Sentencia nº 1087 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2015

Fecha de Resolución13 de Agosto de 2015
EmisorSala Constitucional
PonenteGladys María Gutiérrez Alvarado

EN SALA CONSTITUCIONAL

Expediente n.° 08-0692

Magistrada Ponente: G.M.G.A.

Consta en autos que, el 27 de mayo de 2008, fue presentado, ante esta Sala, escrito mediante el cual el abogado R.R.M.G., con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 39.042, apoderado judicial de los ciudadanos S.E.H.G., I.E.H.G., J.A.H.G., L.G.G. y M.L.G., con cédulas de identidad n.° 4.578.057, 4.578.054, 5.960.159, 3.814.845, y 3.814.844, respectivamente, incoó pretensión de nulidad contra i) el artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 066-05/2003 del 15 de mayo de 2003; y ii) el Acuerdo n.° 61 publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 131-08/2003 del 27 de agosto de 2003 “en relación a las coordenadas correspondientes ha (sic) los terrenos pertenecientes a la sucesión G.G.…”.

El 3 de junio de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

Mediante sentencia n.° 1.724 publicada el 11 de noviembre de 2008, esta Sala Constitucional declaró i) su competencia para conocer la demanda de nulidad interpuesta, y ii) acordó la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación para que decidiera acerca de la admisibilidad de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad con estricta sujeción al artículo 19, párrafo 5, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable ratione temporis, y, si fuera el caso, diera curso a la sustanciación del procedimiento de nulidad.

El 17 de febrero de 2009, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional, admitió el referido recurso de nulidad, así como ordenó citar por oficio a los ciudadanos Alcalde y Sindico Procurador del Municipio Baruta del estado Miranda, respectivamente, y notificar a la ciudadana Fiscal General de la República, para que comparecieran ante este Tribunal dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. A tales fines, ordenó remitir a los citados funcionarios copia certificada del libelo, de la decisión n.° 1.724 y del auto de admisión. Finalmente, ordenó emplazar a los interesados mediante Cartel, el cual sería publicado por el recurrente en uno de los diarios de mayor circulación nacional, para que se dieran por notificados en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del Cartel o de la notificación del último de los interesados. En esta misma fecha, el abogado R.R.M.G., en su carácter de apoderado judicial de la sucesión G.G., se dio por notificado.

Los días 10 de junio y 1 de octubre de 2009, así como, los días 19 de enero, 13 de abril, 20 de julio, y 21 de octubre de 2010, el abogado R.R.M.G., en su carácter de apoderado judicial de la sucesión G.G., consignó diligencia mediante la cual solicitó se fijara audiencia oral a los fines de continuar con la sustanciación de la causa.

El 26 de octubre de 2010, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional, en virtud de la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada el 1 de octubre de 2010, en la Gaceta Oficial n.° 39.522, que establecen nuevas normas procedimentales, y previa revisión de las actuaciones contenidas en la causa, acordó notificar al abogado R.R.M.G., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, al ciudadano Alcalde y Sindico Procurador del Municipio Baruta del estado Miranda, así como, a la Fiscal General de la República, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 139 eiusdem, promovieran pruebas, si lo estimaban pertinente.

El 1 de diciembre de 2010, el abogado R.R.M.G., consigno al expediente, escrito de promoción de pruebas. De igual forma, el 7 de diciembre de 2010, la abogada P.E.Z.M., con el carácter de apoderada judicial del municipio Baruta del estado Miranda, consignó escrito de defensas y promoción de pruebas en la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesta.

El 14 de diciembre de 2010, tanto el apoderado judicial del municipio Baruta del estado Miranda, como el abogado R.R.M.G., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignaron escritos de oposición a la admisión de las pruebas.

El 7 de junio de 2011, el abogado R.R.M.G., en su carácter de apoderado judicial de la sucesión G.G., solicitó a esta Sala se dictara sentencia en la presente causa.

Los días 29 de junio y 20 de septiembre de 2011, la apoderada judicial de municipio Baruta del estado Miranda, solicitó pronunciamiento respecto a los escritos de promoción de pruebas.

Los días 20 de octubre de 2011, así como, los días 17 de enero, 28 de marzo, 23 de mayo, 2 de octubre de 2012, el abogado R.R.M.G., solicitó fuera dictado el auto que corresponda en el presente proceso.

En reunión de la Sala Plena del 8 de mayo de 2013, se eligió la Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia, quedando reconstituida la Sala Constitucional de la siguiente manera: G.M.G.A., en su condición de Presidenta, F.A.C.L., como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover, según consta del Acta de instalación correspondiente (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.169 del 17.05.2013).

