Sentencia nº 2015-000110 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 25 de Julio de 2017

Fecha de Resolución:25 de Julio de 2017
Emisor:Sala Plena
RESUMEN

Competencia de los tribunales de Municipio para conocer como Jueces de Control en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente.

 
CONTENIDO

EN SALA PLENA

Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

Expediente N° AA10-L-2015-000110

En fecha 07 de agosto de 2015, mediante oficio número 4605-247, el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, remitió a la Sala Plena de este Máximo Tribunal, copia certificada “… de la totalidad de la causa N°: 15-175…” (Nomenclatura del referido Tribunal) contentivo del asunto penal seguido a una adolescente (identidad omitida en atención a lo dispuesto en el artículo 65, Parágrafo Segundo, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), quien para la fecha tenía quince (15) años de edad, por la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES MENOS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal.

Tal remisión se realizó en razón de la decisión dictada en fecha 6 de agosto de 2015, por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, que con fundamento en el artículo 82 del Código Orgánico Procesal Penal planteó en razón del territorio, CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, con ocasión a la declinatoria, realizada en fecha 20 de julio de 2015, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control, Sección Penal Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, en la causa identificada con el Nro. IP01-D-2015-000441.

En fecha 16 de octubre de 2015, se designó ponente a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, a los fines del pronunciamiento correspondiente.

El 23 de diciembre de 2015; se reconstituyó la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en ocasión a la designación de los nuevos Magistrados, Magistradas, Principales y Suplentes de este Máximo Tribunal efectuada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el número 40.816. En esa misma fecha se eligieron los miembros de la Junta Directa de este Alto Tribunal, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado; Presidenta; Magistrado Maikel José Moreno Pérez, Primer Vicepresidente; Magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Segunda Vicepresidenta; así como la Presidenta de la Sala Político Administrativa, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; el Presidente de la Sala de Casación Civil, Magistrado Guillermo Blanco Vázquez; y la Presidenta de la Sala de Casación Social, Magistrada Marjorie Calderón Guerrero y los Magistrados Arcadio Delgado Rosales, Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, Malaquías Gil Rodríguez, Francisco Velásquez Estévez, Francia Coello González, Mónica Misticchio Tortorella, Carmen Zuleta de Merchán, Jhannett María Madriz Sotillo, Juan José Mendoza Jover, Inocencio Figueroa Arizaleta, Bárbara Gabriela César Siero, Elsa Jhaneth Gómez Moreno, Marisela Valentina Godoy Estaba, Danilo Antonio Mojica Monsalvo, Édgar Gavidia Rodríguez, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Marco Antonio Medina Salas, Fanny Márquez Cordero, Christian Tyrone Zerpa, Vilma María Fernández González, Yván Darío Bastardo Flores, Juan Luís Ibarra Verenzuela, Yanina Beatriz Karabín de Díaz, Jesús Manuel Jiménez Alfonzo y el Secretario Julio César Arias Rodríguez.

Mediante sesión de fecha 24 de febrero de 2017, fue reconstituida la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva del Máximo Tribunal para el período 2017-2019, quedando integrada de la siguiente manera: Presidente Magistrado Maikel José Moreno Pérez, Primera Vicepresidenta Magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Segundo Vicepresidente Magistrado Juan José Mendoza Jover, y los Directores Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, Magistrado Yván Darío Bastardo Flores y la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero, respectivamente

Luego de las designaciones antes referidas, la Sala Plena mantuvo la ponencia a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

ANTECEDENTES

Cursa en el expediente DENUNCIA POLICIAL identificada con el alfanumérico JUN-06-0540-2015”, de fecha 6 de junio de 2015, rendida por la ciudadana Yulexys Karina Romero Luquez, ante el Cuerpo de Policía del estado Falcón, en la que señaló:

“… El día de hoy 06 de junio de 2015 aproximadamente a las 07:00 horas de la noche en momentos que me encontraba en la casa de la señora YANIS MORON quien es tía de GABRIEL MORON, quien es el padre de mi menor hijo y con quien nunca hice vida de pareja, en eso llegó su hermana de nombre GABRIELA MORON, quien sin mediar palabra me agredió con una cachetada y yo le pregunte porque me había golpeado y ella me dijo que era porque yo estaba saliendo con su esposo cosa que es mentira después que se forma el alboroto llegó GABRIEL MORON, y me dijo que sí que la había enviado a golpearme porque como él era hombre no me podía agredir ya que yo lo había denunciado en horas de la mañana porque me había agarrado por el cuello, luego de esto me vine a formular la denuncia. …”.

