Sentencia nº 6 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 29-01-2019

Fecha de Resolución:29 de Enero de 2019
Emisor:Sala Plena
RESUMEN

Sucesión Procesal. Definición.

 
CONTENIDO

EN SALA PLENA

MAGISTRADO PONENTE: EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

EXPEDIENTE: AA10-L-2013-000232

El Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sede El Vigía, remitió a la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la demanda de reivindicación intentada por ARNOLDO JOSÉ BARRETO HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-3.739.728, asistido por la abogado Leandro Enrique Fernández Abreu, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 35.232, contra el ciudadano RAFAEL LINARES, titular de la cédula de identidad V-9.086.016, asistido por la abogada en ejercicio Delfina Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 66.710. Dicha remisión se efectuó a fin de resolver la regulación oficiosa de competencia planteada, en virtud del conflicto suscitado entre el referido órgano y el entonces Juzgado de Municipio Ordinario de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la misma Circunscripción Judicial.

El trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), se designó ponente a la Magistrada doctora Yraima de Jesús Zapata, a los fines del pronunciamiento correspondiente.

El veintinueve (29) de diciembre de 2014 se reconstituyó esta Sala Plena, en virtud de la designación de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, realizada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria publicada en la Gaceta Oficial n° 6.165 Extraordinario, de la misma fecha.

El once (11) de febrero de 2015, los Magistrados y Magistradas que integran la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia eligieron los miembros de la Junta Directiva de este Máximo Tribunal para el periodo 2015-2017, quedando conformada de la siguiente manera: la Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; el Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez, Primer Vicepresidente y la Magistrada Doctora Indira Maira Alfonzo Izaguirre, como Segunda Vicepresidenta; así como los Presidentes de la Sala Político Administrativa, Sala de Casación Civil y Presidenta de la Sala de Casación Social, Magistrados Doctores Emiro García Rosas y Guillermo Blanco Vásquez, y la Magistrada Doctora Marjorie Calderón Guerrero, respectivamente.

El veinticinco (25) de marzo de 2015, en cumplimiento de lo acordado por la Sala Plena, se procedió a designar ponente al Magistrado Doctor Edgar Gavidia Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Mediante sesión del 23 de diciembre de 2015, se reconstituyó la Sala Plena, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada el 23 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nro. 40.816, del 23 de diciembre de 2015. Quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado; Presidenta; Magistrado Maikel José Moreno Pérez, Primer Vicepresidente; Magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Segunda Vicepresidenta; Directores: Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, Magistrado Guillermo Blanco Vázquez y la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero, y los Magistrados Arcadio Delgado Rosales, Eulalia Coromoto Guerrero, Malaquías Gil Rodríguez, Francisco Velázquez Estévez, Francia Coello González, Mónica Misticchio Tortorella, Carmen Zuleta de Merchán, Jhannett María Madriz Sotillo, Juan José Mendoza Jover, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Bárbara Gabriela César Siero, Elsa Janeth Gómez Moreno, Marisela Valentina Godoy Estaba, Danilo Antonio Mojica Monsalvo, Edgar Gavidia Rodríguez, Luis Fernando Damiani Bustillo, Calixto Antonio Ortega Ríos, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Marco Antonio Medina Salas, Fanny Márquez Cordero, Christian Tyrone Zerpa, Vilma María Fernández González, Yván Darío Bastardo Flores, Juan Luis Ibarra Verenzuela, Yanina Beatriz Karabín de Díaz, Jesús Manuel Jiménez Alfonzo y El Secretario Julio César Arias Rodríguez.

Designados los Magistrados y Magistradas integrantes de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y restantes Salas del máximo Tribunal, en sesión de Sala Plena del 24 de febrero de 2017, cuya acta fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.103 de la misma fecha, se reconstituyó esta Sala así: Presidente Magistrado Maikel José Moreno Pérez, Primera Vicepresidenta Magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Segundo Vicepresidente Magistrado Juan José Mendoza Jover, y los Directores Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, Magistrado Yvan Darío Bastardo Flores y la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala Plena pasa a dictar sentencia, con fundamento en las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012), fue presentada demanda de reivindicación, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

El entonces Juzgado de Municipio Ordinario de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, hoy Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013), dictó decisión definitiva de primera instancia mediante la cual declaró con lugar la demanda de reivindicación, ordenando asimismo, la notificación de las partes, al haber sido dictada de manera extemporánea.

