Decisión nº 1C-16473-12 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 5 de Noviembre de 2012

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE

TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL

San F.d.A., 05 de Noviembre de 2012

202° y 153°

CAUSA N° 1C-16473-12

Vista la solicitud de entrega del vehiculo Tipo: MOTO. Marca: BERA. Modelo: BR200-2. Año: 2011. Color: NEGRO. Placas: AC7U14D. Serial del Motor: BR163FMLAA004468. Serial de Carrocería: 821MZ4C3XBD004073, que hiciere el ciudadano J.G.G.B., titular de la cédula de identidad N° 17.525.702, en fecha 31-10-2012 en consecuencia este Tribunal para decidir observa:

En fecha 10 de Agosto de 2012, funcionarios acritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas sub. Delegación “A” San Fernando. Estado Apure, realizaron procedimiento en el cual se practico la detención de los ciudadanos ARTEAGA B.N.J., L.C.B.R., RIVAS J.A., B.R.H.D., por estar presuntamente incurso en la comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Drogas, procedimiento en el cual fue colectada un vehiculo Tipo: MOTO. Marca: BERA. Modelo: BR200-2. Año: 2011. Color: NEGRO. Placas: AC7U14D. Serial del Motor: BR163FMLAA004468. Serial de Carrocería: 821MZ4C3XBD004073.

Que en fecha 12 de Agosto de 2012, tuvo lugar la Audiencia de Presentación de los Imputados antes mencionados, a quien se le concedió Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a lo establecido en el articulo 250 ordinales 1° 2° y 3° concatenado con al articulo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, acordándose igualmente su aprehensión en flagrancia, la continuación del proceso por la vía ordinaria; así mismo se admitió la precalificación por el delito de Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la Modalidad de distribuidor Menor, previsto y sancionado en el articulo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas y la incautación preventiva de dicho vehiculo conforme a las previsiones del articulo 183 de la norma ya citada.

En fecha 09-10-2012, el ciudadano J.G.G.B., titular de la cédula de identidad N° 17.525.702, solicito el vehiculo antes descrito por ante este Tribunal, de lo cual se acuerda decidir por auto separado.

Que en fecha 11-10-2012, este Tribunal publico decisión mediante la cual acordó la negativa de la entrega del vehiculo ya mencionado, por estar a la orden de la Oficina Nacional Antidrogas, y en virtud que aun no había tenido lugar la Audiencia Preliminar.

Que en fecha 29-10-2012, fue celebrada la Audiencia Preliminar, en la cual el Ministerio Publico solicito el Sobreseimiento de la causa a favor de los ciudadanos L.C.B.R., titular de la cédula de identidad N° 24.838.403, y H.D.B.R., titular de la cédula de identidad N° 21.317.896, conforme a lo establecido en el articulo 318.1 del Código Orgánico Procesal Penal; y así fue acordado por este Tribunal, concediéndosele la libertad plena a dichos ciudadanos desde esta misma sala de Audiencias.

Que el vehiculo que hoy es objeto del presente dictamen, a saber el identificado como Tipo: MOTO. Marca: BERA. Modelo: BR200-2. Año: 2011. Color: NEGRO. Placas: AC7U14D. Serial del Motor: BR163FMLAA004468. Serial de Carrocería: 821MZ4C3XBD004073, el en el que se trasladaban los ciudadanos L.C.B.R., titular de la cédula de identidad N° 24.838.403, y H.D.B.R., titular de la cédula de identidad N° 21.317.896, al momento de su detención en fecha 10-08-2012.

Que a dicho bien le fue practicada la Experticia de Reconocimiento en fecha 10-08-2012, por parte del funcionario A.J.A., adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas sub. Delegación “A” San Fernando. Estado Apure, la cual se identifica con el Número 310, y que riela al folio 137, en la que se deja constancia de lo siguiente:

CONCLUSIONES:

1. - El serial de cuadro numero 821MZ4C3XBD004073, ubicado del lado derecho de la base del manubrio se encuentra en su estado ORIGINAL.

2. - el serial del motor numero BR163FMLAA004468, se encuentra en su estado ORIGINAL.

3. - Al consultar en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) se constato que el vehiculo no se ENCUENTRA SOLICITADO

Ante tales señalamiento, se conviene en traer a colación el contenido de los articulo 311 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal que establecen lo siguiente:

... El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retardo injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución...

Articulo 312. Cuestiones incidentales. Las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o que se incautaron se tramitarán ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.