En fecha 9 de junio de 2015, la ciudadana abogada Desiree Gabriela Villalobos Domínguez, Fiscal Provisoria Municipal Primera del Ministerio Público con Competencia en los Municipios Falcón, Carirubana y Los Taques de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, ordenó el “INICIO DE LA INVESTIGACIÓN”, en la causa identificada con el número 264614-2015 (nomenclatura de ese despacho), contra la adolescente, cuyo nombre se omite en atención a la Ley Especial, dejando constancia de lo siguiente:

“… vistas las actuaciones referidas a la investigación iniciada, mediante denuncia interpuesta por la ciudadana YULEXYS KARINA ROMERO LUQUEZ, titular de la cedula de identidad N° V-22.898.357, en la cual figura como investigada la ciudadana (se omite la identidad conforme a la Ley especial), por la presunta comisión de un hecho punible previsto y sancionado en el CÓDIGO PENAL VENEZOLANO VIGENTE, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, razón por la cual ORDENA EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL en el presente Caso Penal N° MP-264614-2015, por lo que deberán practicarse las diligencias que se especificarán a continuación en oficio anexo, tendientes al esclarecimiento de los hechos, a fin de hacer constar la presunta comisión del referido hecho punible, con todas las circunstancias que puedan influir en su precalificación, la responsabilidad del presunto investigado (Sic)…”.

En fecha 14 de julio de 2015, la ciudadana abogada Mairelyn Angélica Ramírez Sánchez, Fiscal Duodécimo del Ministerio Público de Responsabilidad Penal Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, libró oficio número 905-2015, dirigido al Tribunal de Control de Guardia de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, en los siguientes términos:

“… Tengo a bien dirigirme a Usted, en la oportunidad de notificarle de conformidad con lo establecido en los Artículos 551 y 552 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que mediante distribución No. 5115-2015-DIST, realizada por la Fiscalía Superior del estado Falcón, se conoció la denuncia formulada por ante la Fiscalía Municipal Primera del estado Falcón, en fecha 06-06-2015, de la presunta comisión de un hecho punible, perseguible de oficio, como lo es el delito de LESIONES PERSONALES MENOS GRAVES, previsto en el artículo 413 del Código Penal, donde aparece como imputada la adolescente (se omite la identidad a tenor de lo previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) … y como víctima la ciudadana YULEXIS (Demás datos bajo reserva de esta Instancia Fiscal).

A su vez, hago de su conocimiento que, se ordenó al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Punto Fijo, la APERTURA DE INVESTIGACIÓN, a objeto de que practiquen las diligencias pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, solicito respetuosamente proceda a citar a la adolescente en su condición de imputada, con el propósito de que nombre Defensor de Confianza o en su defecto le sea designado un Defensor Público Especializado, a los fines de salvaguardar el Derecho a la Defensa en todo Estado y Grado de la investigación y del Proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 544 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. …”.

En fecha 15 de julio de 2015, le correspondió conocer de la presente causa, al Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control, Sección Penal Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana Coro, previa distribución a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD).

Recibido en el referido Tribunal, en fecha 20 de julio de 2015, el Tribunal ut supra señalado, dictó auto en los siguientes términos:

“… El Tribunal, en acatamiento de la decisión emitida en fecha 16 de Julio de 2015, signada con el No. IM012015000015, por la Corte de Apelaciones del Estado Falcón Sección Penal. Adolescente, actuando como superior jerárquico común, y a los fines de proseguir el curso de Ley, declina la competencia del presente asunto, por ante el Tribunal Distribuidor de Municipio del Municipio Falcón del Estado Falcón, a quien se ordena remitir acompañado de oficio. …”.

Vista la anterior declinatoria, en fecha 6 de agosto de 2015, el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, planteó conflicto de no conocer, bajo el razonamiento siguiente:

“…Revisado como ha sido el presente asunto signado bajo el N° IP01-D-2015-000441 … remitido en fecha 20-07-2015 por el Tribunal Penal de Control Sección Adolescentes de Coro, Estado Falcón.