Al momento de la práctica de la notificación a la parte demandada, el alguacil designado dejó constancia del fallecimiento del ciudadano RAFAEL LINARES, según información suministrada por la ciudadana Yusmary Linares, hija de la parte demandada de autos.

El dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013), comparece a la causa la ciudadana Ana Hilda Quintero Ramírez, titular de la cédula de identidad V-9.070.200, asistida por la abogada en ejercicio Delfina Hernández, invocando su condición de esposa del ciudadano Rafael Linares, a fin de dejar constancia del fallecimiento de la parte demandada para lo cual anexa copia certificada del acta de defunción.

El veintitrés (23) de abril de dos mil trece (2013), Ana Hilda Quintero de Linares y Yusmary del Valle Linares, la primera actuando en nombre propio y en representación de su hijo adolescente (cuya identidad se omite conforme al artículo 65 de la LOPNNA), asistidos por la abogada Delfina Hernández, presentaron escrito mediante el cual se dan “por citados” como herederos del ciudadano Rafael Linares (†). En este sentido, presentan como anexos certificado de matrimonio; copias certificadas de las partidas de nacimiento de Yusmary Linares y de su hermano adolescente (también hijo del de cuius); y copias de sus cédulas de identidad.

Mediante decisión de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), el entonces Juzgado de Municipio Ordinario de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida (hoy Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida), se declaró incompetente declinando la competencia en los Juzgados de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial.

Distribuida la causa, le correspondió conocer del asunto al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y del Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Mérida, sede El Vigía, que mediante decisión de veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013) se declaró incompetente, solicitando regulación oficiosa de competencia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

II

DE LAS DECLARATORIAS DE INCOMPETENCIA

El entonces Juzgado de Municipio Ordinario de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida (hoy Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida), en decisión de veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), se declaró incompetente para conocer de la causa por razón de la materia, con base al siguiente razonamiento:

Por cuanto el Tribunal observa que en la presente causa de REIVINDICACIÓN, seguida por la parte actora: ARNOLDO JOSÉ BARRETO HERNÁNDEZ […]; en contra del ciudadano: RAFAEL LINARES […], donde actúa el adolescente (SE OMITE EL NOMBRE POR RAZONES LEGALES) representado por la ciudadana: ANA HILDA QUINTERO […], el mencionado adolescente pasa a ser uno de los sujetos pasivos en la presente causa, es decir, parte demandada; por tanto, resulta obvio que la pretensión deducida en la presente causa puede tener una incidencia sobre el patrimonio del adolescente, en virtud de lo cual se encuentra plenamente justificada la intervención del órgano competente para la protección del niño y del adolescente. En tal razón, este Juzgado considera que carece de competencia por la materia, para continuar conociendo del caso, considerando competente para seguir conociendo un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el literal “m” del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes […]. En consecuencia, en este orden de ideas, la presente causa debe continuar su trámite ante un Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que siga conociendo de la controversia incoada, ya que por la naturaleza de los derechos y garantías del Adolescente de autos, ha de tenerse como inherentes a su persona; por lo tanto son de orden público, intransigibles e irrenunciables, todo de conformidad a los artículos 8, 12, 86, 87 y 88 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. [Sic].

Por su parte, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y del Régimen Procesal Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sede El Vigía, mediante decisión del veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013), se declaró igualmente incompetente para conocer de la controversia y, subsiguientemente, planteó regulación oficiosa de competencia argumentando lo siguiente:

Así, riela a los autos acta de defunción Nro. 156 del demandado de autos, Rafael Linares, quién falleció ab intestato, el 06 de febrero de 2012 y expedida por la Registradora Civil de la Unidad de Registro Civil de la Parroquia Domingo Peña del Municipio Libertador del Estado Mérida, documento público que se aprecia en aplicación del artículo 1357 del Código Civil.

Para el caso in examine, rige lo previsto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil que consagra el principio según el cual la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tiene efecto respecto de ellas los cambios posteriores a dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa. Este principio, cuyo origen proviene del derecho romano, se le conoce como el principio de perpetuatio jurisdictionis, y tradicionalmente la doctrina ha abarcado en él no sólo a la jurisdicción sino también a la competencia.

