Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección del Nuevo Régimen de Yaracuy, de 20 de Septiembre de 2012

Copia del acta de fecha 3 de febrero de 2011, suscrita por la docente Suárez Yusbely, cursante al folio 164 de la primera pieza del expediente, donde se deja constancia que ese día la secretaria de la institución educativa donde labora la retiró del aula de clase debido a la visita del funcionario del CPNNA; ya que los niños iban a ser entrevistados por dichos funcionarios solicitando que no estuviera cerca del salón de clase, así como ningún representante, y tomaron la huellas dactilares de los niños sin autorización de ningunos de los representantes, documento no impugnado en juicio al cual se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDA: Copias de registro descriptivo de las niñas “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA” y “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, cursante del folio 167 al 175 de la primera pieza del expediente, documento administrativo no impugnado en juicio al cual se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y con la cual se evidencia el desarrollo evolutivo de las niñas a nivel educativo y personal. TERCERA: Copias de instrumentos valorativos de la labor como docente de la ciudadana SAHIRY A.T.R. realizada por la Directora y asesora pedagógica del C.E.I A.E.L., ciudadanas profesora I.B. y Dimitrys Duran, cursantes del folio 176 al 194 del expediente, documento administrativo no impugnado en juicio al cual se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y con la cual se evidencia el desempeño favorable en el control y seguimiento en el desempeño como docente de aula. CUARTO: Copias de actas levantadas a las ciudadanas Onna Escudero e I.R., cursante a los folios 196 al 198, donde se deja constancia que su representadas son retiradas pasadas las 11:30 de la mañana, hora de salida de la institución; así como el acta levantada en fecha 25/01/2011, donde la docente realizó una conversación con la representante de la niña Fraruasy Rodríguez; documentos administrativo no impugnado en juicio al cual se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y con la cual se evidencia que la demandante como docente en ocasiones tuvo conversación sobre las niñas V.M. y Fraruasy Rodríguez con sus representantes. QUINTA: Copia del acta de fecha 31 de enero donde además de los representantes se encuentran los miembros del c.c. y representantes de la asociación civil C.E.I A.E.L., con la asistencia aproximada de cuarenta (40) personas en la cual le brindan apoyo a la docente SAHIRY A.T.R., cursante al folio 204, documentos administrativo no impugnado en juicio al cual se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y con la cual se evidencia el apoyo que recibe la demandante de un grupo de personas representantes del grupo 3 de la referida institución educativa, miembros de la comunidad y del C.C..

PRUEBAS TESTIMONIALES DE LA PARTE DEMANDANTE.

1. - Mújica Barraez E.N., venezolana, mayor de edad, Nº 17. 255.238, residenciada barrio la madres calle 7 con avenida 2, Municipio Independencia estado Yaracuy. 2.- Á.A.L.N., venezolana, mayor de edad, Nº 15.769.298, residenciada Urbanización C.B., Municipio Independencia estado Yaracuy. 3.- Diaz Jessy, venezolana, mayor de edad, Nº 15.965.231, residenciada en la urbanización la Villa casa 023 calle 4, Municipio Independencia estado Yaracuy. 4.- D.M. venezolano, mayor de edad, Nº 10.396.895, residenciado en la calle 21 entre 7 y 8 punta brava del estado Yaracuy.

Testimoniales que este tribunal no pasa a valorar, por considerarlo inoficiosa ya que no hay pronunciamiento al fondo del asunto y así se decide.

PRUEBA DOCUMENTALES DE LA PARTE DEMANDADA:

Copias certificadas del expediente administrativo llevado por el C.d.P.d.N., Niñas y Adolescentes del Municipio Independencia del estado Yaracuy, marcado con la letra A contentivo de 56 folios. Cursante a los folios 101 al 156 del expediente. Así como también los anexos marcados con la letra B y C, que rielan a los folio 157 y 158 del presente asunto; documentos administrativos no impugnados en juicio al cual se le otorgan valor probatorio y en el cual consta la medida de protección dictada por el referido c.d.p. contra la cual acciona la parte demandante por existir disconformidad con la misma, así como copia del oficio remitido por la Consejera de Derecho del Municipio Independencia al C.d.P.d.M.I., donde anexo remiten documento recibido por ese despacho y copia de constancia donde le fueron entregadas copias del expediente administrativo llevado por el C.d.P. N° 2011-01-016, a la ciudadana Sahiry Tovar, titular de la cédula de identidad N° 7.918.586. SEGUNDA: Partida de nacimiento de la niña “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, signada con el N° 704 del año 2007, expedida por la Dirección de Registro Civil del municipio San Felipe del estado Yaracuy, documento público que reviste pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 11 y 77 de la Ley de Registro Público. Y sirve para demostrar la filiación de la niña con los ciudadanos ONNA DARIMAR ESCUDERO ARIAS y E.J.M.S. y su minoridad, lo cual determina la competencia de este tribunal para conocer del presente asunto.