Al respecto, observa quien suscribe que en fecha 03-07-2015 este Juzgado realizó Declinatoria de Competencia por la Materia a dichos Tribunales que conforman la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes en virtud de la Materia, ya que el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio y Estado Falcón se subsume a la Jurisdicción Civil Ordinaria, tal como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su inciso 01 y a la Resolución 2014-0009 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 12-03-2014, en la que se establecen las competencias y el cambio de nomenclatura, razón por la cual, queda claro para esta Juzgadora que este Juzgado no tiene materia afín alguna con la materia de Responsabilidad Penal Adolescentes, criterio que desarrolla en el presente fallo en aras de explanar las razones de derecho que subyacen a tal apreciación. …”.

CAPÍTULO PRIMERO- DE LA COMPETENCIA

“… Dicho lo anterior, esta Juzgadora en concordancia con los parámetros constitucionales previstos en el inciso 49 de la carta magna nacional, relativo al respeto de las garantías judiciales y administrativas, advierte que aún cuando el artículo 666 de la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que ´El Juez o jueza de la fase de investigación o fase intermedia se denominará juez o jueza de control. Si la investigación se lleva a cabo en un lugar donde no funcione este Tribunal, asumirá esta función el Juez o Jueza de municipio´, también es cierto que a juicio de quien suscribe, en la Circunscripción Judicial del estado Falcón si existe un Tribunal con la competencia en materia de Control en la denominada Sección de adolescentes del Circuito Judicial Penal de Coro, tal como así l o (Sic) precisa el artículo 01 de la Resolución N° 313.289 de fecha 01-04-2000. …”.

CAPÍTULO SEGUNDO- DEL CONFLICTO DE NO CONOCER

“… Expuestos como han sido los artículos anteriores, no queda más que atender al contenido del inciso N° 82 del Código Orgánico Procesal Penal, consultado por mandato del artículo 537 de la ley especial en materia de Responsabilidad Penal de Adolescentes. …

Por tanto y a la luz de la interpretación del inciso 82 antes expresado, no existiendo superior común en el orden jerárquico entre Tribunales que son de naturalezas análogas y no existiendo ley escrita que verse sobre tal situación, es por lo que esta Juzgadora plantea el CONFLICTO DE NO CONOCER, para que sea resuelto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, órgano superior competente para conocer de dicho conflicto, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal en cuanto a la atribución para conocer y decidir de dichos conflictos, tal como así lo expresé en el inciso 24, numeral 3 del a(Sic) Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. …”

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA PLENA

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia pasa a determinar su competencia para conocer y resolver la regulación de competencia planteada, a tal efecto toma en cuenta la normativa establecida en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, del tenor siguiente:

“Artículo 70. Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia.

Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior. …”. (Resaltado de la Sala)

De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, en los casos en que el Juez o Jueza que se declare incompetente por razón de la materia o el territorio para conocer de un caso, y lo remita a otro Tribunal, si el Juez o Jueza que deba suplirle, a su vez se considera incompetente, este último debe solicitar de oficio, la regulación de la competencia. Y de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 eiusdem, si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos juzgados, el segundo debe remitir la solicitud de regulación de competencia al Tribunal Supremo de Justicia, para su resolución.

Por su parte, el artículo 24, numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada el 29 de julio de 2010 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.991 Extraordinario, reimpresa en la Gaceta Oficial Nº 39.522, del 1° de octubre de 2010, establece lo siguiente:

Artículo 24. Competencias de la Sala Plena. Son competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia: ...

3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos. ...”. (Resaltado de la Sala).

La norma jurídica parcialmente transcrita determina, de manera específica, que corresponde a la Sala Plena dirimir los conflictos de no conocer planteados, entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista un juzgado superior con competencia por la materia vinculada a la de ambos.

Ahora bien, en el presente caso, en fecha 14 de julio de 2015 el representante del Ministerio Público ordenó la citación de la adolescente, ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control, Sección Penal Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, con el propósito de nombrar defensor de confianza o en su defecto le sea designado un defensor público especializado de conformidad con lo previsto en el artículo 544 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para posteriormente realizar el acto de imputación, todo ello, en virtud de una denuncia interpuesta por la ciudadana Yulexys Karina Romero Luquez (víctima), cuando manifestó que esta “presuntamente la golpeó”, configurándose con dicha conducta en prima facie, el delito de LESIONES PERSONALES MENOS GRAVES, previsto en el artículo 413 del Código Penal.

