presente juicio, al interponer el Recurso de Apelación, contra la sentencia definitiva de dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, pasa a exponer los fundamentos que sirven de sustento a dicho recurso, lo cual hace en segunda instancia bajo los siguientes términos:

• Que están conformes con los puntos segundo y tercero del mismo dispositivo. Pero en lo que se refiere a los puntos PRIMERO y CUARTO no estamos conformes y por eso apelamos, por las siguientes razones:

• Que el argumento de esta fundamentación es que en el anterior juicio por desalojo intentado por YHAJAIRA J.H.S. ante el Juzgado Primero de Municipios, fue demandado únicamente el cónyuge, J.G.E.M., en tanto que en este juicio fueron demandados los dos cónyuges, J.G.E.M. y Herrera de E.Y.J., constituyendo estas dos personas físicas, como integrantes de la sociedad conyugal, un litis consorcio pasivo necesario.

• Que la ciudadana Juez de la causa confunde a la cónyuge con un tercero, “un nuevo sujeto”, como lo asienta, ignorando que la sociedad conyugal debe considerarse como una sola persona, excepto cuando haya entre los cónyuges oposición de intereses, como en los casos de divorcio, separación de cuerpos, separación de bienes o liquidación y partición de la comunidad conyugal. De modo que demandar a uno de los cónyuges o a los dos, por desalojo del inmueble donde habitan con sus hijos, es la misma cosa, tanto más cuanto que, demandado el cónyuge, la cónyuge sufrió el secuestro del inmueble junto con sus hijos y su esposo. Por ello, solicita a esta Alzada, revocar la sentencia del A-quo en cuanto al punto PRIMERO del dispositivo de la misma, declarando con lugar la cuestión previa opuesta de COSA JUZGADA.

• Que en cuanto al punto CUARTO del dispositivo del fallo de Primera Instancia donde se exime a la parte demandada del pago de las costas procesales, siendo que la que resultó totalmente vencida fue la demandante, y entiendo igualmente que tal exención de costas la hace la ciudadana Juez porque considera que al haber sido declarada sin lugar la cuestión previa de COSA JUZGADA, la parte demandante no fue totalmente vencida. Pide al Juez de Alzada revocar la sentencia de primera instancia en cuanto se refiere también al punto CUARTO, es decir, la exención de costas y, en consecuencia, condenar a la demandante al pago de las costas del presente juicio.

VIII

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De la Competencia de esta Alzada:

Con fundamento en la disposición del artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal, es competente para el conocimiento de las consultas y apelaciones relativas a las sentencias que en materia Civil, dicten los Tribunales de Municipio en lo Civil. Y visto que en el presente caso, la decisión definitiva (Desalojo), apelada fue dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, este Tribunal declara su competencia para el conocimiento de la apelación en referencia.

Para decidir este Tribunal observa:

Plantea la parte actora, representada por las abogadas ENZA M.R.I. y THAILY DEL VALLE LEÓN, que el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial, pronunció la sentencia declarando con lugar la falta de cualidad y de interés de su mandante para sostener el juicio, toda vez que, según la sentenciadora, la parte actora del proceso no probó la existencia de la relación arrendaticia verbal.

Según la doctrina, la cualidad es el derecho para ejercitar determinada acción; e interés, la utilidad o el provecho que ésta pueda proporcionar a su titular, esto es, que la cualidad reside en el fundamento personal del derecho de pedir que es distinto al derecho mismo que se reclama.

El autor Ricardo Henríquez La Roche en su Libro INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL, nos define la cualidad de la manera siguiente: “La cualidad, también denominada legitimación a la causa (legitimatio ad causam) deben tenerla el demandante, el demandado y los terceros que intervengan en el proceso, so pena de producirse una sentencia de inadmisibilidad o de improcedencia...”

Sobre este aspecto, este Tribunal observa que al folio 71, obra documento de propiedad de la ciudadana Y.J.H.S., sobre un inmueble constituido por: “una casa para habitación, ubicada en la calle 03, casa N° 06 de la Urbanización Humboldt, de esta ciudad de Mérida, Estado Mérida, documento que se encuentra debidamente registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, de fecha 21 de marzo del año 2002, bajo el N° 12, folios 88 al 92, Protocolo Primero, Tomo Trigésimo Cuarto, Primer Trimestre del mencionado año, el cual constituye el inmueble objeto del presente litigio y que no fue tachado por la parte demandada, teniendo para este Juzgador fuerza probatoria de la cualidad de propietaria de la ciudadana Y.S. sobre el inmueble en cuestión.

