Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 23 de Abril de 2010

Se acuerda decretar MEDIDA PREVENTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD contra el ciudadano O.A.P., de nacionalidad venezolano, natural de Maracaibo, de 67 años de edad, nacido el 10- 02 - 43, de estado civil casado, profesión u oficio abogado, hijo de A.A.D. (F) y de H.P. GALARRAGA (F), Residenciado en: avenida los Geranios, quinta cuchi, urbanización los geranios, el Hatillo Estado por consider que se encuentran llenos los extremos de los artículo 244, 250, 251 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se establece como sitio de reclusión al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SABIN).”

DEL RECURSO DE APELACIÓN

En fecha 05 de Abril de 2.010, el abogado en ejercicio y de este domicilio: A.S.Q., actuando en su carácter de Defensor del ciudadano O.Á.P., apeló en contra de las decisiones dictadas por el JUZGADO VIGÉSIMO QUINTO (25º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS en fecha 24 de Marzo de 2.010, mediante las cuales negó la nulidad absoluta de la orden de aprehensión dictada contra el prenombrado imputado en fecha 22-3-2010 y le decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de CONSPIRACIÓN, INSTIGACIÓN PÚBLICA y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FALSA, previstos y sancionados en los artículos 132, 285 y 296-A, todos del Código Penal:

“Yo, A.S.Q., venezolano, mayor de edad, domiciliado en esta Ciudad, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad V-5.572.801, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el número 75.594, procediendo en este acto en mi carácter de defensor del también abogado, O.Á.P., según lo tengo acreditado en la causa identificada con las siglas C-620-10 ante usted, con el debido respeto ocurro para exponer:

I

Apelación contra la decisión de fecha 24 de marzo de 2010 que negó la nulidad planteada en la audiencia de presentación de esa misma fecha

La defensa apela formalmente, de la decisión de ese Juzgado en Funciones de Control, adoptada el veinticuatro (24) de marzo del año en curso que negó la nulidad del auto de fecha veintidós (22) de marzo de este mismo año. Comprende, igualmente, el presente recurso, apelación contra la decisión de fecha veinticuatro (24) de marzo del año en curso, que mantuvo la medida privativa de libertad dictada en el presente proceso en contra de mi defendido.

En relación con la apelación que se interpone en el presente escrito, la defensa desea dejar sentado lo siguiente:

1. Consta de la exposición inicial de la defensa, efectuada en la citada audiencia, que fue planteada la nulidad del auto del 22/03/10, ya mencionado.

2. Tal petición de nulidad, constituye un recurso diferente a la apelación interpuesta contra el auto de fecha veintidós (22) de marzo, aludida ut supra tal como se explano en tal audiencia.

3. Ahora bien, conforme consta del acta de la audiencia de presentación (24/03/10) ese Juzgado 25° inserto el dispositivo que negó la nulidad planteada por la defensa, pero se reservo publicar por acto separado los fundamentos de tal decisión. La presente apelación se interpone, contra el dispositivo inserto en el acta de audiencia de presentación, como en el auto que pretendió complementar dicho dispositivo de la misma fecha.

   II

   Admisibilidad de la presente apelación

   La apelación contenida en el presente escrito es admisible en un solo efecto, porque así lo dispone el artículo 196 in fine del Código Orgánico Procesal Penal, COPP, en lo adelante, el cual dispone:

   La apelación interpuesta contra el auto que declara sin lugar la nulidad, solo tendrá efecto devolutivo

   .

   -III-

   Fundamentación de la presente apelación.

   Violación de la CRBV en sus artículos 26 y 49

   Tal como fue expuesto en la parte inicial de la exposición de la defensa, contenida en el acta de imputación del veinticuatro (24) de abril del presente año, en el presente juicio se le ha violado a mi defendido, el doctor O.Á.P., los derechos a la defensa, debido proceso y a ser oído, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV, en lo adelante. De igual forma se le han violado los derechos a tutela judicial efectiva y a una justicia transparente, a tenor del artículo 26 ejusdem.

   La anterior denuncia la fundamentamos en las siguientes irregularidades procesales:

1. El dieciséis (16) del presente mes y año nuestro defendido fue citado para acudir el día diecinueve (19) de ese mismo mes, a la sede de la Fiscalia 21° a Nivel Nacional con Competencia Plena “a los fines de realizar acto de imputación formal y rinda su declaración como imputado” en la presente causa. Es de destacar que en tal boleta de notificación, marcada F21NN-0140-2010, no se señalaron los pretendidos delitos, hechos o circunstancias que permitiesen a mi defendido preparar adecuadamente su defensa.

2. A lo anterior se agrega que la Fiscalia General de la República a través de sendos boletines emitidos por su departamento de prensa los días once (11) y diecisiete (17) de marzo del corriente año, informó a la colectividad que adelantaba una investigación porque las declaraciones de mi defendido “presuntamente constituían una instigación al odio contra de las instituciones y los habitantes del país”. Estos boletines, además de quebrantar el carácter reservado de las investigaciones, constituían información engañosa, no transparente inductora al error y por consiguiente generadora de indefensión, porque como consta de autos y de un tercer boletín de prensa del Ministerio Público publicado con posteridad al acto de imputación celebrado el día diecinueve (19) del corriente mes, a nuestro defendido no solo le fue imputado en delito que venía publicitando el Ministerio Público, sino los delitos de conspiración (artículo 132 del Código Penal) y difusión de información falsa (artículo 296-A ejusdem). Con la conducta del Ministerio Público descrita en el los ordinales 1 y 2 del presente escrito se quebranto el derecho constitucional de mi defendido a una justicia transparente y se desmejoro el derecho de nuestro defendido a la tutela judicial efectiva, en los términos consagrados en el artículo 26 de la CRBV, motivo por el cual se solicita la nulidad del acto de imputación de fecha diecinueve (19) de marzo del corriente año y subsecuentemente la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a tal vicio.

3. Violación del derecho a ser oído en los términos consagrados en el artículo 49 ordinal 3° de la CRBV: Consta del acta de imputación, que como se dijo, se celebro el diecinueve (19) de marzo, que la defensa consigno en esa misma fecha escrito constante de treinta (30) folios útiles en el cual se rebatían los fundamentos del pretendido delito de instigación al odio y, además, se ofrecían evidencias que desvirtuaban la comisión del referido delito;

4. Consta igualmente del expediente contentivo de la presente causa, que la defensa consigno a primera hora del día veintidós (22) del presente mes, un segundo escrito constante de cuarenta (40) folios útiles en el que se rebatían, además, del mencionado delito de instigación al odio, los delitos de conspiración y difusión de información falsa, arriba mencionados, amén que en el último escrito mencionado se ofrecían un cúmulo de pruebas y evidencias que desvirtuaban la comisión de los dos delitos mencionados en último término.

5. Ahora bien, en escrito del mismo día veintidós (22) de marzo del año en curso, la Fiscal 21° antes mencionada, acudió ante el Juzgado 25° de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, arriba mencionado, con el objeto de solicitar se dictara medida de privación de libertad en contra de mi defendido a cuyo efecto anexó copia 0 facsímil o ejemplar del expediente que cursaba ante la mencionada fiscalía. Sin embargo, es el caso que, tal copia 0 facsímil o ejemplar del mencionado expediente fue mutilado en perjuicio de mi defendido, luego que en la copia del expediente, facsímil o ejemplar del expediente que la ciudadana Fiscal le presentó al Juez 25° de Control, identificado ut supra, no incluyó los dos escritos de fechas diecinueve (19) y veintidós (22) de marzo, que contenían diversos alegatos que desvirtuaban la pretendida comisión de los delitos que se le han imputado a mi defendido en este juicio.

6. Con tal conducta, la Fiscal 21°, arriba mencionada quebranto el derecho de mi defendido a ser oído (artículo 49 ordinal 3° de la CRBV) pues es evidente que el Juez 25° de Control tomo su decisión (22/03/10) de privar de libertad a mi defendido sin tener la oportunidad de revisar, analizar o leer -si quiera- los alegatos y pruebas contenidos en los mencionados escritos del diecinueve (19) y veintidós (22) de marzo. Pero el juez 25° de Control, arriba referido, también violo el derecho de mi representado a ser oído, porque si hubiese revisado, aunque sea de soslayo el acta de de imputación (19/03/10) se habría percatado que conjuntamente con la suscripción de tal acta, la defensa había consignado un escrito constante de treinta (30) folios útiles.

7. La ciudadana Fiscal 21°, no podía –como lo hizo- presentarle al Juez 25° de Control una copia, facsímil o ejemplar de la averiguación que se tramitaba en su despacho mutilada en la cual de manera arbitraria se excluyeron los alegatos y pruebas contenidos en los citados escritos de la defensa fechados el diecinueve (19) y veintidós (22) de marzo y el juez, al no molestarse, ni siquiera, en averiguar cuales habían sido los argumentos y pruebas promovidas en el escrito mencionado en primer termino, omitió un deber elemental.

8. El pretendido "fumus comisi delicti" en relación con el pretendido delito de conspiración había sido desvirtuado en nuestros escritos de 19/03/10 y 22/03/10: Si el Juez 25° de Control, previo a dictar su auto de privación de libertad en contra de mi defendido, hubiese tenido a la vista los alegatos contenidos en los citados escritos del 19/03/2010 y 22/03/10, en particular, nuestra invocación de la sentencia del TSJ, en Sala Plena, que dictamino que para la comisión del -delito de conspiración, es menester el acuerdo, por lo menos, de dos personas, no hubiese concluido que en relación con tal delito existía en autos, presunción grave del derecho o “fumus comisi delicti”.