El tribunal devolverá los objetos, salvo que estime indispensable su conservación.

Lo anterior no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al propietario en cualquier estado del proceso, una vez comprobada su condición por cualquier medio y previo avalúo.

Que al respecto el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 3198 de fecha 25 de octubre de 2005, con ponencia de la Dra. L.E.M.L., entre otras estableció que: cansare escribírtelo y decírtelo

"…No obstante, esta Sala en decisión N° 1.412 del 30 de junio de 2005, -ratificada por sentencia N° 2.862 del 29 de septiembre de 2005-, señaló lo siguiente: Las anteriores consideraciones, a juicio de la Sala, son de innegable valor a los fines de la interpretación que deben hacer el Ministerio Público y el juez penal, de las normas que disciplinan la entrega o devolución de vehículos recuperados, consagradas en la Ley especial -sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores- y en el Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312. El artículo 311 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable. El artículo 312 regula el procedimiento relativo a las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de dichos objetos, el cual se tramitará ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias. Por su parte, el artículo 10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, establece la entrega de los vehículos objeto de los delitos de robo o hurto, por parte del juez de control o del Ministerio Público, a quienes acrediten ser sus propietarios. En caso de que varias personas reclamen el vehículo, el Ministerio Público con fundamento en los artículos 108.12 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitará al juez de control la fijación de una audiencia, en la cual se decidirá a quien devolver el vehículo cuya entrega se solicitó. Ahora bien, de lo contenido en los artículos precedentemente señalados, se observa que si bien el legislador –en aras de la protección del derecho de propiedad- fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega; no obstante, a juicio de la Sala, tanto el Ministerio Público como el juez de control deben ser lo suficientemente diligentes en ordenar la práctica de todos los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fines de establecer la identificación, en este caso, del vehículo objeto del delito, el cual pudo haber sido sometido a una alteración, incorporación, desincorporación, remoción, suplantación o devastación de los seriales que lo individualizan, o presenten irregularidades en la documentación. En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo –si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: “En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee”, y el 794 eiusdem, que señala: “Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título (…)”.

Por otra parte, es importante resaltar el comentario que con respecto al artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal tiene el respetado autor cubano E.P.S. en su obra “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, el cual es del tenor siguiente:

“esta norma está encaminada a disminuir el número de piezas de convicción en poder de los tribunales. El procedimiento para estas devoluciones debe ser sumario y sencillo, debiendo el Ministerio Público entregar los objetos a que se refiere este artículo a quienes demuestren prima facie ser los propietarios o poseedores legítimos de los mismos. Esto es particularmente necesario en los casos de vehículos automotores, los cuales deben ser devueltos a aquellos que exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de tránsito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. En estos casos, como en todos, los jueces están obligados a proteger el principio “possesio vaux titre”, consagrado en el artículo 794 del Código Civil. De ahí que aún en aquellos casos donde se evidencie adulteración de seriales en los vehículos u otros signos que pudieran hacer presumir la existencia de delito, los jueces vienen obligados a proteger al poseedor de buena fe”.

En este orden de ideas, y corroborando lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 13-08-01, estableció expresamente lo siguiente:

Ahora bien observa esta Sala que, en atención a lo dispuesto en el artículo 319 (ahora 311) del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no son indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución demuestren prima facie ser propietarios o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de vehículos automotores resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedida por las Autoridades Administrativas de Tránsito o que puedan probar su derecho por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. Por ello, considera esta Sala, que acreditada sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente

.

Que tomando en consideración lo plasmado en el artículo 115 Constitucional consagra el derecho a la propiedad, la cual contempla:

Se garantiza el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad esta sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes

.

Por lo que a la luz de nuestro texto Constitucional se reconoce el derecho de propiedad privada que se confiere y se protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir. Esta noción integral de derecho de propiedad es la que esta recogida en nuestra Constitución, por lo que los actos, actuaciones u omisiones denunciados como lesivos del mismo, serán aquellos que comporten un desconocimiento de la propiedad como hecho social, a quien se puede asimilar situaciones que anulen sin que preexista ley alguna que lo autorice.

