Sentencia nº 178 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018

Fecha de Resolución:11 de Junio de 2018
Emisor:Sala de Casación Penal
RESUMEN

Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que el solicitante se encuentre legitimado para requerir la rectificación procesal mediante dicha figura.

 
CONTENIDO

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

El 15 de mayo de 2018, en la Secretaría de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se recibió la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO presentada por el abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 105.200, “en [su] carácter de APODERADO JUDICIAL de los ciudadanos VÍCTOR JOSÉ ROJAS HERNÁNDEZ y VERÓNICA DEL VALLE HERNÁNDEZ GARCÍA”, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números 11.234.184 y 10.281.421, respectivamente, con relación al proceso penal contenido en la causa signada con el alfanumérico “26C-S-318-2012, de la nomenclatura del Juzgado Vigésimo Sexto de Control (sic) del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”.

El 16 de mayo de 2018, se dio entrada a la solicitud de avocamiento y, el 17 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala de Casación Penal de haberse recibido la solicitud, designándose como ponente al Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

I

DE LOS HECHOS

Del análisis del escrito contentivo de la solicitud de avocamiento, como de los documentos anexos a dicha solicitud, se advierte que el abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, no realizó referencia alguna respecto de los hechos objeto del proceso penal contenido en la causa identificada con el alfanumérico 26C-S-318-2012.

II

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

En el escrito presentado, el solicitante del avocamiento fundamentó su pretensión en los términos siguientes:

“(…) Yo, ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO (…), en mi carácter de apoderado judicial de los ciudadanos VÍCTOR JOSÉ ROJAS HERNÁNDEZ y VERÓNICA DEL VALLE HERNÁNDEZ (…) médico y administradora, respectivamente (…) representación la mía que consta de instrumentos poderes autenticados (…) vengo a solicitar, como efectivamente solicito de esta Sala, el AVOCAMIENTO de la causa N° 26C-S-318-2012, de la nomenclatura del Juzgado Vigésimo Sexto de Control (sic) del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de que allí se han decretado y ejecutado medidas cautelares personales y reales contra mis representados, quienes nunca han sido imputados en la causa (…).

En fecha 23 de marzo de 2018, el Fiscal Auxiliar (E) de la Fiscalía Décimo Novena Nacional del Ministerio Público con Competencia Nacional (sic) Plena, Abogado ALEJANDRO JOSÉ PEÑA FELICE, introdujo por ante el Juzgado Vigésimo Sexto de Control (sic) del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la causa N° 26C-S-318-12, una solicitud de medidas cautelares personales y reales contra mis representado (sic), el médico Dr. VÍCTOR JOSÉ ROJAS HERNÁNDEZ y la Lic. VERÓNICA HERNÁNDEZ, quienes NO ES NO HAN (sic) SIDO SIQUIERA IMPUTADOS NI SE LES HA RECONOCIDO COMO PARTE (sic) EN DICHA CAUSA, la cual, como puede apreciarse de su distintivo alfanumérico, data de 2012, sin que en todo este tiempo el Ministerio Público los hubiese siquiera mencionado.

En particular, el prenombrado representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado de Control que adoptase contra mis representados, la medida cautelar personal de PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, así como las medidas cautelares reales de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR de los bienes que se especifican en el escrito de solicitud fiscal y CONGELAMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS que se señalan en el mismo documento (…).

Aparte de que el Fiscal de marras comete el exabrupto de solicitar medidas cautelares contra quienes ni siquiera han figurado en este proceso, en su solicitud, el Fiscal ALEJANDRO JOSÉ PEÑA FELICE, no aporta la más mínima evidencia sobre cuáles son los delitos en los que pudieran estar incursos mis representados (…) ni aporta medio de prueba alguna (sic) que demuestre la relación de éstos ni de los bienes que pretende afectar con los hechos investigados en la aludida causa penal.

De tal manera, en su escrito de solicitud de medidas cautelares reales el Fiscal ALEJANDRO JOSÉ PEÑA FELICE no estableció cuáles son las razones que, a su juicio, justifican las medidas solicitadas, ni cómo ni por qué los bienes cuyo aseguramiento se solicita, se vinculan con los hechos investigados en la causa N° 26C-S-318-12 (…).

Es de resaltar que, en su escrito de solicitud de medidas, el Fiscal ALEJANDRO JOSÉ PEÑA FELICE reconoce, en el capítulo destinado a la fundamentación teórica de su pedimento, que para la imposición de medidas cautelares reales, es decir, aquellas que recaen sobre los bienes de los imputados o acusados, a fin de garantizar el pago en su día de la responsabilidad civil derivada de delito, en caso de condenatoria penal, es necesario que exista, al menos, una imputación formal, pues de lo contrario se estaría actuando de manera artera contra una persona que no es parte en el proceso penal y que no ha tenido, por tanto, la oportunidad de defenderse.