9. Ni el Ministerio Público ni la recurrida tomaron en cuenta la petición del imputado, con base en el ordinal 8° del artículo 125 del COPP: Es de destacar que en el escrito del diecinueve (19) de marzo que presentó la defensa, se solicito a tenor de lo previsto en el artículo 125 ordinal 80 del COPP la declaratoria anticipada de la improcedencia de la privación preventiva de la libertad de mi defendido, el doctor O.Á.P.. Pero no. Tal ineludible petición, piedra angular del derecho constitucional a ser juzgado en libertad, también fue ignorada, en lo absoluto por la Fiscal y Juez actuantes en este proceso.

   -IV-

   Error inexcusable en el auto privativo de la libertad de fecha 22/03/10

   Si la Fiscal 210 le hubiese presentado al Juez 250 un expediente en el cual no se hubiese mutilado parte de sus recaudos; si no se hubiesen excluido de manera inconstitucional e ilegal en la copia certificada, facsímil o ejemplar de los autos consignados al mencionado juez, los aludidos escritos presentados por la defensa, este último se hubiese percatados, entre otros elementos que enervaban la petición de privación de libertad de mi defendido, los siguientes:

1. Que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, mediante decisión del once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009) (caso: Pérez, H.F. y Ledezma vs. H.C.) dictaminó que el delito de conspiración solo puede cometerse con el concurso de dos o más personas, pero jamás de manera individual o en solitario, como le fue imputado en autos a mi defendido y

2. Que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante otra decisión en Sala Plena del once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009) estableció parámetros especiales en relación con las expresiones o conceptos que formen parte del debate político y que se refieran a actos propios de tal actividad.

   -V-

   Analizadas en bloque o en su conjunto las circunstancias explanadas en el capítulo III del presente escrito o bien cada una de dichas circunstancias de manera individual, las conc1usiones son ineludibles:

1. Al imputado de autos, doctor O.Á.P., se le negó su derecho a la defensa (artículo 49.1 de la CRBV) porque se le impidió que su juez natural tuviese acceso a pruebas y alegatos hechos valer a lo largo de la presente investigación; se le negó el derecho a ser oído (artículo 49 ejusdem en su ordinal 3°), porque parte de sus alegatos fueron excluidos de manera arbitraria del thema decidendum de una incidencia de autos, de especial trascendencia, como lo constituye, el dictamen sobre la privación provisional de su libertad.

2. Además, tal como lo hemos demostrado en los ordinales 1 y 2, capítulo III del presente escrito, se lesionaron en el caso de autos, los principios de tutela judicial efectiva y de justicia transparente a los cuales tiene derecho mi defendido.

3. Los mencionados derechos y garantías, se aplican “a todas las actuaciones judiciales y administrativas (encabezamiento del artículo 49 ejusdem) y en “todo estado y grado de la investigación y del proceso).

4. En este último sentido no podemos más que calificar de desafortunado el considerando del Juzgado 25° de Control, contenido en el acta de presentación del veinticuatro (24) del presente mes, en el sentido de pretender excluir al poder cautelar judicial de tales postulados.

   -VI-

   Petitorio

   Que se declare la nulidad absoluta del auto que privó la libertad del doctor O.Á.P. y consecuencialmente se ordene la libertad de este último, sin que dicha nulidad permita retrotraer el presente proceso a fases o etapa tal como lo establece el artículo 196 del COPP.

   -VI-

   Promoción de pruebas

   Al tenor del artículo 448, aparte único, del COPP, promuevo las siguientes pruebas:

1. Anexo marcados “A”, “B” y “C” copias de boletines de prensa aludidos en el capítulo III del presente escrito. Tales ejemplares fueron obtenidos de la página o sitio que mantiene en la Internet el Ministerio Público.

2. A los efectos de la eficacia de tales documentales invocamos : Invocamos los términos del Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, en particular los artículos 4, 5, 6, 7 y 8.”

   DE LA CONTESTACIÓN FISCAL AL RECURSO DE APELACIÓN

   En fecha 12 de Abril de 2.010, la abogada: R.A.R., en su carácter de Fiscal Auxiliar Vigésima Primera (21ª) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, dio contestación al Recurso de Apelación intentado por el abogado: A.S.Q., en su carácter de defensor del ciudadano O.Á.P. así:

   Quien suscribe, R.A.R., actuando en mi carácter de Fiscal Auxiliar Vigésima Primera a Nivel Nacional con Competencia Plena, conforme con las atribuciones que nos confieren el ordinal 50 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ante Ustedes con todo el respeto, ocurro siendo la oportunidad procesal contemplada en el Artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, y encontrándome en el tiempo hábil para tales efectos, a fin de interponer, Contestación al emplazamiento hecho por el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de esta misma Jurisdicción, en cuanto al Recurso de Apelación, interpuesto en fecha 05 de Marzo del 2010, por el Abogado A.S.Q., en su respectiva cualidad de Defensor Técnico, del ciudadano O.A.P.; en contra del Auto dictado por el mencionado Juzgado Penal, de fecha 24 de Marzo del 2010, con ocasión a Privación Judicial Preventiva de la Libertad decretada en contra de su defendido, en tal sentido, realizo y ejerzo dicho derecho de la siguiente manera:

   CAPITULO I

   LEGITIMACIÓN Y CUALIDAD PARA CONTESTAR

   La Ley orgánica del Ministerio Público en su artículo 31, al referirse a los deberes y atribuciones del Fiscal del Ministerio Público, en su numeral 50 establece “... interponer, desistir o contestar los recursos contra las decisiones judiciales dictadas en cualquier estado y grado del proceso...”

   Capitulo II

   DE LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO

   La interposición de los recursos que la ley otorga a las partes, con la finalidad de impugnar las determinaciones jurisdiccionales que les sean adversas debe, necesariamente, cumplir con las formalidades y condiciones establecidas en el Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal para que se tengan como validamente ejercidos tales recursos. Así, el artículo 435 de dicha ley penal adjetiva, ordena que la interposición de los mismos deba hacerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el Código Orgánico Procesal Penal.

   La consecuencia necesaria del incumplimiento de la norma antes citada, concluye necesariamente en la inadmisibilidad del recurso propuesto, conforme lo prevé el artículo 437 de la ley adjetiva penal, y ello como garantías del cumplimiento del debido proceso, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   Específicamente, en lo que se refiere al tiempo en el cual las partes deben interponer los recursos, se establece en el literal b del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, que la Corte de Apelaciones declarara inadmisible el recurso, cuando este sea interpuesto extemporáneamente.

   De igual manera, el legislador establece, en el artículo 172 del Código Orgánico ¬Procesal Penal, que para el conocimiento de los procesos penales en la fase preparatoria 0 de investigación, serán hábiles TODOS los días.

   Por su parte, el artículo 448 de la ley penal adjetiva indica que la interposición del recurso de apelación debe hacerse “... dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación...”

   Ahora bien, las decisiones objetos de apelación fueron dictadas en fechas 22-03-2010 24 de Marzo de 2010, quedando todas las partes notificadas de dicho fallo en esa misma fecha; es decir, que el lapso para interponer validamente el recurso de apelación en contra de dicha decisión, feneció el día Lunes 29 de Marzo de 2010, por lo cual, habiendo la defensa del ciudadano O.Á.P. interpuesto el recurso de apelación en fecha 05 de Abril de 2010, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, motivado a la semana no laborable decretada por el Presidente de la República, en ese sentido, resulta evidente que tal recurso fue ejercido de manera EXTEMPORÁNEA, por lo cual, debería declararse la extemporaneidad del recurso interpuesto y en consecuencia, decretase su INADMISIBILIDAD.

   CAPITULO III

   DE LA CONTESTACIÓN DE LA APELACIÓN

   A todo evento y en caso de que esa honorable corte de apelaciones decida admitir el recurso de apelación interpuesto por la defensa, como ya se explico, de manera extemporánea, debemos pasar a contestar el mismo, de la siguiente manera:

   Ciudadanos Magistrados, el Abogado A.S.Q., interpone dos recursos de apelación, el primero: contra el auto dictado por el Tribunal Vigésimo Quinto (25) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 22 de Marzo de 2.010 en el cual se decretó Privación Preventiva de Libertad en contra de su defendido ciudadano O.A.P., por la presunta comisión de los delitos de Conspiración, Instigación Pública y Difusión de Información Falsa, previsto y sancionado en los artículos 132, 285, 296-A, todos del Código Penal, en ese mismo escrito solicita la Nulidad del Acto de Imputación Formal efectuado en fecha 19 de Marzo de 2010, ante esta Fiscalía Vigésima Primera a Nivel Nacional con Competencia Plena, aduciendo y fundamentando la misma en los artículos 125 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente alegando la contravención a lo estipulado en el artículo 125 ordinal 10 del Código Orgánico Procesal Penal que estipula que al imputado se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputen, haciendo mención la defensa de que al Doctor O.Á.P., no se le indicó lo mencionado.

   Ahora bien, efectivamente en fecha 19 de marzo de 2010 compareció ante esta Representación Fiscal previa Boleta de Citación como Imputado el ciudadano O.Á.P., titular de la cédula de Identidad Nro. V- 1.668.061 en compañía de sus defensores técnicos, previa mente juramentados ante el juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, abogados A.E.S.Q. y O.J.E.Z., llevándose a cabo el Acto de Imputación en el cual, tal y como se desprende de la respectiva Acta de imputación, se le impuso al ciudadano O.Á.P., del Precepto Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela previsto en el artículo 49, el contenido del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal que establece los Derechos del Imputado y el artículo 130 ejusdem, de seguidas, se le comunico al ciudadano O.Á.P.d. manera detallada los hechos que se le atribuyen, siendo que en fecha 09 de Marzo de 2010, y de conformidad con lo previsto en los artículos 300 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordeno el inicio de la presente investigación penal la cual quedo signada bajo el F21NN-008-¬2010 con ocasión a Denuncia interpuesta por los ciudadanos M.E.V.S. y P.T.L.M..

