Sentencia nº 071 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 29-02-2024
| Date | 29 February 2024 |
| Docket Number | C24-17 |
| Judgment Number | 071 |
| Subject Matter | Derecho Procesal Penal |
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Ponencia de la Magistrada Doctora C.M. CASTRO GILLY
El 23 de enero de 2024, se dio cuenta en la Secretaría de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, del recibo del expediente signado bajo el alfanumérico NP01-R-2022-000055 (de la nomenclatura de la Sala Accidental Ciento Diecinueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas), contentivo del proceso penal seguido en contra de los ciudadanos A.D.M.P., J.E.H.D. y FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ, titulares de las cédulas de identidad números V-26.228.806, V-30.224.038 y V-14.904.050 respectivamente, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto y sancionado en el artículo 458, en concordancia con el artículo 83 ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YSIBEL MARIA LEÓN MORENO, titular de la cédula de identidad número V-18.591.533.
El expediente en mención fue remitido a esta Sala en razón del recurso de casación ejercido el 4 de julio de 2023, por los abogados Frank B.G.D. y E.T.C.V., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 85.996 y 125.879 respectivamente, en su carácter de defensores privados del ciudadano FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ, contra la decisión dictada el 23 de mayo de 2023, por la referida Sala Accidental Ciento Diecinueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, que declaró sin lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la profesional del derecho Erika Tahijiri Chaparro Vegas, en contra del fallo dictado en fecha 26 de noviembre de 2021 y cuyo texto integro fue publicado el 8 de abril de 2022, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, mediante el cual lo condenó a cumplir una pena de TRECE AÑOS (13) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto y sancionado en el artículo 458, en concordancia con el artículo 83 ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YSIBEL MARÍA LEÓN MORENO, titular de la cédula de identidad número V-18.591.533.
En la misma fecha (23 de enero de 2024), se dio entrada al expediente en la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2024-000017 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó como ponente a la Magistrada Doctora C.M. CASTRO GILLY, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
I
DE LA COMPETENCIA
Previo a cualquier pronunciamiento, le corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y, en tal sentido observa:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, en su Título V “De la Organización del Poder Público Nacional”, Capítulo III “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia”, Sección Segunda “Del Tribunal Supremo de Justicia”, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:
Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
8. Conocer del recurso de casación. …
Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referido a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este M.T., de manera concreta, respecto a la Sala de Casación Penal, en su Título III “Competencias y Atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia”, Capítulo I “Competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia”, artículo 29, numeral 2, establece:
Artículo 29. Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia:
2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal.
De acuerdo con el contenido de las normas jurídicas parcialmente transcritas, se determina que corresponde a la Sala de Casación Penal, el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan contra las decisiones de los tribunales penales de segunda instancia; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente asunto. Así se decide.
II
DE LOS HECHOS
Los hechos acreditados por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, son los siguientes:
“(...) En fecha 16 de Septiembre 2019, siendo las 07 horas de la mañana, los imputados identificados como A.D.M.P., FRANNEL J.F.R. y J.E.H.,(sic) portando armas de fuego y bajo amenazas de muerte ingresan a la residencia de la victimas, ubicada en la urbanización la Llovizna, específicamente en calle 07, manzana 29, casa 02 Maturín Estado Monagas y luego de someterlas logran despojarlas de sus pertenencias. 1200 S. cuatro (04| teléfonos marca Samsumg, modelo J7, de color negro, signado con el numero (…). uno marca Samsung, de color negro modelo j2, imei 359060093462571 no marca BLU, color negro, imei. 351858100125166, 351858100125174, uno marca motorola, modelo moto E5 play de color negro imei 351838092234119, una tablet teléfono de color negra signada con el numero (…), dos millones de bolívares soberanos en efectivo (2000000,00. bs), materiales de ortodoncia. ropa de mi esposo y de la niñera, veinte (20) pares de zapatos aproximadamente, los papeles de mi camioneta marca chevrolet, modelo AVEO, color azul, año 2006 placas APN72H, pero lo localizamos por el sector de la cruz en estado de abandono, todo valorado en la cantidad de cien millones de bolívares soberanos (100.000.000.00) para luego huir del lugar. Posteriormente en fecha 11-10-2019, Funcionarios Adscritos a la fuerzas Armadas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana realizando dispositivo de verificación de personas en el sector la llovizna Municipio Maturín, Estado Monagas, avistaron a tres ciudadanos que al notar la comisión tomaron una actitud sospechosa y agresiva, vociferando palabras obscenas e indicando que no se iban a dejar revisar los mismos, intentaron despojar del arma de reglamento a uno de los funcionarios, quienes hicieron uso de las fuerza física policial, precedieron a efectuarle la inspección corporal, no incautándoles ningún objeto de interés criminalístico, dichos ciudadanos quedaron identificados como A.D.M.P., FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ (sic) y J.E.H.D., lo cuales fueron señalados por unos ciudadanos como los autores y participes en la consumación del presente hecho, motivo por el cual, fueron puesto a la orden del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, quien acordó orden de aprehensión en sala en contra de los ciudadanos antes mencionados, los cuales fueron puesto a la orden del Órgano Jurisdiccional de conformidad a las previsiones contenidas en el artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. (…)” [sic].
III
ANTECEDENTES DEL CASO
En fecha 25 de noviembre de 2019, la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, presentó ante el Tribunal Primero de Primera Instancia Estatal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, escrito acusatorio en contra de los ciudadanos A.D.M.P., J.E.H.D. y FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto y sancionado en el artículo 458, en concordancia con el artículo 83 ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YSIBEL MARÍA LEÓN MORENO, titular de la cédula de identidad número V-18.591.533.
El 11 de marzo de 2020, el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, celebró el acto de la audiencia preliminar, en el cual fue designada y juramentada como defensa privada de los ciudadanos A.D.M.P., J.E.H.D. y FRANNEL J.F.R., la abogada E.T.C. Vegas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 125.879; así mismo, el referido Tribunal dictó decisión, en los términos siguientes:
“(…) PRIMERO: Se admite TOTALMENTE ratificación de la acusación presentada contra de los Ciudadanos J.E.H.D., FRANNEL J.F.R. Y A.D. MAITA PINTO, por parte de la Vindicta Pública, en su oportunidad legal, por la presunta comisión del delito COAUTORES en el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 en concordancia con el artículo 83 del Código Penal. SEGUNDO; Se admiten las pruebas presentadas por parte de lo Vindicta Pública, por considerar que fueron obtenidas de manera legal y lícita, y que son útiles, pertinentes y necesarias para a esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas, manteniendo incolume el principia de la comunidad de la prueba. TERCERO: Admitida la acusación, así como la calificación jurídica se procede a imponer a los acusados antes identificados del procedimiento especial por ADMISION DE LOS HECHOS, previsto en el Pedículo 375 de la norma adjetiva penal y se le interroga al ciudadano JHONNY E.H. DIAZ, desea usted admitir los hechos que se le imputan? CONTESTANDO: "NO, DESEO ADMITIR LOS HECHOS, se procede a imponer a los acusados antes identificados del procedimiento especial por ADMISION DE LOS HECHOS, previsto en el Artículo 375 de la norma adjetiva penal y se le interroga al ciudadano FRANNEL J.F. RODRIGUEZ, ¿desea usted admitir los hechos que se le imputan? CONTESTANDO: "NO, DESEO ADMITIR LOS HECHOS, se procede a imponer a las acusados antes identificados del procedimiento especial por ADMISION DE LOS HECHOS, previsto en el Articulo 375 de la norma adjetiva penal y se le interroga al ciudadano A.D. MAITA PINTO, ¿desea usted admitir los hechos que se le Imputan? CONTESTANDO: "NO. DESEO ADMITIR LOS HECHOS. CUARTO: Se mantiene MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE L.I. en su oportunidad. Se ordena la APERTURA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO, a los ciudadanos JHONNY E.H.D., FRANNEL J.F.R. Y A.D. MAITA PINTO,, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 458 en concordancia con el artículo 83 del Código Penal. Se hace constar que el auto de apertura a juicio se hará por auto separado, conforme a lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual formará parte de la presente acta. SEXTO; Se acuerdan las copias. Se emplazo a las partes para que en plazo común de cinco (05) días concurran ante el juez de Juicio. Se ordena a la secretaria de sala remitir las actuaciones tanto de la fase intermedia y de la fase de investigación al Tribunal de Juicio competente, una vez que haya transcurrido el lapso de ley. Se acuerdan las copias solicitadas. (…)” [sic].