El 24 de septiembre de 2013, el abogado R.R.M.G., mediante diligencia pidió se dictara el auto que corresponda en el presente proceso.

El 17 de octubre de 2013, en virtud de la licencia otorgada al Magistrado Francisco A.C.L., se reconstituyó la Sala Constitucional de la siguiente manera: Magistrada G.M.G.A., en su condición de Presidenta, Magistrado Juan José Mendoza Jover, como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos, según consta del Acta de Instalación correspondiente.

El 19 de diciembre de 2013, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional, se pronunció en cuanto a la admisión de las pruebas promovidas y de los escritos de oposición formulados.

El 14 de enero de 2014, se recibió el expediente del Juzgado de Sustanciación a los f.d.P. correspondiente, por lo que se reasignó la ponencia a la Magistrada G.M.G.A..

En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco A.C.L., en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este m.T. para que se separara temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada G.M.G.A., en su condición de Presidenta, Magistrado Francisco A.C.L., como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover. Se ratificó la ponencia del expediente a la Magistrada G.M.G.A., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 4 de junio de 2014, el abogado R.R.M.G., en su carácter de apoderado judicial de la sucesión G.G., consignó diligencia mediante la cual solicitó pronunciamiento en la presente causa.

Realizada la lectura individual del expediente esta Sala procede a emitir decisión, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El 2 de agosto de 2006, fue recibido en el Despacho del Gobernador del estado Miranda, solicitud por parte de los ciudadanos N.A.S.G., S.E.H.G., I.E.H.G., J.A.H.G., L.G.G. y M.L.G., para que fuera iniciada las gestiones tendientes a la recuperación del bien inmueble propiedad de la sucesión G.G., correspondiente a un lote de terreno que mide 41.603,91 metros cuadrados, ubicado en la posesión denominada San Pedrito, en el lugar llamado Surima, municipio Baruta, del estado Miranda.

El 22 de diciembre de 2006, la Procuradora del Estado Bolivariano de Miranda, dio respuesta a la referida sucesión en atención a la solicitud recibida el 2 de agosto de 2006 en el Despacho del Gobernador del estado Miranda, expresando que luego de un investigación, se puedo conocer del Jefe de División de Regulación de Tierras de la Alcaldía del municipio Baruta, que en el sector denominado San Pedrito no hubo expropiación, sino que se habían desafectado todos los terrenos ejidos del municipio Baruta, motivado a la solicitud que hiciere el Alcalde del referido municipio, con la finalidad de enajenar y regularizar los desarrollos no controlados en los lotes de terrenos ejidales que corresponden a los barrios La Palomera, San Pedrito y las Minas de Baruta, a objeto de urbanizar los mismos e integrar a los habitantes de dichas zonas a las políticas municipales de participación ciudadana.

El 14 de mayo de 2007, es recibido en la Dirección de Planificación Urbana y Catastro, una solicitud emitida por el ciudadano R.R.M., actuando en su carácter de apoderado de los ciudadanos S.E.H.G., I.E.H.G., J.A.H.G., L.G.G. y M.L.G., integrantes de la sucesión G.G., mediante la cual pide sea ordenada la tramitación para cancelar los derechos que corresponden a sus representados sobre la propiedad heredada, en virtud de la declaratoria de los terrenos ejidos del municipio Baruta del estado Miranda.

El 15 de junio de 2007, la Directora de Planificación Urbana y Catastro del municipio Baruta del estado Miranda, emitió respuesta dirigida al ciudadano R.R.M., en la que le transmite, que se procedió a revisar la información que reposa en sus archivos a través de la División de Catastro, evidenciándose por tanto, que no existía inscripción catastral alguna a nombre de la sucesión G.G. ni de su causante, por lo que dicha situación resultó una limitante para ubicar el terreno, lo que se hacía necesario para dicha sucesión, consignar ante ese despacho, el plano debidamente registrado por ante el Registro Inmobiliario correspondiente del terreno, a los fines de que pudieran formular un informe que precisara la identificación y ubicación del mismo.

El 22 de enero de 2008, el apoderado judicial de la sucesión G.G., consignó ante la Dirección de Planificación Urbana y Catastro del municipio Baruta del estado Miranda, copia del documento registrado por ante el Registro Público del Primer Circuito del municipio Sucre del estado Miranda, un juego de planos del inmueble debidamente suscrito por un ingeniero, así como, dos planos del citado terreno, conjuntamente con las coordenadas Regven, ambas debidamente certificados por el Instituto Geográfico de Venezuela S.B., a los f.d.p. correspondiente.