En fecha 20 de julio de 2015, el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control, Sección Penal Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, basándose en un caso análogo -decisión-, de fecha 16 de julio de 2015 signada con el alfanumérico IM012015000015 emitida por la Corte de Apelaciones Sección Penal Adolescentes del estado Falcón, se declaró incompetente, a través de un auto, declinando la competencia al Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en el que expresó lo siguiente:

“… Así las cosas, es preciso señalar que por notoriedad judicial registrada ante esta Sala ha podido verificarse que se han tramitado multiplicidad de asuntos que han sido tramitados y decididos por el Juzgado Segundo del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, actuando como Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control en materia de Responsabilidad de Adolescentes, entre ellas, declinatorias de competencia, recursos de apelación e, incluso, acciones de amparo constitucional, ante esta Corte de Apelaciones, tal como ocurrió en los asuntos Nros. IP01-R-2009-170, IP01-O-2011-000094, en el último de los cuales esta Sala resolvió:

En consecuencia, se DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA del auto dictado por el Juzgado Segundo del Municipio Carirubana actuando en funciones de Tribunal de Primera Instancia de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, de fecha 08 de diciembre de 2011, que declaró definitivamente firme la sentencia publicada en fecha 23 de noviembre de 2011 por el procedimiento de admisión de los hechos en audiencia preliminar, en el asunto N° C-535-09, que corre agregado al folio 304, así como de los actos que de él derivaron, concretamente, el oficio N° 4600-1313 de la misma fecha, dirigido al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, mediante el cual le remite el indicado expediente, del auto de fecha 18/01/2012 dictado por el señalado Tribunal dándole entrada o ingreso al asunto y donde ordena fijar para el día 30 de enero del presente año el acto de imposición de sanción al adolescente de autos, conforme a lo previsto en el artículo 190, 191 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicables supletoriamente por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, por vulneración de derechos y garantías constitucionales conferidas por el Texto Constitucional al adolescente de autos y demás partes intervinientes, concretamente el derecho a la defensa, al debido proceso, a recurrir al fallo adverso, a ser oído ante un tribunal de alzada, a la tutela judicial efectiva, indicativo de la vulneración al orden publico constitucional que no puede ser desconocido por esta Sala, debiéndose reponer la causa al estado de que sea reabierto el lapso de apelación establecido en el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, de 10 días hábiles contados a partir que conste en autos la notificación de las partes que intervienen en el proceso, vale decir al Fiscal Duodécimo del Ministerio Público, al representante legal de la víctima y a la defensa de autos, lo cual se ordena a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva a dichas partes intervinientes y por seguridad jurídica. Así se decide.

En consecuencia, no comprende esta Sala cómo habiéndose tramitado por ese Tribunal Segundo del Municipio Carirubana, actuando como Tribunal de Primera Instancia de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, a tenor de lo establecido en el artículo 666 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, asunto penales seguidos contra adolescentes, proceda, sin auto o decisión fundada, sino mediante oficio, a desprenderse del conocimiento de los asuntos penales que les son sometidos a su jurisdicción y competencia, por considerar la resolución N° 170 del 01/04/2000, publicada en la gaceta Oficial de la República N° 313.289, cuando la misma también se encontraba en vigencia para la multiplicidad de casos que, con anterioridad, conoció y resolvió con tal carácter.

Ello así, debe indicarse que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ha sido sabia al determinar la competencia de la investigación y de la Función de Control en los Juzgados de Municipio, cuando en esos lugares no funcionen los Juzgados de Primera Instancia de Control en dicha materia especializada, por cuanto, como acontece en el caso que se analiza, la distancia territorial entre el lugar de los hechos y el Circuito Judicial Penal con sede en Coro, dificulta la realización de actos de la fase de Control, lo cual va en detrimento del fin de la investigación que es la búsqueda de la verdad, de los derechos de la víctima y contra el interés superior del adolescente, todo esto, por cuanto la distancia del Tribunal causa perjuicios de índole económicos a las partes ( víctimas e imputados deben trasladarse a un Circuito alejado de su jurisdicción), pero sobretodo atenta contra la respuesta en forma expedita que el Tribunal de Control competente debe efectuar en la investigación.