[Omissis]

[…] para el caso en concreto la acción reivindicatoria surgió entre dos personas mayores de edad, en cuyo caso, si bien entra en el proceso [un adolescente] como legitimado pasivo […], actualmente de doce (12 años de edad, según el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, ello no modifica la competencia del Tribunal de Municipio Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, para seguir conociendo, y es que, en ningún momento figuró como demandante o demandado al momento de la interposición de la demanda el niño ya identificado, sino que sobrevenidamente se hace parte en el juicio, con ocasión del fallecimiento su progenitor RAFAEL LINARES. Por tanto, el competente para seguir conociendo es el Tribunal de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estarlo Mérida.

[Omissis]

Por tanto, en aplicación de los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal este Tribunal y el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños. Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Sede El Vigía, solicita de oficio y por el orden público que rige en el sistema de la competencia, la regulación de la competencia, y así acuerda remitir las presentes actuaciones procesales al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, todo ello en correlación con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 24, numeral 3. Y así se resuelve. […]. [Corchetes agregados a la cita].

Conteste con lo anterior, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y del Régimen Procesal Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sede El Vigía, remitió el expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, al verificar que no existe un superior común entre los órganos entre los que se planteó el conflicto de no conocer.

III

DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER EL CONFLICTO PLANTEADO

A fin de determinar la competencia para conocer y decidir la regulación oficiosa de competencia planteada, esta Sala pasa a revisar la normativa establecida en el artículo 266, numeral 7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos siguientes:

Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

(…)

7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico.

Por su parte, los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, prevén:

Artículo 70. Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia.

Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior (…) (Resaltado de la Sala).

El artículo 70 del Código de Procedimiento Civil establece que si el Juez que previno se declara incompetente por razón de la materia, y si el Juez o Tribunal que haya de suplirle, a su vez se considera incompetente, debe solicitar, de oficio, la regulación de la competencia. Asimismo, el artículo 71 eiusdem dispone que en los casos del artículo 70, si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción, la solicitud debe remitirse a la Corte Suprema de Justicia (Tribunal Supremo de Justicia) para que decida la regulación.

Asimismo, el artículo 24, numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010), establece:

Artículo 24. Son competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:

(Omissis)

3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos. (Subrayado de la Sala)

En este sentido, visto que en el presente caso se plantea un conflicto de no conocer entre tribunales que pertenecen a distintos ámbitos competenciales, el entonces Juzgado de Municipio Ordinario de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida (hoy Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida) y el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y del Régimen Procesal Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial (uno civil y otro de protección de niños, niñas y adolescentes) y no existe un superior afín a ambos, de conformidad con el numeral 3 del artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Plena es competente para decidir la regulación oficiosa de competencia planteada. Así se decide.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Observa esta Sala que, con el fallecimiento de Rafael Linares, operó la figura de sucesión procesal, haciéndose parte en la causa sus herederos universales dentro de los que se encuentra un adolescente quien adquirió el carácter de legitimado pasivo en el proceso, circunstancia que se encuadra dentro del supuesto del artículo 177, Parágrafo Cuarto, literal a) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, según el cual es competencia del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes el conocimiento de “[d]emandas patrimoniales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el procedimiento”. (Corchetes de la Sala).

La denominada sucesión procesal, mediante la cual se produce la transmisión o transferencia del derecho litigioso al niño en el proceso, está regulada en los artículos 144 y 145 del Código de Procedimiento Civil que establecen:

Artículo 144. La muerte de la parte desde que se haga constar en el expediente, suspenderá el curso de la causa mientras se cite a los herederos.

Artículo 145. (…) Si la transferencia a título particular de los derechos que se ventilan se produce por causa de muerte, se suspenderá la causa desde que aquélla se haga constar en el expediente, hasta que se cite al sucesor a título particular, quien se hará parte en la causa.

La Sala de Casación Civil al analizar esta figura, declaró en sentencia n° 422, del 26 de junio de 2006, lo siguiente:

[…] resulta pertinente realizar algunas consideraciones referentes a la figura que se conoce como SUCESIÓN PROCESAL’. Al respecto define como tal el autor patrio Dr. Rafael Ortiz-Ortiz:

‘… al evento extraordinario por el cual una persona entra en la misma posición de una parte procesal en un procedimiento judicial concreto. Se trata de una sustitución en un juicio pendiente de una parte por otra persona que ocupa su posición procesal por haber devenido titular de los derechos sobre la cosa litigiosa…’ (Ortiz-Ortiz, Rafael. Teoría General del Proceso. Editorial Frónesis, S.A., Caracas, 2003.pp 503).