El 21 de febrero de 2008, la Directora de Planificación Urbana y Catastro del municipio Baruta del estado Miranda, le respondió al ciudadano R.R.M., que de la revisión del documento de Registro del inmueble, no se determinaba la cabida o superficie del mismo, así como tampoco se apreciaba la ubicación exacta en cuanto a la descripción de los linderos, es decir, las referencias tanto geográficas como otras posesiones. En igual sentido comunicó, que la identificación y ubicación de un inmueble debe provenir del propio documento de propiedad debidamente registrado y del plano que repose agregado al mismo, y que no debe ser objeto de presunciones ni de estudios o levantamientos técnicos realizados por particulares, siendo tales documentos, requisitos exigidos por ese despacho para precisar su cabida y ubicación, previa realización de una evaluación técnico-jurídica, por lo que en consecuencia no pudo realizarse la inscripción catastral requerida, en virtud de la imposibilidad de determinar la ubicación exacta y la cabida del inmueble, con lo que se incumpliría con el aspecto físico de catastro.

El 12 de marzo de 2008, fue recibido en la Dirección de Planificación Urbana y Catastro del municipio Baruta del estado Miranda, escrito suscrito por el apoderado judicial de la sucesión G.G., mediante el cual solicita reconsideración en relación a la respuesta pronunciada el 21 de febrero de 2008, por parte de la Directora de Planificación Urbana y Catastro del municipio Baruta del estado Miranda, esto en virtud de que les era vulnerado a sus mandantes, el debido proceso y el derecho a la propiedad.

II

FundamentoS de lA DEMANDA DE NULIDAD

Para fundamentar la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad ejercida por el abogado R.R.M.G., apoderado judicial de los ciudadanos S.E.H.G., I.E.H.G., J.A.H.G., L.G.G. y M.L.G., contra i) el artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 066-05/2003 el 15 de mayo de 2003, y ii) el Acuerdo n.° 61 publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 131-08/2003 el 27 de agosto de 2003 “en relación a las coordenadas correspondientes ha (sic) los terrenos pertenecientes a la sucesión G.G.…”, se señaló:

Que fueron “…confiscados ilegalmente sus terrenos por la Alcaldía del Municipio Baruta, vulnerando de [esa] manera el derecho a la propiedad y el debido proceso, al gravarse como ejidos los terrenos propiedad de la sucesión G.G. ubicados en El Sector San Pedrito…”.

Indicó que “…los funcionarios de la Alcaldía de Baruta proceden ha (sic) negar la inscripción de los terrenos propiedad de la sucesión G.G. con el fin ultimo (sic) de no emitir la cedula (sic) catastral del inmueble, pues este había sido declarado ejido vulnerando el derecho de propiedad de la sucesión G.G., violando el artículo 32 de la ley de geografías, cartografía y catastro nacional (sic)…”.

Sostuvo que “…la Alcaldía de Baruta obvio (sic) por completo el tramite (sic) legal (debido proceso) establecido en la ley de tierras baldías y ejidos (sic) para declarar ejidos los terrenos de la sucesión G.G., así como el tramite (sic) para expropiar dichos terrenos por causas de utilidad pública y social, sin realizar previamente investigación alguna sobre el particular, y observando que nunca se notifico (sic) a la sucesión G.G. en relación al citado acto administrativo, como que el mismo es un acto administrativo de efectos generales que afecta derechos particulares como lo es el derecho y garantía a la propiedad…”.

Alegó que el artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta, señala “…coordenadas de ubicación correspondientes a los terrenos propiedad de la sucesión G.G., de conformidad con las coordenadas establecidas en el plano de levantamiento topográfico cursante en los recaudos (…) por lo que el citado dispositivo conforma una prueba fehaciente de la violación al derecho de propiedad…”.

III

ALEGATOS DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA

El 7 de diciembre de 2010, la abogada P.E.Z.M., con el carácter de apoderada judicial del municipio Baruta del estado Miranda, consignó escrito de defensas y promoción de pruebas en la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesta por el abogado R.R.M.G., apoderado judicial de los ciudadanos S.E.H.G., I.E.H.G., J.A.H.G., L.G.G. y M.L.G., contra i) el artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 066-05/2003 del 15 de mayo de 2003 y, asimismo, la nulidad de ii) el Acuerdo n.° 61 publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 131-08/2003 del 27 de agosto de 2003 “en relación a las coordenadas correspondientes ha (sic) los terrenos pertenecientes a la sucesión G.G.…”, en los siguientes términos:

Que “…del resto de los documentos fundamentales que se acompañaron a la demanda de nulidad, no se desprende la legitimación que éstos dicen ostentar en el presente juicio, esto es, su carácter de propietarios del referido terreno que se encuentra afectado por la mencionada declaratoria de ejido y desafectación…”.