En consecuencia, no le corresponde el conocimiento de la causa al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes de este Circuito Judicial Penal, por cuanto la función de Juez de Control en los hechos acaecidos en la Jurisdicción del Tribunal Segundo del Municipio Carirubana le corresponde por Ley únicamente a ese Juzgado, competencia que está plenamente determinada en el artículo 666 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, la cual, por su carácter Orgánico y en virtud de la jerarquía normativa aplicada en Venezuela, debe ser aplicada con preferencia a la Resolución citada por el mencionado Juzgado de Municipio para declinar la competencia, pues la misma no excluye a los Tribunales de Municipio de la competencia en funciones de Control, que por Ley tienen asignadas en localidades donde no tenga su asiento el Circuito Judicial Penal de la Sección de Adolescentes de este Circuito Judicial Penal.

Corolario de lo anteriormente expuesto, lo procedente es declarar COMPETENTE al Tribunal Segundo del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial Penal del estado Falcón para el conocimiento del asunto judicial que se le sigue al adolescente, cuya identificación se omite de conformidad a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, actuando en Funciones de Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control. Y así se decide. …”.

En fecha 6 de agosto de 2015, el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, planteó conflicto de no conocer, remitiendo las actuaciones a esta Sala.

Ahora bien, la competencia para conocer del hecho, en donde se encuentra imputado un niño, niña o adolescente, está establecido en los artículos 665 y 666 ambos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, reformada según Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.185 de fecha 08 de junio de 2015, los cuales establecen lo siguiente:

“… Artículo 665: Corresponde a la Sección de Adolescentes de los tribunales penales ordinarios y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en este título, a las leyes de organización judicial y a la reglamentación interna. …”.

“… Artículo 666: Constitución de la Sección de adolescentes del tribunal penal. El Juez o la Jueza en la fase de investigación o fase intermedia se denominará juez o jueza de control. Si la investigación se lleva a cabo en un lugar donde no funcione este tribunal, asumirá esta función el juez o jueza de municipio. La fase de juzgamiento estará a cargo de un juez o jueza. El control del cumplimiento de las medidas estará a cargo de un juez o jueza de ejecución. En cada circunscripción judicial funcionará una corte superior constituida por una o más salas de apelación, integradas por tres jueces o juezas. …”. (Resaltado de la Sala).

De las disposiciones legales antes transcritas, se observa que según lo dispuesto en el artículo 666 eiusdem, los jueces de Municipio tendrán la competencia para conocer como jueces de control, del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, en los casos cuyos hechos hayan tenido lugar en su jurisdicción, solamente cuando no existan tribunales con tal competencia.

En consonancia con lo antes expresado, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante resolución número 2014-0030, del 13 de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.566, del 19 de diciembre de 2014, confirmó que la competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, recae en los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medida, en los términos que se expondrán a continuación:

“… CONSIDERANDO

Que en fecha 12 de marzo de 2014, mediante resolución N° 2014-0009, este Alto Tribunal en sesión de Sala Plena, modificó todo lo relativo a la estructura, organización y funcionamiento de la distribución de causas o comisiones en los Tribunales de Municipio y Ejecución de Medidas.

CONSIDERANDO

Que actualmente existen Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas que mantienen competencia especial en materia de obligación alimentaria o de manutención y de Responsabilidad Penal del Adolescente.

CONSIDERANDO

Que el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos correspondientes a la Sección de Adolescentes de los tribunales penales son asumidos para su investigación y decisión por algunos jueces o juezas a cargo de Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutores de Medidas, en aquéllos lugares donde territorialmente no existen o no funcionan órganos jurisdiccionales con competencia en Sección de Adolescentes.

CONSIDERANDO

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 constitucional en concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, éstos son sujetos de plenos Derechos, debiéndoseles asegurar su protección integral, bajo el principio de Prioridad Absoluta e Interés Superior del Niño.

RESUELVE

Artículo 3: En los lugares donde no funcione tribunal especializado en Niños, Niñas y Adolescentes y Responsabilidad Penal del Adolescente, asumirá el control de la investigación y audiencia preliminar de responsabilidad penal el juez o jueza de Municipio del lugar, hasta tanto se creen los tribunales especializados en la materia, debiendo realizar la distribución de causas y comisiones de acuerdo a la presente Resolución. …”. (Resaltado de la Sala).

Ahora bien, en el presente caso se ha planteado un conflicto de no conocer, entre el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, que al igual que el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control, Sección Penal Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, tienen la competencia para conocer casos en lo que respecta a la responsabilidad penal del adolescente; ambos son de Primera Instancia en Funciones de Control, poseen la misma jerarquía y competencia por la materia, pero pertenecen a distintos ámbitos territoriales.