   Ambos, parlamentarios miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Medios de Comunicación Social (EI primero Presidente, y el segundo integrante) y en la cual hacen referencia a la entrevista ofrecida por el ciudadano O.Á.P. en fecha 08 de M.d.a. 2010, en el Programa ALO CIUDADANO conducido por L.c. y trasmitido por la planta televisiva GLOBOVISION, y de la cual es extrae lo siguiente: “Nosotros, M.E.V.S., venezolano, mayor de edad y P.T.L.M., venezolano, mayor de edad, ambos actuando en nuestra condición de parlamentarios miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Medios de Comunicación Social, (el primero Presidente y el segundo integrante) con domicilio en el piso Siete edificio J.M.V., Esquina de Pajaritos, oficina de la referida comisión…acudimos a su competente autoridad… a los fines de solicitarle formalmente se de inicio a una investigación penal…con ocasión a la entrevista ofrecida por el ciudadano O.Á.P., en fecha 08 de marzo de 2010, en el programa transmitido por la planta Televisiva GLOBOVISION, mediante la cual expresa de anera irresponsable una serie de consideraciones contra el estado venezolano…”

   Ahora bien, esta Representante Fiscal, tal y como se desprende del Acta de Imputación, cumplió con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, pues efectivamente se le notifico al ciudadano O.Á.P., los delitos por los cuales se le investiga, los hechos que se le atribuyen con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, incluyendo aquellas que son de importancia para la calificación jurídica, las disposiciones legales que resulten aplicables y los datos que la investigación arroja en su contra.

   Así pues, de la simple lectura del Acta de Imputación, se desprende que es absolutamente falsa la afirmación de la parte accionante, según la cual no se le indicó de manera clara y específica a su defendido cual o cuales frases generaban la comisión de los t delitos de conspiración, incitación al odio y difusión de información falsa, ya que queda plenamente evidenciado con los conceptos y criterios que emitiera el ciudadano O.Á.P. en el programa "Alo Ciudadano" la subsunción de la conducta desplegada por el imputado en los tipos penales imputados.

   El artículo 296-A del Código Penal Vigente, establece lo siguiente:

   Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial televisivo, telefónico, correos electrónicos 0 escritos panfletarios, cause pánico a la colectividad 0 mantenga en zozobra será castigado con prisión de dos a cinco años

   Evidentemente, las declaraciones rendidas por el ciudadano O.Á.P., difundidas por el canal de televisión Globovisión, han podido ser proferidas con la intención de causar zozobra en la colectividad al calificar a el estado venezolano como cómplice y colaborador directo de los delitos relacionados con el narcotráfico, al convertirse en un centro de operaciones que facilitan el mismo, además de señalar que el estado Venezolano confisco los Puertos y aeropuertos con la finalidad de facilitar tal actividad delictiva.

   Igualmente señala de manera irresponsable el ciudadano O.Á.P., que en contra del Estado Venezolano, existe un gran cúmulo de pruebas que apuntan que Venezuela esta vinculada con grupos terroristas, tales como la FARC y la ETA.

   Acertada es entonces que la conducta desplegada por el imputado de autos, encuadra perfectamente en los tipos penales imputados por esta representante Fiscal como lo son los delitos de Instigación Pública, Difusión de Información Falsa y Conspiración, los cuales quedaron planamente configurados en dichas aseveraciones, considerándose las mismas como un hecho público, notorio y comunicacional; ya que fueron difundidos por un medio de comunicación televisivo.

   Del razonamiento que antecede se evidencia a todas luces que la advertencia preliminar establecida en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal y su justificación no es otra cosas que poner en autos al investigado para que ejerza su defensa, por lo que, en pleno desarrollo de la investigación no puede exigírsele al Ministerio Público una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible, ya que este es un requisito establecido en el artículo 326 numeral 2 correspondiente al escrito de acusación formal y no para el acto de Imputación. Sin embargo, el mismo fue impuesto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de como ocurrieron los hechos por los cuales se le investiga, y se le indicaron detalladamente todos y cada uno de los elementos de convicción que el Ministerio Público considero para realizar el acto formal de imputación.

   Así mismo, alega la Defensa Inmotivación del Auto Apelado, por Violación de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ese sentido esta Representante Fiscal alude lo siguiente:

   Aún cuando es cierto que, tal como lo ha establecido nuestra jurisprudencia, es facultativo dentro de la actividad jurisdiccional del juez adoptar 0 no una determinada decisión que prive de su libertad a una persona 0 imponerle una medida menos gravosa y que la apreciación del cumplimiento de los extremos procesales exigidos por el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para ello, son de carácter eminentemente discrecional, no es menos cierto que el juez, en toda decisión que dicte, debe ejercer tal discrecionalidad de manera ponderada, justa y racional, en obsequio de la tutela judicial efectiva consagrada par el Artículo 26 constitucional, pues el ejercicio de su poder discrecional esta supeditado, en primer lugar, a las particulares circunstancias de cada caso concreto en particular; y, en segundo lugar, al examen de los alegatos de las partes.

   Por su parte, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

   Artículo 250. Procedencia. El Juez de control a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

   1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

   2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible;

   3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación

   .

   De la exégesis de la anterior disposición resulta claro que el Juez de Control sólo podrá dictar, previa solicitud del Ministerio Público, una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, siempre y cuando concurran los tres (3) requisitos previstos en los numerales 1., 2. y 3. del citado Artículo 250 COPP; y, en caso de no ser así, son dos las hipótesis que pueden plantearse:

   Si no se encuentran llenos, al mismo tiempo, los requisitos de los numerales 1. y 2., esto es, “Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acci6n penal no se encuentre evidentemente prescrita” y ''Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible”, no procederá, en ningún caso, la privación de libertad del imputado, ni tampoco una Medida Cautelar Sustitutiva. Deberá decretarse, en esta hipótesis, la IMPROCEDENCIA de la solicitud; y, caso de haber sido aprehendido el imputado, este deberá ser puesto inmediatamente en L.P., esto es, sin restricción alguna a ella.

   De concurrir ambos requisitos el juez podrá optar por:

   Declarar la procedencia de la medida de privación de libertad del imputado si constata que, además, concurre el tercer requisito a que se contrae el numeral 3. del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, bien por la existencia del peligro de fuga o el de obstaculización, 0 ambos a la vez.

   Declarar la IMPROCEDENCIA de la Medida de Privación de Libertad del imputado, de constatar que no concurre dicho tercer requisito, esto es, ni el peligro de fuga ni el de obstaculización, en cuyo caso deberá imponer al imputado, en su lugar, una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA de las previstas en el Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

   De verificarse uno cualquiera de estos dos “peligros” habrá de considerarse cumplido el tercer requisito y procederá, en consecuencia, la Medida Privativa de Libertad del imputado y no una Medida Cautelar Sustitutiva.

   Lo anteriormente dicho es elemental en materia procesal penal.

   Vale destacar que en los procesos penales la libertad es la regla sin embargo la libertad en dichos procesos tiene sus excepciones, en virtud de que solo prosperan medidas cautelares cuando la pena de los delitos objeto del proceso no exceden de tres años, conforme a los artículos 9 y 253 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Es harto conocido el contenido del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, de forma que su trascripción nuevamente la considero totalmente estéril a los efectos de la presente apelación y visto esto, es menester recordar que uno de los extremos de este artículo es la existencia 1.- “Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita”, ahora bien, si nos remitimos a la imputación realizada por esta Representante Fiscal, observen que, se refieren los Delitos de Conspiración, contenido en el artículo 132, que establece pena de presidio de Ocho a Dieciséis años, Instigación Pública, contenido en el artículo 285 del Código Penal Vigente, el cual establece pena de prisión de tres a seis años Difusión de Información Falsa, ¬contenido en el artículo 296-A, que establece una pena de prisión de Dos a Cinco años, delitos imputado al ciudadano O.Á.P., de unos hechos que acaecieron el 08 de Marzo de 2010. 2.- “Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible”. La palabra fundados alude necesariamente y conforme a la lógica a pluralidad, es decir a varios elementos, evidentemente que aún cuando el legislador no señala cuantos, estos deben ser más de uno, pero si analizamos las actuaciones, veremos que existen más de diez elementos de convicción que vinculan al imputado de auto con los hechos. 3.- Una presunción seria y razonable, por la apreciaron de las circunstancias del caso particular, peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación.

   El artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal establece en su ordinal 2.- La Pena que podría llegar a imponerse en el caso, que podría ser de 08 a 16 años. Y en el 3.- La magnitud del daño causado.

   En su Parágrafo 1°, reza:

   Se presume peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo termino máximo sea igual o superior a diez años.

   En este supuesto, el Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las circunstancias del Artículo 250, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad. A todo evento, el juez podrá, de acuerdo a las circunstancias que deberá explicar razonadamente rechazar la petición Fiscal e imponer al imputado de una medida cautelar. (Míos los subrayados y Negrillas)

   En este particular el máximo tribunal de justicia ha establecido que no debe considerarse la pena que pudiera llegar a imponerse como único o exclusivo parámetro para estimar el peligro de fuga, ya que ello comportaría un análisis restringido de dicha norma. Y que el peligro de obstaculización, al momento de ser analizados debe realizarse la forma objetiva, todo ello según Decisión de la Sala de Casación Penal N° 293 de fecha 24.08.04.

   En ese sentido, la pluralidad de los elementos de convicción llevados a la audiencia por esta representante fiscal, la concordancia de los mismos, la gravedad y la precisión de estos, constituyeron los elementos necesarios para fundamentar la solicitud de Medida de Privación Judicial de Libertad, además de los hechos indiciantes que se encuentran suficientemente acreditados en las actuaciones.