En la misma fecha (11 de marzo de 2020), el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, publicó el auto fundado del dispositivo de la audiencia preliminar.
El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, dictó el auto de apertura a juicio.
El 25 de junio de 2021, luego de varios diferimientos, se llevó a cabo la apertura del juicio oral y público, en contra de los acusados A.D.M.P., J.E.H.D. y FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ, ante la sede del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas.
El 26 de noviembre de 2021, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, concluyó el debate oral y público, en contra de los ciudadanos A.D.M.P., J.E.H.D. y FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ, en el cual dictó decisión, en los siguientes términos:
“(…) PRIMERO: SENTENCIA CONDENATORIA, en contra de los acusados ANTONY DAVID MAITA PINTO, titular de la cédula de identidad N° V-26.228.806, Natural de Maturín, Estado Monagas, en fecha 11/06/1993 de 28 años de edad, estado civil. Soltero, hijo de: Á.E.M.P. (V) y J.A. Maita (V), de profesión u oficio: Obrero, domiciliado en Manzana 29, Casa 02, Urbanización La Llovizna, Maturín, Estado Monagas, Teléfono: No Posee, JHONNY E.H.D., titular de la cédula de identidad N° V- 30.224.038, Natural de Vargas, Estado La Guaira, en fecha 28/09/1999 de 21 años de edad, estado civil: Soltero, hijo de: M.A.D.G. (V) y Jhonny A.H.F. (V), de profesión u oficio: Obrero, domiciliada en Manzana 12, Casa 20), Urbanización La Llovizna, Maturín, Estado Monagas, Teléfono: 0424-3116383 (Padre), y FRANNEL J.F.R., titular de la cédula de identidad N° V-14.409,050, Natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, en fecha 30/04/1980 de 41 años de edad, estado civil. Soltero, hijo de: G.R. (V) y E.F. (F), de profesión u oficio: Obrero, domiciliada en Manzana 07, Casa 03, Urbanización La Llovizna, Maturín, Estado Monagas, Teléfono: 0414- 8609490, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto y sancionado en el articulo 458° en concordancia con el artículo 83, ambos del Código Penal, y los CONDENA a cumplir la pena de TRECE (13) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, más las accesorias de ley. SEGUNDO: Se mantiene la medida privativa de libertad de los acusados de A.D.M.P., J.E. HERNANDEZ DIAZ Y FRANNEL J.F. RODRIGUEZ, y se ordena como sitio de reclusión el Internado Judicial Penal del Estado Monagas, ya que los imputados de auto tenían una medida de Detención Domiciliaria Líbrese oficio y Boleta de encarcelación al director del Internado Judicial Penal del Estado Monagas. Líbrese oficio al Servicio de Alguacilazgo de esta Sede Judicial, informando de lo aquí sucedido. TERCERO: La publicación del Texto integro de la Sentencia se realizará, de conformidad con lo que establece la parte in fine del segundo aparte del artículo 347 de la norma adjetiva penal. (…)” [sic].
El 8 de abril de 2022, el referido Tribunal de Instancia, publicó el texto íntegro de la sentencia condenatoria.
El 10 de mayo de 2022, la profesional del derecho E.T.C. Vegas, actuando en su carácter de defensora privada de los ciudadanos A.D. MAITA PINTO, J.E.H.D. y FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ, interpuso recurso de apelación de sentencia, contra la decisión publicada el 8 de abril de 2022, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas.
En fecha 23 de mayo de 2022, se llevó a cabo imposición de sentencia condenatoria a los ciudadanos A.D. MAITA PINTO, J.E.H.D. y FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas.
El 28 de julio de 2022, la Juez Superior abogada L.D.V.R., presento acta de inhibición de conocimiento del asunto contentivo del recurso de apelación, interpuesto por la abogada E.T.C.V., defensora privada de los ciudadanos A.D.M.P., J.E.H.D. y FRANNEL J.F.R., por ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas.
El 1 de agosto de 2022, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, decretó lo siguiente:
“(…) PRIMERO: Se DECLARA CON LUGAR la Inhibición planteada por la Abogada Lisbeth del Valle Rondón, Jueza Superior Integrante de esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, para conocer y decidir del recurso de Apelación número NP01-R- 2022-000055, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 89 del Código Adjetivo Penal concordado con el articulo 90 ejusdem.
Se ORDENA librar Oficio a la Presidencia de este Circuito Judicial Penal, con la finalidad que se designe un Juez Superior Suplente en sustitución de la Jueza Superior Inhibida y conformar una Sala Accidental de esta Corte de Apelaciones, que corresponderá el conocimiento del asunto en cuestión (…)” [sic].
El 25 de agosto de 2022, se constituyó para el conocimiento de la presente causa, la Sala Accidental Ciento Trece de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas.
El 30 de septiembre de 2022, la Sala Accidental Ciento Trece de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, admitió el recurso de apelación interpuesto por la abogada E.T.C. Vegas.
El 8 de noviembre de 2022, la Sala Accidental Ciento Trece de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, llevo a cabo la audiencia oral establecida en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida contra los ciudadanos A.D.M.P., J.E.H.D. y FRANNEL J.F.R., acogiéndose al lapso de ley para dictar su decisión.
El 28 de noviembre de 2022, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, según oficio signado con el alfanumérico TSJ-CJ-22-2132, de fecha 15 de noviembre de 2022, acordó la designación del Juez Provisorio de la Sala Uno de la prenombrada Corte de Apelaciones, y se constituyó la Sala Accidental Ciento Diecinueve para que se aboque al conocimiento de la presente causa.
El 15 de mayo de 2023, la Sala Accidental Ciento Diecinueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, llevo a cabo nuevamente la audiencia oral establecida en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida contra de los ciudadanos A.D.M.P., J.E.H.D. y FRANNEL J.F.R., acogiéndose al lapso de ley para dictar su decisión.
El 23 de mayo de 2023, la prenombrada Sala, emitió el siguiente pronunciamiento:
“(…) PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada en ejercicio E.T.C.V., actuando con el carácter de defensora privada de los acusados A.D.M.P., J.E.H.D. y Frannel J.F.R..
SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia dictada en el asunto principal N* NP01-P-2019-003022, en data veintiséis (26) de noviembre de 2021, por la abogada L.R., y publicada en extenso en fecha Lianmarys Del Rosario Salazar, ambas presidiendo en su oportunidad el Tribunal Segundo de Primera en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, declaró culpables y en consecuencia condenó a los ciudadanos A.D.M.P., titular de la cédula de identidad N° V-26.228.806 (…)” [sic].