PRUEBAS REQUERIDAS POR EL TRIBUNAL:

El juez haciendo uso de sus amplios poderes y de conformidad con los principios rectores establecidos en el artículo 450 literal “j” y “k” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativos a Primacía de la realidad y Libertad probatoria, en la búsqueda de la verdad e inquirirla por todos los medios a su alcance acuerda incorporar como medio de prueba la siguiente: PRIMERO: Copia certificada de escrito y anexo de decisión N° 2, presentada por los Consejeros de protección del C.d.P.d.N., Niñas y Adolescentes del Municipio Independencia del estado Yaracuy, donde notifican a la jueza de Mediación y Sustanciación de este Circuito, que han revocado la decisión número 1 de fecha 09-02-2011, expediente administrativo 2011-01-016, donde se ordenaba la separación de la ciudadana SAHIRY A.T., titular de la cédula de identidad N° 7.918.586, del entorno de las niñas “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA” y “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, en sus ordinales 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 9, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cursantes a los folios del 64 al 67 de la segunda pieza del expediente. Se valora como documento administrativo no impugnado en juicio al cual se le otorgan valor probatorio y en el cual consta la decisión N° 2, donde de conformidad con el artículo 131 de la Lopnna, se revisa la Decisión N°1, es decir la medida de protección dictada en fecha 09 de febrero de 2011, expediente 2011-02-016, y se revocan los ordinales 1,2,3,4,5,6, y 9 de la referida medida de protección dictada por el referido c.d.p.. SEGUNDO: Informe Médico Psiquiatra, realizado a la ciudadana SAHIRI TOVAR, parte demandante en el presente asunto, por la doctora X.C., Psicoterapeuta adscrita al Hospital Central P.D.R.R. de esta ciudad, donde se concluye que no hay evidencia patológica al momento del examen, cursante al folio 126 de la segunda pieza del expediente quien juzga, aprecia el informe médico realizado, por provenir de experto reconocido en la materia sobre la cual lo rinde, sin que hubiere sido desvirtuado con ningún medio de prueba, dándole pleno valor probatorio el cual resulta útil para probar las condiciones psicológicas de la demandante de autos. TERCERO: Informe Técnico Psicológico Parcial realizado a los ciudadanos I.W.L.D.R., R.J.R.B., ONNA ESCUDERO ARIAS, ERWIR J.M.S. Y A LAS NIÑAS “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA” Y “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, por los miembros del equipo multidisciplinario adscrito a este Circuito de Protección. Quien juzga, aprecia el informe técnico parcial realizado, por provenir de experto reconocido en la materia sobre la cual lo rinde, sin que hubiere sido desvirtuado con ningún medio de prueba, dándole pleno valor probatorio de conformidad con lo contemplado en el artículo 481 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y adolescentes, el cual resulta útil para probar las condiciones psicológicas tanto de las niñas de autos como la de sus padres. Donde se concluye con respecto a las niñas de autos que no se evidenciaron impedimentos psicológicos, demostrando relaciones satisfactorias y adecuada comunicación, sin embargo se recomendó que los padres de las niñas manejen la circunstancia que pudo haberse presentado con la maestra y las niñas, como una situación a manejar entre adultos dejando a un lado la persuasión hacia las pequeñas con respecto a ese episodio, por cuanto para sus hijas este incidente no transcendió en su significación desde el punto de vista psicológico ni del desarrollo adecuado de su personalidad

DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER

El presente asunto, se tramitó por el procedimiento contencioso establecido en el artículo 450 y siguientes de la Ley orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, como correspondía. Este Tribunal, es competente para conocer del presente asunto de Acción de Disconformidad contra la Medida de Protección dictada por el C.d.P.d.N., Niñas y Adolescentes del Municipio Independencia del estado Yaracuy, conforme a las facultades que me confiere el Parágrafo tercero, literal b) del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que atribuye la facultad para conocer y decidir de los asuntos que contengan como objeto la disconformidad con las medidas impuestas por los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y por estar las niñas involucradas en la medida de protección, residenciadas en el estado Yaracuy, dirección de residencia que está dentro del ámbito de la competencia por el territorio de este Tribunal de Juicio.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

PUNTO PREVIO

De la caducidad y la notificación requerida para su cómputo.

La caducidad de la acción, la cosa juzgada, la prohibición legal de admitir la acción propuesta y la falta de cualidad e interés, son conceptos jurídicos ligados a la acción y no a la cuestión de fondo debatida, son figuras jurídicas que extinguen la acción y esta situación es distinta a la que puede surgir a partir de los alegatos esgrimidos en la contestación de la demanda.

La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1651, de fecha trece (13) de diciembre de 2010, con ponencia del Magistrado Doctor A.V.C., en el caso J.A.S.A. contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, señaló:

“(…) Ahora bien, respecto a la caducidad de la acción, constituye criterio reiterado de esta Sala, que la misma consiste en la pérdida del ejercicio de la acción por el transcurso del lapso previsto en la ley, lapso que no puede ser objeto de interrupción, suspensión, ampliación o disminución por voluntad de las partes o del juez, toda vez que de conformidad con el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, “los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley(…)”.

En suma de lo anterior, la caducidad de la acción es la figura legal que regula la extinción de la acción por mandato expreso del legislador en virtud de un plazo fatal ya que la inactividad por parte del actor acarrea la pérdida del interés jurídico actual y como consecuencia de ello dado su carácter de orden público pierde el interés de la tutela estatal, es decir, que la Caducidad actúa sobre el derecho mismo para provocar su desaparición, al dejarlo sin eficacia alguna.

Aducen los consejeros de protección, en su contestación a la demanda, la caducidad de la acción, por cuanto el Recurso de Reconsideración de la parte actora, fue interpuesto de forma extemporánea y ante un órgano incompetente (C.M.d.D.d.N., Niñas y Adolescentes del Municipio Independencia del estado Yaracuy), a tal efecto invocan lo dispuesto en el artículo 305 de la Ley Orgánica parta la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que dispone:

Contra las decisiones del C.d.P. y del C.M.d.D.d.N., Niñas y Adolescentes, solo cabe ejercer, en vía administrativa, recurso de reconsideración, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haberse notificado la decisión. Resuelto dicho recurso o vencido el plazo para interponerlo, se considera agotada la vía administrativa

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Por su parte el artículo 307 eiusdem establece:

La acción judicial contra las decisiones de los Consejos de Protección y de los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se intentará por ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y caduca a los veinte días siguientes a la notificación de la decisión del respectivo Consejo o de aquella mediante la cual se resuelva el recurso de reconsideración

Nótese como la referida norma establece un plazo perentorio y fatal de 20 días para atacar judicialmente las decisiones de los Consejos de Protección y dicho plazo comienza a computarse una vez notificado el afectado de dicha decisión o de aquella mediante la cual se resuelve el recurso de reconsideración.

En este sentido, se colige de autos al folio 155 de la primera pieza, resolución dictada por los Consejeros de Protección del Municipio Independencia del estado Yaracuy, ciudadanos J.F. y D.M., de fecha 17/02/2011, en la que se pronunciaron en relación al recurso de reconsideración interpuesto por la ciudadana SAHIRY TOVAR contra la medida de protección dictada por dicho C.d.P. en fecha 09/02/2011, de la siguiente manera: “(…) El pretendido recurso fue consignado ante un órgano administrativo no competente, extemporáneamente y según artículo número 305 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (L.O.P.N.N.A), pasadas las cuarenta y ocho (48) horas siguientes se considera agotada la vía administrativa”.

Por lo que esta juzgadora constata que el acto dictado por el C.d.P. en fecha 09/02/2011 fue atacado por la afectada mediante el Recurso de Reconsideración y dicho órgano administrativo se pronunció estableciendo la extemporaneidad del mismo.