   En fecha 24 de Marzo de 2010, se llevo a cabo la audiencia para oír al Aprehendido ante el Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control, en la cual, esta Representante Fiscal, ratifico la solicitud hecha en fecha 22 de Marzo de 2010, y solicito se le mantuviera la Medida Cautelar de Privación judicial Preventiva de la Libertad, en esa audiencia el Juzgado Vigésimo quinto de Primera Instancia en funciones de control del área Metropolitana de Caracas, mediante Auto Fundado el Juez narró y transcribió los motivos que considera acreditados para decretar la Medida Preventiva Privativa de Libertad entre los cuales esgrimió: “Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita”.Se desprende de los alegatos expuestos en Audiencia por parte de la Representación del Ministerio Público, así como de elementos que corren insertos a la presente causa, como lo son el acta de imputación formal realizada en fecha 19 de marzo de los corrientes de la cual se desprende que al ciudadano O.Á.P., le fue imputado los delitos de instigación pública, difusión e información falsa y conspiración previstos y sancionados en los artículos 285, 296-A, y 132 todos del Código Penal Venezolano, obteniendo convencimiento en los elementos que a continuación se proceden a hacer mención:

   Obteniendo convencimiento en los elementos que a continuación se proceden a hacer mención:

   Con el 1. "Acta de Entrevista de fecha 15 de Marzo de 2010, suscrita ante esta Fiscalia Vigésima Primera a Nivel Nacional con Competencia Plena por el ciudadano L.H.C.A., quien señalo que el invitado señala que piensa tratar tres temas... uno referente al terrorismo, el Narcotráfico y Derechos Humanos y es cuando comienza el desarrollo del programa. Contesto: Si, ya que había un cruce de palabras entre el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de España. Sexta Pregunta: Llevo el ciudadano O.Á.P., alguna documentación que soportara los comentarios que este hacia, por ejemplo, llevo la decisión del Tribuna Español? Contesto: No, no llevo ninguna documentación... “

   2. Con el Acta de Entrevista de fecha 15 de Marzo de 2010, suscrita ante esta Fiscalía Vigésima Primera a Nivel Nacional con Competencia Plena por la ciudadana Puche Dorta M.G.… con ocasión a las declaraciones que diera el ciudadano O.Á.P., a través del programa Alo ciudadano trasmitido el día 08 de marzo del 2010, en el cual este hace señalamientos y emite criterios y conceptos en contra del estado venezolano…por ejemplo, cuando manifiesta que Venezuela “la decisión de la audiencia española… le da soporte jurídico y procesal en cuanto a las relaciones del régimen venezolano con ETA- FARC y otros movimientos subversivos…”

   3. Con la Experticia de Reconocimiento Legal Análisis de contenido, Fijación Fotográfica y Trascripción de contenido suscrita por los funcionarios J.V. y D.L., expertos adscritos a la División Físico Comparativa, Departamento de Análisis Audiovisual del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de la cual se extrajo: MOTIVO: _ Practicar Reconocimiento Legal, Análisis de Contenido, Relación Fotográfica y Trascripción de contenido del material suministrado ...

4. EXPOSICIÓN, el material recibido para realizar el peritaje solicitado consiste en (01) DISPOSITIVO DE ALMACENAMEINTO DE DATOS "... cada día reafirmo más mi convicción de que el actual presidente de la república de Venezuela, no es un demócrata, es un hombre de personalidad subversiva de espíritu subversivo... “ ... hay tres temas por los cuales la comunidad internacional tiene los ojos puesto sobre Venezuela, que son el tema de terrorismo ... “

   Siendo todos los elementos ut supra enumerados los que traen a este Tribunal a la certeza de la existencia de elementos suficientes para presumir que los hechos se subsumen dentro de la tipicidad de los artículos, que a continuación se señalan:

   …Omissis…

   Es necesario acotar que de los elementos aportados por el Ministerio Público son por lo que este juzgador obtuvo la convicción necesaria para presumir prima facie que el ciudadano O.Á.P., es autor o participe de los hechos punibles imputados, los cuales arrojaron como resultado la incitación a la desobediencia de las leyes y al consecuente irrespeto de nuestras instituciones constituidas, menoscabando y socavando a las mismas y en consecuencia generando con sus posiciones la posibilidad de desatender los llamados legales y constitucionales hechas por nuestros entes gubernamentales, esta demás establecer que con ello se pone en peligro la tranquilidad pública, sobre todo si consideramos que como nación nos encontramos enmarcados en un contexto internacional y el eco de este tipo de irresponsables e infundados comentarios propicia situaciones en el plano internacional que siempre pueden generar una puesta en peligro de la salud social colectiva, toda vez que utilizando el espacio televisivo ALO CIUDADANO, transmitido por GLOBOVISION (canal de televisión con cobertura en el territorio nacional) asumió la voceria y difución de informaciones evidentemente falsas, capaces de causar zozobra o pánico, toda vez que las referencias, conceptos y deformadas informaciones transmitida por este ciudadano al afirmar que nuestras instituciones gubernamentales y nuestros poderes públicos constituidos, son cómplices y operarios del narcotráfico internacional y el terrorismo, es tan grave e irresponsable que puede y efectivamente causa como puede evidenciarse un infundado temor en nuestro colectivo.

   Los delitos antes señalados son merecedores de pena privativa de libertad; y cuya acción no se encuentra prescrita ya que partiendo del hecho generado del delito el cual tuvo lugar en fecha 08 de marzo de 2010, a la fecha no han transcurrido lapsos que de alguna forma podría presumirse que la acción del Ministerio Público se encuentre prescrita, aunado a ello, existen elementos suficientes, los cuales fueron señalados en los parágrafos anteriores, para estimar que el ciudadano O.Á.P., de 67 años de edad, titular de la cédula de identidad número V-1.668.061, es el presunto autor directo, de los delitos perpetrados y señalados arriba quedando así manifiestamente comprobado el Fumus comissi delicti, como presupuesto en la determinación de los numeral primero y segundo del artículo 250 del instrumento adjetivo penal…”

   Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

   Con respecto al riesgo de que el imputado se sustraiga del proceso u obstaculizara su normal desarrollo, tenemos que los artículos 251 y 252 del Código Orgánico procesal Penal, establecen los indicativos a los fines de verificar si los hechos se adecuan al caso de marras.

   Siendo que los administradores de justicia deben de apuntar su accionar a evitar dilaciones indebidas así como a lograr la obtención de la justicia a través de las herramientas que le otorga el instrumento adjetivo penal, para evitar los retrasos y con ello bloquear cualquier obstaculización que podrían generarse en la obtención de la verdad de los hechos y la realización de la justicia; y al corroborar que se encuentran llenos los extremos del artículo 250 de Código Orgánico Procesal Penal y tratándose de que uno de los delitos imputados amerita una pena privativa de libertad, cuyo límite superior excede los 10 años de prisión, ello sin menoscabo de la dosimetría penal aplicable por la concurrencia de los otros hechos punibles, es factible que la presunción iuris tantum que se genera partiendo del primer parágrafo del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal se materialice, ello en cuanto a que el justiciable se evada del proceso, corroborándose con la ut supra motivación el elemento atribuible al periculum in mora.

   De la proporcionalidad

   El artículo 244 del instrumento adjetivo penal establece una prohibición expresa que gira en torno a las medidas de coerción personal que son dictadas con ocasión a asegurar las resultas del proceso, hace referencia concreta a la prohibición de la misma cuando estas aparezcan desproporcionadas en relación a con la gravedad del delito las circunstancias de su comisión y la sanción probable, a saber:

   • En cuanto a la gravedad del delito:

   Es bien sabiendo que las normas que regulan conductas e imponen sanciones a quienes se vean involucrados en estas, se encuentran enmarcadas dentro de títulos que sirven como marcos generales a los fines de establecer los derechos que han de ser tutelados por el Estado, derechos estos que comprenden la juricidad de los actos, siendo que la violación de estos conllevaría la antijuricidad de su accionar.

   Ahora, estos derechos titulados han sido enmarcados dentro del contenido del preámbulo y los artículo 2 y 43 Constitucionales denominados como los valores superiores a los que deben de obedecer la actuación y ejercicio del ordenamiento jurídico, siendo uno de estos el referente a “la responsabilidad social”, la cual deberíamos de adjudicarnos todos los ciudadanos que habitamos y transitamos en el territorio nacional, lo cual a tenor de ello deberíamos de atenernos, ¿Cómo?, respetando los derechos de cada conciudadano para así con ello construir una sociedad con valores, ya que aquel que transfiera el límite de los derechos del otro, se convierte en un asocial, y cuando su esta conducta se configura dentro de las descripciones fácticas, que empero, se describen a lo largo de los títulos comprendidos dentro de la morfología del instrumento penal sustantivos, el mismo es un proscrito.

   En el presente caso la presunta conducta del imputado de actas, no solo transgredió valores superiores a nuestro ordenamiento jurídico como la responsabilidad social y la ética, si no derechos de carácter sustantivo que la norma tutela defender, como lo es la ejecución de actos en contravención a las leyes por el solo hecho de conspirar contra la Nación Republicana, instigar la desobediencia de las mismas, difundir pánico a la colectividad.

   Todos estos hechos abarcan lo que ha entendido este juzgador como valores superiores al ordenamiento jurídico y que en detrimento del mismo, el imputado ha sido un presunto transgresor de las normas que enmarcan la juricidad de los Actos.

   • De las Circunstancias de su Comisión:

   Al haber sido realizada la acción típica se puede concluir que la misma fue desplegada de manera premeditada y por ende voluntaria, es decir, el autor de los hechos punibles actuó con la intención de provocar conmoción social, al manifestar por a través de un medio de difusión masiva tales aseveraciones.

   • De la Sanción Probable:

   De encontrarse comprobada la plena participación del imputado en los hechos y como resultado de ello conseguir una sentencia condenatoria el mismo tendría como sanción probable a la luz de los artículos 285 que establece una pena de 3 a 6 años prisión, 297- A que establece una pena de 2 a 5 años de prisión y 132 que establece una pena de 8 a 16 años de presidio todos del Código Penal venezolano, siendo posible, como ya quedo evidenciado, que la pena eventualmente a imponer comprende un limite superior mayor al de 10 años de prisión, con lo que se debe presumir el peligro de fuga por mandato expreso del compendio normativo adjetivo penal.