El 14 de junio de 2023, la Sala Accidental Ciento Diecinueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, impuso del contenido de la decisión dictada a los ciudadanos A.D.M.P., y FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ.
El 4 de julio de 2023, los abogados F.B.G.D. y E.T.C.V., en su carácter de defensores privados del ciudadano FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ, interpusieron recurso de casación contra la decisión dictada por la Sala Accidental Ciento Diecinueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, de fecha 23 de mayo de 2023.
El 13 de octubre de 2023, la Sala Accidental Ciento Diecinueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, impuso del contenido de la decisión dictada en fecha 23 de mayo de 2023, al ciudadano JHONNY E.H.D..
IV
DEL RECURSO DE CASACIÓN
El Recurso de Casación, es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que exigen para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos de obligatoria observancia y cumplimiento.
De tal forma, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título I “Disposiciones Generales”, del Código Orgánico Procesal Penal, consagra en sus artículos 423 y 424, el marco general normativo que efectivamente regula la interposición de todo recurso.
El artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal, prevé el principio de impugnabilidad objetiva, el cual postula que las decisiones judiciales sólo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos.
Por su parte, el artículo 424 eiusdem, señala que contra las decisiones judiciales, podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca taxativamente ese derecho subjetivo.
Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título IV “DEL RECURSO DE CASACIÓN”, del aludido Texto Adjetivo Penal, establece en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento que ha de seguirse para su interposición, de la siguiente forma:
“Artículo 451. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las c.d.a. que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.
Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.
Artículo 452. El recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.
Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate.
Artículo 454. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”. (sic).
En este contexto, se concluye que el recurso de casación solo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la Ley. Así mismo, solo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, previa verificación de cada una de las exigencias anteriormente señaladas.
V
DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO
Visto lo anterior, la Sala pasa a verificar los requisitos de admisibilidad del recurso, los cuales deben ser concurrentes, pues la ausencia de alguno de ellos conllevaría a declararlo inadmisible, observándose lo siguiente:
En atención a la legitimidad, el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 424 y 427, establece que solo podrán recurrir contra las decisiones judiciales las partes a quienes la ley les reconozca expresamente este derecho.
En el presente caso, la legitimación del ciudadano FRANNEL J.F.R., deriva de su condición de acusado en el proceso que dio lugar a la sentencia impugnada y que, en su criterio, causó un agravio a sus intereses.
En tal sentido, respecto a la legitimación de la abogada E.T.C. Vegas, en su carácter de defensora privada, quien fue designada y juramentada ante el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, en fecha 11 de marzo de 2020, según consta en el folio 77, de la pieza 1-2. En cuanto a la legitimación del abogado F.B.G.D. , en su condición de defensor privado, se evidencia del contenido de las actas que conforman el presente expediente, que el mismo fue designado y juramentado ante la Sala Accidental Ciento Trece de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, en fecha 13 de octubre de 2022, según consta en el folio 78, de la pieza 1-2, Recurso de Apelación, por lo que ambos están debidamente legitimados para interponer el recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal.
En cuanto al lapso procesal para la interposición del recurso de casación, la Sala observa que el Secretario de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, en fecha 13 de noviembre de 2023, en atención al escrito recursivo consignado, realizó certificación de los días de despacho transcurridos desde la fecha de imposición al último de los acusados, hasta la fecha de su interposición del recurso de casación por parte de los abogados abogados F.B.G. Díaz y E.T.C. Vegas, cuyo contenido se transcribe a continuación:
“…Quien suscribe, ABG, M.J. R.C., Secretario de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas CERTIFICA Que desde el día 13 de octubre de 2023 (exclusive), fecha de la imposición del ciudadano J.E.H., de la decisión publicada en fecha 23 de mayo de 2023, por esta Alzada Colegiada, hasta el 08 de noviembre 2023 (inclusive), fecha de la interposición del presente recurso de apelación, transcurrieron quince (15) dias de despacho, siendo éstos: lunes 16 de octubre de 2023, viernes 20 de octubre de 2023, lunes 23 de octubre de 2023, martes 24 de octubre de 2023, miércoles 25 de octubre de 2023, jueves 26 de octubre de 2023, viernes 27 de octubre de 2023, lunes 30 de octubre de 2023, martes 31 de octubre de 2023, miércoles 01 de noviembre de 2023, jueves 02 de noviembre de 2023, lunes 06 de noviembre de 2023, martes 07 de noviembre de 2023, miércoles 08 de noviembre de 2023 y jueves 09 de noviembre de 2023, siendo que los días sábado 14 de de octubre de 2023, domingo 15 de octubre de 2023, martes 17 de octubre de 2023, miércoles 18 de octubre de 2023, jueves 19 de octubre de 2023, sábado 21 de octubre de 2023, domingo 22 de octubre de 2023, sábado 28 de octubre de 2023, domingo 29 de octubre de 2023, viernes 03 de noviembre de 2023, sábado 04 de noviembre de 2023 y domingo 05 de noviembre de 2023, no hubo despacho en este Tribunal de Alzada, Ahora bien, en fecha 04/07/2023, fue interpuesto Recurso de Casación en contra de la aludida decisión, por los defensores privados abogados F.B.G. y Erika Tahijiri Chaparro Vegas, en representación del acusado Frannel J.F., antes de iniciar el lapso para ejercer el recurso correspondiente de conformidad al artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal
Asimismo, desde el día 04 de julio de 2023 (exclusive), fecha en la que finaliza el lapso de apelación establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación al presente Recurso de Apelación, hasta el 18 de julio de 2023 (inclusive) transcurrieron ocho (08) días de despacho, siendo éstos: jueves 06 de julio de 2023, viernes 07 de julio de 2023, lunes 10 de julio de 2023, miércoles 12 de julio de 2023, jueves 13 de julio de 2023, viernes 14 de julio de 2023, lunes 17 de julio de 2023 y martes 18 de julio de 2023, siendo que los días sábado miércoles 05 de julio de 2023, sábado 08 de julio de 2023, domingo 09 de julio de 2023, martes 11 de julio de 2023, sábado 15 de julio de 2023 y domingo 16 de julio de 2023, no hubo despacho en este Tribunal Colegiado, sin que hasta la presente fecha se haya presentado contestación alguno en contra del mencionado Recurso de Casación… (sic)”
En atención a la transcripción que antecede, se observa, que el Secretario de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, realizó una certificación de los días de despacho transcurridos a partir del 13 de octubre de 2023, fecha de imposición al último de los acusados, de la decisión de fecha 23 de mayo de 2022, en la cual la Corte declaró SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado de autos, en tal sentido desde el 13 de octubre de 2023 (exclusive), hasta el 9 de noviembre de 2023, día del vencimiento del plazo para la interposición del recurso de casación, transcurrieron quince (15) días de despacho, dejando constancia que el mismo fue presentado el 4 de julio de 2023, es decir; con anticipación a la fecha de la última notificación.
En ese sentido, la Sala advierte que el recurso presentado por las partes o sus representantes para recurrir con anterioridad al inicio del lapso para tal fin, no debe ser sancionado con la inadmisibilidad por razones de extemporaneidad, siempre que el recurrente presentare el escrito después de la publicación íntegra de la sentencia, ya que dicho lapso ha sido creado a su favor, y esta presentación anticipada no produce lesión alguna en el derecho de la contraparte, ni viola la tutela judicial efectiva, ni el derecho a la Defensa, tal como lo ha expresado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 429, de fecha 22 de marzo de 2004.