Los referidos Tribunales se encuentran dentro de la Circunscripción Judicial del estado Falcón y los mismos, según Resolución dictada por la Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Sistema Judicial, de fecha 30 de marzo del año 2000 y publicada en Gaceta Oficial número 36.931, de fecha 12 de abril del año 2000, tienen un superior común, con competencia en la materia, a saber, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Sala Especial Accidental de la Sección Penal de Adolescentes, por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, no le corresponde a la Sala Plena resolver la regulación planteada, siendo el competente para conocer la misma, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Sala Especial Accidental de la Sección Penal de Adolescentes. Así decide.

Aunado a lo antes señalado, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en un caso análogo, mediante sentencias Nros 68 y 69, ambas de fecha 22 de septiembre 2016, indicó lo siguiente:

“… Así pues, conforme con lo preceptuado en los artículos 665 y 666 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 3 de la Resolución número 2014-0030, del 13 de agosto de 2014, dictada por esta Sala Plena y, con el criterio sentado por la Sala de Casación Penal en un caso análogo, se observa que en el asunto que nos ocupa, los hechos que originaron el proceso penal se suscitaron en el Sector Industrial, Calle 1 con Callejón Peninsular, Punto Fijo, Estado Falcón, y que en dicha localidad no se encuentra un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente; en consecuencia, queda evidenciado que su conocimiento le corresponde a los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.

Ahora bien, siendo que el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, -en efecto- ostenta la competencia para conocer como Tribunal de Primera Instancia de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente en los procesos a que diera lugar la presunta comisión de una falta que se le impute a un adolescente, se verifica entonces, que en el caso que nos ocupa se ha planteado un conflicto de competencia de no conocer entre dos Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, esto es, dos tribunales que ostentan la misma jerarquía y competencia por la materia, pero de distinto ámbito territorial.

Siendo ello así, se verifica que los referidos tribunales se encuentran dentro de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón y que los mismos tienen, efectivamente, un superior común con competencia en la materia de ambos, a saber, la Corte de Apelaciones, Sección Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, razón por la cual esta Sala Plena, con arreglo a lo previsto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, concluye que no le corresponde resolver la solicitud de regulación bajo examen, y que la competencia para decidir cuál será el órgano judicial al que le es dado tramitar el asunto que suscitó la regulación es de la Corte de Apelaciones, Sección Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Así se decide …”.

De la jurisprudencia antes transcrita, se puede observar que cuando existen dos tribunales que ostentan la misma jerarquía y competencia por la materia, pero de distinto ámbito territorial y que los mismos tienen un superior común con competencia en la materia de ambos, como lo es, la Corte de Apelaciones, Sección Penal Adolescentes, con arreglo a lo previsto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, no le corresponde a esta Sala Plena, resolver la solicitud de regulación bajo examen, y la competencia para decidir cuál será el órgano judicial al que le es dado tramitar el asunto que suscitó la regulación, tal como se señaló anteriormente, es a la Corte de Apelaciones, Sección Penal Adolescentes.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Se declara INCOMPETENTE para conocer la regulación de competencia planteada por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en razón a la causa que le fue remitida por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control, Sección Penal Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, con ocasión del proceso penal seguido en contra de la adolescente (cuya identidad se omite en atención a lo dispuesto en el artículo 65, Parágrafo Segundo, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por estar presuntamente incursa en la comisión del delito de LESIONES PERSONALES MENOS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal.

SEGUNDO: Declara COMPETENTE a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Sala Especial Accidental de la Sección Penal de Adolescentes, para conocer y decidir regulación de competencia planteada en el presente caso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Se ordena remitir el expediente a la precitada Corte de Apelaciones a objeto que decida la regulación de competencia planteada.

Publíquese, regístrese, remítase el expediente a la respectiva Corte de Apelaciones y envíese copia certificada de esta decisión al Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Control, sección Penal Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, así como al Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Falcón. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

EL PRESIDENTE,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

PRIMERA VICEPRESIDENTA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE,

INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Los Directores,

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

Los Magistrados,

ARCADIO DELGADO ROSALES MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO CALIXTO ANTONIO ORTEGA RÍOS

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO FANNY BEATRIZ MÁRQUEZ CORDERO

CHRISTIAN TYRONE ZERPA VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ

El Secretario,

JULIO CÉSAR ARIAS RODRÍGUEZ

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Exp. N° AA10-L-2015-000110.-