   Con base a todos los hechos anteriormente analizados resulta procedente la solicitud de la representación del Ministerio Público, acordándose entonces la Prisión Preventiva Privativa de Libertad contra el ciudadano O.A.P., ampliamente identificado en autos, en ocasión al daño causado y a los fines de garantizar las resultas del proceso, aun cuando se pueda pensar que entran en conflictos los intereses del imputado, en contra de los intereses de la colectividad y del Estado, presentes todos en los hechos de la causa, es importante y relevante, de necesaria y posible aplicación, como medida de aseguramiento y de naturaleza cautelar, atribuida por nuestro Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que los fines de dicha “Prisión Preventiva” se traduce en A.) evitar la frustración del p.p., asegurando su asistencia el proceso por una parte, y por la otra, asegurando en su caso la ejecución de la posible pena a imponerse, pues ambas responden a la aplicación y necesidad superior de realización de una justicia penal efectiva dentro de un estado de derecho. B.-) Para Prevenir, y evitar la posibilidad de la desviación, el ocultamiento de futuros medios de pruebas que se puedan incorporar al proceso, como fundamento objetivo de la convicción judicial y su consiguiente sentencia que pongan fin al proceso. C.-) Se Justifica la solicitud, buscando evitar la posible reiteración conductual del imputado, en acciones ilícitas, similares como remedio eficaz que evite que dicho ciudadano incurra de nuevo en tal conducta, creando con ello una imagen negativa de la justicia penal, que lleve a la impunidad expresada en los hechos…”

   En consecuencia la detención preventiva fue estudiada con todo detalle por el Juzgador, no violándose en ningún sentido los artículos 26 y 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Como bien lo afirma A.M., el “Periculum in mora", en el P.P., esta representado por el peligro de fuga del imputado cuya a.d.p. no solo haría imposible la ejecución de la posible condena, sino que también afecta el desarrollo 0 realización del p.p., el cual como se sabe, no puede cumplirse en ausencia del encartado. De acuerdo a las normas que regulan el debido proceso, contemplado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se permite el juicio en ausencia, pues no se hace excepción alguna y se asienta el principio del juzgamiento en presencia personal.

   En relación a lo planteado por la Defensa en cuanto al supuesto fumus comisi delicti del pretendido delito de Conspiración declarado por la recurrida, en la cual señala que es inexistente por contrariar la Jurisprudencia del TSJ de fecha 11/11/2009, basándose en una nota extraída del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas: Código Penal de Venezuela (volumen III tomo I, artículos 128 al 166) Caracas, facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad

   (Central de Venezuela, 1995, pp.71-73). EI artículo 132 es taxativo: "Cualquiera que dentro 0 fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política Republicana que se ha dado en la nación, será castigado con presidio de ocho a dieciséis años. Esta representación fiscal

   observa que el supuesto de hecho que prevé el artículo antes transcrito establece de manera taxativa la palabra “Cualquiera” siendo este termino definido según el diccionario enciclopédico Larousse, Tomo I como: “... alguno ...”, de modo pues que el sujeto activo en este caso estaría representado por persona indeterminada, no estableciendo la singularidad o pluralidad de sujetos alguno, por lo que atendiendo al sentido que aparece evidente del significado propio del artículo ut supra mencionado no constituye a juicio de quien suscribe requisito sine qua non el concurso de dos o más personas para ejecutar la acción descrita en e.n. sustantiva.

   De seguidas esta Representación Fiscal pasa a pronunciarse en relación al segundo escrito de apelación en el cual se fundamenta la defensa Técnica relacionada a la Nulidad planteada en la audiencia de presentación de fecha 24 de Marzo de 2010 y e el que señalan: la Violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 49. En el punto marcado numero1, denuncian la irregularidad procesal en razón de que en la Boleta de Notificación emanada de este despacho Fiscal dicho textualmente por la defensa “no se señalaron los pretendidos delitos, hechos o circunstancias que permitiesen a mi defendido preparar adecuadamente su defensa”. Ahora bien, el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal señala que se considera imputado a toda persona a quien se le señale como autor de un hecho punible, dicha condición de imputado se concreta con la realización del acto imputatorio, y en el caso que nos ocupa, una vez de que el Ministerio Público notificó al Ciudadano O.Á.P.d. acto en cuestión el mismo compareció debidamente asistido por su abogado defensor dándosele en ese momento acceso al dossier del expediente y atribuyéndosele de manera clara y precisa el hecho punible, siendo este el momento procesal para que conforme a lo establecido en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal el mismo ejerciera todos y cada unos de los derechos que la Ley le asiste, como efectivamente sucedió, con la asistencia de su defensa técnica y la solicitud de practicas de diligencias destinadas a desvirtuar las imputaciones formuladas, por parte de quien suscribe, motivo por el cual no entiende esta Representante Fiscal lo alegado por la honorable defensa al expresar el menoscabo de sus derechos al no indicarse los tipos penales en la boleta de citación siendo que el uso del derecho de defenderse de las imputaciones nace precisamente en el mismo acto de imputación y no antes, para que éste haga uso de los derechos y garantías previstos en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal.

   En este mismo orden de ideas, en cuanto a la pretensión de la defensa, donde señala que se quebranto a su defendido el derecho a ser oído, en razón de que el juez vigésimo quinto (25°) de control, tomo la decisión de privar al ciudadano O.Á.P.d. su Libertad sin tener la oportunidad de revisar, analizar los alegatos y pruebas contenidos en los escrito consignados por dicha defensa en fecha 19 y 22 de marzo del año en curso, es importante acotar que la audiencia oral a que se contrae el segundo aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal , tiene como única finalidad el mantenimiento 0 no de la medida de coerción personal, no siendo este el momento procesal para debatir cuestiones propias de la fase preparatoria.

   CAPITULO III

   PETITORIO

   Por todos los razonamientos antes expuestos, solicito se declare INADMISIBLE POR EXTEMPORANEO el recurso interpuesto, conforme al literal b del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal 0 en su defecto, sea declarada SIN LUGAR los recursos interpuesta por el ciudadano A.S.Q., en su carácter de Defensor del ciudadano O.A.P., en contra de la decisión dictada en fecha 22-03-2010 y 24-03-2010, respectivamente, por el Juez Vigésimo Quinto (25°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decreta la Privación Judicial Preventiva de Libertad del supra mencionado ciudadano y declara no ha lugar la nulidad planteada en la audiencia oral a que se contrae el segundo aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de Conspiración, Instigación Pública y Difusión de Información Falsa, previstos y sancionados en los artículo 132, 285 y 297-A, todos del Código Penal, y se ratifique la decisión del Juzgado a-quo.”

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   En el texto de la apelación de marras, el recurrente luego de identificar el carácter con el cual actúa, coloca un subtítulo en negrillas que dice textualmente: “Apelación contra la decisión de fecha 24 de marzo de 2010 que negó la nulidad planteada en la audiencia de presentación de esa misma fecha”

   El abogado apelante cuando comienza su exposición en este primer capítulo, después de reafirmar que está apelando contra la decisión fechada 24-3-2010 que negó la nulidad del auto de dos días antes, cuyo contenido no especifica en estas argumentaciones iniciales, señaló que la impugnación además: “Comprende, igualmente, el presente recurso, apelación contra la decisión de fecha veinticuatro (24) de marzo del año en curso, que mantuvo la medida privativa de libertad dictada en el presente proceso en contra de mi defendido.”

   En tal sentido, y tal como se explanó en el auto de admisión, transcrito ut supra, se pasan a revisar ambas decisiones en los términos recurridos.

   En este mismo capítulo primero, en el libelo impugnativo narra la defensa que en la audiencia de presentación de imputado celebrada el 22-3-2010, fue planteada la nulidad del auto del 22-3-2010, cuyo contenido tampoco expone, y agrega que tal petición de nulidad constituye un recurso diferente a la apelación interpuesta contra el auto de fecha 22-3-2010 y que esta impugnación va dirigida contra el acta de la audiencia aludida, como también contra el auto separado respectivo.

   En estos particulares, precisa esta Sala que de acuerdo a lo planteado por el accionante la resolución de esta incidencia se circunscribe a revisar los dos autos decisorios fechados 24 de Marzo de este año, en los cuales el JUZGADO VIGÉSIMO QUINTO (25º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS negó la nulidad absoluta de la orden de aprehensión dictada contra el imputado: O.Á.P. en fecha 22-3-2010 y le decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo previsto y sancionado en el artículo 250 ordinales 1, 2 y 3, 251 ordinales 1, 2 y 3 y Parágrafo Primero y 252 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de CONSPIRACIÓN, INSTIGACIÓN PÚBLICA y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FALSA, previstos y sancionados en los artículos 132, 285 y 296-A, todos del Código Penal.

   En el capítulo segundo del recurso, se coloca el fundamento normativo jurídico de la apelación, como es el artículo 196 in fine del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a la posibilidad de apelar en un solo efecto de las negativas de nulidad, lo cual fue una novedad inserta en la reforma del Código Adjetivo Penal de fecha 4 de Septiembre de 2.009.

   Es imperativo acotar que a pesar que como se indicó anteriormente, también se enunció una apelación contra la privativa dictada contra el ciudadano: O.Á.P.d. la misma fecha 24-3-2010; a lo largo de las seis páginas y media que ocupa la apelación sub examine, no se menciona siquiera el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal y/o alguno de sus numerales que son las bases para la impugnación de autos.

   En el capítulo tercero de la apelación se arguyó, para insistir en la nulidad negada en la primera instancia, que se produjeron violaciones a los derechos de su defendido, el ciudadano: O.Á.P., relativos al derecho a la defensa, debido proceso y a ser oído, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e igualmente la tutela judicial efectiva y una justicia transparente a tenor del 26 ejusdem.