En los casos como el de autos, donde fallece uno de los litigantes, sus herederos pasan a ocupar en el juicio el lugar del de cujus, esto es, asumen en virtud de una legitimación ex lege, de carácter extraordinario, la condición de parte procesal; a esto se le denomina sucesión procesal, esta es una consecuencia de la sucesión de carácter civil, mediante la que al fallecer una persona, sus herederos asumen la titularidad de los derechos de su causante, así como también las cargas que representan el pasivo que pudiese pesar sobre los bienes o derechos de aquel.

La sucesión procesal en comentario, no representa un cambio de parte en el juicio, el sucesor una vez que se produzca su citación, entra al proceso en la misma condición que ostentaba su causante y, por vía de consecuencia, ‘… éstos asumen la posición del difunto en el litigio y con ella todas las facultades y deberes inherentes a esta posición, no sólo en cuanto a los actos futuros, sino también en cuanto a los actos pasados…’ (Cuenca, Humberto. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. Caracas. 2000. pp. 379) (…)”. (Destacado del original, subrayado de esta Sala).

Conforme a lo anterior, al producirse la situación sobrevenida que se planteó, como lo es el fallecimiento del demandado, se originó la sucesión procesal de los derechos litigiosos del de cujus en sus herederos, encontrándose entre estos un adolescente.

Por tal situación, podría concluirse -en principio- que al intervenir en la causa un adolescente, opera el fuero atrayente de la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes.

No obstante, observa esta Sala que conforme al acta de defunción que cursa en autos, el fallecimiento del demandado se produjo el seis (6) de febrero de 2013, es decir, con anterioridad a la publicación de la sentencia de primera instancia del entonces Juzgado de Municipio Ordinario de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida (hoy Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida) del veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013), sin embargo, se acreditó la muerte mediante diligencia de 18 de abril de 2013, por ello, debe establecerse que para el momento de interponerse la demanda (29 de junio de 2012), así como en la oportunidad de proferirse la sentencia de mérito, la jurisdicción civil ordinaria tenía atribuida la competencia para conocer el asunto, en razón del contenido de la pretensión y la mayoridad de las partes que conforman el juicio. Así se establece.

En ese sentido, debe reiterarse que en virtud de los principios de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la competencia del órgano jurisdiccional para el conocimiento de una acción se determina por las condiciones fácticas existentes para el momento de interposición de la demanda, sin que pueda modificarse esa competencia, en razón de los cambios que se presenten en el curso del proceso, salvo disposición legal expresa.

Por ello, resulta oportuno referir el criterio que dejó sentado la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia n° 44 publicada el 4 de junio de 2009 (caso: Briseida Linares Sequera), en cuyo caso se planteó una situación similar a la de autos, donde fue presentada una regulación de competencia, en el curso de un juicio que se encontraba en segunda instancia. En dicha decisión se estableció lo siguiente:

…corresponde determinar cuál es el órgano judicial competente para conocer de las apelaciones ejercidas contra la decisión del 14 de agosto de 2007, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para lo cual hace las siguientes consideraciones:

Dado que la sentencia de primera instancia recurrida en apelación fue dictada por un tribunal de la jurisdicción civil ordinaria, la competencia por el grado para conocer de las apelaciones corresponde al Tribunal de alzada competente, esto es, a alguno de los Tribunales Superiores con competencia en materia civil.

omissis

En el caso de autos, se observa que la demanda se interpuso el día 17 de marzo de 2006, esto es, con anterioridad a la decisión de esta Sala Plena que estableció el cambio de jurisprudencia antes referido. De manera que, para la fecha de interposición de la demanda, el criterio vigente era el contenido en la sentencia número 33 del 24 de octubre de 2001, en la que se había establecido que “no forma parte de la competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente ni de la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal el conocimiento de las demandas de naturaleza patrimonial o del trabajo incoadas por niños o adolescentes”. Por lo tanto, si esa era la regulación aplicable para el momento de la presentación de la demanda, el tribunal que conoció en primera instancia de esta causa (Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas) lo hizo conforme a Derecho.