Que en el “…documento de compra-venta, la ciudadana E.A.F. de Gallardo da en venta al ciudadano V.G. –causante de los demandantes-, los derechos que le corresponden ‘(…) en la posesión denominada ‘San Pedrito’, ubicada en el lugar llamado ‘Surima’, de esta misma jurisdicción, constante de árboles frutales con arboleda de café…”.

Que “…visto que los demandantes no ostentan derecho de propiedad alguno sobre el terreno al cual hacen referencia, se verifica la falta de legitimación de éstos para actuar como accionantes en el presente juicio, ya que no se encuentran frente a una especial situación de hecho respecto a la Ordenanza y Acuerdo cuya nulidad solicitan, que menoscabe su derecho constitucional a la propiedad…”.

Que “…de la simple lectura del libelo de la demanda se constata que la parte actora se limitó: (i) a narrar los hechos que originan el ejercicio del presente recurso; (ii) a enumerar y citar artículos de la Constitución Nacional, de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, del Código Civil, de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos y de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, sin realizar un análisis coherente entre lo objetado en el presente juicio (artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del Municipio Baruta del Estado Miranda y el Acuerdo N° 061) y las presuntas normas constitucionales y legales vulneradas…”.

Que “…[a]simismo, los demandantes no especifican el gravamen que le produce, en su esfera de derechos e intereses, la norma y el Acuerdo recurridos, ni la forma en que resultan vulnerados por éstos los artículos citados en el libelo…”.

Que “…[e]n el petitorio del escrito libelar la parte demandante solicita, no sólo la nulidad del artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del Municipio Baruta y del Acuerdo No. 061 de fecha 26 de agosto de 2003, sino también: (i) una indemnización por concepto de daños y perjuicios causados por los mismos; (ii) el restablecimiento de la situación jurídica lesionada y (iii) que se establezcan las responsabilidades civiles y administrativas que correspondan ‘(…) en especial la que pudiera recaer en la ciudadana T.N., como m.A.d.M.B. en Materia (sic) de Catastro (sic)…”.

Que “…las tres anteriores solicitudes se tramitan por procedimientos distintos al recurso de nulidad y, que el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, prevé que ‘no podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí…”.

Que “…[l]a Ordenanza sobre Terrenos Municipales del Municipio Baruta del Estado Miranda, de fecha 13 de mayo de 2003, publicada en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 066-05/2003 en fecha 15 de mayo de 2003, fue reformada parcialmente en fecha 10 de abril de 2008, siendo en consecuencia, publicada en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 173-06/2008 el 05 de junio de 2008, la Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del Municipio Baruta del Estado Miranda…”.

Que “…el Texto del artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del Municipio Baruta del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 066-05/2003 de fecha 15 de mayo de 2003, cuya constitucionalidad es cuestionada en el presente juicio por el representante judicial de la Sucesión G.G., fue reformado en relación a la indicación de los linderos y coordenadas de los ejidos especificados en el mismo, entre los cuales se incluye los correspondientes al Barrio San Pedrito (extensión de terreno del que afirma ser propietaria la parte actora)…”.

Que “…[p]or su parte, el artículo 48 de la vigente Ordenanza sobre Terrenos Municipales del Municipio Baruta del Estado Miranda, establece que se ‘(…) deja sin efecto las disposiciones anteriores que puedan contradecirla’; lo cual determina que la norma impugnada perdió vigencia, resultando inoficioso la continuación del presente juicio…”.

Que “…[i]gual tratamiento merece el Acuerdo N° 61 de fecha 26 de agosto de 2003, publicado en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 131-08/2003, en fecha 27 de agosto de 2003, en el cual se acuerda la desafectación de los Terrenos Ejidos del Municipio Baruta del Estado Miranda, donde se encuentran asentados los Barrios La Palomera, San Pedrito y las Minas de Baruta, pues al ser dictado con anterioridad a la vigente Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del Municipio Baruta y, adicionalmente contrariarla, éste no puede surtir sus efectos jurídicos…”.

Que “…la Administración Municipal no expropió derechos y bienes pertenecientes a los particulares, sino que mediante un acto legislativo declaró como ejidos varios terrenos del Municipio carente de dueños…”.