   Se señalaron nueve supuestas irregularidades procesales para sustentar las violaciones planteadas por el impugnante, a saber:

   1.El dieciséis (16) del presente mes y año nuestro defendido fue citado para acudir el día diecinueve (19) de ese mismo mes, a la sede de la Fiscalia 21° a Nivel Nacional con Competencia Plena “a los fines de realizar acto de imputación formal y rinda su declaración como imputado” en la presente causa. Es de destacar que en tal boleta de notificación, marcada F21NN-0140-2010, no se señalaron los pretendidos delitos, hechos o circunstancias que permitiesen a mi defendido preparar adecuadamente su defensa.”

   De la revisión de las actas reproducidas y recibidas en esta Alzada, no se aprecia el contenido de la Boleta de Notificación aludida, pero no puede pretenderse que en el texto de una comunicación de tal índole se transcriban además de los delitos, hechos o circunstancias para preparar íntegramente la defensa para un acto de imputación.

   En principio se considera que la imputación formal la realiza el Ministerio Público, previa citación del investigado, quien asistido de su defensor previamente nombrado, es impuesto del precepto constitucional que lo exime de declarar y aún si lo hace está exento de juramento y se le impone de todos los hechos investigados, los elementos de convicción que lo vinculan con los mismos y se le da pleno acceso a las actas.

   Se trae a colación sobre este particular la Sentencia Nº 568 del 18 de Diciembre de 2.006, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado: ELADIO APONTE APONTE:

   El acto de imputación formal, es una actividad propia del Ministerio Público, el cual previa citación del investigado y asistido por defensor se le impone formalmente: del precepto constitucional que lo exime de declarar y aun en el caso de rendir declaración hacerlo sin juramento; al igual que se le impone de los hechos investigados y aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar, la adecuación al tipo penal, los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación y el acceso al expediente según los artículos 8, 125, 126, 130, 131 del Código Orgánico Procesal Penal.

   En este sentido, es oportuno mencionar que la naturaleza del p.p. acusatorio, dispone como garantía máxima la presunción de inocencia, y en este orden, el Código Orgánico Procesal Penal dispone una serie de actos de estricto cumplimiento, necesarios para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad entre las partes.

   OMISSIS

   La realización previa del acto de imputación formal, permite el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, mediante la declaración y la proposición de las diligencias necesarias para sostener la (defensa, porque si bien el Ministerio Público ostenta autonomía e independencia, reconocida constitucionalmente en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y legalmente en el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal; el investigado de conformidad con el artículo 49 (numeral 1) constitucional, tiene la defensa como garantía inviolable, en todo estado y grado de la investigación y del proceso.

   En el presente caso, de lo evidenciado en el Acta de Imputación Fiscal, cuyo acto se inició a las 8 y 30 minutos de la mañana del día 19 de Marzo de 2.010, es claro que se cumplieron todos esos parámetros, ya que el imputado: O.Á.P., previa citación, reconocida por la defensa, debidamente asistido por dos profesionales del derecho, siendo además él mismo abogado, fue impuesto del precepto constitucional, se le impuso con amplitud de todos los hechos investigados, de los elementos de convicción que pretendidamente lo vinculan con los mismos, se le dio pleno acceso a las actas y aunado a ello declaró sin juramento todo lo que consideró pertinente a su favor.

   También aludió el apelante:

   “2. A lo anterior se agrega que la Fiscalia General de la República a través de sendos boletines emitidos por su departamento de prensa los días once (11) y diecisiete (17) de marzo del corriente año, informó a la colectividad que adelantaba una investigación porque las declaraciones de mi defendido “presuntamente constituían una instigación al odio contra de las instituciones y los habitantes del país”. Estos boletines, además de quebrantar el carácter reservado de las investigaciones, constituían información engañosa, no transparente inductora al error y por consiguiente generadora de indefensión, porque como consta de autos y de un tercer boletín de prensa del Ministerio Público publicado con posteridad al acto de imputación celebrado el día diecinueve (19) del corriente mes, a nuestro defendido no solo le fue imputado en delito que venía publicitando el Ministerio Público, sino los delitos de conspiración (artículo 132 del Código Penal) y difusión de información falsa (artículo 296-A ejusdem). Con la conducta del Ministerio Público descrita en el los ordinales 1 y 2 del presente escrito se quebranto el derecho constitucional de mi defendido a una justicia transparente y se desmejoro el derecho de nuestro defendido a la tutela judicial efectiva, en los términos consagrados en el artículo 26 de la CRBV, motivo por el cual se solicita la nulidad del acto de imputación de fecha diecinueve (19) de marzo del corriente año y subsecuentemente la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a tal vicio.”

   El impugnante alega que unos supuestos boletines publicados en la página web del Ministerio Público quebrantan el carácter reservado de las investigaciones, pero al mismo tiempo pretende que sean lo más explícitos posible.

   Lo cierto es que las noticias divulgadas por el Ministerio Público en su página web tienen un valor meramente informativo general para la opinión pública, sin que pueda dársele un alcance o interpretación mas allá de ese respeto al derecho constitucional a estar informado.

   Adicionalmente se señaló en la apelación:

   3.Violación del derecho a ser oído en los términos consagrados en el artículo 49 ordinal 3° de la CRBV: Consta del acta de imputación, que como se dijo, se celebro el diecinueve (19) de marzo, que la defensa consigno en esa misma fecha escrito constante de treinta (30) folios útiles en el cual se rebatían los fundamentos del pretendido delito de instigación al odio y, además, se ofrecían evidencias que desvirtuaban la comisión del referido delito;

   El abogado defensor aduce violación al derecho a ser oído, y al mismo tiempo reconoce que se produjo un acto formal de imputación, recogido en un acta y que consignó constante de treinta (30) folios útiles escrito donde se rebatían los fundamentos del delito de instigación al odio y supuestas evidencias que pretendían desvirtuar la comisión de tal hecho punible.

   La verdad es que no se aprecia en que consiste la violación al derecho constitucional a ser oído, porque el imputado: O.Á.P. fue escuchado formalmente en un acto de imputación por ante el Ministerio Público, consignó sus argumentaciones por escrito con sus anexos, todo libre de coacción y apremio.

   Como cuarta supuesta irregularidad, señaló el recurrente:

   4.Consta igualmente del expediente contentivo de la presente causa, que la defensa consigno a primera hora del día veintidós (22) del presente mes, un segundo escrito constante de cuarenta (40) folios útiles en el que se rebatían, además, del mencionado delito de instigación al odio, los delitos de conspiración y difusión de información falsa, arriba mencionados, amén que en el último escrito mencionado se ofrecían un cúmulo de pruebas y evidencias que desvirtuaban la comisión de los dos delitos mencionados en último término.

   Tampoco se aprecia la pretendida irregularidad, cuando en aras del derecho a la defensa, adicionalmente al escrito constante de treinta (30) folios ya citado, tres días después consignaron otro de cuarenta (40) folios útiles y anexos enfrentando los otros dos delitos imputados al ciudadano: O.Á.P..

   Agregó la parte apelante:

   5.Ahora bien, en escrito del mismo día veintidós (22) de marzo del año en curso, la Fiscal 21° antes mencionada, acudió ante el Juzgado 25° de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, arriba mencionado, con el objeto de solicitar se dictara medida de privación de libertad en contra de mi defendido a cuyo efecto anexó copia o facsímil o ejemplar del expediente que cursaba ante la mencionada fiscalía. Sin embargo, es el caso que, tal copia o facsímil o ejemplar del mencionado expediente fue mutilado en perjuicio de mi defendido, luego que en la copia del expediente, facsímil o ejemplar del expediente que la ciudadana Fiscal le presentó al Juez 25° de Control, identificado ut supra, no incluyó los dos escritos de fechas diecinueve (19) y veintidós (22) de marzo, que contenían diversos alegatos que desvirtuaban la pretendida comisión de los delitos que se le han imputado a mi defendido en este juicio.

   El Ministerio Público presentó una solicitud de orden de aprehensión contra el imputado: O.Á.P. ante la vía jurisdiccional, en la cual consignó lo que consideró pertinente a los fines que el Tribunal competente estudiara y proveyera lo conducente.

   No puede hablarse de mutilación alguna, cuando que el efecto inmediato del cumplimiento efectivo de la orden de aprehensión es que el aprehendido es presentado por ante el Tribunal, donde debidamente asistido de su defensa puede argumentar y consignar todo lo que considere a favor de su posición para que el Juez decida sobre su libertad.

   Como sexta supuesta irregularidad, en la apelación se lee:

   6. Con tal conducta, la Fiscal 21°, arriba mencionada quebranto el derecho de mi defendido a ser oído (artículo 49 ordinal 3° de la CRBV) pues es evidente que el Juez 25° de Control tomo su decisión (22/03/10) de privar de libertad a mi defendido sin tener la oportunidad de revisar, analizar o leer -si quiera- los alegatos y pruebas contenidos en los mencionados escritos del diecinueve (19) y veintidós (22) de marzo. Pero el juez 25° de Control, arriba referido, también violo el derecho de mi representado a ser oído, porque si hubiese revisado, aunque sea de soslayo el acta de de imputación (19/03/10) se habría percatado que conjuntamente con la suscripción de tal acta, la defensa había consignado un escrito constante de treinta (30) folios útiles.

   La Representación Fiscal con la solicitud de orden de aprehensión no violentó el derecho a ser oído, porque se insiste que al ser aprehendido el ciudadano: O.Á.P., asistido de tres abogados, que es lo máximo permitido legalmente, tuvo la oportunidad en audiencia judicial de plantear todo lo que consideró pertinente en su defensa con las consignaciones que a bien tuviera hacer.

   El imputado y sus defensores, tal como se puede constatar del acta levantada el día 24-3-2010, con motivo de la audiencia prevista en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, fueron debidamente escuchados y argumentaron a plenitud de forma oral como es predominantemente este proceso, incluyendo lo relativo a lo cursante en los escritos señalados, por lo que el Juez tuvo en consideración todos esos planteamientos antes de tomar sus decisiones.