En cuanto a la interposición anticipada del recurso de casación, esta Sala de Casación Penal en reciente data ha establecido mediante sentencia número 308, del 4 de agosto de 2023, que:
“…se evidencia que la interposición del recurso de Casación fue realizada de manera anticipada, incluso antes que el acusado fuese impuesto de la sentencia, de lo cual esta Sala de Casación Penal, ha señalado en sentencia número 175, del 2 de mayo de 2017, lo siguiente: “…por lo cual, no se puede considerar el recurso como extemporáneo por anticipado, toda vez que se evidencia el interés inmediato de la parte afectada por recurrir en casación el fallo, por lo que la Sala de Casación Penal, considera que es tempestiva la interposición del recurso de casación antes del inicio del lapso para ello…” (sic)
Encontrándose en consecuencia dentro del lapso previsto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal; por lo tanto, resulta tempestivo.
Con relación a la recurribilidad de la sentencia impugnada, tiene su fundamento en el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal, del cual se desprende que la impugnabilidad de los actos procesales procederá únicamente en razón de los motivos y con los recursos expresamente señalados en la Ley. El referido artículo señala lo siguiente:
“Impugnabilidad Objetiva
Artículo 423. Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos…” (sic).
En tal sentido, la Sala observa que se ejerció recurso de casación en contra de la decisión dictada el 23 de mayo de 2023, por la Sala Accidental Ciento Diecinueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, que declaró sin lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por los profesionales del derecho Frank B.G.D. y E.T.C.V., en contra del fallo dictado en fecha 26 de noviembre de 2021, y cuyo texto integro fue publicado el 8 de abril de 2022, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, mediante el cual condenó a su defendido a cumplir una pena de TRECE AÑOS (13) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto y sancionado en el artículo 458, en concordancia con el artículo 83 ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YSIBEL MARÍA LEÓN MORENO, titular de la cédula de identidad número V-18.591.533.
Por consiguiente, en atención a que la decisión impugnada en casación fue dictada por una Corte de Apelaciones que resolvió un recurso de apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio, que con el mencionado pronunciamiento judicial se agotó la doble instancia; y teniendo en cuenta, además, que la pena impuesta excede de cuatro años, se colige que están satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se establece.
VI
DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
Comprobados como han sido los requisitos de admisibilidad del Recurso de Casación, la Sala, de acuerdo con los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a verificar la fundamentación del mismo contenido en una denuncia presentada por los abogados F.B.G.D. y E.T. Chaparro Vegas, señalando al respecto lo siguiente:
En cuanto a la única denuncia:
“(…) DE LAS CONSIDERACIONES DE LA DEFENSA PARA INTERPONER EL RECURSO DE CASACION
Con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, se puede verificar de la sentencia dictada por la Instancia y la Corte de Apelaciones, que ambos Órganos Jurisdiccionales incurrieron en violación de ley por falta de aplicación de los artículos 157, 346 en su numeral 4 y 452 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con las normas; considerando que el fallo proferido por el tribunal de instancia superior que conoció el medio de impugnación ordinario, se observa dentro de las consideraciones para decidir en la Resolución del Recurso de Apelaciones, que los mismos consideraron ajustados a derecho la calificación jurídica, por el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA previsto y sancionado en el articulo 458 en concordancia con el artículo 83 del Código Penal, entrando a conocer inclusive los medios de prueba hecho este que no les está dado a la corte de apelaciones, pues realizaron dentro de sus consideraciones, lo siguiente: "Considerando importante para esta Corte de Apelaciones acotar que al momento de la valoración de los testimonios, debe estimarse que cada testigo percibe lo ocurrido en el exterior de forma diferente a otro, ..." es evidente que incurra la corte de apelaciones en un error grotesco al pasar a realizar su fundamentación basada en las pruebas apartándose de la única denuncia que era relativa a la motivación, pues si se apeló por inmotivación la respuesta de esa apelación debe estar dirigida a establecer que la sentencia de instancia efectivamente se encontraba motivada y no justificarla dejando por cierto que estaba ajustada a derecho una calificación jurídica y más grave aún justificarlo con el hecho de la valoración de las pruebas la sentencia reiterada y pacífica de nuestro m.t. así como nuestro texto adjetivo penal va dirigido a cuales puntos debe la corte de apelaciones pronunciarse y a cuales causales deben las partes recurrir hacer lo contrario es contravenir nuestro ordenamiento jurídico interno; por ello consideramos que incurrió la corte de apelaciones accidental número 119, en error judicial inexcusable cuando se recurre por falta de motivación y los mismos justifican como ya se indicó la sentencia con la calificación jurídica y la valoración de las pruebas pues desviaron el norte de lo que es el espíritu y propósito del legislador para la resolución de las apelaciones que le son puestas a sus conocimientos a las distintas cortes de apelaciones a nivel nacional se hace necesario recurrir en CASACION ya que el justiciable no obtuvo respuesta en relación a la causal apelada, pues insiste esta defensa que no basta que se dé por cierta una sentencia motivada cuando en su valoración solo se indica que son personas hábiles en pleno uso de sus facultades mentales y que sirven para acreditar circunstancias que rodean el hecho, esa apreciación tan ambigua por el juez de instancia y considerada por el tribunal superior para mantener incólume la sentencia apelada conlleva a esta defensa a pensar que continuamos con el mismo vicio de inmotivación lo que da pie en efecto al recurso extraordinario de casación, interpretado de otra manera como ha sido el Recurso de apelación presentado deja en estado de indefensión al débil jurídico y por ello se casa la decisión supra señalada por parte de la Corte de Apelaciones del Estado Monagas en este mismo orden de ideas, del extenso de la decisión donde se puede apreciar los extractos de parte de las pruebas que a nuestro entender paso a conocer la corte de apelaciones de esa materia que no le está permitida, ya que solo debieron a entrar a conocer sobre la sentencia está inmotivada o no; por ello insistimos en que incurre la corte de apelaciones en vicios de inmotivación al no dar respuesta a la única denuncia interpuesta en el fallo recurrido.
...se limitó a transcribir la sentencia del a-quo y, por ende, a confirmar su fundamentación, sin llegar a realizar un análisis de cuáles fueron los alegatos de hecho y de derecho que llevaron a dictaminar en Primera Instancia el fallo apelado y por consiguiente, si se había cumplido con la normativa procesal correspondiente.