Que “…no se viola el derecho al debido proceso de los recurrentes, por cuanto el Municipio Baruta del Estado Miranda actuó ajustado a Derecho al declarar como ejidos terrenos ubicados en su jurisdicción, los cuales luego desafectó mediante Acuerdo dictado por el Concejo Municipal, previa solicitud que hiciera el Alcalde ‘(…) con el objeto de proceder a su enajenación y la regularización de los desarrollos no controlados en lotes de terrenos ejidales, con el fin de urbanizar los barrios e integrar a los habitantes de dichas zonas a las políticas municipales de participación ciudadana…”.

Que “…tampoco se lesiona el derecho al debido proceso de los demandantes, quienes fundamentan tal violación en el hecho de que no se les notificó del Acuerdo impugnado, al ser éste un acto de efectos generales que afecta derechos particulares. En este sentido, destaca [esa] representación municipal, que para que un acuerdo que afecte a la Hacienda Pública Municipal surta efectos, sea de obligatorio cumplimiento y goce de autenticidad legal, basta con que sea publicado en Gaceta Municipal, como en efecto ocurrió…”.

Que “…se desprende que tanto la norma como el Acuerdo impugnado, no presentan vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, por violación al debido proceso…”.

IV

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

En el caso bajo estudio se ejerció un recurso de nulidad, contra i) el artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 066-05/2003 del 15 de mayo de 2003, y ii) el Acuerdo n.° 61 publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 131-08/2003 el 27 de agosto de 2003 “en relación a las coordenadas correspondientes ha (sic) los terrenos pertenecientes a la sucesión G.G.…”.

El referido recurso fue admitido por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional mediante sentencia del 17 de febrero de 2009.

Una de las normas impugnadas se encuentra en el artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 066-05/2003 del 15 de mayo de 2003, la cual es del siguiente tenor:

ORDENANZA SOBRE TERRENOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO BARUTA

TITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 46: A todo efecto, son Terrenos Ejidos del Municipio Baruta del Estado Miranda, sin perjuicio de aquellos señalados en el Artículo 4 de esta Ordenanza cuya existencia se evidencie, los que sus linderos se encuentran descritos por las siguientes coordenadas:

(…omissis…)

Barrio San Pedrito: cuyos linderos se encuentran descritos por las siguientes coordenadas (Origen: Loma Quintana)

Este Norte

1 6912.3480 -9574.4359

2 6926.7188 -9569.9984

3 6935.4452 -9517.7151

4 8955.7926 -9485.7090

5 7011.3443 -9488.3109

6 7032.9693 -9486.1859

7 7064.1434 -9481.2727

8 7140.6090 -9480.9061

9 7137.9063 -9514.9359

10 7151.4461 -9540.3358

11 7151.4461 -9574.9043

12 7129.8861 -9631.5186

13 7111.3346 -9660.5742

14 7099.8025 -9698.6497

15 7090.0943 -9703.8109

16 7055.3443 -9691.5609

17 6967.2813 -9706.1659

18 8945.3443 -9691 .8109

19 6942.1084 -9692.9087

.

Asimismo, se impugna el Acuerdo n.° 61 publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 131-08/2003 del 27 de agosto de 2003 “en relación a las coordenadas correspondientes ha (sic) los terrenos pertenecientes a la sucesión G.G.…”, cuyo contenido es el siguiente:

ACUERDO N° 061

(…omissis…)

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Se desafectan todos los terrenos Ejidos del Municipio Baruta del Estado Miranda, donde se encuentran asentados los barrios La Palomera, San Pedrito y Las Minas de Baruta, respecto de los cuales sus linderos se encuentren descritos por las siguientes coordenadas:

(…omissis…)

Barrio San Pedrito:

Norte:

6912.3480; 6926.7188; 6836.4452; 6955.7926; 7011.3443;

7032.9693; 7064.1434; 7140.6090; 7137.9063; 7151.4461;

7151.4461; 7129.8861; 7111.3346; 7099.8025; 7090.0943;

7055.3443; 6967.2813; 6945.3443; 6942.1084

Este:

-9574.4359; -9569.9984; -9517.7151; -9485.7090; 9488.3109;

-9486.1869; -9481.2727.; -9480.9061; 9514.9359; 9540.3358;

-9574.9043; 9631.5166; -9660.5742; 9698.6497; 9703.8109;

-9691.5609; 9706.1859; -9691.8109; .9692.9067.

ARTICULO SEGUNDO: Se Autoriza al Alcalde del Municipio Baruta, H.C.R., a realizar la enajenación gratuita de los terrenos ejidos municipales, donde se encuentran asentados los barrios La Palomera, San Pedrito y Las Minas de Baruta, de conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 25 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales, en concordancia con el Artículo 125 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en la Gaceta Municipal

.