   La séptima irregularidad se circunscribe a:

   7.La ciudadana Fiscal 21°, no podía –como lo hizo- presentarle al Juez 25° de Control una copia, facsímil o ejemplar de la averiguación que se tramitaba en su despacho mutilada en la cual de manera arbitraria se excluyeron los alegatos y pruebas contenidos en los citados escritos de la defensa fechados el diecinueve (19) y veintidós (22) de marzo y el juez, al no molestarse, ni siquiera, en averiguar cuales habían sido los argumentos y pruebas promovidas en el escrito mencionado en primer termino, omitió un deber elemental.

   La Fiscalía, se repite, al presentar su solicitud de orden de aprehensión, consigna lo que considera necesario para que se tramite dicho requerimiento y una vez aprehendida la persona y presente ante el Juez, es escuchada sin apremio alguno, antes de de tomar cualquier decisión sobre su libertad y eso fue lo que ocurrió en el caso de marras, donde es palmario que lo mismo que los defensores habían planteado por escrito, fue explanado verbalmente por ante el a quo, quien una vez que escuchó las argumentaciones de las partes tomó las determinaciones jurisdiccionales que estimó pertinentes.

   Adicionalmente se planteó como argumento impugnativo:

   “8. El pretendido "fumus comisi delicti" en relación con el pretendido delito de conspiración había sido desvirtuado en nuestros escritos de 19/03/10 y 22/03/10: Si el Juez 25° de Control, previo a dictar su auto de privación de libertad en contra de mi defendido, hubiese tenido a la vista los alegatos contenidos en los citados escritos del 19/03/2010 y 22/03/10, en particular, nuestra invocación de la sentencia del TSJ, en Sala Plena, que dictamino que para la comisión del -delito de conspiración, es menester el acuerdo, por lo menos, de dos personas, no hubiese concluido que en relación con tal delito existía en autos, presunción grave del derecho o “fumus comisi delicti”.”

   Los argumentos referidos a las jurisprudencias aludidas, fueron planteados por los defensores del imputado: O.Á.P. durante la audiencia de su presentación por ante el JUZGADO VIGÉSIMO QUINTO (25º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS el día 24-3-2010, tal como se puede leer clara e inequívocamente en el acta levantada al respecto, por lo que es incierto una vez mas lo alegado en este punto.

   Finalmente se formuló en la apelación:

   9. Ni el Ministerio Público ni la recurrida tomaron en cuenta la petición del imputado, con base en el ordinal 8° del artículo 125 del COPP: Es de destacar que en el escrito del diecinueve (19) de marzo que presentó la defensa, se solicito a tenor de lo previsto en el artículo 125 ordinal 80 del COPP la declaratoria anticipada de la improcedencia de la privación preventiva de la libertad de mi defendido, el doctor O.Á.P.. Pero no. Tal ineludible petición, piedra angular del derecho constitucional a ser juzgado en libertad, también fue ignorada, en lo absoluto por la Fiscal y Juez actuantes en este proceso.

   La circunstancia de que no haya sido acogida tal petición, no significa que haya sido ignorada, sino que luego de ser analizada a quien le competía consideró que no era procedente.

   El hecho de que una petición no sea aceptada, no implica ignorancia al respeto, sino que lo pedido se realiza precisamente para que a quien compete la evalúe y decida lo que estima que corresponde en derecho.

   El próximo capítulo, vale decir, el cuarto se subtitula: “Error inexcusable en el auto privativo de libertad de fecha 22/03/10.

   Aquí el impugnante redunda en lo mismo, ya que repite que si la Fiscalía no hubiera “mutilado” las actas contentivas de la solicitud que presentó ante el Tribunal para solicitar la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad del imputado: O.Á.P., el JUZGADO VIGÉSIMO QUINTO (25º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS se hubiese percatado de elementos que enervaban la privativa, entre otros referidos a dos sentencias emanadas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que por supuesto no son vinculantes.

   En el capítulo cinco, en cuatro puntos, el apelante pretende las siguientes cuatro conclusiones:

   1.Al imputado de autos, doctor O.Á.P., se le negó su derecho a la defensa (artículo 49.1 de la CRBV) porque se le impidió que su juez natural tuviese acceso a pruebas y alegatos hechos valer a lo largo de la presente investigación; se le negó el derecho a ser oído (artículo 49 ejusdem en su ordinal 3°), porque parte de sus alegatos fueron excluidos de manera arbitraria del thema decidendum de una incidencia de autos, de especial trascendencia, como lo constituye, el dictamen sobre la privación provisional de su libertad.

   Como ya se expuso ampliamente con anterioridad al imputado: O.Á.P., se le respetaron en los términos constitucionales tanto el derecho a la defensa como el derecho a ser oído, ya que en la audiencia de presentación del día 24-3-2010, el Juez competente lo escuchó así como a sus abogados, quienes tuvieron todas las oportunidades para hacer plenamente los alegatos que consideraron procedentes, lo cual fue materializado efectivamente de forma oral.

   Segunda conclusión del recurrente:

   2.Además, tal como lo hemos demostrado en los ordinales 1 y 2, capítulo III del presente escrito, se lesionaron en el caso de autos, los principios de tutela judicial efectiva y de justicia transparente a los cuales tiene derecho mi defendido.

   Ciertamente con las argumentaciones plasmadas en la apelación, lo que se sustenta es todo lo contrario, ya que el ciudadano: O.Á.P. fue debidamente imputado por el Ministerio Público, previa citación, asistido por dos abogados, impuesto del precepto constitucional que lo exime de declarar y aún si lo hace está exento de juramento, se le impuso con amplitud de todos los hechos investigados, de los elementos de convicción que pretendidamente lo vinculan con los mismos, se le dio pleno acceso a las actas y aunado a ello declaró sin juramento todo lo que consideró pertinente a su favor.

   Tercera conclusión en la apelación:

   “3.Los mencionados derechos y garantías, se aplican “a todas las actuaciones judiciales y administrativas (encabezamiento del artículo 49 ejusdem) y en “todo estado y grado de la investigación y del proceso).”

   Efectivamente, tal como lo cita el recurrente, hasta el presente, incluyendo la presente decisión, al imputado: O.Á.P., se le han respetado todos sus derechos y garantías, tanto los mencionados como infringidos, como otros no menos importantes o necesarios para la idónea marcha de este p.p..

   Finalmente en la apelación se formuló:

   4.En este último sentido no podemos más que calificar de desafortunado el considerando del Juzgado 25° de Control, contenido en el acta de presentación del veinticuatro (24) del presente mes, en el sentido de pretender excluir al poder cautelar judicial de tales postulados.

   Esa es la opinión del abogado defensor, aunque lo encontrado, luego del análisis exhaustivo correspondiente no coincide en absoluto con lo cursante en estos autos.

   En el capítulo sexto, relativo al petitorio, la defensa apelante solicitó la nulidad absoluta del auto que privó la libertad del imputado: O.Á.P., sin que dicha nulidad permita retrotraer este proceso a fases anteriores.

   Ninguno de los argumentos expuestos en la apelación que nos ocupa justifica la declaratoria de nulidad alguna, como ya se explanó suficientemente, por lo que SE DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación incoado contra la nulidad negada respecto al auto de fecha 22-3-2010 y SE CONFIRMA la decisión de la primera instancia al respecto. Y ASÍ SE DECIDE.

   Adicionalmente, como se expuso en las primeras consideraciones para decidir, el apelante mencionó que su impugnación abarca también la privativa dictada contra el imputado: O.Á.P. el 24-3-2010, aunque no señala fundamentación jurídica al respecto, ni argumentaciones específicas sobre el particular.

   Precisamente en aras del cumplimiento estricto del artículo 26 constitucional, referido a la tutela judicial efectiva, aún sin planteamientos concretos de la defensa, se pasa a revisar si el auto que contiene la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad del imputado: O.Á.P., cumple con las exigencias del artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal.

   En este punto se hace indispensable anotar que el apelante al referirse al auto de privación judicial preventiva de libertad dictado el 24-3-2010 contra el ciudadano: O.Á.P., mencionó que el JUZGADO VIGÉSIMO QUINTO (25º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS “mantuvo” la privativa del referido imputado, cuando en realidad es en la audiencia de presentación de la fecha citada, cuando realmente se decretó la referida privación de libertad, ya que con la orden de aprehensión simplemente se hace comparecer a la persona ante el Juez, para que precisamente se decida sobre el status de su libertad, por lo que no constituye una Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad.

   El primer requisito del auto de privación judicial preventivo de libertad es relativo a los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo.

   En el fallo recurrido se lee:

   OSWALDO A.P., de nacionalidad venezolano, natural de Maracaibo, de 67 años de edad, nacido el 10- 02 - 43, de estado civil casado, profesión u oficio abogado, hijo de A.A.D. (F) Y DE H.P. GALARRAGA (F), Residenciado en: avenida los Geranios, quinta cuchi, urbanización los geranios, el Hatillo Estado Miranda, Teléfono: 963.38.45, titular de la cédula de identidad Nº V- 1.668.061,

   El segundo requisito es una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen.

   Así fue expuesto en la Resolución Judicial en examen:

   Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita

   Sobre este particular se ha dispuesto que, para la aplicación de medidas cautelares se requiere la presunción razonable de la comisión de un hecho punible atribuible a quien se pretende asegurar, cuya acción no esté evidentemente prescrita (Fumus comissi delicti).