Ahora bien, definido el carácter de propietaria de la parte actora en el presente juicio, es menester dilucidar sobre la cualidad que tiene la actora como arrendadora de los ciudadanos J.G.E.M. Y YUMIL HERRERA DE ESTRADA. Esta Alzada observa, que a los folios 28 al 37, obra copia certificada de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 06 de abril de 2004, y en la parte dispositiva de la misma se lee textualmente, en el numeral Primero: “CON LUGAR LA FALTA DE CUALIDAD Y DE INTERÉS OPUESTA POR EL DEMANDADO CONTRA EL DEMANDANTE PARA SOSTENER ESTE JUICIO” y en el numeral Quinto: “SE ORDENA RESTITUIR LOS DERECHOS QUE COMO ARRENDATARIO OBSTENTA EL DEMANDADO J.G.E. MOLINA”. (Negritas y Subrayado de este Tribunal). Es menester destacar, que si bien es cierto que en la mencionada sentencia se evidencia una contradicción por haber declarado con lugar la falta de cualidad de la demandante y a la vez, haberle restituido los derechos como arrendatario al demandado, también es cierto que dicha decisión fue ejecutada por el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial y de acuerdo al Principio de Comunidad de la Prueba y a la facultad conferida por el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, esa declaración judicial como arrendatario al ciudadano J.G.E.M., en el mes de abril del año 2004, es perfectamente válida para este Juzgador, y en virtud de haber quedado demostrado que la ciudadana Y.S. es la legítima propietaria del inmueble objeto del presente juicio, es obligatorio concluir que el ciudadano J.E. habita el inmueble propiedad de la demandante en calidad de arrendatario, por haber sido restituido con ese carácter en el uso del mismo, tal como consta en acta de fecha 24 de mayo de 2004, que riela a los folios 14 al 16 del presente expediente en copia debidamente certificada por el mencionado Juzgado Ejecutor.

Argumentos éstos que llevan a esta Alzada a concluir que la ciudadana Y.J.H.S. sí tiene cualidad como arrendadora para actuar en el presente juicio y, por ende, los ciudadanos J.G.E.M. Y YUMIL HERRERA DE ESTRADA, tienen interés para seguirlo, en calidad de arrendatarios Y ASÍ SE DECLARA.-

Por su parte, los demandados, a través de sus apoderados judiciales, antes de contestar al fondo de la demanda Alega cuestión previa del articulo 346 en su ordinal 9° del Código de Procedimiento Civil Venezolano, es decir la Cosa Juzgada, en virtud que la ciudadana Y.J.H.S., ya había demandado con anterior oportunidad, por ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a nuestro poderdante J.G.E.M., fundamentando aquella demanda en el mismo presunto contrato verbal de arrendamiento que decía haber celebrado en fecha 01 de septiembre del año 2.000 y pidió y obtuvo el secuestro del citado inmueble.

Ahora bien, es oportuno indicar que en Jurisprudencia citada en el Código de Procedimiento Civil de Legis Editores, señala que “la Sala Constitucional hizo referencia a la cosa juzgada, por cuanto se trata de acciones y recursos ejercidos en el mismo proceso, contra actuaciones producidas en éste, lo cual evidencia la triple identidad, no así cuando se trata de otro juicio, en el que dicho instituto sólo opera si están dados los supuestos exigidos en el artículo 1.395 del Código Civil”.

Así pues, los requisitos que establece el mencionado artículo 1.395, en su último aparte son: “la autoridad de cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que estas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior”, es decir que está sujeta a determinados preceptos legalmente establecidos, encontrándose entre ellos: la triple identidad de sujetos (eadem personae), el objeto (eadem res) y la causa de pedir (eadem causa petendi).

Este Tribunal, para determinar la existencia o no de la cosa juzgada alegada por el demandado, relacionada con el Expediente número 6336. Motivo: Desalojo. Llevado a cabo en el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, cuya decisión es de fecha 06 de abril de 2004, pasa a analizar uno a uno los requisitos exigidos en la norma sustantiva civil.

1. -) En relación al primer requisito, es decir, el objeto de la cosa (eadem res), que la cosa demandada sea la misma, este Tribunal observa que en el expediente 6336, se demandó el desalojo de un inmueble constituido por una casa para habitación ubicada en la Urbanización Humboldt, calle 3 N° 06 de esta ciudad de Mérida, Estado Mérida. En el presente juicio, es decir el que es objeto de la presente apelación, la demanda de desalojo versa sobre el mismo inmueble mencionado anteriormente. Razón por la cual se cumple el primero de los requisitos para que proceda la triple identidad de la cosa juzgada. Y ASÍ SE DECLARA.