...el tribunal superior que conoció la apelación de sentencia incoada por esta defensa ratificó la decisión del a-quo; argumentando que el órgano jurisdiccional de instancia inferior estableció ajustado a derecho la calificación jurídica y paso a señalar los medios de pruebas como lo son; las declaraciones de ENDYMAR CHACON, K.M., apreciando que estas declaraciones fueron adminiculadas de igual manera la declaración de la ciudadana victima Y.M.L.M., quien manifestó los hechos ocurridos y paso a señalar los sujetos presentes en sala como autores, observándose en consecuencia que la corte de apelaciones paso a valorar esta prueba, ya que el extenso de su decisión se evidencia tal valoración, específicamente en el folio 170 que conforma el asunto y en el 171 señalan que estima ese tribunal de alzada (CORTE DE APELACIONES), que efectivamente la ponderación y valoración de los diferentes medios de prueba, quedaron acreditados durante el juicio por la conclusión acertada allí queda evidenciado el error en que incurre la corte al entender la motivación como la valoración de las pruebas, que si bien es cierto intrínsecamente guarda relación debe entenderse como así lo ha establecido la sala de casación penal en que no es más que una manifestación de la razón jurídica que se origina por el estudio y evaluación de todas las circunstancias particulares y especificas del cargo controvertido lo que conlleva a una obligación por parte de los jueces de justificar racionalmente las decisiones judiciales. Insistiendo esta defensa en que no debe circunscribirse la instancia en solo señalar que se otorga tal o cual valoración por ser persona hábil, en pleno uso de facultades mentales y con conocimiento de lo ocurrido sino ir más allá y realizar una apreciación lógica con conocimientos científicos las máximas experiencias donde se arribe a una conclusión que no quede lugar a duda sobre una participación, en este mismo orden de ideas erro la corte de apelaciones al pensar que hacer ese señalamiento supra señalado da a lugar a pretender pensar la existencia de una motivación cuando es inexistente es por ello que en razón de la norma violentada, solicitamos se declare con lugar la única denuncia relativa a la presente casación, PUES POR ELLO OPORTUNAMENTE SE APELO para la subsanación de todo lo relacionado con la motivación, sin embargo persiste la infracción por parte de la corte de apelaciones cuando ratifica la decisión de instancia sin que entrase a conocer la única infracción denunciada, que daba origen a que se retrotráeles el proceso a la presentación de un nuevo debate oral y público sin embargo ello no ocurrió. Ahora bien de considerar la sala de Casación Penal infundado el Recurso de Casación, con las circunstancias de apreciación de los honorables Magistrados, considera esta defensa que siendo la Motivación considerada de orden público dentro de la estructura de las sentencias pudieran pasar de oficio a establecer las NULIDADES por inmotivación ya que por ello esta defensa difiere del criterio acogido por el ad quem ya que le corresponde con carácter obligatorio efectuar estudio racional suficiente y lógico de la decisión proferida por el tribunal de juicio que conoció el caso que nos incumbe, evidenciándose que en lo absoluto se le otorgó respuesta alguna a los supuestos denunciados por esta defensa vinculado a la falta de oficiosidad del juez de juicio en lo que respecta a motivación
En este mismo orden de ideas se hace necesario el señalamiento de decisiones de Sala Constitucional y Sala Penal, relacionado con el hecho denunciado de falta de motivación, la alzada en su decisión incurrió en una inmotivación absolutamente defectuosa por tanto refiere que resultan suficientes las deposiciones de los expertos, funcionarios aprehensores y los testigos incorporadas al juicio oral y público; limitándose a indicar la existencia del hecho punible in comento, pero no indica de qué forma quedo motivada la sentencia recurrida, obligatoriamente el Juez debe analizar y comparar las pruebas existentes en autos, según la libre convicción, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, que son indispensables a objeto de esclarecer la tipicidad de los hechos y la culpabilidad de los acusados, no se analiza a profundidad los elementos que acoge o descarta para dar por comprobado la perpetración del delito...
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACION PENAL
La competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, conozca los recursos de casación que se ejerzan contra las decisiones de las c.d.a. o cortes superiores, se encuentra establecida en el numeral 8 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone: "Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia (...) 8. Conocer del recurso de casación". Adicionalmente, el articulo 29, numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, señala: "Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (...) 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal".
Considera esta defensa que debe revisarse a fondo la existencia de alegatos o vicios intrínsecos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, la Carta Magna, leyes de la nación y los tratados, convenios o acuerdos internacionales, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de este contexto de orden público y seguridad jurídica, es criterio de quienes aquí RECURREN, que la nulidad responde a las exigencias del debido proceso y a la tutela judicial efectiva, traducidos en la seguridad jurídica de las partes, a partir de la cual, se entiende que no debe reputarse como válidos, los actos procesales que se hubiesen generado en infracción del ordenamiento jurídico, aunque excepcionalmente puedan subsanarse, salvo que se tratare de derechos constitucionales o de determinados derechos legales inherentes a las partes.
En este sentido, la Sala Constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 1228 de fecha 16/06/2005, con Ponencia del Magistrado Jesús E.C.R., respecto del mecanismo procesal de la nulidad en el proceso penal después de establecido lo siguiente:
"El proceso se desenvuelve mediante las actuaciones de los distintos intervinientes en el mismo en lo que respecta a los particulares sea como parte o como tercero incidental. Dichas actuaciones deben realizarse bajo el cumplimiento de ciertas formas esenciales para que las mismas sean validad no solo para cumplir con el esquema legal propuesto, si no para que las garantías procesales de la garantía constitucional (debido proceso y tutela judicial efectiva) sean cumplidas. Así la constitución del acto para que tenga eficacia y eficiencia debe estar integrado por la voluntad, el objeto, la causa y la forma, satisfaciendo los tres primeros aspectos los requisitos intrínsecos y el último de estos los extrínsecos. De allí que, toda actividad procesal y judicial necesita para su valides llenar una serie de exigencias que le permitan cumplir con los objetivos básicos esperados, esto es, la estrictamente formales y las que se refieren al núcleo de dicha actividad. Sin embargo, independientemente de cuáles sean los variados tipos de requisitos ciertamente ellos dan la posibilidad de conocer cuando se está cumpliendo lo preceptuado por la norma circunstancia que permite entonces conocer hasta donde se puede hablar de nulidad o valides de los actos procesales. La teoría de las nulidades constituye uno de los temas de mayor importancia para el mundo procesal, debido a que mediante ella se establece lo relevante en la constitución, desarrollo y formalidad de los actos procesales esta ultima la más trascendente puesto que a través de ella puede garantizarse la efectividad del acto. Así, si se da un acto con vicio en aspectos sustanciales relativos al trámite -única manera de concebir el fundamento del acto- esto es, los correspondientes a la formación de la actividad, entonces nace forzosamente la nulidad. La importancia para el proceso es que las reglas básicas sobre el cumplimiento de los actos y los actos mismos estén adecuadamente realizados, ya que el principio rector de todos los principios que debe gobernar a la justicia es el efectivo cumplimiento del debido proceso, es decir, que la idea de un juicio justo es tan portante como la propia justicia, razón por la cual las reglas, principios y razones del proceso a la par de las formas deben estar lo suficientemente claras y establecidas para que no quede la duda respecto de que se ha materializado un juicio con vicios en la actividad del proceso. En síntesis, los efectos esenciales o trascendentes de un acto procesal que afecten su eficacia y validez, el cumplimiento de los presupuestos procesales o el error en la conformación, que afecta algún interés fundamental de las artes o de la regularidad del juicio en el cumplimiento de normas de cardinal observancia comportan la nulidad (Sic) (Cursivas y subrayados de esta Corte de Apelaciones).
Siendo ratificado dicho criterio por esa misma sala en sentencia N° 221 de data 03 de marzo de 2011, expediente N° 11.0098, bajo ponencia del Magistrado Juan José M.J..
En el mismo orden de ideas, es necesario puntualizar que dentro del sistema procesal penal vigente en Venezuela, por su naturaleza acusatoria, no se encuentra preceptuada, sino excepcionalmente, la nulidad de oficio, pues, conforme se establece en el Código Orgánico Procesal Penal, al Tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que hubieren sido impugnadas. Esta es una disposición que obliga a todas las instancias jurisprudenciales que conozcan de los recursos descritos en el Libro cuarto de la Ley adjetiva penal, incluso el extraordinario de casación, por cuanto la misma está contenida dentro de las disposiciones generales aplicables a dichos recursos.
Excepcionalmente, los supuestos de nulidad de oficio están preestablecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, cuyas normas, en esta materia, son obviamente, de Interpretación restrictiva: 1) Cuando se trate de alguno de los vicios de nulidad absoluta descritos, de manera taxativa, en el articulo 175 ejusdem; 2) Cuando se trate de un vicio de inconstitucionalidad que obligue al Juez a hacer valer la preeminencia de la Constitución, a activar el control difuso que dispuso el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, disposición esta que desarrolla el principio fundamental que contiene el artículo 7, en concordancia con el 334 de la Constitución; y 3) Cuando la nulidad comporte una modificación o revocación de la decisión, a favor del imputado o acusado.
El fundamento de lo precedente, se encuentra plasmado en la sentencia No 556, fechada 16 de marzo de 2006, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Dra. C.Z. de Merchán, sostenida por la Sala de Casación Penal del M.T. de la República mediante sentencia N° 286, expediente No C05-66, de fecha 06 de agosto de 2013, bajo ponencia del Magistrado Dr. P.J.A.R., la cual estableció entre otras cosas lo siguiente:
*...Cabe acotar, como complemento, que esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades, que las C.d.A. pueden decretar de oficio la nulidad absoluta de un acto procesal cuando exista algún vicio que lo permita, los cuales son taxativos según lo establecido en las sentencias Nos. 2541/02 y 3242/02 (casos: E.S.A. y G.A.G.L.), respectivamente. Sin embargo, ese pronunciamiento debe hacerse en la debida oportunidad procesal, ya que de dictarse el mismo cuando no es permitido, esa decisión carece de efectos jurídicos y cercena derechos constitucionales del afectado (ver, en ese sentido, las referidas decisiones números 2541/02 y 3242/02, y números 1737/03 y 1814/04 (casos: J.B.R.L. y José E.S.R.), entre otras..." (Sic).
Estos Recurrentes, en sintonía con la n.C. y adjetiva penal cuando los actos se materializan en inobservancia de la carta fundamental artículos 2, 26, 49, 51, 131, 257 y 334 en relación a los artículos 1, 19 y 157 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con la inveterada, diuturna y pacifica Jurisprudencia patria que faculta a las C.d.A. y a la Sala de Casación Penal a DECRETAR LA NULIDAD DE OFICIO, es por ello que consideramos necesario realizar tales señalamientos en caso de que no se entre a conocer la Casación planteada.
En apoyo de tal principio, F.D.L.R., en su tratado sobre "LA CASACIÓN PENAL", editorial Depalma, Buenos Aires, 1994, expresó:
"la nulidad ha sido considerada como la sanción procesal por la cual se declara inválido un acto procesal privándolo de sus efectos por haber sido cumplido sin observar los requisitos esenciales exigidos por la ley ...'; de allí, que su procedencia parte del hecho de que el acto se aparta de la forma esencial y pone en peligro el fin del proceso, fin que nos es otra cosa que el cumplimiento del precepto constitucional según el cual ninguna persona puede ser condenada sin juicio previo, por un hecho anterior al mismo y que ha sido tipificado previamente como delito..." (Sic).
Igualmente, establece al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 046.31.01.2008, C.07.0338, con Ponencia del Magistrado Dr. H.M.C.F., lo siguiente:
"...Como es sabido, la motivación de las resoluciones judiciales cumple una doble función. Por una parte, permite conocer los argumentos que justifican el fallo y, por otra, facilita el control de la correcta aplicación del derecho. De ahí que, la finalidad o la esencia de la motivación no se reduce a una mera o simple declaración de conocimiento sino que ha de ser la conclusión de una argumentación que ajustada al thema decidendum, permita tanto a las partes como a los órganos judiciales superiores y demás ciudadanos conocer las razones que condujeron al dispositivo del fallo, de manera tal que pueda comprobarse que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento que escapa de lo arbitrario..." (Subrayado y resaltado de este Tribunal de Alzada).
PETITORIO Por todos los razonamientos de hecho y de derecho antes explanados en el extenso del Recurso de Casación esta defensa considera solicitar ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, sea ADMITIDO el presente Recurso, sustanciado conforme a derecho y en definitiva DECLARADO CON LUGAR…” (sic).
Vistos los argumentos o razonamientos expuestos en la única denuncia por parte de los recurrentes, esta Sala de Casación Penal realiza las siguientes consideraciones:
Con el fin de examinar el motivo alegado, debe tomarse en cuenta lo que establece el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual, el Recurso de Casación:
“… Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”. (sic) (Negrillas y subrayado de la Sala).
De esta disposición se desprende que el escrito contentivo del Recurso de Casación deberá contener: a) indicación de las disposiciones que se consideran violadas (lo cual implica, además de la mención y cita del texto de la previsión normativa, el análisis de su contenido); b) las razones por las cuales se impugna la decisión, es decir, explicando por qué se afirma que dichas normas fueron infringidas (lo cual exige que se dé cuenta de los antecedentes del caso, lo declarado por el tribunal o los planteamientos que no fueron respondidos, la transcripción e interpretación de los fallos o textos judiciales en los cuales se sustente, así como las partes que guarden relación con la denuncia); y, c) si fueren varios los motivos de violación de ley que de manera enunciativa señala el precepto citado, deberán, en obsequio de las exigidas concisión y claridad, ser planteados de manera separada.
Al respecto, esta Sala de Casación Penal, observa que los recurrentes denuncian la presunta “…violación de ley por falta de aplicación de los artículos 157, 346 en su numeral 4 y 452 del Código Orgánico Procesal Penal…”. (sic).
Asimismo, aducen los recurrentes que “…incurrió la corte de apelaciones accidental número 119, en error judicial inexcusable cuando se recurre por falta de motivación …” debido a que “…el justiciable no obtuvo respuesta en relación a la causal apelada…” y que solo “......se limitó a transcribir la sentencia del a-quo y, por ende, a confirmar su fundamentación, sin llegar a realizar un análisis de cuáles fueron los alegatos de hecho y de derecho que llevaron a dictaminar en Primera Instancia el fallo apelado y por consiguiente, si se había cumplido con la normativa procesal correspondiente....” (sic)
Sentado lo anterior, la Sala debe precisar, que la violación de ley por falta de aplicación del artículo 452, como lo exponen los recurrentes, no puede ser denunciado en casación, ya que el referido artículo está relacionado de forma exclusiva a los motivos en los cuales “podrá fundarse” el recurso de casación.
De la presente denuncia se observa, que los recurrentes alegaron de manera conjunta el presunto vicio por falta de aplicación del artículo 452 (motivos por los cuales podrá interponerse el recurso de casación), y el vicio de inmotivación que a su decir, incurrió el Tribunal de Alzada por falta de aplicación, de los artículos 157 y 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual deja en evidencia que los recurrentes no cumplieron con la debida técnica recursiva, toda vez que necesariamente debían presentarlas por separado, sin dejar de mencionar el fundamento jurídico correspondiente, para justificar de que manera los jueces integrantes de la mencionada Sala de la Corte de Apelaciones, incurrieron en violación de la ley, por falta de aplicación de los textos legales antes señalados.
Al respecto, esta Sala de Casación Penal, en criterio contenido en sentencia núm. 215, del 2 de julio de 2014, y ratificado en la sentencia 274, del 14 de julio de 2023, fue enfática al determinar, que:
“…”…Las deficiencias en la fundamentación del recurso de casación, no pueden ser suplidas por la Sala de Casación Penal, ya que exceden las labores de esta instancia, a quien no le es dado interpretar las pretensiones de quienes recurren…”
Además de lo anteriormente referido, resulta pertinente traer a colación el criterio de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 271, de fecha 28 de noviembre de 2019, en la cual reiteró lo siguiente:
“…”…Por otra parte, es preciso reiterar, lo que establece el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, referente a los requisitos para la interposición del recurso de casación, los cuales obligan a quien recurre a fundamentar, por argumento separado, la forma en que se impugna la decisión y los motivos que lo hacen procedente, es decir, las razones de hecho y de derecho que por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación de una norma aplicada o inaplicada en la sentencia de la Corte de Apelaciones, son objeto del recurso…” (Negrillas de la Sala).
Aunado a ello, y en base a los fundamentos expuestos por los recurrentes, se puede observar que señalaron como motivo de impugnación de la sentencia, que “…OPORTUNAMENTE SE APELÓ para la subsanación de todo lo relacionado con la motivación, sin embargo persiste la infracción por parte de la corte de apelaciones cuando ratifica la decisión de instancia sin que entrase a conocer la única infracción denunciada, que daba origen a que se retrotrallese el proceso a la presentación de un nuevo debate oral y público sin embargo ello no ocurrió…” (sic).
Con relación al vicio de inmotivación, la Sala reitera que el mismo deriva de la falta, contradicción o ilogicidad, en el razonamiento explanado en la sentencia, debido a la carencia de las razones de hecho y de derecho en las que se debe sustentar el fallo, o porque estas sean contradictorias o ilógicas, y que al ser denunciado tal vicio, es deber ineludible de los recurrentes especificar en qué consistió, cómo o de qué manera incurrió la Alzada en la violación que se le atribuye, indicando además la relevancia que tienen las presuntas infracciones alegadas, capaces de influir en la modificación del dispositivo del fallo impugnado, por lo cual el recurrente debe cumplir con una debida fundamentación conforme a las previsiones contempladas en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, que permita verificar el vicio que se atribuye y su existencia en el fallo cuestionado, para que la Sala considere la posibilidad de revisarlo, atendiendo el principio de utilidad del recurso de casación.
Ahora bien, en el presente caso los recurrentes denuncian el vicio de inmotivación, sin mencionar cómo los sentenciadores de Alzada incumplieron con el deber de ofrecer a las partes una solución racional, clara y entendible, sobre el punto controvertido en el cual descansa su decisión, cuando señalan que los invocados artículos 346 numeral 4 y 157 del Código Orgánico Procesal Penal fueron infringidos por falta de aplicación, no basta con invocarlos, ni con denunciar el vicio de inmotivación de la sentencia, ni señalar de qué forma consideraron que la sentencia incurre en vicio de inmotivación; sino que además era necesario que explicara razonadamente cómo fueron infringidas las aludidas disposiciones legales, fundamentar sus pretensiones de manera separada cuando se alega la infracción de varias normas, como se materializó dicho vicio, y cuál fue su relevancia en el dispositivo del fallo, lo cual no ocurrió en este caso, denotándose errores de técnica recursiva.
Sobre este particular, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justica, en sentencia Núm. 105, de fecha 22 de octubre de 2020, indicó:
”…esta Sala de Casación Penal considera oportuno señalar que en el ejercicio del recurso de casación, los recurrentes además de mencionar de manera correcta la norma que consideran infringida, tienen el deber de realizar una debida fundamentación de donde resulte evidente cuál es el vicio que se atribuye, probar su existencia en el fallo recurrido, como la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación del dispositivo de dicho fallo, extremos estos que, en el presente caso, no fueron cumplidos por el apoderado judicial de la víctima…” (sic)
En sintonía al referido criterio, se trae a colación la sentencia núm. 223 del 21 de julio de 2022, de esta Sala Casación Penal, que refiere, lo siguiente:
“”…En tal sentido, cabe acotar que el ejercicio del recurso de casación en materia penal exige el cumplimiento de requisitos formales relacionados con su contenido conforme a lo establecido en los artículos 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal supra mencionados, no es suficiente, al momento de plantear una denuncia en casación, se debe citar la disposición legal que se considera infringida, por cuanto recae en el recurrente la obligación de especificar en qué términos fue violentada (falta de aplicación, indebida aplicación, errónea interpretación), en qué consistió su quebrantamiento y cómo la sentencia de la Corte de Apelaciones incurrió en la violación de la ley, así como la relevancia e influencia de dicho vicio en el dispositivo, todo ello mediante un razonamiento preciso y claro, dado su ámbito especial y su carácter extraordinario, los cuales no pueden ser considerados como meros formalismos, pues la ausencia de cualquiera de ellos provoca la desestimación del recurso de casación…” (sic).
Resulta importante insistir, que al plantearse la denuncia por el vicio de violación de la ley por falta de aplicación, es imperativo el cumplimiento previo de una serie de requerimientos a los fines de su estimación, siendo necesario que los recurrentes señalen, qué parte de la norma no fue aplicada, cómo debió ser aplicada por el sentenciador, así como, la exposición de una fundamentación razonada que permita considerar que la norma denunciada era la que correspondía ser aplicada a la controversia, contrastando esas circunstancias con los preceptos legales aplicados en el fallo recurrido, requisitos estos indispensables para que esta Sala de Casación Penal pueda proveer lo solicitado, ya que no le corresponde interpretar las pretensiones de los accionantes, ni suplir los vacíos en los planteamientos y fundamentos.
En el caso que nos ocupa, en dicha denuncia, los recurrentes al momento de argumentar como la Corte de Apelaciones incurrió en el vicio denunciado, señalaron que el Tribunal de Segunda Instancia incumplió con su deber puesto que se limitó a concluir lo expuesto por el Tribunal Primera de Instancia, sin explicar o realizar una motivación propia, sin detallar si el vicio denunciado es atribuible a la falta, contradicción o ilogicidad de esta.
Tomando en cuenta lo antes expuesto, la Sala observa que quienes recurren no demostraron como la Corte incumplió en su deber, debido a que los argumentos plasmados en su única denuncia denotan su inconformidad con la decisión del Tribunal de Primera Instancia, lo cual resulta contrario a la finalidad del recurso de casación.
En este sentido la Sala ha expresado lo siguiente:
“(…) Cuando se denuncia, el vicio de inmotivación debe el recurrente indicar cómo los juzgadores incumplieron con su deber de ofrecer a las partes su solución racional, clara y entendible, sobre el punto controvertido y, el razonamiento sobre el cual descansa su decisión…”. (Sentencia núm. 348, de fecha 25 de junio de 2007, criterio ratificado en Sentencia núm. 040, de fecha 23 de febrero de 2022) (…)”
Por otra parte, el vicio de inmotivación, no puede ser utilizado por quien acciona en casación para que la Sala de Casación Penal admita cualquier planteamiento no fundado, ni esbozado de manera concisa, salvo que de la denuncia lograra desprenderse el vicio que pretende denunciar, ya que en ese caso, se procedería a su admisión. Por ello, siempre que se denuncie inmotivación, el recurrente deberá especificar en qué consistió el vicio para que la Sala pueda llegar a considerar la posibilidad de revisar lo denunciado en casación.
En relación al artículo 346 numeral 4, es un elemento de fondo de toda sentencia, según el cual es necesario que se indiquen en las mismas los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa el fallo que contienen, en este sentido, pondera la Sala de Casación Penal que en la fundamentación de la referida denuncia, los recurrentes se limitaron a señalar en forma genérica e imprecisa, el incumplimiento del artículo 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, por parte de la Alzada, sin indicar las circunstancias que permitirían verificar con claridad la seria existencia de la alegada infracción legal ni el modo en que la alzada habría incurrido en ésta; tampoco se explicó la trascendencia e incidencia de la denuncia.
Ahora bien, lo señalado precedentemente, a criterio de esta Sala de Casación Penal, lo que evidencia es la discrepancia de los defensores privados, con las razones en las cuales el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, sustentó la sentencia condenatoria dictada en contra de su defendido, más allá de la presunta infracción por falta de aplicación de los artículos 157 y 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal.
En relación a lo antes expuesto, queda manifiestamente acreditada la ausencia de una argumentación que delimite con claridad el motivo por el cual se impugna el fallo recurrido, al señalar de una manera generalizada los vicios que comprenden diferentes alcances, en razón de que los impugnantes abordaron de manera general, sin centrar su reclamo en la especificación del vicio y del agravio, que a su parecer, incurrió el Tribunal de Alzada, no pudiendo en consecuencia entrar a conocer esta Sala por lo impreciso e indeterminado que resulta ser lo planteado.
En este contexto, resulta oportuno señalar que esta M.I. en sentencia número 260, del 4 de mayo de 2015, dejó establecido que: “(…) La Sala de Casación Penal no puede inferir o interpretar las pretensiones de los accionantes, pues son ellos quienes deben fundamentar de manera precisa y clara los requerimientos que esperan sean resueltos (…)”.
De allí, que de acuerdo con el citado criterio resulte impretermitible que los argumentos expuestos en el recurso de casación deben ser claros, precisos y objetivos, toda vez que los mismos deben indicar con precisión cuál es el vicio, cómo incidió y el efecto o la influencia que produjo en la decisión recurrida.
Expuesto lo anterior, la Sala constata que en la presente denuncia los recurrentes al indicar las disposiciones legales que consideraron infringidas, no cumplieron con la obligación de realizar un análisis de su contenido, explicando razonadamente por qué dichas normas fueron violadas, de qué modo surgió dicha vulneración y fundamentando por separado cada motivo de violación de ley, tal como lo exige de manera obligatoria el artículo 454 del Código Orgánico Procesal, en la formalización del Recurso de Casación, incurriendo en una falla de técnica recursiva.
Asimismo los recurrentes señalan que: “…de considerar la Sala de Casación Penal infundado el Recurso de Casación, con las circunstancias de apreciación de los honorables Magistrados, considera esta defensa que siendo la Motivación considerada de orden público dentro de la estructura de las sentencias pudieran pasar de oficio a establecer las NULIDADES por inmotivación…” y que “…en sintonía con la n.C. y adjetiva penal cuando los actos se materializan en inobservancia de la carta fundamental artículos 2, 26, 49, 51, 131, 257 y 334 en relación a los artículos 1, 19 y 157 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con la inveterada, diuturna y pacífica Jurisprudencia patria que faculta a las C.d.A. y a la Sala de Casación Penal a DECRETAR LA NULIDAD DE OFICIO, es por ello que consideramos necesario realizar tales señalamientos en caso de que no se entre a conocer la Casación planteada…” (sic).
Al respecto, esta Sala de Casación Penal, debe hacer las siguientes consideraciones:
La nulidad no constituye un recurso ordinario propiamente dicho que permita someter un acto cumplido en contravención con la ley al control de la doble instancia, ya que la nulidad constituye un remedio procesal para sanear actos defectuosos por la omisión de ciertas formalidades procesales o para revocarlos cuando dichos actos fueron cumplidos en contravención con la ley.
En nuestro sistema procesal penal, como en cualquier otro sistema procesal, la nulidad es considerada como una verdadera sanción procesal la cual puede ser declarada de oficio o a instancia de parte por el juez de la causa dirigida a privar de efectos jurídicos a todo acto procesal que se celebra en violación del ordenamiento jurídico-procesal penal. Dicha sanción comporta la eliminación de los efectos legales del acto írrito, regresando el proceso a la etapa anterior en la que nació dicho acto.
De allí, que la nulidad, aunque pueda ser solicitada por las partes, no está concebida por el legislador dentro del Código Orgánico Procesal Penal como un medio recursivo ordinario, toda vez que va dirigida fundamentalmente a sanear los actos procesales cumplidos en contravención con la ley, durante las distintas fases del proceso y, por ello, es que el propio juez que se encuentre conociendo de la causa, debe declararla de oficio. Por el contrario, los recursos tienen por objeto el que se revise una determinada decisión por un órgano superior al que la dictó.
Sobre el particular, esta Sala de Casación Penal ha dejado establecido que el sistema de nulidades previsto en el Código Orgánico Procesal Penal:
(…) el recurrente no puede pretender impugnar un fallo a través de una solicitud de nulidad cuando la causa está siendo objeto de un recurso, en este caso, de casación. Tal pretensión supondría subvertir el orden procesal y, por tanto, conculcar el derecho al debido proceso. Además, la Sala de Casación Penal ha establecido en relación con las nulidades que estás se han concebido como un medio procesal extremo y proceden sólo cuando la violación es de tal magnitud que produce un perjuicio real y concreto. Por lo tanto, el ejercicio de la potestad que conduce a la nulidad de los actos procesales debe hacerse de forma restringida (…) [vid. sentencia N° 192, del 17 de abril de 2015].
En el caso de autos, los defensores de ciudadano FRANNEL J.F.R., requirieron a esta Sala de Casación Penal declarar la nulidad de la sentencia dictada el 23 de mayo de 2023, por la Sala Accidental Ciento diecinueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas y mediante la cual, entre otros pronunciamientos, condenó al referido ciudadano, a cumplir la pena de TRECE AÑOS (13) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, siendo que dicha solicitud de nulidad, no constituye un recurso ordinario, sino una solución procesal para sanear los actos defectuosos por omisión de formalidades, máxime cuando la sentencia cuya nulidad se solicitó estuvo sujeta a un recurso de apelación, la cual se encuentra sometida actualmente al control de la casación.
Sobre la base de lo anterior, lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la única denuncia del recurso de casación interpuesto por los recurrentes, al no cumplir con las exigencias pautadas en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, con relación al artículo 457, eiusdem. Así se decide.
VII
DECISIÓN
Por lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el Recurso de Casación ejercido el 4 de julio de 2023, por los abogados F.B.G. Díaz y E.T.C.V., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 85.996 y 125.879 respectivamente, actuando en su carácter de defensores privados del ciudadano FRANNEL J.F. RODRÍGUEZ, contra la decisión dictada el 23 de mayo de 2023, por la referida Sala Accidental Ciento Diecinueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, que declaró sin lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la profesional del derecho Erika Tahijiri Chaparro Vegas, en contra del fallo dictado en fecha 26 de noviembre de 2021 y cuyo texto integro fue publicado el 8 de abril de 2022, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, mediante el cual lo condenó a cumplir una pena de TRECE AÑOS (13) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto y sancionado en el artículo 458, en concordancia con el artículo 83 del ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YSIBEL MARÍA LEÓN MORENO, titular de la cédula de identidad número V-18.591.533, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 454 y 457, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Años: 213° de la Independencia y 165° de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
E.J. GÓMEZ MORENO
La Magistrada Vicepresidenta, El Magistrado,
C.M.C. GILLY MAIKEL J.M. PÉREZ Ponente
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA
Exp. AA30-P-2024-00017
CMCG
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