   Se desprende de los alegatos expuestos en Audiencia por parte de la Representación del Ministerio Público, así como de elementos que corren insertos a la presente causa, como lo son el acta de imputación formal realizada en fecha 19 de marzo de los corrientes de la cual se desprende que al ciudadano O.Á.P., le fue imputado los delitos de instigación pública, difusión e información falsa y conspiración previstos y sancionados en los artículos 285, 296-A, y 132 todos del Código Penal Venezolano, obteniendo convencimiento en los elementos que a continuación se proceden a hacer mención:

   Obteniendo convencimiento en los elementos que a continuación se proceden a hacer mención:

   Con el 1. “Acta de Entrevista de fecha 15 de Marzo de 2010, suscrita ante esta Fiscalía Vigésima Primera a Nivel Nacional con Competencia Plena por el ciudadano L.H.C.A., quien señalo que el invitado señala que piensa tratar tres temas… uno referente al terrorismo, el Narcotráfico y Derechos Humanos y es cuando comienza el desarrollo del programa. Contestó: Si, ya que había un cruce de palabras entre el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de España. Sexta Pregunta: Llevo el ciudadano O.Á.P., alguna documentación que soportara los comentarios que este hacia, por ejemplo, llevo la decisión del Tribuna Español? Contestó: No, no llevo ninguna documentación…”

   2. Con el Acta de Entrevista de fecha 15 de Marzo de 2010, suscrita ante esta Fiscalía Vigésima Primera a Nivel Nacional con Competencia Plena por la ciudadana Puche Dorta M.G. … con ocasión a las declaraciones que diera el ciudadano O.A.P., a través del programa Alo ciudadano trasmitido el día 08 de marzo del 2010, en el cual este hace señalamientos y emite criterios y conceptos en contra del estado venezolano…por ejemplo, cuando manifiesta que Venezuela “la decisión de la audiencia española …le da soporte jurídico y procesal en cuanto a las relaciones del régimen venezolano con ETA- FARC y otros movimientos subversivos…”

   3. Con la Experticia de Reconocimiento Legal Análisis de contenido, Fijación Fotográfica y Trascripción de contenido suscrita por los funcionarios J.V. y D.L., expertos adscritos a la División Físico Comparativa, Departamento de Análisis Audiovisual del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de la cual se extrajo: MOTIVO: Practicar Reconocimiento Legal, Análisis de Contenido, Fijación Fotográfica y Transcripción de contenido del material suministrado…

   4. EXPOSICION, el material recibido para realizar el peritaje solicitado consiste en (01) DISPOSITIVO DE ALMACENAMEINTO DE DATOS “… cada día reafirmo mas mi convicción de que el actual presidente de la republica de Venezuela, no es un demócrata, es un hombre de personalidad subversiva de espíritu subversivo…” “…hay tres temas por los cuales la comunidad internacional tiene los ojos puesto sobre Venezuela, que son el tema de terrorismo…”

   Siendo todos los elementos ut supra enumerados los que traen a este Tribunal a la certeza de la existencia de elementos suficientes para presumir que los hechos se subsumen dentro de la tipicidad de los artículos, que a continuación se señalan:

   Artículo 132: Conspiración “Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación… será castigado con presidio de ocho a dieciséis años… en la misma pena incurra el Venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela…”

   Artículo 285: Instigación Publica, “El que públicamente excitare a la desobediencia de las leyes o al odio de unos habitantes contra otros o hiciere apología de un hecho que la ley prevé como delito, de modo que se ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres a seis años”.

   Articulo 296-A: Difusión de Información Falsa, “Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico a la colectividad o mantenga en zozobra será castigado con prisión de dos a cinco años”.

   Es necesario acotar que de los elementos aportados por el Ministerio Publico son por lo que este juzgador obtuvo la convicción necesaria para presumir prima facie que el ciudadano O.Á.P., es autor o participe de los hechos punibles imputados, los cuales arrojaron como resultado la incitación a la desobediencia de las leyes y al consecuente irrespeto de nuestras instituciones constituidas, menoscabando y socavando a las mismas y en consecuencia generando con sus posiciones la posibilidad de desatender los llamados legales y constitucionales hechas por nuestros entes gubernamentales, esta demás establecer que con ello se pone en peligro la tranquilidad pública, sobre todo si consideramos que como nación nos encontramos enmarcados en un contexto internacional y el eco de este tipo de irresponsables e infundados comentarios propicia situaciones en el plano internacional que siempre pueden generar una puesta en peligro de la salud social colectiva, toda vez que utilizando el espacio televisivo ALO CIUDADANO, trasmitido por GLOBOVISION (canal de televisión con cobertura en el territorio nacional) asumió la voceria y difusión de informaciones evidentemente falsas, capaces de causar zozobra o pánico colectivo, toda vez que las referencias, conceptos y deformadas informaciones transmitidas por este ciudadano al afirmar que nuestras instituciones gubernamentales y nuestros poderes públicos constituidos, son cómplices y operarios del narcotráfico internacional y el terrorismo, es tan grave e irresponsable que puede y efectivamente causa como puede evidenciarse un infundado temor en nuestro colectivo.

   Los delitos antes señalados son merecedores de pena privativa de libertad; y cuya acción no se encuentra prescrita ya que partiendo del hecho generador del delito el cual tuvo lugar en fecha 08 de marzo de 2010, a la fecha no han transcurrido lapsos que de alguna forma podría presumirse que la acción del Ministerio Publico se encuentre prescrita, aunado a ello, existen elementos suficientes, los cuales fueron señalados en los párrafos anteriores, para estimar que el ciudadano O.A.P., de 67 años de edad, titular de la cédula de identidad número V-1.668.061, es el presunto autor directo, de los delitos perpetrados y señalados arriba quedando así manifiestamente comprobado el Fumus comissi delicti, como presupuesto en la determinación de los numeral primero y segundo del artículo 250 del instrumento adjetivo penal

   El tercer requisito se refiere a la indicación de las razones por las cuales el tribunal estima que concurren en el caso los presupuestos a que se refieren los artículos 251 ó 252 del Código Adjetivo Penal.

   La interlocutoria apelada lo contiene como sigue:

   Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

   Con respecto al riesgo de que el imputado se sustraiga del proceso u obstaculizara su normal desarrollo, tenemos que los artículos 251 y 252 del Código Orgánico procesal Penal establecen los indicativos a los fines de verificar si los hechos se adecuan al caso de marras.

   Siendo que los administradores de justicia deben de apuntar su accionar a evitar dilaciones indebidas así como a lograr la obtención de la justicia a través de las herramientas que le otorga el instrumento adjetivo penal, para evitar los retrasos y con ello bloquear cualquier obstaculización que podrían generarse en la obtención de la verdad de los hechos y la realización de la justicia; y al corroborar que se encuentran llenos los extremos del artículo 250 de Código Orgánico Procesal Penal y tratándose de que uno de los delitos imputados amerita una pena privativa de libertad, cuyo límite superior excede los 10 años de prisión, ello sin menoscabo de la dosimetría penal aplicable por la concurrencia de los otros hechos punibles, es factible que la presunción iuris tantum que se genera partiendo del primer parágrafo del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal se materialice, ello en cuanto a que el justiciable se evada del proceso, corroborándose con la ut supra motivación el elemento atribuible al periculum in mora.

   Como cuarto requisito es necesaria la cita de las disposiciones legales aplicables, las cuales son en este caso, acorde con lo plasmado en la impugnada:

   Siendo todos los elementos ut supra enumerados los que traen a este Tribunal a la certeza de la existencia de elementos suficientes para presumir que los hechos se subsumen dentro de la tipicidad de los artículos, que a continuación se señalan:

   Artículo 132: Conspiración “Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación… será castigado con presidio de ocho a dieciséis años… en la misma pena incurra el Venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela…”

   Artículo 285: Instigación Publica, “El que públicamente excitare a la desobediencia de las leyes o al odio de unos habitantes contra otros o hiciere apología de un hecho que la ley prevé como delito, de modo que se ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres a seis años”.

   Articulo 296-A: Difusión de Información Falsa, “Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico a la colectividad o mantenga en zozobra será castigado con prisión de dos a cinco años”.

   El último requisito es el sitio de reclusión, que en la parte final de la privativa se aprecia:

   SEGUNDO: Se establece como sitio de reclusión al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SABIN).

   Por lo que cumplidos a cabalidad los requerimientos del artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal en el auto de privación judicial preventiva de libertad del ciudadano: O.Á.P.d. día 24-3-2010, SE DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación en este particular y SE CONFIRMA la privativa impugnada. Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

   DISPOSITIVA

   Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por el abogado en ejercicio y de este domicilio: A.S.Q., en su carácter de defensor del ciudadano: O.Á.P. contra decisiones dictadas por el JUZGADO VIGÉSIMO QUINTO (25º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS en fecha 24 de Marzo de 2.010, mediante las cuales negó la nulidad absoluta de la orden de aprehensión dictada contra el prenombrado imputado en fecha 22-3-2010 y le decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo previsto y sancionado en el artículo 250 ordinales 1, 2 y 3, 251 ordinales 1, 2 y 3 y Parágrafo Primero y 252 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de CONSPIRACIÓN, INSTIGACIÓN PÚBLICA y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FALSA, previstos y sancionados en los artículos 132, 285 y 296-A, todos del Código Penal.

CONFIRMA en los términos expuestos las decisiones dictadas por el JUZGADO VIGÉSIMO QUINTO (25º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS en fecha 24 de Marzo de 2.010, mediante las cuales negó la nulidad absoluta de la orden de aprehensión dictada contra el prenombrado imputado en fecha 22-3-2010 y le decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo previsto y sancionado en el artículo 250 ordinales 1, 2 y 3, 251 ordinales 1, 2 y 3 y Parágrafo Primero y 252 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de CONSPIRACIÓN, INSTIGACIÓN PÚBLICA y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FALSA, previstos y sancionados en los artículos 132, 285 y 296-A, todos del Código Penal.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

LA JUEZA PRESIDENTA,

B.A.G.

EL JUEZ, LA JUEZ,

O.R.C.M.D.P. PUERTA F.

PONENTE

EL SECRETARIO,

L.A.

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.-

EL SECRETARIO,

L.A.

Exp. Nº. 2914