2. -) En cuanto al segundo de los requisitos, es decir, que la demanda esté fundada sobre la misma causa (eadem causa petendi). Tal como lo ha dejando sentado la extinta Corte Suprema de Justicia: “Al exigirse la identidad de causa como requisito para la procedencia de la cosa juzgada, se entiende por causa o título los fundamentos de hecho que delimitan la petición del actor. Lo importante al respecto son los hechos que constituyen la razón de pedir y no la calificación que las partes quieran atribuirle” (cfr Sent. 9-10-68 GF P.168). Ahora bien, en base al criterio anteriormente transcrito, este Tribunal observa que en el expediente 6336, el motivo de la demanda fue el desalojo por falta de pago de los meses de diciembre del año 2000; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2001; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2002 y enero y febrero del año 2003. Mientras que en la actual demanda, demanda por desalojo, lo que pretende la actora es el pago de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2004. Razón por la cual resulta evidente que la nueva demanda no está fundada en la misma causa, los cánones que demanda actualmente corresponden al año 2004, luego de haberse restituido al demandado J.G.E.M. en posesión del inmueble objeto del presente juicio, que no tienen nada que ver con los cánones por los cuales demandó en el año 2003 y cuyo juicio terminó con sentencia definitivamente firme. Concluyendo de esta manera, que no se cumplió el segundo de los requisitos exigidos por el Código Civil para que se de la triple identidad de la cosa juzgada, razón por la cual quien aquí decide considera inoficioso analizar el tercero y último de los requisitos establecidos en la norma sustantiva civil, que sea entre las mismas partes y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que el anterior, es decir el elemento subjetivo (eadem personae), ya que por no haberse configurado. Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal considera que la cuestión previa prevista en el ordinal 9° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil debe ser declarada sin lugar Y ASÍ SE DECLARA.

En el caso de marras, la parte demandada alega, de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, que la actora no tiene la cualidad como arrendadora y que los demandados no tienen cualidad de arrendatarios, falta de cualidad que fue declarada con lugar por el A-quo en la sentencia apelada. En relación a este particular, este Juzgador ya emitió pronunciamiento al respecto, al declarar que la ciudadana Y.S. sí tiene el carácter de arrendadora y los ciudadanos J.E. y Yumil de Estrada tienen el carácter de arrendatarios, a partir de la fecha de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 06 de abril de 2004, que los restituye en el inmueble con ese carácter, por los motivos señalados ut supra Y ASÍ SE DECLARA.-

Por último, solicita el apelante de la parte demandada, pronunciamiento sobre el numeral CUARTO de la sentencia apelada, donde se exime a la parte demandada al pago de las costas procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil.

El autor Borjas, citado por E.C.B., en los comentarios del Código de Procedimiento Civil de Venezuela, dice que “costas son todos los gastos hechos por las partes en la sustanciación de los asuntos judiciales, tanto los expresamente previstos en la Ley, como todos los demás gastos diversos hechos en el proceso y con ocasión de él desde que se inicia hasta su completo término, siempre que consten en el expediente respectivo”. En este sentido, esta Alzada considera que el A-quo, aplicó incorrectamente el contenido del artículo 275 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la mencionada disposición legal, ya que el término “exime” no se encuentra expresado tal, lo que se refiere es a la compensación cuando hay vencimiento recíproco, en el sentido que cada parte será condenada al pago de las costas de la contraria y que mientras no estén liquidadas las costas de ambas partes, no podrá procederse a su ejecución. El vencimiento para que sea causa de la condenatoria en costas, debe ser total, sea contra el demandado o contra el demandante. Por tanto, ambas partes tendrán derecho a cobrar sobre su contrario las costas procesales. El hecho que el A-quo en el numeral CUARTO de la dispositiva del fallo se pronunció “eximiendo en costas a la parte demandada y demandante”, no era lo adecuado en la decisión pronunciada en virtud que, como se estableció ut supra, al analizar la nulidad de la sentencia apelada, por presentar el vicio de incongruencia positiva, dada la naturaleza del mencionado fallo, sencillamente no había lugar a las costas procesales Y ASÍ SE DECLARA.-

Ahora bien, vistas y analizadas las pruebas presentadas en el presente juicio, tanto de la parte actora como de la parte demandada, este Tribunal demostrado que ha quedado que la ciudadana Y.S. es propietaria del inmueble objeto del presente juicio, según documento de propiedad que riela al folio 71 del presente expediente, analizada como ha sido la copia certificada de la sentencia proferida por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de fecha 06 de abril de 2004, que riela a los folios 28 al 38, junto con el Acta levantada por el Juzgado Ejecutor Segundo de Medidas de esta Circunscripción Judicial, folios 14 al 16, donde se le reconoce cualidad de arrendatario al demandado de autos, ciudadano J.G.E.M., y aunque en el presente juicio se agregó como co-demandada a la ciudadana Yumil J.H.d.E., no varía en nada dicha condición de que sea parte demandada ambos cónyuges, dado que el matrimonio es una institución en la cual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 165 del Código Civil, ambas partes forman una comunidad y son responsables de sus deudas y obligaciones de manera conjunta Y ASÍ SE DECLARA.-