No obstante la accionante en su libelo advierte que “a pesar de haber sido notificada en fecha 10 de febrero de 2011 de la decisión dictada en el expediente N° 2011-01-016 de fecha 09 de febrero de 2011, no es menos cierto, que en dicha Notificación no se le deja copia del contenido de la misma, con la finalidad que nuestra patrocinada tuviese conocimiento exacto de la integridad de la decisión dictada por el c.d.p. del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Independencia del Estado Yaracuy; Solo se hace referencia en la notificación que se le impone de una medida de protección contemplada en el artículo 126 de la referida ley; lo cual sin duda alguna deja en un flagrante estado de indefensión a nuestra patrocinada ya que con la sola lectura es imposible que cualquier ser humano pueda proceder a realizar un recurso sin poder a.e.f.d.f. detenida y detallada; por lo que a nuestra humilde opinión debió dejársele copia de dicha decisión más cuando en fecha 09 de Febrero de 2011, es decir, un día antes, tal como consta en folio 31 del presente dossier nuestra patrocinada había requerido copias de la totalidad del expediente, con dos objetivos especificados claramente en el contenido de dicho escrito.”

En este sentido, con relación a las notificaciones la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos señala:

Artículo 73. Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, personales y directos, debiendo contener la notificación el texto íntegro del acto, e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse.

Artículo 74. Las notificaciones que no llenen todas las menciones señaladas en el artículo anterior se considerarán defectuosas y no producirán ningún efecto.

Asimismo en torno a las notificaciones defectuosas la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Expediente N° 2010-1058, sentencia N° 01220 de fecha 6-10-2011, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, señaló el criterio jurisprudencial sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se transcribe parte del fallo N° 165 del 23 de marzo de 2010, que ratificó a su vez, la decisión N° 1.166 del 11 de agosto de 2009, que resulta del siguiente tenor:

(…) La aplicación del artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para establecer un nuevo lapso de caducidad para las notificaciones defectuosas de los actos administrativos de los cuales se hayan alegado vicios de inconstitucionalidad, colide, en criterio de esta Sala, con el principio general de la eficacia de los actos administrativos de los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual, ha sido reconocido por la doctrina de esta Sala Constitucional, como un elemento fundamental para el acceso a la justicia, y por ende, al derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, en los términos previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En efecto, esta Sala observa que en sentencia Nº 1867, del 20 de octubre de 2006, (caso: M.C.M.A.), ratificada en sentencia núm. 772, del 27 de abril de 2007, (caso: N.A.L.H.), estableció, respecto a la caducidad de los actos administrativos, lo siguiente:

‘Ahora bien, para que la caducidad pueda computarse válidamente es imprescindible que el recurrente haya sido correctamente notificado del acto que afecta sus derechos o intereses pues, de lo contrario, no comienza a transcurrir ningún lapso. Ello por cuanto la consecuencia jurídica del transcurso del lapso de caducidad es sumamente grave: inadmisibilidad de la demanda. Por tanto, para que pueda aplicarse esa consecuencia en forma ajustada a derecho, es necesario que el destinatario del acto objeto de la demanda haya sido informado del recurso, tribunal competente y lapso para su interposición, que el ordenamiento jurídico le brinda en caso de que desee impugnar el acto.

(…) La Sala constata que el acto que la solicitante de la revisión impugnó en primera instancia por ante el Juzgado Superior Sexto Contencioso Administrativo de la Región Capital (folio 26) no hizo mención expresa al recurso que procedía en su contra, así como tampoco del lapso para su interposición y el tribunal con competencia para el conocimiento de la demanda. La consecuencia de tales omisiones en el acto de notificación, es la que establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cual es que la notificación es defectuosa y no produce ningún efecto, razón por la cual, en el caso de autos, el lapso de caducidad de la pretensión contenciosa funcionarial no comenzó su transcurso.

Esta Sala como máxima intérprete y garante del texto constitucional señala que el derecho de acceso a la justicia debe ser respetado por todos los tribunales de la República, los cuales deben siempre aplicar las normas a favor de la acción, tal como se estableció en la sentencia n° 97 del 2 de marzo de 2005, donde se dispuso:

‘Ahora bien, la decisión objeto de revisión se apartó de la interpretación que ha hecho esta Sala Constitucional sobre el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y principio pro actione, según los cuales todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales.’

De lo precedente, queda evidenciado el desconocimiento de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en relación con el principio pro actione, de rango constitucional, y el derecho de acceso a la justicia, toda vez que, ante la comprobación de que el acto que fue impugnado había sido notificado de manera defectuosa, no debió computarse la caducidad de la forma como se hizo para la fundamentación de inadmisibilidad que declaró. Así se decide.

Por otra parte, la Sala observa, con preocupación, como la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo silenció absolutamente la denuncia que la apelante formuló acerca de la notificación defectuosa del acto que había recurrido.

Al respecto, la Sala llama la atención a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y la insta a apegarse a la doctrina de esta Sala en procura del mantenimiento de la integridad y supremacía constitucional.

En efecto, se considera como un hecho grave el que la recurrente haya tenido que solicitar a esta Sala el ejercicio de su especial potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes para el mantenimiento del orden constitucional, cuando la ruptura de dicho orden fue denunciado en el tribunal de instancia y, por tanto, conforme al principio de congruencia del fallo, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo debió analizar la denuncia que le fue propuesta. Tal situación -omisión de juzgamiento de un alegato imprescindible- también implica un desconocimiento de la doctrina vinculante de esta Sala en relación con el contenido esencial del derecho constitucional al debido proceso (Vid, entre otras, s.S.C nº 1614 del 29.08.01). Así se decide.

En conclusión, la Sala declara ha lugar la revisión y anula la sentencia n° 2006-961 que dictó, el 18 de abril de 2006, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa, que declaró sin lugar la apelación que ejerció la parte actora contra la sentencia que declaró inadmisible la querella que había interpuesto contra la Junta Liquidadora de la Asociación Civil Instituto Nacional de Cooperación Educativa (I.N.C.E.). En beneficio de la garantía del principio pro actione, se ordena a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa que decida en el caso de autos para lo cual deberá requerir el expediente original, y deberá tomar en consideración esta decisión. Así se decide.’

Asimismo, dicho criterio ha sido reiterado en jurisprudencia de esta Sala (s.S.C. núm. 1812, del 25 de noviembre de 2008), a saber:

‘Así, la Sala se ha pronunciado en anteriores oportunidades en el sentido de señalar que los órganos jurisdiccionales, en atención al principio pro actionae y el derecho de acceso a la justicia, no deben computar el lapso de caducidad de la acción, cuando se evidencie defecto en la notificación, ya que los requisitos procesales deben ser interpretados en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales (Vid. sentencias números Nº 1867 del 20 de octubre de 2006, caso: M.C.M.A. y 772 del 27 de abril de 2007, caso: N.A.L.H.).

Igualmente, debe destacarse que el alcance del principio pro actione, debe entenderse como que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que ‘(…) el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia’ (Vid. sentencia Nº 1.064 del 19 de septiembre de 2000, caso: C.A. Cervecería Regional).

De lo anterior se colige que, cuando el ciudadano A.P.R.V. interpuso el recurso jerárquico contra el acto administrativo emanado del Directorio del Instituto Agrario Nacional, lo hizo en atención al erróneo contenido de la notificación practicada -ya que se le indicó que debía intentar un recurso no previsto en la ley-, por lo que en el presente caso si bien procedía la nulidad de la Resolución Nº 125 emanada del Ministerio de Agricultura y Tierras, no así la declaratoria de firmeza de la Resolución Nº 1.135, pues dicho acto administrativo no ha adquirido el carácter de definitivamente firme, en razón de que el solicitante no fue notificado correctamente, sin surtir efectos la notificación y sin lo cual no es posible el ejercicio de los recursos judiciales correspondientes.

Por lo que respecta a la mencionada firmeza de los actos administrativos en sede administrativa, la Sala Político-Administrativa de este M.T., en sentencia Nº 1.107 del 14 de junio de 2001, señaló lo siguiente:

‘… la firmeza de los actos administrativos en sede administrativa, se debe diferenciar de la cosa juzgada judicial, en tanto y cuanto, a la primera se le vincula con el acto administrativo definitivo no sujeto a revisión ordinaria en sede administrativa (ya sea porque el acto causó estado al agotarse la vía administrativa, pero está sujeto a la impugnación judicial; o porque adquirió firmeza al no ser impugnado)’.

Asimismo, esta Sala señaló en sentencia Nº 1.867 del 20 de octubre de 2006, caso: M.C.M.A. (ratificada en el fallo 772 del 27 de abril de 2007, caso: N.A.L.H.), lo siguiente:

‘… para que la caducidad pueda computarse válidamente es imprescindible que el recurrente haya sido correctamente notificado del acto que afecta sus derechos o intereses pues, de lo contrario, no comienza a transcurrir ningún lapso. Ello por cuanto la consecuencia jurídica del transcurso del lapso de caducidad es sumamente grave: inadmisibilidad de la demanda. Por tanto, para que pueda aplicarse esa consecuencia en forma ajustada a derecho, es necesario que el destinatario del acto objeto de la demanda haya sido informado del recurso, tribunal competente y lapso para su interposición, que el ordenamiento jurídico le brinda en caso de que desee impugnar el acto’ (Resaltado del fallo).

En atención a las consideraciones expuestas, y a los fines de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte solicitante, la Sala declara parcialmente ha lugar la solicitud de revisión de la sentencia Nº 289 del 13 de febrero de 2006, dictada por la Sala Especial Agraria Accidental de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, anula el dispositivo quinto de dicho fallo que declaró: ‘… FIRME la Resolución N° 1.135, sesión N° 17-10 del 20 de julio de 2001, emanada del Directorio del Instituto Agrario Nacional, que declaró con lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano Giov Battista Morreale, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 54, sesión N° 30-00, del 8 de agosto de 2000, dictada por ese mismo Directorio…’.

Igualmente, la Sala establece que el ciudadano A.P.R.V. cuenta con un lapso de sesenta (60) días continuos, más el término de la distancia que en el presente caso es de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de la presente decisión, para ejercer el recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución Nº 1.135 del 20 de julio de 2001, dictada por el Directorio del entonces Instituto Agrario Nacional, ante el Juzgado Superior Primero Agrario Accidental de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y de los Estados Miranda, Guárico, Amazonas y Vargas, con competencia como Tribunal de Primera Instancia en materia Contencioso Administrativa Especial Agrario y de Expropiación Agraria, de conformidad con lo establecido en el artículo 190 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide’.

Siguiendo el mismo criterio jurisprudencial en materia de notificación de actos administrativos, esta Sala (s.S.C. núm. 1166 del 11 de agosto de 2009; caso: H.M. C.A.), en una decisión análoga a la que se somete en esta revisión, estableció:

‘Conforme a este criterio, los órganos jurisdiccionales, en atención al principio pro actione y al derecho al acceso a la justicia, no deben computar el lapso de caducidad del derecho de acción cuando se evidencie defecto en la notificación del acto administrativo, de acuerdo con los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que los requisitos que sean reclamados deben interpretarse en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales.

Observa esta Sala con preocupación, la aplicación analógica que hizo la Sala Político-Administrativa de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales cuando juzgó en el caso de autos, ya que aplicó una ley diferente de la que correspondía al caso concreto, conducta que desfavoreció al principio pro actione y a la seguridad jurídica de los justiciables. Por ello, solamente debe recurrirse a la analogía cuando exista un vacío en la legislación aplicable al caso concreto y no, como en el caso de autos, en el que nunca se verificó ese supuesto.

De manera que, como se evidencia en el caso de autos, se actualizaron los mismos supuestos que determinaron la decisión que se transcribió supra, ya que la notificación del acto que se impugnó no incluyó los medios impugnativos que proceden contra el mismo ni los términos para el ejercicio de ellos, por lo que debió declararse la inadmisión del recurso que interpusieron los apoderados judiciales del Municipio San C.d.E.T.. De esta manera, esta Sala reitera y aplica el criterio que contiene la sentencia n.° 1867, del 20 de octubre de 2006, caso: M.C.M.A., para la resolución de esta revisión constitucional, la declara con lugar y, en consecuencia, anula el fallo n.° 282 que emitió la Sala Político-Administrativa de este M.T., el 5 de marzo de 2008, el que declaró con lugar la apelación que incoaron los apoderados judiciales del Municipio San C.d.E. Táchira’.

En atención a la jurisprudencia vinculante, resulta de amplia e inveterada consideración, la aplicación de la disposición contenida en los artículos 26 y 49 de la Constitución, las cuales determinan que el derecho a la defensa y al debido proceso, en todas sus vertientes, comprenden el acicate fundamental de los procedimientos judiciales y administrativos, tanto en sí mismos, como en la interrelación que puede existir entre ellos, como ocurre con el debido cumplimiento de los presupuestos procesales que conforman el procedimiento administrativo y que comprenden la vía preparatoria para ejercer los mecanismos de defensa ante el contencioso administrativo.

Esta Sala debe destacar que, el derecho a la defensa y al debido proceso, en lo particular, en lo referente a la tutela judicial efectiva y al principio pro actione, son elementos de rango constitucional que prevalecen y desplazan otros fundamentos de rango legal, como son, en este caso, el invocado por la Sala Político Administrativa con respecto a la seguridad jurídica a través de la estabilidad de los actos administrativos. No puede imponerse un principio relacionado con la efectividad de los proveimientos dictados por la Administración, si con ello se impide por vía de interpretación, el acceso de los particulares para ejercer los medios de defensa ante los tribunales de la República; valores de expresa delimitación y protección constitucionales que no pueden disminuirse, se insiste, por interpretación de preceptos legales.

En este sentido, la interpretación efectuada desconoce el principio de eficacia de los actos administrativos previsto en los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto se pretende convalidar las fallas que pueda incurrir la Administración en materia de notificación de sus actos, en perjuicio de lo establecido por la ley al establecer que la notificación debe incluir expresamente los recursos y lapsos para su interposición; estos elementos comprenden un mandato de ley cuya inobservancia implica que el acto sea ineficaz, y por ente (sic), carente de surtir efectos en el tiempo, por lo que no puede computarse su caducidad, ni puede hacerse efectiva bajo ninguna aplicación normativa de aplicación expresa o supletoria, por cuanto el acto que debería originar su cómputo no puede tenerse por ejecutado por expreso mandato de la ley.

Finalmente, esta Sala determina la inaplicabilidad el lapso de caducidad del artículo 6.4 la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que el mismo se encuentra referido únicamente a los supuestos relacionados con violaciones constitucionales para el ejercicio de la acción de amparo y no para alegatos de vicios de inconstitucionalidad de los actos impugnados a través de los recursos contenciosos administrativos; por cuanto, el artículo 261 del Código Orgánico Tributario, norma aplicable en razón del principio de especialidad, ya establece el lapso de caducidad para recurrir de los proveimientos, y abarca a nivel general el tiempo para interponer el recurso contencioso tributario; sin reparar en ello que se aleguen vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que la estabilidad de los actos en materia tributaria ya encuentra delimitado normativamente en el periodo de tiempo previsto en ese artículo, y no puede procederse a la aplicación de otro lapso de caducidad distinto para un mismo supuesto ya determinado en la ley especial en la materia, por lo que solo (sic) puede aplicarse el único lapso previsto en la normativa tributaria, toda vez que el Legislador no hizo distinción alguna dependiendo de la naturaleza de los vicios que alegue el recurrente.

Ello así, se estima que la sentencia en cuestión no se comparece con la jurisprudencia dictada por esta Sala Constitucional; razón por la cual, conforme a los criterios expuestos anteriormente, y atendiendo a su doctrina en materia de revisión constitucional (vid. s. S.C. núm. 93/2001, del 6 de febrero; caso: Corpoturismo; 1992/2004, del 8 de septiembre de 2004; caso: Meter Hofle Szabo; 2216/2004, del 21 de septiembre de 2004; caso: Caso: C.T.B.; 325/2005, del 30 de marzo de 2005; caso: Álcido Parra Ferreira); ante la contravención de la doctrina vinculante citada en el presente fallo por parte de la sentencia objeto de revisión, se declara ha lugar la presente solicitud de revisión constitucional interpuesta por la sociedad mercantil SAKURA MOTORS C.A., contra la sentencia núm. 1939, dictada, el 27 de noviembre de 2007, y publicada, el 28 de noviembre de 2007, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, declara nula la sentencia objeto de revisión, y repone la causa al estado que se dicte nuevo fallo en consideración a la jurisprudencia constitucional y abarcando la totalidad del contradictorio expuesto por las partes en el juicio contencioso tributario de nulidad. Así se decide.

. Resaltados de esta Sala Político-Administrativa.”

En conclusión, al existir notificación defectuosa del acto administrativo, es decir de la medida de protección dictada no es posible la aplicación de la caducidad.

Ahora bien, esta juzgadora al revisar las actas del expediente específicamente al folio 37 de la primera pieza, consta copia certificada de la boleta de notificación a la demandada la cual es del siguiente tenor:

República Bolivariana de Venezuela CPNNA

C.d.P. del Niño, Niña y del Adolescente

Municipio Independencia- Estado Yaracuy

NOTIFICACION

Una vez leída la Medida de Protección dictada por este C.d.p., a la ciudadana: SAHIRY TOVAR, titular de la cedula de identidad N° V-7.918.586, abajo firmante declara: “Me doy por notificada de la Medida de protección impuesta por este C.d.p., Contemplada en el art. 126, literal “g” y “e” de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niña y del Adolescente, en fecha 10/02/2011, teniendo el conocimiento que en caso de incumplimiento, quedare sujeta a las sanciones establecidas en la Ley.”

Del acto administrativo arriba trascrito, pudo constar este tribunal que mediante el mismo el C.d.P.d.N., Niñas y Adolescentes del Municipio Independencia del estado Yaracuy, notifica a la accionante, de la Medida de Protección impuesta por el referido C.d.P. contemplada en el artículo 126 literales “g” y “e” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en fecha 10/02/2011, teniendo el conocimiento que en caso de incumplimiento, quedará sujeta a las sanciones establecidas en la Ley, sin indicar el texto integro del acto, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse.

Por lo que se concluye que la notificación realizada por el C.d.P. a la afectada con la medida de protección dictada, (folio 137) fue defectuosa y la consecuencia de tales omisiones en el acto de notificación, es la que establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cual es que la notificación es defectuosa y no produce ningún efecto, razón por la cual, en el caso de autos, el lapso de caducidad de la pretensión contenciosa no comenzó su transcurso y en consecuencia mal podría considerarse extemporáneo el recurso de reconsideración intentado contra el acto administrativo de fecha 09/02/2011, menos aún, se pudiera haber producido la caducidad de la acción, en consecuencia resulta procedente anular el acto de fecha 17/02/2011, que declaró extemporáneo el recurso de reconsideración y ordenar a dicho C.d.P. se pronuncie sobre dicho recurso tal como se ordenará en el dispositivo del presente fallo.

DECISION

En mérito a las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Sin lugar la defensa de fondo opuesta por la parte demandada, consistente en la caducidad de la acción propuesta, al considerar que la acción judicial fue ejercida extemporáneamente. SEGUNDO: Nulo el acto administrativo dictado por el C.d.P.d.N., Niñas y Adolescentes del Municipio Independencia del estado Yaracuy de fecha 17/02/2011, que declaró extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por la ciudadana SAHIRY A.T.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.918.586, domiciliada en la avenida Cartagena entre calles 28 y 29 casa S/N frente a la unidad educativa J.J.d.M., municipio Independencia del estado Yaracuy, contra el acto administrativo de fecha 09/02/2011. TERCERO: Se ordena al C.d.P.d.N., Niñas y Adolescentes del Municipio Independencia del estado Yaracuy, que se pronuncie sobre el recurso de reconsideración interpuesto validamente por la ciudadana SAHIRY A.T.R., de conformidad con lo establecido en el artículo 306 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. CUARTO: Dada la decisión dictada como punto previo sobre la caducidad y notificación requerida para su cómputo, no hay pronunciamiento al fondo del presente asunto. QUINTO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza del proceso.

Publíquese, regístrese, déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe a los veinte (20) días del mes de septiembre de año 2011. Años 201° de la Independencia y 152º de la Federación.

La Jueza,

Abg. E.M.N.

La Secretaria,

Abg. Felimar Ortega.

En la misma fecha se público, registró y consignó la anterior decisión, siendo las 12:10pm.

La Secretaria,

Abg. Felimar Ortega.