Cumplidos los trámites correspondientes a la presente causa, la Sala observa lo siguiente:

Para fundamentar el recurso de nulidad, la parte actora denunció que la Alcaldía de Baruta obvió por completo el trámite legal establecido en la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, para declarar ejidos los terrenos pertenecientes a la sucesión G.G., así como obvió, el trámite para expropiar dichos terrenos por causa de utilidad pública y social, sin realizar previamente investigación alguna sobre el particular, observándose que nunca se notificó a la sucesión G.G. en relación a la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta, aún cuando es un acto administrativo de efectos generales, que afecta derechos particulares como lo es el derecho y garantía a la propiedad. De igual forma señaló, que el artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta, prevé coordenadas de ubicación correspondientes a los terrenos propiedad de la sucesión G.G., de conformidad con las coordenadas establecidas en el plano de levantamiento topográfico cursante en los recaudos, por lo que el citado dispositivo conforma una prueba fehaciente de la violación al derecho de propiedad.

Por su parte, la Alcaldía del municipio Baruta argumentó que la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta del estado Miranda, de fecha 13 de mayo de 2003, publicada en la Gaceta Municipal n.° Extraordinario 066-05/2003 en fecha 15 de mayo de 2003, fue reformada parcialmente en fecha 10 de abril de 2008, siendo en consecuencia, publicada en la Gaceta Municipal n.° Extraordinario 173-06/2008 el 5 de junio de 2008, la Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta del Estado Miranda, de igual forma que el Texto del artículo 46 de la referida Ordenanza, cuya constitucionalidad es cuestionada en el presente juicio por el representante judicial de la Sucesión G.G., fue reformado en relación a la indicación de los linderos y coordenadas de los ejidos especificados en el mismo, entre los cuales se incluye los correspondientes al Barrio San Pedrito (extensión de terreno del que afirma ser propietaria la parte actora).

Finalmente, alegó que el artículo 48 de la vigente Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta del Estado Miranda, establece que se ‘(…) deja sin efecto las disposiciones anteriores que puedan contradecirla’; lo cual determina que la norma impugnada perdió vigencia, resultando inoficioso la continuación del presente juicio…”, así como, que igual tratamiento merece el Acuerdo n.° 61 de fecha 26 de agosto de 2003, publicado en la Gaceta Municipal n.° Extraordinario 131-08/2003, en fecha 27 de agosto de 2003, en el cual se acuerda la desafectación de los Terrenos Ejidos del municipio Baruta del estado Miranda, donde se encuentran asentados los Barrios La Palomera, San Pedrito y las Minas de Baruta, a los que se refiere el artículo 46 de la citada Ordenanza, y al ser dictado con anterioridad a la vigente Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta y, adicionalmente contrariarla, éste no puede surtir sus efectos jurídicos.

En virtud de lo expuesto, es menester señalar que el objeto del presente recurso se circunscribe al análisis de la constitucionalidad del artículo 46 de la ordenanza recurrida, así como del Acuerdo n.° 61, producto del régimen aplicable para la administración y el uso de los terrenos municipales del municipio Baruta del Estado Miranda, específicamente el correspondiente al barrio San Pedrito, sector en el que alegan los accionantes, se localizan los terrenos pertenecientes a la sucesión G.G..

Al respecto, observa la Sala que en el transcurso de la tramitación de la presente demanda de nulidad, la Ordenanza en referencia fue reformada en relación a la indicación de los linderos y coordenadas de los ejidos especificados en el mismo, entre los cuales se incluye los correspondientes al Barrio San Pedrito, a través de la Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del Municipio Baruta del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal n.° Extraordinario 173-06/2008 del 5 de junio de 2008, de la cual se desprende que el contenido del artículo 46 de la Ordenanza originalmente impugnada fue modificado notoriamente; siendo la vigente Ordenanza, del siguiente tenor:

ORDENANZA DE REFORMA PARCIAL DE LA ORDENANZA SOBRE TERRENOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO BARUTA

ARTÍCULO 1°: La presente Ordenanza tiene por objeto reformar la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del Municipio Baruta publicada en la Gaceta Municipal Número Extraordinario: 066-05/2OO3, de fecha 15 de mayo de 2003.