Así mismo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado ANTONIO J. GARCÍA GARCIA, en sentencia de fecha 06 de julio de 2001, dejo sentado el siguiente criterio:

...Es conveniente señalar que todo régimen de Publicidad Registral en principio, es inaplicable a los bienes muebles corporales, en virtud de que la posesión de buena fe vale título, pero sin embargo, el legislador ha previsto en algunos casos que determinados bienes muebles deban cumplir con ese régimen de publicidad, dada la necesidad de dotar de certeza ciertos negocios jurídicos y de hacer posible a los terceros el conocimiento del contenido de los esos negocios, en particular aquellos que condicionan la transferencia del dominio y la constitución de garantías y derechos ilimitados...entre esos bienes muebles corporales sujetos al régimen de publicidad registrar encontramos los vehículos automotores..

Igual la Sentencia del 13 de Febrero de 2003, estableció:

Debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega, lo que debe ser analizado, tanto por el Ministerio Público, en caso en que la solicitud sea hecha ante ese ente, o por los Tribunales Penales...

Por ultimo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 477, de fecha 15 de Marzo de 2007, expediente: 06-1756, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero, dejo sentado el siguiente criterio:

…No procede la entrega del vehículo cuando el mismo no pueda ser plenamente identificado, al no encontrase acreditada ni la individualización del objeto reclamado ni la titularidad del derecho invocado por el solicitante…

En el presente caso, el Fiscal del Ministerio Publico, como titular de la acción, solicito el Sobreseimiento de la causa a favor de los ciudadanos L.C.B.R., titular de la cédula de identidad N° 24.838.403, y H.D.B.R., titular de la cédula de identidad N° 21.317.896, conforme a lo establecido en el articulo 318.1 del Código Orgánico Procesal Penal; y así fue acordado por este Tribunal, concediéndosele la libertad plena a dichos ciudadanos desde esta misma sala de Audiencias, en fecha 29-10-2012, evidenciadose que en el vehiculo ya citado se trasladaban los ciudadanos ya identificados.

Por lo que en consonancia con las jurisprudencias antes citadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, aunado al hecho que el referido vehículo no se encuentra solicitado, el solicitante ha demostrado ser el propietario del bien reclamado, toda vez que el mismo se encuentra a su nombre tal como se evidencia de la factura 000038, de fecha 19-09-2011, emanada del fondo de Comercio Comercial y Refrigeración Ronacin, que riela a los folios 210 al 212, del presente asunto, aunado al hecho de que el mismo presenta todos sus seriales originales, siendo perfectamente identificable, que en el interior del mismo no fue colectada ninguna evidencia de Interés Criminalistico, así como ninguna sustancia estupefacientes y psicotrópicas y así fue dejada constancia en el Acta Policial de fecha 10-08-2012, y tomando en consideración el contenido del articulo 186 ordinales 1° y 2° de la Ley Orgánica de Drogas, por cuantos se evidencia que el solicitante ha demostrado la propiedad del mismo, aunado al hecho de que no tiene ningún interés de participación en los hechos objetos del presente asunto, es por lo que ajustado en derecho es Declarar: CON LUGAR, el pedimento de la entrega del vehículo Tipo: MOTO. Marca: BERA. Modelo: BR200-2. Año: 2011. Color: NEGRO. Placas: AC7U14D. Serial del Motor: BR163FMLAA004468. Serial de Carrocería: 821MZ4C3XBD004073, al ciudadano J.G.G.B., titular de la cédula de identidad N° 17.525.702, EN PLENA PROPIEDAD. Y así se decide.

DECISIÓN

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia, en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, articulo 311, 312 del Código Orgánico Procesal Penal, 186 ordinales 1° y 2° de la Ley Orgánica de Drohas, resuelve:

UNICO: DECLARA CON LUGAR la solicitud de la entrega PLENA del vehículo, Tipo: MOTO. Marca: BERA. Modelo: BR200-2. Año: 2011. Color: NEGRO. Placas: AC7U14D. Serial del Motor: BR163FMLAA004468. Serial de Carrocería: 821MZ4C3XBD004073, al ciudadano J.G.G.B., titular de la cédula de identidad N° 17.525.702. Notifíquese a las partes. Cúmplase.

Dada sellada y firmada en la sala de audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de San Fernando, Estado Apure, a los cinco (05) días del mes de Octubre del Dos Mil Doce (2012)

JUEZ PRIMERO DE CONTROL.

ABG. E.M.B.L..

LA SECRETARIA.

ABG. ZUJENNY FERNANDEZ.

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.

LA SECRETARIA.

ABG. ZUJENNY FERNANDEZ.

Asunto penal: 1C-16473-12

Asunto fiscalía: 04-F15-0074-12

EMBL.-