Habiendo nosotros conocido nosotros (sic) la referida artera solicitud del Ministerio Público, en fecha 14 de abril de 2018, presentamos por ante el Juzgado de 26° (sic) de Control (sic) del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, una solicitud de Amparo Constitucional (sic) contra la Fiscalía Décimo Novena Nacional del Ministerio Público con Competencia Nacional (sic) Plena, en la persona del Abogado ALEJANDRO JOSÉ PEÑA FELICE, que la introdujo.

Nuestra solicitud de amparo fue presentada por amenaza de violación de las garantías de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como por amenaza de violación de los derechos a la defensa y a la libertad personal y fue establecida ante el Juzgado cognoscente de la solicitud fiscal dado el carácter preventivo que la doctrina ha concedido y reconocido en este tipo de acción constitucional, que debe ser ejercida ante el tribunal que esté conociendo de un proceso en el cual pudiera producirse la lesión de los derechos y garantías constitucionales, bien en su modalidad de amenaza o de violación efectiva, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en lo adelante LOSDGC.

En este caso, el carácter preventivo se justificaba por el hecho de que el mencionado Fiscal solicitaba la prohibición de salida del país de mis poderdantes, así como varias medidas cautelares reales contra sus bienes (congelación de activos y prohibición de enajenar y gravar), lo cual constituía una palmaria amenaza contra los derechos constitucionales de mi representado.

Es claro, por tanto, que este amparo constitucional debía ser decidido con prioridad, dado su índole constitucional, preventiva y cautelar, antes de la solicitud de medidas del ciudadano Fiscal.

Sin embargo, la ciudadana Juez KENIA CARRILLO GALVAO, presuntamente en fecha 26 de abril de 2018 dictó una DECISIÓN, en la cual acuerda todas y cada una de las medidas solicitadas por el Fiscal, pasando por alto la existencia de la mencionada solicitud de amparo constitucional, la cual fue olímpicamente ignorada por la mencionada juzgadora.

Y por si esto fuera poco, a lo anterior hay que agregar que quien suscribe asistió los días jueves 26 y viernes 27 de abril de 2018, a la sede del Juzgado 26° de Control (sic) y allí nos fue dicho por la Secretaria, que todavía no había decisión alguna en la causa, por lo cual resulta extraño que tal decisión aparezca el lunes 30 de abril de 2018, con fecha del 26 (sic). Pareciera una situación harto irregular.

Asimismo, es asombrosamente sospechosa, a grado de copia de un pendrive, la similitud entre la solicitud fiscal y la decisión proferida para aprobarla, lo cual se refleja hasta en el más mínimo detalle en cuanto a los argumento (sic) y al listado de los bienes afectados, lo cual podría indicar una connivencia conveniente entre el representante del Vindicterio (sic) y el tribunal, más allá incluso de la juzgadora misma (…).

En el orden procesal, citamos en nuestro provecho los artículos del 106 al 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia referentes al AVOCAMIENTO como institución procesal.

En nuestro país (…) la doctrina sobre [el] AVOCAMIENTO comenzó siendo elaborada por la jurisprudencia de esta Sala de Casación Penal, a partir del escueto enunciado que aparecía en la anterior y ya derogada, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2005.

Sobre este particular, esta ilustre Sala, en su sentencia N° 540 de (sic) 21 de octubre de 2008, dejó sentados los requisitos de admisibilidad de una solicitud de avocamiento en los términos siguientes:

(omissis)

Estos planteamientos fueron recogidos y resumidos en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que regula la procedencia del avocamiento de la siguiente manera: (…).

Conforme a la jurisprudencia y la legislación citadas, convendría precisar qué puede entenderse por ‘graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones del ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial’.

Esta misma Sala ha definido esos conceptos como aquellas situaciones en las que los juzgadores se hayan apartado notablemente de las normas que regulan el proceso penal, ya sea adoptando decisiones carentes de todo fundamento, que contravengan flagrantemente lo establecido en la ley o bien alterando de manera arbitraria el orden de los trámites procesales, generando indefensión para las partes o desasosiego para la comunidad, con el consiguiente minado de la confianza del público en la justicia.

Esa es justamente la situación en que se encuentran mis defendidos, pues no solo se les ha solicitado a un tribunal la imposición de medidas cautelares que los vinculan a un proceso penal en el que ni siquiera se las ha imputado formalmente y donde no se les reconoce como parte para ejercer los medios ordinarios de defensa en el proceso penal y donde el tribunal ni siquiera oye la solicitud de amparo que interpusieron contra la ilegal solicitud de la Fiscalía y, por el contrario, le da la razón al Ministerio Público y dicta las medidas solicitadas contra quienes no pueden siquiera apelar de las mismas por no ser considerados parte.

Todo esto constituye una escandalosa violación del orden público procesal, contra la cual hemos intentado todos los medios que teníamos a nuestro alcance hasta el momento y ante la imposibilidad de actuar de otra manera, recurrimos al AVOCAMIENTO ante esta Sala a fin de poner orden en la causa (…).

Por todas las razones expuestas, de esta Sala solicito que se ABOQUE a conocer de la causa N° 26C-S-318-2012 y que la reclame del tribunal a quo y que finalmente decrete la nulidad de las medidas dictadas por dicho Juzgado 26 de Control de Caracas (sic), por haberles sido impuestas sin que previamente se les hubiera imputado formalmente ante un Juzgado de Control, todo ello con violación de sus derechos a la defensa y el debido proceso (…)” [Mayúsculas, negrillas y subrayado del original].

De igual modo, el abogado requirente anexó a la solicitud de avocamiento, los documentos siguientes:

1) Copia certificada del documento poder otorgado por el ciudadano Víctor José Rojas Hernández al abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 105.200, ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Sucre del estado Miranda, el 13 de abril de 2018, autenticado bajo el N° 49, Tomo 45, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría.

2) Copia simple del documento poder otorgado por la ciudadana Verónica del Valle Hernández García al abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 105.200, ante la Notaría Pública Sexta de Caracas Municipio Libertador del Distrito Capital, el 25 de abril de 2018, autenticado bajo el N° 37, Tomo 123, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría.

3) Copia simple de la boleta librada el 27 de abril de 2018, por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas al ciudadano Víctor José Rojas Hernández, mediante la cual le notifica que mediante decisión dictada en esa misma oportunidad, dicho Tribunal acordó en su contra “MEDIDA ASEGURATIVA CAUTELAR REAL NOMINADA, relativa al ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS y CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR y PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS” [Mayúsculas de la boleta].

III

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

Acorde con lo establecido en el artículo 31, numeral 1, de la citada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal tiene asignada la competencia para requerir de oficio o a petición de parte, algún expediente que curse ante cualquier tribunal de instancia y avocarse a su conocimiento.

A su vez, dicha competencia común se encuentra establecida en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuya letra es del tenor siguiente:

Competencia

Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal (…)”.

Bajo estos supuestos, en el presente caso, se solicitó el avocamiento de la causa penal signada con el alfanumérico “26C-S-318-2012, de la nomenclatura del Juzgado Vigésimo Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”, en virtud de lo cual, por tratarse de un proceso penal, esta Sala de Casación Penal resulta competente para conocer de dicha solicitud. Así se declara.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia de esta Sala de Casación Penal para conocer de la solicitud de avocamiento, le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de dicha solicitud y, al respecto, observa lo siguiente:

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas y en las materias de su respectiva competencia, la facultad de solicitar en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

Es por ello que debido a su carácter especial y excepcional, la solicitud que al respecto se realice debe ser examinada exhaustivamente, por cuanto debe cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, so pena de la declaración de inadmisibilidad de la misma.

En tal sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los artículos 107, 108 y 109, regula la figura del avocamiento de la manera siguiente:

Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.

En consonancia con las normas transcritas, el avocamiento será ejercido, bien de oficio a instancia de parte, en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, como en aquellos en los cuales sea evidente la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento, entre otros, de los requisitos siguientes:

1) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, salvo en los casos en los que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.

2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicita curse ante un juzgado cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

3) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

4) Que la solicitud sea interpuesta una vez ejercidos los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.

En tal sentido, cabe acotar que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, en razón de lo cual la ausencia de alguna de estas conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento.

Ello, es la razón por la cual esta Sala de Casación Penal reiteradamente ha establecido que “(…) el juicio de admisibilidad se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar el fondo del asunto, ya que si la materia o el objeto contenido en los planteamientos del solicitante no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa (…)” [Vid. sentencias números 672, del 17 de diciembre de 2009; 287, del 25 de julio de 2016; 351, del 11 de octubre de 2016; y 451, del 14 de noviembre de 2016].

Bajo estos supuestos, esta Sala de Casación Penal observa que, en el presente caso, el solicitante presentó la solicitud de avocamiento alegando el carácter de “APODERADO JUDICIAL de los ciudadanos VÍCTOR JOSÉ ROJAS HERNÁNDEZ Y VERÓNICA DEL VALLE HERNÁNDEZ GARCÍA (…) representación esta (…) que consta de instrumentos poderes autenticados, el primero, por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Sucre del estado Miranda, en fecha 13 de abril de 2018, bajo el N° 50 del tomo 45 (…) de los Libros de Autenticaciones y el segundo, por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 25 de abril de 2018, bajo el N° 37 del tomo 123 (…) de los Libros de Autenticaciones[Mayúsculas del escrito], documentos que en copias, certificada y simple, anexó a dicha solicitud avocatoria.

Ahora bien, de la lectura de los referidos poderes, de idénticos contenidos, se evidencia que los ciudadanos Víctor José Rojas Hernández y Verónica del Valle Hernández García, confirieron al abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, “poder especial, pero bastante cuanto en derecho se requiere (…) a fin de que en mi nombre y representación y sin limitación alguna, ejerza las acciones de AMPARO CONSTITUCIONAL que sean necesarias para la protección de mi honor, reputación y derechos patrimoniales (…) de igual manera (…) para presentar DENUNCIAS en mi nombre, ante cualesquiera autoridades, policiales, fiscales o judiciales, respecto de personas y hechos que pudieran perjudicarme (…) asimismo, podrá (…) presentar, por ante el tribunal competente (…) QUERELLA CRIMINAL en mi nombre, contra los ciudadanos FRANCISCO EDUARDO BELISARIO TRAVIESO y GUSTAVO JOSÉ BELISARIO TRAVIESO (…) por los probables delitos de CALUMNIA, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE y FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO. En ejercicio del mandato que aquí confiero, el apoderado aquí instituido podrá presentar en mi nombre escritos de denuncia, querella o acusación particular (…) y en fin realizar todos los actos tendentes a la protección de mis derechos e intereses en el proceso penal que me propongo incoar o en otros de carácter civil o contencioso-administrativo (…)” [Mayúsculas de los poderes].

Siendo así, esta Sala de Casación Penal advierte que los instrumentos poder otorgados son especiales, vale decir, conferidos específicamente para la realización de un determinado acto jurídico, en virtud de que facultan al abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento para ejercer en nombre de los prenombrados ciudadanos lo atinente a acciones de amparo constitucional, la presentación de denuncias ante las autoridades competentes y de querella penal contra los ciudadanos Francisco y Gustavo Belisario, por lo que no puede pretender dicho profesional del derecho atribuirse una representación que no ostenta, menos aún formular una petición avocatoria para lo cual no ha sido expresamente facultado.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 682 del 14 de agosto de 2017, estableció lo siguiente:

“(…) Del transcrito poder se evidencia que, el mismo se limitó al ejercicio de la representación judicial por parte del prenombrado abogado únicamente en el juicio penal que se le sigue a los ciudadanos Carlos Ángel Dannery Camacho y Amintore Sebastiano Confalonieri Espinal y otras personas que pudieran surgir en el curso de la investigación llevada por el Ministerio Público por la comisión del delito de estafa. Por ende, las actuaciones que el prenombrado abogado puede realizar en nombre del accionante solo están limitadas a la jurisdicción penal, por lo que carece de facultad para actuar en una causa y jurisdicción distinta de aquella para la cual le fue otorgado el poder (…)”.

Asimismo, esta Sala de Casación Penal estima preciso reiterar lo establecido en la sentencia N° 017, del 13 de febrero de 2017, en la cual respecto de la legitimación en el avocamiento, señaló lo siguiente:

“(…) [E]n el avocamiento que procede a solicitud de parte, tal como ocurre en el presente caso, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal (…)”.

En atención al criterio antes referido, cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que el solicitante se encuentre legitimado para requerir la rectificación procesal mediante dicha figura, requisito que no se encuentra satisfecho en el presente caso, por lo que resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal declarar inadmisible la presente solicitud de avocamiento por no cumplir con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de avocamiento propuesta por el abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en [su] carácter de APODERADO JUDICIAL de los ciudadanos VÍCTOR JOSÉ ROJAS HERNÁNDEZ y VERÓNICA DEL VALLE HERNÁNDEZ GARCÍA [Mayúsculas del escrito], con relación al proceso penal contenido en la causa signada con el alfanumérico “26C-S-318-2012, de la nomenclatura del Juzgado Vigésimo Sexto de Control (sic) del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los once (11) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018). Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Magistrada Vicepresidenta,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Magistrada,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

Ponente

La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

JLIV

EXP. AA30-P-2018-000124