En otras oportunidades esta Sala Plena, ha aplicado el nuevo criterio a demandas incoadas con anterioridad, en juicios que se encontraban en primera instancia (cfr. sentencia 55 del 12 de junio de 2008); no obstante, en el caso de autos, dado que el proceso se encuentra en segunda instancia, declarar que la competencia corresponde a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, podría suponer una reposición de la causa al estado de comenzar el juicio con la consiguiente nulidad de los actos procesales cumplidos, incluida la sentencia dictada en primera instancia y toda la actividad probatoria, además del tiempo que ello supondría, en perjuicio de los intereses de la niña involucrada en este juicio. De allí que, a los fines de preservar el interés superior de la accionante y en aplicación del principio perpetuatio fori consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala Plena declara que corresponde al Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conocer de los recursos de apelación interpuestos en esta causa. Así se decide (destacado de la Sala).

Del criterio jurisprudencial transcrito, se desprende que la Sala Plena atribuyó la competencia para conocer el recurso de apelación ejercido al juzgado superior civil, en aplicación del principio perpetuatio fori consagrado en el referido artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, preservando con ello el interés superior de la accionante, y por considerar, adicionalmente, que declarar la competencia de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes supondría una reposición de la causa al estado de comenzar el juicio, con la consecuencia indefectible de declarar la nulidad de los actos procesales cumplidos, incluyendo la sentencia dictada en primera instancia, lo cual obraría en detrimento de los intereses de las partes involucradas en ese caso, por cuanto al haber sido dictada la sentencia de primera instancia por la jurisdicción civil ordinaria, la competencia por el grado para conocer de las apelaciones corresponde al tribunal de alzada competente, esto es, un tribunal superior con competencia en materia civil.

Así pues, se observa que en el caso de autos se presenta una situación procesal análoga, siendo que para el momento en que fue interpuesta la demanda, no figuraban niños, niñas o adolescentes como sujetos activos o pasivos del proceso, así como tampoco para la oportunidad en que fue dictada la sentencia definitiva de primera instancia (21 de marzo de 2013), que declaró con lugar la demanda de reivindicación, situación que hacía atribuible conforme a derecho la competencia a la jurisdicción civil ordinaria para el conocimiento del asunto.

Por tanto, reiterando el referido criterio de la Sala Plena, declarar que corresponde a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes conocer de la causa en virtud de la situación sobrevenida que se planteó, como es el fallecimiento del demandado, quien dejó como causahabiente a un adolescente que entró a formar parte de la relación jurídica procesal, implicaría un menoscabo al principio de seguridad jurídica y la reposición de actos procesales ya cumplidos, con la consecuente dilación en la resolución definitiva de la causa en perjuicio de todas las partes, siendo que ya ha sido dictada la sentencia de primera instancia, no obstante, no haya sido presentado recurso alguno contra esa decisión.

De acuerdo con esto, debe concluirse que los actos procesales cumplidos hasta la fecha de la sucesión procesal, incluyendo la sentencia definitiva de primera instancia, son actos válidos, al haber sido dictados en apego a las normas sobre la competencia de acuerdo a las circunstancia de hecho presentes para esa fecha.

Por otra parte, no puede considerarse que al atribuir la competencia a los juzgados civiles, no será brindada una protección integral de los derechos del adolescente que forma parte de la relación jurídico procesal, por el contrario, el juez civil en la oportunidad de ejecutar el fallo deberá garantizar una especial, idónea y cabal protección de los derechos y garantías del adolescente, todo ello en función del derecho aplicable, en armonía con el principio del interés superior al que alude el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Conforme a las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, esta Sala Plena concluye que el conocimiento del asunto a que se contrae esta causa le corresponde al hoy Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:

1.- Que es COMPETENTE para decidir la regulación oficiosa de competencia planteada, en virtud del conflicto surgido entre el entonces Juzgado de Municipio Ordinario de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida (hoy Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida) y el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y del Régimen Procesal Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial.

2.- Que la COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa corresponde al hoy Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

3.- Se ordena REMITIR el expediente al hoy Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; asimismo, notificar de la presente decisión al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y del Régimen Procesal Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial.

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018). Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

EL PRESIDENTE,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

PRIMERA VICEPRESIDENTA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE,

INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Los Directores,

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

Los Magistrados,

ARCADIO DELGADO ROSALES MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

Ponente

DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO CALIXTO ANTONIO ORTEGA RÍOS

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO FANNY BEATRIZ MÁRQUEZ CORDERO

CHRISTIAN TYRONE ZERPA VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ

El Secretario,

JULIO CÉSAR ARIAS RODRÍGUEZ

Exp. N° AA10-L-2013-000232