Decisión nº 529 de Juzgado de Municipio Sexto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 6 de Febrero de 2014

DE LA CONVERSIÓN MONETARIA

A los fines de realizar una necesaria aclaratoria respecto al petitum de la demanda que dio inicio al presente proceso, debe resaltar quien suscribe el presente fallo, que en v.d.p.d. reconversión monetaria que entró en vigencia en Venezuela el 1° de enero de 2008, las cantidades cuyo pago se demandan, se contraen actualmente a: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON TRECE CÈNTIMOS (Bs. 1.498,13), por concepto de capital, DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 2.754,55), por concepto de intereses convencionales, calculados a la tasa financiera anual promedio ponderada de (35,13%), devengados desde la fecha del último vencimiento, esto es, el 15 de enero de 1995 hasta el 13 de marzo del 2000, inclusive, y DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 235,20), por concepto de interese moratorios calculados a la tasa del tres por ciento (3%) anual, adicional a la tasa de interés convencional, causados el mismo período, desde el 14 de enero de 1995, hasta e 13 de marzo del 2000, inclusive. Cantidades estas, que de aquí en adelante se harán mención, es decir, en bolívares actuales. Así se decide.

DE LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO COADYUVANTE DE LA ACTORA

En fecha 05 de junio de 2005, el abogado J.A.C., inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 73.161, actuando en condición de apoderado judicial del Instituto Autónomo de FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, presentó escrito, a los fines de coadyuvar a la parte actora, alegando que su representado tiene interés jurídico y actual, en sostener las razones de la actora y, pretender ayudarla a vencer en el proceso. Que dicho interés, deviene del hecho notorio, que su representada es el único accionista del BANCO I.V. C.A., como consecuencia del proceso de estatización del cual ha sido objeto el nombrado instituto bancario, en virtud de la Decisión de la Junta de Emergencia Financiera, en su reunión y contenida en Acta No. 91, celebrada el 31 de enero de 1995, la cual fue tomada con motivo de la crisis financiera generada en el año 1994. Dicha Decisión contenida en Acta No. 91, fue acompaña su original, mediante escrito, de fecha 07 de junio del mismo año -folios 142 y 143-.

Que dicha intervención en calidad de tercero, la hace de conformidad con lo dispuesto en los artículos 370, en concordancia con los artículos 379 y 380 del Código de Procedimiento Civil.

Que las cantidades demandadas, fueron calculadas por su representada, tal y como consta a los autos.

Que al efecto de coadyuvar con el juicio y ayudar a la parte actora, a vencer en el proceso, trae a los autos en original, marcado con la letra “B”, la prueba promovida por la demandante dentro del lapso de promoción de pruebas, consistente en la correspondencia enviada al instituto bancario actor, enviada por el demandado, en el año de 1998, la cual además de una proposición de pago de su deuda, se evidencia, el reconocimiento de éste último, de haber remitido al BANCO I.V., C.A., en el año 1997, una propuesta inicial, la cual interrumpió la prescripción de la acción intentada y, la cual no es otra que la que cursa en autos, promovida también en el lapso de promoción de pruebas, con acuse de recibo en original, firmada justamente por el abogado P.B., quien es apoderado del demandado en este procedimiento y, no como lo alegó la representación de la parte demandada, que es una simple fotocopia y, que al haber sido objeto de desconocimiento, quedó reconocida.

Que no obstante a ello, la parte demandada intentó restarle eficacia al referido acuse de recibo, porque del mismo se infiere, el reconocimiento de la propuesta anterior del año de 1997, la cual interrumpió la prescripción de la acción intentada oportunamente.

Que por tales motivos, acompañó junto con el escrito, que presentó como tercero, el original de la tantas veces comunicación propuesta del año 1998, la cual se encontraba en poder de su representado, por cuanto había sido sometida a consideración del Comité de Recuperación de Acreencias de dicho organismo en su oportunidad y, la cual por razones de seguridad, se encontraba en custodia, motivo por el cual fue imposible facilitarla a la actora, con anterioridad.

Que su representada, de conformidad con el artículo 244 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, goza de autonomía funcional, administrativa, financiera, privilegios, franquicias, prerrogativas y exenciones de orden fiscal, tributario y procesal que la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional otorga al Fisco Nacional.

Ahora bien, dado que efectivamente el Instituto Autónomo de FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, de conformidad con el artículo 244 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, goza de autonomía funcional, administrativa, financiera, privilegios, franquicias, prerrogativas y exenciones de orden fiscal, tributario y procesal que la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional otorga al Fisco Nacional, es preciso aclarar que entre las prerrogativas ostentadas por la Administración, se encuentra la posibilidad que sus actos se presuman legales y, por tanto puedan ser ejecutados por ella misma, sin requerir intervención de ningún ente público (principio de ejecutividad y ejecutoriedad), hasta tanto su nulidad sea declarada por un juez compete como resultado de la interposición de un recurso contencioso administrativo de nulidad. Por otra parte, coexisten los denominados documentos administrativos, que si bien es cierto, no constituyen actos administrativos, se encuentran revestidos de especiales circunstancias, lo cual ha sido sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 00209, de fecha 16 de mayo de 2003, caso: H.J.P.V., R.G.R.B. y Constructora Basso C.A. Sala de Casación Civil, según la cual:

Los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario.

(…Omissis)

En efecto, al contener el documento público administrativo una presunción de certeza desvirtuable por cualquier prueba en contrario, si el mismo es consignado en cualquier tiempo y no en el lapso probatorio, en caso de ser impugnado, el Juez estaría obligado a abrir una articulación probatoria, a fin de que la contraparte del promovente pueda desvirtuar la presunción de veracidad mediante la producción de la prueba en contrario; articulación que tiene lapsos más reducidos que los ordinarios concedidos por la Ley. Desde luego que tal problema no se presenta en el caso del documento público negocial, pues ellos sólo pueden ser destruidos por tacha o a través de la acción de simulación…

De acuerdo a lo anterior, es claro que al ser el documento contentivo del resultado de la Reunión celebrada, en fecha 31 de enero de 1995, contenida en Acta No. 91, de esa misma fecha, por la Junta de Regulación Financiera anteriormente denominada Junta de Emergencia Financiera, es un documento público administrativo, que goza de presunción de legalidad hasta tanto exista prueba en contrario, en cuyo caso se debe llevar a cabo el procedimiento legal pertinente, en virtud de lo cual y, al no ser objeto de impugnación en su oportunidad, este juzgado le da pleno valor probatorio, evidenciándose con ello, que pasó a formar propiedad de FOGADE, la totalidad de las acciones de la hoy actora, BANCO I.V., C.A., lo cual además de ello, es público y notorio. Así se decide.

Dilucidado lo anterior y, comprobado como ha quedado que el Instituto Autónomo de FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, pasó a ser propietaria de la totalidad de las acciones de la actora, es evidente que dicho organismo, tiene un interés jurídico actual en sostener las razones de ésta y, pretenda ayudarla a vencer en el proceso, pudiendo constituirse como tercero, en cualquier estado y grado del proceso, tal como lo prevé el ordinal 3º del artículo 370 y el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente, motivo por el cual, este Juzgado admite en principio al citado Instituto Autónomo, como coadyuvante de la acción.

No obstante a ello, la liquidación del BANCO I.V., C.A., se produjo por Resolución No. 002-1001, de fecha 19 de octubre de 2001 y, que la totalidad de sus acciones pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto Autónomo de FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, lo cual es un hecho notorio que no reviste de prueba alguna, por tanto, éste se subrogó o se sustituyó en la acción que primigeneamente aquél había intentando y, que es materia de esta decisión.

Siendo ello así, y como antes se anotó que Instituto Autónomo de FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, está adscrito al Ministerio del poder popular para las Finanzas, en el cual Estado tiene intereses patrimoniales, es innegable, el deber de todos los jueces de notificar a la Procuraduría General de la República, conforme lo preveía el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vigente para la interposición de la demanda y, que ahora está contenido en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, disposición que este juzgado aplica, en virtud de lo decidido por la Sala Constitucional de nuestro m.T., en sentencia de fecha 14 de abril de 2004, Expediente No. 02-3172, caso: Veneamericana de Seguros, S.A., que en tal aspecto, dictaminó:

(…)Si bien es cierto que el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vigente para la fecha de admisión de la demanda, preveía que la reposición de la causa por falta de notificación sólo podía ser solicitada por el Procurador General de la República como afirma la recurrida, esa disposición fue sustituida por el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hoy vigente, el cual ratifica que el cumplimiento de esa forma procesal puede ser declarada a instancia del Procurador, y agrega que también puede ser decretada de oficio por el juez, con lo cual pone de manifiesto que en ello está involucrado el orden público.

En efecto, la referida Ley establece con relación a la notificación del Procurador o Procuradora General de la República, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 94. Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de la admisión de toda demanda que obre directa o indirectamente contra los intereses patrimoniales de la República. Las notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañadas de las copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio del asunto...

ARTÍCULO 96. La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República. (Resaltado de la Sala).

Conforme a los preceptos antes señalados el tribunal de la causa estaba obligado, por mandato del artículo 94 de la Ley in commento a notificar a la Procuraduría General de la República, de la demanda interpuesta contra el Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), por cuanto el mismo es un instituto autónomo, adscrito al Ministerio de Finanzas, en el cual el Estado tiene intereses patrimoniales.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 96 de dicha Ley los jueces pueden declarar de oficio la reposición de la causa, sea por omitirse la notificación al referido organismo o por practicarse defectuosamente, ello se explica porque se encuentran involucradas facultades procesales de la República, así como la protección de sus intereses patrimoniales, lo cual es materia de orden público, como se señaló supra, y porque cualquier juez tiene la obligación de velar por la integridad de la Constitución y de preservar el orden público.

Al respecto, la Sala Constitucional en sentencia de fecha 14 de abril 2004, expediente N° 02-3172, caso: Veneamericana de Seguros, S. A., estableció:´

´...A pesar de lo expuesto, observa la Sala que en la causa en la que se dictó la sentencia accionada se incurrió en una violación del orden público constitucional, pues el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no cumplió con lo ordenado en su propio fallo repositorio del 7 de diciembre de 1995, omitió la notificación del Procurador General de la República y dictó la sentencia definitiva, sin garantizar la apropiada intervención de la República en el proceso, lo que dificultó, en consecuencia, el ejercicio del derecho a la defensa, en violación a lo previsto en el mencionado artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para entonces vigente.

En tal sentido debe destacarse que la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 96 señala:

La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República

(negrillas de esta decisión).

Tomando en cuenta lo precedentemente expuesto, esta Sala estima que, a los fines de restablecer el orden público constitucional infringido, resulta procedente la reposición de la causa al estado que se cumpla la notificación omitida. Así se decide.´.

Como antes se indicó, no consta en el expediente que en el auto de admisión de la demanda se hubiese ordenado la notificación del Procurador General de la República, ni tampoco que éste hubiese intervenido de forma voluntaria en el proceso, y menos aún que tal error del procedimiento hubiese sido subsanado en el transcurso del proceso.

Todo ello determina la declaratoria de reposición de la causa al estado de nueva admisión de la demanda, en cuyo auto debe ordenarse la notificación del Procurador General de la República conforme al criterio jurisprudencial emanado de este Alto Tribunal, citado anteriormente, con el propósito de garantizar la defensa de los intereses del Estado.

Por los razonamientos antes expuestos, la Sala declara de oficio, la infracción de los artículos 94 y 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se establece”.

Realizadas las consideraciones anteriores y, de una exhaustiva revisión de las actas procesales que conforman el expediente, no se evidencia que el a quo, en virtud de la intervención del Instituto Autónomo de FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, como ente liquidador y propietario accionario del BANCO I.V. C.A., parte actora, haya notificado a la Procuraduría General de la República, del presente asunto, por lo menos desde la misma fecha en que se hizo parte dicha institución, es decir, desde el día 05 de junio de 2001.

En tal sentido, al verificarse la falta de notificación de la Procuraduría General de la República, de que ante ese órgano jurisdiccional cursaba una demanda por cobro de bolívares interpuesta por el BANCO I.V. C.A., cuyas acciones totales fueron adquiridas por el Instituto Autónomo de FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, como anteriormente quedó establecido, el cual está adscrito al Ministerio del poder popular para las Finanzas, donde el Estado, se reitera, tiene intereses patrimoniales, se evidenció que no se garantizó la apropiada intervención de la República en el proceso, lo que dificultó, en consecuencia, el ejercicio del derecho constitucional a la defensa, vulnerándose las facultades procesales de la República.

Ahora bien, visto lo anterior, y habiendo resultado evidente la falta del a quo, en practicar la notificación de la Procuraduría General de la República, este órgano jurisdiccional, en consonancia con la jurisprudencia parcialmente transcrita anteriormente y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que señala, que dicha omisión conlleva a la reposición de la causa, es necesario señalar, que esta figura, es una excepción en el proceso, por tanto, es entendido que ella no es un medio para corregir errores de las partes, sino las faltas del tribunal que afecten el orden público o, perjudiquen a los intereses de los justiciables, sin culpa de ellos; empero específicamente siendo una excepción al proceso, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha manifestado que cuando pudieran verse afectados de manera directa o indirecta los intereses patrimoniales de la República, ha sido criterio pacífico y reiterado de la misma, que la falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, acarreará la nulidad de cualquier acto procesal que se lleve a cabo. (Sentencia No. 27, de fecha 5 de febrero de 2002, ratificada el 15 de marzo de 2005, caso: PDVSA Petróleo y Gas, S.A.).

De manera que, al no haberse cumplido en la presente causa con la notificación a la Procuradora General de la República, se afectó visiblemente el orden público procesal y, el pleno ejercicio del derecho de defensa y de la garantía a una tutela judicial efectiva, en consecuencia este juzgado, actuando como alzada, atendiendo a lo establecido en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, REVOCA la sentencia apelada y, acuerda de oficio la REPOSICIÓN de la causa al estado de nueva admisión y, se cumpla con la notificación al Procurador General de la República, de conformidad con el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, teniéndose como nulas todas las actuaciones cursantes a los autos, que componen el expediente objeto de esta decisión, desde el auto que admitió la demanda, de conformidad con el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, tomándose en cuenta la sustitución del accionante BANCO I.V., C.A., en el Instituto Autónomo de FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, debiendo el a quo, dictar nuevo auto de admisión y, ordenar la notificación antes aludida; nulidad que no incluye la presente sentencia, Así se decide.

-VI-

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas ESTE JUZGADO SEXTO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley, DECLARA:

REVOCA la sentencia dictada en fecha 16 de julio de 2001, por el Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

REPONE de oficio la causa al estado que el a quo, admita nuevamente la demanda interpuesta por el BANCO I.V., C.A., ahora Instituto Autónomo de FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS y, notifique a la Procuraduría General de la República, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En virtud del anterior pronunciamiento, no hay condenatoria en costas.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los seis (06) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

LA JUEZ,

A.G.S.

EL SECRETARIO,

RHAZES I. GUANCHE M.

En la misma fecha, 06 de febrero de 2014, siendo las tres de la mañana (01:00 p.m.), se publicó y registró la decisión anterior, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, dejándose copia de la misma en el archivo de este Juzgado, conforme lo dispone el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

EL SECRETARIO,

RHAZES I. GUANCHE M.

AGS/Jmr.