De igual manera, analizadas como han sido las actas procesales y visto que la ciudadana Y.J.H.S., demandó a los ciudadanos J.G.E. Y YUMIL J.H.D.E. por desalojo, fundamentado en el artículo 34, literal a) de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por el pago de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2004, así como los cánones de arrendamiento que se signa venciendo hasta la definitiva entrega del inmueble arrendado, y visto que los demandados de autos no probaron el cumplimiento de la obligación demandada, es decir no consta recibo de pago alguno donde conste que hayan cancelado los cánones de arrendamiento adeudados, conduce inexorablemente a este Juzgador a que dicha demanda debe prosperar Y ASÍ SE DECLARA.-

Como corolario de las consideraciones antes enunciadas y de conformidad con la facultad otorgada en los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, y con fundamento con lo establecido en los artículos 26 y 49 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y actuando este Juez en resguardo del legítimo derecho que tiene las partes en un proceso, a la defensa, y al acceso a los órganos de administración de justicia, para hacer valer sus derechos e intereses, y en apego a la aplicación de una tutela judicial efectiva, este Tribunal después de verificar los hechos alegados por la parte actora, considera que hay razón por la cual la presente acción de DESALOJO debe declararse con lugar, como será expresado en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se decide.

DECISIÓN

Por las consideraciones que anteceden, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Constitución y la Ley declara:

CON LUGAR la apelación intentada por las apoderadas judiciales de la parte actora, abogadas ENZA RANDAZZO INGLISA Y THAILY LEÓN DE HERNÁNDEZ, en representación de la ciudadana Y.J.H.S., contra la sentencia definitiva dictada en fecha 25 de abril de 2005 dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción judicial del Estado Mérida. Sin Lugar la Apelación de la parte demandada. Y ASI SE DECIDE.

QUEDA ANULADA en todas y cada una de sus partes la sentencia apelada dictada por el por el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción judicial del Estado Mérida, en fecha veinticinco (25) días del mes de abril de 2005, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 en concordancia con el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil Y ASI SE DECIDE.

CON LUGAR la demanda que por DESALOJO incoara la ciudadana Y.J.H.S., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.-3.387.422, divorciada, Licenciada en Educación, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado Mérida y hábil, contra los ciudadanos J.G.E.M. Y YUMIL J.H.D.E., venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre sí, titulares de las cédulas de identidad números V.-4.283.312 y V.-8.036.563, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, literal a) de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Como consecuencia de la decisión anterior, se condena a los ciudadanos J.G.E.M. Y YUMIL HERRERA DE ESTRADA a pagarle a la demandante ciudadana Y.J.H.S., los cánones de arrendamiento correspondiente a los meses desde Junio a diciembre del año 2004; enero a diciembre del año 2005; enero a diciembre del año 2006; enero a diciembre del año 2007; enero a diciembre de 2008 y desde enero del presente año, hasta la fecha en que quede firme la presente decisión, a razón de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00) mensuales, equivalentes actualmente a CIEN BOLÍVARES FUERTES (Bs.F.100,00). Y ASÍ SE DECIDE.

Se ordena a los ciudadanos J.G.E.M. Y YUMIL J.H.D.E., a hacer entrega a la ciudadana Y.J.H.S. del inmueble consistente en una casa para habitación ubicada en la Urbanización Humboldt, Calle 3, casa N° 06, del Municipio Libertador del Estado Mérida, completamente desocupado, libre de personas, animales y cosas. Y ASÍ SE DECIDE.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la parte demandada al pago de las costas procesales, por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio. Y ASÍ SE DECIDE.

Por cuanto la presente decisión se publica fuera del lapso legal, es por lo que se ordena la notificación de las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil, o en su defecto a sus apoderados, haciéndoles saber que una vez que conste en autos la última notificación pasados que sean diez días consecutivos, comenzará al día siguiente a computarse el lapso para que las partes ejerzan los recursos de Ley de la presente decisión. Y ASI SE DECIDE

Remítase original del expediente al Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción judicial del Estado Mérida, una vez quede firme la presente decisión, a los fines de dar cumplimiento a la misma. Líbrese las boletas. Y ASÍ SE DECIDE.

Queda de esta forma ANULADA en todas y cada una de sus partes la sentencia apelada.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala del despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En la ciudad de Mérida, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2009. Años 199° de la independencia y 150° de la federación.

EL JUEZ

ABG. JUAN CARLOS GUEVARA.

LA SECRETARIA TITULAR

ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN