Decisión nº 1167 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Octubre de 2008

EXPEDIENTE N° 964 SENTENCIA N° 1167

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital

Caracas, dieciséis (16) de octubre del dos mil ocho (2008)

198º y 149º

ASUNTO: AF46-U-1996-000054

Visto el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, en fecha catorce (14) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), por el ciudadano R.E.S.L., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.913.979, abogado inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 41.131, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano M.F.T.R., mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad N° 1.858.940, contra de la Resolución N° SAT-GRTI-DR-00020, de fecha primero (01) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos, Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por un monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 1.472.156) (BsF. 1.472, 16) por concepto de multa y TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL ONCE BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 321.011, 48) (BsF. 321, 01) por concepto de intereses moratorios, siendo el monto total de UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 1.793.167, 48) (BsF. 1.793, 17), de conformidad con lo previsto en los artículos, 96 del Código Orgánico Tributario de 1982; 97 y 60 del Código Orgánico Tributario de 1992; 95, 50 y 71 del Código Orgánico Tributario de 1994 y artículo 37 del Código Penal, por haber cometido defraudación del Impuesto sobre la Renta para los períodos fiscales correspondientes a 1988, 1993 y 1994.

En fecha quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (DISTRIBUIDOR), le asignó el conocimiento de la presente causa a este Tribunal siendo recibido por Secretaría en fecha dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996). (Folio 19).

Por auto de este Tribunal en fecha veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), se le dio entrada al Recurso Contencioso Tributario interpuesto, ordenándose notificar a las partes que comprenden la presente relación jurídico tributaria, (Folio 20).

En fecha doce (12) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), el alguacil de este Tribunal consignó la boleta de notificación correspondiente al ciudadano Procurador General de la República (Folio 25), y en fecha veintidós (22) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), el alguacil de este Tribunal consignó la boleta de notificación al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT). (Folio 26).

En fecha diez (10) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), este Tribunal admitió el Recurso Contencioso Tributario interpuesto, (Folio 28)

Este Tribunal, en fecha veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), declaró vencido el lapso de apelación a la admisión del presente recurso, (Folio 29).

En fecha treinta (30) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), se dictó auto dejando constancia que la causa quedó abierta a pruebas. (Folio 30)

En fecha primero (01) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), se dictó auto dejando constancia que quedó vencido el lapso para la promoción de pruebas, ordenándose agregar a los autos el escrito consignado por la representación judicial de la recurrente, (Folios 31 al 53).

En fecha cuatro (04) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), la Abogado TIRMA MARTELL, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 31.943, actuando en su carácter de representante del Fisco Nacional, consignó escrito de oposición a las pruebas. (Folios 54 al 56).

En fecha nueve (09) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), este Tribunal admitió las pruebas promovidas por parte recurrente, (Folios 57 y 58).

En fecha diecinueve (19) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), se dictó auto, declarando desierto el acto donde el ciudadano R.J.R.Á. brindaría testimonio por cuanto el abogado promovente de la prueba no compareció ante este Tribunal. (Folio 72)

En fecha veintidós (22) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), tuvo lugar el acto testimonial del ciudadano F.C.B., titular de la cédula de identidad N° 5.975.815. (Folios 73 y 74)

En fecha veinticinco (25) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), se declaró desierto el acto donde debía comparecer la testigo A.D.R. por cuanto ni la testigo ni el abogado promovente de la prueba comparecieron ante este Tribunal. (Folio 75)

En fecha ocho (08) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996) se dictó auto dejando constancia que venció el lapso de evacuación de pruebas. (Folio 78)

En fecha trece (13) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), se dictó auto, fijando el décimo quinto (15º) día de despacho para que tuviera lugar el acto de informes. (Folio 79)

En fecha ocho (08) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996) este Tribunal, visto los escritos de informes presentados mediante diligencia por la ciudadana TIRMA M.R. actuando en su carácter de abogado representante del Fisco Nacional constante de trece (13) folios útiles, así como la copia certificada del expediente administrativo N° 2690-95 en veintiún (21) folios útiles; e igualmente el escrito de informes presentado por el ciudadano R.S.L. en su carácter de abogado representante del contribuyente constante de diez (10) folios útiles, el Tribunal dijo vistos y ordenó agregar a los autos lo consignado. (Folios del 85 al 132).

En fecha siete (07) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), tuvo lugar el acto para presentar observaciones a los informes de la parte contraria, el Tribunal deja constancia de que la ciudadana Dra. TIRMA M.R., en su carácter de abogado representante del Fisco Nacional presentó las observaciones el diecinueve (19) folios útiles y se ordenó agregar a los autos lo consignado. (Folios 134 al 154)

En fecha nueve (09) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), este Tribunal difirió por treinta (30) días la oportunidad para sentenciar la presente causa. (Folio 162).

Siendo la oportunidad legal para decidir sobre el presente Recurso Contencioso Tributario, este Tribunal pasa a hacerlo en los siguientes términos:

I

DEL ACTO RECURRIDO

En fecha primero (01) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Gerencia Regional de Tributos Internos, Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), emitió la Resolución N° SAT-GRTI-DR-00020, de fecha primero (01) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), por un monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 1.472.156) (BsF. 1.472, 16) por concepto de multa y TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL ONCE BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 321.011, 48) (BsF. 321, 01) por concepto de intereses moratorios, siendo el monto total de UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 1.793.167, 48) (BsF. 1.793, 17), de conformidad con lo previsto en los artículos, 96 del Código Orgánico Tributario de 1982; 97 y 60 del Código Orgánico Tributario de 1992; 95, 50 y 71 del Código Orgánico Tributario de 1994 y artículo 37 del Código Penal, por haber cometido defraudación del Impuesto sobre la Renta para los períodos fiscales correspondientes a 1988, 1993 y 1994.

II

ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

Tanto en su escrito recursivo, como en los informes presentados, la representación judicial del recurrente alegó que si se pagó el Impuesto sobre la Renta para los períodos fiscales de 1988, 1993 y 1994, ante el Banco Provincial y que al enterarse de la investigación fiscal se dirigió a dicho banco y solicitó información de las planillas de depósito en las que constaba su pago, siéndole contestado que dichas planillas no aparecían conformes en sus Registros de Recaudación y que los sellos que aparecían en las mismas no se correspondían con los sellos de la referida institución bancaria, siendo evidente en el presente caso, que alguna persona por medio de la falsificación de los sellos se apropió del dinero del recurrente que estaba destinado para el pago de sus impuestos, razones por las que considera su representado no ha cometido defraudación alguna, tal como lo califica la Administración Tributaria, ya que de su parte no hubo dolo ni ha realizado el hecho que se le imputa, por lo que ha sido injustamente sancionado por un hecho del cual no existe prueba alguna que haya cometido.

Que en los autos no están dadas ninguna de las circunstancias señaladas por los artículos 93, 94 y 95 del Código Orgánico Tributario respecto al recurrente y que una investigación sobre estos hechos cursa ante el Juzgado Décimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

III

ARGUMENTOS DEL FISCO NACIONAL

En su escrito de informes, la representación judicial del Fisco Nacional opinó que los hechos investigados encuadran perfectamente en la tipificación de la defraudación, por cuanto al serle requerida al Banco Provincial la certificación bancaria correspondiente, éste contestó que en sus registros no aparecen tales cancelaciones y que el recurrente pretendió explicar su deuda tributaria pendiente, demostrando su cumplimiento mediante planillas falsas.

Opinó también que de las pruebas promovidas y aportadas, no se ha demostrado que la determinación a que llegó la Administración Tributaria fuera ilegal o no apegada a derecho, por el contrario, son una reafirmación de que el recurrente adeudaba impuestos al Fisco, y no habiendo destruido los fundamentos del acto recurrido, resultan procedentes tanto la multa como los intereses moratorios.

IV

MOTIVACION PARA DECIDIR

PUNTO PREVIO

Vistos los términos en que ha quedado planteada la presente controversia, este Tribunal, tomando en consideración la dinámica procesal de la causa y el lapso de inactividad que se deduce de autos; considera pertinente determinar como punto previo si se ha producido la prescripción de las presuntas obligaciones tributarias objeto de controversia.

Así pues, para resolver el planteamiento precedente es imperativo observar lo dispuesto por los artículos 51, 53 y 55 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable rationae temporis al caso de autos, las cuales establecen lo siguiente:

Artículo 51.- La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.

Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la administración tributaria no pudo conocer el hecho

.

Por su parte, el artículo 53 del Código Orgánico Tributario de 1994, dispone:

Artículo 53.- El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.

El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectuó el pago indebido

.

Finalmente el artículo 55 del Código Orgánico Tributario de 1994 dispone:

Artículo 55.- El curso de la prescripción se suspende con la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la administración tributaria adopte Resolución definitiva, tácita o expresa sobre los mismos.

Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión y reiniciar el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo, al igual que si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir

. (Destacado de este Tribunal).

De las normas anteriormente señaladas, se desprende el régimen jurídico aplicable a la prescripción en materia tributaria; institución ésta, legalmente establecida como mecanismo de extinción de las obligaciones tributarias y sus accesorios, por el transcurso del tiempo y cuyo efecto es la extinción de la obligación.

La Sala Político Administrativa de nuestro M.T. en sentencia Nº 01215 de fecha 26 de junio de 2001 (Caso: Agencia Marítima de Representaciones C.A. (AGEMAR), estableció con respecto a la prescripción en materia tributaria, lo siguiente:

(omissis)…(…) cabe observar que en materia tributaria el instituto jurídico de la prescripción adquiere particular relevancia, en tanto condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado en razón del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenada por el derecho

.

Así las cosas, la connotación que tiene la institución de la prescripción es la de ser un medio de extinción de la obligación tributaria principal y sus accesorios, por el transcurso del tiempo, el cual tiene que ocurrir en forma continua; es decir, que no existan causas que interrumpan o suspendan ese término, a los fines de evitar que el transcurso de ese lapso haga nugatorio los derechos e intereses del acreedor y el deudor en una obligación tributaria.

Por otra parte, en el caso de la existencia de alguna causal de interrupción, la consecuencia fundamental es el inicio de un nuevo período de prescripción; es decir, debe comenzar a computarse nuevamente el lapso para que ésta opere. Por el contrario, al verificarse una causal de suspensión, el efecto es la paralización de ese término al momento de la ocurrencia de la causal, sin que ese tiempo que haya trascurrido en forma previa a dicha causal desaparezca; en consecuencia, una vez que cesen los efectos de la suspensión, se computa la prescripción tomando en cuenta el lapso que había transcurrido con anterioridad a ella…(omissis)”

Partiendo de las premisas legales precedentes y siendo la prescripción un medio de extinción de la obligación tributaria principal y sus accesorios, por causa del transcurso del tiempo, este Tribunal considera pertinente a los efectos de dilucidar este punto previo, apreciar también el criterio establecido recientemente por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que respecta a la procedencia de la prescripción respecto de obligaciones tributarias que son objeto de controversia en sede jurisdiccional y las consecuencias jurídicas de la paralización de la causa, el cual fue plasmado en sentencia número 1557 de fecha 20 de junio de 2006, conforme los términos siguientes:

(omissis)…Así las cosas, debe esta alzada determinar previamente en el caso de autos si operó o no la aludida prescripción de la obligación tributaria debatida, para lo cual habrá de partirse del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación del lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.

Al respecto, se observa que los hechos debatidos y el presunto acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria sustancial se verificaron bajo la vigencia del primer Código Orgánico Tributario (vigente a partir del 1° de enero de 1983), motivo por el cual en principio resultarían aplicables, las disposiciones reguladoras contenidas en dicho instrumento; no obstante, el 10 de diciembre de 1992 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del citado instrumento (Gaceta Oficial N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992), que reguló la materia tributaria desde la referida fecha hasta el 1° de julio de 1994, cuando entró en vigor una nueva reforma de dicho instrumento (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994). Ahora bien, estando en vigencia el aludido Código de 1992, fue dicho “Vistos” en la presente causa, paralizándose posteriormente ésta, toda vez que no fue dictado por esta alzada el respectivo fallo dentro del término legal correspondiente.

En efecto, el 04 de febrero de 1993 se dijo “Vistos” en el presente juicio, entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso de autos, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 06 de abril de 1993…”

(…)

…se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de seis (6) años, en atención a la omisión de la Fundación recurrente de declarar el presunto hecho imponible verificado en el caso de autos respecto de las actividades desarrolladas por ésta; asimismo, por ser la contribución parafiscal de autos liquidable trimestralmente, dicho término comenzaría a contarse al vencimiento de cada trimestre reparado.

Ahora bien, en el caso de autos pudo advertir este Alto Tribunal que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 09 de julio de 1987, mediante la interposición del recurso contencioso tributario, manteniéndose suspendido el lapso de la prescripción hasta el 06 de abril de 1993, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta alzada, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado supra, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y se reactivase éste, verificándose así otra suspensión en el referido cómputo. No obstante, no fue sino hasta el 10 de enero de 2001 cuando el apoderado judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), compareció ante esta Sala a impulsar de nuevo el proceso, solicitando se dictase sentencia en el mismo.

Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de prescripción de la obligación tributaria, visto que desde la paralización de la causa hasta la fecha en que fue nuevamente impulsado el proceso, habían transcurrido casi ocho (08) años, tiempo éste que excede con creces el referido término de seis (06) años para extinguir la obligación tributaria reclamada en el caso sub júdice.

Conforme a lo expuesto, resulta forzoso a esta Sala declarar prescrita la presunta obligación tributaria y sus accesorios reclamada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) a la Fundación Magallanes de Carabobo. Así finalmente se decide…(omissis)

Igualmente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01399, de fecha 07 de agosto de 2007, dejó sentado el siguiente criterio:

(omissis)…Sin embargo, previamente pasa esta alzada a decidir de oficio la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo.

Tal y como fue sostenido en sentencia N° 01058 de fecha 20 de junio de 2007, caso : Las Llaves, S.A., Vs. Municipio Autónomo de Puerto Cabello Estado Carabobo, habrá de partir del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación de lapso de prescripción y sus posibles interrupciones y suspensiones.

Vale destacar, que en principio resultarían aplicables las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver Sent. No. 1557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la normativa vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha en que se produjo la paralización de la causa…”.

Bajo estas premisas, se observa que el 10 de diciembre de 1992 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Tributario de 1983 (Gaceta Oficial N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992), que reguló la materia tributaria hasta el 1° de julio de 1994, cuando se efectuó una nueva reforma de dicho instrumento (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994). Ahora bien, estando en vigencia el aludido código de 1992, fue dicho “Vistos” en la presente causa, a saber, el día 18 de enero de 1994.

Entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso bajo estudio, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso de sesenta (60) días para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 20 de marzo de 1994.

Ahora bien, el citado Código Orgánico de 1992, vigente para la fecha en que se produjo la paralización de la causa, establecía en sus artículos 52, 54 y 56, lo que a continuación se transcribe…omissis…

De las disposiciones normativas precedentemente transcritas, se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de seis (06) años, en atención a la omisión de la sociedad mercantil O.I. C.A., recurrente de declarar el presunto hecho imponible verificado en el caso de autos respecto de las actividades desarrolladas por ésta; así mismo, por ser la contribución parafiscal de autos liquidable trimestralmente, dicho término comenzaría a contarse al vencimiento de cada trimestre reparado.

Ahora bien, en el caso bajo examen pudo advertir esta M.I. que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 12 de diciembre de 1980, mediante la interposición del “recurso contencioso tributario” manteniéndose suspendido el lapso de prescripción hasta el 20 de marzo de 1994, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta Sala, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado anteriormente, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto y una de las partes impulsara nuevamente el proceso y reactivarse éste.

Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de seis (06) años de prescripción de la obligación tributaria, desde la paralización de la causa (20 de marzo de 1994), hasta la presente fecha, es por lo que la Sala declara prescrita la obligación tributaria reclamada…(omissis)

.

Partiendo del criterio precedente que comparte plenamente esta Juzgadora, conforme al cual, el instituto jurídico de la prescripción tiene particular relevancia, en tanto que condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado, en razón del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenadas por el derecho; se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de años (4) años, en atención a que el acto administrativo tributario impugnado es la Resolución N° SAT-GRTI-DR-00020, de fecha primero (01) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), cuyo último período fiscalizado es el año 1994, mediante la cual se impuso a la recurrente la obligación de pagar multa e intereses moratorios derivados del Impuesto sobre la Renta; comenzando a contarse el lapso de prescripción a partir de esa fecha, sin embargo, en el caso de autos advierte quien aquí decide que el curso de dicha prescripción fue suspendido el catorce (14) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), con la interposición del presente Recurso Contencioso Tributario, habiendo transcurrido SEIS (06) MESES y DOCE (12) DIAS del lapso prescriptivo, que fue suspendido mientras se tramitó el referido recurso, hasta que en fecha ocho (08) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996), se dijo vistos en la presente causa, (folio 132), reiniciándose el lapso de prescripción el nueve (09) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997), habiendo suspendido el curso de la prescripción en una sola oportunidad en la que se solicitó a nuestro tribunal dictar sentencia en el presente asunto, en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil cinco (2005) (folio 170), por lo que sesenta (60) días después se reanudó el cómputo del lapso prescriptivo, habiendo transcurrido ONCE (11) AÑOS SEIS (06) MESES y CINCO (05) DÍAS; que sumados al período transcurrido con anterioridad, hacen un total de DOCE (12) AÑOS Y DIECISIETE (17) DIAS de lapso prescriptivo transcurrido.

Como consecuencia de las explicaciones precedentes, en criterio de quien aquí decide, tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, por lo que al haberse superado el lapso de prescripción de la obligación tributaria previsto en el artículo 51 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis, al haber transcurrido DOCE (12) AÑOS Y DIECISIETE (17) DIAS, debe este Tribunal declarar prescrita la presunta obligación tributaria reclamada por la Administración Tributaria Municipal al recurrente. Así se declara.

En razón de los términos de la declaratoria precedente, este Tribunal considera inoficioso pronunciarse sobre los demás planteamientos controvertidos en el presente asunto. Así se declara.

V

DISPOSITIVA

Por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRESCRITA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA contenida en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, en fecha catorce (14) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), por el ciudadano R.E.S.L., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.913.979, abogado inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 41.131, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano M.F.T.R., mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad N° 1.858.940, contra la Resolución N° SAT-GRTI-DR-00020, de fecha primero (01) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos, Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por un monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 1.472.156) (BsF. 1.472, 16) por concepto de multa y TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL ONCE BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 321.011, 48) (BsF. 321, 01) por concepto de intereses moratorios, siendo el monto total de UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 1.793.167, 48) (BsF. 1.793, 17), de conformidad con lo previsto en los artículos, 96 del Código Orgánico Tributario de 1982; 97 y 60 del Código Orgánico Tributario de 1992; 95, 50 y 71 del Código Orgánico Tributario de 1994 y artículo 37 del Código Penal, por haber cometido defraudación del Impuesto sobre la Renta para los períodos fiscales correspondientes a 1988, 1993 y 1994.

En consecuencia:

1. - NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, en virtud que ninguna de las partes resultó totalmente vencida, de conformidad con lo previsto en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario vigente.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2008). Años 198° y 149°.

LA JUEZ,

Abg. M.Z.A.G.

EL SECRETARIO ACC,

Abg. G.B.S.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo la una horas y cero minutos de la tarde (01:00 p.m.).

EL SECRETARIO ACC,

Abg. G.B.S.