ARTÍCULO 2°: Se reforma el artículo 42, eliminándose su parágrafo único, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 42: La Dirección de Planificación Urbana y Catastro, realizará el Levantamiento Catastral y Delimitación de los Terrenos Municipales y se levantarán expedientes que identifiquen los terrenos y construcciones que se encuentren indebidamente ocupados si fuese el caso; además se anexarán copias de los soportes suministrados por los interesados que acrediten la propiedad de las bienhechurias, así como otros datos relevantes.

ARTÍCULO 3: Se reforma el artículo 46, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 46: A todo efecto, son Terrenos Ejidos del Municipio Baruta del Estado Miranda, sin perjuicio de aquellos señalados en el Artículo 4° de esta ordenanza cuya existencia se evidencie, los que se indican a continuación:

(…omissis…)

BARRIO SAN PEDRITO: se encuentra delimitado por siguientes linderos naturales:

Norte: con sector Altos de Surirna, desde el punto V1-C en el borde de la Carretera Baruta-Los Guayabitos, al punto V-7.

Sur: con terrenos que son o fueron propiedad de C.P.R. desde el punto V-12 hasta el punto V-20C, en el borde de la carretera Baruta-Los Guayabitos.

Este: con urbanización Monte Alto desde el punto V-7 hasta e! punto V-12.

Oeste: Con borde de la carretera Baruta-Los Guayabitos desde el punto V-20C hasta el punto V1C.

Los puntos de coordenadas a los que se hace referencia, forman parte de la poligonal del sector, indicada a continuación (Datum Regven):…

.

Ahora bien, respecto de la posibilidad de demandar la nulidad de leyes derogadas, esta Sala se ha pronunciado en sentencias n.° 524 del 8 de junio de 2000 (caso: Enrique Agüero y otros), n.° 1157 del 10 de octubre de 2000 (caso: Ley Especial de Protección de los Depositantes y de Regulación de Emergencia en las Instituciones Financieras), n.° 17 del 24 de enero de 2001, (caso: Ley Orgánica del Distrito Federal), concluyendo que las leyes derogadas, por la entrada en vigencia de un nuevo texto legal, pierden su eficacia en el ordenamiento jurídico, por lo que, de ninguna manera, las mismas pueden contradecir preceptos constitucionales, quedando excluidas, en principio, de la posibilidad de ejercer contra ellas el recurso de inconstitucionalidad, por no ser leyes vigentes.

Tal criterio fue igualmente sostenido en sentencia n.º 67 del 24 de enero de 2002, caso: J.A.C., en la que precisó:

…En tal sentido, es preciso señalar que el artículo 218 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

´Artículo 218. Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas`.

De conformidad con la norma antes citada, la Sala estima que en nuestro ordenamiento jurídico, las leyes sólo pueden ser derogadas por otras leyes, e igualmente, la vigencia de las mismas comenzará, tal y como lo dispone el artículo 1º del Código Civil, ´desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique`. Siendo ello así, considera esta Sala que la ley recurrida mediante el recurso de nulidad interpuesto por razones de inconstitucionalidad, fue derogada al publicarse en la Gaceta Oficial Nº 4.153 Extraordinaria del 28 de diciembre de 1989, la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la cual –como se señaló- igualmente fue derogada por la entrada en vigencia de la actual Ley Orgánica, publicada en la Gaceta Oficial nº 35.752 del 13 de julio de 1995.

Por tanto, considera necesario esta Sala precisar si es posible ejercer el control constitucional sobre una ley derogada, o contra una ley que, si bien se encontraba vigente al momento de la interposición del recurso en sede jurisdiccional, durante la tramitación del mismo haya sido derogada; supuesto éste que -precisamente- constituye el caso de autos.

En tal sentido, en sentencia dictada por esta Sala Constitucional el 8 de junio de 2000 (Caso: Enrique Agüero Gorrín y Otros) se señaló que:

´(...) en sentencia dictada en fecha 20 de enero de 1996 la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa sostuvo el mismo criterio, al precisar que entre las circunstancias determinantes de la relación procesal en el recurso de inconstitucionalidad, ‘tiene especial relieve la existencia misma del acto impugnado por inconstitucionalidad, cuya validez o nulidad viene a constituirse precisamente, en la materia u objeto del proceso’, por lo que al solicitarse la nulidad de un acto que ya ha cesado en su vigencia, el recurso, carece de objeto.

Por otra parte, mediante sentencia de 6 de diciembre de 1973, con motivo de la impugnación de un Acuerdo del Concejo Municipal del Distrito Federal, derogado posteriormente por una Ordenanza, la Corte Suprema de Justicia ratificó el criterio señalado en los siguientes términos:

‘Ahora bien, por efecto de la promulgación de la citada Ordenanza, el recurso interpuesto en este procedimiento carece, para el momento, de toda finalidad y objeto, en virtud de que el Acuerdo impugnado de nulidad fue derogado y sustituido por la Ordenanza en vigor. En este mismo orden de razones, cualquier vicio o defecto que pudiera haber padecido el mencionado Acuerdo, habría quedado remediado por el nuevo estatuto, sancionado y promulgado conforme a la ley y el cual vendría a ser el instrumento cuestionable, si se objetara nuevamente la personalidad jurídica de la ‘Fundación Caracas’. En consecuencia, el presente recurso de nulidad carece de objeto, y por tal motivo, resulta inútil la decisión que se pronuncie sobre sus planteamientos´.

Como puede apreciarse, en casos como el presente, ha sido este el criterio asumido por la entonces Corte Suprema de Justicia en Sala Plena respecto de las leyes derogadas en cuanto a su impugnabilidad por la vía del recurso de inconstitucionalidad, aplicado también a las leyes de carácter temporal.

Así, en sentencia del 25 de noviembre de 1995, la entonces Corte en Pleno razonó de la siguiente manera:

´(...), que no tiene materia sobre la cual decidir en el presente caso por cuanto ambos Decretos (241 y 285) han dejado de surtir sus efectos; el primero por haber sido revocado por el Congreso de la República en ejercicio de sus facultades de control y, el segundo por el propio Presidente de la República al considerar cesadas las causas que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales.

En tal virtud, y siguiendo jurisprudencia reiterada de esta Corte, en el sentido de que no es posible conocer acciones de nulidad contra actos que no se encuentren vigentes, por no haber nada que anular, se declara la terminación de este juicio`.

Así las cosas, reitera esta Sala Constitucional, que las leyes derogadas por la entrada en vigencia de un nuevo texto legal, pierden su eficacia en el ordenamiento jurídico, por lo que, de ninguna manera, las mismas pueden contradecir preceptos constitucionales siempre y cuando se constate, como en el caso bajo análisis, que sus efectos no subsisten en el tiempo; por tanto, siendo ello así, concluye esta Sala que, el recurso de nulidad, por razones de inconstitucionalidad, interpuesto por la parte recurrente contra los artículos 21 y 22 de la -hoy- derogada Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, publicada en la Gaceta Oficial Nº 2.058 Extraordinaria del 6 de julio de 1977 es inadmisible, y así se decide…

. (Vid. Sentencia n.º 1210 del 23 de julio de 2008, caso: H.E.M.)

Adicionalmente, cabe destacar lo señalado por la Alcaldía del municipio Baruta del estado Miranda con respecto al artículo 46 de la referida Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta del Estado Miranda, en relación a que ya fueron reformados los linderos y coordenadas de los ejidos especificados en el mismo, entre los cuales se incluye los correspondientes al Barrio San Pedrito, del cual alega la parte actora, forma parte la extensión de terreno del que afirma ser propietaria, lo cual determina que la norma impugnada perdió vigencia, resultando inoficioso la continuación del presente juicio, e igual tratamiento merece el Acuerdo n.° 61 de fecha 26 de agosto de 2003.

Finalmente, se verifica de autos, que la Ordenanza derogada, y en consecuencia el Acuerdo n.° 61, no mantiene sus efectos en el tiempo ni se encuentra reeditada en otro texto normativo, motivo por el cual debe declararse el decaimiento del objeto en la presente demanda; y así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara el DECAIMIENTO DEL OBJETO en la demanda de nulidad por inconstitucionalidad, incoado por el abogado R.R.M.G., apoderado judicial de los ciudadanos S.E.H.G., I.E.H.G., J.A.H.G., L.G.G. y M.L.G., contra i) el artículo 46 de la Ordenanza sobre Terrenos Municipales del municipio Baruta, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 066-05/2003 del 15 de mayo de 2003; y ii) el Acuerdo n.° 61 publicado en la Gaceta Municipal Extraordinario del municipio Baruta n.° 131-08/2003 del 27 de agosto de 2003 “en relación a las coordenadas correspondientes ha (sic) los terrenos pertenecientes a la sucesión G.G.…”.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 13 días del mes de agosto de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

La Presidenta,

G.M.G.A.

Ponente

El Vicepresidente,

A.D.J.D.R.

Los Magistrados

rancisco A.C.L.

…/

…/

L.E.M.L.

M.T.D.P.

C.Z.D.M.

J.J.M.J.

El Secreta../

…rio,

J.L. REQUENA CABELLO

GMGA.

Expediente n.° 08-0692

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